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Por el agua, los humedales, la vida y la Paz

 

El día de hoy 6 de febrero del 2021 es un día de alegría y de jolgorio, decenas de hombres, mujeres, niñas, niños y jóvenes han salido a defender la madre tierra, el agua, los humedales y la vida.

 

Han vencido al miedo de los violentos y sus grupos de choque y han hablado en esta peregrinación de paz, diálogo y encuentro con la ciudad y los pueblos originarios.

 

Los jóvenes, niñas, niños, mujeres, hombres y estudiantes han hablado de preservar la vida, las plantas, animales y las fuerzas de la naturaleza que se manifiestan en los humedales de montaña María Eugenia.

 

 

El día de hoy sábado 6 de febrero venimos caminando hombres y mujeres dignos de los cuatro puntos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, pero también venimos de los Altos, Norte y Selva Zoque de Chiapas, pero también de más lejos de las chinampas de Xochimilco, de la gran Ciudad de México y de sus palacios, lugar en la que nuestra voz retumba y esperemos sea escuchada, y se salve la vida y los humedales de montaña del valle de Jobel.

 

El día de hoy le pedimos a los gobiernos, que estén al nivel de lo que la historia les reclama, sabemos que es fácil caer en tentaciones, vender el agua por unas monedas, pero con qué cara podrán los funcionarios ver a los ojos a sus hijos y sus nietos, si vendieron y traicionaron su futuro .. les pedimos que no lo hagan, en la deshonra y en la traición no hay camino, no hay luz, no hay vida .. la vergüenza es estar muerto .

 

 

Le pedimos a los funcionarios honestos del gobierno municipal, estatal y federal a que den con nosotrxs la lucha por la vida, el agua, y los humedales.. a qué evidencien, denuncien y entreguen pruebas de los funcionarios corruptos que están vendiendo el futuro de los chiapanecos …

 

Sabemos que somos miles de pobladores de este Valle que estamos luchando por los humedales .: que no estamos solos.. que los maestros, los jóvenes, niños, estudiantes y mujeres están luchando a nuestro lado ..les agradecemos su apoyo y les damos las gracias por esto y por lo que vendrá en la defensa de la madre tierra.

 

 

Los humedales y el agua son más que diez, veinte, treinta votos, la aritmética no cuadra, no se puede dejar sin el preciado líquido a más de 50 mil pobladores del valle de Jobel por cumplir los caprichos de 100 personas que los tranzaron y les vendieron terrenos en humedales … es un crimen de lesa humanidad .. es un atentado contra la naturaleza, nuestra casa común y es un suicidio como sociedad y humanidad.

 

Por lo tanto llamamos al pueblo de San Cristóbal a estar preparados, e impedir cualquier relleno en la Zona de humedales. Y sobre todo a garantizar el derecho humano al agua y la vida para las futuras generaciones para más de 250 mil habitantes del valle de Jobel.

 

!Los humedales se aman y se defienden! !La madre tierra no se vende!

 

! Agua para todos, Agua para la vida!

 

 

Representantes de los cuatro puntos de la ciudad, estudiantes, jóvenes, niñas, niños, abuelas, abuelos, mujeres, hombres, académicos, defensorxs de Derechos Humanos, pueblos originarios, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y la Red Ambiental del Valle de Jobel.

 

Leer el comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas:

 

 

NOTA: Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones que buscan compartir su palabra. La postura difundida, no necesariamente constituye la valoración del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C quien presta este servicio de comunicación.

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Pueblo maya tseltal del municipio de Chilón emprende batalla legal contra la militarización de su territorio

  • El pueblo tseltal pide protección de la justicia federal ante la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional y pide a la Fiscalía General del Estado de Chiapas se desista del ejercicio de la acción penal en contra de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano quienes fueron reprimidos y criminalizados por manifestarse en contra de dicho proyecto.
  • El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Ciudad de México. 27 de enero del 2021. El día de hoy representantes del pueblo maya tsetal del municipio de Chilón, Chiapas, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) anunciaron la admisión de la demanda de amparo que interpusieron por la construcción impuesta de un Cuartel General de la Guardia Nacional en su territorio, sin que hayan sido consultados previa, libre y adecuadamente para otorgar o no su consentimiento.

No es la primera vez que el pueblo tseltal de Chilón vive los impactos de la militarización de sus territorios; particularmente, durante la época del conflicto armado en el estado de Chiapas, cuando en 1995 se instaló en su territorio un cuartel del Ejército, el cual no fue retirado sino hasta el año 2007 después de años de una resistencia organizada por parte de la comunidad.

Trece años después, específicamente en el mes de octubre de 2020 los habitantes del municipio de Chilón se enteraron por medios de comunicación sobre el acuerdo entre autoridades municipales, estatales y federales (incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional-SEDENA), para ceder un terreno dentro de su territorio para la construcción de un Cuartel que albergará a la Guardia Nacional.

Ante esta información el día 15 de octubre de 2020 decidieron ejercer su derecho a la manifestación, que encontró como respuesta un despliegue de más de 300 elementos de diversas corporaciones de seguridad, que con el objetivo de detener la movilización hicieron un uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes. En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín.

Posterior a los hechos de represión y conociendo los impactos que los proyectos militares pueden tener en su vida comunitaria, el pueblo maya tseltal se organizó para iniciar un proceso legal por medio de una comisión nombrada en su asamblea tradicional. Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020.

Dicha demanda de amparo, denuncia que la licencia y la construcción del Cuartel se trata de una imposición de un proyecto de militarización que viola los derechos del pueblo maya tseltal del municipio de Chilón a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos protegidos por la Constitución Mexicana, así como por los tratados internacionales de los que México es parte, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto, ya que para el pueblo maya tseltal del municipio de Chilón es claro que la Guardia Nacional se trata de un cuerpo de seguridad de facto militar, más allá de que se haya concebido como un cuerpo civil; por lo que el proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad. De la misma manera, la presencia de los cuerpos de seguridad militarizados en la zona temen que se fomente la prostitución como ocurrió en el pasado, se acentúe el alcoholismo como medidas de control y división comunitaria.

A pesar de que se expusieron diversos argumentos y contundentes para el que se evitará causar daños irreparables al territorio del pueblo maya tseltal por los cuales el Juzgado Cuarto de Distrito debió ordenar la suspensión de oficio y de plano, sinembargo, el Juez la negó. Por lo que este viernes 29 de enero el Juzgado Cuarto de Distrito tiene una nueva oportunidad para declarar la procedencia de la suspensión definitiva, permitiendo que el pueblo maya tseltal cuente con la seguridad de que su territorio y sus derechos colectivos no se verán permanentemente afectados hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo aludido.

Contacto para prensa:

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C

Comunicación

Narce Santibáñez Alejandre

5585312218

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C

Comunicación

Azalia H. Rodríguez

9671356978

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Pueblo maya tseltal del municipio de Chilón emprende batalla legal contra la militarización de su territorio.

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Nuevas agresiones armadas de la ORCAO a la comunidad Moisés Gandhi

  • Garantizar la vida, integridad de Bases de Apoyo y respeto a la autonomía zapatista.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), ha recibido información de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva, Caracol 10 “Floreciendo la semilla rebelde”, con sede en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, México, en donde informan que desde el 18 de enero de 2021, hasta el día de hoy integrantes de la Organización Regional de
Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) han agredido con disparos de armas de fuego a la comunidad de Moisés Gandhi del Municipio Autónomo Lucio Cabañas.

 

El 18 de enero de 2021, desde las 15:30 hrs hasta las 18:00 hrs., integrantes de la ORCAO retomaron las agresiones con disparos de armas de fuego contra las casas de la comunidad Moisés Gandhi. Fueron “alrededor de 170 disparos de calibres grandes y 80 disparos de calibres pequeños.” El 20 de enero de 2021, a las 16:00 hrs y 22:30 hrs. se registraron nuevas
agresiones.

 

El día de hoy, aproximadamente a las 00:30 hrs, 02:10 hrs. y 02:55 hrs. nuevamente se registraron disparos contra las casas de la comunidad. La Junta de Buen Gobierno ha informado que en estos ataques han participado por lo menos 20 integrantes de la ORCAO de las comunidades San Antonio, Cuxuljá, San Francisco y 7 de febrero municipio de Ocosingo.

 

Desde abril de 2019, la comunidad de Moisés Gandhi ha sido agredida por parte de integrantes de la ORCAO resultando en destrucción de bienes y agresiones físicas y verbales. Para marzo de 2019, comenzaron agresiones con armas de fuego con dirección a la comunidad. El 22 de agosto de 2020, saqueo e incendio de la bodega de café ubicada en el Centro de Comercio
“Nuevo Amanecer del Arcoiris en el crucero de Cuxuljá. El 8 de noviembre de 2020, integrantes de la ORCAO secuestran a Félix López Hernández, Base de Apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi, quien fue liberado después de 4 días.

 

El Frayba hace un llamado al Estado mexicano para que intervenga de manera inmediata y cesen las agresiones hacia la comunidad Moisés Gandhi del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, ya que la vida e integridad de las mujeres, niñas, niños y hombres del Pueblo Maya Tseltal se encuentra en riesgo. Las acciones emprendidas deberán respetar la jurisdicción, autonomía y libre determinación de las Junta de Buen Gobierno Zapatistas.

 

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la siguiente  acción urgente:

Nuevas agresiones armadas de la ORCAO a la comunidad Moisés Gandhi

LEE LA PETICIÓN

 
 

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

21 de enero de 2021

Acción urgente No. 01

Nuevas agresiones armadas de la ORCAO a la comunidad Moisés Gandhi

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Chiapas | Amenazas contra integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel

Fotografías: @Isaí Robledo

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Frayba) sobre las amenazas en contra de un grupo de 15 personas pertenecientes a la Red Ambiental del Valle de Jovel, una organización que defiende los derechos medioambientales en el Estado de Chiapas.

El 29 de diciembre de 2020, en horas de la mañana, los miembros de la Red Ambiental del Valle de Jovel fueron amenazados y agredidos verbalmente por un grupo de choque mientras llevaban a cabo una acción en defensa de los humedales de Montaña María Eugenia, un área natural de 115 hectáreas situada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas e incorporada en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional. En esta zona se está llevando a cabo la construcción de varios inmuebles que pondrían en peligro el ecosistema de los humedales.

El grupo de 15 personas se encontraba en el camino que une los humedales con la Colonia FSTSE 2001 realizando una zanja de infiltración para prevenir las inundaciones de las colonias y barrios adyacentes, dado que las dos anteriores habían sido destruidas por personas desconocidas. Los agresores instaron al grupo a dejar de hacer la zanja dado que era “su territorio” y les amenazaron diciendo que les “iban a amarrar y a partir la madre”.

Tras estos hechos, la membresía de la Red Ambiental se trasladó hacia el parque de los humedales y, posteriormente, el grupo de agresores cerró el acceso al camino a la Colonia FSTSE 2001. Ante la presencia de la policía municipal, que había acudido al lugar de los hechos para mediar entre los defensores de los humedales y el grupo de choque, un nuevo grupo de agresores vinculado al primero amenazó con “amarrar a los ambientalistas porque ya estaban hasta el gorro de que Manuel Lemus [director de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas] los estuviera molestando”. Finalmente, el grupo de defensores se retiró del lugar y, posteriormente, los agresores taparon la zanja de infiltración. Estas agresiones fueron puestas en conocimiento tanto del gobierno federal como de la autoridad municipal con el objetivo de contar con su intervención.

El Observatorio destaca que el 2 de diciembre de 2020, la Red Ambiental del Valle de Jovel presentó una denuncia por ecocidio a la Fiscalía de Distrito Altos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por las actuaciones de una empresa constructora en los humedales de Montaña María Eugenia.

El Observatorio muestra su preocupación por las amenazas proferidas contra los integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel y hace un llamado a las autoridades de Chiapas y a las autoridades federales mexicanas a investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial las agresiones arriba mencionadas, así como a adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de los y las integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel que defienden los humedales y territorio de San Cristóbal de Las Casas.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de México urgiéndolas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la membresía de la Red Ambiental del Valle de Jovel, así como la de todas las personas defensoras de los derechos humanos del estado de Chiapas y, en general, de México;

ii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos ocurridos, con el fin de identificar a los responsables aplicando las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Poner fin a todo tipo de ataques y hostigamiento, incluido a nivel judicial, contra todas las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos del estado de Chiapas y, en general, de México;

iv. Incluir como tema central en la agenda de derechos humanos del gobierno federal el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil.

Direcciones:

· Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Twitter: @lopezobrador_

· Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. E-mail: secretario@segob.gob.mx

· Sr. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Secretaría de Gobernación (SEGOB). E-mail: ajencinas@segob.gob.mx

· Sr. Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario De Relaciones Exteriores. E-mail: canciller@sre.gob.mx

· Sra. Martha Delgado Peralta, Subsecretaria Para Asuntos Multilaterales Y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: mdelgadop@sre.gob.mx

· Sra. María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). E-mail: presidente@cndh.org.mx / correo@cndh.org.mx

· Sr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. E-mail: secparticular@chiapas.gob.mx

· Sr. Ismael Brito Mazariegos, Secretario General de Gobierno en Chiapas. E-mail: / secretariaparticular.sgg@gmail.com

· Sr. Juan José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. E-mail: presidencia@cedh-chiapas.org

· Sra. Embajadora Socorro Flores Liera, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: / sflores@sre.gob.mx

· Sr. Embajador Mauricio Escanero Figueroa, Misión de México ante la Unión Europea y Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo. E-mail: embamex@embamex.eu / hacosta@sre.gob.mx

· Sr. Embajador Jorge Lomónaco, Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos. E-mail: mexico.oea@sre.gob.mx / jlomonaco@sre.gob.mx

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.

***

Ginebra-París, 8 de enero de 2021

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

● E-mail: Appeals@fidh-omct.org

● Tel. OMCT: + 41 22 809 49 39

● Tel. FIDH: + 33 1 43 55 25 18

México: Amenazas contra integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel

LLAMADO URGENTE – EL OBSERVATORIO

MEX 001 / 0121 / OBS 004

Amenazas

México

Leer en la página de la OMCT

Agresiones y amenazas a la Red Ambiental del Valle de Jovel.

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La Masacre de Acteal continuidad en la impunidad

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal labran la paz en la exigencia de justicia y verdad.

Un pueblo sin memoria es un pueblo ciego.

Un enjambre de balas apagó las velas que titilaban con su llama que evocaba la paz. Eso ocurrió la mañana del 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, México. Las manos asesinas hicieron correr ríos de sangre que sirvieron para saciar una sed de odio y el exterminio preparado desde las esferas oscuras del poder del Estado mexicano. Ese día el sol eclipsó. Las fuerzas del mal apagaron la luz de la vida de 45 personas y 4 no nacidas, estas se convirtieron en luciérnagas que se esparcen y resplandecen a quien se asoma, son luciérnagas de la conciencia que siembran lucha y resistencia.

A quienes les arrebataron la vida, hoy las recordamos, las hacemos presente. Enarbolamos su voz que clama memoria, justicia y verdad. Ese clamor se suma a la voz de jTatik Samuel Ruiz García quien fue convertido por los pueblos, quien abrazó y abraza el dolor y la esperanza de las excluidas y de los excluidos por este sistema capitalista de muerte. A 10 años de su pascua, jTatik camina junto a nosotras y nosotros, con su andar pasional entre las veredas comunales sembrando la esperanza para cosechar la vida, en un nuevo amanecer que anhelamos como humanidad. jTatik sigue enseñando con sus huellas en este territorio, la lucha por la justicia, la defensa radical de los derechos humanos. Nos guía con su antorcha, fuego que nos cobija de vida, de amor y lucha.

Recordamos que la Masacre de Acteal, es un efecto directo de la política genocida elaborada por el Estado e implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares en Chiapas, tal y como se señala en el Plan de Campaña Chiapas 94’. Los sucesos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, son una herida que se mantiene abierta para las víctimas, sobrevivientes, sus familias y para todas las personas que nos indignamos y persistimos en su lucha que es nuestra.

Ha llegado el momento de que el Estado mexicano actual, reconozca públicamente la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94’ y el impacto de los crímenes de lesa humanidad en la vida comunitaria de la población de las zonas Altos, Norte y Selva de Chiapas, en el marco de guerra de contrainsurgencia iniciada para aniquilar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a quienes se organizan desde la autonomía. El actual gobierno, tiene la oportunidad histórica y no quedarse en el reconocimiento de disculpa pública, mediática y frívola. Hoy tiene la oportunidad de estar a la altura de la exigencia de derechos que los pueblos han impulsado por décadas, de llevar a cabo acciones contundentes que conlleven a la investigación y sanción tanto de los propios funcionarios del Estado mexicano (autores intelectuales) así como de los paramilitares (autores materiales) que masacraron a las 18 mujeres adultas cuatro de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y 15 años de edad, 26 lesionados y 326 personas desplazadas que presenciaron la Masacre.

A pesar de la persistente guerra integral de desgaste; del año de la pandemia que sigue causando estragos en la humanidad; de la muerte de algunas personas sobrevivientes de la Masacre; la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes siguen labrando la paz y dando a conocer la verdad de lo que pasó ese día, como lo hacen el 22 de cada mes, impulsan La Otra Justicia donde no habita el olvido.

Desde el Frayba reconocemos este arduo caminar de Las Abejas de Acteal quienes nacieron en 1992 y continúan exigiendo justicia verdadera. Ellas y ellos han elegido impulsar desde su acción ética y política el seguimiento del Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictamine la responsabilidad del Estado mexicano en la Masacre de Acteal, para que señale de manera directa su política de contrainsurgencia, la formación de los paramilitares, entre otros hechos de terror, que dieron como consecuencia las ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Hechos que hoy en día han reactivado los sucesores del paramilitarismo en los Altos de Chiapas, especialmente en Chenalhó, creando un escenario similar al que se vivió en 1997.

Para que las Masacres como la de Acteal no permanezcan en el contínuum de injusticias que existen en nuestro país, es necesario que se derrumbe el monumento Estatal de la impunidad y se deje de trivializar las violaciones graves a los derechos humanos. Es por lo que, abrazamos las dignas luchas y resistencias como el de Las Abejas de Acteal que nos dan camino y vida, ya que su acción radical va erigiendo La Otra Justicia, desde el no Olvido que alimenta la Memoria de lucha de larga duración de los pueblos, la Verdad como hálito de grande dignidad para arraigar el Lekil Chapanel (La raíz de la justicia).

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

22 de diciembre de 2020

Boletín No. 20

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Descarga: La Masacre de Acteal continuidad en la impunidad. 

 Escucha NotiFrayba: Masacres Nunca Más

Romper la violencia con amor y con lucha por la justicia: Carta de Serapaz a Las Abejas de Acteal.

Aquí te compartimos una galería de la conmemoración del XXIII aniversario de la Masacre de Acteal.

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(English) Mexico: Cristóbal Sántiz Jiménez, detained for defending the displaced communities of Aldama

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Inglés Estadounidense. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Until March 14, 2020, Cristóbal Sántiz Jiménez worked as a guard at a vocational training centre in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. That day, he was heading back home when he was arrested by members of the Chiapas Prosecutor’s Office Specialised Police on charges of “aggravated homicide”. Since then, he has been kept under preventive detention for a crime he did not commit.

 

As the spokesperson of the Permanent Commission of the 115 community members and displaced persons of Aldama, where he comes from, Cristóbal has been publicly denouncing the armed attacks, robbery, destruction of crops, and house arson perpetrated against the Aldama population by a paramilitary group from the municipality of Chenalhó. The root cause of this violence: a conflict between the Aldama and Chenalhó municipalities over 60 hectares of land that dates back to the 1970s and that Mexican and Chiapas authorities have been incapable to adequately address.

 

Two years before his detention, Cristóbal had already been accused of and subsequently absolved for the crime of “aggravated homicide”. This is not a coincidence. It is rather a prolongation of the harassment perpetrated against him by both State actors and the Chenalhó paramilitary group in retaliation for his work defending the rights of the displaced communities of the municipality of Aldama.

 

In August 2020, Cristóbal wrote a letter from the detention centre CERSS “El Amate”, in which he analysed the nature of the dreams of his own displaced Tsotsil Mayan communities from Aldama. According to Cristóbal, all their nightmares were echoing the violence they have been subjected to for more than four years.

 

Today in the Chiapas Highlands this violence continues. None of the three non-aggression pacts signed by the municipalities of Aldama and Chenalhó since June 2019 have resulted in the end of the armed attacks and violence against the Maya Tsotsil communities in this region.

There are currently more than 3,000 people forcibly displaced in the municipality of Aldama, who are mired in a food crisis due to the impossibility to cultivate their lands. They are permanently under attack. In the meanwhile, Cristóbal remains unjustly detained because he has never been scared to defend their rights.

Join our call to release Cristóbal Sántiz Jiménez!

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Masacres Nunca Más

Ta’louk xa ti matanal milel-ulesele.
– Basta ya de asesinatos a personas inocentes con fines de exterminio.

Después de la Masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997; en Chiapas, México, se han cometido otras dos masacres a Pueblos Originarios: La de Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2006 y la de Chincultik, el 03 de octubre de 2008.

Actualmente existe el riesgo de una nueva Masacre, en la región Altos. Grupos civiles armados de corte. paramilitar procedentes de Chenalhó, atacan con armas de fuego a comunidades de Aldama y Chalchihuitán, con la omisión y protección del gobierno de Chiapas.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y evitar otras Masacres en México.

Escuchemos a Las Abejas de Acteal en el NotiFrayba.

 

 

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Misión Civil de Observación a Chiapas denuncia una situación sistemática y estructural de violaciones a derechos humanos

 

      • 14 organizaciones integrantes de la Red TDT así como 3 organizaciones internacionales visitaron comunidades de las regiones Altos, Norte y Costa para documentar violaciones a DDHH.

     

      • La impunidad y falta de acceso a la justicia generan un clima de riesgo para el CDH Digna Ochoa y el CDH Fray Bartolomé de las Casas.

     

    • La falta de voluntad política agudiza la crisis de derechos humanos que viven las comunidades chiapanecas.

 

Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1] visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.

 

La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.

 

Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.

 

Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.

 

Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.

 

También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.

 

Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones  en 23 estados de la República mexicana)

Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).

Descargar PDF: Misión Civil de Observación a Chiapas denuncia una situación sistemática y estructural de violaciones a derechos humanos.

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Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos

Misión Civil de Observación a Chiapas, del 7 al 10 de diciembre 2020

  • Del 7 al 10 de diciembre, organizaciones de derechos humanos realizarán una Misión Civil de Observación a Chiapas para documentar graves violaciones a derechos humanos.
  • La Misión Civil de Observación a Chiapas recorrerá varias comunidades en el estado de Chiapas.
  • En la MCO participarán 16 organizaciones nacionales e internacionales y la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT.

En este momento en el Estado de Chiapas, está teniendo lugar una situación de graves violaciones a derechos humanos y agresiones contra muchas personas y organizaciones que trabajan  en la defensa de los derechos humanos y por la paz.

Por un lado, vemos con preocupación el incremento de situaciones que criminalizan, hostigan y amenazan a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que queda ejemplificado en las difamaciones públicas sufridas por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que han ido escalando hasta llegar, reciententemente, a una pega de carteles en el Palacio Municipal de Tonalá donde se desacredita su labor como personas defensoras.

Por otro lado, vemos con preocupación la continuidad de las agresiones armadas contra el pueblo maya tsotsil en el municipio de Aldama. Dichas agresiones, han resultado en lesiones para  habitantes de la comunidad, así como para  integrantes de una caravana humanitaria organizada para brindar apoyo a la comunidad. Además, como señala el CDH Fray Bartolomé de las Casas: A pesar de que el viernes 27 de noviembre de 2020, nuevamente se firmó el Acuerdo Definitivo entre Aldama y Chenalhó, los ataques de armas de fuego continúan […]. El mismo día de la firma, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, reportó agresiones, las cuales se intensificaron este fin de semana.

Esta grave crisis de desplazamiento forzado que se ha vivido por años y en la que la ayuda humanitaria externa es esencial, se ha agravado debido a la pandemia de COVID-19 y la dificultad de acceder a recursos básicos de salud y educación.

La sistematicidad de las violaciones a derechos humanos, así como el riesgo en el que se encuentran personas defensoras nos mantiene en  alerta, observantes de que las diversas autoridades generen las condiciones para garantizar la integridad y vida de las poblaciones indígenas desplazadas, así como de las personas defensoras de derechos humanos.

Por ello, las organizaciones Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (CDH Frayba), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. (CDH Digna Ochoa), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C. (CDH Fray Matías), Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C., Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xi’nich, Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI), Centro Kalli Luz Marina A. C., Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC), en representación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), y acompañados por el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Colectivo de Observación y Monitoreo del Sureste realizaremos esta Misión Civil de Observación a Chiapas (MCO) del 7 al 10 de diciembre.

Esta MCO hará un recorrido por comunidades de Chiapas ubicadas en los municipios de Chilón, Chalchihuitán, Aldama y Tonalá para documentar violaciones a derechos humanos, así como para  visibilizar la situación de desplazamiento forzado y la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos que se viven en el estado. Con la información documentada buscaremos, como organizaciones, reunirnos con autoridades del orden municipal, estatal y federal para promover que se garantice la protección y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la MCO a Chiapas dará una conferencia de prensa virtual el 10 de diciembre —a través de las redes sociales de la Red TDT y de las organizaciones participantes—. En ella se expondrán los resultados de la MCO y se adelantarán las actividades para el seguimiento de las mismas.

Para más información o gestión de entrevistas:
Eber Huitzil – Comunicación, Secretaría Ejecutiva de la Red TDT
55 1796 6731, comunicacion@redtdt.org.mx

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Chiapas: simulación de paz en Aldama mientras continúan ataques paramilitares

Foto de portada de Marissa Revilla

Las agresiones paramilitares contra comunidades del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas, no cesan.

Aun cuando el pasado 27 de noviembre, funcionarios de los tres niveles de gobierno firmaron el denominado Convenio definitivo que resuelve el conflicto agrario entre Bienes Comunales del municipio de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, continúan los ataques armados.

La firma del acuerdo ocurre tras cuatro años de que se reactivara un conflicto territorial de vieja data, el cual señalan los comuneros de Aldama ha sido gestionado y permitido por los distintos niveles del gobierno mexicano, quienes pese al aumento de la violencia en la región han sido omisos ante las exigencias para desarmar los grupos paramilitares.

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Tras años de agresiones, el saldo hasta ahora es de 23 personas asesinadas y 20 heridas. La violencia también ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 3 mil personas debido a las agresiones de grupos paramilitares provenientes del municipio de Chenalhó.

No obstante, el acuerdo oficial, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros desplazados de Aldama reportó la continuación e intensificación de las agresiones armadas incluso desde el mismo día de la firma del acuerdo.

Aunado a ello, dos días después del evento oficial, el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que nuevamente se registraron ataques con armas de fuego dirigidos contra la comunidad de Tabak, Aldama.

En dicho ataque resultó herido Andrés Jiménez Pérez, integrante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros desplazados de Aldama. Según el reporte del Frayba, Jiménez Pérez, quien se encontraba acompañado de su hijo de nueve años, fue herido en ambas piernas cuando regresaba de su trabajo entre las comunidades de Tabak y San Pedro Cotsilnam.

Paz, solo en el papel

El denominado Convenio definitivo fue firmado en un evento con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, así como del gobernador de Chiapas y los presidentes municipales de los municipios de Aldama y Chenalhó.

Aunque en la ceremonia no se especificaron los detalles que integran el acuerdo entre los municipios tsotsiles, lo difundido por la secretaría de Gobernación afirma que “dará certeza jurídica en la posesión de la tierra que permitirá resolver este problema que durante más de cuatro décadas ha generado esta tensión comunitaria”.

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Anteriormente, el 18 de septiembre pasado el gobierno federal propuso la división del territorio en disputa con 32.5 hectáreas de tierra como posesión para lxs habitantes de Aldama, y 27 para los comuneros de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó.

En aquel momento, como respuesta a la propuesta federal y mediante una carta firmada por 20 agentes rurales municipales de las comunidades que aglutinan los Bienes Comunales Manuel Utrilla Santa Martha, 3,336 comuneros aceptaron la distribución de tierras “siempre y cuando el apoyo económico sea por la cantidad de cincuenta millones de pesos”. Sin embargo, con la firma del acuerdo definitivo no se especificó si se realizará dicho pago.

Simulación e impunidad

Por otro lado, respecto a la firma del acuerdo, comuneros de Aldama en entrevista con medios nacionales argumentaron sobre el mismo que “no significa nada, aun teniendo la firma, pero eso no nos da esperanza de que cesen las agresiones armadas hacia nuestras comunidades”.

“No esperamos de que ya se solucionó el conflicto. Esto es una simulación e impunidad de los gobiernos porque las agresiones continúan a diario, mientras no se solucione, mientras que el gobierno no actúe, esto no cesará las agresiones armadas”, denunció Marta, habitante de Aldama.

Para el centro de derechos humanos Frayba y comuneros de Aldama que realizaron el conversatorio virtual Tejer la paz para Aldama, “los acuerdos de papel no representan un proceso de pacificación” pues debido a la impunidad de los ataques armados, aún después de la firma del más reciente convenio, demuestran que “el Estado mexicano protege a los grupos civiles armados de Chenalhó”.

El pasado 25 de noviembre, distintas organizaciones de derechos humanos junto a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, académicos, activistas, sindicatos y grupos de ayuda humanitaria, enviaron un documento al gobierno federal donde denuncian “que la inacción de los gobiernos estatal y federal se traduce en impunidad y aliento para seguir cometiendo acciones criminales”, por parte de los grupos paramilitares.

“Constatamos que la impunidad fortalece la corrupción de autoridades. Es de voz pública las acusaciones de las implicaciones de altas autoridades estatales con el tráfico de vehículos robados, el así llamado huachicol, trata de personas y otros crimenes que se cometen en la región… Hasta ahora todo indica que hay intereses ocultos potencialmente criminales detrás de la intención de despojar a estas comunidades de su territorio”, enfatiza el documento que urge al gobierno en sus distintos niveles para detener las agresiones armadas.

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