A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

A quienes caminan la palabra de la vida.

15 de mayo de 2026.

Sin haberse repuesto este país de la pesadilla que han significado los bombardeos del grupo criminal los ardillos sobre comunidades nahuas del municipio de Chilapa, Guerrero; y de la complicidad y omisiones exhibidos por el gobierno en todos sus niveles; ahora nos enteramos con azoro que la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, Guerrero, ha sido atacada por dicho grupo criminal con armas de alto poder, drones y bombas desde hace 22 días, lo que ha provocado el asesinato de dos de sus habitantes, la destrucción de una gran cantidad de viviendas y el desplazamiento de cientos de personas hacia los cerros.

Esta despiadada destrucción se ha dado con la complicidad del presidente municipal de Atlixtac, GUILLERMO MATÍAS MARRÓN, integrante de los ardillos, pertenencia criminal que se da en la mayor parte, sino es que la totalidad, de los presidentes municipales de la Montaña Baja y la Montaña Alta de Guerrero; con la actitud omisa de la gobernadora del estado, EVELYN SALGADO PINEDA; y con la actuación criminal de FRANCISCO RODRIGUEZ CISNEROS, subsecretario de desarrollo político y social en el estado, quien en todo momento se ha dedicado a minimizar la situación o a decir que “no pasa nada”, a desinformar al gobierno federal y a acusar falsamente a la comunidad de estar coludida con grupos criminales para generar la apariencia de que se trata de un “pleito entre grupos criminales, entre ardillos y tlacos” y de este modo ocultar lo que en realidad está aconteciendo en los municipios de Atlixtac, Chilapa y buena parte de la Montaña: una violenta guerra en contra de las comunidades indígenas para desplazarlas de sus territorios, forzar su control social y despojarlas.

La comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula ha resistido por años a los ardillos, esa es la razón de tanta violencia en su contra. El 27 de octubre de 2024 tuvo lugar una asamblea de comuneros en la que una gran mayoría rechazó ingresar a la “policía comunitaria” CRAC-PC de San Juan Escalerillas, municipio de Zapotitlán Tablas, en realidad una fachada del grupo los ardillos que ha sido desconocida por todas las casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del estado de Guerrero.

En dicha asamblea la comunidad exigió la presentación con vida de dos jóvenes que habían sido desaparecidos por la “policía comunitaria” de los ardillos, misma que era apoyada por CARLOS PACHECO BELLO, en ese entonces comisario de la comunidad. Durante el desarrollo de la asamblea la confrontación escaló y la policía comunitaria de los ardillos asesinó a dos comuneros; finalmente, la asamblea concluyó con la expulsión de los ardillos y de CARLOS PACHECO BELLO.

Pero, las cosas no pararon ahí: el 27 de febrero de 2025 la “policía comunitaria” de los ardillos realizó una incursión armada en la comunidad, misma que duró 10 días y que concluyó en el levantón y descuartizamiento de un campesino de la comunidad. Una nueva incursión armada se dio el 31 de diciembre de 2025 con un saldo de 2 campesinos emboscados.

El 14 de abril de 2026 los criminales realizaron una tercera incursión armada y, por primera vez, usaron drones cargados con bombas que usaron para bombardear a la comunidad durante 3 días.

Desde el 23 de abril de este año los ardillos iniciaron un cuarto ataque en contra de la comunidad, mismo que hasta el día de hoy duró 22 días, fecha en que se presentaron policías estatales y elementos de la Guardia Nacional obligados por un video realizado por la propia comunidad que se viralizó en redes. En dicho lapso murieron asesinados dos comuneros y tres más resultaron gravemente heridos, sumándose a los 19 habitantes asesinados por la “policía comunitaria” de los ardillos desde el 27 de octubre de 2024.

Actualmente las principales exigencias de la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula son las siguientes:

• Desarticulación del cartel de los ardillos y de la denominada “policía comunitaria” CRAC-PC de San Juan Escalerillas.
• Castigo para los culpables del asesinato de 21 comuneros desde el 27 de octubre de 2024 a la fecha.
• Establecimiento permanente de una base de operaciones interinstitucionales cerca del pueblo, con personal suficiente y en la que participe el Ejército Mexicano.
• Creación de garantías de seguridad para el tránsito libre hacía Zapotitlán, Tlapa y Chilapa.

Hacemos responsables a la gobernadora del estado, EVELYN SALGADO PINEDA y al presidente municipal de Atlixtac, GUILLERMO MATÍAS MARRÓN, así como a las instancias federales encargadas de la seguridad en el estado, del grave riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de San Pedro Huitzapula.

Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo a exigir al gobierno mexicano garantías de seguridad para la comunidad de San Pedro Huitzapula y a brindar acompañamiento y solidaridad a su digna resistencia.

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

A quienes caminan la palabra de la vida.

14 de mayo de 2026.

La guerra de conquista en contra de los pueblos originarios no deja de crecer en cada una de las geografías de este adolorido país que es México y se expresa en la violencia militar y paramilitar que vivimos cotidianamente. Nuestros pueblos, como nunca, viven privados de sus más elementales derechos, bajo constante asedio del crimen organizado y abandonados del Estado mexicano.

El miércoles 6 de mayo del 2026, de manera paralela a que las comunidades pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata en el municipio de Chilapa, estado de Guerrero, empezaban a ser bombardeadas por el grupo criminal conocido como “Los Ardillos”, un comando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a comuneros de la comunidad purépecha de Acachuén, municipio de Chilchota, Michoacán, con un saldo de dos personas de la comunidad muertas y una más herida. Los habitantes de Acachuén, unidos y organizados se defendieron de los criminales para repelerlos, pero de manera sorpresiva la policía municipal se presentó en el lugar en el que la comunidad resistía a los delincuentes y atacó a los comuneros para proteger a los criminales.

Este hecho provocó que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se movilizara en apoyo a la comunidad de Acachuén, tomando diversas carreteras el día 11 de mayo del 2026. Sin embargo, una vez más el gobierno actuó en contra de los pueblos organizados y no en contra de los criminales, reprimiendo violentamente, mediante el uso de la policía estatal, a los integrantes del CSIM para desalojarlos de la autopista siglo XXI.

Hasta el momento ningún ámbito de gobierno ha dado la cara, ni con relación a los hechos ocurridos en Acachuén, ni con relación a la cruenta represión en contra del CSIM; y el gobernador del estado ha sido omiso para establecer la mesa de diálogo que la comunidad le exige para atender tan grave problemática, lo que demuestra el contubernio entre las instituciones del Estado mexicano, particularmente del gobierno de Michoacán, y el CJNG.

Hacemos responsables al gobernador del estado de Michoacán, ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, a la presidenta municipal de Chilchota, ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ, así como a las instancias federales encargadas de la seguridad en el estado, del grave riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de Acachuén, a la vez que decimos que no están solos.

Exigimos la remoción inmediata de la presidenta municipal de Chilchota, ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ; el castigo a los policías municipales y funcionarios de gobierno implicados con el CJNG; el castigo a los efectivos y mandos de la policía estatal que reprimieron al CSIM el día 11 de mayo pasado; y la inmediata instalación de la mesa de diálogo demandada por la comunidad de Acachuén con el gobierno del estado y las dependencias federales encargadas de la seguridad a fin de atender la problemática.

Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo a exigir al gobierno mexicano garantías de seguridad para la comunidad de Acachuén y a brindar acompañamiento y solidaridad a su digna resistencia.

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

A los pueblos de México y del mundo
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A los medios libres e independientes
A quienes caminan la palabra de la vida

Desde el Congreso Nacional Indígena denunciamos con profunda indignación y urgencia que continúa la guerra contra nuestras compañeras y compañeros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata en la Montaña Baja de Guerrero, manifestando que a pesar de los cruentos bombardeos en contra de las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán que desde el 6 de mayo son ejecutados por el grupo criminal Los Ardillos y que han provocado terror y el desplazamiento masivo de la población civil de dichas comunidades, los gobiernos federal y del estado siguen sin actuar, sin otorgar protección a dichas comunidades pero simulando que lo hacen, con la finalidad de que pueda ser eliminada la Policía Comunitaria y se cause la mayor destrucción posible para colocar bajo el control del grupo criminal el territorio que corresponde a las comunidades del CIPOG-EZ.

Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero, miente. Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de desarrollo político y social, miente. Mercedes Carballo Chino, presidenta municipal de Chilapa de Álvarez y cuñada de Celso Ortega, líder de Los Ardillos, miente. El gobierno del estado y el gobierno municipal no protegen a su población, protegen a un cartel criminal. Mientras tanto, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, de la mano de Francisco Rodríguez dicen que no pueden acceder a las comunidades violentadas porque pobladores de Chilapa no se los permiten, sin embargo, no es cierto que se trate de pobladores, se trata de Los Ardillos; y no es cierto que no puedan pasar, no quieren hacerlo para, repetimos, dar tiempo a que Los Ardillos acaben con la Policía Comunitaria y tomen el control del territorio. 

Al momento en que se publica este comunicado, la Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores, perteneciente a las comunidades del CIPOG-EZ, sigue resistiendo heroicamente a Los Ardillos, en cumplimiento de las funciones que las corporaciones oficiales de seguridad se niegan a realizar. Mientras que hace unas horas, la población desplazada fue expulsada de Alcozacán, comunidad en la que se había refugiado para escapar de los criminales; huyendo hacia los cerros, barrancos y cuevas de la región, con la consecuente crisis humanitaria que esto implica.

Denunciamos con profundo dolor el asesinato del compañero Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán, quien cayó durante esta nueva ofensiva criminal; como también denunciamos la localización de cuatro cuerpos sin vida en la carretera Chilapa–Tlapa esta mañana, habiendo sido ya identificados los cuerpos de José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Victor Ahuejote Arribeño, ambos de Xicotlán.   

Responsabilizamos directamente a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y al gobierno municipal de Chilapa, por los actos señalados. Su inacción tiene como finalidad que Los Ardillos tomen el control de las comunidades del CIPOG-EZ para facilitar el despojo capitalista en nuestros pueblos. 

Exigimos:

• La actuación inmediata del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para inhibir los ataques de los ardillos, desarticular a dicho cartel y proteger a las comunidades del CIPOG-EZ
• Atención inmediata a las necesidades de la población desplazada y garantías para el retorno a sus comunidades de origen
• Presentación con vida de las personas desaparecidas 
• Castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra las comunidades del CIPOG-EZ
• Respeto a la autonomía y organización de los pueblos originarios 

Llamamos urgentemente a los pueblos, organizaciones, colectivos, medios libres y personas solidarias de México y del mundo a realizar acciones urgentes de denuncia, movilización, pronunciamiento y solidaridad en sus calendarios y geografías.

ATENTAMENTE

11 de mayo de 2026

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

CLAUDIA SHEINBAUM Y EVELYN SALGADO LE MIENTEN A MÉXICO Y AL MUNDO: DICEN PROTEGER A LAS COMUNIDADES DEL CIPOG-EZ PERO SIMULAN MIENTRAS MUJERES, NIÑOS Y ANCIANOS SE ESCONDEN EN LOS CERROS PARA NO SER ASESINADOShttps://t.co/AUwwPvcw90 pic.twitter.com/PdmPJBeDFh

— CNI México (@CNI_Mexico) May 12, 2026

Totalmente desplazada la comunidad de Alcozacán, bastión del movimiento indígena en Guerrero

Texto y video tomados de INFO GRO#AltoALosAtaquesContraLosPueblosDeGuerrerohttps://t.co/vsmTXfglqS pic.twitter.com/0HPZQltLAZ

— CNI México (@CNI_Mexico) May 12, 2026

Con dolor observamos las imágenes, videos y testimonios que documentan la violencia que azota la región de la Montaña de Guerrero. Hasta ahora, son ya 76 integrantes del CIPOG-EZ asesinados y 25 más permanecen desaparecidos.#AltoALosAtaquesContraLosPueblosDeGuerrero pic.twitter.com/XSruxuyJEc

— CNI México (@CNI_Mexico) May 12, 2026

pic.twitter.com/ef7aPQ3CtN

— CNI México (@CNI_Mexico) May 12, 2026

MITIN URGENTE EN APOYO A LAS COMUNIDADES DEL CIPOG-EZ

Secretaría de Gobernación (CDMX)

Martes 12 de mayo

16:00 horas

wp.me/p8qHTQ-39b

MITIN URGENTE EN APOYO A LAS COMUNIDADES DEL CIPOG-EZ

📍 Secretaría de Gobernación (CDMX)
📅 Martes 12 de mayo
🕓 16:00 horashttps://t.co/lqC3swxkIG pic.twitter.com/0NpWnLvf4f

— CNI México (@CNI_Mexico) May 11, 2026

A los pueblos de México y el mundo,

A las organizaciones sociales, colectivos e individuos solidarios,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los organismos defensores de derechos humanos,

A quienes luchan por la vida y la dignidad:

Desde el Congreso Nacional Indígena denunciamos la grave situación de violencia que enfrentan nuestras compañeras y compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, ante lo que convocamos a realizar la Acción Global ¡ALTO A LA GUERRA CONTRA EL CIPOG-EZ Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

De acuerdo con sus calendarios y geografías llamamos de manera urgente a los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos de abajo y a la izquierda de México y del mundo a realizar acciones de solidaridad, de agitación y denuncia, mítines, pronunciamientos, jornadas informativas, manifestaciones, actividades culturales y todo lo que esté a su alcance para exigir que se detenga la guerra contra de nuestrxs compañerxs del CIPOG-EZ.

El pasado 9 de mayo denunciamos que las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, entre ellas Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, viven desde hace años una situación de violencia, hostigamiento armado, desplazamiento forzado y terror impuesto por el grupo criminal “Los Ardillos”, actuando bajo la protección y complicidad de los distintos niveles de gobierno y sus fuerzas de seguridad.

En días recientes, los ataques se han intensificado mediante agresiones armadas y bombardeos con drones contra comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, provocando el desplazamiento de cientos de familias indígenas, poniendo en riesgo la vida de mujeres, niñas, niños y personas mayores. Con dolor observamos las imágenes, videos y testimonios que documentan la violencia que azota la región de la Montaña de Guerrero. Hasta ahora, son ya 76 integrantes del CIPOG- EZ asesinados y 25 más permanecen desaparecidos.

La violencia que viven las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ es una muestra brutal de la  guerra contra los pueblos originarios que defienden su territorio, su autonomía y la vida.

ATENTAMENTE

11 DE MAYO DE 2026

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

10 de mayo de 2026.

Los abajo firmantes expresamos nuestra más profunda indignación y condenamos los graves ataques armados perpetrados contra comunidades indígenas de la región de la montaña baja de Guerrero, en el municipio de Chilapa de Álvarez, hechos atribuibles a grupos de la delincuencia organizada que operan bajo esquemas tácticos de carácter paramilitar.

De acuerdo con testimonios comunitarios y de los habitantes, los ataques son ejecutados mediante el uso de armas de grueso calibre, drones utilizados para vigilancia y lanzamiento de artefactos explosivos, generando terror, desplazamiento forzado y un grave riesgo para la vida e integridad de niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y autoridades tradicionales indígenas.

Lo anterior a pesar de que la CNDH desde 2021 emite medidas cautelares a favor de los habitantes de las comunidades de Tula y Xicotlán, así como del CIPOG-EZ, el Gobierno del Guerrero encabezado por Evelin Salgado son omisos en dar continuidad a estas medidas.

Ante los hechos recientes de violencia ocurridos en comunidades pertenecientes a CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA (organización que es parte del Congreso Nacional Indígena), manifestamos nuestra más profunda indignación responsabilizando a quienes no mueven un solo dedo desde sus escritorios, se hacen que voltean la vista hacia otro lado y ordenan violaciones de derechos humanos en comunidades indígenas; observamos aquiescencia y permisibilidad, que va desde la cooptación total del gobierno municipal, desde la presidencia hasta los policías de tránsito por parte del crimen organizado, desde la negativa de atender demandas de seguridad y justicia por parte del gobierno estatal, desde la negativa de otorgar y quitar medidas de protección por parte de gobierno federal, hasta ordenar retirar los elementos del ejercito de la base de operaciones mixta (BOM) para dejar paso libre a los ataques.

En este contexto, marcado por la permisividad, omisión y aquiescencia de los tres niveles de gobierno, encargados de garantizar la seguridad y protección de comunidades indígenas, denunciamos que desde el día miércoles 6 de mayo de 2026, los ardillos han realizado ataques en contra de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán. Resaltamos que el 9 de mayo el grupo del crimen organizado, los ardillos, entró a estas comunidades y Desplazó de manera forzada a mas de 800 familias que hoy se encuentran en otras comunidades del CIPOG-EZ, que corren el mismo riesgo de ser atacadas; hoy 10 de mayo, los ataques continúan.

Estos hechos no son aislados. Se inscriben en un patrón alarmante de agresiones generalizadas y sistemáticas contra quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos, así como contra comunidades que viven en condiciones de vulnerabilidad. Resulta particularmente grave que, pese a las múltiples solicitudes realizadas, las autoridades competentes hayan negado, retrasado o simplemente omitido la implementación de medidas de protección adecuadas, eficaces y oportunas.

La inacción institucional frente a contextos de riesgo conocidos no solo constituye una falta administrativa, sino que puede traducirse en responsabilidad directa del Estado por violaciones graves a derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad. La omisión de prevenir estos actos, aun teniendo conocimiento de las amenazas, genera un entorno de impunidad que perpetúa la violencia. Con los hechos de violencia de hoy se acredita lo siguiente:

La falta de actuación de las autoridades responsables de prevenir y proteger ante riesgos evidentes.

La negativa injustificada de otorgar medidas de protección a personas en situación de riesgo.

La posible complicidad o tolerancia de funcionarios públicos frente a los hechos de violencia.

La ausencia de investigaciones que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Por lo cual exigimos al Gobierno Federal:

1.- Que reconozca la grave crisis de violaciones a los derechos humanos por los que atraviesan las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ en el estado de Guerrero y que el gobierno del estado se empeña en ocultar.

2..- La identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales, incluyendo a funcionarios públicos que hayan incurrido en omisión o complicidad.

3.- Revisar la actuación y responsabilidad del ejército mexicano que solo presenció los ataques, el desplazamiento y la entrada del grupo delincuencial a las comunidades sin hacer nada para detener a los atacantes.

4.- La implementación urgente de medidas de protección efectivas para personas defensoras de derechos humanos y comunidades en riesgo.

5.- Atienda de forma urgente el tema de las 800 familias desplazadas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán.

6.- La inmediata detención y desarticulación del grupo criminal, los Ardillos, que ahora se vinculan a otros grupos criminales y recrudecen la violencia.

Hacemos un llamado a la sociedad civil, a los organismos internacionales y a todas las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, para mantenerse vigilantes, exigir rendición de cuentas y solidarizarse con las víctimas y sus familias.

Responsabilizamos al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, al estatal gobernado por Evelin Salgado y a los municipales, pues las comunidades que hoy están desplazadas llevan años denunciado las agresiones de lo ardillos y la autoridad lo minimiza a un conflicto entre comunidades, cuando la realidad es que es una guerra abierta de exterminio contra estas comunidades con toda la complicidad y omisión de la autoridad, lo que nos lleva a concluir que existe una complicidad total entre los grupos criminales y el Estado. Responsabilizamos también al Ejército y demás corporaciones de seguridad que abiertamente no intervienen y lo que nos lleva a afirmar que están aliados con los grupos delincuenciales.

La defensa de los derechos humanos no debe costar la vida. El silencio institucional y la impunidad no pueden seguir siendo la respuesta del Estado.

ATENTAMENTE

Congreso Nacional Indígena

Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S).

Red de Apoyo Iztapalapa Sexta (RAIS).

Red Universitaria Anticapitalista

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Red Morelense de apoyo al CNI y CIG y colectivo Nuestra Alegre Rebeldía

Colectivo de Profes en la Sexta

Comunidad de Tlanezi Calli Resistencia

Comunidad de Xochitlanezi

Comunidad de Xochitlanezi del Común

Colectivo Gavilanas

Colectivo de Trabajo Cafetos

Colectivo Cuaderno Común

Asociación de Exploración Científica y Recreativa Brújula Roja

Colectivo la Otra Justicia

Colectivo Panadero la Grieta

Upadi (unión popular apizaquence democrática e independiente Apizaco)

Hij@s del maíz pinto Tlaxcala.

Organización Revolucionaria Anarquista (ORA).

Colectivo Luciérnagas que Siembran

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes

Oidho

Comunidad Indígena Nahua Milpa Alta CNI

Consejo de Bienes Comunales Indígena Nahua Tlacotenco

Guardia Comunal Tlacotenco

Guardia Comunal Tona

Escuela Comunal Casa Tlaixco

ILANCUEITL danza de las Tlacualeras

Geo-grafías Comunitarias

Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX

UPREZ Benito Juárez

Café “Zapata Vive”

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A. C.

Partido de los Comunistas

Fundación Indígenas 3D

Asamblea por el Común y contra la Guerra, “Jornadas Antimundialistas”

Athenea Machiavelo Damnificados Unidos de la Ciudad de México

Asociación para la Educación Popular en América Latina (AsEPAL)

Rebelión Científica México

Brigada Callejera

Vendaval, cooperativa panadera y algo más.

Grupo Tlali-Nantli

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec. UCIZONI.

Empalabrando colectivo de la palabra viva, Querétaro

Radio comunitaria Zacatepec

Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua Morelos Puebla Tlaxcala

La Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del basurero y en defensa del agua.

El Bordado de Ramona

La Oveja Roja Zapatista

Laboratorio Popular de Medios Libres

MAÍZ (Movimiento Agrario Indígena Zapatista).

Resistrenzas-Puebla.

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Ollin Quetza, AC

Ecos de la sal

Radio Comunitaria

Mujeres que Luchan por la Vida-Veracruz

Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán

CDH Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C.

Colectiva Tëkaampë Ayuuk Toxëjk

Red mir

Juventud Comunista de México

Colectivo Tokalihtik.

Colectivo Mujer Nueva

Organización centro de derechos humanos de los pueblos del sur de Veracruz » Bety Cariño»

Nodo de Derechos Humanos.

Cátedra Jorge Alonso

Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio

Mexicanos Unidos

Empalabrando medio independiente Querétaro

Colectivo Mujeres Tierra

Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente

Mujeres Oaxaqueñas Tejiendo Comunidad suscribimos

El Tekpatl periódico crítico y de combate

La Flor Periódico In Xóchitl in Cuícatl

Regeneración Radio

Nantik Meche, comunicación Comunitaria y antipatriarcal. Chiapas.

Firma Na Ch’ul Chan/ Casa Corazón del Cielo

Espacio de Mujeres de la Sexta Jovel

Promedios de Comunicación Comunitaria

SENDAS Espacio Cultural

Raices en Resistencia

Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre

Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH Morelos

Patricia Ortega

Yazmin Cano

Abelardo Chavez

Magda Yazmín Cano

Verónica Marín

Sexta por la libre Yucatán

Mínima Galería Íntima/Narraturgias de la memoria

Morada Tropikal El Teatrito Yucatán

Colectivo Criptopozol + DDHH

 Brigada Dr. Ignacio Martín -Baró

Ollin Quetza, AC

Colectivo guamuchil

Cooperativa Nutze

Colectivo Batsilk’op

RICAA-Mujeres de Maiz en Resistencia

Mujeres Transformando Mundos

Colectivo Nodo Solidale, México – Italia

Centro de Voluntaries Junax

 Espacio de Lucha contra el olvido y la represión. (Elcor)

*****

Lumaltik Herriak. País vasco

Colectivo Armadillo Suomi, Finlandia

Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño

Txiapasekin ( País Vasco)

Caracoleras de Olba, Aragón, Estado español

CAREA e.V., Alemania

Solidaridad Directa con Chiapas, Suiza

Centro de Documentación sobre Zapatismo-Cedoz

Y Retiemble, Madrid, Estado Español

Colectivo Calendario Zapatista, Grecia

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista

CSPCL, París, Francia

Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala

CafeZ Bélgica

"La denuncia de las comunidades del CIPOG-EZ es contundente, la supuesta protección oficial es una simulación".

Tomado de INFO GROhttps://t.co/yr6Ie5QgUR

— CNI México (@CNI_Mexico) May 11, 2026

A los pueblos de México y el mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida, en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

A quienes caminan la palabra de la vida:

Desde el Congreso Nacional Indígena denunciamos que nuestras compañeras y compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) enfrentan una alarmante  situación de hostigamiento armado en el estado de Guerrero.

Denunciamos que el grupo criminal “Los Ardillos” mantiene bajo asedio a las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, entre ellas Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán. Desde el pasado 6 de mayo, este grupo ha intensificado los ataques armados mediante el uso de drones y agresiones directas contra las comunidades que integran el CIPOG- EZ; el día de hoy ha bombardeado por más de 8 horas a dichas comunidades, al momento han sido desplazadas más de 800 familias cuya vida se encuentra en riesgo, esto sin que exista la menor intervención de los gobiernos local, estatal y federal. Entre las víctimas de este hostigamiento se encuentran mujeres, personas mayores, niñas y niños. Particularmente, el pasado 8 de mayo una mujer de la comunidad de Xicotlán resultó herida de bala.

Denunciamos que el grupo criminal de “Los Ardillos” opera bajo la protección del gobierno de Evelyn Salgado Pineda y la complicidad del Ejército Mexicano y de los distintos niveles de gobierno, ya que sus integrantes se han posicionado a escasa distancia de instalaciones militares sin que exista intervención alguna para detenerlos. La presencia de la Guardia Nacional, de la policía estatal y del Ejército Mexicano ha servido únicamente para simular mediáticamente un supuesto control de la región, mientras las comunidades siguen desprotegidas de los ataques de estos grupos criminales.

Desde el Congreso Nacional Indígena vemos que la violencia que históricamente ha golpeado a la Montaña de Guerrero, y particularmente al CIPOG-EZ, es parte de una estrategia contra las comunidades indígenas que se organizan y resisten en defensa de su territorio, su autonomía y la vida.

Exigimos el cese inmediato de los actos de violencia contra el CIPOG-EZ y denunciamos la situación de guerra que viven las comunidades indígenas que se atreven a resistir. Con dolor observamos las imágenes, videos y testimonios que documentan la violencia que azota la región de la Montaña de Guerrero. Hasta ahora, son ya 76 integrantes del CIPOG-EZ asesinados y 25 más permanecen desaparecidos.

Con profunda preocupación llamamos a los pueblos, organizaciones, colectivos y personas solidarias de México y del mundo a mantenerse alertas y atentos ante la integridad y la vida de nuestras compañeras y compañeros.

ATENTAMENTE

9 DE MAYO DE 2026

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Fuente: CNI

A los medios de comunicación

A la opinión pública nacional e internacional

A las organizaciones sociales y de derechos humanos

A los pueblos de México y del mundo

Al Congreso Nacional Indígena

Hermanas y hermanos:

Han pasado 16 años desde que arrebataron la vida de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, y el tiempo no ha sido suficiente para cerrar la herida ni para alcanzar la justicia. Sus nombres siguen latiendo en la memoria de los pueblos que no se resignan a la muerte impuesta por la guerra. No son un eco perdido en la nada: son presencia viva que camina en cada lucha por la dignidad y contra el olvido.

Bety, mujer de raíz profunda y palabra firme, sembradora de organización y esperanza; Jyri, compañero solidario que cruzó fronteras para abrazar la causa de los pueblos. Ambos fueron asesinados en un contexto de violencia que no ha cesado, en un país donde defender la vida, el territorio y los derechos sigue siendo una condena.

Hoy, su memoria también nos recuerda la lucha que defendían.

La tierra de Bety, en la Mixteca, continúa bajo amenaza por proyectos extractivos, particularmente la minería, que avanza sobre territorios indígenas sin el consentimiento de los pueblos. Bajo discursos de “desarrollo” o “transición energética”, se siguen imponiendo concesiones que vulneran la libre determinación y rompen el tejido comunitario.

Lo ocurrido hace 16 años no es un hecho aislado: el extractivismo sigue generando violencia, despojo e impunidad.

Hoy, sus ausencias se entrelazan con otras:

con las voces de las madres buscadoras que recorren caminos de tierra y silencio, con las familias que escarban la tierra buscando lo que el Estado se ha negado a encontrar, porque el amor es más grande que el dolor, más grande que la muerte y la desesperanza, y con los nombres de quienes han sido asesinados por defender el agua, la tierra y la vida frente al despojo.

México se ha convertido en un territorio donde la memoria es resistencia.

Donde la justicia se aplaza, se diluye o se niega para sostener el ciclo permanente de la impunidad.

Donde las víctimas son obligadas a hacer la búsqueda que le corresponde al Estado.

A 16 años, seguimos preguntando:

¿Dónde está la justicia para Bety y Jyri?

¿Dónde están las garantías para quienes hoy defienden la vida?

¿Hasta cuándo la impunidad será la norma?

No es solo un crimen del pasado: es una herida abierta que dialoga con el presente.

Es la misma violencia que hoy golpea a las madres que buscan a sus hijas e hijos,

la misma que amenaza y asesina a quienes defienden sus territorios, la misma que intenta sembrar miedo donde florece la organización y se levanta la palabra.

Pero también es la memoria la que nos sostiene.

Porque recordar es un acto de dignidad.

Porque nombrar es resistir.

Porque la justicia no prescribe en el corazón de los pueblos.

Hoy levantamos la voz para exigir:

* Verdad y justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola.

* Alto a la violencia contra personas defensoras del territorio y los derechos humanos.

* Cancelación de concesiones mineras en nuestros territorios.

* Reconocimiento y protección real para las madres buscadoras.

* Fin a la impunidad que cobija a los responsables materiales e intelectuales.

* Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y los pueblos del mundo.

A 16 años, no hay silencio posible.

La memoria camina.

La dignidad persiste.

La lucha continúa.

Porque mientras haya injusticia,

sus nombres seguirán siendo semilla.

¡Bety y Jyri viven en la memoria de quienes resistimos, en los pueblos que no claudican!

¡Justicia!

Tokín por el CNI
* 30 años de Resistencia y Rebeldía *

25 DE ABRIL, DE 11:00 A 23:00 HRS. CAFÉ ZAPATA VIVE.

ANTROPOLOGOS 56 (ANTES 21B), COL. APATLACO. IZTAPALAPA. METRO APATLACO.

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#CNI30añosdeRebeldiayResistencia #Somoscaminoycaminantes

En la época prehispánica, las comunidades Mayas se unieron para crear lo que se conoce como la Triple Alianza, conformada por Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá, esto con el objetivo de consolidar la fuerza del gran pueblo Maya. Hoy estas históricas ciudades se vuelven a unir en la defensa de su territorio, del cual intentan despojar y desplazar a las comunidades que por siglos lo han habitado.

Telchaquillo, Mayapán, juicio agrario y criminalización

La zona arqueológica Mayapán es la tercera más grande de la península y se encuentra en territorio de la comunidad Maya de Telchaquillo. Después de meses de negociaciones fallidas e intentos de manipulación del proceso, en noviembre de 2024 la comunidad demandó (carpeta 1747/2024) al INAH ante el tribunal agrario. A pesar del proceso legal en curso, en febrero de 2025 el INAH comenzó obras de remodelación dentro y fuera del sitio, en un intento de reocupación sin consentimiento de la comunidad. Los ejidatarios les informaron pacíficamente a los trabajadores sobre el juicio en curso, por lo que detuvieron las obras. Es en este contexto el INAH presentó una demanda penal (carpeta FED/TUC/MER/0000130/2025) en contra de los defensores mayas Gladis Uc y Álvaro Mena por la supuesta obstrucción de obra pública.

En diciembre de 2025, el Tribunal Agrario No. 34 otorgó a la comunidad medidas cautelares que prohíben al INAH ejecutar el convenio de ocupación previa. La comunidad continúa firme con su lucha, solicita al INAH e instituciones relacionadas, que traten a la comunidad con respeto, sin el racismo que los ha caracterizado en este proceso, y desde un enfoque de derechos indígenas. Telchaquillo se mantiene firme en las peticiones que presentaron por escrito al instituto: retroactivos por los más de 40 años de ocupación de Mayapán sin consentimiento, un acuerdo de coadministración del sitio entre la comunidad y el INAH, y que todos los planteamientos sean presentados por escrito.

La comunidad Maya de Telchaquillo en Yucatán, denuncia públicamente la criminalización por la defensa de su territorio, en contra de Gladis Uc Flores, miembro del Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo, y Álvaro Mena Fuentes, asesor de la comunidad. Aunque son dos personas las directamente criminalizadas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la comunidad sostiene que esta agresión es contra todos.

Pisté de Chichén Itzá, amenazas de desplazamiento

Chichen Itza, el sitio arqueológico más famoso y visitado de la península, se encuentra en la comunidad maya de Pisté en Yucatán. Desde que el sitio pasó a manos privadas y después al estado, la comunidad de Pisté ha quedado al margen de todos los planes sobre el sitio arqueológico. Hace 22 años habitantes mayas de Pisté logran negociar y tener acceso al sitio arqueológico para vender artesanías. Se les acreditó como vendedores desde hace 15 años. Actualmente son casi 700 titulares con dos trabajadores cada uno, haciendo un total de más de 2 mil beneficiarios directos. A pesar de los múltiples intentos de crearles mala fama, más que vendedores son también ejidatarios, pobladores, jefas y jefes de familia que han construido un sustento para sus familias y han contribuido con su comunidad a partir de su trabajo honesto.

Recientemente, el gobierno federal pretende mover a todos los vendedores al CATVI, un espacio nada atractivo para el turismo, el cual será obligado a caminar por un kilómetro bajo el sol peninsular, antes de llegar siquiera a ver las pirámides. La comunidad sabe que moverse a este lugar es aceptar el destino al fracaso. No fueron consultados para construir el elefante blanco que será el CATVI, es por esto que unidos artesanos, sus trabajadores, guías, restauranteros, comunidades vecinas, pobladores en general piden primero, mantenerse vendiendo dentro del sitio y segundo, mantener la entrada original al sitio. La comunidad no pide que les regalen nada, lo único que le piden a las instituciones del estado, es que les permitan trabajar con dignidad, como lo han hecho durante todos estos años.

Demandas

Ante estas situaciones las comunidades de Pisté y Telchaquillo reconocen los mismos patrones de acción, además de los mismos actores involucrados. El INAH, de la mano de Diego Prieto, el principal operador de estos hechos, quién a pesar de ya no pertenecer al INAH sigue operando para hacer posible los planes del estado. Así mismo, en ambos casos, los recursos con los que operan provienen directamente del plan del tren maya.

Es necesaria la revisión de la Ley de Monumentos que es inconstitucional y viola los derechos de las comunidades indígenas al territorio, el derecho a la cultura y al acceso a sus sitios sagrados. Que se modifique y se armonice reconociendo a las comunidades indígenas como sujetos de derechos.

Pedimos el cumplimiento de las demandas de ambas comunidades, Pisté rechaza la expulsión de los artesanos Mayas de Chichén Itzá y piden mantener la entrada de Pisté abierta. Telchaquillo pide la coadministracion de Mayapán, el pago de retroactivos por el uso del sitio y la no criminalización de su lucha.

Solicitamos a otras comunidades y movimientos indígenas del país a que se solidaricen con nuestra lucha adhiriéndose a este texto y soliciten al INAH el desistimiento de la demanda penal contra nuestrxs compañerxs.

Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo
Artesanos-Comerciantes Le Maayao’ob Bejla’e
Autoridades Ejidales Telchaquillo 2025-2028
Comunidad de Pisté
Comunidad de Telchaquillo
Colectivo Comunidades por la Autonomía

Adhesiones de organizaciones:

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