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CDH Fray Bartolome de las Casas

Adrián Gómez, sobreviviente de tortura denuncia la fabricación de culpables y la impunidad de la que gozan autoridades


Buenos días, compañeras y compañeros de las organizaciones civiles de derechos humanos que nos acompañan, a los medios de comunicación que están escuchando nuestra palabra un saludo para todxs.

Soy Adrián Gómez Jiménez integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y sobreviviente de tortura.

Libre pasado 7 de septiembre 3 meses no fue gracias al gobierno, ni la juez del Juzgado de Ejecución que esta como responsable M. Guadalupe Flores Rocha. Todos estos pertenecen al gobierno son omisos he insensibles ante los casos de los presos. Mas bien gracias a la digna lucha, gracias al Frayba y al Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, a otras organizaciones independientes y al Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. Obviamente mi libertad a través de un amparo directo penal #66/2021 después de un examen exhaustivo por parte de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado optan por mi libertad de manera absolutorio e incondicional porque se dieron cuenta de las anomalías de mi caso e irregularidades en mi expediente y la violación a mis derechos humanos.

La fiscalía del estado de Chiapas busca quien es culpar y le prefabrica a través de la tortura. Después de estudiar mi amparo y de leer doy cuenta de como prefabrico de mi delito a través de mentiras. El M.P. 5 de marzo orden de aprehensión y que el 6 de marzo del 2004 que el grupo de la policía estatal de investigación UECDO que me detienen y me ponen a disposición del juez pagina 11 párrafo 5.

Que eso es una gran mentira que hace: 3 de febrero de 2004 no fueron la policía estatal sino gente de la comunidad de Zaclamaton, San Juan Chamula 9:00 pm llegaron los agentes judiciales y me llevaron a Tuxtla Gutiérrez. Miércoles me torturaron, son tres días de tortura después de los tres días en Pitiquito un mes de arraigo y sane de los golpes.  M.P. de los delitos de privación de libertad en su modalidad plagio o secuestro, robo de auto y delincuencia organizada.

Pase 17 años con 8 meses injustamente, casi 15 años en proceso una violación a míos derechos humanos, nunca se presentaron los supuestos ofendidos a una diligencia de careos.

Durante mi detención nunca vi una orden de aprehensión, ni traductor, ni un abogado. Casi 18 años me robo mi vida el Estado con sus cárceles. El juez no estudia los casos. Las cárceles de Chiapas y en México son un exterminio, las cárceles están llenas de personas inocentes y que son pobres. Los centros penitenciarios junto con el sistema del Poder Judicial es un lugar de hacer fabrica de culpables y condenas injustas y arbitrariedades. Eso lo viví y lo comprobé en vida que la fiscalía del estado de Chiapas busca a quien culpar y no busca a los verdaderos culpables.

Ahora en esta conferencia de prensa queremos decirles a las autoridades que queremos acciones progresivas para los casos de nuestros compañeros Abraham y German López Montejo y al compañero Marcelino Ruiz Gómez que actualmente están encarcelados injustamente. No queremos palabras falsas, ni más mentiras de parte de las autoridades, tal como la juez del Juzgado de Ejecuciones de Sentencias de nombre M. Guadalupe Flores Rocha que ella solo se enfoca de dar mentiras y no se tienta el corazón, mas bien se enfoca en chingar y amenazar. A mi me considero como un rebelde su deber de ella es velar el bienestar de los presos por su beneficio.

Por eso queremos su libertad inmediata e incondicional a Abraham y German López y Marcelino Ruiz.

 

Descarga la palabra de Adrián Gómez, sobreviviente de tortura y ex preso injustamente en PDF.

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CDH Fray Bartolome de las Casas

Familiares de indígenas presos injustamente en Chiapas exigen su libertad inmediata e incondicional


San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 6 de diciembre del 2021.

 

Familiares de presos indígenas en lucha y en contra de la tortura.

 

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

A lxs defensorxs de los derechos humanos.

A la Sexta nacional e internacional.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Consejo Indígena de Gobierno.

A los medios de comunicación.

Al Pueblo Creyente.

A la Sociedad Civil Organizada.

A las organizaciones independientes.

Al pueblo de México y del mundo.

 

Primero que nada deseo enviarles un saludo combativo a los compañeros.

Mi nombre es Karla Guadalupe Meza Méndez soy de Comitán de Domínguez esposa de Marcelino Ruiz Gómez actualmente recluido en el CERSS #10 de Comitán siendo victima de tortura por parte de la fiscalía. Es por eso que hoy estamos reunidos para exigir al gobernador Rutilo Escandon Cadenas su libertad inmediata junto a los compañeros Abraham y German López Montejo ambos recluidos en el CERSS #5 de San Cristóbal de las Casas. Ya que sus detenciones fueron arbitrariamente sin contar con ninguna orden de aprehensión y así fueron victimas de tortura para firmar declaraciones prefabricadas, llevan muchos años pagando por un delito que no cometieron.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas a presentado ante el gobierno y sus autoridades un análisis de todos los expedientes con una lista grave de las violaciones de los derechos humanos y todo el proceso legal lleno de varias irregularidades, etc. Siendo que eso es trabajo de las autoridades competente y teniendo ya todo el trabajo elaborado han hecho casa omiso.

Para nosotros los familiares es muy doloroso pasar por estas situaciones ver como van truncado la vida de personas inocentes que se ven obligados a pasar por toda esta injusticia y no solo donde ellos, sufren sino también todo la familia ya que es muy difícil cuando forzadamente  nos separan.

Yo como esposa y madre he atravesado por mucho sufrimiento al criar sola a mis dos hijos trabajando sin descanso para el conseguir el pan de cada día y aun con las preocupaciones inmensa seguir en pie luchando para que se haga justicia a mi esposo Marcelino el es un hombre trabajador incapaz de hacerle daño a nadie sin malicia, honesto, sencillo y humilde de corazón. Donde quizá el único delito que perseguir  es la pobreza y la desigualdad. Como resultados mis hijos tristes por su padre, papá con el corazón angustiada y triste por seguir viviendo en una pesadilla. Es así donde se refleja la tristeza, impotencia y coraje pues te hieren de la peor manera. El propio gobierno destruye a los mas vulnerables es por eso que lo hago responsable de todos los atropellos a mi familia.

Es por eso hago un llamado al pueblo con conciencia su compresión y solidaridad a todos aquellos hombres y mujeres sensibles ante las injusticias.

Al mismo tiempo agradecemos a los medios de comunicación, a los derechos humanos, organizaciones sociales y colectivos no gubernamentales y por dar voz al pueblo marginado y reprimido que luchamos por igualdad y justicia.

 

¡Libertad inmediata a Marcelino Ruiz Gómez, Abraham y German López Montejo!

 

Atentamente:

Karla Guadalupe Meza Méndez

Descarga la palabra completa de Karla Meza, integrante del colectivo de familiares de presos indígenas en lucha. 

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Juan de la Cruz, sobreviviente de tortura exige reparación integral del daño tras las graves violaciones vividas


San Cristóbal de las Casas, Chiapas

 

Integrante expreso Juan de la Cruz Ruiz, de la Organización de la Voz de Indígenas en Resistencia, Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, a los medios de comunicación nacional e internacional a los que nos siguen acompañando por la lucha ya sea adentro de los penales y afuera, les mando un cordial saludo comvatiente y un fuerte abraso ya que ha sido una lucha de mucha resistencia y rebeldía en exijencia de justicia.

Al mismo tiempo les escribo un poco delo que me paso en mi vida donde se vio truncado mi sueño.

El pasado 28 de febrero del 2007 un grupo de ajentes ministeriales yegaron una mañana en mi casa donde rompieron la ventanas y el portón de mi casa y otras cosas de valores donde también fui torturado en ese momento al igual, mi pareja la golpearon y le tiraron un  diente a golpe, también yo no sabia a que se debía no abía ningún motibo y razón alguno y no me mostraron una orden de detención, después me cubren mi caveza con mi propia playera, me sacan de mi casa  y me suben en un carro, también me sometieron mi cabeza atrás del conductor asia avajo, donde me siguieron torturando en el  camino, también me golperon con un objeto que desconosco en mi espalda rerecho, me fracturaron un hueso que hasta el dia de hoy tengo dolor, después me yevaron en una casa que desconosco de donde queda, ya yegando en ese lugar vaje del carro, después me sentaron en una silla de fierro, me esposaron las manos acia atrás y los pies, y empezaron a seguir torturándome los ajentes ministeriales, donde también me pusieron volsa de plástico en mi cabeza para asfixiarme, también tehuacan con chile seco en mi nariz y corrientes eléctrica en mis partes intimo, en ese momento me desmaye  de tanto dolor, no se cuanto tiempo estuve inconciente ya cuando volvi de la vida estaba tirado en el suelo y uno de os ajentes judiciales me levanto, después me pidieron dinero la cantidad de 80,000 mil pesos, según para que ya no me esten torturando y por ultimo me hicieron firmar unas hojas en blanco, por que si no les firmara que ivan a seguir torturando asepte en firmar porque ya no resistia lo golpes por que fueron 2 días y 2 noches de tortura, después me trasladan al ministerio público, pase un rato ahí después me trasladan al penal del cereso N. 5.

Ya el 3 de marzo del  mismo año precente en el pena cereso n. 5 donde rendi mi declaración, también solicite un traductor por que no entendia vien el castellano, pero no me lo dieron me negaron, después la familia que me acusa también se le envio sitatorio que es importante que este precente al afectado, luego se presentaron hasta los 9 sitatorio  pere ya con una orden de aprehención y asi tube careo con eyos y ahi se vio las mentiras que desian  porque ubo muchas contradicciones en eyos como es puras mentiras  lo que decían en cambio yo tenia los suficientemente testigos a favor mio pero aun asi me centenciaron a 11 años de prición por omicidio simple después lo modificaron yego a 25 años de pricion. La familia que me acusa me puso otro delito de extorción también me dieron 5 años de pricion que yego a 30 años de cárcel, delitos que jamás cometi estas son las injusticias que los vivi con la familia, después de ver la anomalías, las injusticias que sufrimos, ya fue que nos organizamos con otros compañeros en exigencia de justicia y por nuestras libertades y mejorar este centro penitenciario.

Tambien el pasado 15 de marzo del 2019 donde nos declaramos en huelga de hambre indefinida para exijir justicia por nuestras libertades Denunciando las anomalías los atropeyos que el estado ha ocacionado y las torturas que fuimos sometidos donde estuve a puento de morir en monos de la justicia, soy sobreviviente de tortura, desde entonces fui victima de diversos violaciones al proceso legal de mi derecho donde la huelga de hambre tubo un lugar de 123 dias, también anteriormente abra solicitado una sentencia suspendida por la mesa de reconciliación  y no tuve nada de respuesta de mi caso, y resulta que el 11 de febrero del 2016, expedida por la mesa de reconciliación en ese entonces esta firmado mi voleta  de libertad por C. Rutilio Escandon Cadenas Magisrado Presidente de la Tribunal de Justicia, el estado  me tubo secuesrado durante 3 aaños y 10 meses hasta que por fin dio fruto nuestra lucha  donde obtuve mi libertad el pasado 9 de diciembre del 2019, también Sali bajo condición por que yego a firmar cada  mes, en la ciudad de Tuxtla  gutierrez durante los años que me faltan por cumplir mi sentencia de 30 años, estas son las injusticias que jerero en nuestras vidas comi familia, asi también con los compañeros que aun siguen preso.

De igual manera le exijo a los tres niveles de gobierno que le otorgen su pronta libertad a los compañeros asi como a Marcelino Ruiz que esta presos en Comitan de Dominguez en el cereso n. 10 y a los hermanos Montejo en el cereso N. 5 de San Cristobal de las Casas, Chiapas.

Y por ultimo les exijo a los tres niveles del gobierno los daños causados del parte del estado mexicano a que me paguen los daños, una indemnización y otros tipos de reparación efectiva y justicia, también la protección la integridad de mi familia y de mi persona ya que hemos recibido amenazas de muerte y a otros compañer@s y también mi antecedentes penales.

 

RESPETUOSAMENTE

Integrante: Juan de la Cruz Ruiz

Organización de la Voz de Indigenas en Resistencia

Adherentes a la sexta declaración de la Selva lacandona del Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional.

 

Descarga la palabra de Juan de la Cruz, sobreviviente de tortura y ex preso

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CDH Fray Bartolome de las Casas

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU exige la liberación inmediata de indígenas presos injustamente


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

6 de diciembre de 2021

Pronunciamiento conjunto

 

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas exige la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo.

 

  • Declaró que la privación de la libertad de los presos indígenas fue arbitraria y exige investigación exhaustiva e independiente de los hechos y se castigue a los responsables de la violación de sus derechos
  • Sin dilación el Estado mexicano debe reparar integralmente el daño causado

En el marco de su 91° período de sesiones, del 6 a 10 de septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas aprobó la Opinión núm. 43/2021, correspondiente a la privación de libertad de los señores Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo (Marcelino, Abraham y Germán), así como de los señores Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez (Juan y Adrián).

El 15 de marzo de 2019, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y 10 de Comitán, para exigir justicia y libertad, denunciando al Estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta resolución pronta, completa e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia.

Después de más de 130 días de huelga de hambre y a la fecha, el Estado mexicano ha permanecido indiferente frente a las medidas necesarias para remediar tal situación. Lo único que han recibido es hostigamiento, represión, intimidación, humillación, calumnias por parte de las autoridades de los centros penitenciarios, así como como vigilancia y amenazas hacia las familias y organizaciones que les acompañan. Las sentencias por parte de jueces NO han tomado en consideración las graves violaciones a derechos humanos como la tortura.

Las abuelas, madres, padres, hermanas, hijas, hijos y esposas de los presos integrantes del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha en compañía de colectivos solidarios y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), acudieron al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria para denunciar la situación injusta, quien ha determinado que el Estado mexicano  incumplió las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo e imparcial, además de su posición discriminatoria ignorando la igualdad de los seres humanos, en función de su origen étnico o social e idioma, falta de asistencia médica, entre otros.

Además los familiares han denunciado la preocupación frente a esta situación de graves violaciones a derechos humanos, la falta de atención a la salud y en especial ante el marco de la contingencia por COVID-19, solicitado medidas alternativas a la prisión, sin éxito. En varias ocasiones han denunciado la falta de una alimentación digna para ellos y la población penitenciaria en general sin que las peticiones sean atendidas, pues se les ha entregado alimentos escasos o en malas condiciones.

Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002, y lleva 19 años, 10 meses y 1 día privado de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciado a 25 años de prisión, pagando por un delito que no cometió. Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011, y llevan 10 años, 10 meses y 18 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciados a 75 años de prisión cada uno, pagando por un delito que no cometieron.

Juan fue detenido el 28 de febrero de 2007, después de 12 años, 9 meses y 10 días de prisión, fue puesto en libertad mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación que le otorgó el beneficio de sentencia suspendida, debido a que su declaración fue obtenida bajo tortura y no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura, cabe mencionar que tenía una libertad desde el 11 de febrero de 2016 mediante cuadernillo 387/MR/2012 sin que esta se cumpliera. Adrián fue detenido el 3 de febrero de 2004 y liberado el día 7 de septiembre del 2021, tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente, un Juez Federal le concedió el amparo liso y llano por violaciones al debido proceso entre pruebas insuficientes para acreditar su responsabilidad.

A 40 días de su notificación, exigimos al estado mexicano el cumplimiento inmediato de la Opinión núm. 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas para la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y la reparación integral de todo el daño que se les ha causado a ellos y a sus familiares. En especial atención pedimos al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez su pronta intervención.

De manera especial debe implementar esta decisión la mesa de diálogo interinstitucional del estado de Chiapas compuesta por el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado Juan Óscar Trinidad Palacios, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Juan José Zepeda Bermúdez, así como la Consejera del Consejo de la Judicatura del Estado Isela de Jesús Martínez Flores quien ha coordinado la mesa de diálogo y análisis de expedientes penales, así como la Jueza del Juzgado de Ejecución de Sentenciados M. Guadalupe Flores Rocha, ya que hasta el día de hoy no existe ningún resultado aun sabiendo de las graves violaciones al debido proceso y violaciones a derechos humanos cometidos a los presos indígenas.

Los familiares de los presos agradecemos la solidaridad de los colectivos y organizaciones nacionales e internacionales que nos han acompañado en esta larga lucha por la justicia y la verdad para nuestros familiares y les pedimos seguirnos acompañando en este caminar y que no nos dejen solas y solos.

 

Libertad inmediata e incondicional para nuestros compañeros presos injustamente.

Atentamente,

Marcelino Ruíz Gómez

Abraham López Montejo

Germán López Montejo

Juan de la Cruz Ruiz

Adrián Gómez Jiménez

Colectivo de Familiares de Presos en Lucha

Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos

Grupo de Trabajo «No estamos todxs»

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Concejo Autonomo Regional de la Zona Costa de Chiapas

Frente Cívico Tonalteco

Red de Mujeres de la Costa de Chiapas

Lumantik Herriak

Chuvajeltik

Promedios De Comunicación Comunitaria (ProMedios)

Colectivo Flor de Asfalto

Colectiva Autónoma de Colaboración Social

Nodo Solidale Italia

Nodo Solidale México

Casa de salud comunitaria Yi’bel’ik

Taller Ahuehuete

 Confederación General del Trabajo

 Internationalt Forum (IF) de Dinamarca.

Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR) 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República)

Diana Riba i Giner  Eurodiputada de Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlamento Europeo.

Aurora Madaula i Gimenez. Diputada en el Parlamento Catalán.

Carles MacGragh i Pruja. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya CICAC y Vicepresidente de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española CGAE.

Sergi Zorrilla Cubells. Asesor de medios y políticas del Parlamento Europeo.

Gemma Aristoy  i Pujol. Regidora de Sant Cugat del Valles, Barcelona

Beth Mejan i Aznar. Regidora  de Derechos Sociales de Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

Frances Paré.

Llumull Accions Audiovisuals.

La Garriga Societat Civil/La Garriga Guerrera.

 

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en Pdf

Lee las opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

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CDH Fray Bartolome de las Casas

Junta de Buen Gobierno Caracol 10 Patria Nueva: Denuncia de agresiones contra Nuevo San Gregorio

JUNTA DE BUEN GOBIERNO
NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELDÍA
POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD
CARACOL 10
FLORECIENDO LA SEMILLA REBELDE
ZONA PATRIA NUEVA, CHIAPAS, MÉXICO

A 2 DE DICIEMBRE 2021

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LOS ADHERENTES DE LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA OPINIÓN PUBLICA.

Nosotros como Juntas de Buen Gobierno del caracol 10 denunciamos lo siguiente:

Denunciamos a los invasores Nicolás Pérez Pérez del ejido San Gregorio las casas, Pedro Hernández Gómez del ejido San Gregorio las casas, a Javier Gómez Pérez de la Ranchería Duraznal, integrantes del grupo los 40 que siguen invadiendo nuestros territorios y siguen haciendo su cometido teniendo como objetivo despojar de sus tierras a nuestros compañeros y compañeras que luchan.

Denunciamos los echos sucedidos el pasado 29 de noviembre del año en curso, a las 8: am 22 invasores comandado por los invasores ya mencionados entran a nuestras tierras con azadones y picos para tomar el potrero colectivo de nuestra comunidad zapatista Nuevo San Gregorio, estos invasores se ponen a crear una sanja de 50 metros de largo para el pozo de agua fuente de ayuda y sostenimiento del colectivo de ganado de nuestros compañeros y compañeras zapatistas con el fin de provocar que se seque el abrevadero de sus animales; el objetivo principal de estos invasores es hacerle camino a un tractor para seguir invadiendo mas territorio rebelde y provocar que los 22 animales que siguen resistiendo ante estas agresiones, desfallezcan.

Estos invasores siguen avanzando su mal en nuestros territorios llegando al potrero colectivo de 9 hectáreas que está ubicado a 50 metros del centro de la comunidad, ahora atentando con la vida de los animales que han sido el sostenimiento en la lucha de nuestras compañeras y compañeros durante años con resistencia y rebeldía. El pozo de agua también alimenta el colectivo de peces, un estanque de 2×3 metros, los dos colectivos ahora se encuentran en un alto riesgo de desfallecer. Cabe mencionar que los colectivos son grandes fuentes de apoyo y sostenimiento en nuestra lucha por la vida no para hacer algún daño, pero estos invasores nos siguen hostigando e invadiendo nuestros territorios.

Responsabilizamos al gobierno Municipal, Estatal y Nacional de lo que vaya a suceder con nuestros colectivos, por que siendo llamados Autoridades no mueven ni un dedo ante estos atentados que están viviendo nuestras compañeras y compañeros bases zapatistas, solapan los echos cometidos por este grupo de personas que no hacen mas que atacar a nuestras compañeras y compañeros que están luchando, cuidando de nuestra madre tierra, el gobierno Mexicano no hace nada para detener las invasiones y agresiones que cada vez mas se expande.

El gobierno no hace mas que fortalecer la invasión y la agresión al quedarse callado ante estos actos de despojo, acciones de destrucción que atentan contra la integridad y la vida de la gente que resiste y lucha por la vida.

Seguimos en pie de lucha, no nos vamos a rendir.

ATENTAMENTE:

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO
NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELDÍA
POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD.

Fuente: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba

Organizaciones civiles de Chiapas expusieron a embajadores/as de la Unión Europea las principales problemáticas en el estado


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
16 de noviembre de 2021
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Del 11 al 13 de noviembre, varias Embajadoras, Embajadores y personal de Embajadas de países miembros de la Unión Europea visitaron Chiapas y su primera reunión fue con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, agradecemos esta primera visita.

En dicha reunión, quienes estuvimos participando les expresamos nuestra preocupación con respecto a:

  • La extrema marginalización económica, social y política, misma que se ha visto agudizada por la pandemia de COVID-19, en particular en el acceso a la salud y la educación.
  • La debilidad institucional en el estado y los niveles de violencia en las elecciones de junio pasado (treceavo Estado con más casos de asesinatos de políticos; no se instalaron 232 casillas; simulación en la paridad de género y en los distritos electorales federales reservados para indígenas; participación de la delincuencia organizada en el financiamiento y el nombramiento de candidatos).
  • La impunidad y la dificultad para acceder al aparato de justicia: subrayamos el uso sistémico y sistemático de la tortura y la ausencia de sentencias condenatorias por este delito en los casos que se han denunciado; el impacto de la pandemia de COVID-19 y el preocupante indicador que representan los asesinatos del defensor Simón Pedro Pérez y el fiscal Gregorio Pérez Gómez en julio y agosto, del presente año.
  • La remilitarización del Estado, que ha implicado el cierre de la frontera Sur desde 2019 con más de 11 mil efectivos federales desplegados. Eso en un estado de por sí fuertemente militarizado desde los 90 a raíz del levantamiento armado. Justamente esta experiencia de varias décadas, genera mucha preocupación a que se siga fomentando la prostitución, se acentúe el alcoholismo y el consumo de drogas, y se generen más violaciones a derechos humanos y divisiones comunitarias.
  • Además, vemos que a pesar de la militarización masiva y prolongada, no se está logrando detener el aumento de la violencia por la actuación cada vez más descarada de la delincuencia organizada.
  • Las desapariciones pasadas y presentes. El reporte del primer semestre de 2020 arrojó, en este sentido, una cifra de 2,332 personas.
  • El desarrollo de grandes proyectos estratégicos o sociales sin tomar en cuenta la voz de las comunidades indígenas cuyos territorios se encontrarán afectados.
  • La discriminación histórica y estructural que ha resultado en la marginación y pobreza multidimensional de los Pueblos Indígenas, así como en un continuum de violencias y violaciones graves a los derechos humanos de esta población sin que se de atención a las mismas. Su perpetración proviene tanto del Estado como de los agentes del crimen organizado, que cada vez están dentro de las estructuras de la organización socio comunitaria y del mismo Estado. De los 90s a la fecha la impunidad ha sido una constante. Reconocer a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público sigue siendo una asignatura pendiente, incluido el derecho a veto, como muestra de su derecho a la libre determinación.
  • El desplazamiento forzado masivo sin que se atienda el fondo esta problemática, ya que, hasta la fecha hay cerca de 14,776 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas ligado a la violencia por grupos armados. Por parte del gobierno de México, a las personas desplazadas se ofrece ayuda humanitaria insuficiente y convenios temporales de paz, como acción mediática que no atienden las causas estructurales de las diferentes expulsiones forzadas que han vivido las comunidades de la zona Altos y Norte de Chiapas que en los últimos años han generado entornos torturantes porque victimizan y revictimizan a los sujetos, con impacto psicosociales graves por lo que no permiten la cotidianidad de la cultura comunitaria de los Pueblos Originarios, y por consecuencia obstruyen los proyectos de vida.
  • La agravación de la violencia hacia la infancia: Los feminicidios de niñas y adolescentes han incrementado desde el 2016, la mayoría de los casos están impunes y casi la mitad son indígenas; en 2020, 10 niñas fueron asesinadas. En 2021 tenemos una cifra récord en el número de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (565), lo cual significa que cada 2 días desaparecen 3 de ellos. En Chiapas se concentran casi 65 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
  • La situación de riesgo a la cual están expuestas las personas defensoras de derechos humanos: particularmente se hizo referencia a las agresiones de las cuales han sido víctimas las personas defensoras de la tierra y el territorio, de migrantes y medioambientales. Frente a ello, se expuso que la respuesta del Estado tanto federal como chiapaneco no ha sido suficiente para garantizar el ejercicio de la defensa de derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Por lo que se considera indispensable contar con una política pública integral para personas defensoras y periodistas con amplia participación de la sociedad civil.
  • La agravación de la violencia contra personas defensoras: Una de las personas defensoras dio testimonio de su trabajo, especialmente de las acciones que realiza para lograr una paz sostenible. También expuso los graves riesgos a los cuales está expuesto por lo mismo.
  • Vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente, ejemplificando esta situación las personas defensoras de los humedales de montaña en San Cristóbal de Las Casas. A pesar de ser reservas ecológicas, se encuentran bajo fuerte amenaza por la expansión de la mancha urbana y a pesar de representar el 70 % del agua potable de la ciudad. Desde 2018, se han interpuesto más de 60 denuncias ante distintas autoridades. Mientras tanto los defensores ambientales han sufrido múltiples agresiones por grupos de choque que invaden y destruyen el patrimonio natural de San Cristóbal.
  • El incremento de la violencia hacia las mujeres: la violencia estructural ya que no está garantizado su derecho a la tenencia/uso/usufructo de la tierra con lo que quedan excluidas de todo proceso de información y toma de decisiones sobre problemáticas que afectan la vida comunitaria; las dificultades para gozar de derechos básicos como salud, educación y alimentación; el aumento de la violencia doméstica, de los abusos y violencia sexual, y de los feminicidios (de enero a septiembre del 2021, 160 muertes violentas y 57 feminicidios); trata de personas, tráfico y corrupción de menores e incremento de hostigamientos y amenazas a mujeres defensoras del territorio; impunidad y naturalización de la violencia de género por parte de las autoridades.
  • Políticas cada vez más restrictivas de derechos hacia la población migrante, a través de la detención, contención, represión, y deportación de personas en movilidad sin reconocer sus necesidades de protección internacional ya que un número creciente de personas migra por la violencia, la pobreza extrema, desastres climáticos y crisis económicas agravadas por los impactos de la pandemia. Se observa que la externalización de las fronteras y la militarización de las mismas, implica mayores riesgos a la seguridad de las personas que buscan protección y vida digna, encontrándose en México con la corrupción e inoperancia de los programas e instituciones que deberían atenderlas.
  • Dificultades crecientes en materia de libertad de expresión, ante el incremento del impacto de los grupos de la delincuencia organizada; se han documentado agresiones, amenazas (físicas y en redes sociales), presiones, intentos de soborno, y muchos casos no se denuncian por temor a represalias. Ello ha provocado que se creen zonas de silencio y autocensura.

Además de las principales problemáticas, las y los participantes plantearon una serie de propuestas para ser atendidas por el Estado mexicano y la Unión Europea (Lee el documento completo aquí)

Nuevamente agradecemos el interés expresado por las Embajadas en su visita y valoramos positivamente que en la conferencia de prensa que sostuvieron en Tuxtla Gutiérrez el 12 de noviembre,se hayan referido a la existencia de varias problemáticas y a la necesidad de seguir avanzando en temas de derechos humanos (defensores de derechos humanos y periodistas, derechos de la niñez, de las mujeres y de los migrantes, desplazamiento forzado interno, tortura, medioambiente e impactos negativos de la militarización). Esperamos puedan dar seguimiento a lo abordado desde las prioridades que ratificaron en aspectos de derechos humanos, paz, desarrollo sostenible y crisis climática.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba

Servicio Internacional para la Paz-SIPAZ

Servicios y Asesoría para la Paz-SERAPAZ

Movimiento Sueco por la Reconciliación-SweFOR

P. Marcelo Pérez Pérez

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

Melel Xojobal

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, CDMCH

Red Ambiental del Valle de Jovel

Ángeles Mariscal, Periodista de Investigación

Descarga el documento completo entregado a los embajadores/as de la Unión Europea

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba)

Pronunciamiento conjunto: Quince años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

Conmemoración de los 15 años de la Masacre en las oficinas de la Coordina Xi’nich, Palenque Chiapas. Foto: CDH Frayba

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2021

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
Quince años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

  • Estado mexicano responsable por acción y omisión de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado
  • La fuerza de nuestro corazón y nuestra conciencia seguirá caminando en la búsqueda y exigencia de justicia verdadera, no nos vamos a cansar.

El día de hoy, reunidos en las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas, quienes conformamos el Comité de Defensa de la Libertad Indígena CDLI-XI’NICH’, Tsoblej yu’un Wokoltik y UCISECH ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, México, damos a conocer nuestra palabra como pueblos mayas Tseltal, Ch’ol y Zoque, así también organizaciones que acompañamos de manera presencial y desde el corazón exigiendo Verdad y Justicia.

Hoy se cumplen 15 años de impunidad en la Masacre de Viejo Velasco. Hasta hoy, continúan desaparecidos los ancianos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López que tenían el cargo de principales de nuestra iglesia comunitaria. Por lo que preguntamos: ¿dónde están? ¿a dónde se los llevaron? ¿qué les han hecho?, además 36 personas de la comunidad aún se encuentran en desplazamiento forzado, sin garantías mínimas para su retorno, sin ninguna atención por parte del Estado mexicano.

Frente a la impunidad, el Estado mexicano continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas que defendemos nuestros territorios. No olvidamos que el 13 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 6:00 horas, alrededor de 40 civiles armados más 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas ingresaron violentamente a la comunidad de Viejo Velasco, acompañados de funcionarios de otras dependencias del estado de Chiapas y de la federación responsables de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado. En su  momento el terror invadió nuestra comunidad, pero hemos logrado mantener nuestra lucha y organización.

La responsabilidad de funcionarios públicos no se ha investigado, entre ellos se encuentran Vicente Fox expresidente de México, Pablo Salazar ex gobernador de Chiapas y Mariano Herrán Salvatti ex procurador de justicia (fallecido en 2017) que hasta hoy se encuentran gozando de una completa impunidad. El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso y aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20.

En este acto conmemorativo hacemos presente a:

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Frayba: Acción Urgente: Desplazamiento forzado de más de 3000 personas en Aldama, Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
a 4 de noviembre de 2021.
Acción Urgente No. 10

 Desplazamiento forzado de más de 3000 personas

  • 47 ataques armados hacia 10 comunidades del municipio de Aldama.
  • Imparable las agresiones de parte del grupo armado que actúa desde Santa Martha, municipio de Chenalhó.
  • Consistente la ausencia y complicidad del gobierno mexicano para atender la situación de violencia armada

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su preocupación por la imparable violencia armada y el constante desamparo que 10 comunidades del municipio de Aldama, Chiapas viven diariamente en este entorno torturante.

Según información proporcionada por los representantes de los desplazados del municipio de Aldama desde las 5.04 hrs. del 1 de noviembre de 2021 empezaron los ataques armados, al cierre de esta acción urgente hemos registrado 47 ataques con armas de alto calibre, que han generado el desplazamiento forzado de aproximadamente 3000 personas, poniéndolas en un alto riesgo a la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad de las comunidades de Aldama.

Las agresiones son realizadas por un grupo de personas armadas que operan desde Santa Martha, Chenalhó. Las agresiones armadas no han cesado y los habitantes se encuentran sitiados. Las 3000 personas desplazadas pertenecen a las comunidades de Chayomte, Juxton, Stzelejpotobtik, Chivit, Yeton, San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco y una parte de Xuxchen que han abandonado sus casas, huyendo a las montañas para refugiarse.

El Frayba manifiesta su preocupación por la escalada de violencia hacia las comunidades de Aldama que desde hace 5 años han sido permanente las violaciones a los derechos humanos en este territorio de Los Altos de Chiapas, todo esto bajo la tolerancia y complicidad del gobierno mexicano. Es por ello que exigimos de manera enérgica alto a la violencia, basta de simulación de los gobiernos federal y estatal para atender este horror que vive diariamente el pueblo maya tsotsil de Aldama y Santa Martha.

Les solicitamos a la solidaridad nacional e internacional envíen sus expresiones de repudio por esta grave situación de violencia en Chiapas:

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FrayBa y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro

Defensores comunitarios tseltales de Chilón exigen el cierre de los procesos penales en su contra por defender su territorio

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

13 de octubre de 2021

Pronunciamiento Conjunto

Defensores comunitarios tseltales de Chilón, Chiapas, exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización.

A un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo maya-tseltal y las familias de los defensores comunitarios, exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis).

Cabe recordar que el 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero Ocosingo – Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la Guardia Nacional, reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón, en contra de la construcción de dicho cuartel. Durante los hechos, los compañeros César y José Luis fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados, de igual manera, 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados.

César y José Luis fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01, de Cintalapa, Chiapas y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se considerará las violaciones a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos defensores comunitarios. A pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, en la audiencia de revisión realizada el 01 de noviembre de 2020, únicamente se les otorgó el cambio de medida cautelar por lo que hoy siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias.

A lo largo de este año, se han interpuesto una serie de recursos legales para poder lograr la libertad de Cesar y José Luis, entre los que se encuentra la solicitud realizada al Juzgado de Control sobre la exclusión de pruebas obtenidas a partir de la tortura que sufrieron; sin embargo, todos los recursos fueron desestimados.

Es importante mencionar que en noviembre de 2020 diversas comunidades del pueblo maya tseltal, acompañadas por el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional, argumentando que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada; así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas. A un año de haberse interpuesto dicho amparo, éste continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, teniendo pendiente la resolución de un recurso de revisión y queja por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa en Tuxtla Gutiérrez.

Ante esta situación y en un contexto tan adverso para el respeto de sus derechos, las comunidades del pueblo maya-tseltal del municipio de Chilón, César y José Luis, solicitan a la Fiscalía General del Estado de Chiapas el sobreseimiento de los procesos penales que se siguen en su contra por defender su territorio de la militarización, teniendo la oportunidad de demostrar que la justicia en el estado de Chiapas, respeta de manera irrestricta los derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, se realiza un llamado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso  respecto a los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización del territorio indígena maya-tseltal, generando mecanismos de acceso efectivo a la justicia de los pueblos.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

& Centro de Derechos Humanos Miguel Agustón Pro Juárez

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en PDF

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FrayBa

Familiares y sobrevivientes de tortura en Chiapas se unen por verdad y justicia


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de octubre de 2021
Boletín No. 13

 

  • Fiscalía General del Estado simula justicia en su afán de aplicar el estado de derecho, llenando cárceles con víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación por parte de las Fiscalías, en lo que va del año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o por petición de Jueces del estado de Chiapas para aplicar el Protocolo de Estambul.

Los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba o declaración donde existan indicios de que fue obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales y que tal no se postergue hasta la sentencia.

Desde el 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y Tratos o Penas Crueles Inhumanos Degradantes asentó que: “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad, generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información”.1 Además la relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas informó que en el caso de personas indígenas detenidas y procesadas penalmente “enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y a la defensa adecuada por motivo de la escasez de interpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas y conozcan las culturas indígenas”.

Negar o invisibilizar la tortura no la erradica. La impunidad sigue encubriendo la acción y omisión de las autoridades mexicanas y no se garantiza la reparación integral a las víctimas y sus familiares. En Chiapas se simula justicia, su acceso es un laberinto de obstáculos procesales plagado de violaciones a los derechos humanos.

Frente a este panorama sobrevivientes de tortura y sus familiares rompen el miedo y se organizan, generando luces de esperanza para que estos actos no vuelvan a cometerse.

Durante los días 7 y 8 de octubre de 2021, se realizó en San Cristóbal de Las Casas el Encuentro de Familiares y Sobrevivientes de Tortura en Chiapas “Compartir la Esperanza”, en donde recibimos en su mayoría mujeres: abuelas, madres, hermanas, hijas, sobrinas, tías que desde el amor afrontan la impunidad del Estado exigiendo la libertad de sus familiares presos injustamente.

Las y los familiares de sobrevivientes de tortura han denunciado la constante discriminación que enfrentan frente a los operadores de justicia, durante la pandemia los procesos penales están lentos y otros están parados, la situación carcelaria es cada día más precaria no tienen atención médica adecuada en prisión y sin acceso a medicamentos.

El Frayba exige al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones de investigar, identificar y castigar a todos los responsables de cometer actos de tortura, exigiendo a tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier acción de represalia contra los sobrevivientes de tortura y sus familiares y garantizar el derecho a una reparación integral, sin acceso a la justicia los gobiernos federal y estatal son cómplices de los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, además de reproducir y mantener el pacto de impunidad que impregna el sistema de justicia en México.

 

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