San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
5 de septiembre de 2016

Boletín No 17

Impactos de megaproyectos en Chiapas en informe al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos humanos de la ONU

La responsabilidad de empresas y Estado mexicano en la violación a derechos humanos en comunidades y pueblos en Chiapas, forma parte de la información presentada al Grupo de Trabajo Sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) en el marco de la visita oficial del organismo internacional a México, del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.[1]

El Informe Empresas y Derechos Humanos, elaborado por una Coalición de más de 100 organizaciones, comunidades y redes de la Sociedad Civil, incluye la documentación del caso: Construcción de la represa hidroeléctrica Chicoasen II, proyecto que afecta a población, con raíces indígenas zoques, previamente desplazada y despojada de sus tierras ejidales en los años ochenta por la represa Manuel Moreno Torres, mejor conocida como Chicoasén I.

El Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos y Posesionarios Avencidados del Ejido Chicoasen, en Chiapas (Comité Ejidal Chicoasen) informó a la ONU los abusos a derechos humanos: a la consulta previa e informada y culturalmente adecuada, a la información, a la tierra y el territorio, por parte de la Comisión Federal de Electricidad y las empresas Sinohydro Costa Rica, Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas y Caabsa Infraestructura, como resultado de los avances del proyecto hidroeléctrico Chicoasen II, desde el año 2012.

La empresa Sinohydro Costa Rica, compañía matriz con sede en Beinjin, tiene antecedentes de violaciones a derechos humanos en Honduras, donde estuvo involucrada en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras la denunció como responsable de una estrategia desarrollada también en Chicoasen: falsificar firmas, imponer comisariados ejidales, hostigar, agredir y amenazar a campesinas y compesinos en complicidad con autoridades locales. Cabe recordar que Bertha Cáceres, ambientalista, líder del COPINH, defensora de derechos humanos y ganadora del premio medio ambiental Goldman, fue asesinada en marzo del 2016 en el contexto de la lucha lenca contra las empresas, hecho que alertó de la grave situación de riesgo para las personas defensoras del territorio en América Latina.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
2 de septiembre de 2016

¡Maximiliano ya está con nosotros, con nosotras!
Gracias a la fraternidad y solidaridad nacional e internacional

Las organizaciones civiles de derechos humanos que acompañamos a la familia de Maximiliano Gordillo Martínez en su proceso de búsqueda y exigencia de investigación, informamos que el pasado lunes 29 de agosto del año en curso fue localizado Maximiliano y que se encuentra con nosotros, con nosotras.

Primeramente, agradecemos al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y a todas las personas, colectivos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil en México y en otras partes del mundo, que respondieron de diferentes maneras a nuestros múltiples llamados y que se implicaron activamente en los esfuerzos para exigir y lograr su presentación con vida.

Confirmamos por este medio que desde su detención por parte de agentes federales del Instituto Nacional de Migración, el pasado 7 de mayo de 2016 en la caseta de revisión migratoria de Chablé, Tabasco, hasta el día de su localización, Maximiliano sufrió delitos y graves violaciones a sus derechos humanos, responsabilidad del Estado mexicano.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,

a 20 de julio de 2016

Nota Informativa

Desalojo violento hacia el plantón de maestros y maestras en San Cristóbal

Según datos con los que cuenta este Centro de Derechos Humanos, nos informan que el día de hoy 20 de julio hacia las 12:30 hrs. se efectuó el desalojo violento en el tramo carretero San Cristóbal – Tuxtla Gutiérrez del bloqueo de maestros/as que la CNTE mantenía como un acto de resistencia y libre expresión en contra de la reforma educativa. El hecho fue realizado por cerca de 100 personas encapuchadas, vestidas de camisa negra y pantalón azul provenientes del municipio de Chamula junto con policías municipales y estatales del gobierno de Chiapas.

De acuerdo a la información recibida se lanzaron gases lacrimógenos y se hicieron disparos de arma de fuego; se habla por el momento, de dos personas heridas con arma de fuego, a una de ellas le dispararon en el hombro, además de destruir y quemar el campamento.

Es preciso recalcar que el bloqueo estaba conformado por maestros y maestras, padres y madres de familia, integrantes de organizaciones sociales, de representantes de barrios y colonias de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, así como personas de todas las edades, con el objetivo de solidarizarse y manifestar su inconformidad en contra de la reforma educativa y las reformas estructurales que el gobierno mexicano esta implementando bajo acciones represivas.

Después de estos hechos nos reportan presencia del Ejército mexicano, en una acción de ocupación y de reforzar las acciones represivas.

Este Centro de Derechos Humanos se pronuncia en contra de estos hechos arbitrarios que no ayudan al proceso de dialogo que se mantiene con el gobierno federal.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
02 de julio de 2016
Acción Urgente 03

Amenazas de desalojo violento a bloqueo del movimiento magisterial en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

• Riesgos a la vida, seguridad e integridad a quienes ejercen derecho a la libre manifestación
• Hostigamientos por grupo de choque Almetrach con omisión de autoridades

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba) recibió información de amenazas de un inminente desalojo violento al bloqueo instalado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 07 y 40, desde el pasado lunes 27 de junio, en la entrada de la autopista hacia Tuxtla, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. En el lugar se encuentran padres y madres, maestras, maestros, sus familiares, incluyendo niñas, niños, así como integrantes de organizaciones sociales, barrios, comunidades y medios libres ejerciendo su derecho a la libre expresión y manifestación. En la madrugada del día 02 de julio se intensificaron riesgos de una agresión por parte del grupo de choque Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH), cuyo líder es Narciso Ruiz Santiz.

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Maximiliano Gordillo Martínez, primer hijo de una familia pobre nació el 21 de agosto de 1977, en la comunidad de Tzinil, Socoltenango, Chiapas. Se dedicaba a trabajar en sacar laja en Ochusjob y también en los jornales de maíz y frijol pero ganaba muy poco. Migró al corte de caña en Veracruz y después decidió ir a Playas del Carmen para ayudar a su familia, quería tener una casa. El 8 de mayo de 2016, durante su viaje a Quintana Roo Agentes de Migración lo desaparecieron forzadamente, en un retén móvil en Chablé, Tabasco.

Su familia expresa coraje por la injusticia que el gobierno ha cometido, exige su presentación con vida y se pregunta: ¿qué hicieron con él?, ¿porqué no lo han entregado?, ¿porqué no aparece en el registro de detenidos en la caseta de migración, ni en la lista de los deportados del consulado de Guatemala?

Las organizaciones acompañantes denuncian omisión por parte de autoridades estatales y federales; negligencia en la búsqueda y falta de información.

Compartimos palabras de la familia de Maximiliano leídas durante conferencia de prensa, el 13 de junio de 2016, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas:

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Margarita Gómez López y David Hernández Gómez relatan la historia de su detención arbitraria y tortura, pidiendo su libertad porque están injustamente en la cárcel.

“El 28 de abril de 2016 en la apelación me ratificaron la sentencia a 8 años de cárcel, ahorita estoy en el CERSS 05 en San Cristóbal de las Casas. Quiero decir que me sentenciaron por un delito que no debo y que no tengo por qué pagar esto.”

Abajo, el texto completo.

Fuente: http://chiapasdenuncia.blogspot.mx/2016/05/maragarita-y-david-piden-su-libertad.html

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas enfrenta cotidianamente campañas de difamación y desacreditación a su labor en la defensa de los derechos humanos en Chiapas. Un actor más que recientemente se suma a estos actos de desprestigio, es el Consejo Pacifista Sembradores de Paz.

El Consejo Pacifista desde principios del 2015, ha realizado una campaña de desprestigio en contra del Frayba y en contra de la propia organización a la que dice pertenecer. Entendemos que la situación de división es efecto del desgaste de la guerra implementada por el Estado mexicano, por lo que es lamentable que el Consejo Pacifista esté realizando actos para confundir, engañar y tergiversar una lucha digna, histórica y legítima como ha sido la de la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, a quienes seguimos acompañando en su radical exigencia de Verdad y construcción de La Otra Justicia.

Sigue el boletín completo abajo.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 04 de mayo 2016

Boletín de prensa No. 11

Dos años de encarcelamiento injusto a tsotsiles víctimas de tortura

Frayba insta a Magistrados resuelvan por la libertad inmediata de Margarita y David

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba) insta a los Magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dicten libertad inmediata a Margarita Gómez López (Margarita) y David Hernández Gómez (David),¹ integrantes del Pueblo tsotsil, quienes se encuentran ante un proceso de resolución de su libertad por apelación ante la segunda instancia. Ambas personas han sido víctimas de Privación Arbitraria de la Libertad, Tortura, Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y Violaciones al Debido Proceso, violaciones a derechos humanos probadas ante las autoridades judiciales. Lo anterior ha tenido un impacto de dos años de encierro injusto e inhumano, dejando a sus 5 hijas y 2 hijos, la mayoría menores, en desamparo y desarraigo.

Actualmente el caso de Margarita y David se encuentra a cargo del Lic. Julio César Pascacio Pérez, magistrado presidente de la ponencia A de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal 202-A-1P03/2014 en el consecutivo III.

El pasado 29 de enero de 2016, el Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó sentencia condenatoria de ocho años de prisión, por el delito de homicidio, a Margarita y David, sin tomar en cuenta los siguiente actos de violación a derechos humanos:

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 16 de abril 2016
Boletín de prensa No. 10

La represión del Estado mexicano criminaliza la protesta social en Chiapas

• Incomunicación, Privaciones Arbitrarias de la Libertad, Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes hacia al menos 24 personas detenidas

• 18 docentes de la CNTE trasladadas injustificadamente al Penal de Máxima Seguridad en Tepic, Nayarit

• Niñas, niños, mujeres y personas mayores afectadas por gases lacrimógenos ante el uso desproporcionado de la fuerza policiaca

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó violaciones a derechos humanos consistentes en: Uso Desproporcionado de la Fuerza Pública, Privaciones Arbitrarias de la Libertad, Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes que conforman un patrón de represión y criminalización de la protesta social. Hechos cometidos en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante los operativos de desalojo a las manifestaciones convocadas por la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado de Chiapas (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Acciones perpetradas por elementos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía estatal quienes utilizaron de manera indiscriminada e injustificada gases lacrimógenos y balas de goma dañando la salud de quienes se manifestaban en la jornada del 15 de abril de 2016, de 10:00 a 14:00 horas aproximadamente. Además lesionaron físicamente a la población que pasaba o estaba en el lugar de la represión, incluyendo niñas, niños, mujeres y personas mayores de edad.

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