San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Integrante expreso Juan de la Cruz Ruiz, de la Organización de la Voz de Indígenas en Resistencia, Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, a los medios de comunicación nacional e internacional a los que nos siguen acompañando por la lucha ya sea adentro de los penales y afuera, les mando un cordial saludo comvatiente y un fuerte abraso ya que ha sido una lucha de mucha resistencia y rebeldía en exijencia de justicia.

Al mismo tiempo les escribo un poco delo que me paso en mi vida donde se vio truncado mi sueño.

El pasado 28 de febrero del 2007 un grupo de ajentes ministeriales yegaron una mañana en mi casa donde rompieron la ventanas y el portón de mi casa y otras cosas de valores donde también fui torturado en ese momento al igual, mi pareja la golpearon y le tiraron un  diente a golpe, también yo no sabia a que se debía no abía ningún motibo y razón alguno y no me mostraron una orden de detención, después me cubren mi caveza con mi propia playera, me sacan de mi casa  y me suben en un carro, también me sometieron mi cabeza atrás del conductor asia avajo, donde me siguieron torturando en el  camino, también me golperon con un objeto que desconosco en mi espalda rerecho, me fracturaron un hueso que hasta el dia de hoy tengo dolor, después me yevaron en una casa que desconosco de donde queda, ya yegando en ese lugar vaje del carro, después me sentaron en una silla de fierro, me esposaron las manos acia atrás y los pies, y empezaron a seguir torturándome los ajentes ministeriales, donde también me pusieron volsa de plástico en mi cabeza para asfixiarme, también tehuacan con chile seco en mi nariz y corrientes eléctrica en mis partes intimo, en ese momento me desmaye  de tanto dolor, no se cuanto tiempo estuve inconciente ya cuando volvi de la vida estaba tirado en el suelo y uno de os ajentes judiciales me levanto, después me pidieron dinero la cantidad de 80,000 mil pesos, según para que ya no me esten torturando y por ultimo me hicieron firmar unas hojas en blanco, por que si no les firmara que ivan a seguir torturando asepte en firmar porque ya no resistia lo golpes por que fueron 2 días y 2 noches de tortura, después me trasladan al ministerio público, pase un rato ahí después me trasladan al penal del cereso N. 5.

Ya el 3 de marzo del  mismo año precente en el pena cereso n. 5 donde rendi mi declaración, también solicite un traductor por que no entendia vien el castellano, pero no me lo dieron me negaron, después la familia que me acusa también se le envio sitatorio que es importante que este precente al afectado, luego se presentaron hasta los 9 sitatorio  pere ya con una orden de aprehención y asi tube careo con eyos y ahi se vio las mentiras que desian  porque ubo muchas contradicciones en eyos como es puras mentiras  lo que decían en cambio yo tenia los suficientemente testigos a favor mio pero aun asi me centenciaron a 11 años de prición por omicidio simple después lo modificaron yego a 25 años de pricion. La familia que me acusa me puso otro delito de extorción también me dieron 5 años de pricion que yego a 30 años de cárcel, delitos que jamás cometi estas son las injusticias que los vivi con la familia, después de ver la anomalías, las injusticias que sufrimos, ya fue que nos organizamos con otros compañeros en exigencia de justicia y por nuestras libertades y mejorar este centro penitenciario.

Tambien el pasado 15 de marzo del 2019 donde nos declaramos en huelga de hambre indefinida para exijir justicia por nuestras libertades Denunciando las anomalías los atropeyos que el estado ha ocacionado y las torturas que fuimos sometidos donde estuve a puento de morir en monos de la justicia, soy sobreviviente de tortura, desde entonces fui victima de diversos violaciones al proceso legal de mi derecho donde la huelga de hambre tubo un lugar de 123 dias, también anteriormente abra solicitado una sentencia suspendida por la mesa de reconciliación  y no tuve nada de respuesta de mi caso, y resulta que el 11 de febrero del 2016, expedida por la mesa de reconciliación en ese entonces esta firmado mi voleta  de libertad por C. Rutilio Escandon Cadenas Magisrado Presidente de la Tribunal de Justicia, el estado  me tubo secuesrado durante 3 aaños y 10 meses hasta que por fin dio fruto nuestra lucha  donde obtuve mi libertad el pasado 9 de diciembre del 2019, también Sali bajo condición por que yego a firmar cada  mes, en la ciudad de Tuxtla  gutierrez durante los años que me faltan por cumplir mi sentencia de 30 años, estas son las injusticias que jerero en nuestras vidas comi familia, asi también con los compañeros que aun siguen preso.

De igual manera le exijo a los tres niveles de gobierno que le otorgen su pronta libertad a los compañeros asi como a Marcelino Ruiz que esta presos en Comitan de Dominguez en el cereso n. 10 y a los hermanos Montejo en el cereso N. 5 de San Cristobal de las Casas, Chiapas.

Y por ultimo les exijo a los tres niveles del gobierno los daños causados del parte del estado mexicano a que me paguen los daños, una indemnización y otros tipos de reparación efectiva y justicia, también la protección la integridad de mi familia y de mi persona ya que hemos recibido amenazas de muerte y a otros compañer@s y también mi antecedentes penales.

RESPETUOSAMENTE

Integrante: Juan de la Cruz Ruiz

Organización de la Voz de Indigenas en Resistencia

Adherentes a la sexta declaración de la Selva lacandona del Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional.

Descarga la palabra de Juan de la Cruz, sobreviviente de tortura y ex preso

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

6 de diciembre de 2021

Pronunciamiento conjunto

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas exige la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo.

• Declaró que la privación de la libertad de los presos indígenas fue arbitraria y exige investigación exhaustiva e independiente de los hechos y se castigue a los responsables de la violación de sus derechos

• Sin dilación el Estado mexicano debe reparar integralmente el daño causado

En el marco de su 91° período de sesiones, del 6 a 10 de septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas aprobó la Opinión núm. 43/2021, correspondiente a la privación de libertad de los señores Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo (Marcelino, Abraham y Germán), así como de los señores Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez (Juan y Adrián).

El 15 de marzo de 2019, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y 10 de Comitán, para exigir justicia y libertad, denunciando al Estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta resolución pronta, completa e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia.

Después de más de 130 días de huelga de hambre y a la fecha, el Estado mexicano ha permanecido indiferente frente a las medidas necesarias para remediar tal situación. Lo único que han recibido es hostigamiento, represión, intimidación, humillación, calumnias por parte de las autoridades de los centros penitenciarios, así como como vigilancia y amenazas hacia las familias y organizaciones que les acompañan. Las sentencias por parte de jueces NO han tomado en consideración las graves violaciones a derechos humanos como la tortura.

Las abuelas, madres, padres, hermanas, hijas, hijos y esposas de los presos integrantes del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha en compañía de colectivos solidarios y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), acudieron al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria para denunciar la situación injusta, quien ha determinado que el Estado mexicano  incumplió las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo e imparcial, además de su posición discriminatoria ignorando la igualdad de los seres humanos, en función de su origen étnico o social e idioma, falta de asistencia médica, entre otros.

Además los familiares han denunciado la preocupación frente a esta situación de graves violaciones a derechos humanos, la falta de atención a la salud y en especial ante el marco de la contingencia por COVID-19, solicitado medidas alternativas a la prisión, sin éxito. En varias ocasiones han denunciado la falta de una alimentación digna para ellos y la población penitenciaria en general sin que las peticiones sean atendidas, pues se les ha entregado alimentos escasos o en malas condiciones.

Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002, y lleva 19 años, 10 meses y 1 día privado de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciado a 25 años de prisión, pagando por un delito que no cometió. Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011, y llevan 10 años, 10 meses y 18 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciados a 75 años de prisión cada uno, pagando por un delito que no cometieron.

Juan fue detenido el 28 de febrero de 2007, después de 12 años, 9 meses y 10 días de prisión, fue puesto en libertad mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación que le otorgó el beneficio de sentencia suspendida, debido a que su declaración fue obtenida bajo tortura y no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura, cabe mencionar que tenía una libertad desde el 11 de febrero de 2016 mediante cuadernillo 387/MR/2012 sin que esta se cumpliera. Adrián fue detenido el 3 de febrero de 2004 y liberado el día 7 de septiembre del 2021, tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente, un Juez Federal le concedió el amparo liso y llano por violaciones al debido proceso entre pruebas insuficientes para acreditar su responsabilidad.

A 40 días de su notificación, exigimos al estado mexicano el cumplimiento inmediato de la Opinión núm. 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas para la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y la reparación integral de todo el daño que se les ha causado a ellos y a sus familiares. En especial atención pedimos al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez su pronta intervención.

De manera especial debe implementar esta decisión la mesa de diálogo interinstitucional del estado de Chiapas compuesta por el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado Juan Óscar Trinidad Palacios, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Juan José Zepeda Bermúdez, así como la Consejera del Consejo de la Judicatura del Estado Isela de Jesús Martínez Flores quien ha coordinado la mesa de diálogo y análisis de expedientes penales, así como la Jueza del Juzgado de Ejecución de Sentenciados M. Guadalupe Flores Rocha, ya que hasta el día de hoy no existe ningún resultado aun sabiendo de las graves violaciones al debido proceso y violaciones a derechos humanos cometidos a los presos indígenas.

Los familiares de los presos agradecemos la solidaridad de los colectivos y organizaciones nacionales e internacionales que nos han acompañado en esta larga lucha por la justicia y la verdad para nuestros familiares y les pedimos seguirnos acompañando en este caminar y que no nos dejen solas y solos.

Libertad inmediata e incondicional para nuestros compañeros presos injustamente.

Atentamente,

Marcelino Ruíz Gómez

Abraham López Montejo

Germán López Montejo

Juan de la Cruz Ruiz

Adrián Gómez Jiménez

Colectivo de Familiares de Presos en Lucha

Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos

Grupo de Trabajo «No estamos todxs»

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Concejo Autonomo Regional de la Zona Costa de Chiapas

Frente Cívico Tonalteco

Red de Mujeres de la Costa de Chiapas

Lumantik Herriak

Chuvajeltik

Promedios De Comunicación Comunitaria (ProMedios)

Colectivo Flor de Asfalto

Colectiva Autónoma de Colaboración Social

Nodo Solidale Italia

Nodo Solidale México

Casa de salud comunitaria Yi’bel’ik

Taller Ahuehuete

 Confederación General del Trabajo

 Internationalt Forum (IF) de Dinamarca.

Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR) 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República)

Diana Riba i Giner  Eurodiputada de Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlamento Europeo.

Aurora Madaula i Gimenez. Diputada en el Parlamento Catalán.

Carles MacGragh i Pruja. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya CICAC y Vicepresidente de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española CGAE.

Sergi Zorrilla Cubells. Asesor de medios y políticas del Parlamento Europeo.

Gemma Aristoy  i Pujol. Regidora de Sant Cugat del Valles, Barcelona

Beth Mejan i Aznar. Regidora  de Derechos Sociales de Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

Frances Paré.

Llumull Accions Audiovisuals.

La Garriga Societat Civil/La Garriga Guerrera.

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en Pdf

Lee las opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
16 de noviembre de 2021
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Del 11 al 13 de noviembre, varias Embajadoras, Embajadores y personal de Embajadas de países miembros de la Unión Europea visitaron Chiapas y su primera reunión fue con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, agradecemos esta primera visita.

En dicha reunión, quienes estuvimos participando les expresamos nuestra preocupación con respecto a:

• La extrema marginalización económica, social y política, misma que se ha visto agudizada por la pandemia de COVID-19, en particular en el acceso a la salud y la educación.
• La debilidad institucional en el estado y los niveles de violencia en las elecciones de junio pasado (treceavo Estado con más casos de asesinatos de políticos; no se instalaron 232 casillas; simulación en la paridad de género y en los distritos electorales federales reservados para indígenas; participación de la delincuencia organizada en el financiamiento y el nombramiento de candidatos).
• La impunidad y la dificultad para acceder al aparato de justicia: subrayamos el uso sistémico y sistemático de la tortura y la ausencia de sentencias condenatorias por este delito en los casos que se han denunciado; el impacto de la pandemia de COVID-19 y el preocupante indicador que representan los asesinatos del defensor Simón Pedro Pérez y el fiscal Gregorio Pérez Gómez en julio y agosto, del presente año.
• La remilitarización del Estado, que ha implicado el cierre de la frontera Sur desde 2019 con más de 11 mil efectivos federales desplegados. Eso en un estado de por sí fuertemente militarizado desde los 90 a raíz del levantamiento armado. Justamente esta experiencia de varias décadas, genera mucha preocupación a que se siga fomentando la prostitución, se acentúe el alcoholismo y el consumo de drogas, y se generen más violaciones a derechos humanos y divisiones comunitarias.
• Además, vemos que a pesar de la militarización masiva y prolongada, no se está logrando detener el aumento de la violencia por la actuación cada vez más descarada de la delincuencia organizada.
• Las desapariciones pasadas y presentes. El reporte del primer semestre de 2020 arrojó, en este sentido, una cifra de 2,332 personas.
• El desarrollo de grandes proyectos estratégicos o sociales sin tomar en cuenta la voz de las comunidades indígenas cuyos territorios se encontrarán afectados.
• La discriminación histórica y estructural que ha resultado en la marginación y pobreza multidimensional de los Pueblos Indígenas, así como en un continuum de violencias y violaciones graves a los derechos humanos de esta población sin que se de atención a las mismas. Su perpetración proviene tanto del Estado como de los agentes del crimen organizado, que cada vez están dentro de las estructuras de la organización socio comunitaria y del mismo Estado. De los 90s a la fecha la impunidad ha sido una constante. Reconocer a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público sigue siendo una asignatura pendiente, incluido el derecho a veto, como muestra de su derecho a la libre determinación.
• El desplazamiento forzado masivo sin que se atienda el fondo esta problemática, ya que, hasta la fecha hay cerca de 14,776 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas ligado a la violencia por grupos armados. Por parte del gobierno de México, a las personas desplazadas se ofrece ayuda humanitaria insuficiente y convenios temporales de paz, como acción mediática que no atienden las causas estructurales de las diferentes expulsiones forzadas que han vivido las comunidades de la zona Altos y Norte de Chiapas que en los últimos años han generado entornos torturantes porque victimizan y revictimizan a los sujetos, con impacto psicosociales graves por lo que no permiten la cotidianidad de la cultura comunitaria de los Pueblos Originarios, y por consecuencia obstruyen los proyectos de vida.
• La agravación de la violencia hacia la infancia: Los feminicidios de niñas y adolescentes han incrementado desde el 2016, la mayoría de los casos están impunes y casi la mitad son indígenas; en 2020, 10 niñas fueron asesinadas. En 2021 tenemos una cifra récord en el número de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (565), lo cual significa que cada 2 días desaparecen 3 de ellos. En Chiapas se concentran casi 65 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
• La situación de riesgo a la cual están expuestas las personas defensoras de derechos humanos: particularmente se hizo referencia a las agresiones de las cuales han sido víctimas las personas defensoras de la tierra y el territorio, de migrantes y medioambientales. Frente a ello, se expuso que la respuesta del Estado tanto federal como chiapaneco no ha sido suficiente para garantizar el ejercicio de la defensa de derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Por lo que se considera indispensable contar con una política pública integral para personas defensoras y periodistas con amplia participación de la sociedad civil.
• La agravación de la violencia contra personas defensoras: Una de las personas defensoras dio testimonio de su trabajo, especialmente de las acciones que realiza para lograr una paz sostenible. También expuso los graves riesgos a los cuales está expuesto por lo mismo.
• Vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente, ejemplificando esta situación las personas defensoras de los humedales de montaña en San Cristóbal de Las Casas. A pesar de ser reservas ecológicas, se encuentran bajo fuerte amenaza por la expansión de la mancha urbana y a pesar de representar el 70 % del agua potable de la ciudad. Desde 2018, se han interpuesto más de 60 denuncias ante distintas autoridades. Mientras tanto los defensores ambientales han sufrido múltiples agresiones por grupos de choque que invaden y destruyen el patrimonio natural de San Cristóbal.
• El incremento de la violencia hacia las mujeres: la violencia estructural ya que no está garantizado su derecho a la tenencia/uso/usufructo de la tierra con lo que quedan excluidas de todo proceso de información y toma de decisiones sobre problemáticas que afectan la vida comunitaria; las dificultades para gozar de derechos básicos como salud, educación y alimentación; el aumento de la violencia doméstica, de los abusos y violencia sexual, y de los feminicidios (de enero a septiembre del 2021, 160 muertes violentas y 57 feminicidios); trata de personas, tráfico y corrupción de menores e incremento de hostigamientos y amenazas a mujeres defensoras del territorio; impunidad y naturalización de la violencia de género por parte de las autoridades.
• Políticas cada vez más restrictivas de derechos hacia la población migrante, a través de la detención, contención, represión, y deportación de personas en movilidad sin reconocer sus necesidades de protección internacional ya que un número creciente de personas migra por la violencia, la pobreza extrema, desastres climáticos y crisis económicas agravadas por los impactos de la pandemia. Se observa que la externalización de las fronteras y la militarización de las mismas, implica mayores riesgos a la seguridad de las personas que buscan protección y vida digna, encontrándose en México con la corrupción e inoperancia de los programas e instituciones que deberían atenderlas.
• Dificultades crecientes en materia de libertad de expresión, ante el incremento del impacto de los grupos de la delincuencia organizada; se han documentado agresiones, amenazas (físicas y en redes sociales), presiones, intentos de soborno, y muchos casos no se denuncian por temor a represalias. Ello ha provocado que se creen zonas de silencio y autocensura.

Además de las principales problemáticas, las y los participantes plantearon una serie de propuestas para ser atendidas por el Estado mexicano y la Unión Europea (Lee el documento completo aquí)

Nuevamente agradecemos el interés expresado por las Embajadas en su visita y valoramos positivamente que en la conferencia de prensa que sostuvieron en Tuxtla Gutiérrez el 12 de noviembre,se hayan referido a la existencia de varias problemáticas y a la necesidad de seguir avanzando en temas de derechos humanos (defensores de derechos humanos y periodistas, derechos de la niñez, de las mujeres y de los migrantes, desplazamiento forzado interno, tortura, medioambiente e impactos negativos de la militarización). Esperamos puedan dar seguimiento a lo abordado desde las prioridades que ratificaron en aspectos de derechos humanos, paz, desarrollo sostenible y crisis climática.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba

Servicio Internacional para la Paz-SIPAZ

Servicios y Asesoría para la Paz-SERAPAZ

Movimiento Sueco por la Reconciliación-SweFOR

P. Marcelo Pérez Pérez

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

Melel Xojobal

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, CDMCH

Red Ambiental del Valle de Jovel

Ángeles Mariscal, Periodista de Investigación

Descarga el documento completo entregado a los embajadores/as de la Unión Europea

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de octubre de 2021
Boletín No. 13

• Fiscalía General del Estado simula justicia en su afán de aplicar el estado de derecho, llenando cárceles con víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación por parte de las Fiscalías, en lo que va del año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o por petición de Jueces del estado de Chiapas para aplicar el Protocolo de Estambul.

Los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba o declaración donde existan indicios de que fue obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales y que tal no se postergue hasta la sentencia.

Desde el 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y Tratos o Penas Crueles Inhumanos Degradantes asentó que: “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad, generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información”.1 Además la relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas informó que en el caso de personas indígenas detenidas y procesadas penalmente “enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y a la defensa adecuada por motivo de la escasez de interpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas y conozcan las culturas indígenas”.

Negar o invisibilizar la tortura no la erradica. La impunidad sigue encubriendo la acción y omisión de las autoridades mexicanas y no se garantiza la reparación integral a las víctimas y sus familiares. En Chiapas se simula justicia, su acceso es un laberinto de obstáculos procesales plagado de violaciones a los derechos humanos.

Frente a este panorama sobrevivientes de tortura y sus familiares rompen el miedo y se organizan, generando luces de esperanza para que estos actos no vuelvan a cometerse.

Durante los días 7 y 8 de octubre de 2021, se realizó en San Cristóbal de Las Casas el Encuentro de Familiares y Sobrevivientes de Tortura en Chiapas “Compartir la Esperanza”, en donde recibimos en su mayoría mujeres: abuelas, madres, hermanas, hijas, sobrinas, tías que desde el amor afrontan la impunidad del Estado exigiendo la libertad de sus familiares presos injustamente.

Las y los familiares de sobrevivientes de tortura han denunciado la constante discriminación que enfrentan frente a los operadores de justicia, durante la pandemia los procesos penales están lentos y otros están parados, la situación carcelaria es cada día más precaria no tienen atención médica adecuada en prisión y sin acceso a medicamentos.

El Frayba exige al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones de investigar, identificar y castigar a todos los responsables de cometer actos de tortura, exigiendo a tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier acción de represalia contra los sobrevivientes de tortura y sus familiares y garantizar el derecho a una reparación integral, sin acceso a la justicia los gobiernos federal y estatal son cómplices de los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, además de reproducir y mantener el pacto de impunidad que impregna el sistema de justicia en México.

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