• Mina Santa Fe en Solosuchiapa violenta derechos a comunidades y ejidos.

Los Pueblo zoque, tseltal y tsotsil en Chiapas, se organizan en la defensa de la Madre Tierra porque su territorio se encuentra bajo el asedio de megaproyectos impulsados por empresas privadas que violentan sus derechos colectivos, especialmente a la autodeterminación y la autonomía.

En un comunicado con fecha 22 de junio de 2017, leído al final de una gran peregrinación en Tuxtla Gutiérrez, el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra denunció:

Sobre nuestros territorios la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno con un total de 70 mil hectáreas, 1 ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; 1 proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; 1 geo-parque en el mismo Volcán con 2,400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago. En total más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos se encuentran amenazadas por los proyectos extractivos1.

Un ejemplo de los proyectos extractivos es la minería que avanza sin procesos de consulta a las comunidades afectadas en los municipios de Solosuchiapa, Ixtacomitán, Pantepec, Rayón, Ixhuatán, Tapilula, Tapalapa, Copainalá, Coapilla y Chapultenango.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
23 de diciembre de 2018
Acción Urgente no.11

Nuevos desplazamientos forzados en Chalchihuitán, Chiapas

Destrucción de campamentos y amenazas a población tsotsil en desplazamiento forzado aumenta condiciones de vulnerabilidad y riesgo de 1146 personas.

Nueve campamentos que eran refugio de población en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, fueron destruidos el día 21 de diciembre de 2018, entre las 14:00 y 17:00 hrs., aproximadamente, en un contexto de agresiones por parte de Hermelindo García Núñez, Sindico Municipal de Chalchiuitán, integrante del Partido Acción Nacional.

238 familias desplazadas en los campamentos Barrio Shishimtotik, Tulantik, Ch’enmut, Bololchojon, Cruz K’ak’anam, Jolcantetik, Cruzton, Bejelton y de Barrio Pom, perdieron las pocas pertenencias que tenían en las viviendas hechas de plástico, madera y algunas con láminas. También derribaron baños construidos con  donaciones de organizaciones solidarias como Cáritas.

La población en su mayoría mujeres, niñas y niños, se desplazó nuevamente después de la agresión e intimidación. Familias les prestaron espacios pero existe la amenaza de expulsarles de sus comunidades. Testimonios refieren que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intenten ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.

Al menos 1237 personas, permanecen en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin poder retornar a sus casas y parcelas de manera definitiva porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto donde grupos armados provenientes de Chenalhó, mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas.

A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, Chiapas, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano. El gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17 que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, “para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017”.[1]

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
09 de noviembre de 2018
Acción Urgente no. 9

En riesgo la vida de indígenas tsotsiles de Aldama
Grupos armados de Santa Martha, Chenalhó, lesionan a dos personas e impiden cosecha de café en la comunidad de Xuxch’en.

El 7 de noviembre de 2018, un grupo de aproximadamente 20 personas integrantes del pueblo tsotsil, acudieron a sus parcelas ubicadas en Xuxch’en, Aldama, Chiapas, México, para cortar su café. Aproximadamente a las 11:00 horas, habitantes de Santa Martha Manuel Utrilla, Chenalhó, les dispararon y lesionaron a Emiliano Santíz Hernández, de 26 años. Esta es la segunda agresión en esta temporada de cosecha que comenzó el 12 de octubre.

El 19 de octubre de 2018, por la mañana bajaron de Tulantic, Cotzilnam, Tabac, Coco y la cabecera de Aldama, a levantar su cosecha, a las 11:00 horas personas de Santa Martha Manuel Utrilla les dispararon. “Algunas personas salieron corriendo y otras esperaron más de siete horas para salir. Hubo un herido, lesionado por arma de fuego. Una camioneta fue alcanzada por una bala, esta camioneta la dejaron y también sus cosechas”.

Solicitamos al Estado mexicano:

PRIMERO: Garantizar la vida, la integridad y seguridad personal de quienes están cosechando su café en la comunidad de Xuxch’en, Aldama, Chiapas, actividad indispensable para el sustento familiar.

SEGUNDO: Atender de manera urgente la situación de desplazamiento de 12 familias de la comunidad de Xuxch’en; y de las demás comunidades en condiciones de desplazamiento forzado en Aldama, Chiapas, aplicando de manera inmediata los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Así cómo realizar acciones de prevención a fin de evitar que continúen los desplazamientos de manera forzada de las comunidades de Aldama debido a las agresiones armadas en la región.

TERCERO: Implementar una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de Santa Martha Manuel Utrilla e investigar a fondo a las autoridades responsables de la organización y actuación de estos grupos. Reiteramos un alto al fuego.

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Sergio Alberto González Castro (Sergio Alberto) obtuvo su libertad después de 3 años de injusta prisión. Sergio Alberto es sobreviviente de Tortura, fue privado arbitrariamente de su libertad por Policías Municipales de La Concordia, el 05 de noviembre de 2015. Se encontraba en prisión en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados No. 08 de Villaflores, Chiapas.

Guillermo González Rodríguez, Juez Penal del Distrito Judicial de Villaflores, determinó el 04 de octubre de 2018, sentencia de libertad a Sergio Alberto por: “No haberse considerado penalmente responsable por el delito de abigeato agravado”. En el dictamen de la sentencia el Juez consideró que “los estudios médicos y psicológicos practicados a Sergio Alberto González Castro confirman ese hecho, siendo evidente que no deja lugar a dudas que el citado acusado fue torturado de una forma cruel e inhumana para obligarlo a firmar la declaración ministerial”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) y su defensa presentaron diversas pruebas que demuestran que Sergio Alberto fue torturado y que la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público de La Concordia se basa en confesiones obtenidas bajo Tortura así como otras pruebas ilícitas.

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Medios libres, comunitarios, autónomos, independientes

Prensa nacional e internacionales

Sociedad civil

El día 27 de septiembre normalistas que iban en siete autobuses hacia San Cristóbal de Las Casas, fueron parados a la salida de la cabecera municipal por aproximadamente 70 integrantes armados del municipio de Zinacantán, quienes retuvieron entre seis u ocho horas a 400 normalistas de la Escuela Rural Jacinto Canek. Los amenazaban con armas, que iban a quemar los autobuses y dispararon al aire para infundirle temor. Acto seguido alrededor de la 23:30 horas fueron bajados de los autobuses y desplazados de manera forzada, los agredieron físicamente; a todos les aventaron piedras, 10 alumnos fueron heridos, acosaron y abusaron sexualmente de las alumnas.

Ante los hechos descritos los normalistas responsabilizan de manera particular a Manuel Bolom, director de la Escuela Rural Jacinto Canek, debido a que él se ha dedicado a menospreciar, desacreditar ante las autoridades municipales de Zinacantán y a los 70 integrantes del ayuntamiento municipal de Zinacantán por las agresiones referidas.

Ante los hechos referidos este Centro de Derechos Humanos exigimos al gobierno de Chiapas:

Primero: Se implemente medidas cautelares y precautorias para garantizar la vida, la seguridad e integridad de los alumnos y alumnas de la Escuela Normal Jacinto Canek.

Segundo: Se investigue y castigue a los responsables de los hechos de agresión, abuso sexual y desplazamiento forzado que fueron objeto los normalistas y de la actuación del director Manuel Bolom.

Tercero: Se resguarde las instalaciones de la Escuela Rural Jacinto Canek, ya que existen las amenazas de saquear la escuela.

Cuarto: Se procure el pronto retorno con garantías de seguridad y de respeto hacia los y las normalistas de la Escuela Rural Jacinto Canek.

Pedimos envíen sus llamamientos al gobierno de Chiapas y firmen la acción urgente en:

https://bit.ly/2Ql2qIj

Se cumplen 4 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, México, el caso continúa en la impunidad. Otros crímenes de lesa humanidad se acumulan en la memoria colectiva de nuestro país: Tlatelolco, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, Acteal, Zona Norte, Viejo Velasco, Tlatlaya, San Fernando… y cada día el Estado mexicano aumenta su responsabilidad en masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados masivos y otras violaciones de derechos humanos.

En México se pretende negar la justicia pero la incansable lucha de las madres y padres de Ayotzinapa desnuda la responsabilidad de la Procuraduría General de la República por encubrir a los responsables de la desaparición de los normalistas. La evidente obstaculización de las investigaciones por parte de funcionarios encubre al intocable poder de Las Fuerzas Armadas.

Recientemente el Tribunal Décimonoveno de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (1) ya que las investigación por parte de la Procuraduría General de la República no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial. La postura del Estado es no cumplir con esta sentencia, la PGR y otras autoridades interpusieron un recurso alegando la “imposibilidad de crear la Comisión.” Sin embargo el Tribunal Colegiado confirmó que las autoridades deben cumplir con la sentencia. La trascendencia de la Comisión es supervisar y procurar el respeto de los derechos de los 43 desaparecidos y las familias, así como una oportunidad para que el Estado mexicano rectifique su posición frente a la investigación oficial para saber verdaderamente qué les pasó a los estudiantes y no en confirmar su “verdad histórica”.

La crisis de derechos humanos que vivimos en México se profundiza con la propagación del terror como herramienta para inmovilizar y callar a la población. El pasado 17 de septiembre de 2018, se encontraron dos camiones con un total de 395 cuerpos, más 49 que se encontraban servicio forense de Guadalajara, Jalisco. Los camiones refrigerados llevaba dando vueltas de un lado para otro durante más de dos semanas. Cientos de familiares llegaron a esa entidad buscando algún indicio para conocer el paradero de sus desaparecidos.

En el estado de Veracruz se encontró otra fosa clandestina, con indicios de al menos 166 personas, de hasta 2 años de antigüedad, de entre los restos hallados y exhibidos por la Secretaría de Gobernación se encuentran ropas de menores de edad. (2)

Exigimos al Estado mexicano realizar acciones concretas para atender las graves violaciones a derechos humanos no sólo las cometidos en la actualidad sino también en el pasado, pues no se podrá alcanzar una paz real si ésta no está acompañada de verdad, justicia, reparación integral y no repetición.

Saludamos a los padres, madres y demás familiares de los 43 estudiantes, así como a las organizaciones de derechos humanos y colectivos que los acompañan, su permanente movilización abona a la memoria, la justicia, la paz y la dignidad en México.

1. Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordena reponer el procedimiento del “Caso Ayotzinapa.” 4 de junio de 2018. Disponible aquí.
2. Hallan fosa clandestina con al menos 166 cuerpos en Veracruz. 06 de septiembre de 2018. Disponible aquí.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
A 26 de septiembre de 2018.
Boletín No. 22

Justicia y verdad: A 4 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Foto: Ayotzinapa (TrinoMaldonado)

Diócesis de San Cristóbal de las Casas; Chiapas, México
15 de agosto 2018

A los Hombres y las mujeres de Buena Voluntad, creyentes y no creyentes.

El presente documento propone visibilizar el problema social ocasionado por los desplazamientos forzados de que han sido objeto personas de las parroquias de San Pablo Chalchihuitán y San Andrés Larrainzar. El problema se acentuó debido a que toda la Región de los Altos de Chiapas ha sido el escenario de múltiples episodios de violencia y conflictividad permanente por razones territoriales con intervenciones de paramilitares. En diciembre 1997, ocurrió la masacre de 45 personas en la comunidad de Acteal.

Estos asesinatos y otros incidentes de naturaleza político-territorial son el antecedente que facilitó que en 2017 grupos civiles armados encontraran poca resistencia para provocar que más de 5,000 personas de Chalchihuitan y Chenalho huyeran de sus hogares y se refugiaran en las montañas y en 2018 habitantes de Aldama y Chenalho vivieran la misma situación de desplazamiento.

Actualidad

El conflicto ha escalado hasta el punto en el que al día de hoy 15 de agosto de 2018 aún existen cerca de 1,450 personas desplazadas, unas 4000 personas retornadas, pero que aún no han podido regresar a su vida normal y los desplazados están organizados en 10 campamentos que requieren de servicios básicos, alimentación, refugio, salud y artículos de higiene personal para subsistir en espera de una resolución.

Quienes han tratado de volver a sus hogares, no lo han logrado debido a que son objeto de disparos disuasivos y amenazas que los obligan en última instancia a regresar a los campamentos, se puede decir con seguridad que la población actual de los campos de desplazados está formada principalmente por ancianos, mujeres, adolescentes y niños pequeños. (Continuar leyendo…)

Protocolo de Estambul confirma pruebas ilícitas en sentencia condenatoria

Dos informes basados en la aplicación del Protocolo de Estambul, concluyeron que Sergio Alberto González Castro (En adelante Sergio Alberto) presenta consecuencias físicas y psicológicas de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Una valoración realizada por peritos independientes, el 30 de octubre de 2016 y otra por el Hospital General Bicentenario, de Villaflores, el 02 de febrero de 2018. Lo anterior confirma que la sentencia condenatoria de Sergio Alberto está basada en pruebas ilícitas y faltas al debido proceso.

El Juez Penal del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, Guillermo González Rodríguez, sentenció a Sergio Alberto a 6 años de prisión y 68.8 salarios mínimos, el día 11 de octubre de 2017, por el delito de abigeato agravado. El Juez omitió denuncia de Tortura perpetrada por integrantes de la Policía Municipal de La Concordia, durante su detención y traslado, así como durante la firma de su declaración autoinculpatoria ante el Ministerio Público. Actualmente Sergio Alberto se encuentra en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 08, (Cerrs No. 08) de Villaflores.

Según el propio testimonio de Sergio Alberto, fue privado arbitrariamente de su libertad el 5 de noviembre de 2015, a las 18:00 horas aproximadamente, en la colonia Benito Juárez, municipio de La Concordia, por Policías Municipales vestidos de civil, quienes derribaron la puerta de la casa de su suegra, sin presentar orden de aprehensión. Amenazaron y golpearon a su esposa y a él en presencia de su hija e hijo menores de edad.

Posteriormente, subieron a Sergio Alberto a una camioneta blanca, le cubrieron la cabeza con una playera y lo golpearon en la espalda, las costillas y la nuca. A las 19:00 horas aproximadamente, llegaron a un canal de riego en donde le sumergieron la cabeza repetidas veces.

A las 21:30 aproximadamente, trasladaron a Sergio Alberto al municipio de La Concordia donde ante el Ministerio Público, lo obligaron a firmar papeles en blanco con la amenaza de que: “le den una calentadita” “Conocemos tu casa y a tu familia”.

El día 6 de noviembre a las 6:00 horas aproximadamente, llevaron a Sergio Alberto a la cárcel municipal en La Concordia, donde continuó incomunicado de su familia. A las 23:30 horas, lo trasladaron al Cerrs No. 08, de Villaflores. En el camino lo amenazaron con matar a su esposa y llevarse a su hijo.

En el Cerrs. No. 08, el 9 de noviembre de 2015, el médico penitenciario le hizo una valoración sólo basada en preguntas, ignorando los signos físicos de la Tortura: “Una semana con dolor intenso, sentía que me iba a reventar”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C solicita que el Juez Penal del Distrito Judicial de Villaflores considere la Tortura así como las faltas al debido proceso para dictaminar la libertad de Sergio Alberto González Castro. Además, se investigue la Tortura y se sancione a los perpetradores de esta violación a derechos humanos, entre ellos los policías José Manuel Velasco Solís, Alberto López de León, Alberto Carmona León y el Fiscal del Ministerio Público de La Concordia Javier Camacho Nafate.

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