El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por hechos de amenazas de muerte y vigilancia al Padre Marcelo Pérez Pérez (Padre Marcelo), párroco en el municipio de Simojovel de Allende, en Chiapas, México. Hostigamientos que también ponen en riesgo la seguridad de su equipo pastoral y de la población en general.

El 29 de marzo de 2020, aproximadamente a las 7:00 horas, un hombre vestido de civil tomó fotografías a las y los colaboradores de la Parroquia de Simojovel, quienes se encontraban en actividades a la entrada de la iglesia de San Antonio de Padua. Los hechos se registraron desde una ventana de un hotel cercano. La persona que realizó este acto lo hizo de manera evidente para que fuera vista y se notara su presencia.

El 02 de abril de 2020, un colaborador cercano al Padre Marcelo recibió una llamada telefónica para advertirle que tuviera cuidado porque andaban pidiendo los datos de las personas que trabajan en la parroquia.

El 05 de abril de 2020, el Padre Marcelo recibió información que un hombre en Simojovel dijo: “En todo se mete el padre, hay que darle un plomazo…”, este tipo de amenazas se han hecho visibles de manera reiterada incluso en redes sociales.

El día 6 de abril, aproximadamente a las 12:30 horas, el Padre Marcelo recibió una llamada telefónica de quien se identificó como: “Coronel“ para ofrecerle seguridad a él y a la feligresía de su parroquia: ¿Le interesa la vida de la paz y la tranquilidad de sus fieles seguidores sus feligreses o no le interesa padre?…Ahora yo le digo muy bien, quiero hacerle saber Padre, que de este llamado el cual usted y yo mantenemos, de este llamado depende la vida, la paz y la tranquilidad de cada uno de los suyos […] este llamado no es una broma, […] de usted depende que no se desate una masacre entre sus feligreses […], podemos darle una solución pacífica y usted ya ha sido avisado”.

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K’ucha’al, kucha’al, k’ucha’al-un Tot, k’ucha’al-un Me’! Porqué, porqué, porqué Tot, porqué Me’! Reclama una anciana a sus deidades ancestrales, mientras solloza y ve los pies de su hijo que no volverá a caminar las tierras que le vieron nacer. Luego proclama “Ta jk’anot kutik li’ ta jnatike” que traducido literalmente al castellano sería: “Te queremos aquí en esta casa nuestra”.

En estos tiempos, en estos días y momentos que dicen que hay que estar en casa para resguardarse. En estos días en que los medianos y pequeños líderes orquestan el mensaje de “Quédate en casa” y establecer sana distancia entre las personas. Entendemos y comprendemos que es compromiso tanto del gobierno, la sociedad y organizaciones civiles de velar por los derechos humanos en esta contingencia.

Como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ocupados en seguir acompañando a los Pueblos Originarios en su caminar y búsqueda de de Justicia Digna, lanzamos la compaña: “LES QUEREMOS EN CASA” que estará vigente por lo menos un mes, del 15 de abril al 15 de mayo de 2020, con distintas acciones hasta que las mujeres, de todas las edades, hombres y personas de otras identidades de género, vuelvan a sus casas. Que puedan estar tranquilas protegiendo su vida que está en grave peligro. Como nos han reportado a diario las autoridades del municipio de Aldama, los disparos de armas de fuego por parte de habitantes de las comunidades del municipio de Chenalhó que colindan con los parajes de Aldama, no han cesado.

Al parecer, las personas que nacen y habitan las comunidades del municipio de Aldama que colindan con la localidad Santa Marta y otras que pertenecen al municipio de Chenalhó, Chiapas, pareciera que nacen definidas o predestinadas a vivir constantemente en el miedo y la zozobra tanto por parte del Estado como del contexto de violencia que padecen desde los años 70’s. La esperanza que tienen de que algún día el conflicto agrario que existe entre los municipios de Chenalhó y Aldama tenga fin, se pierde en el horizonte de sus miradas. Las autoridades agrarias de antaño no asumieron y menos ahora, su responsabilidad de que hicieron mal su trabajo por hacer los trazos de colindancia entre un municipio y otro en el escritorio.

El conflicto agrario perpetrado por el Estado mexicano hace casi medio siglo rebasó el ámbito jurídico. Las acciones del Estado como la colocación de elementos de seguridad que luego salieron huyendo de la zona por los constantes disparos hasta ”El Banderazo de la Paz”, efectuado los días 22 y 23 de junio de 2019, por parte de los tres niveles de gobierno no han surtido efecto. Este “acto político” pondría fin al conflicto agrario que dio inicio a principios de la década de 1970 entre los dos municipios. Con “El Banderazo de la Paz” comenzaría un proceso de pacificación y reconciliación entre los habitantes de estos dos municipios que en historia, lengua, cultura y tradiciones religiosas se hermanaron por décadas pero que esos lazos y sentimientos de hermandad, al parecer se han roto.

La esperanza de la gente de las comunidades de Aldama yace en las manos de algunas personas ancianas responsables de cuidar la vida. Pero, mientras dicen sus plegarias, delante de sus ojos se apaga el fuego de las velas arrebatadas por alguna munición proveniente de comunidades de Chenalhó. El corazón tiembla, ya no sólo de las balas que cotidianamente les disparan, ahora, ese temor es alimentado por la contingencia. Cuidar la salud en casa, no ha sido ni será posible, pues tienen que salir huyendo de sus casas para resguardarse en otros lugares que no cumplen las condiciones de cuidado máximo ante la contingencia de COVID-19.

LES QUEREMOS EN CASA solicita tu mirada para que con tus ojos y con tu corazón abracemos a mujeres ancianas, mujeres jóvenes y niñas; que podamos acompañar a hombres ancianos, hombres jóvenes y niños a que puedan estar en su casa y a unirnos en su reclamo. Que podamos decir junto con ellas y ellos “Te queremos aquí en esta casa nuestra”.

Juan López Intzín,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Jobel, a 15 de abril del 2020.

El proyecto de las Brigadas Civiles de Observación nació hace 25 años frente a las agresiones del Estado mexicano contras las comunidades indígenas en resistencia. Llegaron personas de diferentes partes del mundo para frenar la violencia usando como única herramienta la documentación. Ellas y ellos con su presencia y con la denuncia diluyeron los ataques militares y paramilitares en diferentes regiones de Chiapas.

• • Grupos civiles armados provocan terror en comunidades tseltales en Chilón y Sitalá

El Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) nos pronunciamos ante la violencia que se incrementa en los municipios de Chilón y Sitalá, en la región Norte de Chiapas, México. Grupos civiles armados provocan terror en la población y desplazan de manera forzada a comunidades de pueblos tseltales con la complicidad, tolerancia, aquiescencia y omisión de las autoridades gubernamentales en la entidad. Urgimos al Estado mexicano a implementar medidas que garanticen la vida, seguridad e integridad de mujeres, niñas, niños y hombres en riesgo que sobreviven en condiciones de vulnerabilidad sin ayuda humanitaria.

A poco más de 1 año y 6 meses del desplazamiento forzado de 125 personas de la comunidad tseltal de Carmen San José, en Chilón, el mismo grupo civil armado procedente de Pechton Icotsilh’ desplazó a 65 personas de la comunidad San Antonio Patbaxil y mantiene en sitio a tres comunidades más: Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá. (1)

La violencia en la región escaló desde el 03 de junio de 2018, cuando un grupo civil armado privó arbitrariamente de la vida al joven Marín Luis Gómez Guzmán, en la comunidad de Carmen San José. El 04 de junio, los agresores regresaron a la comunidad y dispararon al aire causando terror en la población. Posteriormente hostigaron, amenazaron, intimidaron y extorsionaron a quienes habitan en el lugar. Además realizaron robos y secuestros, controlando el territorio mediante el terror (2). Desplazaron forzadamente a 25 familias desde el mes de junio de 2018.

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• • Investigar y sancionar a responsables del delito de Tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas a Pueblos Originarios en Chiapas.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) documentó la situación jurídica de Juan de la Cruz Ruiz (Juan), perteneciente al pueblo indígena maya tsotsil, quien estuvo preso del 28 de febrero de 2007 al 09 de diciembre de 2019, acusado de un delito que no cometió. Su declaración fue obtenida bajo Tortura, no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura. El juicio fue seguido a pesar de carecer de pruebas directas que demostrarán su responsabilidad.

El Frayba expuso a las autoridades estatales el análisis jurídico que evidencia las violaciones al debido proceso y las garantías judiciales. Tanto en las declaraciones ministerial y preparatoria Juan detalló la situación de Tortura sin que las autoridades ministeriales y judicial iniciaran una investigación por este delito.

La detención de Juan y su proceso penal, se realizaron sin cumplir con las garantías del Artículo 8 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos, lo cual ha tenido graves consecuencias socioeconómicas para él y su familia, ha repercutido en sus ingresos, en la educación de sus hijos, la salud, la alimentación, entre otros. Además se vulneró el derecho de las personas indígenas a que se tomen en cuenta sus usos y costumbres al momento de integrar una averiguación previa o al ser juzgados, ser asistido por un traductor, por un defensor que conozca de su cultura y a que el agente del Ministerio Público o el Juez, tomen en consideración su pertenencia a un pueblo originario.

Como consecuencia de lo anterior, Juan fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado y 5 años por el delito de extorsión, sumando una cantidad de 30 años. De los cuales pasó casi 13 años en privación arbitraria de su libertad.

Es importante mencionar que la discrecionalidad de la administración de justicia tiene límites, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. En el caso de Juan hubo vulneración del principio pro persona, progresividad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos que todas y cada una de las autoridades están obligadas a respetar.

Además, desde el 11 de febrero de 2016, la Mesa de Reconciliación determinó la libertad de Juan por encontrar violaciones graves a sus derechos humanos, cuadernillo 387/MR/2012, firmada por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios ex presidente de la CEDH, entre otros funcionarios. La Subsecretaria de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad no cumplió con la recomendación y Juan tuvo que acudir al recurso del amparo para que las autoridades reconocieran sus decisión.

Juan obtuvo su libertad el pasado 9 de diciembre de 2019, mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación le otorgó el beneficio de sentencia suspendida.

Por lo anterior exigimos:

Investigar y llevar ante la justicia a los servidores o funcionarios públicos que por acción u omisión cometieron delitos como la Tortura en agravio de Juan de la Cruz Ruiz.

Obtener justa indemnización para Juan de la Cruz Ruiz y su familia tomando en cuenta el estándar internacional para la reparación de daños.

Que el Estado se pronuncie sin ambigüedades por la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, cesando esta cotidiana, estructural y sistemática violación a los derechos humanos, especialmente de integrantes de Pueblos Originarios.

Agradecemos a las personas, colectivos, organizaciones, comunidades y los medios comunicación su solidaridad con la lucha digna de Juan de la Cruz Ruiz, de su familia, de las La Voz de Indígena en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate, Viniketik en Resistencia y del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. Les seguimos convocando a impulsar la liberación de todas las personas que continúan privadas arbitrariamente de su libertad, hasta derribar los muros de la opresión.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 13 de diciembre de 2019
Boletín No. 22

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
12 de diciembre de 2019.
Acción Urgente No. 9

• Riesgo de escalamiento de la violencia en la región ante la omisión del gobierno de Chiapas.

El Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) documentaron el desplazamiento forzado de dos comunidades tseltales, integrantes del proceso organizativo de Gobiernos Comunitarios , en el municipio de Chilón, Chiapas, México.

El 06 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 6:00 horas, un grupo civil armado de alrededor de 20 personas procedentes de la comunidad de Pechton Icotsilh’ atacó con armas de fuego a la población de San Antonio Patbaxil. El mismo grupo agresor desplazó a la población de la comunidad Carmen San José, entre el 20 y 25 de junio de 2018.

Son en total 40 familias, 190 personas aproximadamente, entre niños, niñas, mujeres, ancianos y hombres que se encuentran en comunidades vecinas, en la cabecera municipal y dispersas en las montañas, en su mayoría sin alimentos ni abrigo, cercadas por el grupo civil armado que impide su retorno con seguridad.

Tres comunidades más se encuentran en riesgo a su vida, seguridad e integridad: Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá. Entre los hechos de agresiones el Frayba registró que el 09 de octubre de 2019, 9 personas regresaron a la comunidad de Carmen San José a ver sus domicilios, cuando a las 9:00 horas, aproximadamente un grupo de 7 personas les dispararon con armas de grueso calibre. La agresión duró 30 minutos aproximadamente. El 10 de octubre continuaron las detonaciones.

Desde el 15 de octubre de 2019, el Frayba informó a los gobiernos Estatal y Federal, la situación de violencia en la región de Chilón, especialmente del terror que vive la población por el cerco armado a comunidades. El Estado mexicano no ha realizado acciones inmediatas de ayuda humanitaria ni de protección y prevención para evitar siga escalando la crisis de derechos humanos en la entidad. Por las circunstancias de la actuación impune del grupo armado se presume vínculos con agentes estatales y municipales.

Por lo anterior exigimos:

• Garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las 125 personas desplazadas de la comunidad Carmen San José y las 65 personas de la comunidad San Antonio Patbaxil.

• Evitar el desplazamiento forzado de las comunidades Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá.

• Aplicar los Principios Rectores de los Desplazamiento Forzados Internos de la Organización de las Naciones Unidad y de la Ley para la Prevención y Atención sobre los desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas.

Solicitamos a las redes de solidaridad nacional e internacional firmen esta acción urgente y/o envíen llamamientos al Estado mexicano.

Firmar acción urgente en:

https://frayba.org.mx/desplazamiento-forzado-de-comunidades-tseltales-en-chilon/

• • Gobierno de Rutilio Escandón omiso ante situación de riesgo a quienes defienden derechos humanos en Chiapas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por el alto riesgo a la vida, la integridad y seguridad personal de quienes conforman el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha1 y el equipo Frayba; quienes hemos recibido en noviembre y lo que va de diciembre amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación, en el contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos originarios, en particular de Juan de la Cruz Ruiz.

Las amenazas comenzaron el 12 de noviembre de 2019, cuando aproximadamente a las 22:00 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. El sobre contenía un mensaje con recortes de periódico que decía: Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda (por seguridad se omite el nombre de la defensora) está en peligro de muerte, la vida es muy corta la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala trata de salvar su vida. Cabe mencionar que Faro es el apellido del Director del Frayba.

Posteriormente el 19 de noviembre, a las 8:25 horas, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje en donde escribieron su nombre al parecer con sangre. Esa misma noche, a las 21:00 horas, se encontró una publicidad relacionada con una funeraria, en la casa de un integrante del Frayba. Cabe decir que en ninguna de las casas vecinas dejaron este anuncio. A raíz de estas amenazas hemos documentado una mayor vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan. A la fecha, no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano.

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Cereso número 5
San Cristóbal de las Casas,
Chiapas

A los medios de comunicación alternativos
Al Centro de derechos humanos de Fray Bartolomé de las Casas
A los periodistas y a los medios libres

Reciban un Cordial saludo fraternal de parte de la Organización la voz de indígenas en resistencia y la Organización la voz verdadera de Amate, ambos adherentes a la sexta declaración, recluidos en el Cereso número:5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Antes que nada muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros por nuestra lucha política que hemos realizado desde este penal #5 específicamente la huelga de hambre que iniciamo el pasado 15 de marzo de este mismo año.

Después de este saludo pasamos a lo siguiente, que desde el inicio de nuestra huelga de hambre hemos recibido constantes amenazas.

Para empezar estamos a un lado de la área de enfermería que estamos en plantón y ayuno por tiempo indefinido. estamos muy orgulloso por que nuestro espacio de lucha la hemos ganado a pesar de las constantes amenazas del director de este Centro penitenciario.

Pero ahora enfatizamos y sacamos nuestra palabra que afuera de este muro hay una persona que corre el peligro la integridad de su vida. la han amenazado de muerte. solo por que a sacado a la luz sobre las injusticia que hemos sufrido de parte del estado y somos víctimas de tortura pero a pesar de las amenazas vamos a seguir en la lucha y desaprobamos tajantemente esta cobarde amenaza.

Por eso exigimos la seguridad de la persona amenazada, exigimo la seguridad al Centro de los derechos humanos de Fray bartolome de las Casas que también este Centro a sido amenazada, también exigimos la seguridad que nos han acompañado en nuestra lucha política y por último también exigimos nuestra seguridad a medida que consigamos nuestras libertades.

Por eso hacemos un llamado a los defensores de los derechos humanos, a los medios libre y alternativo y a las ONGS a estar al pendiente sobre nuestra situación y las constantes amenazas que hemos recibimos y sobre nuestra situación desde este cereso número:5.

Desde este Cereso número:5 San Cristóbal de las Casas mandamos saludos combativos.

¡Ya basta de tantas amenasas!

Uniendo nuestro voces y fuerzas de los pueblos Mexicanos, triunfará las Verdaderas Justicias.

RESPETUOSAMENTE

Juan de la Cruz Ruíz y Adrán Gómez Jiménez, integrantes de la Organización La voz de indígenas en resistencia.

Germán López Montejo y Abraham López Montejo, integrantes de la Organización La Voz Verdadera de Amate.

A 9 de diciembre, 2019

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CERSS, N° 10.
Comitán, Chiapas, México
09/12/2019

Comunicado de presos indígenas

Organización viniketik en resistencias
Aderente a la sexta declaración de la selva lacandona. E.Z.L.N.

Al ejercito zapatista de liveracion nacional
A la sociedad civil nacional e internacional
Al pueblo creyente
A la sexta nacional e internacional
Al congreso nacional indígena, CIG
Al pueblo de mexico y al mundo

Compañeros y compañeras resivan un afectuso saludos combativos desde nuestro lugar de lucha.

a casi 9 meses de lucha desde nuestra manifestación pasifica que comenzamos el 15 de marzo pasado exigiendo justicia y livertad. hemos sido objetos de diferentes repreciones hostigaciones de parte de las autoridades ya que nos han proivido el contacto con otros compañeros internos, a habido ocaciones que nos hemos quedado asta 2 dias sin tener agua para nuestro haceo personal, hemos soportado agreciones ficica, agreciones verbales, supuestas reviciones que son utilisadas como intimidación, que nos an torturado psicologicamente con tal de frustar nuestra lucha, para que no sigamos exiguiendo nuestros derechos todas las violaciones del devido proceso. que an sido bulnerados por el simple hecho de ser indígenas y de escasos recurzos.

es por so que pedimos a los derechos humanos no gubernamentales y a las organizaciones sociales independientes que esten al pendiente de nosotros, y al mismo tiempo agradecemos su acompañamiento.

Atentamente

Organizacion viniketik en resistencia

Marcelino Ruiz Gómez
Valdemar Gómez Hernández
Pedro Pérez Jiménez

https://chiapasdenuncia.blogspot.com/2019/12/presos-en-lucha-denuncian-continuos.html?fbclid=IwAR18skXHriEE2LEC8F1nA9TrhpSsVvOK9WzwEBEmbtQozCGhvyB4IvijEmU

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes de Pueblos Originarios de distintas regiones en Chiapas denunciaron que proyectos y programas del gobierno mexicano no garantizan el derecho a una vida libre de violencia, rechazaron la militarización de sus territorios, visibilizaron la falta de acceso a la justicia y exigieron cese la criminalización a defensoras de derechos humanos

Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

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