• Cese de hostigamientos a quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro de defensoras del territorio: “Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos”, el pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, Chiapas, México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), de la Parroquia San Pedro y San Pablo. Lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

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NotiFrayba: Tortura a Pueblos Originarios en Chiapas ante la ONU

En el Informe alternativo que organizaciones de la sociedad civil entregaremos al CAT, el 25 de abril, en Ginebra Suiza, se evidencia la sistemática Tortura a personas integrantes de pueblos originarios en Chiapas, especialmente durante detenciones arbitrarias y discriminatorias. Escucha el testimonio de Adrian Gómez Jiménez, uno de los 13 presos que iniciaron, el 15 de marzo de 2019 una huelga de hambre desde distintas cárceles y actualmente se encuentra en ayuno parcial:

• A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

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A los Pueblos que luchan

A las mujeres y hombres que con su andar, han inundado de dignidad la vida, y dan sentido del caminar del Frayba, que junto a/a lado de ustedes, pulsa la tierra, con sus resistencias que hacen la luz y las rebeldías que nos convocan a no desistir del mundo nuevo que está surgiendo.

El presente informe, recoge la sistematización de la situación en que enfrentan las comunidades y personas en su lucha por la defensa de sus derechos humanos en Chiapas.

El sexenio terminado mostró una crisis de derechos humanos alimentada por la impunidad.

La violencia desbordada se ha propagado en todo nuestro país manteniendo como blanco a la sociedad civil principalmente organizada que defiende su territorio y la vida.

Este documento Frente a la violencia, la espiral de luchas y resistencias trata de esbozar los símbolos en perspectiva histórica de estos 30 años del caminar del Frayba al lado del pueblo organizado, donde se cuentan las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por parte de todos los niveles de gobierno, en particular durante el crítico sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex gobernador Manuel Velasco Coello, responsables, junto a los poderes fácticos, de ocasionar la profundización de los conflictos, que sitúa a la población en una crisis civilizatoria.

Frente a la ausencia de verdad y justicia, los Pueblos persisten en los caminos de la resistencia construyendo sueños y esperanzas en alternativas frente al olvido y en respuesta a la compleja realidad que se vive en México.

En este recuento se evidencia que el Estado mexicano, a pesar de haber firmado y ratificado diversos instrumentos de derechos humanos, de carácter vinculante, en el ámbito interamericano e internacional, en la realidad no cumple con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas.

Es por ello que las iniciativas autónomas como La Otra Justicia construida desde los Pueblos tiene el propósito de resistir contra el olvido y abonar a la verdad, justicia y no repetición de graves violaciones a derechos humanos. Por tanto los Pueblos no olvidan y señalan los responsables y combaten de frente a la impunidad en México. La memoria es identidad, como una historia construida por sobrevivientes que el Estado no puede silenciar.

Agradecemos a todas y todos los que han dado su palabra que nos alimenta cada día, con su valentía han enfrentado al sistema y lo desafían, por su fuerza denuncian propiciando, organización, comunidad y restitución y resignificación de los pueblo, que generan alternativas de vida la cual nos ha acuerpado en estos 30 años de caminar del Frayba, el cual no sería tal sin las manos y pasos firmes de mujeres y hombres que se tejen en su horizonte de lucha, por lo que reafirmamos nuestro compromiso radical con los pueblos y comunidades con quienes en cualquier rincón de Chiapas, México y el mundo pugnan por la verdad, la justicia y por el cambio profundo del sistema capitalista a nuevos sistemas de vida basado en el Lekil Kuxlejal.

Leer el informe completo:

Escucha la transmisión en vivo del Informe

• Mina Santa Fe en Solosuchiapa violenta derechos a comunidades y ejidos.

Los Pueblo zoque, tseltal y tsotsil en Chiapas, se organizan en la defensa de la Madre Tierra porque su territorio se encuentra bajo el asedio de megaproyectos impulsados por empresas privadas que violentan sus derechos colectivos, especialmente a la autodeterminación y la autonomía.

En un comunicado con fecha 22 de junio de 2017, leído al final de una gran peregrinación en Tuxtla Gutiérrez, el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra denunció:

Sobre nuestros territorios la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno con un total de 70 mil hectáreas, 1 ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; 1 proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; 1 geo-parque en el mismo Volcán con 2,400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago. En total más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos se encuentran amenazadas por los proyectos extractivos1.

Un ejemplo de los proyectos extractivos es la minería que avanza sin procesos de consulta a las comunidades afectadas en los municipios de Solosuchiapa, Ixtacomitán, Pantepec, Rayón, Ixhuatán, Tapilula, Tapalapa, Copainalá, Coapilla y Chapultenango.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
23 de diciembre de 2018
Acción Urgente no.11

Nuevos desplazamientos forzados en Chalchihuitán, Chiapas

Destrucción de campamentos y amenazas a población tsotsil en desplazamiento forzado aumenta condiciones de vulnerabilidad y riesgo de 1146 personas.

Nueve campamentos que eran refugio de población en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, fueron destruidos el día 21 de diciembre de 2018, entre las 14:00 y 17:00 hrs., aproximadamente, en un contexto de agresiones por parte de Hermelindo García Núñez, Sindico Municipal de Chalchiuitán, integrante del Partido Acción Nacional.

238 familias desplazadas en los campamentos Barrio Shishimtotik, Tulantik, Ch’enmut, Bololchojon, Cruz K’ak’anam, Jolcantetik, Cruzton, Bejelton y de Barrio Pom, perdieron las pocas pertenencias que tenían en las viviendas hechas de plástico, madera y algunas con láminas. También derribaron baños construidos con  donaciones de organizaciones solidarias como Cáritas.

La población en su mayoría mujeres, niñas y niños, se desplazó nuevamente después de la agresión e intimidación. Familias les prestaron espacios pero existe la amenaza de expulsarles de sus comunidades. Testimonios refieren que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intenten ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.

Al menos 1237 personas, permanecen en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin poder retornar a sus casas y parcelas de manera definitiva porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto donde grupos armados provenientes de Chenalhó, mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas.

A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, Chiapas, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano. El gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17 que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, “para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017”.[1]

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
09 de noviembre de 2018
Acción Urgente no. 9

En riesgo la vida de indígenas tsotsiles de Aldama
Grupos armados de Santa Martha, Chenalhó, lesionan a dos personas e impiden cosecha de café en la comunidad de Xuxch’en.

El 7 de noviembre de 2018, un grupo de aproximadamente 20 personas integrantes del pueblo tsotsil, acudieron a sus parcelas ubicadas en Xuxch’en, Aldama, Chiapas, México, para cortar su café. Aproximadamente a las 11:00 horas, habitantes de Santa Martha Manuel Utrilla, Chenalhó, les dispararon y lesionaron a Emiliano Santíz Hernández, de 26 años. Esta es la segunda agresión en esta temporada de cosecha que comenzó el 12 de octubre.

El 19 de octubre de 2018, por la mañana bajaron de Tulantic, Cotzilnam, Tabac, Coco y la cabecera de Aldama, a levantar su cosecha, a las 11:00 horas personas de Santa Martha Manuel Utrilla les dispararon. “Algunas personas salieron corriendo y otras esperaron más de siete horas para salir. Hubo un herido, lesionado por arma de fuego. Una camioneta fue alcanzada por una bala, esta camioneta la dejaron y también sus cosechas”.

Solicitamos al Estado mexicano:

PRIMERO: Garantizar la vida, la integridad y seguridad personal de quienes están cosechando su café en la comunidad de Xuxch’en, Aldama, Chiapas, actividad indispensable para el sustento familiar.

SEGUNDO: Atender de manera urgente la situación de desplazamiento de 12 familias de la comunidad de Xuxch’en; y de las demás comunidades en condiciones de desplazamiento forzado en Aldama, Chiapas, aplicando de manera inmediata los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Así cómo realizar acciones de prevención a fin de evitar que continúen los desplazamientos de manera forzada de las comunidades de Aldama debido a las agresiones armadas en la región.

TERCERO: Implementar una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de Santa Martha Manuel Utrilla e investigar a fondo a las autoridades responsables de la organización y actuación de estos grupos. Reiteramos un alto al fuego.

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Sergio Alberto González Castro (Sergio Alberto) obtuvo su libertad después de 3 años de injusta prisión. Sergio Alberto es sobreviviente de Tortura, fue privado arbitrariamente de su libertad por Policías Municipales de La Concordia, el 05 de noviembre de 2015. Se encontraba en prisión en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados No. 08 de Villaflores, Chiapas.

Guillermo González Rodríguez, Juez Penal del Distrito Judicial de Villaflores, determinó el 04 de octubre de 2018, sentencia de libertad a Sergio Alberto por: “No haberse considerado penalmente responsable por el delito de abigeato agravado”. En el dictamen de la sentencia el Juez consideró que “los estudios médicos y psicológicos practicados a Sergio Alberto González Castro confirman ese hecho, siendo evidente que no deja lugar a dudas que el citado acusado fue torturado de una forma cruel e inhumana para obligarlo a firmar la declaración ministerial”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) y su defensa presentaron diversas pruebas que demuestran que Sergio Alberto fue torturado y que la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público de La Concordia se basa en confesiones obtenidas bajo Tortura así como otras pruebas ilícitas.

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Medios libres, comunitarios, autónomos, independientes

Prensa nacional e internacionales

Sociedad civil

El día 27 de septiembre normalistas que iban en siete autobuses hacia San Cristóbal de Las Casas, fueron parados a la salida de la cabecera municipal por aproximadamente 70 integrantes armados del municipio de Zinacantán, quienes retuvieron entre seis u ocho horas a 400 normalistas de la Escuela Rural Jacinto Canek. Los amenazaban con armas, que iban a quemar los autobuses y dispararon al aire para infundirle temor. Acto seguido alrededor de la 23:30 horas fueron bajados de los autobuses y desplazados de manera forzada, los agredieron físicamente; a todos les aventaron piedras, 10 alumnos fueron heridos, acosaron y abusaron sexualmente de las alumnas.

Ante los hechos descritos los normalistas responsabilizan de manera particular a Manuel Bolom, director de la Escuela Rural Jacinto Canek, debido a que él se ha dedicado a menospreciar, desacreditar ante las autoridades municipales de Zinacantán y a los 70 integrantes del ayuntamiento municipal de Zinacantán por las agresiones referidas.

Ante los hechos referidos este Centro de Derechos Humanos exigimos al gobierno de Chiapas:

Primero: Se implemente medidas cautelares y precautorias para garantizar la vida, la seguridad e integridad de los alumnos y alumnas de la Escuela Normal Jacinto Canek.

Segundo: Se investigue y castigue a los responsables de los hechos de agresión, abuso sexual y desplazamiento forzado que fueron objeto los normalistas y de la actuación del director Manuel Bolom.

Tercero: Se resguarde las instalaciones de la Escuela Rural Jacinto Canek, ya que existen las amenazas de saquear la escuela.

Cuarto: Se procure el pronto retorno con garantías de seguridad y de respeto hacia los y las normalistas de la Escuela Rural Jacinto Canek.

Pedimos envíen sus llamamientos al gobierno de Chiapas y firmen la acción urgente en:

https://bit.ly/2Ql2qIj