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Avispa Midia

Se multiplica llegada de venezolanos a México

Por Jeny Pascacio

Migrantes originarios de Venezuela representan más del 50% de las personas contenidas en Tapachula, Chiapas, por arriba de la presencia de centroamericanos y haitianos, consideró el Centro de Dignificación Humana.

La violencia vivida en Venezuela provoca la movilidad de personas de forma masiva, pero sus necesidades de protección internacional no son respetadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), explicó el fundador del Centro, Luis García Villagrán.

En el 2020, la estadística de la Unidad de Política Migratoria registró a 183 personas originarias de Venezuela presentadas ante el INM; mientras el 2021 cerró con 2,552.

Desde inicios de ese 2022, venezolanos, centroamericanos, haitianos y africanos realizan manifestaciones en Tapachula para exigir atención a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM.

Pero las autoridades no proporcionan información oportuna ni a los extranjeros solicitantes de refugio, a pesar de los llamados internacionales para respetar el derecho de protección internacional.

La oficina de regulación no tiene atención constante y la Comar proporciona citas hasta tres meses después de la solicitud. Espera que se hace eterna por la falta de recursos y oportunidades laborales para sobrevivir.

Para García Villagrán son graves las ‘ilegalidades’ en las que incurren las autoridades migratorias desde el momento de dar solamente dos opciones de regularización cuando existen 26: a través de un vínculo familiar o el refugio. “Nos sustentamos en el sistema electrónico de trámites migratorios que da la certeza de lo que estamos diciendo, actualmente en Tapachula solo son atendidos entre 30 y 50 migrantes a diario, cuando esa oficina tiene capacidad para atender hasta mil personas al día”.

La situación impera en la frontera sur de Chiapas con Guatemala a pesar de los cambios de titulares en el INM, como el caso de Paola Rojas Rodas, que tras su llegada, continúa con la política de contención con agravantes sobre la criminalización y la militarización.

De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana, no existe vigilancia en la frontera de Suchiate, México, con Tecún Umán, Guatemala; dejan entrar a todas las personas migrantes, “y en Tapachula se forma el nudo humano como parte de un acuerdo político de los tres niveles de gobierno y dependencias involucradas en el fenómeno migratorio”.

A las organizaciones les preocupa que la mayoría de las personas en movilidad, varios menores de edad entre ellas, contenidas en Tapachula, enfrentan abandono, encarcelamiento, detenciones arbitrarias, violencia, xenofobia, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Asimismo que estas personas no tienen derecho a la salud y actualmente padecen un bombardeo mediático para criminalizar a los diferentes grupos que buscan mejores condiciones de vida.

Organizaciones aliadas al Centro de Dignificación Humana, como Pueblo sin Fronteras, acompañan a más de mil personas en movilidad para interponer amparos ante jueces federales; y prevén la salida de una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas.

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Avispa Midia

Comunidades de Veracruz se niegan a la perforación de pozos

Por Jeny Pascacio

Comunidades de la Sierra de Santa Marta, del sur de Veracruz, no permitieron la entrada de los trabajadores de la Compañía Mexicana de Exploraciones S.A.de.C.V (Comesa), que buscan realizar estudios sísmicos para la perforación de pozos de Petróleos Mexicanos.

La semana pasada, los habitantes de Amamaloya, San Pedrito y Mirador Saltillo del municipio de Soteapan, sacaron a los trabajadores de Comesa, ante la insistencia de ingresar a las parcelas y de comenzar perforaciones a la orilla de la carretera.

El Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida, que integran los pueblos popolucas, nahuas y equiparables de los municipios de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan, denunciaron la violación de sus derechos, principalmente a la libre determinación.

En un comunicado de prensa denunciaron que la compañía está comenzando los trabajos bajo engaños y sin respetar las asambleas como la máxima autoridad de sus comunidades. Los pobladores analizaron las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, salud, agua y seguridad, y prevén que serán devastadoras.

“Denunciamos estas violaciones de derechos por parte de la empresa Comesa. Estemos al pendiente de cualquier situación de hostigamiento o represión que pueda suceder en los próximos días”.

Los pueblos originarios cuentan con actas de asamblea comunitaria y actas de cabildo desde 2016 en las que expresan la decisión de no aceptar la realización “de estudios y actividades de prospección, exploración, explotación o aprovechamiento y servidumbre de paso que tengan por objeto extraer minerales, hidrocarburos, agua y/o otros bienes naturales del subsuelo”.

El pasado domingo 13 de febrero, ejidatarios Popolucas de San Pedro Soteapan, reunidos en asamblea, reiteraron la negativa a la entrada de Pemex a 12 parcelas de las comunidades.

Este proyecto de exploración, mayor autorizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, compromete 353 ejidos de Veracruz y Oaxaca, llegando hasta la Sierra de Santa Marta, donde 26 ejidos de los municipios de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan están contemplados para la exploración que implica la perforación a 25 metros de profundidad a cada 100 metros.

Con equipos de perforación portátil, mecanizados, equipos vibradores y el uso de explosivos, pretenden dejar unos “nodos” que de forma satelital enviarán datos interpretados por Comesa y posteriormente entregados a Pemex; si se encuentran petróleo, gas o aceite, procederán con la explotación, explicó la organización Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta.

En la asamblea del domingo, los ejidatarios expusieron que no creen en las promesas de que pagarán los daños que ocasionen, que en temas de medio ambiente pueden ser impagables.

“Comesa y Pemex están violando nuestro derecho a la libre determinación como pueblos indígenas, al no respetar las decisiones de las asambleas, que son la autoridad máxima de los ejidos”, sostuvieron las comunidades en el comunicado.

Hicieron un llamado a las autoridades ejidales y civiles y a los gobiernos municipales, que ratifiquen las actas anteriores y no otorguen los permisos por los riesgos para la salud, por la contaminación, la escasez de agua, por el aumento de la inseguridad y otros daños que provocan este tipo de actividades.

 

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PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

Campaña permanente de movilización, boicot y sabotaje en contra de la empresa Bonafont del corporativo DANONE

 A los pueblos Nahuas de la Región Cholulteca

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los pueblos de México y el mundo que defienden la vida

A las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales

A los colectivos de México y el mundo que resisten al sistema capitalista

A los medios de comunicación

Al Pueblo en general

 

Hoy, 15 de febrero del 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta y el presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, se coordinaron para defender a la empresa Bonafont del corporativo DANONE, despojar a los pueblos de su agua y violentar la autodeterminación de las comunidades originarias de la Región Cholulteca. Con un megaoperativo con elementos de la Guardia Nacional, del cuerpo de granaderos, de la policía estatal y de la policía municipal orquestaron la entrada por la fuerza a las instalaciones de Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, bastión de la organización en defensa del agua a nivel nacional e internacional.

Este atentado es muestra de que los Estados están al servicio de los intereses privados y sus fuerzas armadas existen para reprimir a la población. En México estamos viviendo una escalada de violencia en contra de los pueblos organizados, tan solo esta semana nuestros compañeros del Itsmo de Tehuantepec, Ayotzinapa, Mactumatzá, Nahuatzen fueron reprimidos, nuestro compañero Francisco Vázquez opositor de la Termoeléctrica en Huexca, Morelos fue asesinado.

Ello es muestra de que estamos viviendo una guerra mundial por el agua, en contra de los pueblos y de toda la humanidad.

Los hechos:

Siendo la 1:20 am del martes 15 de febrero, aprovechando la poca afluencia de tránsito, decenas de elementos de las fuerzas públicas bloquearon la carretera federal México Puebla, frente a Altepelmecalli la Casa de los Pueblos, con amenazas, desalojaron a los integrantes de los pueblos Unidos de la Región Cholulteca que resguardaban el inmueble.

Entraron por la fuerza a las instalaciones, desmontaron el plantón que llevaba instalado a las afueras desde el 22 de marzo del 2021, fecha en que se cerró la planta embotelladora por decisión de asamblea de los pueblos de la región para frenar el saqueo de agua, con ello ignoran y violentan nuestra autodeterminación.

Procedieron a borrar los murales que diversos artistas pintaron para apoyar la construcción de la Casa de los Pueblos y que daban identidad al espacio.

Hasta ahora desconocemos las condiciones en que se encuentran los animales (gallinas, conejos, borregos y cerdos) que son parte de las cooperativas desarrolladas en Altepelmecalli.

Así también desconocemos el destino de las herramientas con que los integrantes de Pueblos Unidos desarrollaban proyectos de Salud, Educación, Comunicación y Agricultura así como los cientos de libros que conforman la biblioteca comunitaria.

Hacemos responsables a los representantes de los tres niveles de gobierno de cualquier daño que sufran los animales y objetos que eran resguardados en estas instalaciones.

Los responsabilizamos de la integridad de todos los miembros de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca así como de todas y todos los compañeros que han acuerpado nuestra resistencia.

Son culpables de perpetrar el desastre ambiental que la empresa Bonafont del corporativo DANONE venia provocando durante 29 años en las comunidades aledañas a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Ellos, el Estado y los empresarios creen que secuestrando las instalaciones de Altepelmecalli nos vencerán. Nosotros, los Pueblos nahuas de la región cholulteca les decimos que no nos rendiremos, seguiremos defendiendo nuestra agua y la vida.

Hacemos un fuerte llamado a todas y todos los compañeros con quienes hemos caminado en esta lucha a movilizarse en sus territorios.

Convocamos a los pueblos, organizaciones y colectivos de México a realizar acciones de protesta para denunciar la represión que vivimos el día de hoy, en recintos de CONAGUA, SEMARNAT, INPI, gobierno municipal, estatal y nacional, en la embajada de Francia (país de origen de la empresa Bonafont), y en instalaciones de la empresa DANONE.

· Llamamos a nuestros compañeros en Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Gahna, Kurdistán a solidarizarse y movilizarse en la embajada de México en sus países así como en las instalaciones de DANONE que existan en sus territorios.

· Exhortamos a las organizaciones de Derechos Humanos que nos acompañan a documentar y denunciar las graves violaciones a nuestros derechos como pueblos y defensores ambientales que somos.

· Llamamos a las Universidades públicas y privadas a pronunciarse en contra de este atropello.

Con esto arrancamos una campaña permanente de movilización, boicot y sabotaje en contra de la empresa Bonafont del corporativo DANONE a nivel Global.

Nosotros, los más de 20 pueblos nahuas de la región cholulteca nos declaramos en asamblea permanente y alerta máxima, ante la posible reactivación de la embotelladora que secó nuestros pozos, ríos y ameyales.

Recuperaremos lo que es nuestro como lo hemos venido haciendo históricamente.

Haremos valer, una vez más, la Ley de los Pueblos.

A 15 de febrero del 2022 desde las rebeldes tierras de Juan C. Bonilla.

 

Agua, Tierra y Libertad
¡FUERA BONAFONT!
¡FUERA DANONE!
ALTO A LA REPRESIÓN A LOS PUEBLOS QUE DEFIENDEN LA VIDA
PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

 

Advertimos sobre la escalada del gobierno federal contra los movimientos, Michoacán, Oaxaca, Puebla

 

 

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Pueblos Unidos de la Región Cholulteca

ALERTA MÁXIMA ! Guardia Nacional y policía estatal toman Altepelmecalli, La Casa de los Pueblos

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los medios de comunicación

A la población en general

Los pueblos Unidos de la Región Cholulteca denunciamos que el dia de hoy, 15 de febrero a la 1:20 am, Guardia Nacional, granaderos y policia estatal invadieron las instalaciones del Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos. Con desmedida presencia de las fuerzas públicas los tres niveles de gobierno, una vez más, despojan y reprimen a los pueblos que desde hace casi un año cerramos la planta embotelladora Bonafont, del corporativo DANONE.

Esta empresa criminal robo millones de litros de agua diariamente en nuestra región, secando nuestros pozos, rios y ameyales.

Tras expulsarla, los pueblos construimos vida sobre sus ruinas, con proyectos de salud, educación, comunicación, agricultura, ganadería, justicia y cooperativas.

Ahora el gobierno responde por los intereses de esta empresa y facilita que el despojo de agua reinicie.

Denunciamos a estos gobiernos que reprimen a los pueblos y protegen a las empresas.

Para ellos, el dinero está por encima de la vida.

Exigimos el retiro de las fuerzas armadas de Altepelmecalli y la devolución de las instalaciones a los pueblos.

Hacemos un llamado a todos los pueblos, a las organizaciones hermanas, a las organizaciones de derechos humanos, a los medios de comunicación y a todas y todos los compañeros que han caminado con nosotros a sumarse a nuestra exigencia y a estar atentos ante la inminente persecución y represión a los pueblos.

Seguimos en alerta máxima.

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca

 

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Ejidos de Ayala en Defensa del Agua

La termoeléctrica se lleva nuestra agua y nos devuelve sangre: Asesinan a Francisco Vázquez, Consejo de Vigilancia de ASURCO

Comunicado Urgente

 

Los ejidos de Ayala en defensa del Agua condenamos el vil asesinato del ExComisariado Ejidal de Abelardo L. Rodriguez y Presidente del Consejo de Vigilancia de ASURCO Francisco Vázquez Domínguez el día de ayer 11 de febrero de 2022 en su rancho ubicado en el ejido de Abelardo, presuntamente por sujetos en motocicleta, lo cual muestra una clara ejecución.

Se sabe que un día antes de su asesinato Francisco Vázquez como Consejo de Vigilancia de ASURCO se reunió con más de 20 comisariados ejidales en Chinameca, pertenecientes a ASURCO para tratar la destitución de Rogelio Plascencia Barreto como Presidente de la asociación de usuarios del Río Cuautla.

Se dice que en dicha reunión, Pancho Vázquez, como todos lo conocíamos, dijo que temía por su vida porque Rogelio lo había amenazado y que cualquier cosa que le pasara responsabilizaba a Rogelio Plascencia.

Pancho Vázquez tenía, como Consejo de Vigilancia, la facultad legal, conforme el artículo 35 fracc. VIII de los Estatutos de ASURCO, de convocar a asamblea para destituir a Rogelio Plascencia por manejo indebido de recursos financieros y mal servicio de riego, situación que justamente fue tratada como objetivo de la reunión donde denunció temer por su vida y al siguiente día lo ejecutan.

El mismo jueves 10 de febrero, horas antes de la reunión para tratar la destitución de Rogelio, este se presentó en el plantón de ASURCO con más de 40 personas, varias de ellas con palos en las manos, con el objetivo de abrir por la fuerza las oficinas de la asociación y desalojar el plantón.

Tras el fallido intento de desalojo, se acordó realizar el día de hoy sábado una reunión en el Axocoche, a la cual no asistiremos por temor a nuestras vidas y porque no podemos ver la cara al principal sospechoso del asesinato de Pancho Vázquez.

Destacamos que la inconformidad sobre el mal manejo de recursos deriva en la falta de transparencia de los recursos públicos que la CFE le dio a Rogelio Plascencia por la venta del agua, el desistimiento de los amparos y el retiro del plantón, situación que no ha podido cumplir Rogelio Plascencia.

Pancho Vázquez, además de ser Consejo de Vigilancia, cuando fue comisariado ejidal del ejido de Abelardo L. Rodriguez encabezó varios amparos contra el robo del agua para la termoeléctrica y cuando López Obrador anunció la consulta sobre el PIM en 2019. Hoy un opositor legal más al Proyecto Integral Morelos ha sido ejecutado y el principal sospechoso es quien ha recibido dinero de la CFE para usar, sin autorización de los ejidos, el agua para el funcionamiento de la termoeléctrica.

La tensión en Ayala sobre el plantón de ASURCO y los recursos económicos proporcionados por la CFE se da justamente después que el 21 de enero de este año, el Secretario de Gobernación de Morelos Pablo Ojeda, se reunió con Rogelio Plascencia para darle seguimiento a los apoyos económicos por causa de la termoeléctrica, así como en el 3er informe del gobernador señaló que con los recursos económicos dados a ASURCO se acabó la inconformidad sobre el PIM.

Pero. ¿Porque le darían más dinero a Rogelio Plascencia si los 118. 5 mdp prometidos eran a cambio de retirar el plantón y desistirse de los amparos, situación que a la fecha no logró Plascencia? Es evidente que Rogelio esta urgido de resolver el retiro del plantón y eliminar toda forma de oposición que se le presente, pues ha hecho compromisos con el Estado que no ha podido cumplir.

Es por todo esto que urgimos a las autoridades judiciales realicen las investigaciones necesarias con claras líneas de investigación que involucren la influencia y consecuencias que han causado los recursos económicos en favor del funcionamiento de la termoeléctrica en Huexca y como principal sospechoso de la ejecución extrajudicial de Pancho Vázquez, a Rogelio Plascencia Barreto, por ser el mismo Pancho Vázquez quien lo responsabilizó un día antes de su muerte.

Emitimos una ALERTA URGENTE a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de protección a personas defensoras que presionen al Estado Mexicano para garantizar la integridad de los ejidos de Ayala que nos oponemos al robo de nuestra agua para la termoeléctrica y la falta de transparencia y mal manejo de recursos de Rogelio Plascencia. Solicitamos al mismo tiempo a la CNDH y organismos internacionales de derechos humanos, emitan medidas cautelares en favor del plantón de ASURCO, pues Rogelio Plascencia declaró en medios de comunicación que, de no acordarse el desalojo del plantón el día sábado, este lo haría por medio de la fuerza/violencia.

Ejidos de Ayala en Defensa del Agua

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Avispa Midia

Istmo de Tehuantepec: Intentan asesinar a defensor del territorio en Unión Hidalgo

Por Avispa

El jueves (10), Edgar Martín Regalado, integrante del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, fue víctima de un atentado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento cuando se trasladaba en un mototaxi rumbo a su casa, en Unión Hidalgo.

El atentado ocurrió tan solo horas después de participar en una rueda de prensa en la ciudad de Oaxaca, donde posicionó las acciones emprendidas por dicho colectivo con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) contra la construcción y operación del parque eólico Gunaa Sicarú por parte de la empresa Électricité de France (EDF).

En la rueda de prensa, anunciaron la presentación de un recurso de apelación en contra de la determinación del tribunal civil de París, de negar la suspensión de la construcción del proyecto eólico Gunaa Sicarú por violar los derechos de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, incluyendo el derecho a la consulta indígena.

Ante estos hechos se exige, entre otros puntos, identificar y sancionar a los responsables del atentado y garantizar las medidas de protección y no repetición para las y los defensores del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo.

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Avispa Midia

Sin registro en México de migrantes desaparecidos

Por Jeny Pascacio

A pesar de ser considerado uno de los principales países de origen, tránsito y destino de miles de personas en movilidad humana, México carece de mecanismos y estrategias encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones, ejecuciones y masacres de personas migrantes.

De acuerdo al informe de la Fundación para la Justicia, realizado para el Comité de las Naciones Unidos contra la Desaparición Forzada (CED), a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, no existe un conteo de personas en movilidad humana desaparecidas en México.

El CED tiene registro de 95 mil personas desaparecidas o no localizadas y más de 52 mil personas fallecidas pendientes de identificación, pero se desconoce el número real de personas migrantes que se encuentran dentro de estas cifras.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tiene registro de 1,421 casos, mientras organizaciones que documentan desapariciones y apoyan a familias en la búsqueda, como Movimiento Migrante Mesoamericano, considera que se trata de una cifra superior a los 80 mil migrantes desaparecidos a la fecha.

La Fundación para la Justicia señala la falta de mecanismos que incentiven la presentación de denuncias o reportes de desaparición de personas migrantes; pues en muchos casos no reportan la desaparición de sus acompañantes de viaje o familiares, por temor a ser deportadas o porque desconocen los mecanismos para hacerlo.

“Las personas migrantes en situación irregular caen en el anonimato y se vuelven ‘invisibles’ para las autoridades, lo cual fomenta la existencia de un subregistro importante de desapariciones, ejecuciones y otras violaciones graves a sus derechos humanos”, sostiene la Fundación para la Justicia en un informe.

A cuatro años de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no existen mecanismos para la búsqueda de personas migrantes.

Foto: Jeny Pascacio

“Recientemente se publicó el Protocolo Homologado de Búsqueda, que contempla la conformación de un Grupo de Trabajo interinstitucional Especializado en la Búsqueda de Personas Migrantes Extranjeras, pero no tenemos conocimiento de que éste se haya conformado o puesto en marcha”, dice el estudio de la Fundación.

De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, en 2021 se registraron 705 delitos cometidos contra personas en movilidad humana, entre ellos 200 menores de edad.

La incidencia presentada está en el tráfico ilícito de migrantes, robo y secuestro con un registro de 39 casos. Las personas que más denunciaron fueron originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Para Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano, la desaparición es una situación de emergencia y uno de los temas menos visibles dentro de la migración. Mientras los comités de búsqueda documentan hasta 10 casos por día en las comunidades de los países del triángulo del norte.

“No hay una cifra exacta por lo mismo, porque no hay un mecanismo eficaz” ni institucional. “Tenemos una crisis forense en el país, es una realidad”.

Durante los dos años de la pandemia por el COVID-19, la búsqueda se complicó “porque las autoridades dejaron de hacer lo poco que hacían”, sostiene Figueroa.

El Movimiento Migrante Mesoamericano coordina la caravana de madres en busca de sus hijos migrantes que, por razones del confinamiento, llevó sus actividades de manera virtual ante la incertidumbre de las familias que tienen la necesidad de continuar con la búsqueda de sus hijas e hijos, debido a la omisión de las autoridades mexicanas sobre sus demandas.

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Felicidades al comandante Pablo Contreras por sus primeros cien años de vida de congruencia y de lucha

 

 

 

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Colectivos e individuxs en Turku, Finlandia

Con las Zapatistas desde Finlandia (II) | Mensaje de colectivos e individuxs en Turku, Finlandia, en apoyo a las comunidades Zapatistas

Con las Zapatistas desde Finlandia (II) | Mensaje de colectivos e individuxs en Turku, Finlandia, en apoyo a las comunidades Zapatistas (02/2022)

En solidaridad con las comunidades zapatistas desde Turku, Finlandia:

Exigimos a los tres niveles de gobierno mexicano dejar de apoyar y poner fin a la guerra contra Nuevo San Gregorio.

#NuestraLuchaEsPorLaVida
#SolidaridadConLosPueblosZapatistas
#AltoALaGuerraEnNuevoSanGregorio

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Avispa Midia

Sin justicia, familiares de migrantes víctimas de accidente carretero en Chiapas

Por Jeny Pascacio

En portada: Una mujer enciende una vela en el lugar del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, México. Foto: Alfredo Estrella

“Quiero justicia por la muerte de mi esposo, pero no tenemos recursos para buscarla”, dice Yesenia Flores. Su esposo, Leonel Gómez Zepeda, fue una de las 56 víctimas mortales tras la volcadura del tráiler en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, ocurrida el pasado 9 de diciembre.

Leonel Gómez Zepeda, de 37 años, fue un futbolista de Primera División del Deportivo Malacateco en Guatemala. Debido a su edad, el balompié dejó de ser redituable y la crisis económica de su país lo llevó a intentar migrar, por primera vez, a Estados Unidos.

El lunes 6 de diciembre, Leonel se despidió de su familia en Guatemala y unas horas antes del accidente, reaccionó a una foto de su hija en Facebook. Fue la última interacción que Yesina recuerda de su esposo.

El cuerpo de Leonel estuvo en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez y después fue trasladado al municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas. Yesenia tuvo que viajar varias veces a México, con recursos propios, para localizarlo.

También trasladó a sus hijas desde Malacatán, Guatemala, a Chiapas para las pruebas de ADN que solicitó la Fiscalía General de la República.

El 19 de diciembre, sin avisar, los gobiernos de ambos países trasladaron tres féretros de los muertos en el accidente, uno de ellos con los restos de Leonel, “sólo vinieron a dejar la caja y no supimos nada de ningún gobierno”.

Yesenia Flores lamenta que el único momento en que tuvo atención de las autoridades mexicanas fue para las pruebas de ADN, por la presión que ella misma ejerció. “No tuvimos apoyo ni antes ni ahora”.

Yesenia y Leonel procrearon cuatro hijas, todas aún menores de edad. Leonel buscaba darles una mejor vida que esperaba encontrar en Estados Unidos.

“A mis hijas todavía no les he comprado sus útiles porque aún no encuentro trabajo. Mi esposo por eso se fue, porque la situación aquí es difícil; por eso, aunque quiera darle seguimiento a la investigación para que se haga justicia, no puedo por el gasto que representa”.

Yesenia Flores recuerda que el féretro estaba sellado y le pidieron que sepultara a su esposo de manera inmediata por el estado de descomposición que presentaban. “Escuchar al gobierno de México decir que no hay detenidos, duele en el alma”.

Solicitud de apoyo, sin respuesta

Familiares de las víctimas se han manifestado por el nulo apoyo de los gobiernos de México y Guatemala

Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años, salió de su casa en Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, el 8 de diciembre acompañado de su concuño Miguel Laynes Ortega, de 27 años.

Por segunda vez, Domingo se colgó la mochila con el ánimo de ganar dinero para apoyar a sus padres. Su tía les ayudó a contactar un coyote y lograron reunir dinero tras vender pertenencias y pedir prestado.

“Ya se murió el Mingo” dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los llevaría a Ohio. Miguel logró brincar del vehículo en movimiento. Resultó con lesiones en brazos y costillas.

En cuanto se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, la familia maya Ixil en Guatemala solicitó apoyo a las autoridades de ambos países para repatriar el cuerpo del joven que estaba en calidad de desconocido. Entonces no hubo respuesta.

Pedro Raymundo, padre de Domingo, cuenta que se trasladó a Chiapas para pedir el cuerpo de su hijo, “estuve viajando también por el acta de defunción y por eso en Guatemala me cobraron 4 mil quetzales”.

Los gastos de los traslados, alimentación y hospedaje para la realización de trámites también fueron cubiertos por ellos, “nosotros no tenemos dinero tampoco información, no sabemos ni a quién pedirle justicia”, lamenta Pedro en su fracturado español.

Pese a sus esfuerzos, Raymundo aún no cuenta con el acta de defunción de su hijo y la única respuesta que recibió fue por parte del Registro Nacional de las Personas (Renap), entidad guatemala quien aseguró se debe a que la Fiscalía General de la República mexicana aún no envía la información.

Antes de salir de Almolonga, Guatemala, Domingo y su concuño Miguel se dedicaban al campo. Dejó de estudiar hace dos años cuando su familia no pudo solventar los gastos escolares, fue entonces que uno de sus tíos, establecido desde hace un año en EEUU, lo convenció de migrar.

“Dijo que se podía hacer la lucha, porque aquí no hay trabajo ni para las mujeres y estamos en una casa prestada”, agregó Margarita Raymundo, hermana del joven.

Domingo y Miguel, recorrieron 432 kilómetros desde su comunidad hasta el municipio chiapaneco donde ocurrió el accidente. En el lugar, los pobladores locales, aún en shock, prenden veladoras por el descanso eterno de los fallecidos y la recuperación de los heridos.

No hay detenidos

Aún después de meses de ocurrido el accidente, pobladores de Chiapas colocan ofrendas en el lugar donde perdieron la vida 56 personas.

A dos meses de la tragedia, la Fiscalía General de la República se limita a decir que no tiene mayor información sobre el caso porque siguen las investigaciones. Pero en realidad aún no hay detenidos ni avances en la carpeta de investigación. Esto a pesar de que el 14 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los responsables fueron identificados.

El Instituto Nacional de Migración (INM) también evade los cuestionamientos de la prensa con respecto a los apoyos a las familias que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente del accidente carretero.

Los únicos reportes sobre el caso se publican en la página oficial donde recientemente destacaron la repatriación de cuerpos, realizados durante diciembre de 2021 y enero de 2022: 42 de Guatemala; 12 de República Dominicana; una de El Salvador y una más de Ecuador. A finales de enero, informaron que fueron trasladados los últimos restos que corresponden a un adulto y un menor de edad guatemaltecos.

Asimismo, la Secretaría de Salud en Chiapas señala que solo uno de los 114 heridos en el mismo accidente continúa con atención en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.

Contubernio

Organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste Mexicano, han hecho hincapié en las políticas de contención migratoria, las cuales orillan a las personas en movilidad a tomar alternativas peligrosas para trasladarse de una frontera a otra.

De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, existe un contubernio de la autoridad migratoria para permitir el transporte de migrantes por el crimen organizado. Esto debido a que pese la presencia de retenes para inspeccionar vehículos en la ruta migratoria en Chiapas, la mayoría no son detenidos. “Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre esos tráileres y demás unidades que pasan invisibles por Chiapas”.

Para la organización nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría concretar sin la complicidad de la policía, funcionarios de migración y el Ejército mexicano, sobre todo en las zonas de los Altos, Norte y Selva de Chiapas controladas por narcotraficantes que también se dedican a este delito. “Desde sus países de origen a muchos los engañan, les piden escrituras de casas y terrenos, para llevarlos endeudados y con engaños”.

En estas redes, participan desde pobladores de las comunidades indígenas, donde se encuentran algunas casas de seguridad, hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que transportan a sus víctimas no sean descubiertos por la autoridad; hasta los uniformados encargados de la seguridad nacional.

Los grupos del crimen organizado se apropian de caminos de extravío o rutas claves; ofrecen o amenazan a los pobladores para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos.

“Las autoridades se sientan y dicen que van a solucionar el problema e informan que no pasa nada”, lamentó Elvira Madrid de Brigada Callejera.

En el 2018, cuando comenzaron a llegar a México las primeras caravanas migrantes, los representantes el Consulado de Honduras en México, confirmaron que los delitos contra personas migrantes incrementaron, con un mayor número de víctimas por la trata de personas y el secuestro.

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