Este lunes (2), una comisión de mujeres indígenas chontales acudió a las oficinas del comisionado del Registro Agrario Nacional (RAN), en Oaxaca, para entregar dos solicitudes que demandan el reconocimiento de 39 mujeres como comuneras ante el órgano estatal.
Para ellas, este trámite está en sincronía con acciones que han emprendido sus comunidades para la defensa del territorio. “Para nosotras, la tierra significa trabajarla, cuidarla y el territorio, cuidar de nuestros aguajes, de nuestros bosques, de toda la fauna”, comparte la comisión en entrevista con Avispa Midia.
Las mujeres señalan la importancia de esta iniciativa, pues en el pasado no eran consideradas en las tomas de decisiones en el interior de sus comunidades. “Estamos luchando para ser reconocidas como comuneras, ya nos dieron ese derecho y nos reconocieron en la comunidad, ahora nada más estamos esperando la respuesta legalmente”.
Los pueblos originarios y comunidades campesinas del Perú requieren participar en las decisiones sobre el uso de sus territorios y recursos naturales. En el papel, la consulta previa, promulgada por ley en 2011, es un mecanismo para el diálogo, el consenso. Un derecho que el Tribunal Constitucional desconoció como fundamental en una sentencia dictada en febrero de este año, en contra de convenios internacionales.
Frente a la desatención de la justicia del Estado en favor de los extractivismos, hay voces en las comunidades que proponen alternativas de participación directa, en un país que no ratificó el Acuerdo de Escazú y que en 2021 fue el quinto con mayor deforestación en el mundo, de acuerdo a Global Forest Watch.
Para las lideresas indígenas, el problema radica en replantear el mecanismo. Cuestionan cuándo y con qué fines se les consulta, por qué de antemano la condición es la ejecución de actividades industriales, las que contaminan el medio ambiente y destruyen sus fuentes de vida. (Continuar leyendo…)
La familia de Mariano Abarca Robledo solicitó investigar a la Embajada de Canadá en México por la presión que ejerció sobre el Gobierno de Chiapas para detener las protestas contra las operaciones de la minera Blackfire Exploration en el municipio de Chicomuselo.
A sus 52 años de edad, Mariano Abarca fue asesinado el 27 de noviembre de 2009, pero dos años antes la Embajada de Canadá comenzó a monitorear la resistencia que él encabezó contra la minera canadiense.
Las autoridades mexicanas nunca investigaron y liberaron a las personas que en su momento fueron detenidas. Esta falta de acceso a la justicia llevó a la familia de Mariano a iniciar una indagación independiente sobre los hechos.
En portada: Pobladores del norte de Chiapas participaron de una movilización para manifestarse en contra de las operaciones del cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Foto de CDH Frayba
“Se requiere Guardia Nacional (GN) en ciudades o donde hay grupos paramilitares, nosotros somos un ejido y no necesitamos. El presidente quiere la GN por algo, le está sirviendo a él no a nosotros”, dijo Juana Hernández Morales, Concejala del Gobierno Comunitario en Bachajón, municipio de Chilón.
La edificación del cuartel de la Guardia Nacional en este municipio, al norte de Chiapas, comenzó como un rumor. A mediados de 2020 iniciaron la obra y con ella se levantó la resistencia de los pueblos contra una nueva militarización de sus territorios. (Continuar leyendo…)
Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A los y las defensoras de derechos humanos.
A la sexta nacional e internacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Consejo Indígena de Gobierno.
A los medios de comunicación.
Al Pueblo Creyente.
A la sociedad civil organizada.
Al pueblo de México y al mundo.
Como presos indígenas en lucha y defensores de los derechos humanos dentro de esta cárcel, manifestamos nuestro repudio y nos indignamos profundamente ante lo ocurrido en la CDMX el pasado 25 de abril, ante la violencia y la persecución que sufrieron y siguen sufriendo nuestras hermanas y compañeras triquis. Sabemos que han sido agredidas por los criminales disfrazados de policías y del mal gobierno represor. Condenamos enfáticamente tales acciones de los abusos de las autoridades de los atropellos que cometen ante los pueblos indígenas, exigimos al gobierno un alto a la violencia y la discriminación.
Exigimos justicia a nuestrxs hermanxs y compañerxs desplazadxs y exigimos un retorno pacifico, así también exigimos al gobierno justicia y su inmediata libertad a nuestrxs compañerxs presxs políticxs, presxs injustamente.
Al miso tiempo queremos exponerle nuestro cariño y solidaridad en lo más profundo de nuestro corazón, enviarles un abrazo cada unx, decirles que no están solxs ya que somos muchxs lxs que luchamos y resistimos los atropellos del mal gobierno.
¡Libertad a lxs presxs triquis!
¡Libertad a lxs presxs políticxs!
¡Libertad a los presos de Eloxochitlán de Flores Magón!
Foto de portada: Manifestación de campesinos del Valle del Aguán para exigir alto a la violencia y represión.Octubre, 2021. René Estrada, CESPAD.
En la región del Valle del Aguán se agudiza nuevamente la violencia. Apenas el pasado domingo (24), la presidenta Xiomara Castro declaró estado de excepción en el departamento de Colón, norte del país, tras el asesinato de tres policías.
De acuerdo a organizaciones, cooperativas y movimientos campesinos que integran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA), los elementos policiacos asesinados habrían respondido a agresiones contra un grupo campesino durante otro ataque ocurrido el 21 de abril.
Aquel día, un grupo armado despojo a familias campesinas de la Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora. En comunicado, la Plataforma afirma que el grupo de hombres fuertemente armados, “manifestaron que su jefe Oscar Nájera ordeno llevar dicho desalojo ubicado en la comunidad de Cuacú del municipio de Santa Rosa de Aguán”, en referencia al ex diputado del Partido Nacional.
La Policía ha desplegado un fuerte contingente de efectivos ante el brote de violencia en Colón
Nájera, diputado durante más de tres década, es un conocido socio comercial del cártel de la droga de “Los Cachiros” y fue acusado por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga de recibir sobornos a cambio de protección. También fue incluido en la lista de funcionarios corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica y Reino Unido lo sancionó por corrupción.
La Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora es una de las organizaciones que, el pasado 22 de febrero, firmaron un convenio con una Comisión Presidencial para investigar los conflictos por tierras en el Aguán.
Alerta
La Plataforma Agraria difundió la alerta de que la mas reciente ola de violencia se ha agravado “con una campaña pública por parte de supuestos productores de palma quienes en medios nacionales amenazan de atacar a comunidades campesinas quienes defienden sus legítimos derechos históricos y constitucionales”.
Coincidentemente, en este contexto también se dieron las declaraciones del ex diputado Nájera “y el Gobernador de Colón y a la vez alcalde de Tocoa, Adán Funes, en la cual prácticamente hacen un llamado a hacer uso de las armas en el departamento, solicitando así la derogación del decreto de desarme 117-2012”.
También manifestaron su preocupación acerca de que los asesinatos de los policías ocurrieron horas después del nombramiento de una comisión jurídica “que se encarga de revisar los reclamos históricos del sector campesino del Bajo Aguán contra el despojo ilegal de tierras de la reforma agraria”.
Funeral de un campesino asesinado en la plantación Paso Aguán. 2011. Manu Brabo
Según las organizaciones campesinas, el mas reciente despojo “fue realizado por grupos económicos que forman parte de las redes criminales que durante los últimos doce años han asaltado al Estado y el pueblo de Honduras”.
A su vez, denunciaron que se mantiene impune la operación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte “quienes atacan a comunidades campesinas y controlen fincas de palma africana de la reforma agraria”. Acorde a los campesinos, los grupos criminales actúan en coordinación con empresarios de palma aceitera, así como con oficiales del ejército hondureño.
Boicot
La Plataforma Agraria y COPA también sostuvieron que existe la intención, por parte de terratenientes y agroindustriales palmeros, de boicotear los acuerdos firmados en el convenio de febrero pasado.
Según los campesinos, una de las acciones sería generar una crisis económica e interna en las familias campesinas mediante el cierre de la agroindustria en la región, en señal de protesta en contra de los campesinos.
“Sería algo fatal”, detalló Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, en referencia a la pretensión de cerrar la procesadora de aceite, pues son cientos de pequeños productores quienes dependen de la extractora para vender los frutos de la palma.
“Si los agroindustriales cierran las plantas extractoras, inmediatamente, procederemos al cultivo de granos básicos y hortalizas para desarrollar una verdadera soberanía alimentaria, con el fin de garantizar el retorno a la producción de alimentos en nuestra región del valle del Aguán”, afirmaron las organizaciones campesinas.
Por último, las organizaciones campesinas instaron a las autoridades a investigar los más 150 asesinatos de defensores de la tierra ocurridos en el marco del conflicto agrario que han quedado en impunidad durante los últimos doce años.
Foto de portada: Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal un juicio abreviado solo servirá para ocultar la liberación de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Simón Pedro Pérez López. Esta es su postura en referencia a la propuesta presentada por la defensa del acusado.
En la audiencia intermedia, realizada el pasado mes de marzo en el Centro de Reinserción para Sentenciados ‘El Amate’, el ofrecimiento de la defensa fue reducir la condena a homicidio simple, cuando en un principio fue considerado como homicidio calificado.
Al mismo tiempo el juicio abreviado incriminaría de forma individualizada a su presunto asesino material, sin mencionar, dimensionar o entender el contexto en que sucedió el crimen del defensor de los derechos humanos tzotzil.
“El sistema penal debe incorporar el análisis de contexto para entender la dimensión de los asesinatos ocurridos en un marco de violencia generalizada. El asesinato de Simón Pedro no se entiende sin el contexto en el que él trabajaba”, expresaron Las Abejas mediante comunicado.
Simón Pedro fue presidente de la Sociedad Civil Las Abejas. Después continuó su camino en las comunidades, escuchando a quienes ahora lo recuerdan como un luchador contra las injusticias y por la verdad, “eso fue su pecado”.
Los sobrevivientes de la Masacre de Acteal exigieron que se lleve a cabo un juicio cabal, con todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables materiales e intelectuales del homicidio de Simón Pedro el 5 de julio de 2021.
Otras luchas
Las Abejas se solidarizaron con los tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón por la represión que enfrentaron con la imposición de un cartel de la Guardia Nacional que provocó la detención José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, “para torturarlos y meter miedo”.
La demanda es que se reconozca la inocencia de los acusados, las violaciones a los derechos humanos y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación en la zona tzeltal de Bachajón-Chilón.
Además, la Sociedad Civil se pronunció por la paz entre Aldama y Chenalhó, pero llamó a los representantes de este último municipio a respetar los acuerdos firmados con anterioridad. A nivel nacional, Las Abejas respaldaron la lucha de las organizaciones que recorrieron nueve estados del país en la Caravana por el Agua y la Vida, “nos están mostrando cómo fuera de Chiapas también hay muchos pueblos sembrando la semilla de la vida, defendiendo la tierra y su salud del despojo y la depredación capitalista”.
Voces de pueblos y organizaciones de la península de Yucatán expusieron las irregularidades y afectaciones que ya se evidencian con la construcción de los tramos del denominado “tren maya”.
A la cuestión ambiental, se añaden problemas sociales como el desalojo de familias; el engaño y la simulación de consultas a las comunidades; firma de convenios irregulares que derivan en extorsiones y fraudes contra ejidatarios; hostigamientos y condicionamiento a programas sociales, todo en un contexto de creciente militarización de la península.
Estas y otras problemáticas fueron expuestas en el foro “Tren Maya: miradas y aproximaciones desde las comunidades”, realizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.
Desde Campeche participaron Sara López, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) y María Hernández del Ejido Don Samuel en Escárcega. A su vez, desde Yucatán participó Wilma Esquivel Pat, del Congreso Nacional Indígena (CNI) y Ángel Sulub, indígena maya del Centro Comunitario U Kúuchil Ch’i’ibalo’on en Quintana Roo.
Engaños
María Hernández, ejidataria del ejido Don Samuel, detalló cómo, mediante engaños, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) validó reuniones para simular la consulta a las comunidades, quienes a pesar que desde 2019 exigen información clara y detallada sobre el megaproyecto, aún no se les ha compartido.
En un principio, compartió Hernández, Fonatur realizó un diagnóstico político para extraer información sobre los grupos, organizaciones y lideres de los ejidos y para diciembre del 2019, el ejido Don Samuel fue elegido como sede para las asambleas regionales que permitiría la votación para la aprobación del tren.
El Foro por la Vida y la Defensa del Territorio realizado el 8 de diciembre denunció la violación a los protocolos de consulta en el proceso del Tren Maya.
Hernández explicó que en aquel momento solo se habló de desarrollo y generación de empleos, argumentos con los cuales consiguieron convencer a la gente para dar su voto a favor del tren. No obstante, aún recuerda la preocupación entre los ejidatarios en el momento que se abordó la creación de nuevos núcleos urbanos mediante los denominados Fideicomisos para infraestructura y Bienes Raíces (Fibra).
La idea tras Fibra, como promocionaba en aquel entonces titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, era que “no se venda la tierra, sino que se rente la tierra, sobre todo a los desarrolladores” con el objetivo de permitir la construcción de complejos para vivienda, espacios comerciales y públicos, que podrían elevar el valor de la tierra.
Hernández no fue la única a quien el tema de Fibra le resonó y cuestionó porqué negociar con empresas extranjeras y “no se creaba empresas sociales, porque lo que queremos es que desde las comunidades se de este cambio, de mejorar la situación económica, de mejorar nuestros ingresos, de tener más escuelas, mejor área de salud”.
La ejidataria enfatizó que aún cuando solicitaron la información mediante documento firmado por las autoridades, hasta la fecha aún no han obtenido ninguna respuesta sobre los fideicomisos.
“Se dio por realizada la consulta este día, sin que supiéramos que era una consulta indígena. No se habló de ningún impacto, se habló simplemente del desarrollo”, reclamó María Hernández por la manera en que las autoridades simularon la consulta para obtener la aprobación del megaproyecto.
Por su parte, Sara López remarcó que, de origen, el proyecto estuvo mal planificado, “pues no se consultó a los habitantes de las comunidades si lo querían o no, y de ser así ¿qué beneficios tendría para la comunidad?”, cuestionó por el incumplimiento del carácter libre, previo e informado de la consulta.
Desalojos
Un ejemplo del atropello contra las comunidades es el desalojo de familias en Campeche, quien de acuerdo a Sara López llevan seis meses sin casa pese a que el gobierno les prometió una vivienda. “Nos da una rabia e impotencia al ver como las máquinas destruyen el patrimonio de las personas, lo que con muchos esfuerzos lograron tener”, lamenta.
María Hernández remarccó el problema de que a las personas que vivían al lado de la vía siempre les llamaron invasores, “aunque tuvieron 30 años viviendo ahí, en el caso de (ejido) Samuel no hubo la opción de reubicación, estoy hablando de 19 mil, 20 mil personas”.
Pese a las denuncias por los desalojos, Hernández señaló que las familias que reclaman han sido criminalizadas y amenazadas por grupos de choque, “nosotros hemos estado con muchos daños, desde lo moral, lo patrimonial”, subrayó en torno a los perjuicios.
Otro de los problemas es que viviendas que se localizan en las proximidades de las obras ya están presentando agrietamientos. Se trata de casas a 30 metros de distancia, las cuales están siendo afectadas debido a la vibración, así como la contaminación por el ruido, cuestión que nadie contempló pero que está perjudicando a los pobladores.
Extorsión
Otro de los problemas expuestos es el fraude realizado por la empresa Barrentos y Asociados, quien extorsionó a los ejidatarios para conseguir el derecho de vía para el proyecto del “tren maya”.
“En 2020, se presenta esta empresa, que es encargada de liberación de vía, y también entra la pandemia. En este periodo no se llevan a cabo asambleas representativas. Estuvo en esta asamblea y se da votación con 45 ejidatarios, somos alrededor de 210. Se vota el cambio de uso de suelo”, contextualiza María Hernández del ejido Don Samuel.
Fotograma de la conferencia de prensa donde ejidatarios denunciaron a la empresa Barrientos y Asociados.
Otro problema fue que la empresa consiguió que los ejidatarios firmaran documentos sin entregar copias en la comunidad. “No supieron realmente lo que firmaron en este momento, no tienen copias – eran los convenios de ocupación previa a título gratuito. No les dejaron leer y no les dieron copia”, denuncia Hernández.
Para mayo del 2020, la empresa traslado a las autoridades ejidales al Palacio de Gobierno del estado de Campeche para repartir dinero que en teoría estaba destinado a los ejidatarios, para luego exigir una parte del pago en efectivo.
Como documentó Avispa Midia en junio de 2021, el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados operó en las comunidades estuvo plagado de vicios y se cometieron irregularidades y actos de corrupción.
Hernández compartió que fue en ese momento cuando las comunidades se organizaron y formaron la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, desde donde han señalado los hostigamientos y condicionamientos de los programas públicos.
Los comisariados, por ejemplo, han estado en total sometimiento al Estado, sostiene Henández, pues acuden solos a reuniones con funcionarios federales cuando deberían estar acompañados por los núcleos ejidales. Por ello, “ya no se confía en las instancias federales”, remarca la ejidataria.
Militarización
Sara López externó su preocupación por el incremento de militares en toda la península. “Vayas a donde vayas” se encuentran efectivos militares, la Marina y la Guardia Nacional como forma de control, para “meter miedo y terror a los pueblos”.
El presidente de México, acompañado de militares en el momento de inaugurar las obras del tren
Ángel Sulub también abordó el tema, al referir que la Península de Yucatán se ha “militarizado”, con el pretexto de la seguridad, pero principalmente para disuadir la resistencia de las comunidades indígenas ante la construcción del tren.
Sulub compartió que el Ejército ha sido comisionado para construir el polémico Tramo 5, que va de Cancún hacia Tulum. Dicho trazo atraviesa un sistema de cenotes en medio de un suelo frágil, “no adecuado para soportar el peso de trenes pesados para el transporte de turistas, mercancías e hidrocarburos”, como mencionan cientos de científicos mediante carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de abril.
Además, los militares también tienen a su cargo las obras del tramo 6 y 7, desde Tulum hasta Escárcega. “Su presencia no obedece a la paz o a la seguridad, sino de cuidar y proteger los intereses de los inversionistas y de los gobiernos detrás del tren”, sostuvo Sulub.
Wilma Esquivel destacó lo documentado sobre las consecuencias contra las mujeres en zonas militarizadas. “Hay una idea errónea de que nos va a traer seguridad, pero en la experiencia de muchos pueblos, los cuerpos de las mujeres terminan como carne de cañón”, compartió además de cuestionar cómo será el futuro de la población local en términos de garantizar acceso a recursos como el agua ante el incremento turístico y urbano que vendrá con el tren.
María Hernández recordó que la militarización viene desde los procesos de consulta, pues en las asambleas llegaban con elementos de la Guardia Nacional. “No te están poniendo las armas directamente, pero estás ahí mirando las armas, hay una intimidación de alguna forma. Preguntábamos que hace el ejercito aquí, de que es que Fonatur tiene que cuidarse, si nosotros no tenemos armas, no agredimos nada. Nosotros somos agricultores, vivimos de apicultura, de la ganadería”, contrastó sobre el actuar de las autoridades.
En portada: Tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.
Después de una jornada de protestas y represión, alrededor de 30 personas, en su mayoría mujeres y niños triquis, pertenecientes a familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, aún se encuentran cercados por policías antimotines de la CDMX.
“No hemos comido, no hemos hecho nada de nuestras necesidades, nosotros exigimos en este momento salir del lugar que estamos porque ahorita seguimos secuestrados por los granaderos”, denuncia una mujer triqui mediante video.
A más de 20 horas del encapsulamiento y represión por parte de cuerpo policiales, la comunidad triqui, otomi e integrante de la Caravana por el Agua y la Vida, piden libre tránsito, más información en el video.
“Ahorita no tenemos acceso a nada. Acá afuera nosotros tenemos a los granaderos, mas de 300 granaderos en contra de 30 personas”, señala la mujer triqui sobre las condiciones en que se encuentran las personas, en su mayoría mujeres y niños, retenidas al norte de la ciudad, cercadas por aproximadamente 1,000 policías.
Las personas agredidas mantenían un campamento en el centro de la CDMX, desde donde protestaban para exigir el retorno seguro a su comunidad, en la mixteca oaxaqueña, tras haber sido desplazadas por un grupo paramilitar.
Sin respuesta y tras 15 meses de permanecer en la ciudad, fueron desalojad@s la madrugada del lunes (25), sin previo aviso y mediante un operativo con cientos de policías.
Desalojo
De acuerdo al gobierno de la CDMX, el desalojo de la comunidad triqui derivó de una queja anónima por las condiciones de insalubridad del sitio.
Poco después de la medianoche del lunes (25), cientos de policías cercaron el campamento de las familias triqui. Al mismo tiempo, personal de limpieza de la ciudad desarmó el campamento y arrojó las pertenencias de las personas a camiones de basura.
En el lugar también se apersonaron funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), quienes de acuerdo a testimonios presionaron y amenazaron a las mujeres para trasladarse a un albergue improvisado por el gobierno de la ciudad.
Después del desalojo, policías antimotines retuvieron durante horas a las mujeres triqui, quienes rechazaban trasladarse al refugio en una colonia al norte de la ciudad.
Según la versión oficial, el espacio ofrecido cuenta con dormitorio, baños y servicios médicos y para niños. No obstante, acorde a registros y denuncias de las familias desplazadas, el “albergue” consiste en un estacionamiento cubierto parcialmente con una carpa y catres en condiciones insalubres y denigrantes.
Fotos por CDH Zeferino Ladrillero
Por ello, durante la tarde del martes (26), las mujeres triqui protestaron, rompieron la cerca y salieron para cerrar una avenida cercana, para con ello protestar por el desalojo y las precarias condiciones en que se encontraban.
Protestas
La respuesta policiaca no se hizo esperar. En un instante, elementos antimotines “encapsularon” -como se conoce a la estrategia policial de bloquear el libre tránsito de las manifestaciones- a un grupo de aproximadamente 50 personas que participaban de la protesta.
Por horas, l@s manifestantes permanecieron retenidos. Hasta el lugar se unieron integrantes de organizaciones sociales en solidaridad con las familias triquis. Integrantes de la Sección 9 de la CNTE, así como de la Caravana por el Agua y la Vida, así como estudiantes hicieron acto de presencia para apoyar la manifestación.
Tras el refuerzo, l@s manifestantes consiguieron romper el cerco, con lo cual tomaron rumbo hacia el Zócalo. Sin embargo, el despliegue de cientos de policías consiguió cercar de nuevo a las personas y cortar su paso hacia el centro de la ciudad.
Foto por Radio Zapote
De acuerdo a un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena, alrededor de las 8 de la noche, el encapsulamiento de los antinmotines mantenía retenid@s alrededor de 70 personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la ciudad de México.
El documento señala que en ese momento la movilización fue reprimida “generando la persecución de decenas de personas, golpead@s y detenciones, reportándose hasta ahora la desaparición de un niño hijo de triquis de nombre Samuel y sin saber el paradero de vari@s compañer@s”.
Foto Juan Rulfo
Hasta ese momento, detalla el comunicado, se registraron dos encapsulamientos “ubicados en: Calle Plomo 65 y Ferrocarril Hidalgo con alrededor de 17 personas encapsuladas por un grupo de 250 granaderos entre los que se encuentran 10 compañer@s de la comunidad otomí, entre ellos el compañero Diego García y el concejal otomí Filiberto, así como Ricardo Renteria de la comunidad de Milpa Alta que fue herido en la cabeza; así como 7 mujeres triquis; y otro en calle Mapimi 5 Y Calle Plomo con un grupo de 30 personas en donde también hay 5 niñ@s y alrededor de 100 granaderos, entre los que se encuentran periodistas como Juan Rulfo y compañeras alemanas de Lutzerath”.
Según información de la comunidad otomí residente en la CDMX, quienes se sumaron a las movilizaciones, las familias triquis se refugiaron en una unidad habitacional de la colonia Valle Gómez para no regresar al “albergue” improvisado por la ciudad. En aquel momento de la madrugada se mantenía el cerco policiaco.
Después de 12hrs reportan en transmisión a las 2:30am que se han reunido con el grupo que se refugió en una unidad habitacional pues se niegan a regresar al supuesto albergue, la #comunidadotomi espera regresar a la casa de los pueblos Samir Flores.
La mañana de este martes (26), tanto en la ciudad de Oaxaca como en la CDMX, se registraron diversas movilizaciones en solidaridad con las familias triqui desplazadas, desalojadas y perseguidas.
En la CDMX se movilizan en el Ayuntamiento de la ciudad para manifestarse contra la brutal represión a los pueblos originarios. Al cierre de esta edición, tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Sexta Zapatista del EZLN
A la Europa Insumisa
A quienes firmaron la declaración por la vida
A los pueblos que luchan y resisten
Por nuestra venerada Madre Tierra, la Caravana por el Agua y la vida, termina hoy su recorrido en las tierras zapatistas de Cuentepec, Morelos; durante 34 días visitamos a nuestras hermanas, hermanos y hermanoas de los pueblos Tutunaku, Nahua, Otomí (ñhöñhö), Mazateco, Triqui, Zapoteco, Binizaa, Matlatzinca, Nuntaj iyi, Ayuujk para quienes el agua y la tierra son sagradas, quienes dan la vida misma para defender y recuperar lo que les pertenece. Nos enlazamos y organizamos con compañeros de Alemania, Francia, Grecia, Portugal, Guatemala, Chile, España, Holanda, Suiza, Australia, Inglaterra quienes también luchan y resisten en sus territorios y levantaron la consigna de acompañar a la Caravana y las luchas que la conforman.
Fuimos testigos de cómo se hizo cumplir la ley de los pueblos, que no está peleada con la naturaleza sino que la reproduce, cuando los pueblos nahuas cerraron la empresa Bonafont-Danone y la convirtieron en el Altepelmecalli, el agua volvió a sus cauces y a los pozos; la presa de Santiago Mexquititlán volvió a tener agua después de que el pueblo otomí tomó el pozo de Barrio Cuarto del cual CONAGUA se niega a ceder los derechos para el suministro y control del agua; el basurero de Tehuacán dejó de crecer tras haber sido clausurado por el pueblo de Santa María Coapan; en la Sierra Norte de Puebla se cancelaron 5 concesiones mineras y evitaron la construcción de 2 presas hidroeléctricas; los vendedores de la UPVA 28 de octubre mantienen sus espacios de trabajo gracias a su resistencia; en el lugar donde despachaba el traidor de los pueblos Adelfo Regino Montes, el INPI, fue tomado por la comunidad Otomí residente en la CDMX y convertido en la Casa de los Pueblos y comunidades indígenas “Samir Flores Soberanes”desde ahí se lucha, se resiste y se organiza con los pueblos.
Los pueblos recibieron a la Caravana en sus asambleas, caminamos con ellos, unimos nuestras voces, nos fortalecimos unos a otros, después de estos años de pandemia salimos en caravana para encontrarnos, conocimos los dolores de los pueblos que son los mismos que los nuestros: desprecio, represión, despojo y explotación que son las formas en que se manifiesta la guerra que impone el capitalismo en todo el mundo. Salimos a buscarnos en otras geografías, en otras rabias y otras rebeldías, porque estamos conscientes que sólo con la unión de los pueblos tendremos la fuerza necesaria para vencer a este sistema criminal.
A su paso, la Caravana por el agua y la vida sembró semillas de resistencia, como una ola de rebeldía nutrió la tierra y vimos florecer la digna lucha de los pueblos que se resisten al olvido.
Transgredimos las fronteras que nos han sido impuestas, rompimos los cercos, nos unimos y tejimos nuestras luchas. Evidenciamos la voracidad del capitalismo y sus innumerables nombres: minería, explotación del agua, inmobiliarias, gentrificación, contaminación de la tierra, aire, ríos y mares, despojo del territorio, megaproyectos, asesinatos de ambientalistas, encarcelamientos, desapariciones, narcotráfico, paramilitarismo, compra de conciencias, división de los pueblos, mercantilización de la vida, precarización del trabajo, contubernio del estado y el crimen organizado y autorizado, privatización de la educación, feminicidios, represión; violencia en todas sus formas.
Evidenciamos también al Estado, sirviente fiel del capital, que usa todo su aparato represor en contra de quienes luchamos por la vida; para desalojar a los pueblos nahuas del Altepelmecalli, para reprimir a las y los compañeros que defienden su fuente de trabajo en Libres Oriental; para golpear y encarcelar a nuestras compañeras feministas de la Okupa Cuba; para mantener presos a nuestros compañeros Fidencio Aldama, Fredy García, Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y a los 7 presos políticos de Eloxochitlán; para despojar de sus espacios de trabajo a nuestros compañeros otomíes residentes en la Ciudad de México; para señalar y perseguir a quienes luchan por una vivienda digna; para amenazar y asesinar a periodistas que defienden la verdad, para desprestigiar y difamar a los defensores ambientales; para hostigar el espacio liberado de la Okupa Chiapaz; para perpetrar la impunidad del asesinato de Bety Cariño, Samir Flores y Meztli Sarabia, para mantener abierto el injusto proceso penal de Miguel López Vega por defender al río Metlapanapa, para ejecutar la desaparición forzada de Sergio Rivera Hernández, defensor del agua en Coyomeapan y del doctor Ernesto Sernas García, abogado de la organización Sol Rojo; para perseguir a estudiantes de universidades públicas que se organizan para defender la educación; para imponer la gentrificación en las ciudades a través de inmobiliarias; para destruir los humedales de Xochimilco; para desplazar comunidades enteras y entregarlas a las mineras y narcotraficantes; para tratar de desaparecer a las normales rurales; para ocultar la verdad y la justicia de nuestros 43 y que desde aquí decimos Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Evidenciamos a las instituciones como CONAGUA, SEMARNAT, INPI, que entregan, privatizan y lucran con los recursos y el territorio, privilegiando a las grandes empresas como Danone, Volkswagen, Audi, Nestlé, Constellation Brands, Coca Cola, Gold Corp, Black Rock entre muchas otras más.
La Caravana también nos permitió mirar y notar nuestras contradicciones como individuos y como organizaciones, las prácticas capitalistas que reproducimos y que sólo podemos desmantelar en colectividad, el sistema que habita en nuestros cuerpos y que se manifiesta en nuestras acciones y palabras. Para erradicar el consumismo, el patriarcado, el machismo, la misoginia, el colonialismo, el racismo y el clasismo es necesario reconocerlo en nosotros, enunciarlo y construir alternativas.
Hoy, que la caravana llega a su última parada, nos preguntamos ¿qué sigue?, como lo hiciera el EZLN y Congreso Nacional Indígena en su 25 aniversario, respondemos desde nuestros espacios, formas y tiempos que seguiremos construyendo procesos de autonomía y fortaleciendo la autodeterminación y las relaciones entre pueblos, continuaremos la resistencia tomando en nuestras manos el destino de nuestros territorios.
Vislumbramos ahora un horizonte común de rebeldía, resistencia y organización para continuar con la gran red que desde el Congreso Nacional Indígena se viene tejiendo en defensa de la vida, ahora fortalecida con la participación de organizaciones y colectivos de los territorios que visitamos y las alianzas nacionales e internacionales que construimos, tenemos ahora la certeza de que si tocan a uno realmente responderemos todos, no es palabra vacía, es un aviso a los malos gobiernos que pretendan atacar a cualquiera de nosotros, poco a poco no habrá ni una lucha aislada más. Sabemos que grande fue el esfuerzo para realizar esta caravana, entendemos también que no es suficiente un día en los territorios para entender sus luchas, nuestros hermanos resisten día y noche para detener la destrucción de sus territorios y para aprender realmente de las luchas no hay otra forma más que vivirla en carne propia, poner el cuerpo y las manos para sumar esfuerzos y solidarizarse en los hechos.
Estamos conscientes de que tras este largo camino a través de 9 estados los aprendizajes recogidos deben materializarse en acciones concretas que puedan llevarse a las comunidades para continuar avanzando; es por eso que al Congreso Nacional Indígena, al Concejo Indígena de Gobierno, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los pueblos que luchan y resisten, proponemos, como Caravana por el Agua y la Vida contra el despojo capitalista, la construcción de escuelitas autónomas en territorios que pertenecen al CNI en la que compañeras y compañeros de México y el mundo puedan visitar nuestras comunidades temporalmente y compartir el día a día con los pueblos, con el objetivo de conocer aquello por lo que luchamos y que ahora sean los pueblos nahuas, ñhöñhö, mazateco, zapoteco, triqui, binizaa, matlatzinca, Nuntaj iyi, ayuujk entre otros quienes pregunten a los asistentes ¿y tú qué?. Proponemos que esta provocación sea dialogada y evaluada en nuestros territorios y que el 12 de octubre del año presente la respuesta pueda ser conocida y en caso de ser aceptada comencemos con los trabajos organizativos para llevarla a la realidad.
Finalmente, como Caravana celebramos y respaldamos el gran paso que dan hoy nuestros hermanos de Cuentepec con la elaboración del decreto contra la minería para el Estado de Morelos, un gran paso no solo para los pueblos nahuas, sino para todos los pueblos originarios quienes luchamos por la autonomía. Hoy es un día histórico para todas y todos. Hoy los pueblos han decidido, una vez más, ejercer su derecho a autogobernarse.
Cuentepec, Morelos, 24 de abril del 2022
Nuestra lucha es y seguirá siendo por la vida.
Nunca más un mundo sin los pueblos
Posdata: El futuro de los pueblos no está en las convenciones internacionales, está en los pueblos que luchan por la autonomía y la autodeterminación, está en las comunidades que viven y sueñan con la libertad y reconstruyen la vida, no en oportunistas que usurpan, suplantan la voz de los pueblos y lucran con la lucha para que este sistema continúe. El presente de los pueblos originarios es de resistencia y rebeldía.
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Zapata Vive, la lucha sigue
Samir Vive, la lucha sigue
Viva el CNI
Viva el CIG
Viva el EZLN
Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos
Vivan los pueblos que luchan y resisten
Vivan las mujeres que luchan, se organizan y resisten
