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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Alzamos nuestra palabra por la Paz en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

5 de julio de 2023

Boletín No. 15

 

Alzamos nuestra palabra por la Paz en Chiapas

  • Recordamos y honramos a Simón Pedro como símbolo de quien lucha, sirve y da la vida por su pueblo.

 

Desde este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, afirmamos nuestra vocación y apuesta por los caminos de la Paz y la Justicia, junto a los pueblos y comunidades desde donde constatamos que en estas tierras se han ido levantando procesos de respeto y defensa por la vida y el territorio. Nos sumamos al caminar del Pueblo Creyente para construir la Paz desde abajo, para desmontar la violencia que está lacerando las comunidades y pueblos en Chiapas.

Recordamos en su segundo aniversario luctuoso a nuestro compañero de lucha Simón Pedro Pérez López, quien dio su vida por el pueblo, su andar es un ejemplo de servicio, compromiso, lucha inquebrantable y apuesta a lo organizativo es por ello que hoy abrazamos a su familia, a su comunidad Nuevo Israelita, y a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Nos sumamos a las voces y la accion necesaria por la Paz en todo el territorio de Chiapas y de México, en medio de una agudización de la violencia que genera una grave crisis de seguridad y violaciones a derechos humanos; los gobiernos Federal y Estatal pretenden ocultarlo y negarlo de manera deliberada ya que están implicados. Es claro que no se puede tapar la realidad con discursos vacíos en medio de una inseguridad y terror que emana de la delincuencia organizada en complicidad con funcionarios de las tres esferas gubernamentales, lo que también arrastra un profundo desgarramiento del tejido social de las comunidades y pueblos, teniendo como consecuencia un alto riesgo a la vida, seguridad e integridad física y psicológica, siendo los grupos más vulnerables las niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad.

El actuar del gobierno mexicano permite que impere la violencia. La impunidad y vínculos entre la delincuencia organizada con la clase política ha permitido su fortalecimiento y control territorial sobre la población mediante el terror, asesinatos, desaparición, tortura, robo, despojo y desplazamientos forzados, entre otros perjuicios.

En Chiapas hay un sistema de justicia que criminaliza a las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, fabrica delitos y culpables, como el caso de los cinco compañeros de San Juan Cancuc, de los dos compañeros de San Jerónimo Bachajón, y Manuel Gómez Vázquez Base de Apoyo del EZLN, así como a Bersaín Velasco García ambos del municipio de Ocosingo, Chiapas, todos indígenas tseltales. Hoy exigimos su libertad y alto a la criminalización.

Son múltiples los agravios y las expresiones de la violencia, se suman también las agresiones contra la población civil y violaciones a la tierra y territorio en comunidades y pueblos autónomos; una agudización del fenómeno del desplazamiento forzado que tan solo del año 2021 a la fecha ha dejado alrededor de 7500 víctimas; así  como un aumento de la desaparición de personas en medio de la disputa de los territorios por parte de la delincuencia organizada, además de la remilitarización a través de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, cuya estrategia de seguridad ha sido evidenciada como fallida.

En medio de este contexto convocamos a quienes la Paz le resuena en su corazón como un camino para fortalecer e inspirar a cambiar estos días de obscuridad por caminos de luz, que nos provoque a reconstituir los pueblos y comunidades que están siendo asediadas por estos males. Evocamos a nuestro jTatik Samuel Ruiz García, del mismo camino que sigue el Pueblo Creyente en Chiapas para que todas y todos transitemos por la defensa de la vida y el territorio desde la dignidad de los pueblos que somos.

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El Presidente de la República miente y encubre la violencia en Chiapas

El Presidente de la República en su mañanera de hoy miente y encubre la violencia en Chiapas y es cómplice de las agresiones hacia las comunidades

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de junio de 2024

  • El gobierno federal cómplice de la violencia en el estado y las agresiones hacia los pueblos y comunidades.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas realizada el día de hoy en su conferencia mañanera por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que vulnera nuestro trabajo en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años en el estado, y que sigue creciendo, consolidándose como un elemento estructural en los territorios de los pueblos de los Altos, Costa, la grave violencia en la Frontera Sur, Norte y Selva del estado, lo que ha impactado en los pueblos, varias de ellas son de comunidades originarias e históricas que se organizan por la vía pacífica y de forma antagónica a la política del Estado mexicano en medio de una  diversificación y opacidad de grupos armados, grupo de la delincuencia organizada, sucesores del paramilitarismo que utilizan la violencia para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente.[1]

El negacionismo de esta violencia por parte de AMLO profundiza la impunidad impulsada desde actores municipales, estatales y federales que abonan al despojo, explotación y marginación social, además de agudizar la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, y particularmente promueve los ataques sistemáticos contra el proyecto político de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezados por grupos armados corporativistas, que han perpetrado desde el 2019 a la fecha, más 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región zapatista de Moisés y Gandhi, que pertenece a la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, zona Patria Nueva, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, México.

Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba, además de realizar intervenciones ante las autoridades de los gobiernos estatal y Federal, a quienes hemos hecho llamados enérgicos para que respeten y garanticen la vida e integridad física y psicológica de los pueblos y comunidades que pertenecen a la Región de Moisés y Gandhi. Los gobiernos han sido omisos, a la par que el grupo armado actúa con total impunidad siguiendo con las agresiones ante el ominoso silencio de las instituciones del gobierno mexicano.

Hay que sumar que los integrantes de estos grupos armados corporativistas son parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida; cuya implementación en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios.

Recordamos al gobierno mexicano que en Chiapas nos encontramos en medio de un conflicto político-militar irresuelto, y que tiene pendiente el respeto de las tierras y territorios de los pueblos, quienes siguen siendo invisibilizados, enmarcados tanto en los derechos consignados en los tratados y declaraciones internacionales, así como lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés, por ello las causas que propiciaron el levantamiento del EZLN siguen siendo vigentes.

 

[1] Informe Frayba 2023. Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado: https://frayba.org.mx/sites/default/files/Informes/Informe-Frayba-2023/Informe-Frayba-2023_Chiapas-un-desastre.pdf

 

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Caso Antonio González Méndez vs. México: un crimen de Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14

  • Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.

El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.

Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.

El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Ejecuciones, reclutamiento y desplazamiento forzado en la frontera sur de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
28 de mayo de 2023

Acción Urgente No. 2

Ejecuciones, reclutamiento y desplazamiento forzado en la frontera sur de Chiapas

  •     Permisibilidad del Estado mexicano de graves violaciones a Derechos Humanos

 

El municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, vive una profunda crisis derivado de la espiral de la violencia que se ha vivido en esta región y en estos días se ha intensificado, violentado el derecho a la vida e integridad personal de comunidades y pueblos, según por la disputa territorial de grupos armados pertenecientes a la criminalidad bajo el auspicio y observancia de los gobiernos municipal, estatal y federal.

Según información que ha llegado a este Centro de Derechos Humanos, es sumamente grave y de difícil documentación dando el contexto de violencia, no obstante fuentes confidenciales nos refieren los siguientes:

El 25 de mayo se dieron ataques armados donde la población civil ha sido afectada, directamente en donde se han asesinaron a personas según en fuego cruzado.

El 26 de mayo, durante el entierro de una mujer, que había sido asesinada en fuego cruzado, un grupo de hombres fuertemente armado lanzaron ráfagas de disparos, hechos ocurridos hacia la comunidad de Nueva Independencia (El Lajerío), municipio de Frontera Comalapa. De igual forma a la altura de la localidad de Chamik, ubicado en la carretera Comalapa – La Trinitaria, cerraron la carretera y quemaron de vehículos.  A partir de estos hechos decenas de personas se desplazaron de sus hogares.

Durante el 27 de mayo, se registraron bloqueos en los puntos de 3 Maravillas, Pacayalito (Nuevo Amatenango), en el desvío de Nuevo México, Santa Rita, Paso Hondo y Chamic. Se pudo observar una caravana de vehículos artillados y de los conocidos como monstruos, quienes realizan recorridos de vigilancia en carreteras rurales y calles.

La aquiescencia del Estado a través de instituciones castrense se identifica en los territorios donde se están suscitando estos hechos. En la localidad de El Jocote existe un destacamento del Ejército mexicano. En el tramo carretero Paso Hondo – Frontera Comalapa, está establecido un destacamento de la Guardia Nacional. En el municipio de Chicomuselo, está el cuartel más grande del Ejército mexicano en Chiapas. Testimonios refieren que frente a estas instituciones se pasean las caravanas de vehículos transportando personas fuertemente armadas.
Los últimos 4 días se incrementó de manera alarmante la violencia en el municipio. Jóvenes de diversas comunidades fueron reclutados de manera forzada por la delincuencia; refieren de por lo menos tres mil personas fueron desplazadas de sus comunidades, unas buscando albergues provisionales, y otras llevan días refugiándose en los montes o algún lugar seguro; así también nos informan que muchas familias permanecen en sus casas sin poder salir, están encerradas por el terror extremo que están viviendo. Se ha llegado a esto bajo las mecánicas de complicidad y abandono del gobierno mexicano.

La acción de estos grupos armados son perjudiciales, varios de ellos de difícil reparación, son daños e impactos que pudiéramos denominar escenarios de guerra, que se han prolongado en meses, días, sin que se atienda para cambiar esta realidad, es por ello que recordamos al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, estos son la esencia para que los ciudadanos puedan vivir en condiciones donde se respeten todos los derechos que son parte del pacto social que tenemos como país.

Por tal razón desde el Frayba:

Primero: Exigimos que, en el marco de nuestra Carta magna, tratados y convenios internacionales ratificados por México, se garantice la vida e integridad personal de la región fronteriza del Estado de Chiapas, con el objetivo de parar y evitar la vorágine de la violencia que está impactando gravemente a mujeres, hombres, niñas, niños, personas de la tercera edad.

Segundo: Urgimos al Estado mexicano, aplique medidas cautelares y precautorias; medidas de emergencia que garantice plenamente la vida, la seguridad e integridad física, psicológica y emocional de las y los habitantes de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Trinitaria.

Tercero: Se garantice el derecho inalienable de las personas a vivir una vida sin violencia en sus territorios, así como garantizar la Paz.

Convocamos a la solidaridad nacional e internacional, manifestemos nuestra exigencia de vivir en paz, realizando acciones de protesta pacífica, así como difundiendo y firmando esta acción urgente:

 

https://frayba.org.mx/ejecuciones-reclutamiento-y-desplazamiento-forzado-en-la-frontera-sur-de-chiapas

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La opacidad e inacción del Estado mexicano es una amenaza inminente a la paz en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
26 de mayo de 2023

Boletín No. 12

La opacidad e inacción del Estado mexicano es una amenaza inminente a la paz en Chiapas

  •     Tensión en territorio zapatista
(Descarga aquí)  

El primero de enero de 1994, se levantó en armas el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declarando la guerra al Estado mexicano, luchando por trabajo, educación, salud, justicia, tierra y libertad, después de 12 días y por la presión de la sociedad civil nacional e internacional se decretó el cese al fuego en contra de los pueblos zapatistas. Posterior a los Diálogos de San Andrés el gobierno mexicano incumplió con los acuerdos para reformar la Constitución y cumplir a cabalidad con los derechos de los pueblos indígenas, a partir de entonces el EZLN ha construido su autonomía y autodeterminación en su territorio de manera civil y pacífica, además es un actor clave para el avance y ejercicio de los derechos de los pueblos originarios.

Durante estos 29 años el EZLN ha sido hostigado y continuamente agredido por el Ejército mexicano y grupos afines al Estado, las estrategias de guerra y contrainsurgencia modifican sus métodos de violencia, con finalidad de destruir y cooptar los movimientos de resistencia y emancipatorios que están pugnando por el respeto de sus derechos, y en este territorio por los derechos colectivos que reivindican como pueblos originarios.

Los hechos de violaciones al territorio, a la autonomía y libre determinación, las agresiones, ataques armados, criminalización entre otros, los hemos documentado y denunciado constantemente en todas las esferas de responsabilidad, tal y como fue el asesinato impune del maestro Galeano en el 2014, que marco un nuevo escenario con organizaciones aliadas a los gobiernos en sus tres niveles (municipal, estatal y federal).

Este sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se ha quedado atrás, los ataques hacia las tierras recuperadas del EZLN son constantes, en algunos territorios autónomos hemos documentado agresiones, amenazas y ataques armados, como es el de la Junta de Buen Gobierno (JBG) del Caracol 10 de Patria Nueva, las Bases de Apoyo del EZLN han sufrido graves violaciones a derechos humanos como privaciones arbitrarias de la libertad, torturas, desplazamiento forzado y varios heridos por armas de fuego.

En la actualidad está vigente la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en la que el EZLN es ejemplo y ha tenido una acción continua en la que propone, construye y resiste de manera pacífica, siendo un parteaguas para muchos pueblos que están por la defensa de la vida y el Territorio.

De todos estos hechos de agresión y ataques hacia el movimiento zapatista, se ha informado con todo el rigor documental a las instancias del Estado que tienen la competencia y que deben respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, sin que hayan mostrado voluntad política para atender la urgente situación. Desde el Frayba expresamos nuestra preocupación por la constante violencia que ha recibido el EZLN y que vemos un incremento debido a la impunidad activa generada desde el gobierno mexicano.

En uno de sus últimos comunicados del 2021, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN (CCRI-CG-EZLN) advertía que Chiapas se encontraba al borde de la Guerra Civil.[1] Su perspectiva es un síntoma de los que vamos viviendo en el territorio Chiapaneco.

Desde el Frayba manifestamos que vivimos en una constante inseguridad, con alto riesgo a la vida, lo cual ha dado el incremento de la violencia extrema contra las Bases de Apoyo del EZLN, como el cometido el 23 de mayo en la región de Moisés y Gandhi. Esto se ha expandido hacia otros territorios que están siendo vulnerados desde la criminalidad que controla las vidas de comunidades y pueblos como lo que sucede en la frontera sur de Chiapas.

Ante este contexto declaramos que nuestro deber insoslayable es el de parar esta violencia que viene creciendo y vemos que se puede hacer con la organización de los pueblos, comunidades, organizaciones, barrios y colonias; desde su propia raíz y cultura, para desactivar la violencia y construir la paz desde abajo, apostando la posibilidad de la reproducción de la existencia en donde se pondere la buena vida.

Es urgente que el Estado mexicano haga su trabajo a cabalidad y atienda inmediatamente el problema de fondo a fin de garantizar el diálogo y la paz en Chiapas, generando rutas claras para alcanzarla.

Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a exigir al Estado mexicano actúe de manera contundente para que cesen de manera inmediata los ataques hacia el proyecto político autonómico del EZLN y la violencia generalizada en el estado de Chiapas, así también solicitamos a la solidaridad a dar muestras de apoyo a los pueblos que defienden la vida, el territorio, a la madre tierra y la paz.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

El poder judicial del estado de Chiapas condena a 25 años a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc por defender su territorio

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
17 de mayo de 2023

Boletín No. 10

El poder judicial del estado de Chiapas condena a 25 años a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc por defender su territorio

  • La criminalización a los pueblos indígenas, causa recurrente en Chiapas.

Desde este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunciamos la criminalización hacia los defensores del territorio; el gobierno Chiapas una vez más actúa con toda impunidad. El día de hoy 17 de mayo del 2023 el Poder Judicial del Estado de Chiapas declaró culpables a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez, cinco indígenas defensores comunitarios, del pueblo maya tseltales de San Juan Cancuc, privados arbitraria de su libertad por defender su territorio, a quienes se les condenó a 25 años de prisión por un delito que no cometieron.

Para establecer la condena la Juez utilizó criterios legales de 1993 es decir, criterios de hace más treinta años, a pesar de todas las reformas legales que han ocurrido en México que deberían de garantizar los derechos humanos. La Juez le dio valor probatorio a las declaraciones de los policías municipales, cuando ellos debieron ser los primeros en ser investigados, ya que la muerte aconteció en la patrulla de la policía municipal de San Juan Cancuc; otro hecho notorio fue que dio valor a un acta de defunción alterada.

El 3 de mayo de 2023, los cinco indígenas tseltales rindieron su declaración frente a la Juez, en donde mencionaron que tres de ellos fueron detenidos de manera arbitraria el día 29 de mayo de 2022, en San Juan Cancuc, mediante un operativo conjunto de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, para después ser entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados.

Los dos últimos, declararon que fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada el día 1 de junio de 2022, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5  (CERSS No. 5) de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad, hecho realizado por las Fuerzas de Seguridad el día 29 de mayo de ese mismo año, ninguno de estos elemento arbitrarios fueron tomados en cuenta, por lo que una vez más dan evidencia de la acción recurrente de criminalización hacia los pueblos originarios que defienden al territorio.

Este caso es parte de un modelo de complicidad que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, junto con jueces y fiscalías para generar la fábrica de culpables y mantener a personas inocentes en prisión, por lo que, la falta de acceso a la justicia es un lastre del sistema jurídico mexicano.

El Frayba exige libertad y justicia a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc, ya que tenemos plenamente documentado la existencia de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas el debido proceso legal, haciendo notar la ineficacia de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, las cuales son carentes de valor jurídico, además de la parcialidad del Poder Judicial que actuó ignorando las evidencias claras de las privaciones arbitrarias de la libertad que fueron objeto los cinco defensores del territorio. Por último, referimos los argumentos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que menciona que, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de la libertad en violación de las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad.[1]

[1]Opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el diez de septiembre de 2021, relativa a Adrián Gómez, Germán López, Abrahám López, Juan de la Cruz y Marcelino Ruiz (México).    https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5647086&fecha=29/03/2022#gsc.tab=0

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Abrazamos a las madres que buscan a sus hijos e hijas. No Conocemos Fronteras para Buscarles

10 de mayo de 2023.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

XII Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus hijos e hijas
¡Verdad y Justicia!
No Conocemos Fronteras para Buscarles.
Concentración Pública con Madres Buscadoras de Chiapas

Este día, en que celebramos el Día de las Madres, no es de celebración para muchas familias, ya que miles de madres buscan a sus hijos e hijas.

Ellas están marchando en la Ciudad de México, se están concentrando en varias plazas del país, están visibilizando la problemática que vivimos en este país, y por eso estamos aquí, con ellas, en esta plaza central en San Cristóbal de las Casas, para exigir justicia y hacer visible la desaparición de personas en Chiapas.

Esta problemática atraviesa a todo nuestro territorio mexicano, y aunque la cifra oficial es de 112,203 personas que han sido desaparecidas a nivel nacional, y de 1,314 en Chiapas, sabemos que la cifra es lamentablemente más alta cada día.

La violencia sociopolítica es la realidad que vivimos todas y todos los que vivimos y transitamos en este país. Chiapas no es la excepción, las zonas de los Altos, Norte, Frontera, Costa, Selva, y prácticamente toda nuestra entidad, se han vuelto un campo de batalla, un campo en disputa, con violencia, armas, muertos, familias desplazadas, feminicidios, secuestros; y la desaparición de personas va cada día en aumento. Aunque las autoridades del estado de Chiapas quieran maquillar y disfrazar esta realidad y hacernos creer que vivimos en uno de los estados más seguros y que tenemos a un gobierno con autoridades eficaces y eficientes cercanas a las personas.

La realidad es que las niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y jóvenes, personas en contextos de movilidad humana nacionales e internacionales, desaparecen día a día, y la principal demanda de las Madres sigue siendo: ¡Regrésenos a nuestras hijas e hijos!, ¿dónde están?, ¡queremos a nuestras hijas e hijos en casa!, ¡este día no es de fiesta, sino de lucha y de protesta!

Las Madres que buscan a sus hijos e hijas, y las organizaciones que les acompañamos, seguiremos gritándole al Estado que su omisión e indolencia lo hace responsable de esta tragedia que se vive en las familias, ya que hemos comprobado, día con día, que las instancias del Gobierno Federal y Estatal, las Fiscalías, la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, realizan acciones de simulación y son las madres quienes verdaderamente realizan las acciones de investigación y de búsqueda, poniendo en riesgo su seguridad, su integridad y su vida.

Es por ello que, desde el Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas, acompañamos esta concentración en la plaza pública en San Cristóbal de las Casas, mencionando que un día como hoy es un símbolo de lucha, de resistencia, de búsqueda, pero también es un símbolo de mucho amor, de madre a madre que exige justicia, para que ninguna otra madre viva este dolor. Esta concentración es por la vida, por la esperanza, por el amor, por el regreso, por la verdad y la justicia. No están solas, compañeras, las acompañamos desde cada rincón que habitamos.

Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Melel Xojobal
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes (VM-APM)

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Se dicta sentencia condenatoria en el proceso penal en contra de José Luis y César por defender su territorio de la militarización

e dicta sentencia condenatoria en el proceso penal en contra de José Luis y César por defender su territorio de la militarización

  • El 03 de mayo de 2023 el Juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres del Distrito Judicial de Ocosingo, dictó sentencia que condena a 2 años de prisión a los defensores del territorio tseltal del municipio de Chilón.
  • El Poder Judicial del Estado de Chiapas se suma a la criminalización a defensores comunitarios de derechos humanos.

 

El 15 de octubre de 2020 durante las acciones de manifestación pacífica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón, César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis) mayas tseltales del pueblo de Chilón y defensores de derechos humanos, fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados; 11 personas más resultaron heridas.

El pasado 24 de abril de 2023 inició el juicio oral de José Luis y César, defensores del territorio, durante el desarrollo de las distintas audiencias se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020; los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de Policía Estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del día 15 de octubre de 2020 cuando los Ejidos de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón se opusieron a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio indígena sin que hayan sido consultados previamente. De igual manera, la Fiscalía no demostró la calidad de peritos y legistas expertos en su materia dentro de la investigación que sostenían el dicho de los elementos que acusaban a los defensores comunitarios.

Las organizaciones firmantes nos solidarizamos y lamentamos la decisión del juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo, de haber dictado una sentencia condenatoria de 2 años que criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios. Hacemos un llamado al Gobierno del estado de Chiapas a detener la criminalización y judicialización  de las personas defensoras de derechos humanos y de la vida.

 

Contactos Frayba

Dora Roblero, Dirección Frayba: +52 967 134 0759;

Equipo Regional Zona Norte: +52 967 141 0420

       
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presentación del Informe Frayba “Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado” – 9 mayo

Les invitamos a nuestra magna presentación del Informe Frayba “Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”.

Reflexionemos juntas sobre la violencia actual en Chiapas, la continuidad de la contrainsurgencia, desplazamiento forzado y despojo a la tierra y el territorio.

Martes 9 de mayo.
18 horas.
Oficinas Frayba. Brasil 14, Barrio de Mexicanos, SCLC, Chiapas.

Live vía FaceBook del Cdh Frayba y en www.frayba.org.mx/envivo

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Frayba denuncia el desalojo del Campamento Tierra y Libertad en Mogoñe Viejo, Oaxaca

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que monitorea la Caravana El Sur Resiste, recibió información, relacionada al desalojo del Campamento Tierra y Libertad en Mongoñe Viejo, Oaxaca. El día de hoy 28 de abril, alrededor de la 10.38 hrs., un grupo de agentes de la fuerza de seguridad entre ellos Policía Municipal Guardia Nacional  y Marina Nacional, el cual era mantenido por el Pueblo Mixe con acciones pacíficas de manifestación con la finalidad de detener las obras del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec relacionado al Corredor Transístmico. Durante el desalojo fue detenida María Magdalena Martínez Isabel, Fernando Hernández Gómez, Adela Severo Teodoro, Esperanza Martínez Isabel, Elizabeth Martínez Isabel y Eliodoro Martínez Isabel, sin que hasta el momento sepamos de sus paraderos. Así también se reporta una compañera golpeada. El Campamento fue destruido y robadas pertenencias.

Este campamento cumplió 60 días en resistencia, con más de sesenta movilizaciones por parte de las comunidades desde julio 2019, donde han recibido constante hostigamientos y amenazas. El día de ayer recibió la Caravana El Sur Resiste.

En estos momentos integrantes de la Caravana El Sur Resiste se encuentran manifestándose en la carretera transístmica a la altura de Oteapan, Veracruz para denunciar la agresión sufrida por parte de elementos del gobierno federales y del estado de Oaxaca. Por lo que pedimos que se respete esta manifestación pacifica y los derechos quienes expresan su inconformidad sobre las acciones represivas de agentes del estado.

Desde el Frayba exigimos la inmediata liberación de los y las indígenas mixes detenidos, cese a la represión y respeto a los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, el respeto del derecho a manifestación de las comunidades y pueblos contra el despojo e imposición de proyectos de desarrollo, violatorios de los derechos de los pueblos originarios.

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