Frente a la Masacre en Niños Héroes, exigimos al Estado mexicano investigar responsabilidades
Preocupa especialmente el asesinato de civiles en medio del fuego cruzado entre la Guardia Nacional y un grupo armado.
Exigimos indagar la responsabilidad de la Guardia Nacional en los hechos.
El Centro de Derechos de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas tiene conocimiento de la masacre ocurrida el pasado 31 de marzo del año en curso en la localidad Niños Héroes, del municipio La Concordia, en donde, de acuerdo con testimonios, fueron asesinadas alrededor de 25 personas en el marco de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional (GN) y un grupo armado. En estos hechos resultaron heridas y asesinadas personas de la población civil que se encontraban esperando el transporte conocido como Chalán para cruzar la presa La Angostura, quienes quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado.
De acuerdo con lo documentado por este Centro de Derechos Humanos, entre las 10:00 y 12:00 horas comenzó a concentrarse un aproximado de 40 personas, entre las que se encontraban mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como personas mayores, en la rivera de la presa La Angostura para tomar el transporte que les cruzaría, junto con sus vehículos, de la comunidad Niños Héroes hacia Ignacio Zaragoza.
Durante su espera la Guardia Nacional arribó al lugar en persecución del grupo armado, suscitándose un fuerte enfrentamiento entre ambas partes, colocando a la población en medio del fuego cruzado, vulnerando el derecho a la vida e integridad por el uso desproporcionado de la fuerza.
Según testimonios, en el fuego cruzado fueron asesinadas aproximadamente 25 personas, entre estas perdieron la vida diversos civiles y un sin número de personas resultaron heridas. Preocupa la circulación de videos grabados por las propias Fuerzas Federales en los que se refiere que las personas asesinadas presentaban tiros en la cabeza. Por los hechos posiblemente se trató de tiros de gracia, es decir que podrían ser ejecuciones extrajudiciales.
Desde el Frayba y otras voces de la sociedad civil, hemos insistido en la necesidad de una intervención no militarizada ante el aumento de grupos armados. Lo expresado corrobora la incapacidad de estas corporaciones para intervenir en pleno respeto de la población, y garantizar su vida e integridad física y psicológica.
Hacemos un enérgico llamado al Estado mexicano a indagar esta masacre; así también a identificar las responsabilidades de la Guardia Nacional en el uso excesivo de la fuerza, asesinato de civiles y probables ejecuciones extrajudiciales. Las investigaciones deben contemplar también la falta de prevención diligente por parte de la Guardia Nacional respecto a los lamentables hechos.
Insistimos en la necesidad de replantear la estrategia de seguridad en la región garantizando la vida y los derechos humanos de la población; además de brindar una atención integral a las víctimas de esta masacre.
Memoria, Verdad y Justicia, deudas pendientes del Estado mexicano
El cinismo: un reflejo de la persistencia gubernamental frente a los crímenes de lesa humanidad.
En conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad, este Centro de Derechos Humanos reafirma su compromiso de exigir verdad y justicia frente a las graves violaciones a los derechos humanos en Chiapas y México. Denunciamos la ineptitud, indiferencia y complicidad con la que, gobierno tras gobierno, han negado estos derechos a las víctimas y sobrevivientes.
La impunidad reina en los hechos de la guerra sucia que abarca del año de 1964 a 1990, al igual que en la continuidad de las acciones de contrainsurgencia a partir del levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional desde 1994. No se ha investigado, ni sancionado adecuadamente a los responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, tortura sexual y desplazamiento forzado en las zonas Norte, Altos y Selva del estado de Chiapas. Esto incluye la Masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997 y la Masacre de Viejo Velasco del 13 de noviembre de 2006, entre otros casos de severas violaciones a los derechos humanos.
A esta impunidad histórica se suma la actual crisis humanitaria derivada de la violencia generalizada desarrollada tras la declaración de “guerra contra el narco”. A la fecha facciones oscuras de poder gubernamental, empresarial y delincuencial configuran relaciones complejas en las que se disputa el control poblacional y territorial a través de mecanismos de terror. Como resultado se ha registrado la desaparición de 114 926 mil personas durante los gobiernos anteriores y el de ahora.
México enfrenta hoy una profunda crisis, el crimen organizado controla territorios completos en diversas partes de la república mexicana. Para ello instaura estructuras fácticas de gobierno, o bien captura a las estructuras estatales, resaltando las municipales y comunitarias. Chiapas es en este momento un punto rojo de esta problemática.
Constatamos que las instituciones de México no han logrado romper con pactos de impunidad hacia los anteriores regímenes, como con las fuerzas armadas. Ello impide esclarecer, investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos. Ante esta abismal impunidad, las violaciones a los derechos humanos se repiten y convierten en patrones.
Frente a ello, es loable la labor de víctimas y sus familiares, junto a quienes luchan por la justicia. A contracorriente perseveran en las exigencias de verdad y justicia. Ejemplo en esta terca lucha son las madres buscadoras con quienes nos solidarizamos. Estas acciones contribuyen a la no repetición, al no olvido y a la dignificación de las víctimas, fundamentos de su lucha por una vida digna y la denuncia pública de los responsables y causas de tales violaciones.
El cinismo ha marcado la continuidad de los gobiernos frente a los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la memoria resplandece, emergiendo de la voz de los pueblos que, desde el polvo de la injusticia escriben y propagan la historia no reconocida, que condena a los perpetradores al peso del no olvido.
Es la dignidad de las víctimas y los sobrevivientes la que nos convoca y nos impulsa éticamente a contribuir en sus procesos de procesos para una justicia integral.
Este Centro de Derechos Humanos insta a la sociedad civil, tanto nacional como internacional, a continuar en la larga lucha por la verdad y la justicia. Desde abajo, como pueblo organizado, podemos mantener viva la historia habitándola nuestros corazones y mentes. Juntas podemos abrir grietas a la impunidad estatal.
Vivimos en Chiapas un gran pesar y preocupación, por la multiplicación de atentados contra la vida, por el atropello de los más elementales derechos humanos y por la represión de los procesos populares. […] nos empeñamos a ser fieles en nuestra vocación […] aportando valores para la humanización de la tierra y sirviendo preferentemente a los más pobres. No podemos mantenernos al margen de lo que está sucediendo entre nosotros.
jTatik Samuel Ruiz García. Carta Pastoral En Esta Hora de Gracia, 1993
Hoy conmemoramos el 35 aniversario de nuestro caminar desde y con los pueblos, organizaciones y colectividades organizadas por la construcción de un mundo más digno donde los derechos humanos sean una realidad y no discursos huecos utilizados por quienes detentan el poder político, económico e ideológico.
En este andar, que es un parpadeo en la historia de la resistencia de los pueblos, aprendemos permanentemente de sus formas de organización, de su mirada de lucha, nos acercamos a sus sueños, que muchos de ellos son también nuestros, aprehendemos la esperanza, a construirla a pesar de una mala jornada y referenciarla en los logros de los hombres y mujeres de los pueblos que han tejido la defensa y vivencia de sus derechos.
Por esto y mucho más, desde el Frayba consideramos que es un privilegio y una responsabilidad el camino andado. Por lo que reiteramos que seguiremos buscando y construyendo con los procesos organizativos que acompañamos en la construcción de justicia y verdad, desde y con quienes siguen siendo victimizadas por el sistema de muerte que busca destruir las dignas causas de los pueblos.
El Estado mexicano, está en una etapa de fortalecimiento acorde a los intereses del Capital y en contra de la Vida. México, se ha convertido en un territorio de graves violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía y de población migrante que es expulsada por el terror de la violencia y la miseria en sus países de origen. En este contexto de violencia generalizada y crisis institucional, incumple su responsabilidad de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.
En este periodo electoral todo se agudiza y la impunidad se fortalece. El actual gobierno se sostiene empecinado en mantener su imagen de una autoproclamada Cuarta Transformación, que al igual que los gobiernos anteriores solo consolidan los pactos de impunidad y profundiza la crisis de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Los escenarios para los pueblos, para la clases marginadas y explotadas, no se vislumbran cambios estructurales. Las perversiones de los gobiernos anteriores se colocan como agenda pendiente de este gobierno, detonando una espiral de violencia, en que la mayoría de la población queda en el abandono y que impacta en: desapariciones de personas, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, torturas y privaciones arbitrarias de la libertad en un marco de represión y fábrica de culpables instalado como una práctica cotidiana, violaciones a los derechos a la tierra-territorio, agresiones, amenazas y hostigamientos a personas defensoras.
Con base a la documentación de graves violaciones y con el sustento de fuentes directas, sostenemos que en Chiapas existe un dolor e indignación profunda por los mecanismos de la violencia que se dan cotidianamente en el territorio de Chiapas: 1) En la zona Altos con una circunstancia prolongada de desplazamiento forzado, no atendido en sus causas, por la actuación de grupos sucesores del paramilitarismo[1]. 2) En la zona Centro; la desaparición de personas, secuestros y asesinatos. 3) En la zona Costa; la corrupción, la vulnerabilidad de las personas migrantes asediadas por la delincuencia organizada y la represión estatal patente en un mayor control migratorio por las Fuerzas Armadas. 4) la zona Fronteriza; con despojos del territorio, desaparición de personas, reclutamientos forzados, cobros de piso, territorios controlados y zonas silenciadas por la violencia generalizada y 5) la zona Selva; con agresiones, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desplazamientos forzados y amenazas al territorio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como de otras organizaciones y comunidades.
En esta jornada electoral las vías están comprometidas a una elección de continuidad de Estado. Donde las reglas de la gobernanza criminal perfilan que varios de los candidatos estarán vinculados a la delincuencia organizada y en el que otros están en riesgo por no responder a intereses fácticos.
Cabe señalar que la violencia generalizada en el país no es de hoy, ni del actual régimen de gobierno, sino que viene de por lo menos el año 2006, con el exPresidente Felipe Calderón y se mantienen a la fecha. Tres sexenios han pasado, es decir 18 años en que los pactos de impunidad se sostienen y tienen sumergido a Chiapas y todo el territorio mexicano en una crisis de violencia y muerte.
La permisividad y complicidad de los poderes político, económico e ideológico propician un territorio idóneo para que operen los poderes fácticos criminales, configurando de esta manera un escenario de macro-criminalidad, lo cual desarma la narrativa que viene de las altas esferas de los gobiernos estatal y federal con la pretensión de construir una realidad manipulada y distorsionada donde no pasa nada.
En estos tiempos de desasosiego, en este Encuentro Entrelazando La Esperanza, los procesos organizativos y comunidades con las que caminamos nos interpelan, animan y convocan a no desfallecer en la lucha, a seguir construyendo desde los espacios inmediatos, a fortalecer nuestras alianzas y apuestas por la vida, con respeto total a la Madre Tierra.
Estando consientes que no será fácil, que la lucha es de larga duración y requiere la unidad de todas y todos, mujeres, hombres, jóvenes, manteniendo los principios fundamentales de la buena vida, en donde se expresen las diversidades de formas de espiritualidad, cultura e identidad, basados en la memoria colectiva, la verdad y la justicia, que es parte del devenir de las manifestaciones más humanas que los pueblos originarios nos han dejado, como parte de la construcción de la paz en un sentido de integralidad.
Desde el Frayba en sus 35 años, reconocemos la impronta profética de jTatik Samuel y su apuesta de caminar junto a las comunidades. Nosotras y nosotros refrendamos el compromiso con la lucha y defensa de los derechos de los pueblos, agradecemos la confianza y el amor que nos ha abrazado durante estos años, les decimos que estamos aquí enraizados junto a ustedes con su digna lucha que nos alienta e infunde esperanza en el caminar hacia la libertad, para derrumbar los sistemas de opresión.
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[1] Estrategia contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano derivado de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Llamamos al Poder Judicial de Chiapas a garantizar el cese a la criminalización judicial en contra de personas defensoras de pueblos originarios
Cinco compañeros defensores tseltales de San Juan Cancuc a punto de reponer su audiencia de juicio.
Permanece la criminalización hacia los pueblos zapatistas. Libertad para José Díaz.
El día de hoy, 5 de marzo, distintas voces nos manifestamos afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para exigir el cese a la criminalización de personas defensoras, en contra de quienes sistemáticamente se han fabricado delitos. Exigimos la liberación inmediata de José Díaz Gómez preso político zapatista y de los cinco compañeros defensores del territorio de San Juan Cancuc.
José Díaz Gómez, indígena Ch’ol y Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 17 del municipio de Catazajá, Chiapas. A José le fue fabricado un delito en su contra como represalia a su adherencia política zapatista, por lo que permanece recluido en prisión preventiva desde el pasado 25 de noviembre de 2022.
Su proceso se ha visto postergado maliciosamente. El Juzgado de Control que lleva la causa ha aprobado en tres ocasiones la ampliación del plazo de investigación en beneficio de la Fiscalía, pese a que esta no ha realizado ninguna investigación adicional. Este tipo de dilaciones han sido identificadas como parte de un patrón en que fiscales y jueces extienden el proceso y en consecuencia la prisión sin sentencia, todo ello con un fin de simulación.Durante este lapso ha sido cambiada en múltiples ocasiones su defensa pública, vulnerando los derechos a una defensa continua y diligente.
Frente a esta dilación, el Frayba ha solicitado en tres ocasiones, el cambio de medida cautelar, lo que permitiría llevar a cabo su proceso en libertad, a fin de mitigar las afectaciones a su salud y economía familiar. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa en cada ocasión.
También denunciamos la criminalización penal en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez defensores tseltales del territorio.
Los tres primeros fueron aprehendidos por policías municipales y estatales; Guardia Nacional; y elementos del Ejército mexicano el 29 de mayo de 2022 en el municipio de Cancuc. Posteriormente entregados a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, quien cometió actos de incomunicación y desaparición forzada por más de veinticuatro horas. Esta fiscalía fabricó una versión completamente distinta de la detención asentando que los tres habían sido aprehendidos el 30 de mayo – es decir un día después – en San Cristóbal de Las Casas por portación de enervantes.
Como atiende al patrón documentado en decenas de casos por el Frayba, durante su detención se fabricaron pruebas para inculparlos de un segundo delito que no cometieron, y se solicitó una orden de aprehensión por el mismo. Tras ser liberados por el primer delito, fueron inmediatamente detenidos por la segunda carpeta de investigación fabricada y llevados directamente al CERSS No. 5.
El día 01 de junio del mismo año, familiares de los tres detenidos y dos testigos, en compañía del personal del Frayba y de una organización internacional de observación de Derechos Humanos, se trasladaron al Juzgado de Control donde se llevaría a cabo la audiencia inicial contra los tres defensores. Estando fuera del CERSS, arribaron policías ministeriales quienes se llevaron a los dos testigos de nombres Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, sumándolos a la lista de defensores criminalizados.
A lo largo del Juicio, el Frayba ha señalado diversas violaciones a derechos humanos como la detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, traducción inadecuada durante el juicio y admisión de pruebas claramente deficientes por parte del Juzgado.
Desafortunadamente el proceso ha sido un laberinto burocrático que ha prolongado su detención preventiva por casi tres años. El día de hoy se llevará a cabo la reposición del juicio oral en el Juzgado de Control y enjuiciamiento con sede en San Cristóbal de Las Casas a las 15:00 horas. Por lo que exigimos se garantice el cese a este uso indebido de la maquinaria penal en contra de los cinco defensores del territorio, a través de una sentencia que reconozca las violaciones cometidas.
Hacemos un llamado al Poder Judicial del Estado a garantizar el cese a los procesos de criminalización en contra de personas defensoras indígenas en Chiapas. Para ello es importante que sus jueces escuchen las denuncias de las víctimas sobre las violaciones a derechos humanos cometidas con el fin de construir delitos en su contra, que estudie detenidamente las pruebas fabricadas para cerciorarse de sus inconsistencias, y que no sea parte de la prolongación indebida de la prisión preventiva que es una forma más de castigo al ejercicio de los derechos políticos.
A todas las personas, colectivos y organizaciones las convocamos a sumarse a las exigencias de libertad inmediata para José Díaz y los defensores de San Juan Cancuc.
También hemos visto cómo se conecta la memoria y el dolor.
Brigadista Civil de Observación
29 años las Brigadas Civiles de Observación en Chiapas.
Un movimiento de construcción de la Paz
Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a seguir poniendo sus ojos y oídos en la grave crisis de derechos humanos que se vive en Chiapas.
Tras el ¡Ya Basta! del 1 de enero de 1994, la reacción del Estado fue la violencia militar y paramilitar. Desde 1995, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) puso en marcha el Plan de Campaña Chiapas 94[1], cuyo objetivo fue acabar con la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), creando paramilitares. Las consecuencias de este plan, dirigidas principalmente en contra de poblaciones civiles fueron desastrosas, originando acciones de violencia y terror que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos.
El 28 de febrero de 1995, el Obispo Samuel Ruiz García, hizo un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para detener la guerra contra las comunidades zapatistas. Su llamado dio origen a los Campamentos Civiles por la Paz y más tarde, en junio de 1998, se crearon las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), que a 29 años se mantienen como una muestra de solidaridad del mundo hacia Chiapas. Siguen siendo un mecanismo que desde abajo ha logrado un contrapeso a la violencia ejercida contra los pueblos que resisten en Chiapas; rompen el cerco de la desinformación, documentan de primera mano y disuaden agresiones.
Desde su creación han participado más de 11.000 personas de 73 nacionalidades; el Frayba ha sido apoyado por 760 colectivos solidarios que promovieron el proyecto y prepararon a las personas observadoras; 146 campamentos fueron instalados en comunidades de Chiapas con una duración desde un año, hasta más de 2 décadas, como es el caso del que está actualmente en la comunidad de Acteal.
En el último año y medio, han participado 128 brigadistas muy diversas, como en años anteriores hay más participación de mujeres y cada año se suman más personas trans o no binarias: las edades van desde los 20 hasta los 69 años.
Actualmente la espiral de violencia nacida con el paramilitarismo se ha profundizado y complejizado. Los grupos armados se diversificaron y su categorización se vuelve cada vez más difícil de definir por la opacidad en la que se desarrolla su actuar. Frente a ello el Estado sigue siendo omiso, cuando no promotor o parte de dicha violencia.
En este contexto, se mantienen 3 campamentos: se mantiene el de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, sede de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ubicado en el municipio de Chenalhó -región Altos de Chiapas-, un segundo en Casa Betania Santa Martha, municipio de Salto de Agua, y el campamento 4 de agosto instalado en la Comunidad de Agua Clara, Palenque -ambos en la región Norte del estado-. En ellos las BriCO mantienen la observación y documentación de la situación de los derechos humanos en la región.
El trabajo realizado desde el proyecto BriCO forma parte inherente de la acción de defensa y promoción integral de los derechos humanos y de los pueblos originarios, por ello hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a seguir poniendo sus ojos y oídos en la grave crisis de violencia y derechos humanos que se vive en Chiapas, y seguir fortaleciendo la lucha de los pueblos por la vida con el mismo respeto que a lo largo de 29 años se ha conservado. Hoy mas que nunca su solidaridad nos sostiene.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
25 de enero de 2024 Boletín No. 03
El Pueblo Creyente artesano de la paz
13 Aniversario de la Pascua de jTatic Samuel
El Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas cumple 33 años, frente a un contexto de violencia provocado por diversos grupos armados que actúan con la aquiescencia del Estado mexicano. Desde la fe, los pueblos mayas de Chiapas siguen denunciando el abuso de poder, la falta de acceso a la justicia, represión y agresión que se sufren en sus territorios.
La memoria y aprendizajes nos abrazan; el Caminante en el Corazón de los Pueblos con Memoria y Horizontes, jTatic Samuel sigue iluminando el camino de los constructores de la paz con justicia y dignidad en el 13 Aniversario de su Pascua. El Pueblo Creyente no ha dejado de organizarse, continúa con su trabajo en las comunidades para la defensa de la vida. Su fortaleza parte del análisis de la realidad de sus comunidades en donde se construye su historia.
Desde el 16 de enero de 2023, más de 2300 personas de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, Chiapas, se encuentran desplazadas por la agudización de la violencia que se vive en sus comunidades; el desplazamiento forzado provocado por la violencia generada por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control del territorio les ha dejado fuera de sus hogares, las personas más afectadas son las mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos, mientras que el Estado mexicano incumple su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.
Frente a este contexto es urgente que el Estado mexicano implemente medidas para garantizar la protección integral de la población civil entre quienes se encuentran servidoras de la iglesia y defensoras del territorio.
Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando junto al Pueblo Creyente con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel. Hacemos un llamado a todos los pueblos de Chiapas para seguir construyendo la paz, a la sociedad civil nacional e internacional para que con sus acciones exijan el cese a las desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzados de la población, así como la reconstrucción del tejido social.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de enero de 2024
Boletín No. 03
Urge atender la actual crisis de desplazamiento interno en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas
2 300 personas desplazadas forzadas desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.
Exigimos a los Gobiernos federal y estatal, atender con urgencia a las personas víctimas de desplazamiento Forzado, así como las causas que dan origen.
El Gobierno de Chiapas niega se trate de un desplazamiento forzado.
En las primeras semanas del mes de enero del 2024 la violencia se ha agudizado en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas; la documentación realizada apunta a una verdadera crisis humanitaria traducida en al menos 2,300 personas en situación de Desplazamiento Forzado originarias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia. Estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada. El Desplazamiento Forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población.
El pasado 15 de enero en los límites de Nuevo Chejel (Municipio de Socoltenango) y Nueva América (Chicomuselo) se presentó un intenso enfrentamiento entre grupos armados; testimonios refieren: la desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado, así como impactos psicosociales expresados en pánico colectivo generado por el miedo permanente y la violencia.
El 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas, la población civil de Nueva América intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno.
A pesar del reto, dificultad y límites que representa la documentación del fenómeno actual derivado del miedo, desconfianza, incertidumbre y dispersión de la población afectada; logramos documentar la existencia de al menos 2 300 personas que se desplazaron de manera forzada para resguardar la vida e integridad personal de las comunidades: Alfonso Corona del Rosal, Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Pablo L. Sidar, Raizal, Francisco I. Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra, Labrada, Lázaro Cárdenas (Municipio de Chicomuselo), El Retiro, Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro, y San Isidro (Municipio de La Concordia), así como de Nuevo Chejel, Puerto Rico y Nuevo Resplandor (estos tres últimos del municipio Socoltenanco). Todas estas personas están refugiadas en cabeceras municipales de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán, algunas más han migrado hacia lugares como Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.
Mayoritariamente, quienes no lograron salir de sus hogares son personas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunas que decidieron quedarse para cuidar sus propiedades.
Acteal la persistencia de la memoria y la esperanza
XXXI años de búsqueda de paz y resistencia en medio de divisiones comunitarias promovidas por los gobiernos.
XXVI de impunidad, de lucha por la verdad y la justicia.
Son XXVI años de la Masacre de Acteal, Crimen de Estado que conmocionó al país por el actuar de la política genocida del gobierno mexicano en Chiapas. Son ya XXXI años del caminar de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que, paso a paso, avanzan en la construcción de la paz y la autonomía; son guardianes y guardianas de la memoria y la dignidad, y desde abajo impulsan acciones de justicia.
Es contundente el fracaso en los temas de justicia social, paz y seguridad del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas, quienes además obstruyen la justicia para Acteal. Han promovido la división comunitaria a través de proyectos gubernamentales, que representan la continuidad de la contrainsurgencia bajo formas de manipulación y cooptación. Han optado por abrazar, empoderar y premiar al poder militar y les han otorgado un perdón implícito por la violencia política desatada en la década de los noventa.
Queda clara la falta de voluntad del Estado mexicano para avanzar en acciones de justicia para castigar a los perpetradores de los crímenes del pasado. Los responsables siguen impunes. Esto es una muestra de la postura negacionista y la apuesta al olvido y la apatía.
En estos XXVI años en espera de justicia, contamos con dos notificaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se nos informa que el caso está en lista para la emisión del Informe de Fondo en el caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal). Aunque tarde, se abre una pequeña ventana para avanzar en la justicia y la reparación para las y los sobrevivientes, aunque sabemos que no vendrá cabal.
Los responsables en el momento de la masacre fueron: el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León; el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; el Secretario de la Defensa Nacional, General Enrique Cervantes Aguirre quien incluso fue condecorado por el Presidente de la República el pasado octubre de este año[1]; el Gobernador de Chiapas, Julio Cesar Ruiz Ferro; el Secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani; el Subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, y el Presidente Municipal de Chenalhó, Jacinto Arias, entre otros tantos funcionarios implicados.
Estamos conscientes que el proceso de lucha y resistencia de Las Abejas de Acteal es contra la amnesia social. Por ello es importante reclamar justicia y señalar a los responsables que construyeron e implementaron la estrategia de exterminio hacia la población civil en el marco de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como señalar la responsabilidad de funcionarios cómplices.
Ahora estamos inmersos en una espiral de violencia que confluye e involucra a los procesos históricos de exigencia de justicia. Las circunstancias son críticas en todo el estado de Chiapas. Sobresale la crisis de violencia en la zona fronteriza, cuya situación genera graves violaciones a los derechos humanos como desplazamientos forzados, desapariciones de personas, asesinatos, extorsiones, torturas, secuestros, control de población, comunidades y municipios silenciados. Todo lo anterior en medio de un proceso electoral que agudiza más la violencia en los territorios.
A pesar de este panorama obscuro, los procesos de lucha y resistencia de los pueblos se articulan para andar los senderos de la paz, la autonomía, la defensa del territorio, y el cuidado de la Madre Tierra, la Casa Común.
Dentro de esos procesos de lucha, Las Abejas de Acteal son ejemplo. Nos convocan en esta Casa de la Memoria y de la Esperanza a no perder el rumbo de la dignidad, a caminar desde abajo. Es en este Sitio de Conciencia donde rememoramos a quienes han dado la vida por la paz, en medio de un proceso de ver y pensar el pasado histórico para actuar en el camino hacia horizontes donde sembremos y cosechemos paz, cuyo fruto sea la justicia, la memoria y la verdad.
Manuel Gómez Vázquez es liberado después de 2 años, 11 meses y 7 días injustamente privado de su libertad.
El día de hoy se emitió sentencia absolutoria que ordenó la inmediata libertad para Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del #EZLN, al no comprobarse ninguna responsabilidad en la comisión del delito.
Agradecemos infinitamente la solidaridad de todas las personas, colectivos, organizaciones de derechos humanos que hicieron posible la libertad del compañero.
Jornada de bordado en solidaridad con los presos políticos de Chiapas, víctimas de la fabricación de culpables y rehenes del Estado mexicano.
Convocamos a bordadorxs solidarios para exigir la libertad inmediata y sin condiciones de nuestros compañeros presos políticos.
Está actividad se realizará el domingo 19 de noviembre en la Plaza de la Resistencia, también conocida como la Plaza de la Cruz, de 12 pm a 3 pm. Les invitamos asistir para mandar mensajes de solidaridad y de exigencia con los presos por luchar. Es una actividad para todas las edades, trae agujas e hilos para bordar, si no tienes aquí tendremos material.
Les recordamos que también ese día estaremos recaudando ropa de abrigo para nuestros compañeros presos políticos y sus hijxs. Ropa de abrigo de colores claros (no negro, ni azul marino, ni verde militar, pues son colores prohibidos en la cárcel), cobijas, además de cobijas; y ropa para infancias y adolescencias, de 3 a 15 años. Todo en buen estado y limpio.
¡Libertad inmediata para los 5 de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco!
¡Libertad inmediata para Manuel Gómez Vázquez y José Díaz compañeros base de apoyo zapatista rehenes del Estado mexicano!
