• El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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La militarización de Chiapas se da en el contexto de una apuesta del Estado mexicano por el paradigma de la guerra. El Frayba ha documentando hostigamientos en contra de pueblos que construyen autonomía y defienden su derecho al territorio. En esta región históricamente el Ejército mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.

• A 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se intensifica la estrategia contrainsurgente a Pueblos Originarios BAEZLN.

A 5 años de la impune ejecución extrajudicial de José Luis Solís López,(1) maestro Galeano, durante una agresión al proyecto autónomo zapatista, en la comunidad de La Realidad, el Estado mexicano reafirma su apuesta por la guerra en una región donde Pueblos Originarios construyen Vida Digna.

Desde diciembre de 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización a territorios de Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) especialmente en la región de la Selva Lacandona,(2) como parte de la continuación de la estrategia contrainsurgente para erosionar proyectos de autonomía en Chiapas, México.

El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), registró que desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes.(3)

Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población: «Se observó que los vehículos militares muchas veces pasan a alta velocidad por las comunidades, sin preocuparse de personas, niñas y niños o animales en el camino».

Además en lo que va del presente año, el Frayba registró dos actos de espionaje en contra de las BriCo, en el campamento de observación internacional ubicado en La Realidad. Esta acción vulnera la integridad y seguridad personal de quienes realizan monitoreo de violaciones de derechos humanos en la región y cuya labor se fundamenta en la Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas, de la Organización de Las Naciones Unidas.

El Frayba constata con los datos recabados por las BriCo la denuncia que publicó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en su comunicado del pasado 10 de abril: «En nuestras montañas y valles ha aumentado la presencia militar, policíaca, paramilitar, y de espías, orejas e informantes. Han reaparecido los sobrevuelos de aviones y helicópteros militares, así como de vehículos artillados (4)».

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• Cese de hostigamientos a quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro de defensoras del territorio: “Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos”, el pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, Chiapas, México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), de la Parroquia San Pedro y San Pablo. Lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

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NotiFrayba: Tortura a Pueblos Originarios en Chiapas ante la ONU

En el Informe alternativo que organizaciones de la sociedad civil entregaremos al CAT, el 25 de abril, en Ginebra Suiza, se evidencia la sistemática Tortura a personas integrantes de pueblos originarios en Chiapas, especialmente durante detenciones arbitrarias y discriminatorias. Escucha el testimonio de Adrian Gómez Jiménez, uno de los 13 presos que iniciaron, el 15 de marzo de 2019 una huelga de hambre desde distintas cárceles y actualmente se encuentra en ayuno parcial:

• A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

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A los Pueblos que luchan

A las mujeres y hombres que con su andar, han inundado de dignidad la vida, y dan sentido del caminar del Frayba, que junto a/a lado de ustedes, pulsa la tierra, con sus resistencias que hacen la luz y las rebeldías que nos convocan a no desistir del mundo nuevo que está surgiendo.

El presente informe, recoge la sistematización de la situación en que enfrentan las comunidades y personas en su lucha por la defensa de sus derechos humanos en Chiapas.

El sexenio terminado mostró una crisis de derechos humanos alimentada por la impunidad.

La violencia desbordada se ha propagado en todo nuestro país manteniendo como blanco a la sociedad civil principalmente organizada que defiende su territorio y la vida.

Este documento Frente a la violencia, la espiral de luchas y resistencias trata de esbozar los símbolos en perspectiva histórica de estos 30 años del caminar del Frayba al lado del pueblo organizado, donde se cuentan las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por parte de todos los niveles de gobierno, en particular durante el crítico sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex gobernador Manuel Velasco Coello, responsables, junto a los poderes fácticos, de ocasionar la profundización de los conflictos, que sitúa a la población en una crisis civilizatoria.

Frente a la ausencia de verdad y justicia, los Pueblos persisten en los caminos de la resistencia construyendo sueños y esperanzas en alternativas frente al olvido y en respuesta a la compleja realidad que se vive en México.

En este recuento se evidencia que el Estado mexicano, a pesar de haber firmado y ratificado diversos instrumentos de derechos humanos, de carácter vinculante, en el ámbito interamericano e internacional, en la realidad no cumple con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas.

Es por ello que las iniciativas autónomas como La Otra Justicia construida desde los Pueblos tiene el propósito de resistir contra el olvido y abonar a la verdad, justicia y no repetición de graves violaciones a derechos humanos. Por tanto los Pueblos no olvidan y señalan los responsables y combaten de frente a la impunidad en México. La memoria es identidad, como una historia construida por sobrevivientes que el Estado no puede silenciar.

Agradecemos a todas y todos los que han dado su palabra que nos alimenta cada día, con su valentía han enfrentado al sistema y lo desafían, por su fuerza denuncian propiciando, organización, comunidad y restitución y resignificación de los pueblo, que generan alternativas de vida la cual nos ha acuerpado en estos 30 años de caminar del Frayba, el cual no sería tal sin las manos y pasos firmes de mujeres y hombres que se tejen en su horizonte de lucha, por lo que reafirmamos nuestro compromiso radical con los pueblos y comunidades con quienes en cualquier rincón de Chiapas, México y el mundo pugnan por la verdad, la justicia y por el cambio profundo del sistema capitalista a nuevos sistemas de vida basado en el Lekil Kuxlejal.

Leer el informe completo:

Escucha la transmisión en vivo del Informe

• Mina Santa Fe en Solosuchiapa violenta derechos a comunidades y ejidos.

Los Pueblo zoque, tseltal y tsotsil en Chiapas, se organizan en la defensa de la Madre Tierra porque su territorio se encuentra bajo el asedio de megaproyectos impulsados por empresas privadas que violentan sus derechos colectivos, especialmente a la autodeterminación y la autonomía.

En un comunicado con fecha 22 de junio de 2017, leído al final de una gran peregrinación en Tuxtla Gutiérrez, el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra denunció:

Sobre nuestros territorios la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno con un total de 70 mil hectáreas, 1 ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; 1 proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; 1 geo-parque en el mismo Volcán con 2,400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago. En total más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos se encuentran amenazadas por los proyectos extractivos1.

Un ejemplo de los proyectos extractivos es la minería que avanza sin procesos de consulta a las comunidades afectadas en los municipios de Solosuchiapa, Ixtacomitán, Pantepec, Rayón, Ixhuatán, Tapilula, Tapalapa, Copainalá, Coapilla y Chapultenango.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
23 de diciembre de 2018
Acción Urgente no.11

Nuevos desplazamientos forzados en Chalchihuitán, Chiapas

Destrucción de campamentos y amenazas a población tsotsil en desplazamiento forzado aumenta condiciones de vulnerabilidad y riesgo de 1146 personas.

Nueve campamentos que eran refugio de población en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, fueron destruidos el día 21 de diciembre de 2018, entre las 14:00 y 17:00 hrs., aproximadamente, en un contexto de agresiones por parte de Hermelindo García Núñez, Sindico Municipal de Chalchiuitán, integrante del Partido Acción Nacional.

238 familias desplazadas en los campamentos Barrio Shishimtotik, Tulantik, Ch’enmut, Bololchojon, Cruz K’ak’anam, Jolcantetik, Cruzton, Bejelton y de Barrio Pom, perdieron las pocas pertenencias que tenían en las viviendas hechas de plástico, madera y algunas con láminas. También derribaron baños construidos con  donaciones de organizaciones solidarias como Cáritas.

La población en su mayoría mujeres, niñas y niños, se desplazó nuevamente después de la agresión e intimidación. Familias les prestaron espacios pero existe la amenaza de expulsarles de sus comunidades. Testimonios refieren que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intenten ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.

Al menos 1237 personas, permanecen en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin poder retornar a sus casas y parcelas de manera definitiva porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto donde grupos armados provenientes de Chenalhó, mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas.

A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, Chiapas, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano. El gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17 que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, “para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017”.[1]

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