Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
^{En portada: Las tasas de desnutrición están aumentando en Gaza. Foto: Mohammed Nateel}

Durante la última semana de julio de este año 15 países occidentales llamaron a reconocer un Estado de Palestina, situación que desató una discusión entre ministros a través de plataformas virtuales, mientras la población gazatí es amenazada mortalmente por el hambre.

Actualmente el Estado de Palestina tiene un estatus de “Estado Observador” no miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo anterior significa que puede participar en la mayoría de los procedimientos de la ONU, pero no puede votar en la Asamblea General ni presentarse a órganos de esta asociación. 

Al finalizar una conferencia ministerial para la solución de dos estados (palestino e israelí), realizada el pasado 28 de julio en la ONU con sede New York, cancilleres de 15 países firmaron un comunicado titulado “Llamado de New York”, en el que expresan su voluntad de reconocer el Estado de Palestina e invitan al resto de países a sumarse. 

Cuatro días antes, Emmanuel Macron, presidente en Francia, compartió a través de redes sociales su intención por reconocer oficialmente al Estado palestino en la próxima Asamblea Generalde la ONU, a realizarse en septiembre de este año.

Fuente: Avispa Midia
Por Isabel Ortega

_{En portada: Una trabajadora de Google laborando al interior de un centro de datos ubicado en EEUU. Cada vez más, esta infraestructura está siendo construida en otros países latinoamericanos.}

A través del informe Acciones para la justicia ambiental desde infraestructuras tecnológicas autónomas y comunitarias, organizaciones y colectivas que trabajan para construir alternativas dentro del internet denunciaron los impactos ambientales y sociales del actuar de las corporaciones tecnológicas y sus infraestructuras.

El pasado 17 de julio, se presentó este trabajo, resultado de una investigación participativa llevada a cabo por Sursiendoy Mayfirst Movement Technology, dos organizaciones que trabajan por los derechos digitales colectivos a través del acompañamiento y la provisión de servicios digitales a organizaciones y defensores del territorio y de derechos humanos.

Bajo la premisa de que “no hay centros de datos sin tierra ni agua”, el informe describe cómo las infraestructuras tecnológicas, como los centros de datos, impactan los territorios y las comunidades locales a través de la extracción de recursos y la degradación ambiental.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de San Juan Cancuc participan de una peregrinación rumbo al CERSS No 5 para exigir la liberación inmediata de los defensores tzeltales. Foto: Sipaz}

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió semana pasada un dictamen dirigido al gobierno de México en el cual confirmó la criminalización y detención arbitraria de los defensores de derechos humanos tzeltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Augustín Pérez Velasco.

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Originarios del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, los cinco presos políticos permanecen recluidos, desde hace más de tres años y dos meses, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) n° 5, acusados, sin pruebas contundentes y en medio de irregularidades, por el asesinato de una persona, sucedido en mayo del 2022.

El organismo de las Naciones Unidas emitió su opinión acerca del caso el 4 de abril del 2025, después de un análisis derivado de una visita al estado de Chiapas realizada en septiembre del año 2023 y, tras recibir información de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos a las autoridades mexicanas durante julio del 2024. 

Criminalización

Acorde a una misiva firmada por nueve organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional, Front Line Defenders y el Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR), la opinión del pasado abril destaca una serie de violaciones a los derechos humanos contra los cinco presos, desde su arresto como durante el desarrollo de sus procesos judiciales.

Estimadas Señoras y Señores,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:

• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.

• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la norma.

• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español–tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.

En consecuencia, solicita que:

Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado

Los incendios forestales en la Amazonía superaron en el año 2024 los máximos registros históricos, concentrándose en Bolivia y Brasil, puntualmente en áreas de expansión del monocultivo de soya y la ganadería.

En total, el fuego y la deforestación destruyeron 4,5 millones de hectáreas de bosques primarios, según las observaciones satelitales del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). El impacto sin precedentes en el territorio amazónico supera alarmantemente las 3,4 millones de hectáreas perdidas en 2016, la mayor cantidad hasta entonces.

De las 2,8 millones de hectáreas arrasadas solamente por incendios el año pasado en toda la Amazonía, el 95% se localiza solo en Brasil y Bolivia. 

“El acontecimiento político dominante del 2024 fue la temporada de incendios que batió récords en toda la Amazonía. Los registros son especialmente significativos dado que la Amazonía ha experimentado varios años de incendios intensos en las últimas dos décadas. El más notable se produjo en 2016, tras el fenómeno de El Niño Godzilla. Sin embargo, las condiciones extremas de sequía de 2023 y 2024, asociadas a El Niño, superaron esos puntos de referencia anteriores, creando condiciones extremas”, señala el MAAP.

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia

Ejidatarios de los municipios de Jiménez de Teúl y Sombrerete en el estado de Zacatecas denunciaron a  autoridades federales, estatales y municipales por realizar una reunión a sus espaldas, donde trataron el tema de la presaMilpillas,que pretende desviar 47 millones de metros cúbicos de agua anuales para abastecer la zona urbana industrial del Estado.

Presa Milpilllas es uno de los proyectos de infraestructura del Plan Nacional Hídrico, que pretende entrar en acción bajo una inversión greenfield, es decir, una forma de inversión foránea directa en el país, que se refiere a la creación o instalación de un proyecto desde cero, que no depende de infraestructura existente. Tiene una inversión estimada en $9,117,230,000 (MXN), según la plataforma oficial “Proyectos México”, que vincula proyectos de infraestructura y energía con inversionistas nacionales y extranjeros.

El motivo oficial para construir la presa es llevar agua, durante los próximos 50 años, al corredor Fresnillo-Zacatecas para un mayor consumo de agua en beneficio de 514 mil habitantes, así como disminuir la sobreexplotación de acuíferos por parte del sector público-urbano. La situación actual del proyecto se encuentra en la  etapa de “pre-inversión” y en sub-etapa de “preparación”. Los inicios de operatividad están previstos para el 2028. 

Aunque presa Milpillas es un proyecto anunciado desde 2015 por el ex gobernador priista en Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, fue hasta abril de este año que el tema volvió a cobrar vida. En abril de este año (2025), por acuerdo del gobernador actual, David Monreal, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la presa está incluida en el Plan México.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{Foto de portada por Renata Bessi}

Mientras en la tarde del último domingo (20) el presidente municipal de Oaxaca, Raymundo Chagoya, recorría el centro histórico para supervisar las obras de las calles Aldama y Las Casas, que hacen parte de la “revitalización” del centro histórico, a unas pocas cuadras de allí, en el Zócalo de la ciudad, se daba el mitin de cierre del Encuentro Nacional contra la Gentrificación, iniciado el miércoles, 16 de julio, cuya finalización de las actividades, que se extenderían hasta el lunes (21), fue adelantada por cuestiones de seguridad. 

La integrante del Observatorio Memoria y Libertad, Karen Castillo, una de las organizaciones convocantes de este encuentro, señaló que documentaron la “presencia y el acoso policial durante todo el encuentro; varios de nosotros fuimos perseguidos por patrullas pues intentando salir del encuentro y dirigirnos a nuestros hogares”. De igual manera, durante el encuentro en el Zócalo, dos policías estatales se metieron en el mitin e hicieron captura de imágenes de los participantes.

Las obras de embellecimiento urbano que supervisaba Chagoya fueron inauguradas la misma tarde del domingo, seguido de un acto festivo al tono del megaevento de la Guelaguetza, que se lleva a cabo durante todo el mes de julio en la ciudad, con la presencia masiva de turistas nacionales e internacionales en el centro histórico de esta ciudad. En la inauguración de las obras estuvieron el gobernador Salomón Jara y la indígena oaxaqueña elegida en el contexto de la Guelaguetza como la Diosa Centéotl, la mazateca Patricia Casiano Zaragoza.

Fuente: Avispa Midia
Por Isabel Ortega
^{Foto de portada: Isabel Ortega}

Elsa sueña con tener un vivero de árboles endémicos. Eso la llevó a estudiar ingeniería forestal y, con ello, a conocer alternativas para cuidar y restablecer el suelo. Sabía que quería hacer algo para inclinar un poco la balanza del daño ambiental en el territorio donde habita, y necesitaba sustrato para producir árboles. Había que empezar por un lugar: hacer composta.

En Magdalena Apaxco, aproximadamente a una hora del centro de la ciudad de Oaxaca, México, está el terreno del proyecto Hagamos Composta, del cual hace parte Elsa, un espacio que llama la atención entre el paisaje de cerros partidos en esta parte del Valle de Etla, una zona históricamente dedicada a la extracción de cantera amarilla para construcción. 

Al llegar a sus instalaciones, lo primero que se observa es la ausencia de olores distintos a los de la vegetación de la zona, solo al acercarnos un poco a alguna de las compostas, se puede percibir un poco el calor y los olores que emanan del proceso. Tampoco hay muchas moscas, ni se perciben lixiviados en el terreno, los únicos residuos visibles se encuentran en un par de decenas de cubetas al centro del terreno, recolectados el día anterior. Este espacio es, a todas luces, algo muy distinto a un basurero.

Hagamos Composta Oaxaca es un proyecto de mujeres surgido en 2021 dentro de una red nacional que ofrece un servicio de pago para la recolección de residuos orgánicos domésticos y su correspondiente transformación en composta. Un año después de su creación, incorporó el compostaje de heces fecales de perros y gatos, un servicio que, por la normatividad sanitaria, no puede ser cumplido por el sistema de recolección de residuos sólidos de los municipios.

Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
^{Foto de portada por Red Muqui}

Decenas de líderes de pueblos amazónicos y comunidades campesinas costeras y andinas se reunieron en el Tercer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y del Medio Ambiente, realizado en Lima, Perú, del 7 al 9 de julio, en un contexto de profundización de los extractivismos y la coerción a través de normativas. 

Es el caso de la modificación a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que aumenta el control indebido a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de restringir la acción ante problemáticas desatendidas o generadas por los gobiernos. 

Las condiciones ambientales y de salud pública son críticas, con el 31,5 % de la población nacional expuesta a niveles peligrosos de metales tóxicos. El cambio en la norma permite al Estado bloquear el financiamiento proveniente de otros países a colectivos organizados para acceder a justicia.

Seis niñas y niños fallecieron, entre abril y mayo, por contaminación e intoxicación con metales pesados y sustancias tóxicas. La Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicasreportó este año que más de 10 millones de personas beben agua y respiran un aire con altos niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio.

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia

Indígenas Otomí pertenecientes al Concejo Autónomo Santiago Mexquititlán Amealco, Querétaro, presentaron este martes (15) una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos de esta  ciudad, por graves violaciones de derechos humanos ejercidas contra miembros de su comunidad, la cual ha sido catalogada como “zona de riesgo” por defender el agua.

La comunidad de Santiago Mexquititlán es una población otomí (‘ñañho’) que se ubica al sur del estado de Querétaro, sobre la orilla del río Lerma. El Consejo puntualiza que es adrede el que las autoridades municipales y federales señalen a Mexquititlán como una zona de “factor de riego social”, asociándolo a la categoría de “comunidades indígenas” que se oponen a la privatización del agua.

Los habitantes del municipio organizados por la defensa del agua, denuncian que la violencia es sistémica en su contra y que es parte de una estrategia contra los procesos organizativos que oculta bajo el discurso de “alteración al orden público”.