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Por Angel Huerta
El lunes (12) al conmemorarse 224 años de llegar al territorio hoy conocido como Honduras la comunidad Garífuna denunció que “no hay nada que celebrar.” El origen del Pueblo Garífuna data mucho antes de la invasión colonial, tiene sus raíces en los pueblos indígenas Arawako y Karina. De la unión de estos pueblos emergieron los Kariphunas (caribes), quienes también se mezclaron con ancestros de origen africano.
En en siglo XVIII, fue desplazado, despojado y exiliado de su territorio original y espiritual, llegando el 12 de abril del mismo año a la Isla Roatán y de ahí se dispersaron a tierra firme en el territorio de lo que hoy es la costa norte hondureña y hacia la costa del Caribe de Guatemala, Nicaragua y Belice. De acuerdo a la tradición oral, el Garífuna nunca fue esclavizado, es el único pueblo negro en las Américas que mantiene una lengua propia diferente a las lenguas de la colonia.
Desde el 2009 la violencia se disparó en Honduras al mismo tiempo que el golpe de estado aniquiló cualquier resquicio de estado de derecho, dando lugar a una guerra silenciosa en los diversos territorios del país centroamericano, donde el crimen organizado aliado con las municipalidades se apoderaron de extensos territorios utilizados para el tráfico de estupefacientes, al mismo tiempo que impulsaron los monocultivos como el de la palma africana, promovidas por las últimas administraciones gubernamentales.
El pueblo Garífuna, hasta el 2018, logró mantenerse al margen de la violencia, apegándose a sus tradiciones e historia, en la que existe un enorme respeto tanto por la vida como a la madre tierra. Sin embargo en el año 2019, los asesinatos se recrudecieron siendo notorio el asesinato de mujeres que han asumido la defensa del territorio ancestral.
Tan solo en el año 2019 fue un año extremadamente violento para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), durante ese periodo de tiempo fueron asesinados 16 personas, sostuvo, en una entrevista para Avispa Midia, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh. “En este mar de violencia en que está sumido Honduras, el pueblo Garífuna había sido un oasis de paz; hoy se encuentra consternado por la cantidad de personas Garífunas asesinadas sólo este año. Nunca en la historia había pasado eso. Nuestro pueblo enfrenta un plan de exterminio”.
En un comunicado publicado ese lunes, la Ofraneh puntualiza que a más de dos siglos está “presente la amenaza de un tercer destierro violento e intencional por medio de un plan de genocidio contra el pueblo garífuna perpetrado por parte del Estado de Honduras para favorecer intereses económicos de grupos de poder nacionales e internacionales”.
A su vez, el comunicado menciona que “en los últimos tres años más de 40 garífunas han sido asesinados y otra cantidad abandonaron sus comunidades por la violencia generalizada, amenazas, criminalización y persecución en su contra”.
Entre las exigencias de la Ofraneh está el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2015, a favor de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. “Condenamos el incumplimiento de dicha sentencia después de más de cinco años, situación que ha incrementado la hostilidad en contra del pueblo garífuna”, señaló el comunicado oficial. Asimismo la Ofraneh rechazó la presencia militar en sus territorios y “la falsa política de lucha contra el narcotráfico”, que persigue la militarización del territorio Garífuna.
También exigieron “el retorno con vida del presidente del patronato de Triunfo de la Cruz y miembro de la Ofraneh, Snaider Centeno, así como de nuestros hermanos Suami Mejia, Milton Martinez y gerardo Trochez, quienes son víctimas de desaparición forzada, por miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI), desde el 18 de Julio de 2020.”
La Ofraneh reafirmó su derecho a defender y a permanecer en sus territorios “que son la vida y el sustento para nuestras comunidades. Nuestra lucha por la defensa de nuestros territorios ha estado presente desde el 12 de abril de 1797, mucho antes de la independencia de Honduras en 1821”, manifestó la misiva.
“Hoy más que nunca, reivindicamos nuestro derecho de pertenencia y propiedad colectiva de nuestros territorios ancestrales”, dijo la organización al manifestar que luchan y resisten al racismo estructural e institucional. “Este día recordamos nuestra historia que ha querido ser borrada de la memoria nacional, pero que continúa presente y viva en la lucha y resistencia de nuestro pueblo”, resaltó la Ofraneh.
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Créditos: Nelton Rivera
Tiempo de lectura: 7minutosEl caso de la comunidad Chaab’il Ch’och’ sobre la propiedad de la tierra se encuentra en una de las cortes en Guatemala. Son familias Maya Q’eqchi’ que viven en Livingston Izabal. El reclamo no es nada nuevo en el país: comunidades indígenas asentadas por muchas décadas que reclaman el derecho a la propiedad de la tierra.
La comunidad disputa dos fincas en una zona montañosa que colinda con el Caribe en un extremo y en otro con la reserva natural Chocón Machacas, con el río que lleva el mismo nombre y que se une al río Dulce. La disputa de la tierra involucra a terratenientes, militares, a un expresidente, un exministro, ambos en prisión por casos de corrupción y a un financista de partidos políticos.
Por Nelton Rivera
Las autoridades de la comunidad Chaab’il Ch’och’ decidieron acudir a la justicia en reclamo de la propiedad de la tierra. Son dos fincas en Izabal en disputa y que habitan desde varias generaciones atrás. Para buscar el reconocimiento legal del derecho histórico que tienen sobre la tierra, presentaron un amparo el 4 de septiembre de 2020 en la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil. Argumentaron que como comunidad indígena han sido víctimas de varios agraviados ocurridos en distintos periodos y durante distintas etapas.
Las familias se convirtieron en mozos colonos con la llegada y extensión del cultivo de café durante el siglo XIX. Luego, durante el Conflicto Armado Interno, la represión del ejército los desplazó de manera forzada y provocó que nuevamente perdieran la tierra. En tiempos de paz, recientemente con Otto Pérez Molina en la presidencia, recibieron amenazas, ataques y desalojos, como el vivido en 2017 en contra de 210 personas de la comunidad.
En marzo de 2021, cinco autoridades Q’eqchi’ de la comunidad viajaron desde Livingston y participaron en una vista pública, como parte del seguimiento al amparo por la pandemia; esto lo hicieron a través de una videollamada. En esta vista presentaron sus argumentos sobre esos agravios y por el despojo de la tierra comunal, que a criterio de la comunidad han habitado históricamente. Deberán esperar un nuevo plazo para que la Corte entregue su resolución sobre el amparo que contiene el reclamo de la comunidad.
“Buscamos el amparo para que la comunidad indígena Maya Q’eqchi’ sea respetada y que ya no sean vulnerados sus derechos en cuanto a la exigencia de la certeza jurídica de la tierra…”, expresó Raúl Icó dirigente de la comunidad.
La comunidad Chaab’il Ch’och’, que en idioma Q’eqchi’ significa “Tierra Buena”, está ubicada en el municipio de Livingston, Izabal, en el Caribe guatemalteco. El pueblo Q’eqchi’ está asentado en este territorio. Los primeros registros de la existencia de la comunidad indígena son del año de 1,850. A pesar de eso, la gente en la comunidad afirma que sus antepasados llegaron mucho tiempo antes. Después de un siglo y 71 años, el Estado de Guatemala no ha reconocido a la comunidad como la propietaria de estas tierras.
La abogada Wendy Geraldina López, quien los asiste legalmente, forma parte del Bufete para Pueblos Indígenas, Se refirió a esos distintos momentos y agravios que la comunidad ha tenido que atravesar. Los registros oficiales dan cuenta que en el siglo XVII a la comunidad se le conocía como la Comarca de Machacas. Con el paso de los años cambió su nombre a Chiná Machacas y a partir del siglo XIX se le llamó Chaab’il Ch’och’.
“En aquel tiempo nuestros abuelos la llamaron Machacas. Durante el tiempo de la esclavitud, sometidos a ser mozos colonos, fueron expulsados de Alta Verapaz y lograron encontrar tierra fértil en Livingston Izabal. Así se formó Chiná Machacas “pequeño pez”, con nuestros antepasados y con nuestras raíces; nosotros somos los nietos y bisnietos de ese origen de la comunidad.” afirmó Icó.
La abogada detalló que fue a través de varias ilegalidades que encontraron con la inscripción de las dos fincas las que facilitaron que otras personas o testaferros se asumieron como los supuestos propietarios. Luego apareció Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi Aparicio y Rodrigo Lainfiesta Rímola también acusado por corrupción. Lainfiesta falleció el año pasado por contagio de covid-19. Todos buscaban apropiarse de las fincas. Pérez Molina y Sinibaldi están en prisión por su participación en casos de corrupción en Guatemala. Chocón Machacas: Sinibaldi y el pueblo q’eqchi que lucha por la recuperación de la tierra parte I
Para los comunitarios la tierra está ubicada en lugares estratégicos del país. Tiene entrada directa al Caribe y se ubica cerca a la reserva natural Chocón Machacas, una ubicación que los supuestos propietarios utilizaban para el narcotráfico, según denunciaron los propios comunitarios en 2018, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Según los solicitantes, el área de Livingston sería favorable para el intercambio comercial y también para negocios ilícitos como el narcotráfico. Los solicitantes indicaron que la comunidad estaba rodeada por fincas de “narco-ganaderos” y de personas que realizan narcoactividades.” cita la CIDH.
Vista aérea de la región de Chaab´il Ch´och’ en Livingston Izabal. Fuente Google Earth
Antecedentes históricos de la tierra en disputa
La tierra en dónde está asentada la comunidad tiene como registro dos inscripciones. Resultado de éstas ha sufrido dos desmembraciones (finca 4272 y la finca 3153), ambas del grupo norte de Izabal. Las inscripciones tienen varias anomalías. La investigación hecha por el Bufete para Pueblos Indígenas reveló que la primera inscripción fue hecha entre 1911 a 1912, beneficiando a una persona de apellido Rosales. Esta persona falleció en 1923, bajo el régimen de Manuel Estrada Cabrera. Estaba vigente el Código Fiscal donde se regulaba que para que la tierra fuera entregada a una persona, esta debía realizar un reclamo de tierra baldía, con lo cual se debía demostrar que no existiera ningún habitante y no hay registro de ese reclamo.
La información relacionada a las escrituras da cuenta de que los límites de la tierra colindan con la Comarca, con la calle liberada y con los indios, citan los documentos de los registros de la finca 4272. Para la abogada la explicación es sencilla, aunque el agrimensor -quien realiza la medición de la tierra- no quiso hacer la visita y hacer su informe, pero afirma que entrevistó a las personas colindantes, lo que significa que la tierra no estaba baldía y que las familias Q’eqchi’ ya la habitaban desde tiempo atrás.
Otro de los hallazgos importantes es la descripción del agrimensor de esa época, quien hace referencia a uno de los informes de la Municipalidad de Livingston, elaborado entre los años 1906 a 1907. La municipalidad hace ver que no se puede conceder la tierra porque en su interior existe la Comarca de Machacas y que por esa razón no puede adjudicarse la tierra.
A pesar de esas limitaciones legales, Estrada Cabrera firmó un acuerdo gubernativo cediendo la propiedad de la tierra a Rosales. La abogada informó que esta persona murió intestada; no dejó ningún testamento o documento en el que cediera la tierra a otra persona. El bufete solicitó información a la Corte en relación a la supuesta propiedad de Rosales, pero no existe ningún documento.
En 1991 apareció un supuesto testamento elaborado por Rosales. Sus dos hijos aparecieron y comenzaron el proceso sucesorio de intestado. Un año después falleció la hija de esta persona y de la nada surgió en 1993 un documento de compra venta de derecho sucesorio a favor de una tercera persona, afirmó la abogada. La ley es clara al dar un período de 6 meses para reclamar un proceso sucesorio, si una persona no deja un testamento y en este caso pasaron más de 70 años para que aparecieran estas personas e hicieron el reclamo.
Otro hallazgo lo constituyen las dos inscripciones, que están hechas de forma anómala en el Registro General de Zacapa. Según la ley guatemalteca, los únicos lugares en los que se pueden registrar propiedades son el Registro General de la zona central en la ciudad de Guatemala y el segundo lugar es el Registro de la Propiedad.
La abogada afirma que lo extraño es que a pesar de que los documentos no fueron elaborados de manera legal, se inscribió la propiedad; la sucesión de derechos de la tierra se va dando de manera irregular e ilegal. Con todo ese contexto se da la compra-venta de la finca 3153, hasta la fecha esta misma finca corresponde a la llamada finca Santa Izabel, que en los últimos 9 años ha sido objeto de una fuerte disputa, por parte de personajes como Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta, en contra de la comunidad indígena.
Abogada Wendy Geraldina López del Bufete para Pueblos Indígenas. Foto Nelton Rivera.
¿Qué sucedió con la finca 4274?
En este caso, el agrimensor sí se presentó a medir y verificar cómo se encontraba la tierra. La información en el expediente da cuenta de que esta persona si localiza la existencia de chozas dentro de la finca y por ende confirma la presencia de habitantes. En todo este tiempo la finca fue usada solamente para crear créditos hipotecarios.
El hallazgo que para la abogada resulta impactante es que, al igual que la finca Santa Izabel, no existen documentos sucesorios ni testamento. Finalmente la propiedad llegó a manos de una familia de terratenientes dedicados al café, se trata de la familia De la Roca Pérez, originarios de Acatenango Chimaltenango y que se dedican a la siembra y exportación de café.
La investigación de los abogados refiere que la familia De La Roca Pérez llegó al territorio de Livingston en 1986 y en el contexto de la guerra logró despojar de la tierra a las familias de Chaab’il Ch’och’. Por favores militares se les beneficiaba con la obtención de fincas, explica la abogada.
Una de las hijas de la familia se unió en matrimonio con uno de los hijos de la familia Garavito Morán, con tradición en las filas del ejército de Guatemala. Se trata de Héctor Armando Garavito Morán. Uno de los hermanos Garavito está siendo procesado actualmente por delitos de lesa humanidad, cometidos en la zona militar 21 de Cobán Alta Verapaz conocida como Creompaz. Se trata de Carlos Augusto Garavito Morán.
“4. Según los solicitantes, durante el conflicto armado interno muchas tierras fueron escrituradas a nombres de otras personas, fundamentalmente militares; o simplemente ocuparon las tierras y, cuando las personas quisieron volver a ellas, se encontraron con que estaban ocupadas…” señala la CIDH en su resolución 3/2018, al resolver la medida cautelar No. 860-17.
“El Estado de Guatemala con el apoyo del ejército empezaron a apropiarse, realizaron el desplazamiento y a sacar familias amenazándolos para que abandonaran la tierra, ahí tuvo responsabilidad también el INTA, fue la ignorancia y al analfabetismo de nuestros ancestros no pudieron defenderse y tuvieron que emigrar a otros lugares.” describió Icó.
Autoridades Maya Q’eqchi de la comunidad Chaab´il Ch´och’ después de participar en la vista pública. Foto Nelton Rivera
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Por Angel Huerta
A seis meses de la toma del edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la Ciudad de México, Otomíes exigieron en este lunes (12) a las instancias locales y federales que se cumplan los acuerdos firmados en las mesas de trabajo realizadas.
En un comunicado que leyeron frente a la instancia tomada señalaron que “el 24 de noviembre del año pasado, el Lic. Alfonso Suárez del Real, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el oficio No. SG/826/2020, se comprometió a ‘concluir el 15 de diciembre’ del mismo año, y con base en la ‘normatividad aplicable, la publicación del decreto expropiatorio del inmueble referido”.
Además que “mediante el oficio No. SG/824/2020 el gobierno local se comprometió para que mediante la gestión correspondiente se lleve a cabo, para el mes de agosto una “Expropiación Federal” en beneficio de los ocupantes del inmueble ubicado en la calle de Londres 7 y/o Roma 18, en la Col,. Juárez; mediante los oficios No. SG/827/2020 y SG/825/2020 se comprometieron a atender la gestión para llevar a cabo las expropiaciones correspondientes a los inmuebles ubicados en la calle de Zaragoza 1434 y Guanajuato 200”. Sin embargo, nada de estos acuerdos se han cumplido.
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Actualización de Acción Urgente
Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas recibió información por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, quienes refieren una intensificación en la detonación de armas de fuego provenientes del territorio de Santa Martha (municipio de Chenalhó), dirigidas en contra de poblados de Aldama. Esta situación ha causado un estado de alerta y precariedad en la región, además de que implica un riesgo a la vida e integridad física y psicológica de los habitantes de la región.
Durante el sábado 10 de abril se reportó que los disparos provenientes de Santa Martha, eran prácticamente cada minuto; y que las agresiones se extienden a lo largo de 11 kilómetros que limitan a Aldama con el territorio de Santa Martha, dirigiendo los disparos contra “todas las personas que ven”. El día de hoy se continúan reportando disparos provenientes del territorio de Santa Martha.
Por lo anterior urgimos la intervención del Estado, a fin de evitar que más personas sean asesinadas o lesionadas por la violencia cometida por grupos armados, de corte paramiltiar que operan en la región, así como para asegurar un ambiente de paz necesario para el desarrollo pleno de los habitantes de ambas poblaciones.
Invitamos a la sociedad civil nacional e internacional a firmar la acción urgente y urgir al Estado mexicano intervenga en el presente caso.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de abril de 2021 Acción Urgente No. 02 / actualización 1
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Denuncia de nuestros compañeros Germán y Abraham López Montejo, presos en lucha, de la organización La Verdadera Voz del Amate junto a otros presos por la prohibición al ingreso de artículos de primera necesidad.
Día viernes 9 de Abril
del año presente 2021.
Sacamos un comunicado contra de este director primero que nada les hagamos publico saber también de los centros de los derechos humanos fray Bartolomé de las casas.
La Organización
LA VOZ VERDADERA DEL AMATE Adherentes A la Sexta declaración de la selva lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Les hacemos un llamado a todos ante lo que esta pasando dentro de este penal CRSS 5 san Cristóbal de las casas Chiapas este nuevo Director y alcaide.
Al asunto que no lo deja pasar las cosas que traen las visitas ni comida papel jabón y café muchas mas entonces el problema que ay uno que tras las cosas de acá uno de servidores y no quiere traer nuestras cosas entonces que lo autorice que pase las cosas que traen las visitas los cuatro que estamos también los mas compañeros seguiremos exigiendo por necesitamos urgente mente nuestro cosas de uso personal por que nosotros no tenemos que ver el problema que paso sola mente de ellos saben por que nosotros estamos muy aparte en otro área entonces necesitamos que nuestro visita que traigan las cosas que vengan a dejar las cosas en la entrada mientras para que no haya mal entendido sino aremos en otra manera esa es nuestro peticiones nuestra palabra en este dia de yo para que los escuchen tanto allá fuera y adentro gracias por todo.
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El pasado miércoles 7 de abril, el Juzgado de Garantía de Quillota, realizó de manera virtual la audiencia que trataría el acuerdo reparatorio establecido entre las 5 compañeras de Justicia por Nicole con sus defensas y el Ministerio Público, en el caso de la criminalización de estas por su participación en la toma de la Fiscalía de Quillota.
Este acuerdo reparatorio establecía una salida alternativa, que consistiría en la realización de un acto conmemorativo por Nicole Saavedra, más un mural en las dependencias del Ministerio Público de la Fiscalía de Quillota. Sin embargo, debido a la negación de este último de cumplir con su parte, este miércoles se concretó definitivamente la ruptura de dicho acuerdo.
Diseño realizado para mural en Fiscalía de Quillota.
El desconocimiento del acuerdo por parte de los persecutores, vuelve a remover el sentimiento de injusticia generalizado socialmente, demostrando una vez más que los aparatos judiciales destinan recursos y energía en la persecusión de las luchas sociales y no contra la detención y reproducción de los crimenes de odio.
Cabe recordar que la toma de la Fiscalía de Quillota, fue realizada en forma de protesta pacífica el año 2019, para exigir respuestas y resultados en el caso del crimen de lesboodio de Nicole Saavedra Bahamondes, asesinada el año 2015, y que hasta ese momento no tenía ningún avance. El caso que ya contaba con varios cambios de fiscal y masivas críticas a la investigación, no avanzó sino hasta la realización de este acto de protesta, que fue determinante en la agilización de las diligencias, para dar con el paradero de Víctor Pulgar, único imputado hasta ahora por el lesbicidio de Nicole.
Las compañeras Emperatriz Godoy, Maria Bahamondes, Karen Vergara, Jael Bosquez y Caterina Muñoz fueron citadas a una nueva audiencia para el próximo 23 de junio a las 09:30 hrs, fecha que coincide con la conmemoración del crimen de lesboodio de Nicole.
La abogada Silvana de Valle, manifestó mediante un video resumen que el acuerdo se habría roto tras la negación del ministerio Público de poner a disposición un muro de la Fiscalía de Quillota, para la realización del mural, acuerdo al que sólo le faltaba la autorización de la Fiscalía Regional de Valparaíso.
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Por Ñaní Pinto
Tras cinco años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, este 7 de abril, había iniciado formalmente un juicio contra el ex militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roberto David Castillo, quien fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual de este atroz crimen. No obstante, la defensa técnica de Castillo, por cuarta ocasión, presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio.
Los abogados de Castillo pidieron a la Corte que traslade el caso a otro tribunal. Lucía Villars, portavoz de los tribunales, expresó que el juicio no podía proseguir hasta que el Tribunal de Apelaciones resolviera el asunto. Tiene tres días para hacerlo.
El abogado de la familia Cáceres, Víctor Fernández, puntualizó que la defensa presentó la recusación “haciendo un alegato forzado mostrando enemistad manifiesta con el Tribunal y ese elemento dice que lo infieren del trato que han recibido del Tribunal”.
La familia de Berta considera que la suspensión del juicio se dio en torno a nuevas pruebas que presentaron los abogados que llevan el caso, sobre un pago de más de 1 millón 200 mil dólares que recibió David Castillo, dos días antes del asesinato de Berta, por parte de Daniel Átala Sabla, gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), principal accionista del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, cuya construcción está planeada para realizarse sobre el Río Gualcarque. (Continuar leyendo…)
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Mientras Juan Manuel Santos dicta conferencias de paz en todo el mundo, la comunidad liberadora de la Madre Tierra seguimos soportando la guerra.
La noche del martes 6 de abril, a eso de las 7 y 40 de la noche, una vez más un grupo armado hostigó el puesto de policía ubicado en la casa de La Emperatriz, finca ubicada en el municipio de Caloto, al suroccidente de Colombia, y desde hace seis años territorio en proceso de liberación de la Madre Tierra.
El grupo armado lanzó dos bombas de alto poder explosivo, cuya onda expansiva se sintió en las veredas vecinas. Después sonaron disparos.
La respuesta de la policía fue disparar hacia los cambuches (ranchos de plástico) de la comunidad liberadora, que fueron impactados por las balas, igual como sucedió en el hostigamiento del 25 de marzo. Nadie de la comunidad resultó herido.
La policía fue ubicada allí por el estado colombiano como una tranca contra el proceso de liberación. En otras fincas en liberación, ha ubicado bases militares.
Los actos de guerra del posconflicto en los que la comunidad liberadora de 13 fincas en liberación en el norte del Cauca queda en medio del fuego cruzado se han vuelto el pan de cada día.
Paralelamente, Santos da cursillos de paz, Duque mueve sus fichas en el tablero del norte del Cauca y anuncia una base militar en La Emperatriz. Los industriales de la caña ofrecen proyectos o mano dura.
Su guerra, su paz. Oferta falaz.
No jugamos su tramposa guerra.
¿Paz? La libertad de la Madre Tierra.
Proceso de liberación de la Madre Tierra
Norte del Cauca, Colombia.
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Comunidades de Arica y Parinacota mediante un comunicado Publico denuncian graves daños y consecuencias de la extracción de relaves mineros altamente tóxicos, que atentan contra el medio ambiente y la salud pública de todos los pueblos de la región.
COMUNICADO PÚBLICO
Las personas y organizaciones abajo firmantes denunciamos a la opinión pública nacional y regional, la extracción ilegal de los residuos (relaves) mineros de la explotación minera de la mina Choquelimpie ubicados en Alto Copaquilla (ex planta PROMEL), en las comuna de Arica y la comuna de Putre, ejecutado por la empresa REMAVESA S.A. y BOGADO SPA , que sin ninguna autorización ambiental y sectorial, han trasladado y removido residuos altamente contaminantes al sector de Quebrada Cardones (Monumento Natural Protegido), actualmente en vías de ser declarado Parque Nacional.
La empresa REMAVESA S.A. y BOGADO SPA se adjudicó la licitación entre los tramos Km 76 hasta el Km 88, para conservar el camino internacional Ruta 11CH, en el sector límite entre la comuna de Arica y la comuna de Putre hasta la Cuesta Quebrada Cardones, siendo la Dirección de Vialidad y de la Secretaria Ministerial Regional de Obras Públicas, como órganos supervisores y mandantes de la obra. A esta obra NO se le exige una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), siendo que están en una zona protegida en un ecosistema endémico y único del planeta que el Estado de Chile se comprometió a resguardar y proteger, y sin embargo lo impacta y vulnera con este tipo de proyectos.
La gravedad del hecho consistió en extraer los relaves mineros altamente tóxicos, destruyendo los acopios, removiéndolos con maquinaria pesada, exponiendo los polimetales al aire y activando esas partículas, cargando además, apróximadamente 10 camionadas en camiones tolva con estos residuos mineros tóxicos, sin contar con ninguna medida de seguridad en su traslado, contaminando todo y a todos a su paso, incluyendo a sus propios trabajadores y a la comunidad adyacente, vulnerando e impactando negativamente la SALUD PÚBLICA, tanto en la comuna de Arica como en la comuna de Putre, solo con el fin de ocupar estos relaves mineros como parte de la puesta de una nueva carpeta asfáltica de la carretera internacional 11CH. Se desconoce si la utilización de estos relaves mineros tóxicos era parte de las condiciones de la licitación. Este hecho ocurrió el día miércoles 24 de marzo del 2021 durante todo el día.
