La región de la sierra madre y la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala, arde. La omisión de las autoridades incrementa el riesgo para la población ante los constantes enfrentamientos armados, las desapariciones, el reclutamiento y desplazamientos forzados, acusan organizaciones sociales chiapanecas y nacionales.

Extorsiones, amenazas y secuestros son parte de la cotidianidad. También la cooptación e integración forzada de organizaciones sociales, campesinas, comerciantes y transportistas para participar en actividades criminales; además de la desaparición de líderes y autoridades comunitarias.

A lo anterior se suma la repercusión negativa en la economía tras casi dos semanas de bloqueos carreteros que impiden el traslado de mercancías y alimentos básicos, que ya alcanzan precios estratosféricos por la escasez. Además, funcionarios educativos anunciaron la suspensión de clases desde esta semana, como una medida para preservar la seguridad de maestros y alumnos ante la violencia que azota la región.

“Ante el pánico e incertidumbre provocados a la sociedad, determinamos suspender temporalmente las actividades laborales en todos los planteles de la zona escolar para no exponer a alumnos, maestros, personal docente y padres de familia”, resalta el oficio de las autoridades escolares.

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Ante esta situación, organizaciones como la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG), el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), a través de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), difundieron un comunicado para alertar que, a más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, “aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región”.

En medio de la guerra

Los testimonios del enfrentamiento en Nueva Independencia señalan que, en la mañana del 23 de mayo, grupos antagónicos del crimen organizado utilizaron armamento de guerra. “Detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos ‘monstruos’ blindados”, fueron utilizados en medio de la población civil.

La violencia desbordó y provocó el desplazamiento forzoso de aproximadamente 3,500 personas. Por casi cuatro días no hubo presencia ni intervención alguna del Estado. Fue hasta el 30 de mayo cuando alrededor de 1,500 elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército arribaron al lugar.

“Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia (militares y GN) tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan”, sostienen las organizaciones sociales.

De acuerdo a un documento filtrado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con fecha de junio del 2022, el cártel de Sinaloa mantiene la hegemonía en Chiapas, pero desde el asesinato de Ramón Gilberto Rivera Beltrán, El Junior, sucedido en julio de 2021, se “provocó un vacío en el liderazgo en el grupo delictivo que encabezaba (cártel de Sinaloa), originando pugnas y diferencias entre las células que lo integran, considerando una fractura en el interior de la estructura del cártel.”

Las organizaciones sociales también identifican este evento como un parteaguas en el incremento de los enfrentamientos en distintas regiones de Chiapas. “Se tomó paulatinamente el control territorial de la región frontera, particularmente del corredor frontera-centro. Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán de Domínguez son vías utilizadas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica”, contextualizan.

Según la denuncia, tras la guerra de mayo, la violencia se expandió hacia comunidades y ejidos de municipios colindantes a Frontera Comalapa, como Chicomuselo y La Trinitaria, “en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos”.

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Cabe resaltar que durante las últimas semanas se registran bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en los municipios de Chicomuselo, Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región. “Todo esto no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región, así como la responsabilidad del gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas”, acusan mediante comunicado.

Las organizaciones enfatizan que el cierre de comercios, escuelas, así como la falta de servicios de salud y transporte implica daños al patrimonio y medios de vida de las familias en la región.

Esto coloca en mayor riesgo su seguridad alimentaria, además de impactar negativamente en la salud física y mental de las personas que viven con temor de nuevas agresiones.

Medios nacionales han reportado que se han disparado los costos de alimentos básicos, las tortillerías no funcionan y escasea el combustible. En municipios de la región fronteriza y sierra, desde hace 10 días incrementaron los bloqueos sobre la carretera Panamericana. También aumentaron los asesinatos y secuestros, por lo que los comercios cerraron sus puertas y la población se resguarda en sus hogares.

Testimonios de los lugareños señalan que los bloqueos cerca del crucero de Chamic y la carretera que cruza a la sierra, a la altura del municipio de Motozintla, mantienen permanentemente incomunicado al municipio de Frontera Comalapa, y también afecta a los municipios de Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera. En la región habitan aproximadamente más de 130 mil personas.

Este lunes (18), alrededor de 8 mil personas marcharon en Frontera Comalapa para demandar el retiro de los bloqueos carreteros, que adjudican a integrantes del cártel de Sinaloa. Medios locales señalan que la manifestación fue promovida por la agrupación El Maíz, la cual vinculan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según testimonios de la población, estos fueron amenazados para participar en la protesta.

Autoridades omisas

Las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que la región vive un total sometimiento y silenciamiento de la población, y señalan que esto acontece en medio de la complicidad de las autoridades municipales, las cuales carecen de confianza ante la población para atender denuncias y brindar apoyo para los habitantes.

A lo anterior, se suma la falta de certeza en la función que realizan los elementos del ejército que arribaron a la región desde mayo. “La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno. Este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población”, acusan.

En el municipio de Chicomuselo, mediante acuerdos de asamblea, se solicitó que la presencia de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas respetaran los derechos humanos de la población, ante el temor de que realizaran abusos contra los pobladores, como se reporta en otras partes del país.

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“Existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal. El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, sentencian las organizaciones.

Desde el pasado 9 de septiembre, la Sedena anunció la incorporación de 500 soldados, pertenecientes a la 39 zona militar, para la instalación de puntos de control entre los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Mazapa de Madero y Motozintla. No obstante, lejos de que la violencia cese, se registra un aumento de las agresiones por parte del crimen organizado.

^{En portada: Más del 70 % de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente de 2022 ocurrieron en tan solo tres países: Colombia, Brasil y México. Felipe Luna/Global Witness}

América Latina continúa siendo la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, alerta la organización de derechos humanos Global Witness. De acuerdo con documentación realizada por la organización en 18 países de todo el mundo, al menos 177 personas defensoras perdieron la vida en 2022, 88% de los asesinatos ocurrieron en América Latina.

Más de un tercio, el 36%, de las personas defensoras asesinadas eran indígenas, y el 7%, afrodescendientes. Más de una quinta parte, el 22%, se dedicaban a la agricultura a pequeña escala. Todas ellas dependían de sus tierras y recursos naturales para vivir.

Global Witness ha documentado la violencia y asesinatos contra defensores de la tierra desde 2012. “El mundo ha cambiado radicalmente desde que empezamos esta labor, en 2012. Lo que permanece inmutable es la persistencia de los asesinatos”, sostiene la organización en el informe que divulga el resultado de la documentación.

Desde 2012, registraron 1,910 asesinatos, siendo que el 70%, 1,335 asesinatos, ocurrieron en Latinoamérica. Además, la organización registró que, de los 1,910 asesinatos, 1,390 tuvieron lugar entre la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2022.

Las cifras de 2022 son poco menores comparadas al 2021, cuando fueron asesinadas 200 personas. Sin embargo, la situación no ha mejorado sustancialmente, alerta la organización. “El agravamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales no harán sino intensificar la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo. Además, para silenciar a las personas defensoras cada vez es más frecuente el uso de estrategias no letales, como la criminalización, el acoso y los ataques digitales”.

Año tras año, la mayoría de los asesinatos se concentra en los mismos países. Más del 70% de los casos – 125 asesinatos de un total de 177 – ocurrieron en tres países: Colombia, Brasil y México.

Colombia encabeza la clasificación mundial con 60 asesinatos. Esta cifra supone casi el doble de asesinatos que, en 2021, cuando perdieron la vida 33 personas defensoras. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala y las personas que defienden el medioambiente, “han sido duramente golpeados”.

En Brasil perdieron la vida 34 personas defensoras, frente a las 26 de 2021. “Las personas defensoras brasileñas tuvieron que hacer frente a una hostilidad implacable por parte del gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro, cuyas políticas han expuesto la Amazonia a la explotación y la destrucción, han debilitado las instituciones ambientales y han incitado a invasiones ilegales de tierras indígenas”, dice el documento.

México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Al menos 16 de las personas asesinadas eran indígenas, mientras que cuatro eran abogados. “No obstante, la situación general en México no dejó de ser alarmante para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, y las agresiones sin consecuencias mortales (entre ellas, la intimidación, las amenazas, el desplazamiento forzoso, el acoso y la criminalización) siguieron dificultando en gran medida su trabajo”, señala la organización.

En Honduras fueron registrados 14 asesinatos en 2022, el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita del mundo. “Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se ha comprometido a proteger a las personas defensoras. Sin embargo, las primeras tendencias de 2023 apuntan a la persistencia de una violencia generalizada, ya que se han denunciado asesinatos y agresiones no mortales en todo el país”, sostiene la organización.

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La organización subraya que las cifras solo contabilizan los asesinatos de los que se tiene conocimiento, dado que la falta de denuncia es un problema generalizado. “Por desgracia, se habrán perdido muchas más vidas que no están incluidas en nuestros datos”.

En el mes de abril, el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, durante una cena con medios de comunicación y diversos corresponsales, hizo un llamado urgente para la liberación de los periodistas que están presos, sobre todo estadounidenses, afirmando que “el periodismo no es un delito”.

Biden hizo hincapié, principalmente, sobre el caso de dos periodistas: Evan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal, acusado de espionaje en Rusia, y Austin Tice, periodista supuestamente retenido por el gobierno sirio. “La prensa libre es un pilar de una sociedad libre, no el enemigo”, reafirmó el presidente de los EEUU ante diversos reporteros, editores, presentadores de televisión y locutores de radio. En ningún momento se mencionó el caso del periodista australiano Julián Assange.

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Assange fue detenido en Londres en 2019, aunque ya había pasado siete años en calidad de refugiado en la Embajada de Ecuador de la capital británica. Es acusado por el gobierno de Estados Unidos por 17 cargos de violación a la Ley de Espionaje y un cargo de conspiración por supuestamente cometer intrusión informática, es decir, acceso no autorizado a la red de datos clasificados.

Los documentos clasificados que expuso el periodista en 2010 y 2011 contienen pruebas de las atrocidades cometidas por el gobierno estadounidense en Irak y Afganistán.

Desde el momento en que se libera la orden de detención del periodista Assange, de origen australiano y fundador de Wikileaks, se ejerce una presión constante para que el periodista sea extraditado a Estados Unidos para ser juzgado con una posible pena de hasta 175 años de prisión.

Biden ha tenido la oportunidad de poner un alto a la persecución de Assange y darle un giro al caso. No obstante, el Departamento de Justicia en su periodo de gobierno ha insistido en la extradición, como lo hizo el ex presidente Donald Trump.

Solidaridad con Assange

A ello se suma que el Tribunal Supremo de Reino Unido rechazó, el pasado mes de junio, la apelación que interpuso la defensa del periodista contra su extradición a Estados Unidos.

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Entre las diversas expresiones de solidaridad que ha recibido el periodista, más de 60 legisladores australianos han emitido una misiva al gobierno de EEUU donde instan a retirar los cargos contra Assange. Incluso, una delegación de estos parlamentarios australianos ha decidido viajar a la Casa Blanca la próxima semana para ejercer presión por la libertad del periodista.

Actualmente Assange lleva cuatro años en la prisión londinense de Belmarsh, aún sin cargos. Si Assange es condenado, tendría graves consecuencias para la libertad de prensa en Estados Unidos y en todo el mundo, ya que la práctica que él ejerció sobre la ventilación de los documentos clasificados es común en el periodismo de investigación; en todo caso, cientos de periodistas podrían ir a prisión por ello.

^{En portada: Durante conferencia de prensa, representantes de comunidades mayas celebraron la resolución que les restituye sus tierras y derechos agrarios. Foto: Theani Vianey}

Este lunes (11), la comunidad maya de Celestún, en Yucatán, informó sobre la resolución de una controversia agraria, la cual ordena la restitución de tierras a 72 ejidatarios despojados ilegalmente de sus derechos agrarios por el Grupo Porcícola Mexicano SA de CV (Kekén), el mayor productor de carne de cerdo en México.

Mediante conferencia de prensa, contextualizaron que esta victoria está relacionada al despojo de 3,513 hectáreas de tierras de uso común en Celestún. Explicaron que el Comisariado Ejidal, asesorado por el licenciado Rafael Acosta Solís, firmó el 28 de abril de 2019 un convenio confidencial con Kekén cuya consecuencia sería el despojo de sus tierras de uso común y sus derechos agrarios.

Los ejidatarios denunciaron que el acuerdo les obligaba a mantener estricta confidencialidad respecto de cualquier información que les proporcionara la empresa. También que la empresa intentó legalizar el convenio mediante el Tribunal Unitario Agrario, “pero el 21 de noviembre de 2019 dicho Tribunal ‘resolvió improcedente calificar de legal y aprobar el convenio aludido, esencialmente porque con su suscripción dicho núcleo agrario [Celestún] pareciera que pierde la superficie de 3,513 hectáreas’”, contextualizan mediante comunicado.

Los habitantes de Celestún acusaron que, durante 2019 y mediante engaños, Rafael Acosta les convenció para aceptar un pago de 12 mil pesos por ejidatario, consecuencia de una supuesta victoria de la comunidad maya en un juicio contra Kekén, debido a que desde 2012 exigen el retiro de la megagranja porcícola que está ubicada en las proximidades. Los ejidatarios sostienen que, a cambio de la firma del convenio, Rafael Acosta recibió, de parte de la empresa, un pago de casi un millón y medio de pesos.

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A cambio, les solicitaron la firma de documentos en blanco. “Luego usaron nuestras firmas para quitarnos nuestros derechos ejidales, afirmando falsamente que habíamos renunciado. Afortunadamente, la sentencia concluye que se nos engañó para firmar esos papeles y nunca dimos nuestro consentimiento para que se nos despojaran nuestros derechos, y ordena que se nos devuelva la condición de ejidatarios”, afirma Héctor Arsenio del Ángel Ávila, representante común de los ejidatarios de Celestún.

Según Ávila, la sentencia actual demuestra la nulidad de los escritos impugnados por los ejidatarios, pues el despojo de sus derechos ejidales atenta contra diversos artículos de la Ley Agraria, el Código Civil Federal y otras normativas.

“La sentencia también refleja la complicidad del notario Raúl Pino Navarrete, titular de la Notaría 76 de Yucatán, que fue también demandado por los ejidatarios en este juicio, y que protocolizó las renuncias de derechos declaradas como nulas por el Magistrado Dr. José Lenin Rivera Uribe”, divulgaron los ejidatarios.

Por su parte, Saúl Rodríguez Gutiérrez, ejidatario de Celestún, aseguró que nunca estuvieron de acuerdo con la entrega de tierras a Kekén, ni con la participación de Solís como asesor legal del ejido. “Con esta sentencia, salen a la luz los actos ilegales cometidos por este abogado y por comisariados ejidales corruptos. Kekén nos está despojando de nuestras tierras de uso común y afecta nuestra salud con la contaminación del agua provocada por su megagranja. Esta sentencia nos alegra y anima a continuar con más acciones legales para la defensa de nuestro territorio, hasta lograr el cierre de la megagranja y la recuperación de nuestras tierras de uso común.”

Comunidades frente al despojo

En la rueda de prensa también participaron representantes de las comunidades mayas de Kinchil, quienes señalaron afectaciones por contaminación y despojo de tierras realizado por la empresa Kekén. Matilde Edilberta Dzib Dzul, del Colectivo Cantukún e integrante del Consejo Maya del Poniente, enfatizó el procedimiento fraudulento mediante el cual la empresa cometió el despojo.

“Se otorgaron las tierras a prestanombres de Kekén que ni siquiera viven en la comunidad, en lugar de a las familias campesinas y apicultoras que siempre las hemos trabajado y conservado”, sostiene Dzib Dzul, habitante de Kinchil.

Ella también enumeró las graves afectaciones ambientales en la comunidad maya. Entre varias, la contaminación del manto acuífero derivada de las excretas de los cerdos, así como del amoniaco de los orines que afectan la salud de todos los habitantes.

“Vemos cada vez más cólicos, cáncer y otras enfermedades. El gobierno solo piensa en las ganancias de sus aliados en Kekén y otras empresas, y le da igual el precio que pagamos las comunidades mayas, al quedarnos sin tierras, sin selva, sin nuestra producción y modos de vida, y con toda la contaminación y los efectos a la salud”, sostiene.

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Dzib Dzul resaltó las consecuencias negativas a la producción de miel, actividad a la cual se dedican los habitantes de la región. “En mi familia somos apicultores, y la empresa Kekén ha deforestado y afectado a nuestra actividad, la cantidad de miel se ha reducido y hemos perdido certificaciones orgánicas por el impacto de la granja. ¿Será posible que esto los gobiernos no lo vean? Debemos defender nuestra tierra y nuestras actividades y formas de vida como pueblo maya”.

Federico de Jesús May Cuitún, productor de chile orgánico de Kinchil, aseguró que su comunidad también sufre las mismas amenazas que Celestún. “La noticia de Celestún es una fuente de esperanza para nosotros, nos motiva para seguir luchando por la defensa de nuestras tierras. Además de la megagranja de lechones de Kekén, en nuestro territorio hay también una granja de engorda de cerdos que añade más contaminación a los mantos freáticos. Es increíble que se autorice esto en una zona con un acuífero tan vulnerable. Nuestra agua se llena no solo de estiércol, sino también de antibióticos y productos químicos tóxicos”, aseveró.

Otra de las amenazas, refiere Cuitún, está relacionada a los tratos que los comisariados ejidales realizan a espaldas de la comunidad maya, donde también existen intereses de la industria inmobiliaria para despojarles de 5 mil hectáreas de tierras.

“Están usando a otra comunidad para robarnos nuestras tierras como prestanombres para que caiga en manos de inmobiliarias y proyectos contaminantes. Hemos escuchado que Rodrigo Vega y Armando Ceballos están vendiendo estos proyectos a inversionistas, como si la tierra fuera de ellos. Estamos en riesgo de perder gran parte de nuestro territorio y la gran riqueza natural que tenemos por culpa de la ambición desmedida de políticos y comisarios ejidales, a quienes los especuladores sobornan para apropiarse de nuestras tierras”, denuncia el habitante de Kinchil.

En el anuncio de la victoria de los ejidatarios de Celestún también participaron miembros de la comunidad maya de Ixil, quienes alertaron por el intento de despojarles de sus tierras colectivas.

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De acuerdo al testimonio de Ansunción Chi Tejero, el pasado 17 de agosto, más de 300 elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado cerraron los accesos a las tierras de cultivo de la comunidad. “Actuaron con completa impunidad, nunca mostraron documentos, solo un volante de la Fiscalía. Entraron como bandidos, de noche y sin avisar al pueblo, sin orden judicial, solamente porque Chikri Abimerhi solicitó a la Fiscalía que cerrasen el acceso a nuestras tierras”.

Según Tejero, este operativo tenía el objetivo de infundir miedo en la población maya, “pero toda la comunidad está decidida a defender estas tierras. Yo soy uno de los afectados, nuestros sembrados están cerrados por alambre de espinos, tenemos que brincarlos con nuestras herramientas y no podemos entrar con nuestras motos y camionetas. Pero no vamos a abandonar nuestras tierras, pues eso es lo que buscan estos ladrones con la complicidad del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General del Estado”.

Alejandra Kantún, miembro de un grupo de mujeres que mantiene un vivero en Ixil, señaló que desde aquel día se les ha impedido el acceso al mismo. En contraste, “funcionarios de la Fiscalía y de la Policía Estatal dejan entrar todo el rato a camionetas sin placas y vehículos con materiales de construcción”, denuncia.

Por ello, los miembros de Ixil convocaron a la población para participar en la marcha del próximo sábado 16 de septiembre a las 4 de la tarde en Ixil. También a la marcha estatal que tendrá lugar el 30 de septiembre en Mérida con el objetivo de “detener el despojo y defender nuestro territorio y naturaleza”.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado profundizar el proceso de militarización en México de manera inédita, de modo que la actual concentración de tareas civiles en las fuerzas castrenses no podrá ser desmontada fácilmente.

Este es al análisis realizado por parte de la investigación llevada a cabo por la organización no gubernamental Washington Office on Latin America (WOLA), con base en datos públicos del gobierno y en solicitudes de acceso a información pública. Los resultados fueron presentados este mes de septiembre en el informe Trasnformación Militarizada: Derechos Humanos y Controles democráticos en un contexto de creciente militarización en México.

El gobierno de López Obrador logró, según el informe, lo que sus antecesores no lograron: aprobar leyes y normativas que garantizan la institucionalización de la militarización. En 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto logró que se aprobara la Ley de Seguridad Interior, pero fue invalidada en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2018, por pretender normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas civiles.

Po su parte, López Obrador logró una reforma constitucional en marzo de 2019 que, entre otros puntos, se les brindó a los militares la facultad de realizar tareas policiales hasta 2024, si es que el presidente lo considera conveniente.

En 2020, el mandatario mexicano publicó un nuevo Acuerdo Presidencial mediante el cual ordenó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Hasta ahora la SCJN ha validado la procedencia de este Acuerdo citando el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019. Ya para el año 2022, se decide que la disposición de las fuerzas armadas en tareas policiales se extiende hasta 2028 mediante otra reforma constitucional. Es decir, que quien suceda a López Obrador en el poder, tendrá la posibilidad de hacer uso de las fuerzas armadas en el ámbito civil y administrativo.

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Como consecuencia, a través de la reforma constitucional de marzo de 2019 y la posterior aprobación de la Ley de la Guardia Nacional, en mayo del mismo, se creó la Guardia Nacional (GN) como nueva fuerza de seguridad federal, en sustitución de la ahora extinta Policía Federal entrenada y equipada por los Estados Unidos.

Aunque el artículo 21 de la Constitución dispone que la GN sea “una institución policial de carácter civil”, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los hechos se trata de una fuerza cuya formación, estructura de mando, despliegue territorial mediante cuarteles e identidad institucional son fundamentalmente militares.

De acuerdo con la investigación, existen documentos oficiales que revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió la coordinación operativa de la GN a partir de octubre de 2020.

Para formalizar y profundizar la identidad de la GN como una fuerza armada, López Obrador logró una reforma a la Ley de la Guardia Nacional en septiembre de 2022 para otorgar el control operativo y administrativo de la GN a la Sedena. Cabe mencionar que dicha reforma figura entre los cambios previstos por esta institución en un esquema más amplio de reestructuración interna dado a conocer en 2021.

Para abril de este año 2023, la SCJN invalidó la reforma a la GN por contradecir el texto de la Constitución, al considerar a la GN como una fuerza civil. No obstante, la SCJN otorgó un plazo hasta enero de 2024 para el cumplimiento de su resolución. De cumplirse lo ordenado por la SCJN en ese plazo, presumiblemente la GN seguiría bajo la coordinación de facto de la Sedena.

Militares reconocen “logros” del presidente

El informe menciona el recuento de este proceso que hace el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, que ilustra cómo las propuestas de las fuerzas armadas encontraron eco en la presente administración federal:

“[En sexenios anteriores] nunca nos dieron lo que siempre, tanto mi general Galván como mi general Cienfuegos, pidieron. En esta administración se dio de una manera fácil porque el señor presidente entendió perfectamente cuál era la necesidad que teníamos para no exponernos y para obviamente tener la facultad legal de actuar. Además, se logró con algo muy sencillo, no con una ley sino con un artículo transitorio que nos da respaldo legal. Con uno, dos o tres renglones, que es lo que abarca ese transitorio, se logró lo que en tantos años no pudimos. […]”.

Despliegues

El despliegue de fuerzas militares y militarizadas se mantiene en niveles históricos, señala el informe. El Primer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, presentado por las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en mayo de 2023, reporta un despliegue de 79 mil 399 “efectivos de la Fuerza Armada Permanente repartidos en el territorio nacional en tareas de seguridad pública”, de los que 59 mil 217 corresponden al Ejército y 20 mil 182 a la Marina.

Si se suma el despliegue de las fuerzas federales en otras tareas, de acuerdo al informe mensual de seguridad del gobierno federal, de junio de 2023, en el periodo que va del 30 de mayo al 12 de junio de 2023, estaban desplegados 109 mil 281 integrantes de la GN y 145 mil 995 integrantes de las fuerzas armadas, dando un total de 255 mil 276 elementos adscritos a Sedena.

La militarización de las tareas policiales también ocurre a través del nombramiento de mandos militares en las instituciones de seguridad estatales y locales, sostiene el informe. López Obrador ha recomendado públicamente a los gobernadores y gobernadoras consultar con la Sedena y la Semar antes de nombrar a las personas titulares de las secretarÌas de seguridad pública estatales, “para que se tenga personas honestas, íntegras, honestas, repito, incorruptibles”.

En megaproyectos

El gobierno federal también ha asignado una creciente lista de otras tareas civiles a las fuerzas armadas, mediante una serie de acciones y reformas tanto administrativas como legislativas.

Estas tareas incluyen la construcción de megaproyectos o la administración de empresas a cargo de estos, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, aeropuertos, con planes para que pronto empiece a operar una aerolínea militar. Las instituciones militares también controlan puertos y aduanas.

El estudio alerta que al tiempo que crecen sus facultades y su poder, las fuerzas armadas no cuentan con controles civiles eficaces sobre su actuación. Además, México sigue experimentando niveles históricos de violencia, y la gran mayoría de delitos quedan impunes.

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