El pasado jueves (10), a días de que se cumplan 25 años de la Masacre de Acteal, miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal se manifestaron pacíficamente para denunciar las violencias que actualmente viven distintas comunidades en el municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas.
Fue frente a las oficinas del ayuntamiento de Chenalhó donde los indígenas tzotziles protestaron contra la criminalización y agresiones en contra de sus miembros. Es el caso de familias de poblaciones como Campo Los Toros y Bach’en, a quienes, por el simple hecho de pertenecer a su organización, en diferentes momentos de este 2022, les han sido cortados los servicios de agua y energía eléctrica.
La organización tzotzil señaló que las agresiones proceden de personas partidistas de distintas comunidades del municipio de Chenalhó quienes violan los derechos de las familias miembros de Las Abejas debido a su labor de denuncia frente al crimen de Estado por la Masacre de Acteal.
“Venimos aquí en la cabecera municipal de Chenalhó, para advertirle al presidente municipal Abraham Cruz Gómez y a todo su ayuntamiento, que no sigan el ejemplo y camino que tomó su antecesor del año de 1997”, reclamaron durante la protesta.
Las Abejas contextualizaron que en el mes de octubre de 1997 una comisión le advirtió al entonces presidente municipal priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, sobre las agresiones de paramilitares contra su organización, quien ignoró las denuncias y acusó a los indígenas de “provocadores y de ser zapatistas”.
“Este alcalde de Chenalhó en lugar de abonar para la paz y enfriar la violencia, paralela a esta fecha, sus paramilitares estaban quemando casas y disparando sus armas de grueso calibre en contra de Las Abejas a quiénes posteriormente el 22 de diciembre los masacró”, señalaron sobre la actuación del alcalde quien fue detenido tras la masacre y liberado en 2013.
Las Abejas de Acteal enfatizaron que, como en el pasado, los hechos actuales son casos de emergencia y gravedad, “que pueden constituir situaciones de desplazamientos forzados como han ocurrido en el barrio Río Jordán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros y en la colonia Puebla”.
A su vez responsabilizaron por estas acciones a “paramilitares priistas y cardenistas que ahora se han cambiado al partido Verde Ecologista, siguen impunes; además les molesta nuestra resistencia y rechazo a los programas asistencialistas del mal gobierno y entre otros”.
Por ello exigieron al presidente municipal de Chenalhó y autoridades del ayuntamiento que restablezcan los servicios a las familias que desde hace meses sufren de la privación de sus derechos básicos. “Los motivos de los cortes de agua y de luz eléctrica que hacen los partidistas, no solo han sucedido en estas comunidades ya mencionadas, sino, que se ha vuelto una práctica recurrente para ejercer presión y agresión a nuestra lucha pacífica y resistencia”, denunció la organización mediante comunicado leído en la manifestación.
Denuncias
Una de las agresiones señaladas es el encarcelamiento, el pasado 14 de octubre en la colonia Puebla, de Francisco Arias Cruz, integrante de Las Abejas quien estuvo ocho horas privado de su libertad y quien fue liberado tras la imposición de una multa de 10 mil pesos.
Otro caso denunciado es el de la comunidad Nuevo Yibeljoj. Dicha población fue fundada en el año 2000 tras la reubicación de familias de Las Abejas que se encontraban desplazadas en el Campamento X-oyep, debido a la guerra de contrainsurgencia en Chiapas.
Acorde a Las Abejas, en 2008, un grupo de personas de la comunidad fue cooptado por funcionarios de gobierno para causar la división entre las familias. Derivado de esta situación, el grupo disidente recurrió a tramites para modificar el nombre de la comunidad y actualmente “niega el reconocimiento y respeto de derechos de nuestros compañeros a hacer uso del espacio para construir su casa de reuniones y escuelita autónoma exclusivamente de Las Abejas”, señaló la organización tzotzil.
Los indígenas tzotziles señalaron que tanto el presidente municipal como sus agentes usan estrategias para el desgaste. “Por ejemplo, programan una fecha y a la mera hora nos dejan plantados, y así han sucedido una tras otra. Y la última vez que el presidente municipal canceló una cita por el caso de Nuevo Yibeljoj, argumentó que había un problema en Santa Martha, pero en realidad es que no tiene voluntad de traer la paz a Chenalhó”, sostuvieron.
Las Abejas de Acteal detallaron que, desde la masacre de 1997, el pueblo de Chenalhó se dividió producto de la guerra de contrainsurgencia del Plan de Campaña Chiapas 94 en el contexto del levantamiento zapatista.
Las y los indígenas tzotziles señalaron que, a partir de entonces, el ayuntamiento de Chenalhó, “que antes fungía como autoridades que velaban por la vida y tenían la responsabilidad de mantener el respeto y el equilibrio de todos sus habitantes, ahora se han convertido en simples servidores de los malos gobiernos y entregan a su pueblo en manos de la muerte”.
Exponen
Daniele Di Stefano, miembro de la Asociación ¡Ya Basta! de Milán
Lola Cubells, miembro de la Asamblea de Solidaridad con México del País Valenciano
Theodoros Karyotis, miembro del Movimientos Urbanos Auto-organizados en Grecia
Ana L. H. Martínez, participa y colabora con Coffee and Collaboration (Network), Irlanda
José Sánchez, miembro de la Red ¡Ya Basta! Alemania
Comentan
Marina Sitrin, miembro del Global Tapestry of Alternatives (GTA)
Jorge Alonso, miembro del Comité Organizador-Editorial Al Faro Zapatista
Xochitl Leyva Solano, miembro del Comité Organizador-Editorial Al Faro Zapatista
Organiza y participa
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias
Actualmente, las elecciones nacionales de medio mandato en Estados Unidos no han terminado, pero esto queda claro. Un partido político importante (¿Lo llamaremos el partido de Trump?) hizo un masivo cálculo erróneo. Durante meses, prácticamente amenazó al público con una gran ola roja*, tal vez un tsunami.
La inundación que ocurrió no era de color rojo, tampoco de azul, sino de rosa, dado que las elecciones han mostrado una presencia generalmente silenciosa en la política estadounidense – la presencia de las mujeres. Ninguna de las encuestas había captado su masivo descontento, pero la inundación se desató por el caso Dobbs v Jackson Women’s Health Organization en el verano de 2022, un dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos que desestimó el precedente Roe v Wade.
Esa inundación rosa llegó a las cabinas de votación de Estados Unidos debido a que la Suprema Corte hizo algo que casi nunca había hecho antes: quitar del público un derecho constitucional que había existido durante más de medio siglo.
Las mujeres tranquilamente y efectivamente castigaron a los Trumpistas que defendían el dictamen Dobbs y los mandaron a volar. Comprendieron intuitivamente que los políticos, especialmente los políticos masculinos, eran malos jueces en cuanto a si las mujeres pueden elegir tener hijos y/o cuándo.
Los estadounidenses son un grupo curioso. Aceptan muchas tonterías de sus líderes políticos, pero cuando se violan sus derechos, surge otro lado suyo.
Las mujeres marcharon directamente a las urnas y sacaron el conejo de la chistera. Hicieron algo totalmente impensable. Refutaron la historia al hacer una nueva historia.
Con amor, sin miedo soy Mumia Abu-Jamal.
14 de noviembre de 2022
—(c)’22 maj
Audio grabado por Prison Radio
Circulación por Fatirah Litestar01@aol.com
Traducción Amig@s de Mumia en México.
*N de la t. En Estados Unidos los estados “rojos” generalmente se refieren a los donde predominan el Partido Republicano y la política más derechista mientras los estados “azules” son del Partido Demócrata, un poco más liberales.
El pasado octubre, los senadores Ben Cardin y Bill Hagerty enviaron una carta al Departamento de Estado y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para solicitar un reclamo al gobierno hondureño por la derogación, en abril de 2022, de la Ley Orgánica que permitía la operación de las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE) en el país centroamericano.
Dicha ley permitió la creación de zonas especiales con la facultad de operar de manera autónoma al gobierno hondureño. A través de ellas, los inversionistas podían implementar en los territorios sus propios sistemas de administración, gobierno y leyes con el argumento de crear las condiciones para atraer inversiones a nivel internacional.
La misiva de los senadores argumenta que las inversiones norteamericanas en Centroamérica “ayudarán a aliviar la pobreza que fomenta la migración ilegal a los Estados Unidos” e instan al gobierno hondureño a respetar la “garantía de estabilidad jurídica de 50 años que protege las inversiones estadounidenses”, establecidas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y América Central (CAFTA-DR).
En contraste, desde la aprobación de la ley, en 2013, amplios sectores de la sociedad hondureña se organizaron contra su operación. De acuerdo a la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), a partir de procesos en más de 70 cabildos abiertos, se declararon municipios libres de ZEDES en diversos departamentos donde la movilización por la defensa del territorio motivó el rechazo a su instalación.
Mediante una carta de respuesta a los senadores norteamericanos, ARCAH sostuvo que las ZEDES “son un proyecto de agresión a la soberanía” del país centroamericano, por lo cual la petición de los congresistas constituye “una grave propuesta de injerencia e irrespeto de los asuntos internos del Estado de Honduras, y solo invita a la perpetuidad de los crimines cometidos por las ZEDES, que incluyen, en el caso de sus secretarios técnicos, por ejemplo, el delito de Traición a la Patria”.
La organización hondureña afirma que, por mas de una década, “el pueblo de Honduras, aun en un periodo de narco-dictadura, enfrentó a las ZEDES de manera organizada, coherente, pertinente, digna, legitima y en pleno uso de sus derechos”, ante el intento de que las trasnacionales sobrepasaran al gobierno hondureño “para instalar laboratorios de gobernanza, de manera inconsulta, y es que, no podría ser de otra manera, ¿qué pueblo daría conscientemente un ‘sí’ a la entrega total o parcial de su país?”.
Presión
La iniciativa de los senadores no es la primera acción de funcionarios norteamericanos para reclamar por la derogación de las ZEDES. En julio de este año, el Departamento de Estado difundió el Informe sobre el clima para inversiones en Honduras, mediante el cual condenó la derogación de la ley.
“El gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencialmente significativa y ha alimentado las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el estado de derecho comercial”, afirma el informe en el que cuestiona la actitud del gobierno de Xiomara Castro pues no intentó implementar reformas o buscar un diálogo con los inversionistas de las ZEDE.
Según el departamento responsable de la política exterior norteamericana, la medida contribuyó a la incertidumbre sobre el compromiso del gobierno hondureño con las protecciones para la inversión requeridas por acuerdos como el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Estados Unidos y Honduras y el CAFTA.
En respuesta, ARCAH asegura que ninguna de estas garantías aplica si se coloca en riesgo la soberanía de Honduras, pues los senadores “ignoran que la Ley Orgánica de las ZEDES facultaba a las ZEDES a expropiar territorios hondureños”. También agregan que “ningún Tratado de Libre Comercio aplica para las ZEDES, por ser incompatibles con las Constitución de la Republica de Honduras, y los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.
Al contrario, la organización, que cofundó el Movimiento Nacional contra las ZEDES en junio de 2021, afirma que estos proyectos no han invertido en Honduras, “pero sí han vertido violencias y ataques, incluso contra ARCAH”.
Agresiones
Christopher Castillo, coordinador general de ARCAH, ha denunciado amenazas en su contra realizadas por policías, así como por miembros directivos y ejecutivos de distintos proyectos ZEDES.
Acorde a un comunicado del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, las agresiones ocurren en el contexto de la lucha contra las ZEDES, particularmente las conocidas como Ciudad Morazán y Próspera, las cuales “desconocen la decisión popular de derogación de la ley, misma que fue lograda por la lucha popular de comunidades y organizaciones. Por lo que las ZEDES no quieren reconocerlo, en cambio amenazan con acciones violentas buscando así instalarse en los territorios”.
Una de las recientes agresiones ocurrió a finales de octubre cuando miembros de la ARCAH protestaban pacíficamente contra Ciudad Morazán, puesto que es uno de los proyectos ZEDES que se han mantenido en funciones pese a la derogación de la ley que las sustentaba. A esto se añaden las amenazas contra el coordinador de ARCAH por parte del fundador de Ciudad Morazán, Massimo Mazzone, y otros de sus integrantes Jorge Colindres y Carlos Fortín.
Ante estos hechos, Christopher Castillo exigió a las autoridades hondureñas la derogación efectiva de las ZEDES y ante medios locales sostuvo que “no podemos permitir que estos empresarios solamente vengan a imponer proyectos que no son de desarrollo, que son ajenos a la voluntad popular y que además vengan a amenazar a la gente”.
La empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, deberá desocupar y regresar parte de los terrenos que ocupó para construir el parque eólico ‘Piedra Larga’, en Unión Hidalgo, pueblo zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
La justicia agraria declaró, por segunda ocasión, la nulidad definitiva de los contratos de arrendamiento de tierras de comuneros de Unión Hidalgo.
Con el fallo, dado a conocer este mes, se reconoce el carácter comunal y agrario de las tierras donde Demex construyó el parque eólico, tierras éstas que fueron indebidamente rentadas como propiedad privada.
De acuerdo con Juan Antonio López, coordinador de justicia transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), organización que hace el acompañamiento jurídico de los comuneros, esta sentencia no solo beneficia a los comuneros de Unión Hidalgo o del Istmo de Tehuantepec, sino tiene repercusiones en todo el país.
“Lanza el precedente para que cualquier comunero del país pueda, en el futuro, declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una Asamblea General de Comuneros”, dijo López.
La sentencia, añade López, “demuestra que se puede avanzar en la defensa del territorio de las comunidades agrarias ante el despojo por parte de grandes empresas transnacionales, coludidas con funcionarios públicos”.
Largo proceso
La sentencia se da luego de un largo periodo de nueve años en los que la comunidad zapoteca, acompañada de ProDESC, comenzó la defensa del territorio ante los despojos concretados por Demex.
La nueva sentencia se da luego de que, en septiembre de 2022, el tribunal agrario otorgó a 11 comuneros de Unión Hidalgo la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en una rueda de prensa durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP 27), que se lleva a cabo hasta el 18 de noviembre en Egipto, presentó, en compañía de John Kerry, el enviado especial de los Estados Unidos para el cambio climático, los compromisos de México para hacer frente a la crisis climática.
Una de ellas es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se compromete a duplicar la producción de energías limpias en México, con el apoyo de los Estados Unidos. Para eso, se anunció que habrá una inversión de 48 mil millones de dólares.
“Estas metas le permitirán a la región de América del Norte a tener una de las transiciones energéticas más eficientes (…). La decisión significará (…) la expansión de la economía verde en México”, dijo Ebrard, lo que movilizará los sectores privado y público para la producción de energía solar, eólica, geotérmica e hidráulica.
Estados Unidos “es el gran aliado de nuestro país”, manifestó el mandatario en sus redes sociales.
La expansión de la ‘economía verde’ en México ha sido objeto de interés del gobierno del presidente de Joe Biden. El funcionario de Estados Unidos, Kerry, se ha reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios gubernamentales, así como con empresas estadounidenses, para analizar la cooperación bilateral, para promover la fabricación de vehículos de cero emisiones, reducción de las emisiones de metano e inversión en energías renovables.
Uno de estos proyectos es el Plan Sonora que busca convertir partes de la región fronteriza con Estados Unidos en centros de energía limpia, con plantas solares y eólicas, minería de litio y fábricas de vehículos eléctricos, anuncio López Obrador en octubre.
La Ford Motor Co. y otras empresas automotrices con plantas en México están interesadas en convertir sus fábricas para fabricar vehículos eléctricos.
Una de las principales metas del gobierno de los Estados Unidos es la aceleración del despliegue de vehículos de emisión cero, conforme anunció en un comunicado el departamento de Estado de Estados Unidos.
El país, así como México, hace parte de una coalición de países con el objetivo de que los vehículos eléctricos representen el 50% de las nuevas ventas de vehículos ligeros para el 2030, incluidos vehículos eléctricos a batería, vehículos eléctricos a pilas de combustible y vehículos híbridos recargables.
Ebrard indicó que el tema continuará siendo discutido en la Cumbre de Líderes de las Américas del Norte en el próximo mes de diciembre.
Al Concejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ) Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional Al Congreso Nacional Indígena Al Concejo Indígena de Gobierno A la Sexta nacional e internacional A las Redes de Resistencia y Rebeldía A la Misión Civil de Observación Sexta A los medios de comunicación A todos y todas que defienden la vida contra el capitalismo
Hoy nuestra rabia y dolor se unen a nuestras hermanas y hermanos del Concejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ) cuyas comunidades se visten de luto ante al asesinato de tres más de sus compañeros. La tarde del 5 de noviembre de 2022, Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales bajaron de su población a Chilapa y ya no regresaron. Sus cuerpos acribillados fueron encontrados a la orilla de la carretera. Fueron asesinados por el grupo narco-paramilitar los Ardillos.
Exigimos justicia para ellos y para los cerca de 50 asesinados y 20 desaparecidos miembros del CIPOG-EZ en los últimos siete años.
Denunciamos a los tres niveles de gobierno por su complicidad por acción u omisión en estos crímenes, verdaderos crímenes de estado. El presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román (PRI), la gobernadora del Estado de Guerrero Evelyn Salgado (MORENA) y el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador conocen y encubren al diputado Bernardo Ortega Jiménez (PRD), acusado por el CIPOG-EZ de ser el protector y operador político de Los Ardillos y junto a sus hermanos Celso e Iván liderar la banda criminal fundada por su padre, Celso Ortega Rosas hace más de 30 años.
Apenas dos semanas antes (el 21 de octubre) se lo dijeron al presidente López Obrador en su gira por el estado: “muchos de nuestros compañeros bajan al municipio a vender sus productos y ya no vuelven. Los matan y los desaparecen”.
Escoltado y sin salir de su vehículo detenido por el bloqueo en la carretera que comunidades del CIPOG-EZ tuvieron que hacer para poder ser escuchados, López Obrador les recomendó que ante “provocaciones” practicaran la política de no violencia de Gandhi, Mandela y Martin Luther King.
¡Qué insensibilidad del señor presidente! ¡Los están matando! ¿Cómo les pide actuar por vía pacífica ante ese grupo narco-paramilitar que les acecha, persigue, desaparece y asesina? ¿Cómo cuando los criminales controlan la policía y cuando el Ejército y la Guardia Nacional se oponen a enfrentarlos?
A diferencia de la historia que predica Andrés Manuel, la historia de los pueblos de México es de dolor y muerte, baste decir que Guillermo Hilario Morales ya había sobrevivido a la violencia de los Ardillos, fue herido de bala en su brazo y en su cuerpo, pero aún más grave, su hermano Pablo Hilario Morales se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de enero de 2022 y otro de sus hermanos fue descuartizado en 2019.
Bien le respondieron nuestros hermanos al presidente de México: “Seguir llamando a la no violencia en un escenario de guerra, sin detener a quienes la generan, sin atacar las causas de la violencia, económicas, políticas, sociales, culturales, es un absurdo.”
De hecho, CIPOG EZ detuvo la caravana de López Obrador cuando éste andaba de gira promocionando sus programas llamados de Bienestar.
Pero, ¿qué han hecho los programas de Bienestar en el estado de Guerrero? Para el CIPOG-EZ, los cuatro años de programas poco o nada han logrado disminuir la miseria y desigualdad ancestral que en Guerrero impera. En cambio, esos programas han servido mucho para dividir comunidades organizadas, por tanto como políticas de contrainsurgencia.
Por otro lado, dos días antes del asesinato de Adán, Moisés y Guillermo, el Secretario de Gobernación y amigo cercano del presidente, Adán Augusto estuvo también de gira por el estado de Guerrero promocionando la reforma a la ley para que las fuerzas armadas permanezcan en las calles en tareas de “seguridad pública” hasta 2028.
Pero como antes se dijo, para el CIPOG-EZ, la presencia de las fuerzas armadas no ha servido para disminuir los ataques de los grupos criminales. Bien se lo dijeron a López Obrador: “El ejército muchas veces ahí está, pero los grupos criminales siguen operando, en el municipio se mueven como en su casa”. Han habido balaceras por parte de Los Ardillos a comunidades a unos metros de un puesto del ejército sin que este haga nada.
El crimen organizado no se detiene aunque la militarización del país siga avanzando, pues los criminales están dentro de las estructuras del poder.
El CIPOG-EZ sin embargo resiste con todo en contra. Resiste el historial de ataques a sus comunidades. Resiste desde 2015 la invasión de la banda criminal “Los Rojos” y ahora “Los Ardillos”. Resiste al gobierno municipal de Chilapa de Álvarez controlado por esta banda. Ha resistido y sigue resistiendo a pesar de tantas muertes, desapariciones y desplazamiento forzado de comunidades enteras. Resiste tenazmente toda clase de violaciones y agresiones cotidianas contra niñxs, mujeres, hombres y ancianxs. Resiste como muchos pueblos originarios más de 500 años de desprecio por sus vidas y por la vida de sus tierras y aguas contra explotadores de ayer y hoy que sólo buscan mercancías que pueden saquear.
Les decimos a las compañeras y compañeros del CIPOG-EZ de los pueblos Nahua, Me’phaa, Amuzgo, Naa Savi y afrodescendientes que desde nuestras geografías abrazamos su digna rabia y su lucha y que acompañamos sus pasos. Nos comprometemos a combatir el cerco informativo que los invisibiliza y que sólo muestra las demagogia del gobierno que maquilla realidades.
Refrendamos a las compañeras y compañeros del CIPOG-EZ que no están solxs, que no olvidamos ni perdonamos el desprecio de los malos gobiernos y que estamos construyendo otro mundo donde su desprecio, su despojo, su explotación y represión no caben.
Para adherirse al pronunciamiento, envía tu nombre o el nombre de tu organización o colectivo a: pronunciamientocipogeznov2022@gmail.com.
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS!
¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS!
¡QUEREMOS JUSTICIA Y VERDAD PARA NUESTROS HERMANOS ASESINADOS!
¡NI UN ASESINADO MÁS!
¡VIVA ADÁN LINARES!
¡VIVA MOISÉS CUAPIPISTENCO!
¡VIVA GUILLERMO HILARIO MORALES!
¡VIVA EL CIPOG-EZ!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!
COLECTIVOS, REDES Y ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBEN EL PRONUNCIAMIENTO:
Raíces en Resistencia
Red de Apoyo Iztapalapa Sexta (RAIS)
Grietas en el Muro, Espacio de Coordinación
Mujeres y la Sexta
Red MyC Zapatista
Espoir Chiapas Francia
Colectiva Red de mujeres del Oriente del Edo de Méx
Organización Popular Francisco Villa De Izquierda Independiente
Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes
Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco
Colectivo CNI-Totonacapan
Red de Rebeldía y Resistencia Puebla
Vendaval – Cooperativa panadera y algo más
Colectiva de Mujeres Tejiendo Resistencias
Groupe CafeZ (Bélgica)
Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG
Colectivo Zapatista Neza
Café Zapata Vive
Regeneración Radio
UPREZ Benito Juárez
Colectivo Aequus.- Promoción y defensa de Derechos Humanos, Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia
Comunidad Indígena Otomí residentes en la CDMX
Resonancias Radio
Laboratorio Popular de Medios Libres
Noticias de Abajo
Zapateando Medios Libres
Plantón por los 43
Colectivo La Ceiba
Brigada de Salud Zapatista Pantitlán
Mujeres que Luchan, Resisten y se Organizan
Bazar Rebelde
Escuelita Autónoma Otomí
SUTIEMS
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”
Red Mexicana de Trabajo Sexual
Radio Zapote
Brigada Josué Moreno Rendón
Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala – RRR
Universidad de la Tierra en Puebla
Frente por la Autodeterminación Ernesto Guevara.
Maderas del Pueblo del Sureste, AC. y Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
Colectivo Jóvenes Comuneras y Comuneros de Milpa Alta
Colectiva Corazón del tiempo Puelmapu Norpatagonia Argentina
Individu@s:
Sara Alicia Andrade Narváez
Blanca Ibarra
Roxana Bolio
Leonel López
María de Lourdes Mejía, Madre de Carlos Sinuhé Cuevas
Roberto Rodríguez Contreras “Gato”
33
Heriberto Rodríguez, Fotoperiodista
David Villarreal Zavala
Blanca Estrella Ruiz
Martine Gerardy
Elvira Madrid Romero
Luisa Riley
Manuela Martínez de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco
SIlvia Resendiz
Donaji Meza de la comunidad de Milpa Alta CDMX
Lesly Yobany Mendoza Mendoza, Cooperativa Just Seeds, Cd Monstruo
Sonia Tuset
Estudiosos y defensores de derechos humanos coinciden que en los últimos años se ha acelerado la militarización en México y su proceso de institucionalización por medio de reformas constitucionales, leyes y decretos presidenciales.
La medida más reciente se dio el miércoles (9) con el Senado de México emitiendo la declaratoria de aprobación de la reforma que extiende hasta 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. La reforma modifica el decreto de reforma constitucional de 2019 que creó la Guarda Nacional, y que determinaba la militarización hasta 2024.
En una de las conferencias de prensa que realiza todas las mañanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a los críticos de la medida, “no quieran los autoritarios pasar como defensores de Derechos Humanos. Utilizaban al Ejército para tareas de seguridad nacional sin fundamento constitucional. Son unos reverendos hipócritas”.
Por ser una reforma constitucional, el proyecto necesitó, además de la aprobación del Congreso de la Unión, ser avalado, mínimamente, por la mitad de los 32 congresos estatales; 20 lo aprobaron. Ahora solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Anteriormente, en septiembre de 2022, el Congreso había aprobado la propuesta del presidente de transferir a la Guardia Nacional, que por la Constitución debería tener un carácter civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En su campaña electoral AMLO hizo la promesa de cambiar la estrategia de seguridad llevada a cabo por sus antecesores, justamente porque desplegaron a las fuerzas armadas en tareas policiales. Ahora niega que las acciones de su gobierno están militarizando el país.
“Una de las narrativas que hemos escuchado es que las fuerzas armadas han cambiado y que, por eso, seria excesiva nuestra preocupación [de los organismos de Derechos Humanos]”, sostuvo Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), durante conversatorio sobre militarización en México promovido por el Diálogo Interamericano y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Aguirre enmarcó algunos cambios y también continuidades en relación a gobiernos pasados. Un primer dato es que el número de efectivos desplegados en el territorio nacional es mucho mayor en el presente. “En la administración de Felipe Calderón eran alrededor de 50 mil efectivos militares desplegados y hoy son alrededor de 90 mil”, sostiene.
Miembros de la Guardia Nacional de México marchan en el desfile militar del Día de la Independencia, en el Zócalo de Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2019.
Además, el actual gobierno ha otorgado a las Fuerzas Armadas funciones del Ejecutivo, como responsabilidades en obras públicas y en proyectos de políticas públicas.
La continuidad destacada como más relevante por Aguirre es la ausencia de controles civiles externos que aseguren la rendición de cuentas de los militares. De hecho, “eso se ha profundizado”, dijo.
Cuando hay una violación de derechos humanos cometida por el Ejército, la Marina y, ahora, por la Guardia Nacional, deben entrar en escena varios controles para investigar estos hechos, de manera que los responsables rindan cuentas.
Por un lado, están los controles internos de las propias instituciones castrenses. “Estos nunca han funcionado en México, porque hay un espíritu de cuerpo que propende a la impunidad”, sostuvo.
La Guardia Nacional, por ejemplo, creada en el sexenio de López Obrador, como menciona Aguirre, incluyó un área de asuntos internos “muy fuerte en el diseño legal, incluso la Ley de la Guardia Nacional dice que el nombramiento de la cabeza de esta área le corresponde al presidente”. Sin embargo, cuenta, se puso en la mano de un ex general con antecedentes de haber participado de casos de tortura. “Desde luego nada bueno iba a ocurrir con esta unidad”.
Por otro lado, están los controles externos civiles. “Estos son débiles”, califica. Uno de ellos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), registró entre 2019 y agosto 2022, 1,560 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); 308 contra la Secretaría de Marina (Semar) y 1,613 contra la Guardia Nacional. “Pero solo ha emitido 15 recomendaciones en estos años sobre las fuerzas federales”.
En relación a otros controles, como la Fiscalía General de la República o el poder judicial, “todos se auto inhiben cuando se trata de las Fuerzas Armadas”. Al día de hoy hay alrededor de “28 sentencias condenatorias federales por eventos de violación de derechos humanos contra las Fuerzas Armadas, cuando hay mas de 10,700 quejas en los últimos años”, sostiene.
Lo que Aguirre llama de auto inhibición también “la podemos ver con respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene diez asuntos muy importantes sobre estos cambios legales recientes relacionados con la militarización, sin resolverse”.
Los controles parlamentarios tampoco están funcionando, según su evaluación. Para citar un episodio reciente, tenían que comparecer ante el poder legislativo el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina para explicar la reciente vulneración de la seguridad digital del Ejército y no lo hicieron. “Se negaron a comparecer ante el poder legislativo y llamaron a los diputados a comparecer en privado en las instalaciones de la secretaria de la defensa”.
Más violencia
La investigadora del Programa de Política de Drogas, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sara Velázquez, sostiene, con base en investigaciones desarrolladas por su programa, que cuando el Ejército ejerce funciones de seguridad pública, el número de homicidios a nivel municipal aumenta en hasta 9%. “Hay una correlación entre despliegue militar y aumento de homicidios”, explicó la investigadora durante el conversatorio.
También identificaron la correlación entre militarización y letalidad. Las Fuerzas Armadas tienden a recurrir de manera más común al uso ilegítimo de la violencia letal. El Ejército suele matar mas personas que hieren o detiene, relata.
“En 2021, el Ejército reportó matar a 5 civiles por cada uno que detenía. Es un índice de letalidad muy preocupante. Los militares actúan con la lógica de guerra, cuando en labores de seguridad pública se espera que las instituciones detengan o inhabiliten sin matar a las personas, de manera que sea el poder judicial quien determine si son o no ‘criminales’”, señala Velázquez.
Para Aguirre, el opuesto a la militarización es el fortalecimiento de la perspectiva civil en seguridad, pero sobre todo el opuesto a la militarización es la justicia. “Tener fiscalías y, sobre todo, una fiscalía federal capaz de desestructurar redes criminales”.
Después de la revuelta y la coyuntura constituyente, por su vigencia, compartimos análisis publicado por Grupo Anarquista Germinal de Concepción.
Hoy es el tiempo de las organizaciones, de los colectivos, de las capuchas y de las horizontalidades. El gobierno no entiende que esto es una lucha que comenzó mucho antes del regreso a la democracia, ya que era una lucha por la cual nos levantamos pobladores y pobladoras, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, dueñas y dueños de casa, niños, niñas, y jóvenes que queríamos un nuevo Contrato Social que incluyera a todos y todas. Pero al final ¿Qué obtuvimos? Un pacto social a nivel de partidos políticos, el cual no incluyó a nadie más que a ellos mismos. Es más, han estado legislando acuerdos que les han beneficiado y a través de ellos a las grandes fortunas de Chile. Ya lo decíamos a fines de los 80, que lo que nacía era una partitocracia, ya que la única forma que se observa y se permite para representar o ser representante es a través de los partidos políticos.
En los 90, se gestó una nueva forma de relacionarse y actuar, la cual cuestiona la estructura autoritaria y excluyente de las organizaciones tradicionales. Sin embargo, con prácticas traídas de los años 80´s, se han construído organizaciones que lentamente han sido cooptadas e impregnadas de autoritarismo y falsos liderazgos (no es que haya un liderazgo verdadero). Sin embargo, aún existen organizaciones que su objetivo sigue siendo el Contrato Social inclusivo, y son estas quienes se manifiestan sin líderes, sin dirigentes y logran permear a la sociedad toda, que lentamente va descubriendo su fuerza y su solidaridad de lucha.
Esta lucha en casi 4 semanas ha logrado visibilizar de forma activa y preocupante las demandas más urgentes, que nada tienen que ver con los $30, y algo que muchos de los saqueadores están haciendo es reaccionando y devolviendo lo robado a la gente, como el caso de las aguas donde había ríos secos, con gente sin poder alimentar a sus animales o mantener sus cultivos, mientras un señor mantiene muchas hectáreas muy bien regadas. Hoy, así como esos ríos que retoman su caudal, el pueblo en su conjunto, a través de las organizaciones sociales y populares, lejos de partidos que han sido durante muchas decadas directores de las luchas, también ha comenzado a caminar en una vía de autorepresentación, el tomar la acción y la palabra, apuntando a los cambios profundos que cuestionan este modelo de capitalismo radical.
Como anarquistas, vemos que esta manifestación de protesta ha logrado generar un cambio de paradigma en la lucha social, ha mantenido una revuelta atacando símbolos económicos que son el sosten de este sistema, ya no en crisis, sino definitivamente en derrota, de la misma forma que los liberales se refieren al socialismo de Venezuela como un sistema que no da respuestas, de igual forma el liberalismo chileno, tampoco da respuesta, ya que está construído sobre una ilusión ideológica impuesta por las armas y mantenida por el endeudamiento individual.
El pueblo y las organizaciones horizontales y de afinidad, han logrado mantenerse en la calle con y a pesar de los milicos, lejos de disminuir las manifestaciones, han aumentado, con mucha gente que se ha sumado contra la represión policial.
Pensamos que paralelo a la manteción de las barricadas y la protesta en los centros de las ciudades, es necesario avanzar en activar y organizar asambleas populares, reales, e ir definiendo las estrategias y los planteamientos de lucha con diálogos, con territorios liberados de represión y del poder estatal. Un pliego de Chile mínimo con el cual avancemos a una nueva restructuración de la sociedad: más solidaria, más activa y combativa.
Segunda parte.
El estallido/revuelta del 18 de octubre, viene a ser una expresión del desagrado/odio a los permanentes desprecios de la oligarquía y las élites, no solo las políticas, sino las económicas, militares y gubernamentales. Sin embargo, ¿Basta la rabia o el hastío para iniciar una revuelta? ¿Una revuelta puede ser el inicio de una revolución?
Estas dos preguntas me han dado vueltas desde marzo del 2020, cuando la revuelta disminuye con la pandemia y volvemos a casa de forma obligada (o en realidad como un acto disciplinario). Esta vuelta a casa, está acompañada de deseos de transformación en algunas de las propuestas o demandas como son las pensiones con el fin de las AFP, educación igualitaria y gratuita, libertad de los presos en la revuelta o simplemente, poder ser parte y disfrutar de este modelo de desarrollo, ya no como observadores sino beneficiados de los productos de este jaguar latinoamericano o de nuestro pequeño oasis neoliberal.
En simple, el estallido/revuelta desnuda las diversas expresiones sociales, y los saqueos no fueron por parte de los manifestantes que estaban en las marchas, sino de grupos que ya habían probado que en los momentos de inestabilidad sea por causas naturales como fue el 27-F, el saqueo es una forma rápida de acceder a los productos negados, no sólo los básicos, sino los de placer, la mercancía ya no escindida sino incluida, que este capitalismo ofrece. Por otro lado, los que han mantenido una propuesta revolucionaria al estilo siglo XX, también se sumaban a quemar las calles, o como me gusta decir, iluminar la oscuridad. Este estallido, dio posibilidad de poner en acción tácticas de milicia popular urbana, atacando comisarias, donde se sumaron algunos jóvenes y otros no tantos donde expresar el odio a la representación más dura del Estado como es la policía. Pero los que más se hicieron presente fueron aquellos, que bajo una disciplina controladora como diría “Foucault” de la organización sindical o gremial, quienes marchaban en una expresión simbólica de rotación a las calles, pero que, llegada la hora se retiraban, dejando paso a quienes estaban en la espera de tomar la plaza y defenderla durante horas, las primeras líneas de defensa.
En este grupo, aparece el pueblo, no el militante, ni el activo, sino el marginal, el que no cabe en un sindicato, ya que su trabajo es part time, o por cuenta propia, excluido del mundo revolucionario tradicional, aquel que no responde a orgánicas, sino que construye relaciones en el campo mismo, organizando, planeando la estrategia de lucha, levantando barricadas con los adoquines. Explorando nuevas formas de expresión y sobre todo compartiendo espacios afectivos, muchos como primera vez, confiando y apoyando/se con otros iguales. También, el arte sale a la calle, como expresión cultural, murales, fotografías, conciertos en las esquinas, Bach, Mozart, Wagner, Violeta Parra, Víctor Jara suenan entre violines y chelos, entre flautas y pianos, toda una fiesta cultural, donde cada uno, aporta desde su quehacer. Son los primeros días de la revuelta, el campo de Guerra del enemigo poderoso e imaginario, el terror de la oligarquía a perder sus privilegios y sus prestigios, o súper 8.
Las luchas populares llevadas a los centros neurálgicos de las ciudades, por aquellos excluidos, tanto social como político y económicamente, se expresaban en pequeños triunfos, el lograr que la policía no ocupe los espacios liberados de acción cultural: la radio, las ollas comunes, los grupos, los “fumetas” y otros que ocupaban la plaza como nunca habían podido hacerlo.
La no existencia de banderas, no era una regla, sino una consecuencia que los militantes, muchos, no estaba de acuerdo de participar en espacios des-orgánicos o donde los acuerdos partieran desde la plaza o desde los Tribunales y no desde las mentes preclaras de comisiones políticas o comités centrales. Por tanto, la no presencia de banderas partidarias es un adelanto de lo que vendría con la firma del acuerdo del 15 de noviembre. La desconfianza de la realpolitik que salvó a Piñera y de paso a la democracia en crisis. Mejor un político de carrera que un pueblo inexperto en artes del poder.
No solo los partidos quedaron fuera de la calle, sino también la iglesia. Los símbolos para estatales por antonomasia, fueron rechazados hasta la expresión ardiente de sus acciones quemando mobiliarios eclesiásticos o de algunos partidos, sobre todo de derecha. Ni los curas, ni los pastores, ni los dirigentes políticos estaban presentes, ya que, este estallido/revuelta era una expresión de los que siempre han estado abajo, junto a quienes mueven la economía. Podría ser, sin serlo, una revuelta con ribetes de clase, donde la famosa clase media se amalgamó con la clase trabajadora y con lo popular. Todos juntos levantando barricadas contra la represión.
Sin embargo, al igual que una rabieta infantil, la expresión violenta de la acción y la palabra genera un gasto de energía, la cual tiende a volver a un punto anterior. Baste hacer la siguiente observación: hoy son pocos quienes dicen que estuvieron en la calle en el estallido/revuelta.
Al igual que en aquellos países, donde la posibilidad de revolucionar lo social fue llevado a la practica en su forma mas expresiva, en la revuelta. La sociedad, sobre todo aquella que responde a los ausentes de este evento/episodio social tienden a buscar un equilibrio político, en realidad lo imaginado como deseo, pero que hace que el poder y sus expresiones se fortalezcan y profundicen su radicalidad, ejemplo, las largas prisiones preventivas de los jóvenes detenidos en el estallido, muchos sin pruebas y otros solo con evidencias inventadas por los pacos intra marchas. Pero ahí están, presos aún, a tres años. El estado debe enviar su mensaje a los rebeldes, a los que traten nuevamente de levantarse contra la elite. Esta vez no hubo desaparecidos o ejecutados de forma masiva, pero si muchos mutilados y asesinados.
Se podrá decir que el estallido/revuelta no llegó a ningún lado, pero, al igual que la rabieta del niño, el estado debe revisar su practica al igual que las oligarquías velar que las diferencias sociales no sean tan drásticas. No es solo la pobreza, sino la exclusión y este proceso aun no termina, aun estamos afilando los dientes.
SEGUIR LA LUCHA HASTA QUE SE VAYAN TOD@S, ORGANÍZATE PARA LUCHAR NO PARA DIRIGIR.
En portada: Un soldado estadounidense observa mientras un helicóptero de asalto AH-64 Apache vuela por encima durante un patrullaje por los campos petrolíferos de Suwaydiyah en la provincia de Hassakeh, al noreste de Siria. 13 de febrero de 2021
“A medida que se desaten la hambruna, las enfermedades y las catástrofes derivadas del cambio climático abrupto, las necesidades de muchos países excederán su capacidad de respuesta. Eso generará una sensación de desesperación, que probablemente desemboque en una agresión ofensiva para recuperar el equilibrio (…). Las perturbaciones y los conflictos serán características endémicas de la vida”.
Este fue el diagnóstico de un estudio encargado en 2003 por el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los EEUU, a la consultora Global Business Network. La advertencia era que el cambio climático podría conducir a una “nueva Edad Media”.
La concepción que se fue consolidando principalmente en la última década por los Estados del norte mundial y por organismos transnacionales, como la alianza militar de los países del norte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es que el cambio climático es un ‘multiplicador de amenazas’ o un ‘catalizador de conflictos’ y que, por lo tanto, socavará la seguridad mundial y, consecuentemente, la seguridad interna de estos países.
Un memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, de 2016, sobre los efectos del cambio climático en la seguridad nacional, describe los efectos de la crisis climática para los próximos 20 años: el aumento de las tensiones sociales y políticas, efectos adversos sobre los precios y la disponibilidad de los alimentos, inundaciones de las costas, aumento de las migraciones, aumento de los riesgos para la salud humana y escasez de agua.
Señala que los países con “instituciones políticas débiles, con malas condiciones económicas, o donde otros factores de riesgo en términos de conflictos políticos ya están presentes, serán los más vulnerable a la inestabilidad relacionada con el clima”.
En un escenario previsto de guerra, la crisis climática ha sido incorporada a la lógica militar, pasando a ser considerada como un problema de seguridad. “Antes creían que el cambio climático era soft power [poder blando, término inglés para describir la capacidad de un actor político para incidir en las acciones de otros] pero ahora se han dado cuenta de que es una cuestión vital”, declaró Annalena Baerbock, ministra de exteriores de Alemania, durante la cumbre de la OTAN, en junio de 2022, compuesta por 30 países de la zona norte del Atlántico.
Mujeres desplazadas que transportan sus pertenencias llegan a Bossangoa, República Centroafricana, tras huir de la violencia. Crédito: ACNUR
Concretamente, lo que se ha llamado seguridad climática se integra cada vez más en las estrategias de seguridad nacional, en la planificación de la defensa, las evaluaciones de inteligencia y los planes operativos militares de organizaciones como la OTAN, países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y bloques como la Unión Europea.
“A medida que la destrucción ambiental se agudiza y la disponibilidad de fuentes energéticas disminuye, la respuesta militar se ve fortalecida”, sostiene la socióloga y especialista en economía ambiental, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), Maritza Islas Vargas.
En los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama, en su último año de gobierno, en septiembre de 2016, en el memorándum presidencial Cambio Climático y Seguridad Nacional, “ordena a los departamentos y agencias federales que garanticen que los impactos relacionados con el cambio climático se consideren plenamente en el desarrollo de la doctrina, las políticas y los planes de seguridad nacional”.
Su sucesor, el expresidente Donald Trump, puso en cierta pausa la securitización de la crisis climática; sin embargo, una de las primeras medidas del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue la retomada de dicha política.
En una orden ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, de enero de 2021, resalta que “es política de mi Administración que las consideraciones climáticas sean un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Establece que el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto “considerarán las implicaciones de seguridad del cambio climático (…) al desarrollar la Estrategia de Defensa Nacional”.
Ordena que el director de inteligencia nacional prepare estimación “sobre los impactos del cambio climático en la seguridad nacional y económica” y que distintos órganos de seguridad realicen “un análisis de las implicaciones de seguridad del cambio climático que se pueden incorporar en el modelado, la simulación, los juegos de guerra y otros análisis”.
A partir de enero de 2022, el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto pasaron a tener que presentar una “actualización anual, a través del Consejo de Seguridad Nacional, sobre el progreso realizado en la incorporación de las implicaciones de seguridad del cambio climático en las normativas y procesos” que involucran la seguridad de los Estados Unidos.
Las fuerzas armadas utilizan una gran cantidad de combustible y despliegan armas que tienen impactos ambientales duraderos.
De acuerdo con el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y autor del libro ‘Geopolítica, espacio poder y resistencia en el siglo XXI’, David Herrera Santana, el Pentágono trabaja con la concepción de que es necesario adaptarse “a lo que ya está, ya que las disrupciones sociales y políticas son inevitables; a partir de esta adaptación hay que producir un sistema resiliente, un sistema capaz de sostenerse, de reproducirse, de mantenerse, a pesar de las disrupciones que se revelen en el futuro”.
La OTAN sigue la misma lógica. En junio de 2022 volvió pública la actualización de su “concepto estratégico”, que establece su estrategia militar y de seguridad para 10 años, en el que se detallan las amenazas que enfrentan sus aliados y explica cómo pretende enfrentarse a ellas. Por primera vez, la crisis climática es considerada como uno de los retos de seguridad.
“Es un hecho lamentable pero inevitable que el cambio climático aumentará considerablemente los riesgos para la seguridad de nuestros ciudadanos. Los militares de la OTAN, y la Alianza en su conjunto, desempeñarán un papel activo y sustancial para ayudar a abordar estos riesgos”, describió en un informe de 2022 el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Herrera Santana enfatiza que es importante entender el contexto de la militarización en los días de hoy, sin olvidar que no se trata de algo completamente nuevo.
“La guerra es el escenario y el eje de articulación del mundo capitalista. La guerra es la fundación del estado moderno y del sistema mundial. La guerra es una constante que se vuelve política, que se normaliza, que se hace cuerpos, se hace escala, se hace una cotidianidad. Lo que estamos viviendo hoy es una reestructuración de estas formas militares”, con el enfoque ‘verde’.
Justificación para el intervencionismo
El aumento de los conflictos por acceso a los recursos derivado de la agudización de la crisis climática es una proyección recurrente en los informes de seguridad e inteligencia.
En el documentoCambio Climático y la Seguridad Internacional, de 2008, el entonces Secretario General del Consejo de la Unión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana Madariaga, subrayó que de los conflictos potenciales más significativos por los recursos se deriva de una intensificación de la competencia por el acceso a los recursos energéticos y su control.
“Debido a que gran parte de las reservas mundiales de hidrocarburos se encuentran en regiones vulnerables a la incidencia del cambio climático y debido a que muchos Estados productores de petróleo y gas hacen frente ya a desafíos sociales, económicos y demográficos de importancia, la inestabilidad aumentará probablemente”, menciona Madariaga.
Además, previó acertadamente desde hace 14 años que “a medida que, por efecto del cambio climático, se abran regiones anteriormente inaccesibles, se intensificará la carrera por los recursos”, hecho que está ocurriendo con el deshielo glaciar en los polos, por ejemplo, que deja al descubierto recursos minerales nuevos.
El mandatario alerta que, si la comunidad internacional no hace frente a las amenazas, “la incidencia del cambio climático dará a las a la política del resentimiento entre los
mayores responsables del cambio climático y los más afectados por el mismo (…)”.
Recomienda que, en especial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G8 (el grupo de los ocho – Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) así como en los organismos especializados de las Naciones Unidas, centren su “atención en los riesgos para la seguridad relacionados con el cambio climático”.
Para la socióloga Islas Vargas, incorporar el problema climático o ambiental a la lógica militar “permite justificar el intervencionismo en territorios con amplia disponibilidad de combustibles, minerales, agua, tierra”. A su vez añade que “las zonas de provisión de recursos se vuelven áreas de conflicto; las resistencias socioambientales, objetivos de guerra o potenciales enemigos”.
Soldados estadounidenses observan la quema de yacimientos petrolíferos tras la invasión de Estados Unidos en 2003.
Las organizaciones FUHEM Ecosocial y el Transnational Institute (TNI), en su estudioAproximación a la seguridad climática: Los peligros de militarizar la crisis climática, también alertan sobre los riesgos de las soluciones a la crisis climática basadas en la seguridad. “El problema fundamental cuando se considera el cambio climático como un asunto de seguridad es que se responde a una crisis provocada por la injusticia sistémica con soluciones de ‘seguridad’, configuradas en una ideología e instituciones concebidas para buscar el control y la continuidad”.
Además, las soluciones basadas en la seguridad excluyen otras soluciones de tipo colaborativo. “En esta época en que controlar el cambio climático y
garantizar una transición justa exigen la redistribución radical del poder y la riqueza, la
estrategia de seguridad busca perpetuar el statu quo”.
¿Quién gana con el militarismo verde?
De acuerdo con el estudio de FUHEM Ecosocial y TNI, las ventas acumuladas de la industria de armas se duplicaron entre 2002 y 2018, de 202,000 millones de dólares a 420,000 millones de dólares, y grandes empresas, como Lockheed Martin y Airbus, ampliaron su ramo de negocio a todos los ámbitos de la seguridad.
La industria prevé, según el mismo estudio, que el cambio climático y la inseguridad, que traerá aparejada, impulsarán aun más esas ventas. En un informe de mayo de 2021, Marketandmarkets pronosticó que el sector de la seguridad nacional tendrá más ganancias debido a “condiciones climáticas dinámicas, el aumento de las calamidades naturales, el énfasis del Gobierno en las políticas de seguridad”.
Otro factor es que las fuerzas militares de todo el mundo son los mayores contaminantes del planeta – por ejemplo, un informe del Congreso de Estados Unidos indica que el Pentágono es el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo; y el 16% del presupuesto del departamento de defensa de los Estados Unidos está destinado a la protección militar de transporte de combustible.
En torno al 66% de las misiones militares de la Unión Europea están relacionadas con asegurar la extracción y el transporte de combustibles fósiles, de acuerdo con estudio de la organización Ecologistas en Acción.
Entonces lo que están planteando es una transición energética de las propias fuerzas militares, presumiendo un militarismo ‘verde’. Por ejemplo, en 2010, de acuerdo con el informe de las organizaciones, Boeing obtuvo un contrato por 89 millones de dólares con el Pentágono para desarrollar el avión no tripulado SolarEagle, que tiene la ventaja de considerarse una tecnología ‘verde’.
Otro ejemplo mencionado en el estudio es que, en 2013, el Pentágono invirtió 5 millones de dólares para desarrollar balas sin plomo que, según las declaraciones de un portavoz del ejército de Estados Unidos, “pueden matarte o dispararle a un objetivo sin peligro para el ambiente”.
Afectación a las estructuras militares
Otra preocupación recurrente en los diferentes reportes militares son las consecuencias del cambio climático en las instalaciones e infraestructura militares, ya sean fijas o desplegadas.
Un oficial de la policía militar camina cerca de una puerta destruida en la Base de la Fuerza Aérea de Tyndall en Florida tras el huracán Michael el 12 de octubre de 2018. El Pentágono dice que el cambio climático es una preocupación de seguridad nacional.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses, por ejemplo, registran que han perdido más equipos e infraestructuras militares por las catástrofes naturales que por los conflictos armados de Afganistán e Irak juntos.
Un informe del Pentágono de 2018 revela que la mitad de 3,500 zonas militares padecían los efectos de seis categorías clave de fenómenos meteorológicos extremos, como marejadas ciclónicas, incendios forestales y sequías. Identificaron 1,774 bases expuestas al aumento del nivel del mar. Una de ellas, la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, es uno de los mayores centros militares del mundo y padece inundaciones anuales, según el estudio de las organizaciones.
La OTAN también ha manifestado dicha preocupación, “tendremos que adaptar nuestro equipo, formación, instalaciones, operaciones, tecnologías y asociaciones, con el fin de mantener nuestra eficacia operativa en el clima cambiante”.
