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Libertad inmediata a Renato Romero, defensor del agua detenido arbitrariamente en Puebla
- La Fiscalía General del Estado de Puebla lo mantuvo incomunicado durante un tiempo prolongado
- Renato Romero cuenta con medidas vigentes del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.
Ciudad de México, 02 de julio de 2025
AU 004/2025
La Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) recibió información documental de familiares del señor Renato Romero Camacho de la detención arbitraria del defensor del medio ambiente quien estuvo incomunicado durante más de 12 horas, bajo custodia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo que implica el riesgo a su vida e integridad, además de negarle el derecho a una defensa adecuada.
El defensor de derechos humanos fue detenido de manera arbitraria cuando se dirigía a la comunidad de Nealtican, Puebla, en donde se realizaría el cabildo abierto que abordaría el tema de la defensa del agua y el territorio dada la exigencia de la comunidad de que se cancele el convenio por el cual se extrae agua para las zonas residenciales e industriales de la ciudad de Puebla. Familiares informaron que Renato no recibió citatorios previos por parte de alguna autoridad, su defensa el día de ayer no pudo acceder al expediente para revisar la correcta integración de la causa.
Renato está incorporado al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México, de la Secretaría de Gobernación, dado el nivel de riesgo derivado de su labor como persona defensora del medio ambiente que acompaña la lucha por el agua en Puebla y Veracruz, de manera destacada en la comunidad náhuatl de Cuenca Libres Oriental, señalando a empresas como Coca-Cola, Agua de Puebla Para Todos, Granjas Carroll, Audi y Driscolls.
La detención e incomunicación bajo custodia representa también una amenaza para otras personas defensoras y comunicadores comunitarios que participan en la defensa del medio ambiente en Puebla, al no tener acceso al expediente se desconoce si otras personas más podrían estar señaladas y buscadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Ante el riesgo inminente en la que está la vida e integridad del defensor Renato Romero solicitamos a las autoridades correspondientes:
- Libertad inmediata de Renato Romero Camacho, defensor del medio ambiente, beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras.
- Garantías de seguridad y protección a las personas defensoras de los derechos humanos, comunicadores comunitarios y periodistas en Puebla que ejercen su derecho a defender derechos y a la libertad de expresión.
- Suspensión de los proyectos de desarrollo que ponen en riesgo los recursos naturales y la biodiversidad de la Cuenca Libres-Oriental y otras regiones de Puebla con alto valor ecológico.
Favor de enviar sus llamamientos a las siguientes autoridades:
Presidencia de la República: Lic. Claudia Sheinbaum Pardo
Correo: atencionciudadana@presidencia.gob.mx
Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración: Felipe Arturo Medina Padilla
Correo: subsedhpm@segob.gob.mx
Titular de la Unidad de Derechos Humanos: Dr. Froylan Vladimir Enciso Higuera
Correo: fenciso@segob.gob.mx
Comisión Nacional de Derechos Humanos: Lic. Rosario Ibarra Piedra
presidencia.cndh@cndh.org.mx
Gobierno del Estado de Puebla: Gobernador Alejandro Armenta
Correo: quejasydenuncias@puebla.gob.mx
Fiscalía General del Estado de Puebla: Lic. Idamis Pastor Betancourt
Correo: fge@fiscalia.puebla.gob.mx
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)
Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla
Perú: amnistía para violaciones de derechos humanos; búsqueda de desaparecidos continúa
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
Fotos por Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep)
El Congreso del Perú aprobó una norma que anula las sentencias y los procesos contra agentes estatales por delitos cometidos en el período de guerra insurgente-contrainsurgente, entre los años 1980 y 2000. Mientras tanto, se siguen encontrando restos de desaparecidos en bases militares.
La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada, el 11 de junio, con el apoyo de los partidos políticos conservadores y de ultraderecha, vinculados a las instituciones armadas y partícipes del terrorismo de Estado.
El dictamen elimina la responsabilidad penal de miembros de las fuerzas del orden por violaciones a los derechos humanos. Entre estas, masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones de menores de edad, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.
“Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de 80 años miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia firme o en trámite, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, por delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni corrupción de funcionarios”, establece la ley.
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