Radio Zapatista
Los Otros Estados Unidos: represión, marginación y resistencias de base en EEUUThe Other United States: repression, marginalization and grass-roots resistance in the US
por Alejandro Reyes
Publicado en: Ciepac
En Estados Unidos se vive un momento histórico muy particular. Por un lado, la guerra en Irak se ha transformado en un caos genocida al cual no se le ve fin. Escándalos de corrupción resquebrajaron la confianza en el gobierno y el sistema. El mercado inmobiliario sufrió una caída estrepitosa que forzó a mucha gente a perder sus casas y llevó a muchos más a la bancarrota, anunciando el inicio de la peor crisis financiera desde la década de 1920 y un resquebrajamiento del sistema capitalista global. Al mismo tiempo, casi siete años de una política de “seguridad nacional” llevaron a una alarmante pérdida de las garantías individuales y a la institucionalización de la tortura. La crisis y el miedo llevaron a una postura antiinmigrante cada vez más virulenta y a una militarización de la frontera sin precedentes. En este contexto, la elección de Barak Obama como el nuevo presidente demócrata de los Estados Unidos fue recibida con escepticismo por mucha gente cuya realidad permanece prácticamente invisible, a pesar de que sin duda han sido los más afectados: los pobres y la “gente de color”, minorías raciales que, en muchos casos, no son minoría.
La vida en los barrios más pobres de Estados Unidos es sumamente difícil y tiende a empeorar. Es el caso del barrio Sur Central de Los Ángeles, con una población hoy mayoritariamente latina. Fue ahí que, en 1992, surgió una de las rebeliones más importantes de los Estados Unidos, cuando los policías que golpearon al taxista negro Rodney King fueron absueltos por un jurado blanco en su casi totalidad. La rebelión fue la respuesta de la población desesperada ante la violencia policial, pero también ante una situación que en el momento parecía insostenible y que hoy sólo ha empeorado: altos niveles de desempleo, un patrón de salarios cada vez más bajos, sobrepoblación, escasez de vivienda y rentas muy caras, segregación racial, pandillerismo, drogadicción, un sistema educativo desastroso, pésimos servicios de salud, altos índices de obesidad y desnutrición debido a la falta de alimentos saludables.
Pero fue justamente en este barrio que, durante más de 14 años, floreció la granja urbana más importante de Estados Unidos: casi seis hectáreas cultivadas por más de 300 familias pobres, en su mayoría de origen latino. La Granja Sur Central constituía no sólo una alternativa de independencia económica, sino una fuente de alimentación de alta calidad a bajos precios. Además, los campesinos preservaban antiguas tradiciones de cultivo, conocimientos de medicina natural y semillas ancestrales. La granja era un lugar de convivencia lejos de la violencia, las drogas, las pandillas y el racismo, un refugio donde los niños podían jugar sin miedo, donde se realizaban fiestas y ceremonias tradicionales. Muchos de los campesinos eran adherentes a la Otra Campaña.
Pero una compleja trama de intereses políticos y económicos resultó en la destrucción de la granja, en junio de 2006, por el gobierno del alcalde latino y demócrata Antonio Villaraigosa, a pesar de la formación de un amplio movimiento social para defenderla. Las soluciones orgánicas a los problemas de salud, alimentación, educación, drogadicción y criminalidad poco interesaron a los políticos y empresarios deseosos de lucrar con ese terreno cuando un nuevo corredor ferroviario aumentó los precios inmobiliarios. Hoy un pequeño grupo de campesinos sigue organizándose y preservando el sueño de la granja en tierras fuera de la ciudad.
La granja fue destruida con la intención de construir una bodega para la empresa textil Forever 21. Esta es una de las empresas combatidas por el Centro de Trabajadores y Trabajadoras de la Costura, quienes la acusan de violar los derechos laborales de sus empleados, en su mayoría inmigrantes. Este Centro, una organización independiente, horizontal y con base en la comunidad, opera en el centro de Los Ángeles, en el corazón de la pujante industria textil. Aunque es bien conocida la industria maquiladora mundial, que se desplaza de país en país en busca de menores precios de mano de obra, poco se discute la industria maquiladora interna, que se aprovecha de la precariedad de la mano de obra inmigrante (miedo, desconocimiento de las leyes, dificultad con el idioma, persecución por no tener papeles, amenazas y abusos constantes) para reducir costos sin tener que desplazar la producción a otros países. El Centro de Trabajadores y Trabajadoras de la Costura se organiza para combatir estas prácticas, en el contexto de una creciente criminalización y hostilidad hacia la inmigración.
En los últimos años ha habido un recrudecimiento severo de legislaciones antiinmigrantes. Esto ha resultado en la expulsión de más de un millón de inmigrantes en los últimos tres años -con un promedio de deportaciones tres veces mayor que hace una década. Al mismo tiempo, ha provocado una precarización de las condiciones de vida de los migrantes, facilitando la explotación. Pero los números no logran dar cuenta de la realidad cotidiana de millones de personas que ahora viven bajo constante terror. Abundan las historias de los niños dejados atrás cuando la migra (autoridades migratorias) se lleva a sus padres. Las historias de las familias aterrorizadas cuando agentes entran a sus casas pateando puertas, amenazando con armas y llevándose esposadas a personas cuyo único crimen es trabajar. Las historias del terror de perder todos los bienes y encontrarse deportada en alguna ciudad de la frontera sin un centavo. Las historias de los meses o años de detención, las inyecciones forzadas de fármacos antipsicóticos peligrosos, en violación a legislaciones de derechos humanos internacionales, los procesos legales manipulados, los maltratos y humillaciones por las autoridades migratorias. Y abundan, también, las historias de los cientos de personas que mueren cada año tratando de cruzar una frontera cada vez más militarizada.
En este contexto, organizaciones como la muy zapatista Tierra y Libertad, en Tucson, Arizona, se organizan desde abajo para resistir. Se trata de combatir circunstancias específicas, como las redadas de la migra que mantienen a las comunidades en un estado de terror, pero sobre todo de crear una conciencia colectiva a través de la educación y la participación organizativa. Por eso, a la campaña de información sobre derechos se le añaden proyectos de autosustentabilidad comunitaria, de arte rebelde (RebelArte) y de educación colectiva. Se trata de alternativas autónomas, desde abajo, por parte de comunidades que ya no creen en soluciones provenientes del gobierno o los partidos políticos y que deciden tomar las riendas de sus vidas en sus propias manos.
Otra organización interesante en ese sentido es el Kilombo Intergaláctico, en Durham, Carolina del Norte. El Kilombo es un centro social en el que “comunidades de color”, migrantes, trabajadores y estudiantes buscan soluciones para los problemas de su vida cotidiana y al mismo tiempo se vinculan a movimientos anticapitalistas del mundo. El Kilombo está inspirado en la lucha zapatista pero también en los piqueteros argentinos, en los Panteras Negras y los Young Lords estadounidenses y en los palenques o quilombos de la América colonial (comunidades en resistencia de esclavos cimarrones, indígenas y mestizos). Al estilo zapatista, sus ejes de organización y de lucha son la asamblea, el encuentro, la autonomía, el territorio, el conocimiento y la palabra. El Centro tiene programas educativos (clases de inglés, español, alfabetización, computación, talleres de lectura) y deportivos, biblioteca, talleres sobre derechos, un proyecto de radio, huerta comunitaria, clínica de salud, un proyecto de vivienda de bajo costo y una editorial independiente.
Uno de los problemas más graves que afectan a las comunidades pobres y “de color” es lo que en inglés se llama gentrification: la elitización de los barrios en aras del “progreso”, la especulación inmobiliaria y los intereses comerciales. Se trata de un proceso en el que participan inversionistas particulares, empresas multinacionales y políticos locales, estatales y federales, y que resulta en el desplazamiento sistemático de poblaciones pobres, alejándolas de sus fuentes de ingresos y destruyendo el tejido comunitario. Es el caso, entre muchos, del Segundo Barrio en El Paso, Texas, que el Plan Paso del Norte pretende destruir para construir un gran centro comercial. Como explican los organizadores de la resistencia (miembros de la Otra Campaña), el Segundo Barrio es no sólo el barrio más antiguo de El Paso, sino una comunidad viva, mayoritariamente de origen mexicano -un verdadero sistema de sobrevivencia que le permite a esa población excluida resistir con su cultura, su lenguaje y su condición económica.
En Nueva York, El Barrio, en el Este de Harlem, sufre el mismo problema. Uno de los principales agresores actuales es la empresa Dawnay, Day Group, basada en Londres, que en 2007 compró 47 edificios y que intenta desalojar a sus inquilinos para desarrollos de lujo. Pero el problema empezó mucho antes, y en diciembre de 2004 residentes de cinco edificios amenazados se organizaron y formaron el Movimiento Por Justicia en El Barrio, que por medio de campañas mediáticas, demandas legales, manifestaciones y acciones directas luchan contra el desplazamiento. Con la publicación de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el Movimiento por Justicia en El Barrio decidió unirse a la Otra Campaña y adoptar formas de lucha zapatistas. En 2006 realizó La Consulta del Barrio, un largo proceso en el que los miembros de la comunidad decidieron sus prioridades y estrategias de lucha. En octubre de 2007, realizaron el primer Encuentro de Nueva York por la Humanidad y contra el Desalojo Neoliberal, en el que participaron organizaciones de toda la ciudad que luchan contra gentrification. En marzo de 2008, el Movimiento lanzó una Campaña Internacional en Defensa de El Barrio, con la intención no sólo de fortalecer la resistencia sino de motivar la vinculación de esfuerzos en otras partes del mundo.
Otra constante en las comunidades de color es el abuso y la violencia policiales. Este pasado 1 de enero, el joven negro Oscar Grant fue detenido por un grupo de policías (blancos) en Oakland, California, en una estación del metro (Bart). Mientras sus amigos y un número de personas protestaban desesperadas, los policías lo tumbaron al suelo boca abajo. Uno de ellos lo inmovilizó con la rodilla en el cuello mientras otro sacaba la pistola y le disparaba por la espalda, asesinándolo. El incidente se volvió público al ser presenciado por muchos testigos y grabado en dos teléfonos celulares, resultando en violentas manifestaciones. Pero la brutalidad y el racismo de las fuerzas policiales contra las comunidades de color en todo el país son la norma. Como respuesta, organizaciones llamadas CopWatch (vigilantes de la policía) han surgido en muchas ciudades. Sus miembros patrullan las calles con cámaras de video, alertan a los residentes de retenes y redadas y organizan formas de defensa comunitaria. En Los Ángeles, CopWatch L.A., con inspiración zapatista y de otros movimientos autonomistas, es parte de un proyecto más amplio de autonomía comunitaria llamado Comunidades Autónomas Revolucionarias, que incluye granjas comunitarias, guarderías y otros proyectos.
La violencia policial está acompañada de formas jurídicas de criminalización de la juventud. Por ejemplo, las leyes antipandillas prohíben que los miembros de ciertas pandillas se reúnan en determinadas áreas geográficas. Pero la determinación de quién es parte de una pandilla se hace de manera muy arbitraria, de manera que jóvenes, pertenecientes o no, se vuelven criminales por el simple hecho de platicar con amigos en público, andar en bicicleta, usar ropa de ciertos colores o hablar por teléfono celular. Las historias de arbitrariedades contra jóvenes de color abundan. En Nueva York, un joven de 16 años lleva ya varias estancias en la cárcel: por pasar de un carro a otro en el metro, por no registrarse al entrar a un complejo habitacional.
Estos son los jóvenes que supuestamente tienen derechos. Pero los migrantes indocumentados ni si quiera aspiran a tanto. La inmigración “ilegal” se ha criminalizado en los últimos años, de manera que hoy el “delito” resulta no sólo en la deportación, sino en la detención por períodos que pueden durar años. En septiembre de 2008 se realizó la mayor redada de la historia estadounidense en Postville, Iowa. Trescientas personas fueron arrestadas, acusadas no sólo de inmigración ilegal, sino de robo de identidad, un cargo con penas muy severas. La acusación no hubiera resistido el escrutinio en un tribunal, pero las presiones y amenazas, el miedo, el desconocimiento de las leyes y la ausencia de abogados hicieron que la mayoría de los detenidos se declararan culpables a cambio de sentencias supuestamente más cortas de hasta dos años de prisión.
¿Pero, por qué esa criminalización? Parte de la respuesta se encuentra en las políticas de “seguridad nacional” instauradas después del 11 de septiembre de 2001. El antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), que pertenecía al Departamento de Justicia, fue desmantelado en marzo de 2003, con la mayoría de sus funciones transferidas al Departamento de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement-ICE), ahora bajo el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Con un presupuesto anual de casi 6 mil millones de dólares, las funciones del ICE se ampliaron para incluir la “lucha contra el terrorismo” y “amenazas a la seguridad nacional”, funciones muy promovidas en la retórica oficial. Sin embargo, el minúsculo número de terroristas y “amenazas a la seguridad nacional” detenidos (114 de 814,073 de 2004 a 2007) es obviamente insuficiente para justificar el presupuesto o la retórica de mano dura. La respuesta, por lo tanto, es presentar a trabajadores inmigrantes como criminales capaces de amenazar la seguridad nacional.
Pero un factor quizás más importante es la privatización de las prisiones, en lo que se ha venido a llamar el “complejo industrial carcelario”, una industria billonaria que obviamente necesita “clientes”. Los Estados Unidos tiene el mayor porcentaje per cápita de presos del mundo. La privatización de las prisiones no sólo resulta en lucros directos por medio de fondos del Estado. Mucho más lucrativo resulta el trabajo esclavo de los prisioneros, permitido en la 13ª Enmienda Constitucional. Los presos, que para el capitalismo estadounidense son “excedentes sociales”, representan una formidable fuente de mano de obra. Hoy, numerosas empresas utilizan el trabajo de prisioneros que reciben aproximadamente 25 centavos de dólar por hora.
Lo que se percibe en todo esto es un complejo mecanismo de aprovechamiento de millones de personas que ya no caben en el sistema. En este contexto, las luchas autonomistas juegan un papel fundamental. Para muchos, el sistema es tan complejo y perverso que no hay manera de cambiarlo desde arriba. Las reformas de la administración de Barak Obama ni tienen la intención ni serían capaces, si la tuvieran, de reestructurar el sistema en sus bases. Para las comunidades de mero abajo, la única alternativa viable es la organización comunitaria autónoma y la vinculación con otras luchas en el país y en el mundo.
(*)NOTA: El autor es escritor y periodista alternativo, miembro del colectivo Radio Zapatista y doctorando en literatura latinoamericana.
Manifestación de “Movimiento por la Justicia en El Barrio”; New York (Fotos de Cecile Lumer)by Alejandro Reyes
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The United States is going through a very particular historic moment. On one hand, the war in Iraq has turned into a genocidal chaos with no end in sight. Corruption scandals have shaken the public’s trust in the government and the system. The real estate market suffered a precipitous collapse that resulted in many people losing their homes and many more going bankrupt, and that announced the beginning of the worst financial crisis since the 1920s and a fracture of the global capitalist system. At the same time, nearly seven years of “homeland security” policies have led to an alarming reduction of civil liberties and the institutionalization of torture. The crisis and fear led to increasingly virulent anti-immigrant postures and to an unprecedented militarization of the border. In this context, the election of Barak Obama as the new Democrat president of the United States was received with skepticism by many people whose reality remains practically invisible, despite the fact that they have undoubtedly been the most affected-the poor and “people of color,” racial minorities that, more often than not, are not a minority.
Life in the poorest neighborhoods of the U.S. is extremely difficult and tends to get worse. Such is the case with South Central Los Angeles, today a mostly Latino neighborhood. It was here that one of the most important rebellions in the United States took place in 1992, when the police officers who had brutally beat Rodney King, an African-American taxi driver, were acquitted by an almost all-white jury. The rebellion was the people’s desperate response to police violence, but also to a situation that at the time seemed untenable and which has only gotten worse: high unemployment levels, increasingly lower salaries, overcrowding, scarcity of housing and expensive rents, racial segregation, gangs, drug addiction, a disastrous educational system, abysmal health services, high obesity and malnutrition rates due to the lack of healthy food sources.
But it was precisely in this neighborhood that, during more than 14 years, flourished the most important urban garden in the U.S.: 14 acres cultivated by over 300 poor, mostly Latino families. South Central Farm was not only a creative alternative for economic self-sustainability, but also a source of high-quality foodstuffs at affordable prices. In addition, the farmers preserved ancient farming traditions, knowledge of traditional medicine, and ancestral seeds. The farm was a place for conviviality away from the violence, drugs, gangs, and racism, a refuge where children could play without fear, where traditional celebrations and ceremonies took place. Many of the farmers were members of the Zapatistas’ Other Campaign.
But a complex mesh of political and economic interests led the government of Antonio Villaraigosa-a Latino and a Democrat-to destroy the farm in June 2006, despite the formation of a broad social movement in its defense. This organic solution to the health, food, education, drugs, and crime problems of the community meant nothing to the politicians and entrepreneurs eager to profit from the land when a new freight train corridor made the price of real estate skyrocket. Today, a small group of farmers continues organizing and preserving the dream of the farm in lands outside the city.
The farm was destroyed in order to build a warehouse for the clothing company Forever 21. This is one of the businesses combated by the Garment Worker Center (GWC), which accuses it of violating workers’ rights of its employees, most of them immigrants. The GWC, an independent, community-based, horizontally-driven organization, operates in downtown Los Angeles, at the heart of the thriving clothing industry. Although much has been said about the global maquiladora industry, which hops from country to country in search of ever cheaper labor, little is talked about the internal sweatshop industry, which takes advantage of the precarious conditions of immigrant workers (fear, ignorance of labor laws, difficulties with the language, harassment for being undocumented, threats, and constant abuse) in order to reduce costs without having to take production offshore. The Garment Worker Center organizes with sweatshop workers to combat these practices, within the context of an increasing criminalization of and hostility toward immigration.
In recent years there has been a significant increase of anti-immigrant legislation. This has resulted in the deportation of over a million immigrants in the last three years-with a deportation rate three times higher than a decade ago. At the same time, it has seriously affected the living conditions of migrants, which facilitates exploitation. But the numbers can hardly speak of the everyday reality of millions of people who now live in a state of constant terror. A reality portrayed by the frighteningly common stories of the children left behind when immigration authorities take their parents away. By the stories of terrified families seeing heavily armed agents enter their homes kicking doors, threatening them with their weapons, handcuffing and dragging away people whose only crime was to work. By the stories of the panic of losing all material possessions and finding oneself deported in some border town without a penny in one’s pocket. By the stories of the months or years of detention, of being forcefully injected anti-psychotic drugs, in violation of international human rights legislations, of manipulated legal proceedings, of abuse and humiliation by immigration authorities. And also by the stories of the hundreds of people who die each year trying to cross an increasingly militarized border.
In this context, collectives like the very Zapatista Tierra y Libertad in Tucson, Arizona, organize from below to resist. Their objective is to combat specific issues, such as the immigration raids that maintain communities in a constant state of fear, but above all to build collective awareness through education and participation in organization. Because of that, in addition to an informational campaign on civil and immigrant rights they develop community self-sustainability projects, “rebel art” workshops, and community educational projects. The point is to create autonomous alternatives from below by communities which no longer believe in solutions from the government or political parties and who decide to take back control of their own lives.
Another interesting organization along those lines is the Kilombo Intergaláctico in Durham, North Carolina. The Kilombo is a social center where communities of color, migrants, workers, and students look for solutions for their everyday lives while connecting themselves to anti-capitalist movements around the world. The Kilombo is inspired by the Zapatista struggle but also by Argentinean piqueteros, the Black Panthers and Young Lords of the United States, and the palenques or quilombos of colonial times in the Americas (communities in resistance of runaway slaves, indigenous people, and mestizos). In Zapatista style, their strategies for organization and struggle are centered on assemblies, encounters, autonomy, territory, knowledge, and communication. The center has educational and sports programs (English, Spanish, literacy, computing, reading workshops, capoeira), a library, rights workshops, a radio project, a community garden, a health clinic, an affordable housing project, and an independent publisher.
One of the most serious problems affecting the poor and people of color communities is gentrification in the name of “progress,” real estate speculation, and commercial interests. It is a process that involves private investors, multinational companies, and local, state and federal politicians, and which results in the systematic displacement of poor populations, distancing them from their sources of income and destroying community ties. Such is the case, among many, of the Segundo Barrio in El Paso, Texas, which the Paso del Norte Plan intends to destroy in order to build a large shopping center. As the organizers of the resistance (members of the Zapatista’s Other Campaign) explain, the Segundo Barrio is not only the oldest neighborhood in El Paso but, most importantly, a live community with a population of mostly Mexican origin-a veritable survival system that allows that excluded population to resist with its culture, its language, and its economic condition.
In New York, El Barrio, in East Harlem, suffers the same problem. One of the main aggressors currently is the London-based Dawnay, Day Group, which in 2007 bought 47 buildings and which intends to evict the residents for the sake of luxury developments. But the problem is much older than that, and in December 2004 residents of five threatened buildings organized themselves and formed the Movement for Justice in El Barrio, which through media campaigns, legal actions, demonstrations, and direct actions struggle against gentrification. After the release of the Sixth Declaration of the Lacandon Jungle, the Movement for Justice in El Barrio decided to join the Other Campaign and adopt Zapatista forms of struggle. In 2006 they organized the “Consulta del Barrio,” a long process whereby community members determined their priorities and strategies for struggle. In October 2007 they organized the First New York Encounter for Humanity and Against Gentrification, with the participation of organizations from all over New York and other cities that struggle against gentrification. In March 2008 the movement launched an International Campaign in Defense of El Barrio, with the purpose not only of strengthening the resistance but of joining forces with struggles in other parts of the world.
Another ever present issue in communities of color is police violence and abuse. This past New Year’s Eve the black youth Oscar Grant was detained by a group of BART police at a subway station in Oakland, California. While his friends and a number of people protested desperately, two (white) policemen threw him face down on the ground. One of them immobilized him with a knee on the youth’s neck, while the other one withdrew his gun and shot him in the back, murdering him. The incident became public because of the many witnesses present and because it was captured on video on two cell phones, resulting in violent demonstrations. But police brutality and racism against communities of color is the norm throughout the country. As a response, CopWatch organizations have been created in many cities. Their members patrol the cities with video cameras, alert residents of checkpoints and raids, and organize community self-defense. In Los Angeles, CopWatch L.A., with Zapatista inspiration as well as other autonomist movements, is part of a much broader community autonomy project called Revolutionary Autonomous Communities (RAC), which includes community gardens, nurseries, and other collective projects.
Police violence is accompanied by legal mechanisms that tend to criminalize youth. For example, gang injunction laws forbid members of certain gangs to get together in certain geographical areas. But the ways in which authorities determine who is a gang member are very haphazard, which results in many youths, gang members or not, being criminalized for things as simple as getting together with friends in public, riding a bicycle, wearing clothes of certain colors, or using a cellular phone. The stories of abusive repression of youth of color are plentiful. In New York, a black 16-year-old has already been in jail several times-for passing from one subway car to another, for not signing up when entering a housing project.
These are the youths who supposedly have civil rights. But undocumented migrants cannot even aspire to that much. “Illegal” immigration has been severely criminalized in the last several years, so that today the “crime” of immigration results not only in deportation, but in detention for periods that can last years. In September 2008 the largest immigration raid took place in Postville, Iowa. Three hundred people were arrested, accused not only of illegal entry into the country, but of identity theft, a Class C felony with long prison sentences. The accusation was likely to have been dismissed in court, but pressures and threats, together with fear, ignorance of the laws, and unavailability of legal counsel led most of those detained to declare themselves guilty in exchange for supposedly shorter sentences of up to two years in prison.
But, why this criminalization? Part of the answer is found in the post-9/11 shift toward “homeland security” policies. The former Immigration and Naturalization Service (INS), which was part of Justice Department, was dismantled in March 2003, with most its functions transferred to the Immigration and Customs Enforcement (ICE), now under the Department of Homeland Security. With a budget of almost 6 billion dollars, ICE’s scope has been redefined to include the fight against terrorism and national security threats, a function that has been significantly played up in ICE rhetoric. However, the minute number of terrorists and “national security threats” detained (114 out of 814,073 between 2004 and 2007) is obviously insufficient to justify either the budget or the hardline rhetoric. The answer, therefore, is to present migrant workers as criminals capable of threatening national security.
But perhaps a more important factor is the privatization of prisons, in what has come to be termed the “prison industrial complex,” a multi-billion dollar industry that obviously needs “clients.” The United States has the largest prison population per capita in the world. The privatization of prisons not only results in direct profits from state funds. Much more lucrative is prison slave labor, permitted under the 13th Amendment of the Constitution. Prisoners, who for US capitalism are “social surplus,” represent a formidable source of cheap labor. Today, many companies use the labor of prisoners who are paid approximately 25 cents per hour.
What all of this shows is a complex mechanism to “reuse” millions of people who no longer have a place in the system. In this context, autonomist struggles play a fundamental role. To many people, the system is so complex and perverse that there is no way to change it from above. The reforms undertaken by the Barak Obama administration do not intend, nor would they be capable if they did, of restructuring the system in its foundation. For communities at the very bottom of the social scale, the only viable alternative is community and autonomous organization and the creation of networks of resistance with struggles in other parts of the country and the world.
(*) NOTE: The author is a writer and alternative journalist, member of the Radio Zapatista collective and a doctoral candidate of Latin American literature.
Demonstration of the “Movement for Justice in El Barrio”; New York (Photos by Cecile Lumer)
