JORNADAS POR EL DERECHO A LA VERDAD Y EL ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS DE CHIAPAS Y SUS FAMILIAS

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 20 de abril de 2017

COMUNICADO

Junax Ko’tantik
Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes

A familiares de personas migrantes desaparecidas
Al pueblo de Chiapas, México y el Mundo
A la Secretaría de Gobernación
A la Procuraduría General de la República
A la Secretaria de Relaciones Exteriores
A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas
A la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas
A la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur
A la Comisión Nacional de Derecho Humanos
A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas

Hacemos saber:

Hoy, 20 de abril del 2017, se cumplen años, meses y días de no saber nada de nuestros familiares. A pesar de su ausencia les seguimos recordando y buscando.

No descansaremos, al contrario, seguiremos juntas y juntos, organizados hasta saber dónde están.

Nosotras y nosotros, personas de diferentes pueblos de Chiapas: tseltales, tsotsiles, choles, tojolabales y mestizos, nos hemos reconocido en un mismo problema y nos hemos organizado en el Comité Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’tantik”.

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Manifiesto Seguridad sin guerra

• México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia.
• Es indispensable regular a las Fuerzas Armadas. Una Ley de seguridad interior no es la vía adecuada.
• Imprescindible trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial.

Las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar. Así lo han expresado múltiples organismos nacionales e internacionales, expertos en la materia y el propio Secretario de la Defensa. Así también lo ordena la Constitución. Sin embargo, la realidad es que las Fuerzas Armadas (FFAA) mexicanas llevan años auxiliando a las autoridades civiles en labores de seguridad pública y, especialmente, desde hace 10 esta participación se ha vuelto más común y menos auxiliar, siendo en ocasiones éstas las únicas con capacidad de realizar las labores que corresponden a la autoridad civil.

En este contexto, se ha planteado la necesidad de dar a las FFAA un marco legal para definir los alcances de su participación en las tareas de seguridad pública. Coincidimos en que es indispensable regular a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no creemos que una Ley de seguridad interior sea una vía que dé certidumbre a las Fuerzas Amadas ni a la ciudadanía. Se trata de una respuesta que no atiende los problemas que han llevado a que las FFAA hoy sean las únicas capaces de proveer seguridad a la ciudadanía. La propuesta de ley tampoco toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada.

La crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede. Los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional. La propuesta de crear una Ley de seguridad interior a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia no es la solución a estos problemas. La evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido la violencia y sí, en cambio ha desgastado a las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que no están preparados, tal como lo ha reconocido el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia. Antes que una Ley de seguridad interior, se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Para ello, es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables. El anterior presidente Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña así lo han ofrecido. Ambos han incumplido.

El concepto de  seguridad interior es poco claro. Confunde las funciones –y tareas- de seguridad nacional y de seguridad pública. Las propuestas de Ley en la materia proponen un régimen de excepción en el que se violentan los derechos de libre tránsito, debido proceso, presunción de inocencia entre otros, a la vez que no presenta ninguna ruta para enmendar esta situación. Se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja además sin escuchar las voces de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad.

La Ley de seguridad interior no es el mejor ni el único camino en la actual encrucijada.  Como colectivo proponemos:

1. Promulgar la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la suspensión temporal de garantías. En esta ley se debe:

• Incluir fuertes contrapesos del poder legislativo y judicial.
• Fijar objetivos precisos así como límites de tiempo, claros e improrrogables.
• Incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública.
• Considerar un modelo de controles múltiples en terreno que permitan la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del propio Congreso, tales como la integración de comisiones adhoc que soliciten información y realicen inspecciones en los lugares donde se desplieguen las FFAA.

2. Las intervenciones de las Fuerzas Armadas en estos operativos deben ir aparejadas con una normatividad de uso de la fuerza, armamento y rendición de cuentas, apropiada para las tareas de seguridad pública.

3. Crear una comisión plural de trabajo entre representantes del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión, de la academia, de las víctimas de la violencia a lo largo de estos diez años de seguridad militarizada, y de la sociedad civil organizada que construya el consenso que soporte esta ley reglamentaria, con base en diagnósticos y evidencia empírica.

4. Construir en el seno de la misma comisión un plan de regreso de los militares a los cuarteles, sujeto a condiciones y estándares precisos de contención y reducción de la violencia a manos de autoridades civiles competentes y confiables. El plan puede ser incluido en los artículos transitorios de la ley reglamentaria referida.

5. El plan de regreso debe incluir el diseño de un perfil de competencias profesionales y de herramientas de supervisión sobre las tareas de policía y de investigación que actualmente desempeñan las autoridades militares, así como mecanismos anticorrupción en todas las instancias de seguridad.

6. Igualmente, esta comisión debe diseñar los ajustes necesarios al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para forzarlo a cumplir con la profesionalización policial, sujeto a plazos y establecer consecuencias ante el incumplimiento.

7. El plan debe considerar que se restablezca una instancia de coordinación para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, estableciendo un programa coherente y consistente de combate a la impunidad.

8. Se debe asegurar una supervisión independiente, imparcial y expedita de las violaciones a los derechos fundamentales.

No se debe normalizar la excepción, sino hacer frente a la emergencia y corregir las fallas que existen de fondo. La Ley de seguridad interior es el síntoma extremo de un paradigma de seguridad que fracasó. Esto es constatable con la alta proporción de víctimas de todo tipo de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, la extendida percepción de inseguridad, la sub denuncia desproporcionada y la masiva desconfianza social hacia las instituciones que la deberían proteger. El despliegue militar afecta cada vez más a las propias autoridades militares, cuyos estándares de uso máximo de la fuerza no son propios de las tareas policiales y de investigación de delitos. Es hora de cambiar la ruta para lograr una seguridad sin guerra.

Ciudad de México a 12 de marzo de 2017

 #SeguridadSinGuerra

Alan García Huitrón, Alberto Athié. Aleida Calleja, Alejandra Nuño, Alejandro Anaya, Alejandro Madrazo, Ana Lorena Delgadillo, Alma Gómez Caballero, Álvaro Santos, Ana Lidia Murillo Camacho, Angélica Nadurille Álvarez, Antonio Cervantes Guerrero, Carlos Antonio Flores Pérez, Carlos Cruz Santiago, Carlos Fazio, Carlos Ventura Callejas, Carolina Pimentel, Carolina Robledo Silvestre, Catalina Pérez Correa, Cecilia Bárcenas, Celina Izquierdo Sánchez, Clara Jusidman, Claudia Janette Soto, Consuelo Morales, Cuba Flores. Cynthia Salazar, Cinthia Eslava Montiel, Dafne Estefanía Gómez, Daniel Gershenson, David Fernández Dávalos, Deborah Ruíz Verduzco, Denise Dresser, Diana Paola Olvera Feregrino, Diego Enrique Osorno, Edgar Cortez, Eduardo Gallo, Elena Azaola Garrido, Eliana García, Enrique González Ruiz, Enrique Pasta Muñuzuri, Ernesto López Portillo, Erika Llanos Hernández, Eurídice Román De Dios. Fernando Belaunzarán, Fernando Ríos Martínez, Francisco Saucedo Pérez, Guadalupe Aguilar, Helena Varela Guinot, Imelda Marrufo, Irma Rosa Martínez Arellano, Isabel Mejía Echarri, Jacobo Dayán, Javier Sicilia, Jesús Mendoza Zaragoza, Jesús Robles Maloof, Jorge Fernández Mendiburu, Jorge Fernández Souza, Jorge González de León, Jorge Javier Romero Vadillo, José Carlos Bustamante Luna, José Luis Caballero, José Salcido, Julián Mejía Berdeja, Julio Mata. Julio Ríos, Karina Ansolabehere, Layda Negrete, Leticia Gutiérrez Valderrama, Leticia Vázquez, Lisa Sánchez, Lucha Castro, Lucia Baca Baca, Luis Daniel Vázquez Valencia, Luis F. Fernández, Luis González Plascencia, Maite Azuela, Mara Hernández, Margarita Espino del Castillo, Margarita López, María Guadalupe Morfín Otero, Mariana Bernárdez, Mariclaire Acosta, Mario Saucedo Pérez, May-ek Querales Mendoza, Miguel Álvarez Gándara, Miguel Barrera, Miguel Concha Malo, Miguel Sarre Iñiguez, Nasheli Ramírez, Norma González Benítez, Olga Noriega, Pablo Girault, Pablo Reyna Esteves, Pablo Romo Cedano, Paulina Vega, Pilar Noriega García, Quetzalcoatl G. Fontanot, Ramón Gracida Gómez, Roberto Hernández, Rocío Culebro, Rogelio Gómez Hermosillo, Santiago Aguirre, Samia Cruz Rivera, Sarah Aguilar, Séverine Durin, Silvano Cantú Martínez, Silvia Eslava Montiel, Teresa Carmona Lobo, Vanesa González-Rizzo. Yolanda Tello Mondragón.

 Organizaciones

Asociación Sinaloense de Universitarias, AC
Albergue Tochán
Causa en Común, A. C.
Cauce Ciudadano AC
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C. (Guerrero)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Chiapas)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A. C. (Coahuila)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A. C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A. C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A. C.
Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A. C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C.
Colectiva Ciudad y Género, A. C.
Colectivo Colibrí
Colectivo Ni Una Menos. Cancún
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Comité Solidario y Derechos Humanos Monseñor Romero
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Oaxaca)
Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Enjambre Digital
Espacio libre independiente Marabunta
Familiares en Búsqueda María Herrera
Familiares en Búsqueda María Herrera-Xalapa
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Indignación, A. C.
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ. Universidad Iberoamericana Puebla
Instituto de Justicia Procesal Penal, AC
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD)
Instituto para la Seguridad y la Democracia, (Insyde)
Justicia para Nuestras Hijas, A. C.
La Alameda Morelos
Laboratorio de Innovación para la Paz
México Unido contra la Delincuencia A.C.
Mi Ciudad Mx
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Participando por México A.C.
Plataforma Internacional contra la Impunidad (Guatemala)
Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana CDMX
Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX
Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, ITESO (Guadalajara)
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
Red retoño
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC
Regresando a Casa Morelos, A. C.
Renacer Lagunero
Ririki Intervención Social
Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiado, SMR
Sicsal México (Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina)
Unidos por los Desaparecidos en Baja California
Uniendo Cristales
Desaparecidos Justicia A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

MEX 002 / 0317/ OBS 029
Detención arbitraria / Criminalización
México
16 de marzo de 2017

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención URGENTE antela siguiente situación en México.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con seria preocupación información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) sobre la detención arbitraria y la criminalización de la Sra. Silvia Juárez Juárez, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio de la Región Zoque y del Comité Estatal Democrático de Padres de Familia, así como la criminalización de otros 29 defensores indígenas zoques en el Municipio de Tecpatán, Estado de Chiapas[1], incluyendo a los Sres. Lucas Nañes Castellanos y Sergio Fermín Álvarez, quienes junto con la Sra. Juárez Juárez son los principales líderes del movimiento en Tectapán contra la industria de hidrocarburos y la minería en el territorio indígena zoque [2].

Según las informaciones recibidas, el 21 de febrero de 2017, la Sra. Silvia Juárez Juárez, fue detenida en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por agentes de policía vestidos de civiles que no se identificaron al momento de la detención y, posteriormente, la trasladaron a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa en Chiapa de Corzo y, finalmente, al Centro estatal de Reinserción Social de Sentenciados n°14 El Amate, en el Municipio de Cintapala, Estado de Chiapas, donde se encuentra privada de la libertad desde esa fecha.

Según las mismas informaciones, la Sra, Silvia Juárez Juárez, los agentes le manifestaron que la detención era por una denuncia en su contra bajo los cargos de motín, secuestro y daños en agravio de la sociedad. Los Sres. Nañes Castellanos y Fermín Álvarez, así como los otros 27 defensores indígenas zoques tienen órdenes de aprehensión en su contra por los mismos delitos, a raíz de una denuncia interpuesta en su contra ante el Fiscal del Ministerio Publico en Chiapas de Corzo en relación con hechos ocurridos en Tecpatán el 13 de febrero. Ese día, un grupo de ciudadanos inconformes con la administración del Alcalde Armando Pastrana Jiménez, quien públicamente ha manifestado estar a favor de la industria extractiva en la región, realizaron una manifestación en el ayuntamiento municipal. Ante la negativa de ser atendidos algunos manifestantes le prendieron fuego a papelería y a una parte del edificio municipal, sin que se registraran heridos. Sin embargo, es importante resaltar que la Sra. Silvia Júarez y Juárez y algunos de los acusados ni siquiera se encontraban en Tecpatán en el momento de los hechos, y que, según ha podido documentar el Frayba, ninguno de los restantes acusados habrían participado en estos actos de violencia.

El Observatorio condena la detención arbitraria de la Sra. Silvia Juárez Juárez así como el hostigamiento judicial en su contra, en contra de los Sres. Lucas Nañes Castellanos y Sergio Fermín Álvarez y otros 27 defensores indígenas zoques. El Observatorio muestra su preocupación por el hecho de que estos ataques parecen deberse a sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos y, por ello, insta a las autoridades mexicanas a liberar inmediata e incondicionalmente a la Sra. Juárez Juárez así como a poner fin al hostigamiento judicial en contra de las 30 personas defensoras de derechos humanos.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de México urgiéndolas a:

i. Liberar de forma inmediata a la Sra. Silvia Juárez Juárez;

ii. Garantizar que se ponga fin a todo tipo de criminalización , en contra de Sra. Silvia Juárez Juárez y los Sres. Lucas Nañes Castellanos y Sergio Fermín Álvarez, así como de los otros 27 defensores indígenas zoquesque cuentan con órdenes de aprehensión y acusados de motín, secuestro y daños en agravio de la sociedad, más generalmente, en contra de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en México;

iii. Adoptar de manera inmediata medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física de la Sra. Silvia Juárez Juárez, de los Sres. Lucas Nañes Castellanos y Sergio Fermín Álvarez, así como de los otros 27 defensores indígenas zoques, así como en general de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en México;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998;

v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

Direcciones:

• Sr. Enrique Peña Nieto, Presidente de México. E-mail: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx
• Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior). Fax: + (+52) 55 5093 34 14. E-mail: secretario@segob.gob.mx
• Arely Gómez González, Procurador General de la República. E-mail: arely.gomez@pgr.gob.mx
• Sr. Roberto Campa Cifrián, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. E-mail:rcampa@segob.gob.mx
• Sr. Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. E-mail: mruiz@sre.gob.mx
• Dr. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. E-mail: correo@cndh.org.mx
• Sr. Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas. E-mail : mvelasco@chiapas.gob.mx, emartinez@gubernatura.chiapas.gob.mx
• Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca, Comisario General del Estado de Chiapas. E-mail: jllavena@sspc.chiapas.gob.mx
• Sr. Lic. Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente de la Comision Estatal de los Derechos Humanos. E-mail: presidencia@cedh-chiapas.org, juan.trinidad@cedh-chiapas.org
• Sr. Embajador Jorge Lomónaco, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: mission.mexico@ties.itu.int
• Sr. Embajador Juan José Gómez Camacho, Embajada de México en las Comunidades Europeas, y O bservadora Permanente de México ante el Consejo de Europa. E-mail: embamex@embamex.eu / jgomezc@sre.gob.mx
• Sr. Embajador Dr. Emilio Rabasa Gamboa, Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos. E-mail: erabasa@sre.gob.mx, mexico.oea@sre.gob.mx, xmariscal@sre.gob.mx

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
09 de marzo de 2017

Boletín Prensa No. 04

Allanamiento y Robo de equipo a Regeneración Radio

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) repudia el allanamiento a la cabina y robo del equipo de transmisión del colectivo de comunicación libre Regeneración Radio, con lo que se viola el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho humano a la información y comunicación.

Según información proporcionada por Regeneración Radio, el pasado 7 de marzo en la Ciudad de México, los integrantes del colectivo se percataron que la cabina de la radio había sido forzada y que habían robado equipo de trabajo como micrófonos, cables, consolas, ecualizadores de audio y computadoras que contenían información sobre su trabajo. Es importante mencionar que solamente la habitación en donde se encuentra la cabina de radio fue forzada, los perpetradores no ingresaron ni robaron nada de otras habitaciones.

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La violencia contra las mujeres en México es una práctica cotidiana y socialmente permitida, no está sustentada en hechos aislados, es un común denominador que es mantenido por el sistema patriarcal que vivimos cotidianamente en el país. La Organización Mundial de la Salud en noviembre del 2016, señaló que este tipo de violencia generalmente es ejercida por la pareja y está altamente vinculada con los abusos sexuales, lo que lo constituye un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer como todo acto que cause “un daño físico, sexual o psicológico… inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. Chistean Smog, del Fondo para la Infancia (Unicef), alertó de la violencia sexual contra las adolescentes en este país: más de 23 mil en edades de 12 a 17 años sufrieron una agresión de ese tipo en 2014. Cuatro de cada 10 les pasó en el hogar, la escuela o el trabajo.

Esta problemática es tan visible, que incluso el gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía admitió en noviembre del 2015 que “Se trata de un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, pues 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más… han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo”.

A pesar de que la realidad generalmente rebasa las estadísticas, y más las oficiales, los promedios que presenta esta instancia oficial son aterradores. El 32% de las mujeres en el país han padecido violencia sexual, incluidos los actos de intimidación, acoso o abuso sexual; se estima que durante 2013 y 2015, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.

Una mirada a Chiapas

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Frayba se une al Paro Internacional de Mujeres

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 7 de marzo de 2017

Boletín de prensa No. 03

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) denuncia la impunidad y discriminación en la que se encuentran los hechos de violencia contra las mujeres ocurridos en el estado de Chiapas.

Las organizaciones integrantes de la Campaña Permanente Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas hemos denunciado la negligencia, incompetencia y complicidad de las autoridades municipales y estatales ante los feminicidios y violencia en contra de las mujeres en el estado; a pesar que en noviembre de 2016 el Estado mexicano emitió la alerta de violencia de género para siete municipios y acciones específicas para la zona Altos de Chiapas.

Del 2016 a esta fecha el Frayba ha registrado 96 hechos de violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos: familiar, laboral, educativo, comunitario, sistema penitenciario y otros espacios públicos. Vemos con preocupación que la gran mayoría de medios de comunicación comerciales invisibilizan y niegan la violencia hacia las mujeres y las estigmatizan con la reproducción de estereotipos que las conciben como objetos.

Lamentamos que a pesar de la alerta de género las autoridades del estado de Chiapas y los gobiernos municipales no tengan un mecanismos eficaz para prevenir actos de violencia hacia las mujeres. Nos preocupa que los operadores de justicia en la entidad no apliquen los procedimientos y protocolos establecidos para la atención e investigación de casos de violencia lo que generan la liberación de agresores y feminicidas, enviando un mensaje de impunidad a la sociedad.

La discriminación en contra de las mujeres continúa arraigada en las desigualdades estructurales e inequidades entre hombres y mujeres en todos los espacios de la sociedad. En las instituciones de procuración y administración de justicia en Chiapas, notamos una falta de capacitación con perspectiva de género de fiscales del ministerio público, policías, peritos, jueces y demás personal de procuración y administración de justicia, así como una falta de capacitación para aplicar esta perspectiva en el nuevo sistema de justicia penal.

En Chiapas la violencia hacia las mujeres es alta, el feminicidio no cesa y es alentado con mensajes de permisividad al mantenerse impune la mayor parte de los casos, como reflejo de una realidad aún oculta en la cotidianidad.

En el contexto de violencia generalizada que se vive en México, las mujeres son un botín de guerra en el amplio panorama de violaciones a los derechos humanos que el Estado mexicano tolera, perpetra y reproduce. Las agresiones a las mujeres y la impunidad en que se encuentran los perpetradores es un método para enviar un mensaje que genera miedo y terror para detener la reivindicación de derechos y acciones de resistencia contra el patriarcado que las mujeres luchan cotidianamente tanto en el espacio público como en el privado.

Vemos con preocupación un aumento de agresiones y asesinatos a defensoras de derechos humanos, defensoras del territorio, defensoras de derechos sexuales y reproductivos, defensoras de derechos a la diversidad sexual y todas las que luchan contra la violencia estructural y patriarcal.

Este 8 de marzo las y los que integramos el Frayba decimos: ¡Basta de violencia contra las mujeres! Nos unimos al Paro Internacional de Mujeres. Este #8deMarzo en Frayba paramos #NiUnaMenos #NosotrasParamos #NosotrasMarchamos #VivasNosQueremos

Denuncia de Silvia Juárez, presa política por defender el territorio zoque en Tecpatán Chiapas

28 de Febrero del 201. AMATE No. 14

A la opinión publica.
A los medios de comunicación Nacional e Internacional.
A los centros de Derechos Humanos Independientes.
A los relatores de la ONU.

Soy Silvia Juárez, Originaria de Tecpatán Chiapas, Indigena Zoque; soy integrante de la asamblea, estatal del comité de padres de familia de la sección 7 y la sección 40 de Chiapas.

Me encuentro presa injustamente por delitos que no cometí, delitos que me fabrica el presidente Municipal Armando Pastrana Jimenez. Presidente Municipal de Tecpatán Chiapas, el sindico y el Srio. Municipal de Tecpatán Chiapas.

Fui acusada por los hechos del 13 de Febrero del 2017, por los delitos de Motin, Daños y Secuestro delitos que nunca cometi, mas bien por la lucha que mantengo en Tecpatán por el magisterio, la resistencia civil y el rechazo a la exploración de hidrocarburos, me libraron orden de aprehensión al igual que otras 31 personas mas, que son representante de barrios y comunidades.

Desde el día de mi detención a la fecha no he tenido una buena defensa por lo que solicito que me asignen un abogado que realmente me defienda.

A mis compañeros y compañeras del municipio de Tecpatán quiero decirles que no por el hecho de que mi persona este presa han dejado preso mis ideales. No tengamos miedo no nos desanimemos, al contrario duro con la lucha que es para el futuro de Nuestros hijos.

No pasa nada, tendrán mi cuerpo pero mi mente, corazón y espíritu esta con cada uno de ustedes que quieren seguir luchando ya no estoy asustada estoy enojada por el actuar de las autoridades. No se detengan no queden inmóviles.

Por todo esto me considero una Presa política por eso exijo mi libertad inmediata y la cancelación de 31 ordenes de aprehensión en contra de mis compañeros (NO A LOS HIDROCARBUROS).

Nombre: Silvia Juárez Juárez.

Detención de la defensora Silvia Juárez Juárez y hostigamiento judicial en contra de defensores comunitarios de Tecpatán, Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

3 de marzo de 2017
Boletín de prensa No. 02

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC (Frayba), manifiesta su preocupación por el riesgo a la libertad personal de al menos 27 defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos del municipio de Tecpatán, Chiapas, entre los que se encuentran Lucas Nañes y Sergio Fermín Álvarez; así como por la detención de la defensora comunitaria Silvia Juárez Juárez (Silvia); indígena zoque.

Las y los defensores comunitarios, indígenas zoques del municipio de Tecpatán, Chiapas, han denunciado públicamente en reiteradas ocasiones las amenazas que han recibido de las autoridades municipales, de manera específica del alcalde Armando Pastrana Jiménez, así como el hostigamiento judicial y el temor a ser detenidos como ha ocurrido con su compañera Silvia Juárez. Las y los defensores de Tecpatán se han opuesto rotundamente a los proyectos de industria extractiva, principalmente de minería y la perforación de pozos petroleros en el territorio indígena zoque.

Silvia Juárez Juárez, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio de la Región Zoque y del Comité Estatal Democrático de Padres de Familia, fue detenida el pasado 21 de febrero de 2017 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, según información con la que cuenta el Frayba. La detención se dio por agentes policiales vestidos de civil quienes no se identificaron al momento de la detención, Silvia fue trasladada a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa en Chiapa de Corzo y posteriormente al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate (CERSS No. 14, El Amate), en el municipio Cintalapa, Chiapas.

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En este NotiFrayba compartimos esta problemática, un poco de su contexto local a través de Gloria Flores, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Traemos a la memoria las violaciones de derechos humanos focalizadas a las mujeres en un contexto de contrainsurgencia, a través de la ventana de Minerva Guadalupe Pérez Torres y la Masacre de Acteal, a 20 años de distancia:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

  1 de febrero 2017

Boletín de Prensa No. 01

 En riesgo la vida de José Oswaldo Delgado Castro

 El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba), cuenta con información sobre la situación de riesgo a la salud del Sr. José Oswaldo Delgado Castro detenido ( Sr. José Oswaldo) que se encuentra en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados número 8 (CERSS No. 8) en Villaflores, Chiapas, que como medida de protesta, se costuró los labios declarándose en huelga de hambre desde el 29 de enero de 2017 a las 08:00 horas aproximadamente, ya que no ha recibido atención médica por las enfermedades que padece.

Según testimonio, los familiares del Sr. José Oswaldo denuncian la falta de atención médica por parte de las autoridades del CERSS No. 8, ya que padece de gastritis, salmonelosis y afectaciones a los riñones, por lo que su estado de salud se ha ido deteriorando.

El Frayba ha realizado diversas intervenciones ante las autoridades del estado de Chiapas para que el Sr. José Oswaldo sea atendido médicamente, sin que hayamos recibido respuesta alguna. Los familiares indican que el detenido ha recibido amenazas de los internos del mismo penal por su acción de protesta.

De acuerdo con el dicho del Sr. Oswaldo, indica haber sido torturado en su detención y durante el momento de rendir su declaración ministerial en las oficinas de la extinta Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el 23 de octubre de 1997, cuando tenia 17 años.

De acuerdo con Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) tomando en cuenta la regla 24, urgimos al Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas Juan Carlos Gómez Aranda y al Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad Comisario Jefe Orlando Leyva Lobato, a garantizar la atención médica adecuada, así mismo a que se tomen las medidas urgentes para resguardar la salud e integridad personal de José Oswaldo Delgado Castro quien se encuentra bajo su custodia.