Al  Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
Al Pueblo de México y del mundo.

Herman@s tod@s

A 4 AÑOS DE LA TOMA DEL INPI,
A 28 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, CNI Y
A 532 AÑOS DE RESISTENCIA Y DIGNIDAD DE NUESTROS PUEBLOS, DECIMOS:

Desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX e integrante del Congreso Nacional Indígena, CNI-CIG y de la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, agradecemos la presencia de tod@s Ustedes en esta su Casa, pero especialmente agradecemos, la SOLIDARIDAD de quienes muy a pesar del dolor y la rabia que provoca el olvido, el desprecio y la discriminación del mal gobierno, decidieron acompañarnos y caminar con nostr@s en esta travesía de lucha y resistencia, que el día de hoy cumple ya, cuatro años.

Fue dificil haber tomado esta desición, sobre todo cuando estábamos en medio de una Pandemia Global, cuando estábamos en el auge de la mal llamada “transformación de cuarta”; cuando viviamos la simulación hecha gobierno, esa desbordaba asistencialismo y desarrollismos como “política pública de Gobierno y ´de Izquierda´” Ja!, pero sobretodo, cuando el FINQUERO decretó el “FIN DEL NEOLIBERALISMO EN MÉXICO”. Sin embargo, lo que realmente nos quitaba el sueño, era la idea de terner que sacar de sus oficinas, al TRAIDOR DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ADELFO REGINO MONTES, y pues, con mucha rabia, con mucha dignidad y con mucha rebeldía, lo HICIMOS. Muy a pesar del cerco mediático, la clase política no daba crédito, “que un pequeño, pero pequeñísimo” grupo de indígenas les hubiera tomado las oficinas del INPI.

Herman@s.

A 532 años, nosotros los pueblos originarios y comunidades indígenas seguimos siendo despreciado@s, discriminad@s, despojad@s, perseguid@s y asesinad@s. Nada ha cambiado, que no sea el color del gobierno en turno y las mentiras, como la mejor oferta de gobierno para “transformar” este país. Por otro lado, la mal llamada “Conquista de América”, sigue imponiendo colonización, esclavitud, genocidio y despojo en contra de nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas. Medio siglo después, resistimos una Globalización neoliberal que busca acabar con la resistencia y autonomía de los pueblos, enfrentamos una guerra capitalista y patriarcal sostenida con la militarización en nuestros territorios y con el auspicio gubernamental de la contrainsurgencia y la impunidad del crimen organizado. Todos juntos, como garantes del despojo de la tierra, el territorio, el agua y la vida.

Declaratoria de Yajxonax

Hoy, 12 de octubre de 2024, fecha simbólica para los pueblos originarios de este territorio llamado Abya Yala, nos hemos reunido en tierras de resistencia en el Istmo de Tehuantepec, en el Encuentro Continental Construyendo una Alianza contra Gasoductos y Otros Megaproyectos en Defensa de los Territorios de los Pueblos Originarios.

374 delegados, delegadas y representantes de pueblos y organizaciones indígenas, ambientalistas, académicos y comunicadores, provenientes de 20 estados de la República Mexicana, de 22 pueblos indígenas y de 11 países, con el fin de dar impulso a las iniciativas de articulación de los pueblos de las Américas.

En este encuentro continental, nos pronunciamos de manera enérgica en contra de la guerra y de otras formas de violencia que son utilizadas como mecanismos para saquear el patrimonio de nuestros pueblos, imponiendo megaproyectos. Esta violencia se expresa de la manera más cruda y brutal en casos como el del pueblo palestino, y la criminalización que alcanza a los defensores del territorio en todos nuestros países.

Nos manifestamos por el cese a la violación de los derechos de la naturaleza, y contra el papel de la banca internacional que financia megaproyectos que atentan contra los pueblos y la naturaleza.

Al cumplirse hoy 532 años de resistencia indígena, negra y popular, a pesar del capitalismo salvaje y destructivo, y los incontables intentos de borrar nuestra cultura ancestral, de la militarización de los territorios de nuestros países, y del falso bienestar que pregonan los gobiernos, desde el Istmo de Tehuantepec manifestamos que nos mantenemos firmes celebrando la vida con dignidad y rebeldía.

En este encuentro hemos acordado impulsar, junto con nuestros hermanos y hermanas del norte, meso y sudamérica, los esfuerzos de caminar juntos en defensa de nuestros derechos y territorios. Condenamos la imposición de megaproyectos y, en particular, de los gasoductos, como los de Tuxpan, Tula y La Puerta del Sureste, que provocan graves daños ambientales y amenazan la vida y la cultura de nuestros pueblos.

A los pueblos indígenas de México y del mundo,

A los hombres y mujeres de corazón noble que luchan, resisten y mantienen viva la esperanza frente al destino que nos quieren imponer:

‘A 532 años de resistencia indígena, negra y popular, a pesar del capitalismo salvaje y destructivo, de los incansables intentos por borrar nuestra cultura ancestral, de la militarización y paramilitarización de nuestros territorios, de la farsa de progreso y bienestar que pregonan gobiernos disfrazados de corderos, y de la brutalidad constante del saqueo y despojo, los pueblos nos mantenemos firmes, celebrando con dignidad la rebeldía y la vida.

¡Basta de guerra contra los pueblos!
¡Basta de despojo y saqueo!
¡Ni un megaproyecto más en nuestros territorios!
¡Alto al extractivismo en nuestras comunidades!
Viva la alegre rebeldía de nuestros pueblos.
Movimiento Agrario Indígena Zapatista.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Familias tzotziles de Chalchihuitán, desplazadas por la violencia de grupos criminales en la región Altos de Chiapas. Foto: Cuartoscuro}

El ex titular del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco Emilio García Jiménez, pocos días antes de dejar su cargo, a principios de octubre, admitió que, por lo menos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Sinaloa, ha habido “apropiación de tierras ejidales y comunales por parte de la delincuencia” organizada, y que ha habido desplazamientos de comunidades indígenas y campesinas, sobretodo en Chiapas. 

Las declaraciones fueron dadas por García Jiménez momentos antes del lanzamiento del Atlas de la Propiedad Social de la Tierra en México 2024, en Morelos, que concluye que un poco más del 50% del territorio mexicano continúa siendo constituido por propiedad social – ejidos o comunidades-, donde se encuentran poco más de 5.4 millones de sujetos agrarios y sus familias. 

Gran parte de los recursos naturales se encuentran dentro del régimen de propiedad social. El 70% de los bosques y dos terceras partes de los recursos hídricos se localizan en ella. 68 pueblos indígenas viven en estas tierras.

Alertas y denuncias sobre la acción de estos grupos, realizados por organizaciones de derechos humanos y de las comunidades y pueblos en todo el México, se han intensificado en los últimos años, especialmente en las regiones sur-sureste del país donde el gobierno federal ha implementado una reestructuración territorial impulsada por megaproyectos, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

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Recientemente organizaciones de Chiapas, Oaxaca y Guerrero – entre ellas Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas – realizaron un foro público regional, en Oaxaca, para denunciar la situación. “Contamos con características y denominadores comunes en los tres estados del sureste del país, nuestras principales fortalezas y conquistas históricas han sido la propiedad social de la tierra y nuestro sistema de organización colectivo, basado principalmente en la toma de decisiones colectivas mediante nuestras asambleas comunitarias”, sostienen en un comunicado.

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La grave situación de violencia social ha sido desencadenada por el despojo de “nuestros bienes comunes”. “La mayor presencia de la delincuencia organizada se está concentrando en las regiones de imposición de proyectos extractivos, tal es el caso de proyectos mineros, eólicos, gasoductos, ampliaciones de carreteras (en Guerrero, Chiapas y Oaxaca). A quienes estamos en oposición a dichos proyectos, nos asesinan, desaparecen, criminalizan y deslegitiman”, dicen.

La desaparición de jóvenes y mujeres, los asesinatos, cobro de cuotas, desplazamientos forzados, falta de resolución de conflictos y mayor presencia de grupos armados y delincuencia organizada en las comunidades “son muestra de dicha situación”.

Además, sostienen, existe impunidad y no acceso a la justicia a personas defensoras que han sido agredidas por grupos paramilitares, de choque, delincuencia organizada “que se mueve al amparo de la impunidad”.

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Solamente en Chiapas, a partir de diversos informes, se han documentado la cifra de 21 mil indígenas desplazados en los últimos dos años, el asesinato de 176 personas defensoras durante este sexenio, el reclutamiento de jóvenes, la violencia generada en el último proceso electoral, además de la criminalización contra integrantes del movimiento social.

“Las consecuencias de la imposición de dicho modelo, la negligencia de gobiernos estatales y federales y la impunidad han sido la normalización de la violencia, la contaminación irreversible del medio ambiente, una crisis profunda del agua en la región sureste, la pérdida de la flora y la fauna, el control territorial por parte de empresas y crimen organizado, la apatía ciudadana, el miedo generalizado en nuestras comunidades, fracturas comunitarias, además de graves afectaciones a nuestro tejido social”, señalan.

Las organizaciones y comunidades hacen énfasis en el hecho de que apuestan en un modelo de sociedad en el que los bienes comunes son prioridad, la propiedad social de la tierra, la integridad de los territorios, el fortalecimiento del tejido social. “Este modelo se encuentra en clara confrontación con el modelo neodesarrollista, marcado por la violencia, los asesinatos, la criminalización, la obstaculización de instancias agrarias al reconocimiento de los estatutos y reglamentos internos de las comunidades y la militarización de nuestros territorios”. 

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{Foto de portada por Santiago Navarro F}

Su palabra certera y contundente es lo que caracteriza a la joven indígena Anselma Margarito, integrante de la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México. Además de haber concluido su formación como contadora, también, durante los últimos cuatro años ha aprendido a defender los derechos de su comunidad, desde que ocuparon en octubre del 2020 lo que antes era el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). La ocupación fue una acción directa para que les cumplieran la entrega de viviendas que distintas autoridades les prometieron.

Son cuatro años en que han transcurrido una serie de acontecimientos que marcaron la vida de Anselma, como una caravana vienen los recuerdos a su memoria. “Era temprano muy por la mañana del 12 de octubre, de 2020, con diversas colectividades y organizaciones decidimos ocupar las instalaciones del INPI, como un llamado al gobierno para que volteara a ver a los pueblos originarios que habitan la ciudad y, con principal atención, hacia a la comunidad Otomí. Hoy ya se han cumplido cuatro años y solo hay oídos sordos, racismo y desprecio”, relata la activista.

En aquel entonces, esta comunidad migrante proveniente del estado de Querétaro llevaba viviendo casi veinte años en diversos edificios, también ocupados, establecidos en Guanajuato 200 y Zacatecas 74, en la Colonia Roma. También habitaban los edificios en la avenida Zaragoza 1434, en la alcaldía Iztapalapa; en la calle Roma 18, en la Colonia Juárez. Este último estaba en el abandono desde el sismo ocurrido en 1985 y agravándose su situación con otro movimiento telúrico, ocurrido el año 2017, lo que implicó que no se pudiera habitar más.

Meses antes de la ocupación de las instalaciones del INPI, el gobierno de la Ciudad de México presidido en su momento por la que ahora es presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de Alfonso Suárez del Real, entonces Secretario de Gobierno, por medio de los oficios SG/826/2020, SG/824/2020, SG/827/2020 y SG/825/2020, anunciaba el compromiso de “Expropiación Federal” de estos predios, en beneficio de los ocupantes. Pero les mintieron, ya que hasta el día de hoy no han recibido ninguna respuesta positiva.

“Vemos que, en estos cuatro años, ni con Sheinbaum ni con Obrador, no resolvieron las demandas de la comunidad Otomí. Así que nos mantenemos en resistencia y, hoy, solicitamos el diálogo con la actual jefa de gobierno Marina Brugada. Ella anunció que durante su administración va a repartir 120,000 viviendas y que todos tenemos derechos a una vivienda digna ¿entonces le preguntamos ahí donde queda la comunidad Otomí que lleva 30 años en la lucha por una vivienda digna?”, cuestiona la activista indígena.  

Derechos de la mujer

Es así que Anselma, junto a otras mujeres Otomí, erige su voz como un acto de protesta, dirigiendo un comunicado a la nueva jefa de gobierno, Clara Marina Brugada Molina, quien declaró, al asumir el cargo el pasado 5 de octubre: “quiero que esta capital sea la vanguardia de los Derechos de la Mujer”. Para la activista esta declaración es solo eso, “un discurso hasta no demostrar lo contario. Mientras tanto, solo han mostrado su desprecio, su silencio y racismo”, cuestiona la indígena Otomí.

Las activistas signatarias del comunicado también arremeten contra la actual presidenta de México, quien declaró al asumir la silla presidencial que ella no llegó sola al poder, sino que, “llegamos todas”. La misiva es tajante al contrastar dos tiempos diferentes de las mujeres en México, el tiempo de arriba y el de abajo, ya que mientras unas festejan el poder, “acá abajo, amaina una tormenta, que tarde o temprano pueden llegar a colisionar”, puntualiza el comunicado. 

Con cierta rabia, Anselma recuerda que, en días pasados, el 5 de septiembre, ella misma fue violentada por la policía de la Ciudad de México al ser detenida durante una protesta. “A mi me imputaron tres delitos: motín, resistencia de autoridad y lesiones. Lo único que hacemos es luchar por nuestras comunidades, por el agua, por la vida y el territorio, pero lo que recibimos es la represión”, cuenta la activista Otomí para Avispa Mídia. 

La activista enfatiza que previo a su detención, un grupo de choque golpeó brutalmente a distintas mujeres y hombresque se manifestaban contra la criminalización hacia la activista Hortensia Telésforo -a quien acusa del delito de despojo por participar en la recuperación de una biblioteca comunitaria. “Vimos como la policía solo se quedó observando la acción de este grupo y después comenzaron las detenciones sin justificación alguna”, complementa la indígena Otomí.

“Entonces, si sus discursos tienen alguna validez, exigimos no más discriminación, desprecio y olvido en contra de las mujeres de la comunidad indígena Otomí y respuesta inmediata a sus demandas”, agrega la mujer Otomí. 

El diálogo

El grupo de mujeres, respaldadas por su comunidad, colectivos y organizaciones, entregaron sus demandas y la petición de un espacio de diálogo con la jefa de gobierno. Hasta el momento no ha respondido cuando podría ser esta reunión con la comunidad en resistencia.

No obstante, la entrega de esta misiva, que fue acompañada de un mitin frente al ayuntamiento de la Ciudad de México, les dio fecha para que un funcionario público los pueda recibir. Este será Inti Muñoz Santini, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, “quien se ha comprometido a reunirse con nosotros el próximo 23 de octubre”, sostiene Anselma.

La fiesta

A pesar de varios intentos de desalojo, de la intimidación, suspensión del servicio de agua y electricidad, la comunidad Otomí no se rinde. Así que el próximo 12 de octubre, “para nosotras es de fiesta, pues hemos resistido, no claudicamos y no nos vendemos. Así que les invitamos a asistir al evento que será celebrado con actividades culturales y artísticas”, comparte con entusiasmo la activista.

Así que, lo que antes era el INPI, seguirá siendo el espacio de la disidencia que no se ha casado con la llamada Cuarta Transformación, como le llamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y tampoco con el llamado segundo piso, que es la continuidad con Sheinbaum. 

No por nada el INPI fue rebautizado como la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, en memoria de aquel indígena que le recordó su promesa que hizo AMLO en campaña, de no avanzar con el llamado “Proyecto Integral Morelos”. Después del reclamo fue asesinado por criminales.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Momento de la recuperación de tierras garífunas en la comunidad de Nueva Armenia, Honduras. Foto: El Salto Diario.}

Al filo de la medianoche de este domingo (6), elementos de la Policía Nacional de Honduras (PNH), Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), así como civiles armados, ingresaron a una recuperación de territorio ancestral garífuna -realizada la mañana de ese mismo día en la comunidad de Nueva Armenia, costa caribe-, y dispararon contra los presentes, dejando dos recuperadores gravemente heridos.

La Organización Fratenal Negra Hondureña (Ofraneh) -quien acompaña a la comunidad en las acciones que reivindican la propiedad ancestral de la comunidad garífuna sobre estas tierras, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida- denuncia a la empresa Palmas de Atlántida, propiedad de herederos del magnate de la palma aceitera, Reynaldo Canales, de ocupar ilegalmente territorios de Nueva Armenia para la siembra de este monocultivo.

Durante la mañana del domingo (6), mientras pobladores garífunas realizaban la recuperación de tierras, fuerzas de seguridad acudieron al sitio acompañados de vehículos tipo pick-up con civiles armados y encapuchados, quienes intimidaron a la población afroindígena.

“Señalamos la presencia de elementos de la policía, encapuchados, además el perfilamiento al que se ven sometidos defensores del territorio ancestral, como una estrategia de intimidación hacia una de las comunidades más afectadas por la palma en el Caribe”, denunciaron los recuperadores mediante videos difundidos a través de redes sociales.

Por su parte, la Ofraneh sostiene que la comunidad de Nueva Armenia ha sido “desmembrada de forma ilegal para favorecer a narcos y empresarios vinculados con plantaciones de palma; existiendo más de 24 inscripciones ilegales de tierra que han sido denunciadas ante la Fiscalía en La Ceiba”.

Cabe destacar que la industria de los herederos de Reynaldo Canales también es señalada por el movimiento campesino del Bajo Aguán por haber despojado tierras, destinadas para el reparto agrario, donde impuso monocultivos de palma aceitera.

Recuperar para resistir

En una entrevista con Avispa Mídia, durante agosto del 2023, Mabel Robledo, presidenta del patronato de la comunidad de Nueva Armenia y quien denunció la intimidación este domingo (6), detalló que, pese a que existe un mapa ancestral -el cual data de agosto de 1888- que certifica la propiedad de 1,600 hectáreas de tierra a manos de los garífunas, actualmente, el 70% de estas tierras han sido invadidas por los monocultivos de palma aceitera.

Fue en el año de 1994, cuando el el Instituto Nacional Agrario (INA) desconoció la titularidad de esta superficie para la comunidad de Nueva Armenia, reconociendo solo 333 hectáras de tierras y otorgándo títulos a terceros. Desde entonces, los garífunas han emprendido acciones de recuperación de tierras, dando como resultado la persecución y criminalización de quienes reivindican las propiedades ancestrales.

Robledo conversó con el equipo de este reportaje dentro de la recuperación conocida como “El Cayo”, realizada el 25 de abril del 2020, cuya superficie se extiende por 72 manzanas y cuyo plan es la de albergar a más de 280 familias garífunas. “(Las familias) utilizan las tierras para la siembra del plátano, de la yuca, de papaya, caña, maíz, todo lo que la tierra pueda producir para nuestra existencia”, detalló la recuperadora.

“Ellos (INA) nos titulan en tres lotes. Aquí donde estamos no incluye ese lote y no incluyen otros lotes. De esas 333 hectáreas de tierra, si tenemos 100 hectáreas, es mucho, porque todas las tienen terceras personas”, denunció Robledo.

Para la garífuna, existen mecanismos en las leyes hondureñas que buscan impedir las recuperaciones de tierras ancestrales. Un ejemplo es el artículo 378 del Código Penal, de Honduras – aplicado contra los recuperadores garífunas- el cual se refiere al delito de usurpación y cuya pena va de entre cuatro y seis años de prisión. 

“Nosotros no somos usurpadores, nosotros recuperamos para poder sobrevivir y nosotros no sembramos palma. Estamos recuperando, luchamos para no desaparecer, para que nuestro legado, nuestra historia, no desaparezca”, reclamó Robledo.

Acorde a la Ofraneh, la empresa Palmas de Atlántida mantenía una negociación con la comunidad de Nueva Armenia para solucionar el conflicto agrario. Sin embargo, fue en septiembre del 2023, cuando se retiró del diálogo y ahora acciona con violencia contra las recuperaciones.

“En el ataque a miembros de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, no hubo enfrentamiento alguno, como aseguran medios de comunicación irresponsables. Solo la Policía Nacional y los paramiltares portaban armas de fuego”, sostiene la organización después de que Martha María Bu, subcomisionada de la Policía de Atlántida, indicara que no fue la corporación policiaca quien disparó contra los recuperadores.

Por último, la Ofraneh hace un llamado a la comunidad hondureña e internacional para permanecer alertas ante las amenazas contra la vida de los recuperadores que se mantienen en el campamento levantado este fin de semana.

Publicado en Progress in Political Economy
11 de octubre de 2024
Por Inés Durán Matute y Francisco De Parres Gómez

“Somos superiores estéticamente” y “Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda” son dos frases repetidas en reiteradas ocasiones por el mandatario argentino Javier Milei. Con esto busca hacer alusión a la supuesta inferioridad creativa de las izquierdas comprometidas a construir opciones alternativas frente a la policrisis global. Ello tiene propósitos confrontativos que denostan la otredad y su trasfondo busca exaltar la xenofobia y las crecientes expresiones de acción política neoconservadora. ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Cómo subvertir los discursos autoritarios y las estrategias de comunicación reaccionarias? ¿Cómo contrarrestar la apropiación del lenguaje de las resistencias por parte del neoconservadurismo?

Con la crisis financiera de 2008, se vio que no se podían utilizar las medidas tradicionales para contener sus efectos y el descontento. Se empezaron a dejar atrás respuestas más “democráticas” y surgieron nuevas formas de autoritarismo. Así, con el desfile de gobiernos de derecha, el fortalecimiento y expansión de partidos de extrema derecha, de políticas punitivas y represivas, de discursos de odio, y de ideologías nacionalistas, reaccionarias, racistas, neofascistas y antifeministas, en la última década se comenzó a hablar del resurgimiento del autoritarismo global. 

Al mismo tiempo, se acabaron las grandes narrativas, los metarrelatos, los grandes gestos revolucionarios y con ello nuestras fantasías utópicas. Desde 1992, Francis Fukuyama anunció el fin de la historia, refiriéndose a que no había alternativa al capitalismo liberal. Nuestras esperanzas fueron reducidas a la participación política electoral y la democracia representativa se posicionó como el único horizonte político posible. De esta manera, se ha querido frenar nuestra creatividad para organizar las relaciones sociales de otra manera y construir futuros no capitalistas. Esto ha llevado a pensar una forma de realismo capitalista donde, como advierte Mark Fisher, “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. 

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: El arroyo que cruza la comunidad de Ojital Viejo permanece contaminado por hidrocarburos desde la noche del 15 de septiembre. Foto: Regina López.} 

Ser ‘Tata’ no es cualquier encargo en la cultura Totonaca. Es una persona que abreva del conocimiento, transmitido por generaciones, con el objetivo de velar por la vida en todas sus expresiones. Por eso, cuando Romualdo García Luna, habitante de la comunidad de Ojital Viejo, en Papantla, Veracruz, observa un montículo de tierra contaminada junto a un cauce que desprende un fuerte hedor, reconoce el mensaje de desprecio de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para la comunidad indígena y la naturaleza frente al más reciente desastre ambiental en la región.

Tata Romualdo fija su mirada en el pequeño arroyo que atraviesa la comunidad indígena. Antes, cristalino y lleno de vida, ahora, el cauce que se une al río Cazones rumbo al Golfo de México, se observa negro, cubierto por un aceite espeso derivado de un derrame de hidrocarburos que, desde hace más de 43 días, continúa sin ser atendido apropiadamente por el responsable, PEMEX. “Es faltarnos el respeto, es decir: Ahí muéranse. Porque no nos está considerando como seres humanos”, reflexiona lacónico Tata Romualdo.

Los días 28 y 29 de septiembre, un equipo de Avispa Mídia participó de una brigada de documentación en la zona donde, desde el 21 de agosto, pobladores de Ojital Viejo, ante el registro de explosiones y un fuerte olor a crudo, reportaron un derrame de hidrocarburos en el oleducto Coca C. proveniente del pozo 852, ubicado en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Papantla.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
^{Foto por @deabajoml}

Las mujeres mazatecas por la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, pueblo originario localizado en el estado de Oaxaca, denuncian una nueva oleada de violencia y persecución jurídica en contra de campesinos e indígenas mazatecos. 

La persecución a 40 personas, entre ellas 6 mujeres, de acuerdo con este grupo de mujeres mazatecas, se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas, la parte acusadora en los casos, quien fue secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca, diputada federal y ahora fue nombrada diputada plurinominal del partido Morena.

El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Ya para el 2016 se habían liberado 40 órdenes de aprehensión contra los indígenas. 

Conoce más detalles sobre este proceso aquí.

Los campesinos criminalizados han logrado decisiones favorables en tribunales federales, pero los tribunales del estado de Oaxaca, especialmente el Juzgado de Huautla, donde están todas las carpetas del caso de Eloxochitlán, continúan entorpeciendo y dilatando los procesos penales en contra de los mazatecos, lo que vuelve un círculo vicioso que impide la libertad de los indígenas mazatecos. Algunos de ellos enfrentaron casi diez años de cárcel, sin sentencia.

¡#SeFUERONyNoCUMPLIERON
“Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia.” #EZLN
Hoy 5 de octubre, llega #ClaraBrugada, como #JefaDeGobiernoCDMX.
A 30 años de exigir el #DerechoALaCiudad y a 4 años de la #TomaDelINPI, seguimos sin #ViviendaDignayDecorosa.

#MartíBatres no cumplió con nuestras demandas de #Vivienda_Salud_Trabajo_Educación_Alimentación_Justicia, en cambio, pusieron como fecha límite, el día 15 de agosto para que la #ComunidadOtomí entregara la #CasaDeLosPueblos.

Lic. Clara Brugada, como Comunidad indígena Otomí, suscribimos acuerdos con el #GobiernoDeLaCIUDAD y con el #INVI. Por lo que hoy, como #MujeresIndígenas que somos #EXIGIMOS #Audiencia y #MesaDeDiálogo.

Seguimos en #resistencia y #rebeldía dentro de la Casa de los Pueblos. Exigimos no seguirnos tratando con #Indiferencia, #Discriminación y #Racismo.

El #12DeOctubre, cumpliremos 4 años de la #TomaDelINPI, y #AdelfoRegino nunca le importó escuchar ni atender nuestras demandas.

Desde la #CasadelosPueblos y #ComunidadesIndígenas la #ComunidadIndígenaOtomíCDMX, hacemos un llamado a #ClaraBrugada, #JefaDeGobierno, a #IntiMuñoz, #SecretarioDeVivienda, para establecer una #MesasDeDiálogo que resuelva de manera definitiva las demandas que hemos planteado por más de 30 años.