La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal labran la paz en la exigencia de justicia y verdad.

Un pueblo sin memoria es un pueblo ciego.

Un enjambre de balas apagó las velas que titilaban con su llama que evocaba la paz. Eso ocurrió la mañana del 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, México. Las manos asesinas hicieron correr ríos de sangre que sirvieron para saciar una sed de odio y el exterminio preparado desde las esferas oscuras del poder del Estado mexicano. Ese día el sol eclipsó. Las fuerzas del mal apagaron la luz de la vida de 45 personas y 4 no nacidas, estas se convirtieron en luciérnagas que se esparcen y resplandecen a quien se asoma, son luciérnagas de la conciencia que siembran lucha y resistencia.

A quienes les arrebataron la vida, hoy las recordamos, las hacemos presente. Enarbolamos su voz que clama memoria, justicia y verdad. Ese clamor se suma a la voz de jTatik Samuel Ruiz García quien fue convertido por los pueblos, quien abrazó y abraza el dolor y la esperanza de las excluidas y de los excluidos por este sistema capitalista de muerte. A 10 años de su pascua, jTatik camina junto a nosotras y nosotros, con su andar pasional entre las veredas comunales sembrando la esperanza para cosechar la vida, en un nuevo amanecer que anhelamos como humanidad. jTatik sigue enseñando con sus huellas en este territorio, la lucha por la justicia, la defensa radical de los derechos humanos. Nos guía con su antorcha, fuego que nos cobija de vida, de amor y lucha.

Recordamos que la Masacre de Acteal, es un efecto directo de la política genocida elaborada por el Estado e implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares en Chiapas, tal y como se señala en el Plan de Campaña Chiapas 94’. Los sucesos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, son una herida que se mantiene abierta para las víctimas, sobrevivientes, sus familias y para todas las personas que nos indignamos y persistimos en su lucha que es nuestra.

Ha llegado el momento de que el Estado mexicano actual, reconozca públicamente la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94’ y el impacto de los crímenes de lesa humanidad en la vida comunitaria de la población de las zonas Altos, Norte y Selva de Chiapas, en el marco de guerra de contrainsurgencia iniciada para aniquilar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a quienes se organizan desde la autonomía. El actual gobierno, tiene la oportunidad histórica y no quedarse en el reconocimiento de disculpa pública, mediática y frívola. Hoy tiene la oportunidad de estar a la altura de la exigencia de derechos que los pueblos han impulsado por décadas, de llevar a cabo acciones contundentes que conlleven a la investigación y sanción tanto de los propios funcionarios del Estado mexicano (autores intelectuales) así como de los paramilitares (autores materiales) que masacraron a las 18 mujeres adultas cuatro de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y 15 años de edad, 26 lesionados y 326 personas desplazadas que presenciaron la Masacre.

A pesar de la persistente guerra integral de desgaste; del año de la pandemia que sigue causando estragos en la humanidad; de la muerte de algunas personas sobrevivientes de la Masacre; la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes siguen labrando la paz y dando a conocer la verdad de lo que pasó ese día, como lo hacen el 22 de cada mes, impulsan La Otra Justicia donde no habita el olvido.

Desde el Frayba reconocemos este arduo caminar de Las Abejas de Acteal quienes nacieron en 1992 y continúan exigiendo justicia verdadera. Ellas y ellos han elegido impulsar desde su acción ética y política el seguimiento del Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictamine la responsabilidad del Estado mexicano en la Masacre de Acteal, para que señale de manera directa su política de contrainsurgencia, la formación de los paramilitares, entre otros hechos de terror, que dieron como consecuencia las ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Hechos que hoy en día han reactivado los sucesores del paramilitarismo en los Altos de Chiapas, especialmente en Chenalhó, creando un escenario similar al que se vivió en 1997.

Para que las Masacres como la de Acteal no permanezcan en el contínuum de injusticias que existen en nuestro país, es necesario que se derrumbe el monumento Estatal de la impunidad y se deje de trivializar las violaciones graves a los derechos humanos. Es por lo que, abrazamos las dignas luchas y resistencias como el de Las Abejas de Acteal que nos dan camino y vida, ya que su acción radical va erigiendo La Otra Justicia, desde el no Olvido que alimenta la Memoria de lucha de larga duración de los pueblos, la Verdad como hálito de grande dignidad para arraigar el Lekil Chapanel (La raíz de la justicia).

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

22 de diciembre de 2020

Boletín No. 20

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Descarga: La Masacre de Acteal continuidad en la impunidad. 

 Escucha NotiFrayba: Masacres Nunca Más

Romper la violencia con amor y con lucha por la justicia: Carta de Serapaz a Las Abejas de Acteal.

Aquí te compartimos una galería de la conmemoración del XXIII aniversario de la Masacre de Acteal.

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Until March 14, 2020, Cristóbal Sántiz Jiménez worked as a guard at a vocational training centre in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. That day, he was heading back home when he was arrested by members of the Chiapas Prosecutor’s Office Specialised Police on charges of “aggravated homicide”. Since then, he has been kept under preventive detention for a crime he did not commit.

As the spokesperson of the Permanent Commission of the 115 community members and displaced persons of Aldama, where he comes from, Cristóbal has been publicly denouncing the armed attacks, robbery, destruction of crops, and house arson perpetrated against the Aldama population by a paramilitary group from the municipality of Chenalhó. The root cause of this violence: a conflict between the Aldama and Chenalhó municipalities over 60 hectares of land that dates back to the 1970s and that Mexican and Chiapas authorities have been incapable to adequately address.

Two years before his detention, Cristóbal had already been accused of and subsequently absolved for the crime of “aggravated homicide”. This is not a coincidence. It is rather a prolongation of the harassment perpetrated against him by both State actors and the Chenalhó paramilitary group in retaliation for his work defending the rights of the displaced communities of the municipality of Aldama.

In August 2020, Cristóbal wrote a letter from the detention centre CERSS “El Amate”, in which he analysed the nature of the dreams of his own displaced Tsotsil Mayan communities from Aldama. According to Cristóbal, all their nightmares were echoing the violence they have been subjected to for more than four years.

Today in the Chiapas Highlands this violence continues. None of the three non-aggression pacts signed by the municipalities of Aldama and Chenalhó since June 2019 have resulted in the end of the armed attacks and violence against the Maya Tsotsil communities in this region.

There are currently more than 3,000 people forcibly displaced in the municipality of Aldama, who are mired in a food crisis due to the impossibility to cultivate their lands. They are permanently under attack. In the meanwhile, Cristóbal remains unjustly detained because he has never been scared to defend their rights.

Join our call to release Cristóbal Sántiz Jiménez!

Ta’louk xa ti matanal milel-ulesele.
– Basta ya de asesinatos a personas inocentes con fines de exterminio.

Después de la Masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997; en Chiapas, México, se han cometido otras dos masacres a Pueblos Originarios: La de Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2006 y la de Chincultik, el 03 de octubre de 2008.

Actualmente existe el riesgo de una nueva Masacre, en la región Altos. Grupos civiles armados de corte. paramilitar procedentes de Chenalhó, atacan con armas de fuego a comunidades de Aldama y Chalchihuitán, con la omisión y protección del gobierno de Chiapas.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y evitar otras Masacres en México.

Escuchemos a Las Abejas de Acteal en el NotiFrayba.

• • • 14 organizaciones integrantes de la Red TDT así como 3 organizaciones internacionales visitaron comunidades de las regiones Altos, Norte y Costa para documentar violaciones a DDHH.

   

• • • La impunidad y falta de acceso a la justicia generan un clima de riesgo para el CDH Digna Ochoa y el CDH Fray Bartolomé de las Casas.

   

• • La falta de voluntad política agudiza la crisis de derechos humanos que viven las comunidades chiapanecas.

Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1] visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.

La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.

Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.

Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.

Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.

También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.

Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones  en 23 estados de la República mexicana)

Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).

Descargar PDF: Misión Civil de Observación a Chiapas denuncia una situación sistemática y estructural de violaciones a derechos humanos.

• Del 7 al 10 de diciembre, organizaciones de derechos humanos realizarán una Misión Civil de Observación a Chiapas para documentar graves violaciones a derechos humanos.
• La Misión Civil de Observación a Chiapas recorrerá varias comunidades en el estado de Chiapas.
• En la MCO participarán 16 organizaciones nacionales e internacionales y la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT.

En este momento en el Estado de Chiapas, está teniendo lugar una situación de graves violaciones a derechos humanos y agresiones contra muchas personas y organizaciones que trabajan  en la defensa de los derechos humanos y por la paz.

Por un lado, vemos con preocupación el incremento de situaciones que criminalizan, hostigan y amenazan a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que queda ejemplificado en las difamaciones públicas sufridas por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que han ido escalando hasta llegar, reciententemente, a una pega de carteles en el Palacio Municipal de Tonalá donde se desacredita su labor como personas defensoras.

Por otro lado, vemos con preocupación la continuidad de las agresiones armadas contra el pueblo maya tsotsil en el municipio de Aldama. Dichas agresiones, han resultado en lesiones para  habitantes de la comunidad, así como para  integrantes de una caravana humanitaria organizada para brindar apoyo a la comunidad. Además, como señala el CDH Fray Bartolomé de las Casas: A pesar de que el viernes 27 de noviembre de 2020, nuevamente se firmó el Acuerdo Definitivo entre Aldama y Chenalhó, los ataques de armas de fuego continúan […]. El mismo día de la firma, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, reportó agresiones, las cuales se intensificaron este fin de semana.

Esta grave crisis de desplazamiento forzado que se ha vivido por años y en la que la ayuda humanitaria externa es esencial, se ha agravado debido a la pandemia de COVID-19 y la dificultad de acceder a recursos básicos de salud y educación.

La sistematicidad de las violaciones a derechos humanos, así como el riesgo en el que se encuentran personas defensoras nos mantiene en  alerta, observantes de que las diversas autoridades generen las condiciones para garantizar la integridad y vida de las poblaciones indígenas desplazadas, así como de las personas defensoras de derechos humanos.

Por ello, las organizaciones Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (CDH Frayba), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. (CDH Digna Ochoa), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C. (CDH Fray Matías), Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C., Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xi’nich, Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI), Centro Kalli Luz Marina A. C., Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC), en representación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), y acompañados por el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Colectivo de Observación y Monitoreo del Sureste realizaremos esta Misión Civil de Observación a Chiapas (MCO) del 7 al 10 de diciembre.

Esta MCO hará un recorrido por comunidades de Chiapas ubicadas en los municipios de Chilón, Chalchihuitán, Aldama y Tonalá para documentar violaciones a derechos humanos, así como para  visibilizar la situación de desplazamiento forzado y la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos que se viven en el estado. Con la información documentada buscaremos, como organizaciones, reunirnos con autoridades del orden municipal, estatal y federal para promover que se garantice la protección y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la MCO a Chiapas dará una conferencia de prensa virtual el 10 de diciembre —a través de las redes sociales de la Red TDT y de las organizaciones participantes—. En ella se expondrán los resultados de la MCO y se adelantarán las actividades para el seguimiento de las mismas.

Para más información o gestión de entrevistas:
Eber Huitzil – Comunicación, Secretaría Ejecutiva de la Red TDT
55 1796 6731, comunicacion@redtdt.org.mx

El grupo paramilitar OPDIC y Policías Estatales responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias en desplazamiento forzado.

El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20 con relación a la Petición 1594-10 Pedro Núñez Pérez y Otros (Masacre de Viejo Velasco),¹ ocurrida en el marco de una estrategia violenta de despojo territorial emprendida por el Estado mexicano contra comunidades indígenas tseltales y choles, asentadas en la Selva Lacandona, en Chiapas, México.

El 22 de noviembre de 2006, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) solicitó a la CIDH medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de los señores Mariano Pérez Guzmán, Antonio Peñate López, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. Estas personas fueron desaparecidas de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, por el grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC),² acompañado de Policías Estatales y otros servidores públicos cuando se desalojó a las familias que vivían en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Frente a la ineficacia de la Fiscalía del estado de Chiapas para efectuar la investigación y poder dar con el paradero de las personas desaparecidas, los familiares y una Comisión Civil de Observación asumió la búsqueda. El 6 de julio del 2007 encontraron restos óseos en la ruta que va de la comunidad Paraíso hacía Viejo Velasco. Con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense se logró la identificación de los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez.

Además de la desaparición forzada de cuatro personas, ese día también fueron ejecutadas María Núñez González (quien se encontraba embarazada), Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez y Vicente Pérez Díaz. En este mismo hecho, fueron privadas de forma arbitraria de su libertad Petrona Núñez González y Diego Arcos Meneses y torturadas por parte del grupo paramilitar OPDIC. A consecuencia de la afectación psicológica que vivió, Petrona Núñez González falleció en el 2010.

Actualmente, 36 personas de la comunidad Viejo Velasco se encuentran en desplazamiento forzado sin ninguna garantía para su retorno y cuatro integrantes del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xinich cuentan con órdenes de aprehensión acusados injustamente de cometer la Masacre.

El 5 de octubre de 2010, la CIDH cerró la medida cautelar y la petición de demanda al Estado mexicano dio trámite. En dicha demanda se señala su responsabilidad internacional por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y órdenes de aprehensión irregulares a consecuencia de la Masacre de Viejo Velasco.

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Desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana, exigimos el cese inmediato de las agresiones armadas contra el pueblo maya tsotsil del municipio de Aldama, Chiapas, así como un alto al contexto de violencia e impunidad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) ha denunciado las constantes agresiones armadas que mantienen a 3,499 personas en desplazamiento forzado y en las que han resultado 29 personas heridas y 6 asesinadas, en al menos 997 agresiones armadas documentadas entre marzo de 2018 al 19 de noviembre de 2020.

La situación de desplazamiento forzado y agresión armada es alarmante, puesto que las personas son atacadas cuando se dirigen a sus labores cotidianas, se ven obligadas a abandonar sus hogares ya sea de manera intermitente o permanente. Los caminos se han vuelto peligrosos y se dificulta el acceso a la zona para las y los periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas que llevan ayuda humanitaria y víveres a las familias desplazadas, en el marco de una crisis alimentaria profunda. Es importante resaltar que los impactos de esta crisis son de tal gravedad que pueden equipararse a los efectos psíquicos, físicos y comunitarios generados por la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes, debido a la angustia y desesperación provocadas por la impunidad y la continuidad de las violaciones de derechos humanos.

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Desde hace catorce años de la Masacre de Viejo Velasco seguimos exigiendo justicia. Al llegar este día, los familiares seguimos viviendo la verdad frente a la impunidad que prevalece en el caso. Seguimos escuchando el sonido de la agresión; nuestras hermanas y hermanos choles refugiándose en las montañas para salvar sus vidas; aún el rocío de la noche nos acompaña buscando a nuestros hermanos adultos mayores, Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, que aún continúan desaparecidos, luego de que ese mismo día, el grupo civil armado se los llevó.

Recordamos a nuestra compañera María Núñez González que fue ejecutada al interior de su vivienda, junto con la criatura que llevaba en su vientre, mientras protegía a su hermana menor discapacitada, Petrona Núñez González, que fue secuestrada y torturada por el grupo civil armado y que días más tarde logró escapar, pero a consecuencia de la afectación psicológica que vivió, falleció en el 2010.

La constante agresión hacia los pueblos indígenas no para. Ese día -13 de noviembre de 2006- 40 personas armadas, provenientes de los poblados de Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada Comunidad Lacandona), acompañadas por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación, con siete elementos a su mando, y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social, atacaron a nuestras hermanos y hermanas en su pequeña comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas.

No olvidamos. Es el Estado mexicano que se empeña en despojarnos a los Pueblos Indígenas de nuestros territorios. La sangre derramada en Viejo Velasco no se quedará en el olvido. Hoy, a catorce años, nuestro corazón se fortalece, nuestra tristeza se transforma en indignación, lucha y resistencia para la verdad. Nuestro grito de ¡Justicia! se escuchará en todos los rincones del mundo. No olvidamos que el único delito de nuestros hermanos y hermanas masacrados y desaparecidos, fue el de defender su tierra y su territorio, para tener el sustento de sus familias.

Nuestra voz y lucha ha tenido un paso más; queremos informar públicamente que, el pasado 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su Informe de admisibilidad No. 264/20, de la Petición 1594-10 del Caso Pedro Núñez Pérez y Otros, México, en donde señalamos claramente, la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y emisión de órdenes de aprehensión irregulares, que tuvieron lugar durante la agresión violenta en a nuestra comunidad Viejo Velasco, en un operativo de tipo paramilitar, con participación de agentes estatales.

Cabe señalar que esta masacre se dio en el contexto de una intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales, de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual, la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país.

Por eso estamos aquí y aquí seguiremos exigiendo justicia, hoy, desde la comunidad de San Martín Chamizal, donde fuimos recibidos con nuestras familias y sepultamos a nuestros compañeros.

EL GRITO DE LA SANGRE DERRAMADA IMPUNEMENTE EN LA SELVA LACANDONA, VIEJO VELASCO, TIENE SED DE JUSTICIA.

Reiteramos una vez más nuestra exigencia al Estado mexicano, de justicia para nuestras 36 hermanas y hermanos en desplazamiento forzado, así como por la ejecución extrajudicial de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, el secuestro y tortura de Petrona Núñez González y la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la Organización Social CDLI-XINICH, a quienes el Estado mexicano se empeña en hacerlos responsable de asesinar a sus propios compañeros.

QUEREMOS JUSTICIA, QUEREMOS VERDAD

CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y OPERADORES POLÍTICOS

Clamor de sangre derramada en la tierra de Viejo Velasco, Selva Lacandona

MADRE TIERRA CUÁNTA INJUSTICIA,

COBIJA MI ESPÍRITU CON LA SOMBRA DE LA SELVA.

Atentamente

Familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco

Coordinadora de la Organización Social XINICH

UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC

Organizaciones acompañantes:

Comité de Defensa de las Libertades Indígenas- CDLI-XINICH

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.-Frayba

Maderas del Pueblo del Sureste – MPS

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. – Sadec

Casa de la Mujer Ixim Antsetic A.C.

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.- CDMCH

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas

Colectivo IngeniumMex (Xalapa, Ver.)

Ik Balam Agencia de Noticias Ambientales

Carta Mesoamericana

Pacto de Grupos Ecologistas

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal).

13 de noviembre de 2020.

Ejido Chamizal, municipio de Palenque, Selva Lacandona, Chiapas, México.

Pronunciamiento conjunto