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Ciudad de México,10 de abril 2022; A veinte días de recorrido de la Caravana por el agua y la vida, se conmemoró una fecha de duelo, en el 103 aniversario del asesinato de Zapata, con una marcha que agrupo a muchas y diversas fuerzas del movimiento social en México, al México profundo. Así este día dos espacios de convergencia juntaron su caminar, dejando claras las diferencias con el actual mal gobierno. Por un lado se encuentra la Caravana que agrupa pueblos y comunidades, la mayoría parte del Congreso Nacional Indígena, y del otro al Encuentro de Resistencias donde los maestros de la CNTE han apostado a la unidad con otras fuerzas sindicales y sociales. Así una marcha de unas 5 mil personas camino por el centro de la ciudad y se instaló en mitin frente a la sede del poder federal, frente a palacio nacional. El consenso de los grupos que asistieron era la crítica al actual gobierno por el incumplimiento de compromisos, traiciones e imposiciones de megaproyectos.
La marcha fue grande y animada, las voces al micrófono fueron de muy distintas resistencias, voces sindicales de huelgas que no encontraban solución, como la de notimex, con mas de 700 días en paro, o los maestros que encontraban una continuidad del modelo neoliberal de actual régimen y una alianza del mal gobierno con fuerzas históricamente reaccionarias como el sindicato nacional oficial que es un modelo clientelar y mafioso. También los usuarios de la energía eléctrica que denuncian los altos cobros y la política de cerrazón de la actual administración. A estas voces se sumaron las de la caravana por el agua y la vida que también ha acumulado la simpatía y apoyo de diversas luchas y resistencias principalmente por la defensa del territorio, lo que ha resultado como un buen mapeo y un impulso a las resistencias tras dos años de pandemia e inactividad.
La marcha se dio en el marco de una jornada electoral para la revocación de mandato. Un proceso manipulado para beneficio de la mafia en el poder pues a la 4t se le reclama que debe gobernar como se comprometió y no bajo la amenaza de irse del poder para dejárselo a otro grupo partidista igual de mafioso y corrupto. Los pueblos no están pensando en el costoso juego electoral, no quieren quitar uno para poner a otro, porque todos son iguales, quieren que se respete la voz de los pueblos. Que se atienda a los maestros en sus demandas, a las y los trabajadores que están luchando por sus derechos, que se respete a los pueblos y se detengan los megaproyectos que están dañando su territorio y cultura.
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En la capital del país desde hace más de una y dos meses se encuentra tomado la sede de el Instuto Nacional de Pueblos Indígenas INPI por la Comunidad Otomi residente en la Ciudad de México que se han declarado en rebeldía y resistencia, vienen desde Santiago Mexquititlan y a pesar de la distancia siguen guardando su engu y costumbres así como el apego a la comunidad. El grupo que ha tomado este enorme edificio al gobierno de Obrador ha caminado al lado del Congreso Nacional Indígena y en su lucha por la vivienda han descubierto la autonomía como una forma de resistencia y organización. Ellas y ellos han sufrido la discriminación por parte del estado y de una sociedad racista y clasista sin embargo se han abierto camino y son un ejemplo de la digna resistencia de los pueblos originarios dentro y fuera de esta región llamada México. Ahí llegó la caravana por el Agua y la Vida y ha sido en su gira por el centro del país un centro de operaciones para coordinar y alojar a la caravana.
Al principio el recibimiento fue al frente de la toma donde se hizo una ceremonia para después subir al cuarto piso donde se llevó a cabo un foro internacional y actividades culturales, la presentación de un fanzine, la elaboración de un telar, una plática de mujeres y música para bailar. Entre ponentes virtuales y presenciales se dio a la palabra a varias de las resistencias que defienden el territorio de megaproyectos como el Tren Maya o el Proyecto Transístmico o la propia lucha de Santiago Mexquititlan o la de Lützerath Alemania contra la minera RWE. Las participaciones confirman una tras otra el papel del capital como depredador de la vida.
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Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
En portada: Ambientalistas protestan contra la deforestación provocada por las obras del tramo 5 del tren maya.
En el seminario Tren Maya: análisis de los impactos desde la academia, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron, de nueva cuenta, sobre los riesgos más allá de las vías férreas, con mayor presión sobre los territorios y bienes culturales y naturales de la península de Yucatán.
“Por esta razón buscamos con este seminario visibilizar la opinión académica sobre la esencia del proyecto del Tren Maya desde una perspectiva efectiva ecológica, social y jurídica”, dijo la investigadora mexicana, Marisa Mazari Hiriart.
El proyecto se anunció en el 2018, días antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegara al poder. Desde entonces la comunidad académica se pronunció en una carta para detener la velocidad del plan.
Los investigadores hicieron análisis de las primeras manifestaciones de impacto ambiental, además de solicitudes para discutir el tema con distintos organismos del Estado, así como para involucrar a la sociedad. Pero nunca hubo respuesta.
Hasta hace unas semanas, dijo el investigador del Instituto de Biología, Luis Zambrano, al recordar la campaña de artistas populares que no fue bien tomada por AMLO. “¿Dónde estábamos hace 30 años? Estábamos peleando por la selva Lacandona. Nada más nos descalifican y no hay paso adelante. Que nos ponga a platicar con quienes él considera que son ambientalistas y san, se acabó”, agregó el investigador del Instituto de Ecología, Rodrigo Medellín Legorreta.
No hay plan definido
El Tren Maya recorrerá una distancia de 1,500 kilómetros por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según la plataforma digital habilitada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para informar, de forma limitada, sobre el proyecto.
Para Medellín Legorreta, los trenes han sido subestimados y sub apoyados por todas las administraciones. La última inversión la hizo Porfirio Díaz en el siglo XX, aún cuando representan una gran posibilidad de detonar el desarrollo sustentable, “si se hace bien”.
Hasta ahora, dijo que no hay un plan definido, no es sustentable ni compatible con el desarrollo socioeconómico de la Península ni con el futuro de sustentabilidad desde el punto de vista de la biodiversidad o de los beneficios de los pueblos mayas.
Académicos participantes del evento convocado por la UNAM
Incluso, el proyecto incumple con el Marco Jurídico Ambiental, particularmente al no presentar un proyecto íntegro y no segmentado, amplió Gustavo Alanís del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Alanís dijo que no se conoce la compatibilidad del proyecto con los usos de suelo municipales, “pero de manera sorprendente ni el promovente ha dicho cómo cumplen”, en los cinco estados donde pasará el tren.
Península heterogénea
Cualquier megaproyecto debe ser planeado de acuerdo a las características del territorio, “el flujo del agua, como en cualquier territorio, va ser lo que permita la conexión entre ecosistemas”, dijo la también investigadora del Instituto de Ecología, Luisa Falcón.
Puso el ejemplo del corredor transversal costero del sur de Quintana Roo que representa flujo de agua tanto superficial como subterránea y permite la interacción e interconexión de sitios como Laguna Bacalar a través de una serie de canales de otras lagunas tanto en Chetumal hasta llegar al Mar Caribe.
“Entonces hay desplazamiento de un sinfín de especies muchas de ellas endémicas de la Península de Yucatán que van a desplazarse siguiendo estos flujos hidrológicos”. La región es frágil porque la geología es distinta, “es fantástica”.
Además, explicó que el 50 por ciento de sus manglares están a lo largo del litoral, por ello insistió “se tiene que hacer un proyecto que entienda perfectamente bien antes de ocasionar un mal mayor”.
Uno de los problemas que señalan especialistas y ambientalistas es el daño a la naturaleza debido al cambio de ruta del tramo 5 del Tren May
En este entorno, Ana Esther Ceceña del Observatorio Latinoamerica de Geopolítica, consideró la importancia del peso de los dos trenes, de pasajeros y de carga, en un piso que es calcáreo y quebradizo, “no se han discutido los argumentos que llevamos tres años presentando”.
En el caso de Calakmul, Campeche, existe la cueva más importante de murciélagos en la región Neotropical. En términos de números, se trata del refugio de 3,000,000 quirópteros de mayores dimensiones desde el centro de México hasta Argentina.
Cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche, aproximadamente. El 70 por ciento de estos invertebrados son plagas de la agricultura, expuso Rodrigo Medellín Legorreta.
“Si tiran eso me voy a ir con todo porque están destruyendo uno de los grandes aliados de la agricultura. Tengo entendido que cambiaron el trazo para pasarlo por detrás del cerro donde está la cueva lo que también va a traer montones de destrozos en un corredor donde sabemos que cruzan jaguares porque es la zona cercana a la reserva de la biosfera de Calakmul”.
En esta parte de Quintana Roo, del tramo cinco, tampoco hay Manifestaciones de Impacto Ambiental que puedan ser consultadas, para que los académicos puedan ver las medidas de mitigación que resuelvan las preocupaciones por el mega proyecto.
Originalmente el trazo estaba planeado para ir entre las carreteras de cuatro carriles que conectan Cancún con Tulum, “luego resultó que, por los hoteleros, no por temas técnicos de ninguna manera, sino por la preocupación de los hoteleros se cambió el trazo para meterse cinco kilómetros dentro de la selva”, agregó Medellín.
La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar publicó artículos que demuestran que la mayor cantidad de jaguares de México están precisamente en la Península de Yucatán. Los investigadores dijeron que, incluso los pasos de fauna, tampoco están bien ideados.
Borrar la historia
En el 2019, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificó 7,274 puntos de valor arqueológico en esa región. De acuerdo al Fonatur, cuando iniciaron los trabajos del primer tramo del Tren Maya se encontraron 5,300 hallazgos arqueológicos.
En el mapeo, no se muestran todos los vestigios arqueológicos, porque se descubrieron con el avance del proyecto del tren y, hasta ahora, no hay registro. Se trata de piezas pequeñas y grandes edificaciones que, a la fecha, pueden alcanzar las 13,000, descubiertas durante este proyecto de la “cuarta transformación”.
El presidente López Obrador pidió al Ejército la construcción de diversos tramos del Tren Maya
La investigadora Ana Esther Ceceña, consideró que los hallazgos continuarán en la medida que se vaya ‘rascando’ por la zona, “lo que está puesto en riesgo es de enorme importancia y dimensión desde todos los puntos de vista histórico-cultural”.
“Somos un país que en el momento de la conquista le fue borrada su historia y su historia se está recuperando a través de la experiencia de los pueblos, pero también de los hallazgos arqueológicos qué hoy están realmente amenazados”.
Lo mismo pasa con las poblaciones indígenas que habitan la región, pero al no estar reconocidas en las estadísticas no son consultadas ni visibilizadas, pese a ser parte fundamental de la conservación de la selva.
Ceceña agregó que, de los 68 grupos lingüísticos reconocidos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), 44 están en esta región que jurídicamente es indispensable que den su consentimiento para el Tren Maya.
Narcotráfico y migración
La académica Ana Esther Ceceña, sumó que no se cuenta con un estudio de factibilidad económica del proyecto, mientras la promoción que se hace del empleo está ligada a la propia construcción de las vías y no al resto de las actividades.
En la zona donde comenzaron los trabajos del tren, existe un incremento de 8% anual de personas asalariadas, pero se trata de trabajo temporal y precario “aunado a esta dinámica urbanizadora, tienden a disminuir la calidad de vida de las personas que están incorporadas”.
Dijo que la región es una de las zonas más ricas del país en la que se pueden generar proyectos sin dañar ni romper las condiciones de sustentabilidad; pero el Tren Maya fue anunciado como proyecto de urbanización.
Recordó que hace 40 años, Cancún tenía 3 mil habitantes y un territorio urbano de mil hectáreas que ahora se extendió a 13 mil, es decir “se comió el área donde se producían alimentos y eso tiende a aumentar la dependencia desde el exterior para la dotación de los mismos”.
Esto, a su vez, provoca intensificación de este tipo de actividades económicas, por ejemplo, la agroindustria que aumenta “el área de colonización urbana”, que contribuye a la contaminación del planeta.
Ceceña explica la importancia geoestratégica de la zona donde se está implementando el megaproyecto
Para la investigadora, a la situación social, económica y ambiental se agrega la presión de Estados Unidos con la política migratoria, pues la zona de detención justamente es la franja transístmica, “además de que Quintana Roo se ha convertido en una de las rutas importantes del narcotráfico”, con Estados Unidos y Europa, por el lado atlántico.
“En la medida que se va rompiendo el tejido social y la organización comunitaria con todo el contexto tiende hacerse más frágil la defensa de la población frente a estos grupos y quedan en manos del crimen organizado que promueve la trata de personas”.
Ceceña agregó que es un punto estratégico, “habría que imaginar qué pasa si de repente todos los grandes competidores o las grandes licencias del comercio mundial aparecen interesadas en este paso, ¿Qué va pasar con la región? ¿Vamos a entrar en guerra por el territorio o cómo se va diluir el problema?”, cuestionó.
Los investigadores coincidieron que el proceso de restauración ecológica será 10 o 20 veces más caro que la conservación actual del ecosistema, asimismo que el proyecto del tren transístmico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, “hay que revisarlo porque también tiene serios problemas”.
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La discriminación, racismo y exclusión que sufren los pueblos originarios en América Latina por un contexto político y social ‘convulso’, violan los derechos y propician victimización individual y colectiva, por medio de la tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes.
El estudio “¡Pues es tortura!”, promovido y coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), rescata las vivencias y conocimientos de las personas que integran el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas y Tortura en América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua.
En los últimos años se multiplicaron los intentos en todo el continente de controlar la tierra, el territorio y a la propia población indígena en pro de la implementación de megaproyectos de desarrollo turístico, hidroeléctricos o extractivos y en detrimento de sus derechos fundamentales.
La tortura generalmente aparece ligada a otras formas de violencia, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria y la violencia sexual con base en el género, para mencionar algunas.
“Efectivamente, con este informe se ha podido demostrar cómo la tortura tiene un impacto más allá de lo individual y afecta colectivamente la identidad, la cultura y el ámbito político-organizativo de los pueblos y comunidades”.
Este estudio se enfocó en tres variables: la persistencia del racismo institucional y estructural como “caldo de cultivo” que ha permitido y potenciado que se cometan actos de tortura y malos tratos en total impunidad; las violencias sociales, políticas y económicas a través de la militarización, el endurecimiento de las políticas de seguridad nacional y las leyes anti-terroristas, que vulneran cotidianamente los derechos de los pueblos indígenas; y la violencia en torno a la tierra y el territorio que se manifiesta en el despojo histórico y la usurpación de sus territorios ancestrales.
En América Latina habitan 58,2 millones de personas indígenas, lo que representa el 10% del total poblacional; las mujeres representan el 50,8% de la población total, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de 2018.
Por ello, analizaron el contexto de los siete países donde los pueblos originarios enfrentan tortura por despojo de tierras; protesta social; la criminalización, la estigmatización y las amenazas contra los líderes y las lideresas indígenas; en el contexto de detención o cárcel y a través de actos de violencia sexual y con base al género, en especial en contra de las mujeres indígenas.
Una anciana indígena Achí. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.
Despojo
El estudio da cuenta que el despojo de tierras y bienes puede representar tortura o malos tratos y señalan a autoridades estatales y grupos criminales armados como responsables.
“En estos casos, los Estados incumplen generalmente con sus obligaciones de protección conforme al principio de debida diligencia. Este despojo se da en muchas ocasiones para permitir que empresas y megaproyectos se instalen en territorios indígenas sin consulta previa, primando los intereses económicos y comerciales”.
Estas estrategias provocan desplazamientos, violencia, intimidación y uso excesivo de la fuerza. A su vez afectan a los pueblos originarios en su colectivo, tanto en el ejercicio de sus derechos a la tierra y el territorio como en su cosmovisión, espiritualidad y reproducción social y cultural.
Las mujeres también se enfrentan a altos índices de violencia sexual, a la que se le agrega la tortura que el agresor o los agresores efectúan en el contexto de la detención a través de golpes en partes sensibles del cuerpo de las mujeres, manoseos, desnudez forzada y violencia sexual.
A esto se le suma la represión estatal a partir de la tortura y malos tratos por la protesta social vinculada en América Latina a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, que ha dejado numerosas personas muertas y heridas a lo largo y ancho de todo el continente.
El caso de la criminalización, estigmatización y detención de defensores de derechos humanos indígenas se repite en todos los países de la región latinoamericana. La investigación registró el encarcelamiento de 12 personas con denuncias falsas y persecución laboral que muchas veces han terminado en actos de tortura física y psicológica mientras están privados de libertad.
“La cárcel se presenta como un entorno torturante que, en sí misma, afecta de manera específica a las personas indígenas, no solo por las deficientes condiciones de detención, pero también por la falta de consideración de los elementos específicos que respeten al máximo posible sus tradiciones y cosmovisión en el marco de la privación de libertad”.
Discriminación
La región cuenta con una gran diversidad lingüística y cultural, con 424 lenguas distintas (incluyendo castellano, portugués, francés e inglés) de las cuales 107 (el 24,5%) son idiomas transfronterizos que se utilizan en dos o más países. Al mismo tiempo, es la región con mayores desigualdades en el mundo, según CEPAL.
Y son, precisamente, los Estados latinoamericanos que enfrentan a altos índices de discriminación por razones de género, etnia, lengua y clase que dificultan más el acceso a la justicia.
“La clasificación social en ‘razas’, algunas de ellas ‘superiores’ a otras”, remonta al periodo colonial y fue heredada en los procesos de independencia y/o consolidación de los Estados-nación con el propósito de imponerse políticamente, homogeneizar culturas (y en ocasiones erradicarlas) y despojar a los pueblos originarios de sus territorios”.
En América Latina el racismo, profundamente enraizado en los sistemas judiciales, políticos y sociales, permiten las violaciones a la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en el caso de los pueblos indígenas.
Por ello, tienen un impacto grave en la vida individual y colectiva de los pueblos indígenas. La investigación del Grupo de Trabajo y Frayba señala que en Guatemala se forjó un modelo que racializó al sujeto “indio”, despojándolo de su condición de sujeto de derecho, el cual debía ser “civilizado o civilizada” para su integración a la sociedad en general y para ser considerado “ciudadano” o “ciudadana”.
Nada contrario de lo que sucede en Bolivia, donde el proceso histórico de construcción del Estado se caracterizó por la dominación de la minoría mestiza-criolla y la exclusión de los indígenas del aparato estatal.
A pesar de que la Constitución de 1991 reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas como fundamentales en Colombia, no existe una transformación real de las precarias condiciones de vida de los pueblos indígenas, como tampoco la superación de la desigualdad.
Mientras, en Nicaragua, los pueblos indígenas del Pacífico, el centro y el norte resisten los procesos de dominación y de asimilación cultural forzada, impuestos desde la colonización española por el Estado nacional, y que tienen como común denominador su invisibilización, la negación de sus identidades, tradiciones e historia.
En el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe –cuya extensión constituye la mitad del territorio nacional nicaragüense-, son objeto en la actualidad de una violenta colonización interna.
En México se repite el mismo patrón con un limitado reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo relativo a la autonomía y libre determinación, presentan una continuidad temporal en lo relativo a la discriminación estructural que existe desde la época colonial.
En este contexto, la tortura en la cárcel, por ejemplo, “se caracterizan por la fabricación de confesiones o declaraciones autoinculpatorias, a través de tortura, aprovechándose de la marginación, pobreza y del desconocimiento del castellano por parte de las personas indígenas detenidas”.
“El racismo sigue profundamente enraizado en la cultura latinoamericana, permeando sus sociedades de manera estructural, lo que se ha reproducido a través de sus diversos sistemas económicos, políticos, sociales y jurídicos y ha traído consigo la marginación, exclusión e invisibilización política y social de los pueblos originarios”.
Esto sin descartar que, en AL, el 6% de las personas no cuentan con una vivienda, y aunque la tasa de alfabetización de la población entre 15 y 24 años de edad es del 98,2%, un 8% de la población total no sabe leer ni escribir. El acceso al agua y al saneamiento aún no es universal: el 7% de la población no tiene acceso al agua potable (más de 45 millones de personas) y el 12% carece de saneamiento adecuado.
Protesta en Brasilia contra proyectos legislativos que vulneran el reconocimiento de las tierras indígenas. Foto:APIB
Leyes
En general, los derechos de las personas indígenas son reconocidos, pero no materializados en casi todas las Constituciones latinoamericanas.
En México, para que el despojo de los territorios ancestrales se lleve a cabo, la militarización juega un papel fundamental; y ha sido una de las problemáticas que ha desatado mayor preocupación en derechos humanos.
“Una guerra directa entre cárteles de la droga y el gobierno federal ha traído consigo asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de miles de personas en el marco de esta estrategia”.
Por ello, organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), han expresado la preocupación de la seguridad pública recaiga en las autoridades militares.
Entre 2018 y 2019, Chile y Argentina endurecieron las políticas de seguridad nacional. Por un lado, en Argentina se consideró como un problema de soberanía nacional la existencia del pueblo Mapuche, aumentando el hostigamiento y la criminalización contra el ejercicio de los derechos culturales.
El informe tiene registro de la creación de comandos especiales para combatir la resistencia Mapuche que incrementan la violencia estatal, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, las privaciones arbitrarias de la libertad, el espionaje, las desapariciones forzadas, la tortura, el uso desproporcionado de la fuerza y los asesinatos.
El pueblo Mapuche en Chile también enfrenta un Estado que aplica de manera discriminatoria la Ley Antiterrorista, criminalizando la protesta social del pueblo originario y somete a largos periodos de prisión preventiva a varios de sus líderes y lideresas.
En este tenor son comunes la falsificación y el ocultamiento de pruebas ante los tribunales para condenar a dirigentes y autoridades tradicionales, y se han realizado muchos operativos policiales violando las normas internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza.
En Colombia, la población ha vivido un largo conflicto armado que data de la década de los años 50; sus causas inician en la desigualdad en el acceso a las tierras y en la inequidad social y económica.
A esto se le agrega la dinámica del paramilitarismo que, aunado al narcotráfico, con el pretexto de la lucha contrainsurgente, es responsable de graves masacres y desplazamiento forzado como estrategia para el despojo de tierras.
El caso nicaragüense tiene antecedentes de décadas de abuso y discriminación, agravados con el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y que se agudizaron con la llegada al poder en 2007 del presidente Daniel Ortega, bajo cuyo gobierno se cometieron los primeros abusos en áreas rurales contra campesinos e indígenas por parte el Ejército.
Mientras, los pueblos indígenas en Guatemala han pasado por épocas históricas que han marcado su existencia, condición y situación de desarrollo social, económico y político. Como ejemplo el periodo del conflicto armado interno de 1960-1996 cuando se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales que llegaron a ser calificados como genocidio por los tribunales.
“A ello se añadieron masacres, torturas, desapariciones forzadas, actos de esclavitud y violencia sexual cometidos por y desde el Estado”.
Protección
La falta de investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes (TCID) provocan daños inmateriales, morales o psicológicos, en lo individual y colectivo a los pueblos originarios.
Las recomendaciones de la investigación justamente parten de este racismo que se propaga desde el poder, ante la urgencia de que se aplique el marco internacional y nacional de prevención y erradicación de la tortura y otros malos tratos desde una perspectiva colectiva, diferenciada y cultural, que proteja y prevenga la violencia contra los pueblos indígenas.
El Grupo de Trabajo y Frayba emiten recomendaciones específicas para los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, los Estados individualmente considerados, y al movimiento de derechos humanos contra la tortura, en específico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).
En ellas piden tipificar a nivel nacional la tortura y los malos tratos de acuerdo con los estándares internacionales y particularmente incluyendo el motivo de la discriminación como uno de los propósitos básicos de la definición de tortura. Asimismo, garantizar que en todos los espacios y mecanismos anti-tortura haya una pluralidad de voces y de experiencias y representación de jóvenes, mujeres y hombres.
Las organizaciones solicitan una elaboración de observaciones generales o informes de fondo a nivel de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano sobre las particularidades de la tortura en los pueblos indígenas, analizando las obligaciones de los Estados de garantizar la prevención, protección y reparación por los actos de tortura desde un enfoque colectivo, diferenciado y cultural.
Al movimiento de derechos humanos contra la tortura y los malos tratos, recomiendan fomentar la formación de personas indígenas en el conocimiento del derecho a nivel nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.
El estudio de 120 páginas documenta que la tortura contra los pueblos indígenas ha sido una práctica generalizada en América Latina, utilizada no solo en contextos de conflicto armado sino de manera permanente, en correspondencia con intereses individuales, particulares o privados (por ejemplo, de empresas naciones y transnacionales).
“Los pueblos indígenas la perciben como una forma de exterminio y extinción de sus pueblos. De tal manera, los pueblos indígenas vienen vivenciando importantes formas de tortura a causa de sus luchas por consolidar su propio proyecto político y de desarrollo, cuya fuente principal es el territorio. Y es en torno al territorio que actúan intereses estatales, ilegales y transnacionales, poniendo en alto riesgo la vida y la pervivencia de muchos pueblos indígenas”.
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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A un día de la conmemoración de los 103 años del asesinato del General Emiliano Zapata, a un día también de la Consulta de Revocación de Mandato. Abismal diferencia de hechos. Por un lado, Zapata defendiendo la tierra, la vida, la libertad, justicia y ley. Por el otro una disputa por el poder, allá arriba, donde quien llega se olvida de mirar abajo pero ahora le dice al abajo que puede cambiar a su verdugo cada 3 años y no 6, le dice al abajo que tiene que agradecer porque el mandón seguirá mandando, destruyendo la tierra, las selvas, los bosques, el agua, entregando el país al capital extranjero y nacional, privatizando los bienes naturales y explotando a los trabajadores, permitiendo que el crimen organizado asesine y extorsione, pero ahora nos van a preguntar acá abajo, si todo bien o si preferimos que todo lo anterior descrito, lo haga el mismo u otro, otra, un éxito completo ¿De algo servirá que el verdugo cambie cada 3 años?
11 de abril de 2022
Mientras tanto, la realidad sigue golpeando nuestras caras, nos sigue despreciando, asesinando. En el país y en nuestro estado, Guerrero, creen que se puede resolver con discursos, dicen que ya todo lo están arreglando y que todo está bajo control. Tal como hacen en la respuesta del 30 de marzo de 2022 al Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, respecto a la denuncia que hicimos por la desaparición de nuestros hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, ocurrida el 25 de enero de 2022 en manos de la policía municipal de Atlixtac y encubierta por la fiscalía, el gobierno municipal, por el gobierno de Guerrero y ahora por el gobierno federal.
1. El Estado mexicano le dice al Comité de las Naciones Unidas: “tengan por presentado el informe […] tenga por atendida la solicitud de información solicitada por el Comité respecto a Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez”. De manera contundente, no dicen nada. Explican que se han reunido con la familia, que han hecho búsquedas y mas reuniones. Pero ninguna detención, es decir, hay desaparecidos y perpetradores, dicen buscar a los desaparecidos, pero no detienen a quienes los desaparecieron, saben que fueron detenidos por la Policía municipal de Atlixtac, que a su vez es protegida por el Municipio, la fiscalía y por el mismo gobierno del Evelyn Salgado, del partido Morena. El Estado se protege a sí mismo, habla bien de sí, cuando dentro del mismo están los culpables y sus cómplices.
2. El mismo 30 de marzo de 2022, día en que el Estado Mexicano le responde al Comité Contra la Desaparición Forzada que “están trabajando y redoblarán esfuerzos”, se reunió la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, para modificar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de tal forma que:
El acompañamiento para las personas beneficiadas del Mecanismo de Protección será de un máximo de 5 días al mes.
Se deberá solicitar el Mecanismo con 72 horas hábiles de anticipación e itinerario correspondiente.
Los acompañamientos dependerán de la disponibilidad de los elementos.
Las medidas son de carácter temporal.
Como si la violencia en contra de periodistas no fuera tan brutal. Como si la vida de quienes hacemos el trabajo del Estado Mexicano de brindar seguridad a nuestros pueblos, enfrentando a la delincuencia organizada y a los grupos narco-paramilitares, no estuviera en riesgo todo el tiempo, dentro de nuestras comunidades, en las carreteras, dentro de los municipios, los grupos delincuenciales se mueven con holgura y son informados, solapados y apoyados por las mismas autoridades, como sucedió en Atlixtac donde siguen impunes y fuera de investigación quienes desaparecieron a nuestros hermanos Pablo y Samuel.
Es por lo anterior que como Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, responsabilizamos a los 3 ordenes de gobierno por lo que le pueda suceder a nuestros hermanos y promotores Jesus Plácido Galindo, Isaías Posotempa Silberio, Adán Linares Silverio, Benjamín Sánchez Hernández, a las familias de los desaparecidos Pablo Hilario y Samuel Hernández, así como a cada integrante de nuestra organización. Sepan que los ojos de la comunidad internacional están atentos a la forma en la que nuestros derechos son vulnerados y al desprecio con el que nos miran, la forma en la que mientras dicen trabajar por la aparición de Samuel y Pablo, dejan en total abandono a quienes, si solicitamos el Mecanismo de Protección, no fue por sentirnos importantes o para ganar votos para tener un puesto en el gobierno -tal como ustedes se manejan-, sino porque nuestras vidas están en riesgo y no sólo las nuestras, sino las de miles de personas que en México luchamos por un mundo donde podamos vivir en paz y libertad.
¡BASTA DE SIMULACIÓN!
¡EXIGIMOS LA PROTECCIÓN DE QUIENES LUCHAN POR LA DEFENSA DE LA VIDA!
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA
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EL ESTADO MEXICANO LE MIENTE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. MIENTRAS TANTO LAS DESAPARICIONES Y LA MUERTE SE MANTIENEN EN GUERRERO Y EN TODO EL PAÍS.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A un día de la conmemoración de los 103 años del asesinato del General Emiliano Zapata, a un día también de la Consulta de Revocación de Mandato. Abismal diferencia de hechos. Por un lado, Zapata defendiendo la tierra, la vida, la libertad, justicia y ley. Por el otro una disputa por el poder, allá arriba, donde quien llega se olvida de mirar abajo pero ahora le dice al abajo que puede cambiar a su verdugo cada 3 años y no 6, le dice al abajo que tiene que agradecer porque el mandón seguirá mandando, destruyendo la tierra, las selvas, los bosques, el agua, entregando el país al capital extranjero y nacional, privatizando los bienes naturales y explotando a los trabajadores, permitiendo que el crimen organizado asesine y extorsione, pero ahora nos van a preguntar acá abajo, si todo bien o si preferimos que todo lo anterior descrito, lo haga el mismo u otro, otra, un éxito completo ¿De algo servirá que el verdugo cambie cada 3 años?
11 de abril de 2022
Mientras tanto, la realidad sigue golpeando nuestras caras, nos sigue despreciando, asesinando. En el país y en nuestro estado, Guerrero, creen que se puede resolver con discursos, dicen que ya todo lo están arreglando y que todo está bajo control. Tal como hacen en la respuesta del 30 de marzo de 2022 al Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, respecto a la denuncia que hicimos por la desaparición de nuestros hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, ocurrida el 25 de enero de 2022 en manos de la policía municipal de Atlixtac y encubierta por la fiscalía, el gobierno municipal, por el gobierno de Guerrero y ahora por el gobierno federal.
1. El Estado mexicano le dice al Comité de las Naciones Unidas: “tengan por presentado el informe […] tenga por atendida la solicitud de información solicitada por el Comité respecto a Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez”. De manera contundente, no dicen nada. Explican que se han reunido con la familia, que han hecho búsquedas y mas reuniones. Pero ninguna detención, es decir, hay desaparecidos y perpetradores, dicen buscar a los desaparecidos, pero no detienen a quienes los desaparecieron, saben que fueron detenidos por la Policía municipal de Atlixtac, que a su vez es protegida por el Municipio, la fiscalía y por el mismo gobierno del Evelyn Salgado, del partido Morena. El Estado se protege a sí mismo, habla bien de sí, cuando dentro del mismo están los culpables y sus cómplices.
2. El mismo 30 de marzo de 2022, día en que el Estado Mexicano le responde al Comité Contra la Desaparición Forzada que “están trabajando y redoblarán esfuerzos”, se reunió la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, para modificar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de tal forma que:
a) El acompañamiento para las personas beneficiadas del Mecanismo de Protección será de un máximo de 5 días al mes.
b) Se deberá solicitar el Mecanismo con 72 horas hábiles de anticipación e itinerario correspondiente.
c) Los acompañamientos dependerán de la disponibilidad de los elementos.
d) Las medidas son de carácter temporal.
Como si la violencia en contra de periodistas no fuera tan brutal. Como si la vida de quienes hacemos el trabajo del Estado Mexicano de brindar seguridad a nuestros pueblos, enfrentando a la delincuencia organizada y a los grupos narco-paramilitares, no estuviera en riesgo todo el tiempo, dentro de nuestras comunidades, en las carreteras, dentro de los municipios, los grupos delincuenciales se mueven con holgura y son informados, solapados y apoyados por las mismas autoridades, como sucedió en Atlixtac donde siguen impunes y fuera de investigación quienes desaparecieron a nuestros hermanos Pablo y Samuel.
Es por lo anterior que como Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, responsabilizamos a los 3 ordenes de gobierno por lo que le pueda suceder a nuestros hermanos y promotores Jesus Plácido Galindo, Isaías Posotempa Silberio, Adán Linares Silverio, Benjamín Sánchez Hernández, a las familias de los desaparecidos Pablo Hilario y Samuel Hernández, así como a cada integrante de nuestra organización. Sepan que los ojos de la comunidad internacional están atentos a la forma en la que nuestros derechos son vulnerados y al desprecio con el que nos miran, la forma en la que mientras dicen trabajar por la aparición de Samuel y Pablo, dejan en total abandono a quienes, si solicitamos el Mecanismo de Protección, no fue por sentirnos importantes o para ganar votos para tener un puesto en el gobierno -tal como ustedes se manejan-, sino porque nuestras vidas están en riesgo y no sólo las nuestras, sino las de miles de personas que en México luchamos por un mundo donde podamos vivir en paz y libertad.
¡BASTA DE SIMULACIÓN!
¡EXIGIMOS LA PROTECCIÓN DE QUIENES LUCHAN POR LA DEFENSA DE LA VIDA!
ATENTAMENTE:
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA
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La Suprema Corte de Justicia canceló los permisos ambientales emitidos para la planta de Fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del conglomerado suizo-alemán, Proman AG, quien tiene proyectado una inversión de 100,000 millones de pesos para la producción de agroquímicos en Topolobampo, Sinaloa, norte de México.
Yasmín Equivel Mossa, ministra de la Segunda Sala, encargada de sesionar asuntos en materia administrativa y laboral, llevó a votación ante el Pleno de la Segunda Sala de la Corte y, por unanimidad de cinco votos, determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene que reiniciar el proceso para los permisos ambientales.
El amparo 528/2018, fue interpuesto por pescadores indígenas yoreme del campo pesquero Lázaro Cárdenas en el año 2018, contra los permisos que emitió la Semarnat, el 21 de abril de 2014, para la instalación de la planta de amoniaco.
Estos pueblos indígenas apelaron a que, tanto autoridades ambientales como la empresa, pasaron por alto realizar la respectiva consulta indígena, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de derecho indígena, del cual es signatario el Estado mexicano.
La sentencia que se desprende del amparo 528/2018, atraído por el ministro Alberto Pérez Dayán, también dictaminó amparar y proteger a los pueblos originarios que promovieron este recurso jurídico, esto implica, por derecho, que se les realice la respectiva consulta indígena, considerando los posibles impactos hacia sus comunidades y áreas de supervivencia.
Por ello, la Corte resolvió dejar sin materia el amparo de revisión que promovió la Semarnat a favor de los permisos emitidos para la empresa.
Proman AG
Fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente es la filial mexicana de Proman AG, dirigida en México por Arturo Moya Hurtado. Esta empresa pretende producir 2,200 toneladas por día de amoniaco anhidro, insumo base en la producción de fertilizantes, destinado para los agricultores mexicanos y el resto de Latinoamérica.
Se ha decidido elegir esta región, según la empresa, “porque aquí es dónde tenemos acceso a gas natural y transporte terrestre y marítimo”.
La construcción de esta planta esta proyectada para realizarse en tres fases que incluye, una planta de amoniaco, la producción de 2,200 toneladas de amoniaco diariamente y, la puesta en operación de una tercera planta, donde se producirá metanol. “Garantizamos la seguridad de todas y todos como lo hemos hecho en Alemania, Suiza, Italia, Portugal, Trinidad y Tobago, Estados Unidos”, anuncia la empresa.
Esta empresa está recibiendo el apoyo del gobierno de Alemania y, entre sus carteras de servicios, también están proyectos derivados del gas natural. Este conglomerado suizo-alemán no solo ha violado el derecho de consulta de los pueblos yoreme, sino que también, la construcción y operación de su terminal portuaria para el transporte de amoniaco se encuentra ubicada en los límites del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira”, en el municipio de Ahome, Sinaloa.
Según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de este puerto, el proyecto considera que dentro de un sitio Ramsar puede “haber unidades de manejo, zonificación y zonas de amortiguamiento que permiten el desarrollo de otras actividades adicionales a la conservación”. Desde el año 2016, el Senado de la República ya había alertado a las autoridades ambientales que, “desde la presentación de este proyecto se han presentado diversas contradicciones e inconsistencias entre las autoridades encargadas de su aprobación por lo que habitantes de la zona y estudiosos del tema han manifestado su preocupación por el daño que puede causar esta planta a las especies vegetales y animales que habitan o anidan en este humedal”.
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El territorio de la comunidad indígena Tepehuana y Wixárika en San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ha sido invadido por el Servicio Geológico Mexicano. Desde por lo menos noviembre de 2021, sin la autorización de la comunidad, han realizado trabajos de prospección minera.
Durante varias semanas, a finales de 2021, la comunidad registró vuelos de helicóptero, del cual se colgaba un magnetómetro. “Empezamos a ver un helicóptero volar en la zona de lugares sagrados que tenemos en la comunidad. Nos llamó la atención. Empezamos a verlo seguido, día tras día”, dijo el secretario del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales de la comunidad, Mario González.
Después de los vuelos vinieron las incursiones, en los mismos lugares sagrados para los Tepehuana y Wixárikas, de camionetas con la identificación del Servicio Geológico Mexicano. “Empezamos a ver personas en vehículos que trabajaban recolectando materiales en nuestros lugares sagrados”, cuenta González.
De acuerdo con el relato de Andrés Plateado, indígena de la comunidad, los funcionarios han entrado en sus lugares sagrados, “mueven cosas donde hacemos ceremonias que nos enseñaron nuestros ancestros; es una ofensa para nosotros”.
Sin información por parte de instancias del gobierno, la asamblea de la comunidad, el día 13 de marzo, ordenó que se investigara quién eran estas personas y lo qué hacían. “¿Cómo?, deteniendo una camioneta para que nos digan qué es lo que están haciendo, qué estudios están haciendo”, explicó González.
El 15 de marzo se detuvo una camioneta del Servicio Geológico Mexicano, la cual permanece hasta hoy bajo el resguardo de la comunidad.
Fue entonces que se demandó una reunión con distintas instancias del Estado con el objetivo de tener informaciones sobre la motivación de las incursiones, sin permiso, al territorio Tepehuana y Wixárikas.
La reunión ocurrió el 6 de abril entre autoridades comunales, instancias federales y estatales. En el mismo día la comunidad hizo público el contenido de la reunión y los acuerdos por medio de una conferencia de prensa.
De acuerdo con los voceros de la comunidad, representantes del Servicio Geológico Mexicano negaron que hayan hecho sobrevuelos en el territorio Tepehuana y Wixárika, “señalan que [el registro] no está en ninguna de sus bitácoras; literalmente nos dijeron que ‘quizás algún minero se aprovechó que estábamos haciendo el servicio geológico’”, señaló Cristian Chávez, asesor de la comunidad.
Representantes del órgano del gobierno federal también se comprometieron a tener los trabajos de prospección minera, pero irónicamente, cuenta Chávez, que cuando la comunidad detuvo la camioneta el 15 de marzo, “habían dicho que ya se había terminado el trabajo de campo”.
Los representantes del Servicio Geológico no informaron cuáles minerales estaban buscando. “Nos dijeron que están buscando salmueras en el país, buscando sales, no nos aclararon cuáles serían”, contó Chávez. Tampoco han informado sobre el proyecto minero Amonitas que estaría por detrás de la prospección.
El día 8 de mayo las instancias gubernamentales se comprometieron a ir hasta la comunidad para informar sobre el objetivo, promovente y descripción del proyecto minero Amonita.
Otro de los acuerdos es que el Servicio Geológico va a desistir de la denuncia que hizo en el Ministerio Público de Villa Guerrero contra la comunidad por detener el vehículo, “una vez que haya recibido el vehículo y haya informado a la comunidad los pormenores que está solicitando sobre el proyecto minero Amonitas”, explicó Chávez.
Venta de tierra
El ejido de San Lorenzo Azqueltán es colindante con los bienes comunales de la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán. De acuerdo con los voceros de la comunidad, fueron las autoridades del ejido que dieron el permiso a Servicios Geológicos para la prospección.
Los trabajos de prospección se basan en un “ilegal permiso otorgado por personas ajenas a nuestra comunidad, representantes de un ejido que nada tiene que ver con la superficie donde se realiza la prospección minera”, denunció la comunidad en un comunicado.
El conflicto no es de ahora. “Las autoridades ejidales han viniendo rentando y vendiendo terrenos fuera de su propiedad agraria; eso ha sido el motor de una violencia sistemática durante los últimos años que ha resultado en ataques armados, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, y numerosos despojos contra la comunidad”, explica Chávez.
De acuerdo con él, “el permiso otorgado por autoridades ejidales al Servicio Geológico fue la gota que derramó el vaso de una serie de despojo de venta de tierra hecha por autoridades ejidales fuera de terrenos ejidales. La comunidad hace años denuncia estas ventas fraudulentas, solicitando la intervención de las instancias federales y estatales”, dijo Chávez.
Representantes de la Procuraduría Agraria, también presentes en la reunión, se comprometieron a advertir a las autoridades ejidales a no realizar ventas y rentas de tierra fuera de sus límites agrarios.
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Iztapalapa, CDMX. 6 de Abril.
En el día 16, la Caravana visitó las instalaciones de la preparatoria pública «Benito Juárez», la invitación fue hecha por parte del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS), los cuales agradecieron la presencia y manifestar el seguimiento de la lucha de los pueblos para transformar el mundo hacia uno más justo, integrantes de la Caravana compartieron tanto a trabajadores como estudiantes cual es el motivo de la organización de la Caravana, las problemáticas, luchas e historias que la han nutrido.
Diferentes miembros de la Caravana platicaron sobre la política neoliberal que mantiene la actual administración, la persecución y asesinato de personas defensoras del territorio, la lucha de los pueblos Nahuas en la región Choluteca, contra la empresa Bonafont-Danone que reaccionaron ante el desecamiento de pozos y ameyales, para finalizar con un recuento histórico del CNI-CIG, organización que aglutina pueblos originarios cansados de las traiciones del mal gobierno. Estas palabras reafirmaron la necesidad de generar procesos desde abajo entre pueblos y organizaciones para defender el territorio, el agua y la vida.
En el conversatorio la representante del SUTIEMS refirió que la existencia de este plantel fue una conquista de la movilización social por parte de los vecinos, este inmueble pasó de ser la antigua cárcel de Santa Marta para ahora ser un plantel educativo de preparatoria.
Esta escuela tiene dos particularidades que le dan un gran valor en la región, una es la asignatura de lengua y cultura náhuatl así como la modalidad semi-escolar para estudiantes que requieren una mayor flexibilidad de horario para poder trabajar y estudiar, sin embargo, estos trabajadores entre otros no cuentan con contrato colectivo de trabajo, por lo que se encuentran contratados por honorarios de periodos cortos, situación que niega y vulnera sus derechos laborales. El área de limpieza se encuentra terciarizada por empresas de outsourcing que sobre explotan, no pagan las horas extras y pueden ser despedidos en cualquier momento sin ninguna forma de amparo legal, estas problemáticas laborales son una constante en las instituciones educativas.
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La Caravana por el agua y la vida, cumple 15 días de recorrido con la visita en la Ciudad de México al Plantón de Mujeres Mazatecas por la Libertad de los presos políticos de Eloxochitlan Oaxaca donde se realizó un foro sobre la lucha por la libertad de las y los presos y desplazados políticos, esta actividad se hizo sobre la avenida Insurgentes. En este caso la denuncia de estas mujeres es la injusta prisión política de los 7 mazatecos que desde hace 8 años están encarcelados por la corrupción y prepotencia de caciques locales que han vivido en el ocioso negocio de la partidocracia mexicana. Ellas que desde hace meses se han instalado frente a la Judicatura Federal no han recibido más que un insensible silencio y nada de avance en la libertad de sus compañeros detenidos y desplazados que son defensores del territorio. Ellas se han encontrado con otras demandas y contra la injusta prisión como la del hermano Yaqui Fidencio Aldama, la de los presos de la OCSS y de los presos conscientes de las Voz del Amate, entre otras y otros.
La Caravana llegó al Plantón donde se bloqueó el camino, para primero compartir el alimento y luego la palabra donde otras luchas por la justicia y el agua dieron testimonio de sus resistencias. Ahí tomaron la palabra Marichuy, Abogados solidarios, y las organizaciones que vienen con la Caravana. Las mujeres mazatecas aprovecharon para demandar la tención directa del Gobernador del Estado de Oaxaca para que no tarde la liberación de los presos de Eloxochitlan.
Al terminar esta actividad la caravana y quienes la reciben realizaron una marcha rumbo a la Comisión Nacional del Agua CONAGUA donde se hizo una parada para denunciar el papel que juega esta institución en el saqueo y la contaminación del agua en México. Es en ese lugar donde se otorgan los permisos a transnacionales y grupos de poder caciquil, donde les niegan y limitan el agua los pueblos campesinos y humildes, es en esas instituciones donde se violan los derechos de los pueblos originarios.
