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Avispa Midia

Detienen a activista Otomí de la Casa de los Pueblos Samir Flores, antes el INPI

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto por Santiago Navarro F

Este jueves (5) de agosto, un grupo de golpeadores atacó brutalmente a manifestantes pacíficos que se habían congregado frente a la Alcaldía de Xochimilco para exigir el retiro de una denuncia contra la activista Hortensia Telésforo, una destacada defensora del territorio y el agua en San Gregorio Atlapulco, en ciudad de México (CDMX). Tras estos actos de violencia, la policía de la alcaldía quedó como simple espectadora, hasta que intervino para detener a varios manifestantes, entre ellos, a la activista indígena, de 21 años, Anselma Margarito de la comunidad Otomí residente en CDMX.

El activista Diego García dijo para Avispa Mídia que el mitin planeado inicialmente frente al Reclusorio Sur fue trasladado a la Alcaldía de Xochimilco debido al paro de labores que sostiene el poder judicial. “El objetivo era visibilizar la criminalización que está sufriendo la compañera Hortensia Telésforo”, dijo García. A pesar de la naturaleza pacífica de la protesta, los manifestantes fueron agredidos violentamente.

Hortensia Telésforo, reconocida en su comunidad por su incansable labor en defensa de los derechos de los pueblos originarios, el medio ambiente y, en particular, el agua, enfrenta una carpeta de investigación en su contra, presentada por las autoridades locales de Xochimilco. Su trabajo incluye la recuperación de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, un centro cultural y de educación sobre los derechos indígenas y la protección del agua.

De acuerdo con las declaraciones de García, el grupo de choque, que apareció de forma sorpresiva, parece haber sido auspiciado por la alcaldía de Xochimilco. “La policía estaba presente, pero no hizo nada para detener la agresión. En lugar de eso, se limitaron a observar mientras nuestras compañeras y compañeros eran brutalmente golpeados”, señaló. “En especial responsabilizamos a Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno (de CDMX), y José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco ”

La joven activista de la comunidad indígena Otomí y otro más conocido como El Gato de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, “fueron golpeados y trasladados a la Fiscalía de Xochimilco, aunque más tarde se supo que fueron llevados a la alcaldía de Tlalpan”, detalla el activista García. 

García no duda que la detención haya sido selectiva, ya que Anselma ha sido una voz destacada de su comunidad, quien comenzó su activismo siendo apenas una adolecente. “Anselma ha sido una vocera clave en la lucha por los derechos de su comunidad Otomí”, comentó García. “La agresión y la detención de ella y otros compañeros evidencian una estrategia sistemática de represión”, complementa.

Al cierre de esta nota se reportan cinco detenidos: Roberto Rodrigo Contreras (Gato); Jorge Manuel Cancino García; Uriel García Rosas; Penélope Estefanía Galicia Argumedo y Anselma Margarito Francisco quien “fue brutalmente golpeada en el rostro frente a testigos y torturada para silenciarla”, dijo García.

Mientras tanto, los activistas mantienen un bloqueó de las calles Gladiola y Francisco Goitia para exigir la liberación inmediata de sus compañeros. “Nuestra compañera es muy jóven y lo que sabemos es que fue brutalmente golpeada y esposada para que se callara. Hay una clara violación grave de sus derechos más elementales. Por tanto, vamos a mantener el bloqueo hasta que liberen a nuestros compañeros”, concluye García.

Anselma

Desde el 12 de octubre de 2020, Anselma junto a su comunidad decidieron tomar las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que ahora se conocen como la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, en memoria del activista asesinado por su resistencia al Proyecto Integral Morelos. Este acto de ocupación no es un capricho, sino una respuesta ante la falta de acción del gobierno para atender las necesidades de vivienda de la comunidad Otomí residente en ciudad de México.

En una entrevista que realizó Avispa Mídia días antes de esta detención, Anselma explicó la urgencia de la situación. “A pesar de los desafíos y la represión seguimos organizándonos, luchando y resistiendo. Los gobiernos cambian, pero las promesas incumplidas y la discriminación persisten. Debemos ser esa piedra en el zapato para los malos gobiernos, sin importar su color o partido”.

Ver también: México: Pueblos originarios y colectividades realizan un balance del despojo del agua

En un acto de congruencia de su actuar político, Anselma decidió participar de la manifestación en apoyo de la activista Hortensia Telésforo, ya que fue un acuerdo de la quinta Asamblea Nacional en la Casa de los Pueblos realizada el pasado mes de agosto, donde las voces se unieron para, “luchar y enfrentar los problemas que sufren nuestros pueblos. La contaminación del agua, el despojo de nuestros recursos y la represión. Son cuestiones que nos afectan a todos”, dijo en su momento la activista.

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ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA Y ORGANIZACIONES Y PUEBLOS SOLIDARIOS

¡Exigimos la aparición y liberación inmediata de todos nuestros compañeros y compañeras!

Hoy, 5 de septiembre, durante una movilización en defensa de los pueblos originarios y contra la criminalización en Xochimilco, la Fiscalía y cuerpos represivos realizaron detenciones y desapariciones forzadas en un contexto de represión violenta. Esta manifestación, que era libre y pacífica, tenía como objetivo exigir el retiro de la denuncia penal contra Hortensia Telésforo, quien ha defendido el territorio de su comunidad.

Un grupo de 30 golpeadores, portando armas blancas, atacó a manifestantes de varias organizaciones sociales frente a la Alcaldía de Xochimilco. La compañera Mayahuel, de Xochimilco, fue brutalmente agredida y arrestada, mientras otras compañeras de la radio y medios libres, junto con integrantes de pueblos originarios, también fueron atacadas. Se reportan 8 heridos, incluyendo agresiones sexuales, rostros ensangrentados y el robo de equipo. Las autoridades se niegan a informar sobre el paradero de los detenidos.

Entre las personas desaparecidas y detenidas están:

Anselma Margarita Francisco

Roberto Rodrigo Contreras (Gato)

Jorge Manuel Cancino García

Uriel García Rosas

Penélope Estefanía Galicia Argumedo

Anselma Margarita Francisco fue brutalmente golpeada en el rostro frente a testigos y torturada para silenciarla. Las autoridades ahora niegan que haya estado detenida.

¡Exigimos la aparición inmediata de Anselma, Gato, Jorge, Uriel y Penélope, así como justicia para todos los agredidos! Responsabilizamos directamente al Jefe de Gobierno, Martí Batres, y a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX por orquestar esta represión violenta en contra de quienes defendían el territorio.

Hacemos un llamado urgente a todas las redes, organizaciones y personas solidarias, a nivel nacional e internacional, a sumarse a esta exigencia de justicia. ¡No permitamos que la violencia institucional y la impunidad sigan desapareciendo a quienes luchan por la vida y los territorios!

Exigimos el cese inmediato de la criminalización de la autonomía y de quienes, como Hortensia Telésforo, defienden la vida. ¡Hortensia Telésforo no está sola!

Responsabilizamos a la Fiscalía 2 de Xochimilco y al gobierno de cualquier daño a la integridad física y psicológica de nuestros compañeros desaparecidos.

Recordamos que hoy, en el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, decidieron atentar contra la valentía de mujeres como Anselma que defienden sus territorios y derechos, a pesar de la represión que enfrentan. Tno olvidamos que el 30 de agosto conmemoramos a las víctimas de desaparición forzada, sin olvidar lo significativo que es septiembre para la lucha contra la violencia de Estado, especialmente por nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa y que aún así el gobierno asesino decide reprimir.

#HortensiaEsResistencia

#DefenderLaVidaNoEsDelito

#AltoALaCriminalización

#AltoALaGuerraContraLosPueblos

#PorqueVivosSeLosLlevaronVivosLosQueremos

#ApariciónInmediata

Atentamente

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA Y ORGANIZACIONES Y PUEBLOS SOLIDARIOS

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Red TDT | SERAPAZ | ALDEA | et al

Entregan carta de respaldo a Ostula en la SCJN organizaciones, redes y alianzas

Ciudad de México, 4 de septiembre de 2024

-Proceso judicial irregular podría despojar a la comunidad indígena nahua de 2 mil 760 hectáreas de su territorio y cederlas a privados

– La Suprema Corte tiene la oportunidad de hacer justicia y reconocer el territorio ancestral

La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), organizaciones nacionales como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH), la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (IMDEC); e internacionales como el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) en México y Front Line Defenders (FLD) presentaron cartas de respaldo en favor de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, Michoacán, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En las cartas manifiestan su preocupación por las persistentes irregularidades del proceso judicial que pretende arrebatarle 2 mil 760 hectáreas de su territorio a Santa María Ostula. Estas inconsistencias han sido señaladas por la comunidad indígena que desde 2023 emitió el amparo directo 463/2023 para el reconocimiento de la titularidad de sus tierras ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del décimo primer circuito de Morelia, Michoacán.

Esta es la última instancia a la que Ostula puede acudir para resolver el conflicto agrario que permanece desde el año 2004. El sistema judicial ha emitido resoluciones desfavorables hacia la comunidad, dando la pauta para que los “pequeños propietarios” tengan la posibilidad de despojar de su territorio a sus dueños ancestrales. Ante la resolución desfavorable más reciente, la comunidad de Santa María Ostula promovió un juicio de amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en Morelia, Michoacán, del cuál se espera una respuesta en las próximas semanas.

“Se han identificado, en el marco del proceso legal, múltiples violaciones al debido proceso: en particular, la negativa a contar con su propio perito y el incumplimiento de términos legales. Indebida notificación a las partes: La comunidad no fue debidamente notificada, lo que afecta su capacidad de defensa así como el incorrecto estudio y evaluación de pruebas que incluyen títulos, trabajos técnicos, resoluciones del caso, planos y actas, que no fueron correctamente valoradas” señala la carta entregada por las organizaciones nacionales.

Por su parte, las organizaciones que integran el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México, señalan que los derechos a la libre determinación, a la autonomía, al autogobierno y a las tierras, territorios y recursos, están íntimamente relacionados entre sí. Por lo tanto la violación a uno de ellos, implica la vulneración del resto. Reconocen su preocupación sobre las inconsistencias en el proceso: desde el abuso de autoridad de funcionarios del tribunal por la falta de traductores y mecanismos culturalmente apropiados para notificar a las autoridades indígenas, así como de engaños para obligarles a firmar documentación que les afectaba en el proceso judicial.

Finalmente le recordaron a la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal que las relatorías Especiales en materia de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus dos visitas oficiales a México han señalado que “La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios.” y que “Los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, deben agilizar los mecanismos existentes para asegurar la implementación de las sentencias dictadas a favor de los pueblos indígenas”.

Así, las agrupaciones exhortan a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la Ciudad de Morelia, Michoacán y a la SCJN a que impartan justicia y que se reparen las graves violaciones cometidas en contra de la comunidad: “La pérdida de estas tierras tendría un impacto devastador en la comunidad, afectando su sustento económico, sus prácticas culturales y su cohesión social y más preocupante, sentaría un precedente de despojo avalado a favor de pequeños propietarios y en contra de las comunidades indígenas que son el sustento de nuestro país”.

Las organizaciones firmantes señalan que esta es la última oportunidad para que el sistema judicial haga justicia y reconozca la posesión de las tierras ancestrales de Ostula, pues sus habitantes dependen de ellas para el mantenimiento de sus costumbres, tradiciones, autonomía y autodeterminación.

El Estado tiene la obligación y la oportunidad de generar condiciones de paz y seguridad para la población. Los grupos delincuenciales y de “pequeños propietarios” buscan despojar al Pueblo de su territorio de Xayakalan para apropiarse de la riqueza natural con la que cuentan, lo que además generaría el desplazamiento de cientos de familias que habitan en este terreno en disputa y se sumaría a la larga lista de agravios de los cuales la comunidad es víctima, entre los que destacan los 42 asesinatos y 5 desapariciones en contra de los y las comuneras de Ostula.”

Firmas

Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA). Articulación de pueblos, comunidades, colectivos y organizaciones civiles, con presencia en 19 estados de la República. Integrantes: Campeche: Ejido Miguel Colorado Champotón, Unión de Ejidos en defensa del Territorio Maya, Observatorio de violencia social y de género, Colectivo Vidas, Mujeres por un Nuevo Amanecer, REDMYH A.C., Colectivo Maya de los Chenes; Chiapas: Proyecto Educador Comunitario Indígena, región VI Selva Cañadas, Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio-Ocosingo (MODEVITE Ocosingo), Comunidad Suclumpa Salto de Agua Chiapas, Gobierno Comunitario de Chilón centro de atención Bachajon: 1. Centro Bachajón,2. Xlemlajanten, 3. Las Limas, 4. San Sebastian Bachajon, 5. Yulub-max, 6. San Martín Cruzton,7. Jalal 1 Sección, 8. Las conchita, 9. Joybe yetal wits, 10. Pataliha, 11. Yaxtelha, 12. Uxyoquet, 13. Julba Pimil San Sebastian, 14. Chic abantelho, 15. San marcos uhaayil, 16. Ti cantelha, 17. Julbacpimil, 18. San pablo Chalam chén, 19. Yax winie, 20. Primavera, 21. Uhcayil, 22. Centro Cacualha, 23. Jetoaquil, 24. Ahlan Cacualha, 25. Waleha sil, 26. San Martin Pino Suárez, 27. Israel, 28. Carmen Cacualha, 29. Coral Ch´en, 30. Nich´ te´el, 31. Nueva Palestina, 32. Nuevo Tepeyac, 33. San Marcos Buena Vista, Gobierno Comunitario de Chilón, centro de atención C’ubwitz: 1. Sacun C’ubwitz, 2. Sacun Saquila, 3.Bawitz Jerusalén, 4. Jol sacun, 5. Sacun palma, 6. Sacun San Pedro, 7. Yochibja, 8. Q’uicisal, 9. Onteel, 10. Axupja, 11. Jol Axupja segunda Sección, 12. Mojón, 13. C’anal Ulub, 14. Nup’ha, 15. Laguna Verde, 16. Crucero Saquila, Tianguis Campesino, CDH Fray Pedro, Bienes Comunales de la Selva Lacandona BCZL, Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE), 20 De Noviembre, Santa Cruz La Reforma, Red Ambiental en Defensa de los Humedales de San Cristóbal, Enlace Capacitación y Comunicación región Ocosingo,Organización de los Pueblos Autónomos Maya de los municipios de Salto de Agua, Palenque, Tumbala y Yajalon; Chihuahua: Bosques San Elías Repechique, Huitosachi, Bacajípare, CONTEC, A.C.; Ciudad de México: Coordinadora Agua para todas y todos, agua para la vida, Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C., Fundación para el Debido Proceso DPLF, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Colectivo de Abogadas, Oxfam México, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible CCMSS, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Enlace Comunicación y Capacitación Ciudad de México; Estado de México: Comunidad de Tepetlaoxtoc, Pueblo Indígena Otomí de San Francisco Magú, Concejo Comunitario de San Jerónimo Amanalco, Texcoco, Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) – Atenco; Guerrero: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Huehuetán municipio afromexicano por el principio de la Libre Determinación, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Enlace Comunicación y Capacitación región Guerrero; Jalisco: San Lorenzo Azqueltán, Comunidad de Indígena de Tepizoac, San Juan de los Potreros; Michoacán: Defensores Comunitarios de Nahuatzen, Santa María Ostula, Xamoneta colectiva, Cherán Habitantes de la Comunidad Purhépecha de Comachuén, Carapan, Ésheni (Pichátaro y Zirahuen), Cheranatzicurín, Sevina; Nayarit: NuIwari A.C., Asamblea Permanente de la Comunidad Náayeri de Jazmín del Coquito; Oaxaca: Enlace Región Tlaxiaco, San Sebastián Ocotlán, San Jacinto Ocotlán, Tejas de Morelos,San Felipe Apóstol, San Matías Chilazao, San Jacinto Chilateca, Maguey Largo, Oaxaca El porvenir, Oaxaca, Servicios del Pueblo Mixe (SER A.C.), Enlace Comunicación y Capacitación A.C., Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), San Isidro Zegache, La Barda Paso de Piedras, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol, Santa Ana Zagache, San Pedro Mártir, San Martín Tilcajete, San Pedro Apóstol, Asunción Ocotlán, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), CDI Flor y Canto A.C.,Comité en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO); Puebla: Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios; Yucatán: U Yich Lu’um, Kanan derechos humanos; San Luis Potosí: Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij A. C., SEDEPAC Huasteca, Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina, Observatorio Indígena, Centro Ceremonial Teenek, Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina COCIHP, Autoridades de comunidades de los municipios de Axtla, Coxcatlan, Huehuetlán y Xilitla, Xochitzotlajmani, Kichaj, una luz para el desarrollo participativo en la Huasteca A.C.; Sonora: Pueblo de Vícam; Quintana Roo: Colectivo Maya Balaam; Veracruz: Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorio, Colectivo Altepee (istmo de Veracruz).

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH)

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Las organizaciones que integran el Espacio OSC son: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero); Colectivo Emancipaciones (Michoacán); Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA (Puebla); Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, (Yucatán); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Jalisco); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA (Oaxaca).

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (IMDEC)

Red Solidaria de Derechos Humanos

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

(Integrada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Agua y Vida, mujeres, derechos y ambiente (Chiapas); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC),(Oaxaca); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Frontera con Justicia A.C. Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León (Guanajuato) Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)(Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

Contactos de prensa:

Comunicación RedTDT

Sandra Suaste Ávila / 56 4160 1331 / comunicacion@redtdt.org.mx

IPRI-México

Adazahira Chávez Pérez / 55 3406 0545/

Comunicación Serapaz

Sergio Leñero Reveles / 56 2574 6499 / plataformas@serapaz.org.mx

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Asamblea Nacional por el Agua y la Vida Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

Comunicado de la Asamblea General Permanente del pueblo de San Gregorio Atlapulco por criminalización a la defensora del territorio Hortensia Telésforo

 La Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco hace público el presente comunicado. Externamos este texto como una denuncia pública ante la criminalización del Estado, en especial de la Alcaldía Xochimilco, hacia la defensora del territorio Hortensia Telésforo, a quien buscan criminalizar por su participación activa en las actividades comunitarias del San Gregorio y en especial por su participación en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco.

Exigimos a la Alcaldía Xochimilco que desista esta criminalización, pues la Tlamachtiloyan, antes biblioteca comunitaria, pertenece al pueblo originario de Atlapulco por decreto presidencial y su recuperación es una demanda que se mantiene desde la represión de diciembre de 2022 por la usurpación de este espacio por parte de la administración de José Carlos Acosta.

¡La defensa del territorio y la autonomía, no son un crimen!
¡Aquí estuvimos, aquí estamos, aquí estaremos!
¡Fuera la alcaldía, viva la autonomía!

#atlapulco #tlamachtiloyan #comunicado #xochimilco

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

radio
Movimiento Agrario Indígena Zapatista

Comunicado de MAIZ: ¡Exigimos la justicia y presentación con vida de nuestro hermano Sergio Rivera Hernández!

A los medios de comunicación, organizaciones sociales y de derechos humanos

Al Congreso Nacional Indígena

A los pueblos indígenas de México y del mundo

Y a la sociedad en general

Exigimos la presentación con vida de Sergio Rivera Hernández y responsabilizamos al Estado mexicano.

El 23 de agosto de 2018, Sergio Rivera Hernández, defensor del agua y del territorio, activista indígena nahua, fue víctima de desaparición forzada en la Sierra Negra de Puebla. Sergio, padre de familia y mecánico de profesión, dedicó su vida a la defensa del agua y el medio ambiente, enfrentando el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, impulsado por la empresa minera Autlán, el cual representa una grave amenaza para los ríos y ecosistemas de la región.

Sergio Rivera Hernández no solo luchaba por su comunidad, sino por el derecho de todos los pueblos indígenas a decidir sobre el uso de sus tierras y recursos naturales. Su desaparición es un trágico ejemplo de la violencia sistemática que enfrentan los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México, donde intereses económicos suelen imponerse sobre la vida y los derechos de las personas.

Ante esta situación, exigimos:

1. La inmediata presentación con vida de Sergio Rivera Hernández. Responsabilizamos al Estado mexicano por su desaparición y demandamos justicia ante la evidente falta de imparcialidad y corrupción que han permitido que sus captores permanezcan impunes. Exigimos su localización y el castigo de los responsables.

2. La protección efectiva de todos los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.Es indispensable garantizar la seguridad de quienes, como Sergio, arriesgan sus vidas para proteger sus territorios y recursos ante el constante acoso y amenaza de megaproyectos destructivos en todo el país.

3. El cese total de la criminalización y represión de los movimientos sociales que se oponen a proyectos extractivos. Exigimos también un alto inmediato a la guerra contra las comunidades zapatistas y el respeto irrestricto a los derechos de las comunidades indígenas ante cualquier amenaza.

4. El fin de la impunidad en casos de desaparición forzada en México. El Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, investigando y sancionando a los responsables de estos crímenes con todo el rigor de la ley.

Sergio Rivera Hernández es una víctima de la guerra contra los pueblos indígenas y de los intereses económicos que prevalecen en nuestro país. Exigimos justicia y la presentación con vida de nuestro hermano.

¡Porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!

Atentamente,

Movimiento Agrario Indígena Zapatista

30 de agosto de 2024

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Avispa Midia

Comando Sur reafirma cooperación con Chile, se reúne con nieta de Salvador Allende

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F


Santiago de Chile, los aires del gobierno de Daniel Boric, quien
asumió el poder en 2022, parecen de conciliación. Este jueves (29), la
general Laura Richarson del Comando Sur y el jefe del Estado Mayor
Conjunto de los Estados Unidos (EEUU), Charles Q. Brown, se reunieron
con líderes de defensa del cono sur para discutir desafíos de seguridad y
la cooperación en el marco de la Conferencia de Defensa Sudamericana
2024 (SOUTHDEC 24). Además, también posaron para la foto junto a Maya
Fernández Allende, la nieta del ex presidente Salvador Allende, quien
fue derrocado mediante un golpe de Estado en complicidad con el país
norteamericano.









Este evento, donde se congregaron líderes de defensa de 10 naciones,
fue realizado entre 27 y 29 de agosto en Chile, patrocinado por el
Comando Sur (SOUTHCOM), centrado, principalmente, en cómo “las nuevas
tecnologías pueden fortalecer la defensa y la soberanía hemisférica en
un contexto de crecientes desafíos globales”, anunciaron los mandos de
las fuerzas armadas de EEUU.





El Comando Sur es uno de los seis comandos unificados de EEUU,
responsable de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe,
América Central y América del Sur.





Esta fue la primera visita de Brown en Chile y la cuarta de
Richardson. En esta ocasión se reunieron con la Ministra de Defensa
chilena, Maya Fernández Allende, la nieta del ex presidente Salvador
Allende, el mismo que fue derrocado por las Fuerzas Armadas lideradas
por Augusto Pinochet, quien recibió apoyo de Estados Unidos. 





Desde antes del golpe, EEUU ya venía interviniendo en la vida
política del país al saber que Allende sería ganador en las elecciones
presidenciales, con tácticas propagandísticas y campañas de acción
política, incluso, “la CIA [Agencia Central de Inteligencia] se centró
en provocar un golpe militar”, puntualiza el Informe sobre las
actividades de la Task Force chilena de la CIA, del 15 de septiembre a 3
de noviembre de 1970, un documento desclasificado. 









Es así que, según el memorándum preparado por la CIA, en Washington,
el 18 de noviembre de 1970, se da la orden para que “la CIA tratara de
impedir el ascenso del marxista Salvador Allende” el 15 de septiembre de
1970.





En la actualidad es bien conocida la participación de EEUU en el
golpe militar de Chile, a través del llamado «Proyecto FUBELT», “nombre
clave de las operaciones encubiertas para promover un golpe militar y
socavar el gobierno de Allende”, rezan los documentos desclasificados. 





El gobierno del general Augusto Pinochet, quien dirigió el golpe,
duró al menos 17 años con un saldo de más de 3 mil personas
desaparecidas o asesinadas y más de 38 mil presos políticos, a quienes
emplearon técnicas de tortura. 





Hoy, ese contexto histórico parece que se ha esfumado. Desde el año
2023 un grupo de congresistas estadounidenses presentó una resolución en
la que se disculpa por su participación en en el golpe de Estado y
pidió que más documentos fueran desclasificados. Esto se dio en la
víspera de la participación de Boric en la 78ª edición de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, en septiembre de
2023.









Es así que con el evento SOUTHDEC 24, ambos gobiernos mandan el
mensaje de conciliación y amistad. Por otro lado, la comandante del
Southcom, Richardson, destacó el impacto negativo de los “gobiernos
autoritarios” y las organizaciones criminales transnacionales en la
región, haciendo referencia a Venezuela. “Los gobiernos autoritarios y
comunistas están socavando la democracia y alimentando la
inestabilidad”, por ello llamó a fortalecer la cooperación en defensa.





Además, la general Richardson arremetió contra el gobierno de Nicolás
Maduro resaltando que “la democracia y sus valores fundamentales
permanecen bajo ataque globalmente, y no tenemos que mirar más allá de
Venezuela, donde Nicolás Maduro sigue socavando la voluntad democrática
del pueblo venezolano”.





Richardson hizo énfasis en la necesidad de implementar lo que ella denomina como una Imagen Operativa Espacial Común y el Conocimiento del Dominio Mejorado,
iniciativas diseñadas para mejorar la sincronización y la capacidad de
respuesta en el entorno espacial integrado a la inteligencia artificial.
Ampliando el teatro de operaciones hacia el espacio, como un nuevo
dominio de poder, con implicaciones profundas para la dinámica global. 





En el SOUTHDEC 2024 también fueron temas de discusión el cambio
climático, el tráfico de drogas y la migración irregular, considerados
como “amenazas para la seguridad”. La conferencia subrayó la importancia
de una respuesta conjunta para “fortalecer la resiliencia económica y
la estabilidad democrática en América del Sur”.





Además de Chile, hubo la participación de delegaciones de las fuerzas
armadas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Perú, Surinam. También participaron como observadores representantes de
Canadá, Francia y el Reino Unido. 





También participó las guardias nacionales de Connecticut, Florida,
Georgia, Kentucky, Nueva York, Carolina del Sur y Texas. Así como la
Junta Interamericana de Defensa, el Instituto del Hemisferio Occidental
para la Cooperación en materia de Seguridad (WHINSEC), el Centro William
J. Perry y el Colegio Interamericano de Defensa y el Mando Espacial de
los Estados Unidos.


radio
Avispa Midia

Desaparición del INAI, un paso más hacia la opacidad en México

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante la 119 Acción Global para exigir verdad y justicia en el caso de los normalistas desaparecidos. A un mes de cumplir una década del crimen, Fuerzas Armadas niegan compartirles información que podría llevar a conocer su paradero.

En días recientes, congresistas mexicanos están dando pasos para concretar un paquete de 18 reformas constitucionales presentado desde febrero de este año por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado jueves (22), mediante sesión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con 22 votos a favor (del partido Morena y aliados), 17 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la extinción de 7organismos autónomos.

Con ello avanza la propuesta de eliminación de órganos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otras. Destaca entre estos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),órganismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad e institución del Estado mexicano.

El partido en el poder, Morena, argumenta que, con la eliminación de los organismos autónomos, se obtendrán recursos económicos para ser redireccionados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Mientras tanto, son diversas las voces que han levantado críticas contra esta medida.

Una de ellas es del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, el cual destaca que, desde su creación en el año 2014, el INAI ha sido esencial para garantizar el derecho a la información pública pues recibe hasta 300 mil solicitudes anualmente, a nivel federal. Hasta dos tercios de la información de estas solicitudes no se encontraban en fuentes públicas y, además, éstas pasan a formar parte de un repositorio en línea que cualquier persona puede consultar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Más importante aún, remarca el Programa, es el papel del INAI para atender quejas de inconformidad con las respuestas de las instituciones e impugnar la falta de acceso a la información de los sujetos obligados, por lo que “su desaparición sería un retroceso grave, de al menos 20 años en la garantía de la información pública”, asevera en su análisis. Esto se debe a que, si una institución niega contar con la información, o alega que está reservada, el INAI cumple con la función de impugnar la respuesta y, en su caso, ordenar la publicación de la información a favor del solicitante.

La preocupación del Programa es que, con la desaparición del INAI, cada dependencia del gobierno sería responsable de recibir y gestionar las solicitudes de información. En este punto coincide con el análisis de la organización Data Cívica, quien alega que “desaparecer el INAI implica que las mismas instituciones opacas que niegan la información decidan sus procesos de transparencia”, enfatiza en pronunciamiento difundido en redes sociales.

La propuesta de Morena pretende incorporar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública, órgano con funciones de contraloría dependiente del poder ejecutivo como parte del gabinete presidencial. 

Con la reciente aprobación de la Comisión, ahora se espera que el pleno del Congreso mexicano discuta la iniciativa a partir del inicio del periodo ordinario de sesiones legislativas que comienza el próximo 1 de septiembre.

Temas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la institución más consultada. Le siguen el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Acorde al Programa, los temas más consultados ante el sistema de transparencia son las actividades de las instituciones y la información que generan; salud, compras públicas y contratos; así como peticiones de información sobre funcionarios públicos.

El análisis del Programa de la Universidad Iberoamericana, especializado en seguridad pública y militarización, indica que, para el año 2023, las resoluciones del INAI han dado como resultado la publicación de información relevante sobre temas como infancias y adolescentes en condición de orfandad por feminicio; detención migratoria e indemnizaciones otorgadas en casos de migrantes fallecidos durante su tránsito por México; el uso de dinero público para comprar insumos a sobreprecio; el desmantelamiento de laboratorios de producción de drogas sintéticas como el fentanilo, así como la citotoxicidad de las copas mentruales, entre muchos otros casos.

En tanto, Data Cívica, organización feminista que utiliza datos y tecnología para la defensa de derechos humanos, destaca que mediante la intervención del INAI han podido contar con información para desarrollar la Plataforma Ciudadana de FosasClandestinas lo que ayudó a identificar que la Fiscalía General de la República reporta menos fosas que las fiscalías de los Estados.

En ese mismo rubro, aseguran que el acceso a la información les permitió identificar evidencia de que el Banco Nacional de Datos Forenses no estaba operando, así como para conocer las coordenadas exactas de las fosas. Ante esta situación, para Data Cívica es un hecho que las Fuerzas Armadas han ocultado información relevante a la sociedad.

“Gracias al INAI pudimos saber que algunas instituciones de seguridad en México, como la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), han negado que cuentan con el registro de una base de datos sobre ‘homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada’, a pesar de que dicho registro sí existe y se sigue realizando, como hemos explicado en el proyecto Con Copia Oculta”, un repositorio con información de la guerra en el país que las Fuerzas Armadas han mantenido en secreto durante 15 años.

Opacidad, en tiempos de militarización

Por su parte, Data Cívica considera particularmente grave la extinción del INAI dentro de un contexto de profunda opacidad sobre las violaciones a derechos humanos en México.

La organización asevera que, de acuerdo a datos del INAI, la opacidad en el sexenio actual ha aumentado el doble en comparación con los últimos tres años del sexenio pasado. “Es decir, pasamos de 9,758 mil recursos de revisión por año de 2015 a 2018, a casi 20 mil anuales entre 2019 y 2022”, comparte sobre el aumento en las impugnaciones de las respuestas ante las solicitudes. Cabe destacar que, durante el primer año de este sexenio, también se observó un incremento en las respuestas que, bajo el argumento de “inexistencia” de los datos, no entregaron la información.  

Además, resalta la polémica generada por López Obrador cuando, en noviembre del 2021, y mediante decreto presidencial, pretendió reservar la información respecto a megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec por considerarlos como “seguridad nacional”. Ante ello, el INAI presentó una controversia de constitucionalidad ante la SCJN, quien en mayo del 2023 invalidó la orden presidencial, solo para que Obrador volviera a blindar las obras con la publicación de otro decreto, emitido el mismo día de la resolución de la Corte. Resalta el involucramiento en las obras de los megaproyectos tanto de la Sedena como de la Secretaría de Marina (Semar).

Para el Programa de la Universidad Iberoamericana, es particularmente preocupante que esta reforma se proponga en un contexto de militarización y militarismo “sin precedentes en la historia contemporánea del país”, pues argumenta que las exigencias por transparencia y acceso a la información pública surgieron, precisamente, como una demanda para esclarecer delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano.

El análisis de la institución educativa sostiene que las Fuerzas Armadas “engañan respecto a la existencia de la información que debe ser disponible públicamente” y lo ejemplifica con el hecho de que la Sedena negaba tener registros sobre el uso de la fuerza letal contra civiles después del 5 de abril de 2014. “Sin embargo, una resolución del INAI, impulsada por un grupo de activistas y académicos, determinó que la Sedena estaba obligada a llevar estos registros y que existían pruebas de que aún lo realizaba. Si la responsabilidad de ejercer la transparencia hubiera recaído en la contraloría interna de la Sedena, esta información vital no habría sido divulgada”, detalla sobre la evidencia queconfirmó análisis independientes sobre participación de militares en ejecuciones.

Para Data Cívica, sin el INAI no habrá garante para el acceso a la información.

radio
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN

Comunidades indígenas toman 6 carreteras, exigen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita dictamen de fondo y denuncian incapacidad del Gobierno de Michoacán

¡LOS ÚNICOS DERROTADOS SON LOS QUE DEJAN DE LUCHAR!

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

¡Lucha por los que ya no pueden luchar!

¡Resiste por quienes ya no pueden resistir!

¡Exige memoria, verdad y justicia por los desaparecidos!

Comunidades originarias de Michoacán a 30 de agosto de 2024.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, por medio del presente, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada , que no es un día de conmemoración, sino de lucha, declaramos conjuntamente lo siguiente:

México vive una crisis de derechos humanos, es el país de las desapariciones, oficialmente existen más de 115,570 desaparecidos (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 30/Ago/24), la República Mexicana es el país de la injusticia e impunidad, empezando por las instituciones gubernamentales que históricamente son las principales responsables de las desapariciones forzadas, entre ellos el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad (Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico).

En este contexto, en la denominada “guerra sucia” en contra de luchadores sociales y opositores políticos, en 1974 fueron detenidos, torturados y desaparecidos 7 compañeros habitantes de los pueblos originarios, José de Jesús Guzmán Jiménez, y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, así como José Luis Cruz Flores, todos originarios de la comunidad de Tarejero, al igual que Rafael Chávez Rosas de la comunidad de Caltzontzin y Doroteo Santiago Ramírez de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetio.

Las desapariciones forzadas de la familia Guzmán Cruz, fueron denunciadas ante instancias locales, estatales, federales e internacionales, durante medio siglo esta familia p’urhépecha, ha luchado contra la desmemoria, la impunidad y la injusticia, actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH, donde presentaron el caso en octubre del 2006, fue declarado admitido en julio de 2013, se realizaron las audiencias finales en julio del 2017, pero a la fecha, aún se espera el dictamen de fondo.

Por ello, por acuerdo de Asamblea General de Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales que conforman el #CSIM, realizamos el día de hoy la Jornada de Lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos P’urhépecha, tomando 6 carreteras federales:

1) Carretera Cheran-Zamora en Acachuén.

2) Carretera Cheran-Uruapan en Aranza.

3) Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Taretan.

4) Carretera Morelia-Zacapu en Santa Fe de la Laguna.

5) Carretera Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio.

6) Carretera Uruapan-Los Reyes en Nuevo Zirosto.

Pliego petitorio:

▪️Exigimos que la CIDH emita el dictamen de fondo del caso de la familia Guzmán Cruz; Que se cumpla cabalmente la sentencia del Juicio de amparo 565/2018-I del Juzgado Noveno de Distrito del caso del compañero Rosendo Radilla Pacheco y que la Secretaria de la Defensa Nacional abra sus archivos sobre la guerra sucia.

▪️Demandamos una mesa de trabajo con el Gobernador de la entidad, toda vez que el Gobierno de Michoacán miente, discrimina y no resuelve los problemas de los pueblos indígenas, manteniendo múltiples pendientes en materia de seguridad, educación, obra pública, justicia, salud y transporte.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

radio
Avispa Midia

A casi 10 años del caso Ayotzinapa, el engaño se impone como única voz oficial

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Este martes 27 de agosto se llevó acabo la última reunión con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre del año 2014. Tras este encuentro los padres y madres decidieron romper el diálogo y han resumido que la búsqueda de sus hijos ha sido un “total fracaso”. “La posición de los padres es que ésta ya es la última reunión, no vemos condiciones de una próxima reunión”, puntualizó el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales.

A pesar de la desilusión y el cansancio, los familiares de los estudiantes no dejarán de luchar. Este 26 de septiembre están llamado a una protesta masiva en la ciudad de México, para recordar que, a pesar del paso del tiempo, la exigencia de justicia sigue viva. Mario César González, padre de uno de los estudiantes, invita a la sociedad a unirse en esta marcha, enfatizando la necesidad de mantener la sensibilidad hacia el caso de Ayotzinapa.

“Esperemos que la marcha sea grande, para que vean que todavía hay sensibilidad hacia el caso”, concluye Mario César, con la esperanza de que, algún día, puedan conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos.

¿Dónde se quedó el caso?

Era el invierno del año 2018 cuando AMLO se había reunido con los familiares de los 43 estudiantes, también participaron organizaciones de derechos humanos de México y extranjeros. En ese momento el mandatario informaba que, mediante un decreto, se había creado la Comisión para Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa). “Les aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”, afirmó con toda seguridad el presidente de México, a quien le resta casi un mes para concluir su mandato. 

Lo que reflejan los familiares es una total frustración, ya que lo que AMLO llamó de “justicia”, solo se convirtió en una falsa promesa. César González, con una mezcla de dolor y amargura, expresa que, aunque se abrieron varias líneas de investigación, todo se estancó al momento en que las investigaciones se inclinaron hacia la participación del Ejército.

“El caso iba caminando, pero cuando se llegó al Ejército, ahí se estancó todo.  El presidente de la República lo que hizo fue darle todo el apoyo al Ejército”, remarca el padre del estudiante.

Incluso, menciona Mario César al equipo de Avispa Mídia, el presidente les pidió pruebas “y eso no nos corresponde, son ellos quienes tiene que investigar”, agrega, aún así, “le presentábamos las pruebas, pero él solo las descalificó,” comenta.

Las familias de los estudiantes no solo están frustradas, sino enojadas, porque el compromiso del presidente se ha desvanecido. Además de ello, “se han convertido en cómplices al defender a quienes participaron en los hechos y al desacreditar a los equipos de investigación independientes”, menciona el padre de Gonzáles Fernández.

Es así que, más de una decena de militares relacionados con el caso, ya han sido puestos en libertad, como el general José Rodríguez Pérez, acusado en informes de la CoVAJ-Ayotzinapa de haber dado la orden de desaparición de los estudiantes y de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Hoy goza de libertad condicional. Esta orden fue dada en julio pasado por la jueza Raquel Duarte Cedillo, del distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México.

Parte de la acusación sobre el general se fundamenta en las declaraciones de un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), uno de los líderes de Guerreros Unidos. El que lo hayan liberado “es una burla para todos los que hemos buscado a nuestros hijos,” afirma con indignación Mario César.

El sello del gobierno del cambio

Las familias habían exigido la presentación de más de 800 expedientes, pero el gobierno nunca les dio una respuesta certera. “El presidente dice que no existen. La Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] dice que ya los entregó”.

Además, los familiares de los estudiantes han denunciado que el gobierno ha manipulado a una fracción de los padres y ha intentado dividir su organización. “Hay un líder que antes andaba con nosotros que ha manipulado a cuatro padres, luego los presentan en la mesa de la comisión de búsqueda. A ellos nosotros los desconocemos. Para nosotros esta es una estrategia de divisionismo por parte del gobierno para debilitarnos y que dejemos de buscar a nuestros hijos”, dice Mario Cesar.

Así, el sello de aquel gobierno que prometió justicia para el caso Ayotzinapa, hoy concluye como un “gran fracaso y, peor aun, termina diciendo mentiras porque no tiene la forma de cerrar el caso de los 43 estudiantes”.

Mario Cesar concluye diciendo, “nosotros vamos a seguir luchando hasta encontrar a nuestros hijos, por ello seguimos llamando a la solidaridad; este gobierno ha sido igual que el anterior”.

radio
Colectivo "tsijilba bij" (Nuevo Camino), CNI Agua Clara, Salto de Agua, Chiapas

Palabra del colectivo Tsijilba bij. A la lucha por la vida, por la defensa, resistencia, rebeldía por la defensa de la Madre Tierra y Territorio

Ejido Agua Clara, Salto de Agua, Chiapas.

A 24 de agosto de 2024.

A la lucha por la vida, por la defensa, resistencia, rebeldía por la defensa de la Madre Tierra y Territorio.

Hermanos y hermanas, niñas y niños, abuelos y abuelas, y a todos aquellos que nos acompañan y pueden leernos y conocernos desde otros lugares de Chiapas, México y del resto del mundo, les extendemos una cálida bienvenida a este 5to aniversario e inauguración de nuestro espacio de lucha, resistencia y rebeldía en defensa de nuestro territorio. Nos llena de alegría verles, queremos que ustedes sean parte y compartirles nuestras vivencias, experiencias y dolores en esta lucha que nos une.

Hoy queremos conmemorar nuestra resistencia y lucha de lo ocurrido el 4 de agosto de 2019, en donde fuimos sujetos de actos de agresiones, hostigamientos e intimidaciones en nuestra comunidad por ser de un pueblo originario tseltal, por ser defensores de derechos humanos, guardianes de la vida y nuestra postura política como integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), violentando nuestro derecho a la autonomía y al territorio, hoy decimos no al olvido, si a la resistencia y lucha, acá seguiremos.

Sabemos que, enfrentamos una tormenta que cada día destruye la naturaleza y la vida, nuestra vida. Por eso, les invitamos a luchar y resistir juntos y juntas por un mejor mañana para nuestros hijos e hijas.

Nuestra lucha es de todos y todas. Juntos podemos defender nuestros pueblos de todo aquello que nos cause mal. Por eso, hacemos un llamado a:

A Defender Nuestra Derechos

A Defender Nuestra Tierra

A Defender La vida de Nuestros hijos e hijas

La apuesta a una Lucha No violenta, nos sumamos una lucha no violenta, pero firme y decidida. Queremos construir un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras.

Acompáñanos en esta lucha justa. Juntos podemos hacer la diferencia.

ATENTAMENTE.

Colectivo “tsijilba bij” (Nuevo Camino), CNI Agua Clara, Salto de Agua, Chiapas.

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