Frayba
[:es]Caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH: a un año de la Sentencia acciones del Estado sin diligencia ni eficacia[:en]Antonio González Méndez Case before the IACHR: One Year After the Ruling, State Actions Lack Diligence and Effectiveness[:]
[:es]
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de diciembre de 2025
Boletín de prensa No. 11
Caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH: a un año de la Sentencia histórica
ni las investigaciones ni las acciones de búsqueda han sido diligentes y eficaces
- El cumplimiento de la sentencia no ha sido debidamente priorizado por el Estado mexicano.
El 12 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó su sentencia de condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez Base de Apoyo del EZLN, desaparecido el 18 de enero de 1999, en el municipio de Sabanilla, Chiapas, por integrantes del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” en el marco de la puesta en marcha del contexto de violencia contrainsurgente a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.
La Sentencia reafirmó que las desapariciones forzadas cometidas en el contexto del Conflicto Armado Interno, iniciado el 1 de enero de 1994, no prescriben y obliga al Estado mexicano a dar cuentas y lo que representa un precedente histórico para otras víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Próximos a cumplirse 27 años de su desaparición, el Estado mexicano continúa con simples trámites administrativos, superficiales, encaminadas a ser una investigación infructuosa; tanto la búsqueda como las investigaciones no han sido diligentes y eficaces para dar con el paradero de Antonio González Méndez. Lo que para la Fiscalía Estatal es la hipótesis de la desaparición a manos de grupo paramilitar devela un caso que sigue sin ser clarificado, se sigue sin tomar en cuenta la sentencia de la Corte IDH que ya da por hecho esta hipótesis y además responsabiliza al Estado mexicano por impulsar a los grupos paramilitares en la zona; todo esto genera dudas sobre la seriedad del compromiso Estatal. Es fundamental esclarecer plenamente lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad.
La obligación del gobierno de México no debe quedar en actos simbólicos o en simple papel; la investigación debe contener líneas claras que identifique a los responsables, tanto materiales como intelectuales, y los procese conforme a los estándares de derechos humanos.
La persistente impunidad y el incumplimiento parcial de la Sentencia de la Corte IDH evidencian las enormes dificultades para traducir un fallo internacional en transformaciones reales y palpables. El eje central sigue siendo la localización de Antonio González Méndez y la realización de una investigación profesional, científica y autónoma que garantice justicia y verdad. Este caso no solo refleja la deuda pendiente con su familia, sino que expone de manera cruda la crisis estructural de derechos humanos, justicia e impunidad que atraviesa México.
El Estado mexicano tiene la obligación de materializar las reformas estructurales ordenadas por la Corte IDH: un registro nacional y actualizado de personas desaparecidas, programas eficaces de prevención, formación especializada para investigar crímenes de Estado, y políticas públicas que reconozcan los derechos colectivos de los pueblos originarios bajo un enfoque integral de derechos humanos. No se trata únicamente de cumplir con una sentencia, sino de transformar las instituciones para que nunca más se repitan estas violaciones.
Desde el Frayba, junto con la familia de Antonio González Méndez, seguiremos insistiendo en que la justicia se cumpla en su totalidad. Persistiremos en la búsqueda de la verdad y en la exigencia de justicia, porque solo así se podrá honrar la memoria de Antonio y abrir camino hacia un México donde la impunidad no sea la regla, sino la excepción. Esta lucha, es también la lucha por todas las personas desaparecidas y por la dignidad de los pueblos que reclaman verdad, justicia y no repetición.
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[:en]San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 12, 2025
Press Release No. 11
Antonio González Méndez Case before the IACHR: One Year After the Historic Ruling
Neither the investigations nor the search efforts have been diligent or effective
The enforcement of the ruling has not been properly prioritized by the Mexican State.
On December 12, 2024, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) notified its ruling condemning the Mexican State for the forced disappearance of Antonio González Méndez, an EZLN Support Base, who was disappeared on January 18, 1999, in the municipality of Sabanilla, Chiapas, by members of the paramilitary group “Organization for Development, Peace, and Justice” in the context of the counterinsurgency violence triggered by the implementation of the Chiapas Campaign Plan 94.
The ruling reaffirmed that forced disappearances committed within the context of the Internal Armed Conflict, which began on January 1, 1994, are not subject to statute of limitations and obliges the Mexican State to be held accountable. This represents a historic precedent for other victims of severe human rights violations.
As the 27th anniversary of his disappearance approaches, the Mexican State continues with mere administrative procedures, superficial efforts aimed at conducting an unfruitful investigation. Both the search and the investigations have not been diligent or effective in locating Antonio González Méndez. What the State Prosecutor’s Office considers the hypothesis of his disappearance at the hands of a paramilitary group reveals a case that remains unresolved. The IACHR ruling, which takes this hypothesis as a fact and holds the Mexican State responsible for supporting paramilitary groups in the region, continues to be disregarded, raising doubts about the seriousness of the State’s commitment. It is essential to fully clarify what happened and to identify, prosecute, and, if applicable, sanction all intellectual and material authors of this crime against humanity.
The obligation of the Mexican government must not be reduced to symbolic actions or mere paperwork; the investigation should include clear lines of action to identify those responsible, both material and intellectual, and prosecute them in accordance with human rights standards.
The persistent impunity and partial non-compliance with the IACHR ruling highlight the enormous challenges in translating an international ruling into real and tangible changes. The central issue remains the location of Antonio González Méndez and the carrying out of a professional, scientific, and independent investigation that guarantees justice and truth. This case not only reflects the pending debt to his family but also starkly exposes the structural crisis of human rights, justice, and impunity that Mexico is facing.
The Mexican State is obligated to implement the structural reforms ordered by the IACHR: a national and up-to-date registry of missing persons, effective prevention programs, specialized training to investigate state crimes, and public policies that recognize the collective rights of indigenous peoples through a comprehensive human rights approach. It is not just about complying with a ruling, but about transforming institutions so that these violations are never repeated.
At Frayba, alongside the family of Antonio González Méndez, we will continue to insist that justice be fully served. We will persist in the search for the truth and the demand for justice, because only in this way can we honor Antonio’s memory and pave the way for a Mexico where impunity is the exception, not the rule. This struggle is also the struggle for all the disappeared persons and for the dignity of the peoples who demand truth, justice, and non-repetition.
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[:es]Informe preliminar cuestiona la estrategia de seguridad del estado de Chiapas[:en]Preliminary Report Questions the Security Strategy in Chiapas[:]
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El 8 de diciembre de 2024 un nuevo gobierno para Chiapas asumió funciones y anunció la implementación de una “nueva” estrategia de seguridad como respuesta a la violencia derivada de la disputa territorial y social entre grupos de delincuencia organizada. Con una gran campaña de comunicación y bajo el discurso de una “paz recuperada” ha impulsado en este año 2025 la disminución parcial de algunos indicadores delictivos y ha desplegado distintos operativos de seguridad. Desde el Grupo de Trabajo Región Frontera nos preguntamos si la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del Estado de Chiapas busca la paz o la pacificación. Más que alcanzar la paz, la pacificación busca imponer el control social mediante el uso de la fuerza. En la Región Sierra-Frontera de Chiapas con Guatemala, esa estrategia no ha logrado frenar la crisis de violencia. Por el contrario, a lo largo de este año la situación es otra: un incremento en los casos de familias en desplazamiento forzado —tanto interno como hacia el país vecino— y de desaparición forzada. Estos hechos de violencia, junto con la continuidad de disputas territoriales y la presencia activa de grupos armados, muestran un panorama más complejo del que presentan los anuncios oficiales.
[:en]On December 8, 2024, a new government for Chiapas took office and announced the implementation of a “new” security strategy in response to the violence stemming from territorial and social disputes among organized crime groups. With a major communication campaign and under the narrative of a “recovered peace,” it has promoted in 2025 a partial decrease in some crime indicators and has deployed various security operations. From the Border Region Working Group, we ask ourselves whether the security strategy implemented by the government of the state of Chiapas seeks peace or pacification. Rather than achieving peace, pacification seeks to impose social control through the use of force. In the Sierra–Border Region of Chiapas, along the border with Guatemala, this strategy has not succeeded in curbing the violence crisis. On the contrary, throughout this year the situation is different: an increase in cases of families in forced displacement — both internal and toward the neighboring country — and in forced disappearances. These acts of violence, along with ongoing territorial disputes and the active presence of armed groups, reveal a far more complex panorama than that portrayed in official statements.
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