Ir a descargar

ROMPIENDO FRONTERAS
EUA: Grupos de ultra derecha promovidos por Trump toman en congreso de EUA. Fachos vs fachos.
EUA ESTADOS JODIDOS Por Yisus Wero.
PALESTINA: Israel detuvo y encarcelo a 4.636 palestinos, entre elles 543 menores y 128 mujeres en lo que fue el 2020. Durante la pandemia del covid el ministro de seguridad israeli no ha qurido vacunar a les recluses palestines. Palestina Libre y Kaos en la Red.
MUNDO MUNDIAL: Sigue el proceso contra el preso politico Julian Assange, voces en todo el mundo reclaman su libertad.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
MUJERES LIBRES MEXICO: Feministas organizadas de Quintana Roo protestan en el Hotel donde trababa Ana Gómez de 21 años ya que fue el ultimo lugar donde fue vista y se ha encontrado el Cuerpo sin vida de una joven en el hotel pero no han dejado identificarlo; en el hoten sobran cámaras de seguridad, las compañeras exiguen que en el Hard rock Hotel de Quintana Roo se deje de proteger a les agresores y se muestren los vídeos.
MEXICO:  LUCHA POR LA VIDA: Incendio Iztazihuatl, Tren Maya, Recuperacion de tierras y autogobierno en Michoacan, Mercados Campesinos y las bicicletas. Columna de Juan Perez.
CHIAPAS: Ante el desalojo al que los malos gobiernos someten a Chiapas en las zonas habitadas por población indígena, ante la gran amenaza paramilitar pobladores se manifiestan tomando las casetas de San Cristóbal y Tuxtla Gutierrez

Tras 12 años de impunidad, el juzgado de Sentencia Penal de Puerto Barrios, Izabal, condenó este miércoles 6 de enero a 2 años de prisión conmutables al teniente coronel Mynor Ronaldo Padilla Gonzáles, exjefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), por el asesinato del profesor y líder comunitario maya q’eqchi’, Adolfo Ich Chamán, ocurrido en septiembre del 2009, en el marco de desalojos violentos en la comunidad Las Nubes, por las operaciones de la empresa canadiense Hudbay Minerales, propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

Padilla también fue condenado a 8 meses de prisión por lesiones causadas a German Chub, quien asistió a la audiencia de hoy en silla de ruedas debido a que quedó paralítico por el ataque armado sufrido junto a los otros comunitarios.

Angélica Choc, defensora de derechos humanos y esposa de Ich Chamán, señaló tras el fallo que se encuentra tranquila. “Sabemos que se ha hecho un fallo a nuestro favor, pero también nos conmueve porque nos han marcado la vida”, indicó Choc, quien fue querellante en este caso y quien desde 2009 buscó justicia por el asesinato de su esposo.

Choc, como defensora maya q’eqchi’y víctima de este crimen, envió un mensaje a las mujeres que están en una situación similar y enfatizó que “busquemos la justicia en Guatemala, porque si no se demanda, todas las violaciones que se cometen en nuestra contra, nunca se va a saber cuánto hemos sufrido”, manifestó.

Según dijo, la búsqueda de justicia es un proceso doloroso y agotador, pero hay que buscar fuerzas para lograrlo.

Impunidad en el caso

En abril de 2017, Padilla Gonzáles fue dejado en libertad por la jueza Ana Leticia Peña Ayala, del juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente de Izabal.

El Ministerio Público y los querellantes en el caso interpusieron una solicitud de antejuicio en contra de la jueza por el fallo.

En este caso también fue querellante la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que junto al Ministerio Público presentaron pruebas de la participación de CGN en la planificación de los ataques en contra de personas mayas q’eqchi’ quienes fueron afectados por las operaciones de la mina en Izabal.

Los hechos

En septiembre de 2009, el profesor Adolfo Ich, quien era parte de la comunidad Lote 8 y quien junto a otras comunidades defendían sus tierras ante las operaciones de la empresa canadiense Hudbay Minerales, propietaria de CGN, fue asesinado por la seguridad privada de esa compañía, a inmediaciones de la mina.

Otros campesinos también sufrieron heridas por arma de fuego por personal de seguridad de la minera, entre ellos German Chub, quién sobrevivió al ataque pero quedó paralítico.

*Con información de Sandra Cuffe

De acuerdo con los últimos informes, este miércoles 6, una multitud de manifestantes, algunos de ellos armados, simpatizantes de Donald Trump, irrumpieron en el Capitolio de Washington, en Estados Unidos. Una manifestante resultó herida de bala dentro del capitolio. Aun no se confirma si el disparo vino de la policía u otro manifestante. También se realizaron disparos en la puerta principal de este edificio. Mientras esto sucedía, los legisladores estaban reunidos para reafirmar la victoria de Joe Biden, como el nuevo presidente de este país. Al final tuvieron que ser evacuados.

Mientras los manifestantes ingresaban al Capitolio, un manifestante se internó al recinto del Senado y se sentó en el podio principal. Fue fotografiado por el reportero Igor Bobic. Estas acciones fueron calificadas por Charles Ramsey, exjefe de la Policía Metropolitana de la ciudad de Washington, como “lo más cercano a un intento de golpe de Estado que este país jamás haya visto”.

También, las fuerzas de seguridad federales recibieron reportes de posibles bombas caseras en varios lugares de la ciudad de Washington.

Según The Wall Street Journal, Trump instó a los manifestantes a marchar y presionar al Congreso para que anulara la victoria del presidente electo Joe Biden. “No les permitiremos silenciar sus voces”, dijo Trump en sus declaraciones. Aunque los manifestantes planeaban la marcha por semanas antes, no se previó el nivel de éxito que tuvieron al poder ingresar al capitolio.

Trump ha intentado, sin éxito, revertir los resultados de las elecciones a través de varias demandas en seis estados. En estas demandas desesperadas ha alegado que “la elección fue robada” a pesar de que no hay evidencia de fraude generalizado.

En medio de este escenario de crisis política y de la pandemia, provocada por la Covid-19, asumirá Biden su cargo como nuevo presidente de este país. Mientras tanto, la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, ordenó un toque de queda en toda la ciudad a partir de las 6 pm. No obstante, se prevén más movilizaciones hacia el Capitolio.

El ánimo de los manifestantes se mantiene con la consigna, “¡Toma el edificio!” y “¡Detengan el robo!”. Algunos en la multitud gritaban a los policías “traidores”.

Trump ha twiteado su apoyo hacia los manifestantes: “Washington está siendo inundado por personas que no quieren ver que los demócratas radicales de izquierda se roben una victoria electoral. ¡Nuestro país ha tenido suficiente, ya no lo soportarán. ¡Los escuchamos (y los queremos) desde la Oficina Oval. Hagan a Estados Unidos grande una vez más!”. Aunque sus tuits más recientes urge a sus seguidores a manifestarse pacíficamente, varios simpatizantes suyos le han contestado diciendo que el poder ya está en manos de “la gente.”

Al final de la trifulca los agentes del orden han pedido refuerzos y el Congreso de EE.UU. se ha cerrado al escalar la situaciónla tensión entre los manifestantes alrededor del edificio. Mientras tanto,Twitter deshabilitó funciones de la cuenta de Donald Trump “por riesgo de generar más violencia”

Hoy es cinco de enero y mañana llegarán los Reyes Magos. Desde que aprendí a escribir, me recuerdo redactando largas cartas con una lista de deseos que cambiaban cada año. Sólo una petición permanecía: “Quiero a mi mamá, tráiganla con ustedes”. Fantasiosa, la imaginé siempre montada en el elefante que cabalgaba tras la Estrella de Belén hasta llegar a Chihuahua. Esas noches de cinco de enero significaban la expectativa de que, al despertar, ella estaría en casa. Nunca sucedió.

Los rituales de rosca, cartas y regalos cambiaron cuando tomé conciencia de que mi madre, Alicia de los Ríos Merino, fue detenida-desaparecida de manera forzada por cuerpos policiales y militares un cinco de enero de 1978 en la colonia Nueva Vallejo de la Ciudad de México, en un contexto contrainsurgente mal llamado Guerra Sucia.[1] Las tertulias previas a su esperada llegada se transformaron en conmemoraciones privadas en las que su madre, su padre, su hija, su hermano y hermanas nos preguntábamos sobre su destino.

Durante estos cuarenta y tres años ha sido nuestra obligación demostrar frente a las instituciones que mamá existió y que, además, fue desaparecida por  agentes estatales.

Hoy ya no le escribo cartas a los Reyes Magos, ni al presidente de la República en turno o a un general del Ejército Mexicano, y comprendí que ni los agentes o los mandos de la Federal de Seguridad ni de la Brigada Especial, mejor conocida como Brigada Blanca, fueron los únicos en conocer los lugares en que mantuvieron detenidos y desaparecidos de manera forzada a cientos de hombres y mujeres en la década de 1970, entre ellos a mi mamá. Para realizar esa práctica y posiblemente eliminar a las personas bajo su poder debieron estar involucrados más participantes y, sobre todo, debió haber testigos que observaron, callaron y no se opusieron. Los desaparecedores también debieron tener una familia que los recibía y observaba sangre ajena en sus ropas, zapatos o cabellos.

Hoy, en este contexto de muerte e incertidumbre que nos hace valorar profundamente la vida de quienes más amamos, apelo a la buena voluntad, la conciencia y la ciudadanía de esos familiares, vecinos y compañeros de los agentes de la Brigada Especial que provenían de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPT), la Policía Judicial Federal (PJF) y las policías judiciales del DF y del Estado de México, así como la Policía Militar y la Policía Judicial Federal Militar.

Si su padre, su abuelo, tío, esposo o vecino patrullaba en brigadas de cuatro agentes en automóviles no oficiales o en taxis; si vestía de traje, no portaba uniforme oficial y estaba armado de manera permanente; si ingresaba de manera cotidiana al Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México o viajaba a otros estados en el avión de la DFS, entonces es muy probable, casi seguro, que sabe o supo de lo que ocurrió con nuestros padres, madres y compañeros. Y la información que ustedes tengan, por intrascendente, personal, anecdótica o vieja que les parezca, puede significar mucho para quienes continuamos necias en conocer del paradero de nuestros familiares.

Sus padres, abuelos, tíos, esposos o vecinos también fueron colocados en las sombras de la historia por sus propios mandos superiores policiacos y militares. Algunos de ellos fueron borrados, pero no por completo, ni para siempre. Para lograr encontrar a nuestros amores no se requiere que nos digan el nombre de los suyos si así lo consideran. Tan sólo denos los datos que pudieron escuchar: lugares en donde buscar, de los mandos que se enriquecieron con la muerte, de los documentos que no hemos encontrado.

La historia reciente nos ha enseñado que las violencias de Estado se implementan con legitimidad y consentimiento de diferentes sectores de la sociedad. Si hoy vivimos en un país con más de setenta mil personas desaparecidas, significa que lo habita una sociedad apática que se abstiene de participar en la solución de las crisis humanitarias. Pero eso no es un destino fatal ni tenemos que formar parte de ello. Finalicemos esos combates del pasado, lamentablemente vigentes. Ayúdenos a esclarecer el destino de tantas personas buscadas. Es asunto de ustedes y de nosotros.

Hoy tenemos la oportunidad de ayudar a cambiar el futuro de un México que ha sido convertido en una fosa gigantesca, llenándonos a miles de familias de un dolor injustificable que no termina. Dense y denos la oportunidad de quitarnos las sombras de encima: cualquier información que consideren relevante la pueden dirigir con toda confianza al siguiente correo electrónico, pues la trataremos con toda la seguridad posible: alicia.contacto@centroprodh.org.mx

Soy Alicia de los Ríos Merino, hija. El llamarme igual que mi madre nos une en más de un sentido: en esa circunstancia se resumen las marcas que su detención-desaparición ha dejado en mí, en todas nosotras y nosotros que queremos, necesitamos saber dónde están los nuestros.

Agradezco con el corazón en la mano su atención y la decisión de enviarnos esta información.

[1] Entre el cuatro y cinco de enero de 1978 la Brigada Especial realizó un operativo donde fueron detenidos y posteriormente desaparecidas cuatro personas: José Hugo González García, Alejandro Mares Montaño, Leticia Galarza Campos y Alicia de los Ríos Merino. También fueron ejecutados tres jóvenes: “Esteban”, “Pedro” y Antonio Solís Rodríguez.

DossierAliciaRioshttp://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/wp-content/uploads/2017/02/DossierAliciaRios.pdf

Pronunciamiento del Pueblo Creyente  MODEVITE y promotor de derechos humanos de San Juan Cancuc, Chiapas, México 02 de diciembre del 2020

A la opinión pública

A las organizaciones sociales

A las autoridades federales, estatales y municipales

A los centros de derechos humanos

A los medios de comunicación

Hoy, dos de diciembre del año 2020, desde el corazón del pueblo defenderemos la madre tierra. Es nuestro regalo milenario, que de generación en generación nuestros abuelos y abuelas han cuidado y defendido. Ellos la protegieron, ahora nos toca a nosotros cuidarla y defenderla. Estamos en contra del megaproyecto denominado autopista que afecta la vida y el territorio, ya que son intereses de los empresarios y egoísta, que afectan directamente a la población, mismos que se imponen bajo el lema del desarrollo y progreso para el pueblo.

Como pueblo creyente modevite y derechos humanos de san juan cancuc, rechazamos totalmente el megaproyecto “eje carretero transversal” que igual o antes se llamaba: supercarretera, autopista, proyecto carretero y carretera de las culturas, ya que solamente beneficia para los empresarios transnacionales.

Como pueblo originario no nos beneficia, al contrario, atenta nuestra vida y además traerá consecuencias como son las siguientes:

1. Destrucción y despojo de la madre tierra

    

2. Apertura de camino de megaproyectos por ejemplo: represa, centros turísticos, etc.

    

3. Desalojo del pueblo

    

4. Contaminación

    

5. Militarización

    

6. División del pueblo

    

https://www.canva.com

Exigimos el reconocimiento y el cumplimiento de art 2 de la carta magna constitucional.

Y también en la oit y en la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 10. Señala que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo, informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Y el artículo 27 fracción vii párrafo sexto de la constitución política de los estados unidos mexicanos, señala que “la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comonal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comonales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación de núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.”

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 109 de la ley agraria, señala que “el órgano supremo será la asamblea general que se integrará con dos representantes de cada una de las asambleas de los ejidos o de las comunidades miembros de la unión y dos representantes designados de entre los miembros del comisariado y el consejo de vigilancia de los mismos.”

En este orden de ideas exigimos que se cumplan conforme a las leyes y reglamentos respectivos, es decir, con la autorización de la asamblea general, tratándose de población ejidal ocomonal.

La madre tierra no se vende, la tierra no se vende y no tiene precio.

Como dice Zapata “la tierra es de quien la trabaja”.

NOTA: Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones que buscan compartir su palabra. La postura difundida, no necesariamente constituye la valoración del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C quien presta este servicio de comunicación.

Cada primero de enero varias autoridades comunitarias de diferentes municipios del país asumen un cargo para servir a su comunidad, pero ¿por qué lo asumen en esa fecha?

Por Gilberto Escobar

Según José Santos Sapón, quien en el 2013 fue presidente de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, recibir el cargo de la alcaldía comunitaria el primero de enero de cada año tiene su origen en la época colonial.

En ese sentido también coincide el académico Carlos Fredy Ochoa, quien añadió que la palabra que mejor se ajusta al sentido de esa representación comunitaria “es selección y no elección” debido a las actividades y procesos que previamente se llevan a cabo en cada comunidad para designar los cargos.

“Que se realice el primero de enero es herencia de la colonia porque el calendario lo impuso el colonialismo, eso ha sido así en los últimos 400 años, pero la ceremonia de selección de las autoridades comunitarias se realiza después de la cosecha del maíz, luego viene un período de transición y representa un evento de gran importancia para las comunidades”, indicó Ochoa.

Ochoa comentó que el proceso de selección no es uniforme en todas las comunidades del país, porque “existen formas diversas de seleccionar a las autoridades, por ejemplo, es diferente el proceso que se sigue en Huehuetenango al de Alta Verapaz, pero esa es la riqueza de los pueblos, no hay una tradición uniforme”, enfatizó.

Participación de la juventud 

Entretanto, Sapón indicó que las edades para poder optar a diferentes cargos dentro de la comunidad “oscilan entre los 18 a los 26 años, cuando tendrán que presentar sus primeros servicios e iniciar desde abajo; a partir de los 26 años van en otros puestos y de los 35 años en adelante puede tener un cargo con más peso, de los 52 años en adelante ya en un puesto como alcalde”, indicó.

Sobre el tema de la edad, Ochoa agregó que “la edad es una noción cultural, en el primer momento que las y los jóvenes se casan inmediatamente inician a participar en algún cargo en la comunidad que puede ser en un comité de agua o en una vocalía”, indicó.

Las comunidades se están quedando sin liderazgos

Para la investigadora social Sandra Chuc Norato, originaria de Totonicapán, la participación de la juventud es importante en las comunidades y otorga equilibrio al relevo generacional a los diferentes cargos que van asumiendo.

“Lo ideal sería un relevo generacional, pero hay distintos escenarios y se ven condicionados por los contextos sociales, políticos y económicos” mencionó Chuc Norato.

La investigadora mencionó que “es preocupante que en pocos años las comunidades se queden sin liderazgos, ya que muchos jóvenes están migrando a los Estados Unidos y también a las ciudades, y aunque la juventud quiera participar y tomar liderazgos, no pueden porque necesita migrar”.

Chuc Norato señaló además que en algunos casos “las mujeres siguen relegadas, por ejemplo, en algún cargo menor como vocales, como secretarias y esto se debe a prácticas machistas”.

Nuevas autoridades comunitarias a nivel nacional

El 1 de enero asumieron sus cargos las nuevas autoridades comunitarias en distintas regiones del país, con diversas actividades tradicionales para cada localidad, desde Huehuetenango hasta Santiago Atitlán, Sololá, las personas que asumieron los cargos enfatizaron su compromiso por velar por el bienestar de la comunidad, la población, sus recursos naturales, entre otros.

Prensa Comunitaria dio seguimiento a varios de esos actos solemnes de transición, entre ellos los siguientes:

En Huehuetenango, en Santa Rosa, del municipio de Santa Cruz Barillas, asumieron nuevas autoridades comunitarias

Sololá realizó cambio de cargos de Autoridades Indígenas para el año 2021

Asumen las nuevas autoridades comunales de los 48 Cantones de Totonicapán;

Cambio de varas en San Sebastián, Huehuetenango;

En San Juan Ixcoy, Huehuetenango: 64 alcaldes auxiliares tomaron posesión en una solemne actividad;

En Santa Eulalia se realizó la transición de mando de las autoridades comunitarias, varias mujeres asumen el cargo;

En El Pilar 2, San Juan Sacatepéquez asumió nuevas autoridades;

Asumen nuevas autoridades comunitarias en Cerro de Oro, Santiago Atitlán;

Cambian autoridades ancestrales Q’anjob’al en Santa Eulalia;

Por Nelton Rivera

En el municipio de Barillas, al norte de Huehuetenango, las comunidades que en su mayoría son habitadas por q’anjob’ales y mestizos se organizan y participan en el Movimiento de la Sociedad Civil, que el pasado 19 de diciembre realizaron una actividad para conmemorar el primer aniversario del desistimiento de prisión y persecución política contra Palas Luín, coordinador del movimiento y fundador de Prensa Comunitaria.

Esa actividad se realizó en Poza Verde, uno de los lugares importantes y ceremoniales para el pueblo q’anjob’al y lugar donde la resistencia pacífica integrada por la población, se estableció contra las hidroeléctricas en la región. Si bien el 19 de diciembre se cumplió un año de la detención de Palas Luín sobre la carretera entre Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, varios representantes del movimiento y los líderes comunitarios también conmemoraron el cuarto año del cierre de las operaciones de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, que en 2016 cerraron sus oficinas, pararon la construcción de las hidroeléctricas y se retiraron del lugar. Barillas: después de un sinfín de violaciones a derechos humanos Hidro Santa Cruz anuncia posible retiro del país

Durante la actividad de conmemoración del 19 de diciembre, a las 7 de la mañana se realizó una ceremonia espiritual maya, a pocos metros de la finca en dónde se ubicaron las instalaciones de la empresa Hidro Santa Cruz SA, en ese lugar aún se pueden ver una construcción de dos niveles completamente abandonada y en su interior los restos de maquinaria pesada que nadie retiró desde el 2011.

Poza Verde también es el lugar del asesinato de Andrés Francisco Miguel, un comunitario que se opuso a la construcción de varias centrales hidroeléctricas de la empresa española, este crimen ocurrió el 1 de mayo de 2012 durante la feria del municipio y hasta la fecha continúa en la impunidad. Dinámicas del despojo en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas.

Durante la conmemoración, la explosión de los morteros de fiesta, sirvieron de llamado para el inicio de las actividades, mientras una de las autoridades ancestrales maya q’anjob’al realizaba la ceremonia, también se instalaba todo el equipo de sonido de la Marimba Maya Santa Cruz, que por primera vez hizo su aparición pública junto a la resistencia pacífica.

Palas Luin condujo parte del evento, precisamente por su papel como coordinador del Movimiento de la Sociedad Civil de Barillas, además como uno de los fundadores de Prensa Comunitaria junto a Daniel Pedro Mateo (QDP). Palas Luin junto a unas trescientas personas que llegaron de distintas comunidades del municipio, recordaron la memoria de sus mártires y también reafirmaron que la defensa por el agua y por los ríos continuará.

Proceso de detención

Palas Luín fue detenido en diciembre de 2019 y encarcelado por su oposición en contra de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, cuya empresa en Guatemala, Hidro Santa Cruz SA, pretendía desde el 2011 la construcción de una serie de hidroeléctricas en cascada, utilizando el caudal del río q’anbalam en el norte de Huehuetenango.

Palas Luin permaneció varios meses encarcelado en el Centro Preventivo para Hombres en la zona 18, en la ciudad de Guatemala, la presión social y la defensa de sus abogados lograron en enero de 2020 que uno de los jueces en la capital resolviera cerrar el caso y dejarlo en libertad.

La actividad duro toda la mañana, quienes asistieron compartieron un tamal, tortillas y una limonada, otras personas bailaron al ritmo de los sones y ritmos q’anjob’ales de la marimba. Los accesos a Poza Verde se dañaron por las dos tormentas tropicales, al mismo tiempo de la conmemoración, otro grupo de comunitarios trabaja junto a una retroexcavadora en uno de los deslaves de la carretera comunitaria, misma que permanece cerrada para el paso de cualquier maquinaria relacionada con actividades extractivas.

Se cumplieron doce años de la llegada de la empresa española a Barillas en el 2008 y el 19 de diciembre pasado se conmemoró el primer año de la detención y posterior liberación de Palas Luin.

Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos. Al menos por ahora. En la mañana de este 4 de enero la justicia británica ha hecho pública su decisión de no entregar al fundador de Wikileaks a las autoridades estadounidenses. La juez Vanessa Baraitser, encargada del caso, considera demostrado que Assange presenta problemas mentales y existe un alto riesgo de suicidio si es procesado en Estados Unidos y encarcelado en “condiciones de casi total aislamiento”.

Hace un año, en abril de 2019, la foto de la detención de Assange en la embajada ecuatoriana, donde había pasado los últimos siete años de su vida, dio la vuelta al mundo. Desde entonces, el australiano se encontraba detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, a la espera de una decisión sobre la extradición a Estados Unidos.

No fueron las motivaciones políticas ni la vulneración de la libertad de prensa lo que convenció a la juez británica, sino los supuestos problemas mentales de Assange y el riesgo para su vida ante una posible extradición

Después de que la acusación por violación en Suecia fuera archivada, el Gobierno de EE UU mantenía una orden de búsqueda y captura por 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de pirateo informático. No fueron las motivaciones políticas ni la vulneración de las libertades lo que convenció a la juez británica, sino los supuestos problemas mentales de Assange y el riesgo para su vida ante una posible extradición.

A medida que se acercaba la fecha, aumentaban las presiones desde todos los campos. El relator especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, vinculaba el caso con la ofensiva de los Estados contra el periodismo de investigación: “Si Julian Assange es condenado, será una sentencia de muerte para la libertad de prensa”.

Todo empezó el 5 de abril de 2010, cuando el mundo pudo ver, gracias al portal de investigación fundado por Assange, las imágenes de soldados estadounidenses masacrando a civiles en Bagdad desde un helicóptero. Y unos meses después, Wikileaks destapó 90.000 documentos sobre la guerra de Afganistán en los que se evidenciaban graves violaciones de los derechos humanos. Y el 22 de octubre de 2010, una nueva filtración, esta vez de 400.000 documentos, mostraban las atrocidades de la guerra de Iraq.

El conocido caso del Cablegate, donde Wikileaks hizo públicos 250.000 documentos del Departamento del Estado, o la difusión de los horrores de las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib colocaron a Julian Assange como uno de los principales enemigos de la Casa Blanca. “Se está creando un sistema criminal ante nuestros propios ojos”, decía Nils Melzer. En esta ocasión ha conseguido evitar la extradición, pero todavía está lejos de ser libre y reparado por diez años de persecución y aislamiento.

“Persecución de un lofmapu que realiza actos políticos para apoyar la recuperación de los derechos de la Nación Mapuche en el contexto de la ocupación militar y dictadura plutocrática que gobierna Chile”, señala su vocero.

Wallmapu, territorio mapuche ocupado, 30 diciembre 2020.

Luego de varias semanas desde la acusación y secuestro en prisión de parte de la familia Queipul Pallaleo de Temucuicui, se observan graves consecuencias para su derecho a la salud, ya que la cárcel ha generado incluso que una de sus integrantes haya sido contagiada en el recinto estatal con el virus COVID19, además de sufrir crisis de angustia y otras afecciones psicológicas, a partir de su paso por las traumáticas condiciones carcelarias, las cuales eran totalmente desconocidas para la afectada Luz Marisel Pallaleo Catrío, esposa y madre respectivamente de Sebastián Queipul Marillán (Chacha) y Daniel Queipul Pallaleo. Todos ellos enfrentan acusaciones judiciales que, de acuerdo a lo señalado por voceros mapuche, tienen como objetivo acallar las reivindicaciones mapuche, más aún considerando que Sebastián Queipul es un reconocido dirigente, quien lideró parte de las movilizaciones para la recuperación del territorio mapuche desde la dictadura militar, siendo uno de los frutos de esta ardua tarea la recuperación del ex fundo Alaska, terreno que forma parte del territorio ancestral de Temucuicui.

Al mismo tiempo ha sido objeto de grave afección a su derecho a la salud Quelentaro Aníbal Figueroa Queipul, quien, mientras se encontraba siendo atendido en un hospital de Talcahuano, fue detenido y acusado de homicidio frustrado contra Carabineros, porte ilegal de arma y disparo, a pesar de encontrarse a más de 220 kms de donde supuestamente ocurrieron estos hechos. De acuerdo al vocero de los afectados, Mijael Carbone Queipul,  “es condenable la acusación referida a un supuesto ataque armado, siendo que el único herido es el detenido Quelentaro Aníbal Figueroa Queipul”, enfatizando que  “esto solo puede entenderse en un contexto de persecución de un lofmapu que realiza actos políticos para apoyar la recuperación de los derechos de la Nación Mapuche en el contexto de la ocupación militar y dictadura plutocrática que gobierna Chile y los territorios anexados por la fuerza en WallMapu”. La gente de Temucuicui destaca también que la mano ejecutora de todo este proceso represivo es el fiscal Enrique Vásquez de la Fiscalía de Collipulli, quien se dedica a criminalizar toda expresión de legítima lucha social en la zona, además del encargado de la seguridad del gobierno, subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, quien ha declarado culpables “con pruebas” a los detenidos antes de que se haya iniciado la investigación judicial y se haya activado el derecho a la defensa.

Por todo ello se hace un llamado a difundir estos hechos y que la acción movilizada por los derechos, colabore con la exigencia de fin de la persecución y reparación a estas familias y jóvenes del territorio mapuche de Temucuicui. Al mismo tiempo se convoca a todas las instancias internacionales de derechos humanos, aún a las que pretenden que la violación a los DDHH en Chile no es sistemática, a acercarse y dar cuenta de esta realidad.

Por Comunicaciones PuLofMapuXawün 

Txaitxaiko Mapu, Cancura Laja, comuna de Nueva Imperial, 31 de diciembre 2020.

En razón de la memoria colectiva del lof, historia de despojo e injusticias. En razón del kume mongen, del ad mapu, el derecho al territorio y libre determinación. En razón a los que nos antecedieron y a las futuras generaciones. El lof Levillan Bayotoro, el 30 de diciembre de 2020 se levanta en dignidad y justicia iniciando el proceso legítimo de recuperación territorial, sobre 200 hectáreas aproximadamente, espacio que hoy se encuentra en manos de latifundistas.

El compromiso que asumimos es grande, sin embargo, como Wünelfe en el cielo, los procesos de recuperación territorial ya iniciados por múltiples lof, nos inspiran y fortalecen. Por ello solicitamos newen para que se manifieste y materialice nuestro anhelo de disfrutar y disponer del territorio ancestral. El compromiso de reivindicar el territorio, implica mirar el kuifimongen y replantear nuestro actual modelo de vida, en especial nuestra economía y desarrollo. Tenemos la convicción que el dinero es un instrumento de empobrecimiento, desde temprana edad producimos todo tipo de bienes, productos y servicios, esa riqueza productiva la transformamos en dinero, este dinero se gasta en mercados fuera del lof, en locales comerciales y megasupermercados cuyos propietarios jamás gastan su dinero en nuestras comunidades, fugándose del territorio esa riqueza local. Por ello creemos que debemos replantear la utilización del “dinero” como medio de cambio, el consumo, la articulación de la producción y distribución de bienes, productos, servicios y saberes, de forma de hacer circular la riqueza creada por nuestro trabajo dentro del territorio.

POR LA PERMANENCIA, CONTINUIDAD DE LA VIDA Y LA NACION MAPUCHE, MARICHIWEU!!!

Sector Cancura Laja ubicado entre Traitraico y Forrowe mapu.