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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Exigimos al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la libertad de los cinco defensores tseltales presos de San Juan Cancuc

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

3 de agosto de 2023

Boletín No. 19

 

Exigimos al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la libertad de los cinco defensores tseltales presos de San Juan Cancuc

  • La resolución del recurso de apelación es un momento oportuno para detener la criminalización en su contra.
  • Ha transcurrido ya un año y tres meses de su Privación Arbitraria de la Libertad

El día de ayer 22 de agosto de 2023 se celebró la audiencia de alegatos de segunda instancia la Sala Regional Colegiada Mixta de San Cristóbal de Las Casas del Poder Judicial del Estado de Chiapas por el caso de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, privados de su libertad desde el 29 de mayo de 2022 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 5.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó ante el Tribunal las violaciones cometidas durante este proceso de fabricación de culpables. Fueron exhibidas las deficiencias y contradicciones probatorias resultantes de un evidente montaje de de pruebas y que pese a ello la Juez de primera instancia resolvió condenarlos. El Tribunal escuchó también las innumerables violaciones a derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia que los jueces de primera instancia no tomaron en cuenta en un evidente contubernio para perpetuar este proceso de represión.

Los magistrados Julio César Pascacio Pérez, Pedro Raúl López Hernández y Josué Alejandro Utrilla Bravo tienen hasta el viernes 25 de agosto para decidir sobre el recurso de apelación, por lo que tienen una nueva oportunidad de dictar una sentencia absolutoria, que permita que los cinco defensores tseltales puedan recobrar su libertad y su proyecto de vida junto a sus familias.

Como recordamos, los cinco compañeros defensores tseltales han caminado en diferentes procesos de defensa de la tierra y el territorio, así como en contra de la militarización. El 29 de mayo de 2022 en un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal tres de ellos fueron detenidos de manera ilegal en San Juan Cancuc, para después ser desaparecidos por más de 24 horas.

Fueron falsamente acusados por la Fiscalía de Justicia Indígena de haber sido detenidos en flagrancia, por posesión de drogas en San Cristóbal de Las Casas en una fecha posterior a la de su real detención. Enseguida los tres defensores fueron acusados, procesados judicialmente y condenados por un homicidio del cual no tienen ninguna responsabilidad, delito fabricado por el que hoy se encuentran luchando por su libertad.

Con motivo de la acusación por delitos contra la salud, dos integrantes de la comunidad acudieron a atestiguar la falsedad sobre la versión de la detención. Como reacción, la Fiscalía Indígena decidió deternelos acusándolos del homicidio mencionado.

Esta simulación no hace sino visibilizar la perversión del sistema en el que se articulan autoridades de los tres niveles de gobierno para estigmatizar a defensores indígenas en Chiapas. Desafortunadamente no se trata de un caso aislado, sino que hemos observado se trata de un patrón que es necesario desmantelar.[1]

Hacemos un llamado urgente a las personas, organizaciones y colectivos solidarios a instar al Poder Judicial del Estado a dictar una sentencia que sea absolutoria, de carácter progresista, imparcial, acorde a derecho y a los estándares internacionales de derechos humanos y con perspectiva intercultural.

 

[1] Más información al respecto en nuestro Sitio Especial “Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas”,  Disponible en: https://www.frayba.org.mx/presos-tseltales

Descarga el Boletín No. 19 en pdf (218.52 KB)

 

Visita el #SitioEspecial Fabricación de culpables, detención arbitraria 12 https://frayba.org.mx/presos-tseltales

 

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Denuncia pública de familiares de los presos de San Juan Cancuc

San Juan Cancuc, Chiapas, México, A 22 de agosto de 2023

Mateo 5, 12 “DICHOSOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED JUSTICIA, POR QUE SERÁN SACIADOS DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, POR QUE SE LES LLAMARA  HIJOS DE DIOS

DENUNCIA PUBLICA

A los 15 meses de detención, encarcelamiento y condena de 25 años de cárcel, hoy 22 de agosto de 2023 se lleva a cabo la audiencia de apelación de los compañeros: Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar.

Como pueblo creyente, derechos humanos y modevite nos unimos a las familias de los compañeros mencionados anteriormente, para denunciar a la Fiscalía Indígena y la jueza de primera instancia Maria Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados porque no tomaron en cuenta realmente las pruebas: por ejemplo las contradicciónes de los supuestos testigos , la necropsia, del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, alteración de acta de defunción corregida a mano y con corrector, ni tampoco investigaron la patrulla en la que murió, no realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos, la policía recogió con vida al señor Antonio Aguilar Pérez a las 5 am y hasta las 10 de la mañana lo entregaron a su familia ya muerto.

Esta muerte es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, por que habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal.

Exigimos a los magistrados Julio Cesar Pascacio Pérez, Pedro Raúl López Hernández y Josue Alejandro Utrilla Bravo de la Sala Regional Colegiada Mixta, del Tribunal Superior de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, que dicten una sentencia de segunda instancia realmente apegada a derecho y a la constitución y ordenen la inmediata liberación de los cinco compañeros presos injustamente, ya que son víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena.

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Palabra del Equipo Sureste de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en peregrinación por la paz

Equipo Sureste de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Peregrinación ecuménica por la paz

Comitán de Domínguez, Chis. 19 /08/23

Comunicado oficial

 

  • Al pueblo de México
  • A las confesiones religiosas hermanas
  • A las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos
  • A los medios de comunicación social
  • A los tres niveles de Gobierno
  • A los hombres y mujeres que construyen la paz

“La paz es obra de la justicia” (Isaías, 32,17)

La paz es un grito que merece ser escuchado”

(Papa Francisco, 25. 10 .22)

“La verdad los hará libres” (Jn.  8, 32)

El día de hoy, como Iglesia que realiza su actividad pastoral en esta región del Sureste de Chiapas, unimos nuestro clamor en contra de la violencia y la inseguridad al de nuestros obispos de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y a las denuncias de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM). Como Iglesia, queremos ser constructores de paz, conscientes de que, como dice el papa Francisco, “una verdadera paz sólo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo humano” (Fratelli Tutti, 229).

En nuestro trabajo cotidiano constatamos que este anhelo de paz y de justicia se confronta con los valores que reinan en nuestra sociedad, gobernada por el egoísmo, el individualismo, la competencia del “sálvese quien pueda” y el dominio del dios dinero, que todo lo contamina.

Nuestras comunidades y el pueblo en general estamos viviendo una situación generalizada de  violencia e inseguridad , causadas, principalmente,  por  la presencia de la delincuencia organizada y su secuela de asesinatos, secuestros y desapariciones, amenazas y hostigamiento en contra de los defensores de Derechos Humanos , de los líderes y lideresas  de las comunidades y del pueblo en general.

Ante esta realidad, como Iglesia profética  y liberadora,

DENUNCIAMOS:

  • La presencia del crimen organizado que opera con total impunidad, con el objetivo de controlar el territorio, explotar sus riquezas naturales y cobrar el derecho de piso y de paso, violentando los derechos humanos de las comunidades.
  • La conversión de nuestros territorios y comunidades en campos de batalla, donde realizan enfrentamientos armados los diferentes grupos de la delincuencia organizada, para asegurarse el control del territorio  o  de las rutas en disputa. Esto genera: asesinatos, secuestros, desapariciones, bloqueos, miedo y desplazamiento forzado de personas y familias enteras.
  • El aumento de cantinas y centros de prostitución clandestinos o semiclandestinos, en los que se sirven bebidas alcohólicas y drogas a menores, sin que las autoridades correspondientes hagan algo para impedirlo; más bien parecen cómplices y encubridoras.
  • El asesinato y violencia contra mujeres y niñas, que se realiza en total impunidad.
  • Las amenazas, asesinatos  y desapariciones de mujeres y hombres, líderes de sus comunidades y defensores de los Derechos Humanos, con el objetivo de amedrentar a la población y frenar y debilitar todo movimiento de resistencia.
  • El acoso constante y ataques armados por parte de grupos paramilitares en contra de las comunidades autónomas, con el objetivo de desalojarlas de sus tierras, sin que las autoridades intervengan para impedirlo.
  • El acoso, violencia, extorsiones, secuestros  y toda clase de violaciones a los derechos humanos de los migrantes extranjeros  que atraviesan por Chiapas hacia los EU, con frecuencia  por parte de las mismas autoridades encargadas de protegerlos.
  • La falta de sinceridad y honestidad para reconocer, por parte del Gobierno y de las autoridades,  la realidad de violencia e inseguridad que estamos viviendo, como si negar el problema fuese la mejor forma de solucionarlo.

Por lo tanto, con todo respeto, pero también con toda fortaleza,

 

DEMANDAMOS:

  • Que los tres niveles de Gobierno, cada uno en el ámbito que le corresponde, cumplan con la tarea constitucional que se les ha asignado de garantizar la paz y la seguridad a las comunidades y al pueblo en general.
  • Que se libere a nuestras comunidades del control del crimen organizado, para que puedan recuperar la soberanía de sus territorios y la autonomía de sus vidas.
  • Que las autoridades municipales controlen los establecimientos  de ventas de alcohol y drogas  a menores, porque actúan impunemente como verdaderos centros de corrupción, sin que nadie se haga responsable.
  • Que se tomen las medidas pertinentes para evitar y, en su caso, castigar la violencia en contra de niñas, jóvenes y mujeres, que se comete impunemente.
  • Que se evite por todos los medios las amenazas, acoso, asesinatos y desapariciones de defensores de Derechos Humanos y líderes o lideresas de las comunidades.
  • Que se controle y sancione a los grupos paramilitares que actúan impunemente en contra de las comunidades autónomas, impidiéndoles el desarrollo normal de sus actividades.
  • Que se respeten los derechos de las personas migrantes, para que el Gobierno de México no cargue con  el “trabajo sucio” de las políticas migratorios del Gobierno de EU.
  • Que se establezca una política de transparencia y veracidad informativa, que no pretenda ocultar los problemas; por el contrario, que busque conciliar a todos los sectores, para enfrentar este gravísimo problema de la violencia e inseguridad que a todos nos afecta.

Como Iglesia de Jesús seguiremos trabajando por la paz y la reconciliación entre nuestros pueblos y nuestras comunidades.

Rogamos al Espíritu divino que convierta los corazones de piedra en corazones de carne, para que, entre todas y todos,  podamos construir un reino de paz, de justicia, de amor y de fraternidad.

Que María, la Virgen de Guadalupe, interceda por nosotros y por todo el pueblo mexicano.

Iglesia Católica del Equipo Sureste, diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

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Lebil smulik jkanan lumk’inaletik Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas

Lebil smulik jkanan lumk’inaletik
Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas

Existe un patrón de criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos quienes suelen ser acusados de delitos que no cometieron; detenidos arbitrariamente; en varios casos torturados, y prolongada su detención a través de la prisión preventiva oficiosa. Todos mayas tseltales e n medio de un racismo estructural. De lo anterior son ejemplo:

a) Manuel Gómez Vázquez (diciembre de 2020): Se trata de un joven maya tseltal, integrante de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue falsamente acusado de un delito que no cometió por autoridades comunitarias, torturado por estas y después procesado penalmente bajo la intervención en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.

b) Los 5 de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco (mayo de 2022), cinco pobladores tseltales del municipio de Cancuc. A través de la organización comunitaria han resistido ante la militarización de su territorio y la instalación de megaproyectos. Actualmente se encuentran detenidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a raíz de un delito fabricado por la Fiscalía de Justicia Indígena. Todos fueron condenados por homicidio calificado, a pesar de haberse evidenciado que las pruebas eran inconsistentes al tratarse de un delito fabricado.
Luchamos por la libertad absolutoria para los 6 mayas tseltales, y se repare el daño por la detención arbitraria, así como a sus familiares por las afectaciones psicosociales; hacemos énfasis en la obtención de su libertad.
Frente al patrón de detenciones arbitrarias cometidas contra defensores de pueblos indígenas, se apliquen medidas de no repetición a fin de que cese esta dinámica sistemática.

El patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas del gobierno de Chiapas tiene las siguientes características:

• Colusión entre Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del estado de Chiapas para la fábrica de culpables.

• Participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación;

• Acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, así como la participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL).

• Detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN); un Poder Judicial cómplice inactivo.

• Detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.

La criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.

Frayba denuncia ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fabricación de culpables contra defensores indígenas en Chiapas Leer el boletin

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación actor clave de la impunidad en México

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,

14 de agosto de 2023.

Boletín No. 18

La Suprema Corte de Justicia de la Nación actor clave de la impunidad en México

  • Justicia y verdad son pendientes del gobierno mexicano, sigue siendo una deuda histórica de los crímenes de lesa humanidad acontecidos en la década de los noventa en Chiapas.

El crimen de Estado que se perpetró el 22 de diciembre de 1997, es una herida abierta conocida como la Masacre de Acteal. Dentro de ese proceso hay una situación de otras violaciones a los derechos humanos como la acción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se negó a investigar el fondo del caso y dio paso a la liberación de un grupo de autores materiales,  fijando la falta de acceso a la justicia y reconocimiento de la verdad.

Derivado de esta impunidad activa en la actualidad se ha favorecido el aumento de violencia en la zona Altos de Chiapas, por los sucesores del paramilitarismo que quieren implementar un control territorial con la permisividad de los tres niveles del gobierno.

Lo anterior también ahonda situaciones de inseguridad, a través de grupos que ejercen la violencia armada para controlar el territorio. Estos hechos se dan con la colusión de los funcionarios e instituciones implicadas en fomentar el actual contexto en el que nos encontramos, con impactos psicosociales en la población más vulnerable como las niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas mayores en las regiones de los Altos, pero también en el Centro, Selva, Frontera y Costa de Chiapas.

Las autoridades gubernamentales que han atendido la situación han recaído en acciones y acuerdos con grupos que no representan a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), lo que ha profundizado la ruptura del tejido social en las comunidades con presencia histórica y actual de la organización.

El Lekil Chapanel[1], no llegará completo por parte del Estado mexicano, por ello no cesaremos de señalar a las instancias del Estado que son perpetradoras, como la SCJN, y ahora el gobierno de la llamada cuarta transformación que ha continuado con la contrainsurgencia y no reconocimiento de la impunidad perpetrada por los gobiernos anteriores abonando a una perpetuidad. Combatir estas formas de violencia que han lacerado a los pueblos y comunidades en Chiapas es un deber para la Justicia y Paz en los territorios vulnerados.

Nos sumamos a la denuncia de Las Abejas de Acteal y a su caminar de dignidad y persistente lucha por el ejercicio de sus derechos como pueblo tsotsil, reivindicado la Memoria, Verdad, y Justicia, construcción de autonomía y paz; ejemplo de la resistencia rebelde que construye horizontes de vida.

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[1] Justicia verdadera en idioma tsotsil, implica el reconocimiento del delito y formas de reparación integral.

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Pronunciamiento 2da. Asamblea Frayba: Los pueblos las luces del camino por la defensa de la vida

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

10 de agosto de 2023

Pronunciamiento

 

La Luz,

Para caminar,

Para llenarnos de luz.

Que nuestros ojos puedan descubrir los caminos que no terminan,

Los que nos llevan a los lugares de libertad, de justicia y de paz.

 

Que aprendamos a encender la luz en cualquier circunstancia:

En la oscuridad y cuando parece que nos cercan y no nos dejen avanzar.

 

Que no olvidemos que hay una luz interior que nos mantiene vivos y vivas.

Es importante iluminar los espacios y sobre todo el corazón de todas y todos.

 

Abrir el horizonte y disponernos cada día a recibir la luz del amanecer.

JS

 

Posicionamiento de la Segunda Asamblea Frayba

  • Reconocemos en los procesos sociales la luz de los caminos.
  • Nuestro compromiso es acompañar la defensa por la vida.

Quienes somos parte del caminar del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) llevamos a cabo la Segunda Asamblea “Tejiendo caminos hacia la paz, la Otra Justicia y la Vida”, celebrada el 7 y 8 de agosto de 2023, en donde reflexionamos el contexto actual y los desafíos para la defensa de la vida y el ejercicio de los derechos humanos en Chiapas.

Durante los últimos años hemos atestiguado un escalamiento y diversificación de las violencias en Chiapas, con enormes costos sociales, humanos y de los bienes comunes, así como profundos impactos en la vida de las comunidades, especialmente de los pueblos originarios, las juventudes y personas migrantes, aumentando también los riesgos para la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Las raíces estructurales de esta situación radican en un violento proceso de acumulación, basado en un modelo extractivista de carácter neodesarrollista que genera devastación, desigualdad y dependencia social. Este modelo profundiza la ruptura del tejido comunitario y social, así como la extracción de riqueza material y humana por empresas ilícitas que operan impunemente en colusión con agentes del Estado, a partir del control político, social y cultural, para la reconfiguración de los territorios al servicio de estos poderes económicos legales e ilegales.

Nos preocupa el creciente proceso de remilitarización y militarismo que se vive en el país, especialmente en Chiapas y la región sureste, cuyo territorio es de una gran relevancia geoestratégica para las obras de infraestructura del gobierno mexicano que lleva en su esencia la continuidad del despojo hacia los pueblos (Tren Maya, Corredor interoceánico del Itsmo de Tehuantepec y la Refinería Olmeca en Dos Bocas).

En este difícil contexto, desde el Frayba, interpelamos al Estado mexicano para cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en nuestro país.

Reconocemos los procesos sociales que se impulsan desde distintas experiencias y actores, apostando por la construcción de sujetos sociales colectivos que ponen en marcha su autonomía, con alternativas diversas para hacer frente al contexto actual y prefigurar un nuevo mundo posible para el buen vivir.

Mantenemos el compromiso de caminar y dejarnos acompañar por los pueblos, con quienes tejemos alianzas y redes para la vida. Encontramos en nuestra memoria histórica y viva, las claves de las resistencias profundas para el mundo que anhelamos construir.

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Pueblo Creyente de San Juan Cancuc exige la libertad de sus compañeros

San Juan Cancuc, Chiapas, México, A 03 de agosto de 2023

Mateo 5, 12 “DICHOSOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED JUSTICIA, POR QUE SERÁN SACIADOS DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, POR QUE SE LES LLAMARA  HIJOS DE DIOS

DENUNCIA PUBLICA

a los 14 meses de detención, encarcelamiento y condena de 15 años de cárcel, el dia  01 de agosto de 2023 se llevaría a cabo la audiencia de apelación de los compañeros: Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar la cual se canceló porque alguno de los magistrados no estaba presente.

Como pueblo creyente, derechos humanos y modevite nos unimos a las familias de los compañeros mencionados anteriormente, para denunciar a la fiscalía y la jueza Maria Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados: por ejemplo la contradicción de los testigos acusatorios, la necropsia, del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, alteración de acta de defunción corregida a mano, y con corrector, ni tampoco investigaron la patrulla en la que murió, no realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos, la policía recogió con vida al señor Antonio Aguilar Pérez a las 5 am y hasta las 10 de la mañana lo entregaron a su familia ya muerto.

Esta muerte es responsabilidad de la policía municipal, por que habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal.

Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos.

Exigimos a los magistrados la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la conclusión con los jueces.

Pueblo Creyente de San Juan Cancuc

Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite)

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Carta de los defensores de San Juan Cancuc injustamente presos en el CERSS No. 5

1 de agosto del 2023

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Al publico en general

A los medios de comunicación

Al grupo de trabajo sobre la defensa arbitraria

Al pueblo creyente

Somos los presos de San Juan Cancuc estamos detenidos injustamente 15 meses preso estamos sentenciados 25 años de prisión injustamente estamos detenidos injustamente:

Por la guardia nacional, ejercito mexicano, y la fabrico el delito de portación de droga y después el homicidio calificado aquí seguimos resistiendo la injusticia y vamos a seguir luchando la libertad.

A la diosis de San Cristóbal

A los derechos humanos

Pueblos creyentes – caritas

y nuestros familiares,

Que no nos dejan solo que siguen luchando por nosotros

Por todo exigimos nuestra inmediata libertad

Respetuosamente

Agustín Pérez Domínguez

Agustín Pérez Velásquez

Juan Velasco Aguilar

Martín Pérez Domínguez

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Frayba denuncia ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fabricación de culpables contra defensores indígenas en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

3 de agosto de 2023

Boletín No. 17

Denunciamos ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fábrica de culpables contra defensores indígenas de derechos humanos

  • Presentamos ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias los casos de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del EZLN y los 5 defensores del territorio de San Juan Cancuc.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que posicionamos dos casos que ejemplifican que en Chiapas existe un patrón de fabricación de culpables para criminalizar a defensores de derechos humanos de pueblos originarios.

El primero de ellos es el de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quien permanece Privado Arbitrariamente de la Libertad (PAL) desde diciembre de 2020. Manuel fue acusado falsamente de un delito que no cometió, sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada, y después procesado penalmente.

De acuerdo con una investigación de la Junta de Buen Gobierno “El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios” en Nueva Jerusalén (JBG Nueva Jerusalén), la acusación en su contra fue un acto de criminalización a su adherencia zapatista. A más de dos años y medio de su detención es mantenido en reclusión de manera arbitraria bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir sin haber recibido una sentencia, aún cuando la Constitución mexicana establezca un límite de dos años.

El segundo caso presentado son las detenciones de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, cinco indígenas tseltales del municipio de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, que fueron sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, se inventó un informe de detención con hechos falsos acusándolos de una supuesta detención por portación de drogas en otro municipio. Los detenidos fueron después procesados y sentenciados por un homicidio que no cometieron. El objetivo de esta criminalización fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización.

La documentación del Frayba confirma el patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por el gobierno de Chiapas entre cuyas características se encuentra: participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación como pueblos originarios, acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL), detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN), un Poder Judicial cómplice sin acción judicial en su conjunto son detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.

Para el Frayba, la criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia  intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.

Llamamos la atención hacia el Estado mexicano a través de la denuncia presentada ante el Grupo de Trabajo de la ONU, con el objetivo de censen las patrones de criminalización y represión hacia los pueblos originarios, en específico hacia las personas vulneradas en sus derechos por estos mecanismos de violencia institucional, además de que se han resarcidos los derechos humanos bajo los ms altos estándares internacionales incluidos el de la libertad absoluta.

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José Díaz, Base de Apoyo del EZLN, es víctima de fábrica de culpables por la Fiscalía de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

6 de julio de 2023

Boletín No. 16

 

 

José Díaz, Base de Apoyo del EZLN, es víctima de fábrica de culpables por la FGE

 

  • Ocho meses Privado Arbitrariamente de su Libertad, sin garantía de una defensa adecuada y juicio justo por parte del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
  • Cuatro BAEZLN en riesgo inminente de ser arbitrariamente detenidos.

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exige la libertad inmediata del Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) José Díaz Gómez (José Díaz), quien lleva ocho meses Privado Arbitrariamente de su Libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 “El Bambú”, en Catazajá, Chiapas.

José Díaz, indígena Cho´l, originario de la Ranchería “El Trapiche”, ubicado en el municipio oficial de Salto de agua, perteneciente al municipio autónomo Francisco Villa, Junta de Buen Gobierno “Que habla para todos”, Caracol V, Roberto Barrios, es un campesino detenido de manera arbitraria y con señales de uso excesivo de la fuerza, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en su momento desaparecido forzadamente e incomunicado por parte de elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva quienes llevaron a cabo la orden aprehensión.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, le ha vulnerado la garantía al debido proceso, acusado del delito de robo ejecutado con violencia. Además, existen órdenes de aprehensión por el mismo delito en contra de otros cuatro BAEZLN, que los ponen en inminente riesgo a su dignidad y derecho humano a la libertad, lo anterior, como una forma de intimidación y acoso a la autonomía zapatista.

El Frayba documentó que el 25 de noviembre de 2022[1], José Díaz fue detenido aproximadamente a las 16:00 horas, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas. En compañía de un familiar, fueron interceptados por una camioneta de color negra, con policías abordo, le enseñaron una supuesta orden de aprehensión, lo subieron a la góndola de la camioneta, esposado, vendado de los ojos, golpeado en varias partes de su cuerpo, fue despojado de 1,400.00 pesos, cartera y su credencial.

Fue trasladado a la Fiscalía en el municipio de Palenque, Chiapas donde le obligaron a poner su huella y firmar varios papeles en blanco, refiere que en todo momento no fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni mucho menos por un abogado. Allí permaneció detenido los días 25 y 26 de noviembre. El 27 de noviembre le realizaron una audiencia dando inicio su proceso judicial, ese día le cambiaron de ropa, y ahí mismo se enteró que lo acusan de un supuesto robo agravado por la cantidad de 22 mil pesos en septiembre de 2022.

El Frayba evidenció la situación jurídica, en donde existe contradicción de modo, tiempo y lugar frente a la detención ejecutada por los policías adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva; en la Carpeta de Investigación refiere que la detención de José Díaz fue el 27 de noviembre a las 21:05 horas en el municipio de Palenque, evidenciándose las contradicciones sobre su verdadera detención, vulnerando sus derechos humanos, bajo una detención ilegal, arbitraría y con acciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada e incomunicación.

Por otra parte, la Fiscalía del Distrito Selva solicitó una orden de aprehensión con datos de prueba deficientes y sin apego a los principios de eficacia, profesionalismo y objetividad, en la que no se encontraron mayores indicios para asumir la responsabilidad penal directa.

Actualmente José Díaz, está en espera de llevar a cabo su audiencia de etapa intermedia, ya que la Fiscalía solicitó plazos de investigación complementaria desde diciembre de 2022, sin embargo, la situación de dilación procesal, criminalización y contubernio de autoridades trae como consecuencia el riesgo de seguir privado ilegalmente de su libertad por más de 1 año.

Exigimos a la Fiscalía el desistimiento de la acción penal perpetrada en contra de José Díaz indígena Cho´l, con fines de criminalizarlo de manera injusta y mantenerlo privado de su libertad.

Hacemos un llamado a las personas, colectivos, organizaciones nacionales e internacionales a solidarizarse y a exigir a la Fiscalía General y Poder Judicial del Estado la Libertad Inmediata del compañero José Díaz Gómez BAEZLN.

 

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[1] (sobre la detención hay un documento enviado por el Juez rural autónomo de Francisco Villa) citado textualmente: “José Díaz es BAEZLN, edad 44 años viven en Trapiche municipio de salto de agua, Chiapas detenido el viernes 25 de noviembre a las 5 pm no sabemos porque motivo lo detuvieron que sea urgente la búsqueda