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On The Murder of George Floyd

CJJC stands in solidarity with the Black-led rebellion in Minneapolis, MN in response to the murder of George Floyd by the police. We vehemently oppose state force used to repress them.Even as a global pandemic ravages the world’s population, leaving over 100,000 people dead in the U.S. alone, with that high number believed to be an undercount, Black communities have been disproportionately hit by the virus.

As we fight for our lives, our people are still being murdered by police and vigilantes. The purposeful lack of medical services and infrastructure and systemic racism in Black communities underscores how we are being subjected to the conditions of genocide.”

The entire internationally-recognized definition of genocide reflects the conditions of Black people in the United States. We have the human right to use any tactics we see fit to respond to these conditions. For a people who were stolen and brought into this country en masse as property, the destruction of capital as a consequence for the ongoing murder of Black life has been a historically legitimate tactic, from urban rebellions to larger-scale wars of liberation such as in the Haitian Revolution;  the 2nd Seminole War,  the Civil War and more.

Capital can be replaced, our Black lives can not. 

We want our people to be safe and take necessary precautions to avoid infecting themselves and others, and at the same time we support the self-determined right to choose what tactics and risks people are willing to take on in the pursuit of justice and liberation. We, as a people, have every right to express our rage and revolt. As a young person stated at a growing memorial for Floyd, “There needs to be a change, and I know change doesn’t come so quickly overnight. I understand that, but there needs to be a change … The fear is really real. It’s really there and it hurts.”

Our people have been forced to endure economic repression, state violence, and austerity for centuries and this has rendered us highly vulnerable to this pandemic with Black people being 2.4 times more likely than white people to die from COVID-19.  Meanwhile, being murdered by the police is a leading cause of death for Black people.

The COVID-19 global pandemic is sweeping the world and yet, incarceration and murder of our people is still a priority of the state. Structural racism continues to create conditions for mass incarceration of the Black population. The criminal justice system is the most clear example of this. African American adults are five times more likely to be imprisoned than white North Americans.

As we organize and push for the release of our loved ones, one only has to look to Alameda County, at Santa Rita Jail, where more than 50 deaths have occurred under the helm of Sheriff Greg Ahern. But organizing works. And we celebrate the impending closure of County Jail 4 at 850 Bryant Street in San Francisco.  Abolishing policing and prisons is a step toward investing in a future we deserve.  We are a people fighting for liberation and self-determination — a fight that has always been about our survival and ability to control our destiny.

We mourn the death of George Floyd, a man who was murdered in the city he moved to for a better life. We mourn and honor the thousands and thousands of other Black people shot and killed in this country by police as well as white racists without a badge.

Most recently we remember Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, and Tony McDade.  When Eric Garner’s mom Gwen Carr, heard of the murder of Floyd, she asked: “Why does this keep on happening over and over again?”

The crisis we are in has opened a window for us to push through the changes we want to see. We cannot return to the old world but must push forward together to create a bold vision for a new world where Black people thrive.

Feet on the ground, fist to the sky, eyes on the prize!
Sanyika Bryant, Lead Organizer

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Frayba Comunicación

Alertamos posible hambruna a indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado

 en Acciones Urgentes por

  • Urgimos la implementación de un Plan de Emergencia Alimentaria hacia pueblos originarios.

     

  • Urgente la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, para atender a los desplazamientos internos en Chiapas.

     

  • Es apremiante que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, atienda la situación de manera integral, de acuerdos a los Principios Rectores y a las Directrices de la ONU relacionadas al COVID-19.

     

El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. (FISANIM), “el Fideo” y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), han recibido información directa por parte de habitantes tsotsiles del municipio de Aldama, Chalchihuitán y de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) de Chenalhó, Chiapas, México, respecto al riesgo de una emergencia alimentaria que de prolongarse puede derivar en una hambruna y con ello la vida de las familias que viven el desplazamiento forzado ocasionada por la violencia generalizada cometida por grupos civiles armados de corte paramilitar en la región y por la falta de atención básica e integral de los gobiernos federal y estatal.

 

En la documentación realizada por FISANIM y Frayba constatamos la situación de marginación y pobreza en la que viven las desplazadas y desplazados, aunado a la falta de medidas sanitarias en el marco de la pandemia del COVID-19, la región Altos está marcada como una de las zonas marginalizadas en el estado de Chiapas.

 

3304 personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado, las cuales pertenecen a Las Abejas de Acteal, Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama. Estas personas se encuentran en condiciones de hacinamiento: en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas que cuando se activa la violencia armada se resguardan en las montañas. Varias de las familias tienen sus casas quemadas, destruidas y/o baleadas, sin acceso a sus trabajaderos para el cultivo de sus tierras y sin poder sembrar y cosechar su maíz, frijol, frutas y verduras. Hasta el día de hoy, no tienen la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar, no pueden cosechar su café, siendo una de las fuentes de ingreso económico para completar el sustento durante el año. En los tres casos prevalece la omisión del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

En las actuales situaciones de desplazamiento forzado existe un grave riesgo para la vida y salud de las personas desplazadas debido a la falta constante de alimentos, atención médica y al daño emocional por el miedo permanente y desesperación a ser agredidos, las niñas/os, mujeres y las ancianas/os son las víctimas con mayor vulnerabilidad. Es importante señalar que el interés superior de la niñez, es protegido y salvaguardado por en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona lo siguiente: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá́ con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá́ guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. El Estado mexicano no ha garantizado la seguridad personal, alimentaria y la salud psicológica.

 

Las autoridades de procuración de justicia no han realizado las diligencias para desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar que actúan con toda complacencia de los gobiernos en el municipio de Chenalhó. El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas solamente ha hecho acciones para administrar el conflicto, constituyéndose en un gobierno omiso y cómplice del entorno de violencia criminal.

 

Ante la falta de seguridad para regresar a sus casas y trabajaderos, por el riesgo constante para la vida, se prevé una situación de emergencia a la salud y desnutrición entre las mujeres y niñas/os, que son los más vulnerables en el contexto del COVID-19.

 

La ONU ha manifestado su preocupación por la situación de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia. El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó su preocupación por el devastador impacto que la pandemia del COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud. 1

 

La soberanía alimentaria ha sido descrita como un derecho, y más específicamente como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. 2 Ha sido ampliamente reconocida en contextos nacionales y cada vez más forma parte de los debates en el escenario mundial, incluido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 3 El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha indicado que los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “deberían garantizar la efectividad del derecho a la alimentación y la nutrición de las mujeres rurales en el marco de la soberanía alimentaria y velar por que tengan autoridad para gestionar y controlar sus recursos naturales”. 4

 

Ante esta situación grave, exigimos a los gobiernos federal y estatal una actuación con debida diligencia para implementar urgentemente las siguientes medidas cautelares:

 

1. La alimentación es un derecho constitucional reiteradamente violado en la población indígena y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a la salud de toda la población y en especial a la infancia, es urgente la implementación de un plan de emergencia alimentaria.

 

2. La actuación eficiente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, en el marco de la Ley Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

 

3. La intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja para la contribución en la ayuda humanitaria en los territorios donde el desplazamiento forzado se ha prolongado.

 

4. Atender de manera puntual y efectiva las Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19 el cual recoge lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, Órganos de Tratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.5

 

5. Se desactive la violencia en estos territorios provocado por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad, siendo que hoy en día estamos en los escenarios previos de lo que fue la Masacre de Acteal.

A la sociedad civil nacional e internacional le solicitamos se solidaricen con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutrición en este territorio específico que sufre violencia sistemática en el marco del desplazamiento forzado, aportando con su donación al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. Al banco Scotiabank. Cuenta: 00107853564 Clave interbancaria: 044180001078535644.

Solicitamos también a todos quienes nos indignamos por esta situación impulsar los llamamientos a:

 

  1. Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
    Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec,
    C.P. 11850 Ciudad de México.
    Fax: (+52) 55 5093 4901
    Correo: amlo@presidencia.gob.mex
    Twitter: @lopezobrador_

 

  1. Lic. Olga Sánchez Cordero. Secretaria de Gobernación de México
    Bucareli 99, 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc
    C.P. 06600 Ciudad de México.
    Fax: (+52) 55 5093 34 14;
    Correo: secretario@segob.gob.mx
    Twitter: @M_OlgaSCordero

  2. Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
    Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel.
    Delegación Álvaro Obregón. C.P. 01040; Ciudad de México.
    Fax: (+52) 0155 36 68 07 67
    Correo: correo@cndh.org.mx /Twitter: @CNDH

 

  1.  Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
    Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
    Colonia Centro, C.P. 29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
    Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122;
    Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
    Twitter: @JuntoscnRutilio

 

  1. Lic. Ismael Brito Mazariegos. Secretario General de Gobierno en Chiapas
    Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
    Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
    Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

 

  1. Lic. Luis Manuel García Moreno. Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas.
    Carr. Emiliano Zapata Km. 1.9 , Terán C.P. 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
    Teléfono: (961) 61 551 78, 615 47 12
    Correo: luismanuelgarciam@gmail.com

 

  1. Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
    Avenida 1 Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, 3er y 4to piso, Barrio San Roque C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
    Conmutador: (961) 602 89 80; 961-60289-81 Ext. 206; Lada sin costo 01800-55-282-42
    Fax: (961) 60 2 57 84
    Correo: presidencia@cedh-chiapas.org
    Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

  2.  Alertamos posible hambruna a indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado

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 1 COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas del mundo y no sólo se trata de la salud. Advierte experto de la ONU. 18 de mayo de 2020.
2. Forum for Food Sovereignty, Declaration of Nyéléni (2007), available
3 UN Human Rights Council, Revised Draft United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, UN Doc. A/HRC/ WG.15/5/2 (2018).
4CEDAW, General Recommendation No. 34, supra note 30, at para. 64. See also Jean Ziegler, Report of the Special Rapporteur on the Right to Food on Food Security and Food Sovereignty, UN Doc. E/ CN.4/2004/10 (2004) [hereinafter “Ziegler 2004”]; UN Human Rights Council, Debates on the Declaration on the Rights of Peasants, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012); Magdalena Sepúlveda Carmona, Final Draft of the Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012), at para. 75
5 Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

A 26 de mayo de 2020.

 

  1. Acción urgente No. 8

     

     

     

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Frayba Comunicación

Vulnerabilidad de pueblos y comunidades frente a Covid 10

Fotografia: Violeta Sánchez

Al Ejecutivo Federal,

  A partir del trabajo que realizamos con pueblos y comunidades indígenas y equiparables, y del actual monitoreo que estamos llevando a cabo en el contexto de la emergencia sanitaria, organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestra ​profunda preocupación ante las condiciones que la pandemia pueda gen​erar en las comunidades durante las siguientes semanas y meses, y pedimos que se abra un ​espacio de diálogo para construir propuestas que atiendan sus condiciones y necesidades.

Los pueblos y comunidades indígenas y equiparables han sido históricamente olvidados por las instituciones de salud pública, provocando la violación sistemática de su derecho a la salud; frente a la presente pandemia, se encuentran en especial vulnerabilidad. A la falta de infraestructura, personal médico y abasto continuo de medicamentos, se suma ​la discriminación institucional y la falta de un enfoque preventivo culturalmente adecuado y asequible a las comunidades; así como, en este contexto, la falta de un monitoreo y seguimiento adecuado a los migrantes que regresan a sus comunidades, en cuidado de su dignidad.

Igual de preocupante es el tema de la ​vulnerabilidad económica de la mayoría de las personas en las comunidades La falta de acceso a fuentes de empleo digno en las comunidades las hace dependientes del comercio y del empleo informal, así como de las remesas de los migrantes en Estados Unidos. En el contexto actual de crisis económica mundial, tanto las fuentes de ingreso local como las remesas se encuentran en riesgo de disminuir fuertemente, sin que exista un programa para ​garantizar un ingreso básico​.

En relación al ​abasto alimentario​, si bien existen comunidades que cuentan con sus propios sistemas de producción, circulación y almacenaje de productos para autoconsumo, hay otras en las que lo producido es insuficiente y dependen de la compra de granos básicos en esta temporada del año en la que están iniciando su nuevo ciclo de siembra. La ​seguridad alimentaria de estas comunidades se encuentra en riesgo ante la caída de sus ingresos y la alza de los precios en los insumos de la canasta básica, así como la ruptura de cadenas productivas y comerciales.

Por otra parte, las comunidades se enfrentan a una ​capacidad reducida para la defensa de sus territorios y del medio ambiente​, pues sus espacios para la toma de decisiones comunitarias están restringidos y el acceso a las instituciones de impartición de justicia se encuentra limitado. Por ello, está cobrando cada vez mayor atención a nivel local e internacional la exigencia de una ​moratoria a todos los proyectos de infraestructura a gran escala que están afectando o puedan afectar territorios indígenas sin su consentimiento​, con potenciales impactos adversos en los derechos humanos (1).

  Particularmente, en el contexto de incremento a la violencia contra las mujeres que está ocurriendo durante esta emergencia sanitaria, nos preocupa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuviera los recursos para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs).

La actual crisis de salud presenta ​retos importantes en materia de atención a los pueblos y comunidades indígenas y equiparables​, que pueden ser prevenidos y superados si el Estado, en todos sus niveles, adopta ​mejores acciones dirigidas a esta población en materia de salud, economía, alimentación, agua, saneamiento, atención a las conflictividades y a la seguridad​, sin menoscabo de su libre determinación y autonomía.

 

Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos al poder ejecutivo federal:

  Establecer un mecanismo de atención integral inmediata a comunidades indígenas para la prevención y atención de riesgos por Covid-19, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil;

Atender de manera adecuada y suficiente a migrantes que regresan a sus comunidades, incluyendo el establecimiento de protocolos y espacios-albergues acondicionados para la cuarentena, brindándoles información en su lengua materna sobre los cuidados y medidas de seguridad que deben tener al llegar a sus hogares;

Implementar un ​apoyo monetario, directo, mensual y no condicionado, o renta básica por lo menos durante los tres meses que durará la crisis más inmediata, con posibilidad de extenderlo a cinco meses;

Asignar ​recursos suficientes para atender la violencia de género en esta emergencia sanitaria;

Reconocer el ​papel fundamental que desempeñan las ​personas defensoras de derechos humanos​ contra el abuso corporativo o estatal y ​garantizar su protección y seguridad​;

Suspender con una moratoria los proyectos de infraestructura a gran escala en los territorios indígenas que se realizan sin su consentimiento expreso.Con la ​intención de colaborar de manera solidaria frente a la emergencia sanitaria y ante nuestra preocupación por la atención a pueblos y comunidades indígenas y equiparables, llamamos al compromiso de las instituciones gubernamentales y quienes las coordinan, a abrir un espacio de diálogo y colaboración con la sociedad civil, que nos permita enfrentar esta crisis desde múltiples lugares; reconociendo los esfuerzos que ya están realizando las comunidades para enfrentar la crisis por la pandemia desde sus propios modos de vida y organización.

_________________________

1 Michel Forst y Michael Taylor, “Mientras el mundo está confinado, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son blancos fáciles”, 22 de abril de 2020, www.business-humanrights.org/es/mientras-el-mundo-está-confinado-las-personas-defensoras-de-la- tierra-y-el-medio-ambiente-son-blancos-fáciles

 

Atentamente.

Aura Investigación Estratégica,

Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos- Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC),

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A, C.

Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC),

Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC),

Enlace Comunicación y Capacitación, AC.,

Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C,

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC),

Oxfam México A.C.,

Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C.,

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (SADEC),

Servicios para una Educación Alternativa, AC. (EDUCA),

Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (SERAPAZ).


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Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, y Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

SOLICITAN A LA COMISIÓN INTERAMERICANA PROTECCIÓN FRENTE AL “TREN MAYA”

Península de Yucatán, al 17 de mayo de 2020

BOLETÍN DE PRENSA

SOLICITAN A LA COMISIÓN INTERAMERICANA PROTECCIÓN FRENTE AL “TREN MAYA”

• Organizaciones indígenas y civiles solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para evitar daños irreparables al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, elemento indispensable de los territorios del pueblo maya y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades mayas.
• La construcción del megaproyecto denominado “Tren Maya” pone en peligro al territorio del pueblo maya y al acceso al agua en condiciones óptimas de las comunidades mayas y poblaciones en la Península de Yucatán.
• En aplicación del principio precautorio en materia medioambiental solicitaron que el Estado Mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto “Tren Maya” por los daños graves e irreparables que este pudiera ocasionar al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán.

Debido a los daños que ocasionaría el megaproyecto “Tren Maya”, el pasado 16 de mayo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, también llamado sistema de cenotes, del cual depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de
la península.

La solicitud fue presentada debido a que el inicio de la construcción del megaproyecto “Tren Maya” amenaza con recrudecer la ya vulnerable situación ambiental del sistema de cenotes, puesto que desde el pasado el Estado Mexicano ha permitido, tolerado y participado en su deterioro siendo un promovente importante del desarrollo de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan sus aguas.

Las organizaciones expusieron que las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno han sido omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos. Además de haber otorgado concesiones para carga y descarga de agua que son operadas sin control, ni medidas de prevención ni mitigación, poniendo en peligro el patrimonio histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y sus vidas.

Estos daños a los derechos del pueblo maya se agravarían con el desarrollo del megaproyecto “Tren Maya”, el cual aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes, ya que incluye la construcción de nuevas ciudades, nuevas zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones; y que proyecta un aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año.

 

Subrayaron que el megaproyecto “Tren Maya” se prepara en un contexto regional de conflictos socioambientales vigentes, caracterizados por el despojo de los bienes comunes de los territorios indígenas y campesinos de la Península de Yucatán, y prevén que la construcción e implementación de este megaproyecto agudizaría y aumentaría estos conflictos debido a que supone el desarrollo de nuevos megaproyectos en distintos sectores económicos (turismo, agroindustria, energía, transporte, etc.) con impactos negativos, y en muchas ocasiones irreparables, sobre el medio ambiente y el sistema de cenotes.

En su solicitud, las organizaciones manifestaron que el Estado mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de su obligación internacional de realizar los estudios de impacto ambiental y social de manera previa, transparente y pública; aún así, tal y como ha reconocido el Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el pasado 30 de abril se dio inicio a la construcción del megaproyecto. Expresaron que el arranque del megaproyecto se da en ausencia de información científica que permita identificar plenamente las posibles afectaciones al ambiente, y a las comunidades indígenas y campesinas; incluso, mencionaron se ha hecho pública la intención irresponsable de exentar al megaproyecto del cumplimiento de esta obligación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la obligación que tienen los estados de realizar estudios de impacto ambiental y social frente a proyectos que pongan en riesgo la subsistencia de los pueblos y comunidades indígenas, incluidos los riesgos ambientales. También ha dicho que existe esta obligación frente a proyectos que impliquen un daño significativo al medio ambiente. La Corte ha reconocido reiteradamente que, para todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción en territorios tradicionales de comunidades indígenas o tribales, el Estado debe cumplir con distintas salvaguardas, entre ellas el realizar un estudio previo de impacto ambiental y social.

Para que la presente y futuras generaciones de la población de la Península de Yucatán puedan ejercer todos los derechos que el sistema de cenotes les permite gozar, como el agua y un medio ambiente sano, las organizaciones solicitaron a la CIDH ordenar al Estado Mexicano: que aplicando el principio precautorio en materia medioambiental, se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto denominado “Tren Maya”; que garantice la información necesaria y completa, basada en evidencia científica, a las comunidades mayas acerca de los impactos ambientales y sociales que tendría el megaproyecto denominado “Tren Maya” en el sistema de cenotes de la Península de Yucatán y; que adopte medidas de prevención y mitigación para salvaguardar el sistema de cenotes de la Península de Yucatán frente a las amenazas y riesgos presentes.

Es indispensable que la CIDH otorgue las medidas cautelares solicitadas, dado que el megaproyecto “Tren Maya” continua sin ajustarse a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, permitiendo así la pérdida del patrimonio natural y biológico del pueblo maya, y violando de manera irreparable su derecho al territorio y el derecho humano a acceder al agua limpia y salubre. Las medidas cautelares también contribuirían al despliegue efectivo de la aplicación del principio precautorio, consolidando la protección medioambiental que requiere la región. “Sin los cenotes no hay posibilidad de tener territorio maya, ni tampoco acceso al agua. Si se contamina el agua de los cenotes también se ve afectada la vegetación, así como la fauna que necesita de sus aguas para la vida. Así, la destrucción y la contaminación sistemática a los cenotes en la Península de Yucatán es una amenaza para nuestra vida como pueblo indígena maya.

Para defender la existencia misma de nuestros territorios necesitamos defender el sistema de cenotes de la Península de Yucatán del cual se sostienen”, concluyen.

Las organizaciones peticionarias esperan que la CIDH ordene las medidas cautelares para que el Estado Mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto “Tren Maya”, que estaría poniendo en riesgo el futuro ambiental de la región de la Península de Yucatán y de las comunidades mayas por los daños irreparables ocasionados al territorio, al sistema de cenotes y a los derechos al agua y al medio ambiente sano, y a todos los demás derechos que se desprenden de este último.

Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, y
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

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Anular festejos: nada nuevo para las madres mexicanas

10 mayo, 2020 Sandra Suaste

 

Fotografías: Archivo. 10 de mayo de 2019.

Uno de los miedos en estos días, es perder a un familiar. Para algunas mujeres, ese sentimiento ha sido una constante durante años: las madres de personas desaparecidas y asesinadas. Ellas ya no festejan, pues incluso en 10 de mayo, viven el horror y la incertidumbre.

61 mil 637 desaparecidos en México, según las cifras de la Secretaría de Gobernación. Un día que comúnmente estaría lleno de flores, pasteles y fiesta, se pinta de indignación.

Cada año, las mamás hacen manifestaciones para exigir justicia o aparición con vida. “Lo triste es que cada año las planchas de los principales monumentos o plazas, se llenan de más personas”, comentó una mujer en la manifestación de 2019, en la Ciudad de México. Frente al Ángel de la Independencia.

Este 2020, las manifestaciones son pocas, debido al riesgo sanitario. Pero ellas persisten y no dejan de salir a las calles. En algunos estados al menos 10 madres se posaron afuera de las oficinas de gobierno. Jalisco fue uno de estos lugares: “No nos da miedo morir, estamos muertas en vida desde que no están nuestros hijos. Sin hijo, no hay festejo”.

Para ellas es común ya no festejar el Día de las madres. Así como este 2020, muchas madres no festejarán por el miedo a perder a un ser querido. Preferirán quedarse en casa, así como las buscadoras, prefieren manifestarse nuevamente.

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[Medios-Frayba] Agresiones armadas, desplazamiento forzado, discriminación y COVID 19

Buenos días, Durante la cuarentena por la pandemia Covid 19, los Pueblos Originarios son población vulnerable, en mayor riesgo las comunidades en desplazamiento forzado bajo ataques armados. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registramos agresiones a Pom, en Chalchihuitán, en la región Altos de Chiapas, en México.

Compartimos nuestra palabra urgiendo al Estado mexicano cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil. Adjunta y en la página www.frayba.org.mx

Agradecemos su valioso trabajo periodístico.

Azalia H. Rguez. Cel. 9671356978

Agresiones armadas, desplazamiento forzado, discriminación y COVID 19 Comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Chalchihuitán en mayor riesgo de crisis humanitaria.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró disparos de armas de fuego en contra de la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, Chiapas, México, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, en contexto de riesgo por emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid 19.

Testimonios indicaron que el pasado 1 de mayo de 2020, aproximadamente a las 08:00 horas, hubo actos de violencia armada que aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en comunidades que pertenecen al Pueblo Maya Tsotsil:

[…] un grupo armado de corte paramilitar vestidos de negro dispararon, esto sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom del municipio de Chalchihuitán, esto ha traído mucho miedo entre las y los desplazados, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar.

[…] Es difícil encontrar como alimentarnos en esta situación; las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del COVID, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la parcela, tampoco podemos comprar en la comunidad porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares.

Esta situación de vulnerabilidad pone en alto riesgo de contagio de COVID 19 a las 273 familias, un total de 1236 personas desplazadas forzadamente, debido a que se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada, ni agua potable, en carencia de servicios de salud accesibles y de calidad. De especial preocupación son las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, en las comunidades desplazadas de K’analumtik, Pom, Ch ́enmut, Bololch’ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts’omolton y Cruz Kakanab del municipio de Chalchihuitán y Majompepentik municipio de Chenalhó. A pesar de que las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en deslazamiento forzado, de Chalchihuitán y Chenalhó,

anteriormente mencionadas, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 882-17)1 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 87/20182, las autoridades del Estado mexicano no han cumplido de manera eficiente yhttps://frayba.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/200506_boletínSan Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10_10_chalchihuitan.pdf eficaz con implementar las acciones necesarias para protegerlas.

Cabe señalar que históricamente las comunidades de Pueblos Originarios son uno de los sectores más vulnerables a consecuencia de la desigualdad caracterizada por la discriminación, exclusión y pobreza, que conlleva a una violación estructural y sistemática de derechos humanos.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el municipio de Chalchihuitán ocupa uno de los primeros lugares de pobreza extrema (79.8%), la cual se agudizó desde los hechos de violencia perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, que provocó el desplazamiento forzado de 5023 personas, desde octubre de 2017.

La Organización de Las Naciones Unidas indicó que: “Los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas indígenas, suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas… son también custodios de una gran riqueza de conocimientos y prácticas tradicionales, lenguas y culturas, que incluyen respuestas a las crisis probadas en el tiempo”3. Se les debe incluir de manera participativa, culturalmente apropiada y respetuosa de sus derechos, en las respuestas a la pandemia y sus impactos.

Por lo anterior el Frayba solicita de manera urgente al Estado mexicano:

Garantice los derechos humanos a Pueblos Originarios en desplazamiento forzado, en doble riesgo por ataques armados y por la pandemia de Covid 19: a su integridad y seguridad personal; acceso al agua, al saneamiento y a instalaciones de higiene personal; a la alimentación; a la vivienda adecuada; a la información en su lengua para prevenir y tratar la enfermedad; a la atención médica oportuna y sin discriminación; al consentimiento libre, previo e informado; a la libre determinación; a la participación de las mujeres y especialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en desplazamiento forzado de Chalchihuitán.

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 882-17. Comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y Chenalhó respecto de México. 24 de febrero de 2018. 2 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación No. 87/2018. Sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. 28 de diciembre de 2018. 3 Organización de Las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas y la pandemia de Covid 19.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10

Comunicación Social

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Radio Pozol

Iniciar el Tren Maya, aprovechando la pandemia es «deshumanizar a las personas así como a los pueblos y comunidades indígenas»

 

COMUNICADO

PODER JUDICIAL FEDERAL IMPIDE DEFENSA DE COMUNIDADES URBANAS E INDÍGENAS FRENTE AL TREN MAYA

28 de abril de 2020

Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Campeche y Yucatán, respectivamente, han impedido el derecho al acceso a la justicia de personas y comunidades que se ven amenazadas por distintas acciones y omisiones de autoridades en el marco de la construcción del proyecto denominado “Tren Maya”. Denunciamos que en dos ocasiones distintas se ha visto obstaculizado el acceso a la justicia en casos urgentes, lo cual advierte que la administración de la Justicia Federal no está siendo eficaz en el marco de las medidas de distanciamiento social por la pandemia de SARS CoV2 (COVID-19).

En el primer caso, el viernes 17 de abril el Colectivo Tres Colonias de Campeche, conformado por vecinas y vecinos de las colonias Camino Real, La Ermita y Santa Lucía en la capital campechana acudieron a los Juzgados de Distrito con sede en Campeche a presentar un amparo en contra del proceso para desalojarlos por habitar al margen de las vías que serían utilizadas para el proyecto del Tren Maya. Las autoridades encargadas del proyecto, en conjunto con ONU-Hábitat, han realizado censos y entrevistas durante la pandemia como primera fase del proceso de desalojo y reubicación. Además, los colonos argumentaban la falta de información sobre a dónde serían reubicados y la falta de garantías de que no terminarán en una situación de calle.

Frente a esta solicitud, el personal del Juzgado Primero de Distrito de Campeche se negó a recibir la demanda de amparo, argumentando de manera oral que no era un “asunto de urgencia”, a pesar de no haber ni siquiera leído la demanda. Es decir, los quejosos no recibieron ni siquiera un acuerdo que sustentara la decisión. Frente a esta situación, el día 24 de abril se presentó un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito señalando la ilegalidad de la acción del Juzgado Primero.

En el segundo caso, ocurrido en Yucatán, integrantes de la Asamblea Maya Muuch Ximbal presentaron una demanda de amparo presentaron una demanda en contra del acuerdo de fecha 06 de abril del presente año emitido por el Gobierno Federal, mediante el cual se estableció la continuación de los trabajos del Tren Maya a pesar de la emergencia sanitaria derivada del Covid.

Los firmantes, representantes de varias comunidades mayas del estado de Yucatán, señalaron que era urgente admitir el amparo y ordenar la suspensión de los trabajos del tren durante el período de cuarentena por el riesgo de contagio que tendrían las comunidades afectadas. Al principio, el personal de guardia se negó a recibirles la demanda, argumentando de manera oral y sin leerla que “no era urgente”.

Si bien la demanda, después de mucho insistir, fue finalmente recibida por el Juzgado Cuarto de Distrito del estado de Yucatán bajo el expediente 513/2020, la Juez Cuarto determinó posponer la admisión y resolución del amparo una vez “pasada la emergencia sanitaria” por no considerarlo un caso de urgencia. Es decir, a pesar de que lo que se impugnó fue un acto en el contexto de la pandemia, el Juzgado, en una actitud incongruente, pospuso su análisis una vez terminado el período de cuarentena, con lo cual no sólo negó el acceso a la justicia a dichas comunidades sino que las dejó a merced de una acción que podría implicar un incremento de casos de Covid en las comunidades afectadas por el tren maya.

Tanto en el caso de Campeche como en el de Yucatán se demandaron hechos que se encuentran ocurriendo actualmente y que tienen relación con la pandemia, pero que además son urgentes dadas las consecuencias que tienen y podrían tener para quienes reclaman. Decidir que las personas afectadas deben esperar al término de la contingencia para acceder a los Tribunales es igual a cancelarles ese derecho de acceso a la justicia que tienen constitucionalmente. Para cuando llegue ese momento los actos frente a los cuales buscan defenderse ya estarán consumados y serán de imposible reparación.

Independientemente de lo que ocurra con ambos casos tras la presentación de los respectivos recursos judiciales, resulta preocupante la actitud de los órganos juzgadores del Poder Judicial Federal frente a estos hechos, pues resulta evidente que el Gobierno Federal se está aprovechando de la pandemia y de la situación de contingencia y riesgo sanitario para avanzar en la implementación del proyecto del Tren Maya, poniendo en riesgo derechos elementales de la población como la vivienda, la salud e incluso la vida.

La pandemia no es excusa para que se suspendan los contrapesos constitucionales como lo es el Poder Judicial. Sobre todo porque en una democracia incluso durante una crisis de salubridad como esta es necesario que las autoridades se apeguen a la Constitución de la nación. Lo mismo ocurre frente a megaproyectos del Poder Ejecutivo que afecten los derechos de las personas. El Poder Judicial no puede ser ni omiso, ni condescendiente, sino garante de que lo que dice nuestra Carta Magna se cumpla. Descuidar ese papel implicaría estarle dando a las autoridades de los otros poderes un aval para hacer lo que deseen y, en el caso concreto del Tren Maya, podría interpretarse como una sumisión a un proyecto impulsado desde el ejecutivo.

Frente a esta situación, y si bien es cierto que todas las instituciones deben tomar medidas en el contexto de la pandemia del covid, recordamos que el derecho de acceso a la justicia es uno de los pilares básicos del estado democrático de derecho, mismo que debe garantizarse aún en los contextos más adversos. En consecuencia, el Poder Judicial de la Federación debe seguir reforzando las medidas para no dejar en la indefensión a aquellas personas que por su condición extrema de vulnerabilidad corren en riesgo de ver violados sus derechos más elementales.

Al Gobierno Federal, por su parte, le reiteramos la exigencia de suspender las obras de construcción del “Tren Maya” así como el proceso de desalojo y reubicación de personas. Realizar este tipo de actividades aprovechando la pandemia es deshumanizar a las personas afectadas, así como a los pueblos y comunidades indígenas por el simple hecho de no ser condescendientes con las decisiones que se han tomado sobre este megaproyecto.

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Ximbal”

Colectivo Tres Colonias de Campeche

Indignación- Promoción y defensa de los derechos humanos

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

https://asambleamaya.wixsite.com/muuchxiinbal/single-post/2020/04/28/COMUNICADO-PODER-JUDICIAL-FEDERAL-IMPIDE-DEFENSA-DE-COMUNIDADES-URBANAS-E-IND%C3%8

radio
Radio Pozol

Chiapas: Otorgan amparo a Pueblo Maya Tsotsil en Desplazamiento Forzado

 

_Omisiones de autoridades de gobierno incrementan el riesgo a población vulnerable en contexto de COVID 19.

El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, otorgó el 28 de marzo del presente año, el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, del municipio de Aldama, Chiapas, México.

El 27 de marzo de 2020, representantes de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama, interpusieron solicitud de amparo y protección de la justicia federal para la: “suspensión definitiva de la violencia de grupos civiles armados de corte paramilitar quienes actúan con la aquiescencia y tolerancia de funcionarios del Estado”. Sin embargo hasta la fecha las autoridades responsables1 continúan la omisión en el cumplimiento de la resolución.

Por lo anterior, la violencia en la franja limítrofe con Chenalhó se intensificó en un contexto de alto riesgo para población vulnerable en medio de la emergencia sanitaria por COVID 19, las autoridades señaladas han sido omisas en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por un Juez Federal, por lo que se promovió un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión consistente en que: “se […]brinde la protección y seguridad que requieren los quejosos […] medidas necesarias que garanticen la vida, seguridad e integridad personal de la población del municipio de Aldama, quienes se encuentran sufriendo situaciones de violencia generalizada y de violaciones a los derechos humanos, derivado del conflicto armado a fin de garantizar la paz pública.”

Desde el pasado 24 de marzo, al día de hoy, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró al menos 47 actos de agresión armada. Durante la última semana los ataques aumentaron y se realizaron de manera sistemática. Reportes de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama informan que los grupos armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó, utilizan las trincheras de Tok’oy, Pajaltoj, Oxch’om, Slumka, Tojtik, de la comunidad de Saclum, que se encuentran en territorio del municipio de Chenalhó para realizar disparos dirigidos hacia las casas de Xuxch’en, San Pedro kotsilnab, Koko’ y Tabak, en Aldama. El día de ayer, la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama reportó nuevos ataques armados, que iniciaron durante la madrugada, hacia las comunidades de Ye’ton, Koko’, Tabak, Chivit, Xuxch’en y San Pedro kotsilnab. De acuerdo a testimonios hombres armados vestidos de negro están realizando disparos desde las trincheras de Tok’oy y de Pajaltoj, así como de Vale’tik, pertenecientes a Santa Marta, Chenalhó.

La entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México, pone en evidencia que las comunidades de Pueblos Originarios son altamente vulnerables, ya que su vida se encuentra en constante riesgo, ya sea por un ataque de armas de fuego o por contraer COVID 19 y no contar con garantías de atención médica adecuada.

Las Directrices Esenciales de las Naciones Unidas para Incorporar la Perspectiva de Derechos humanos en la Atención a la Pandemia por COVID 19, establecen la necesidad de proteger a la población más vulnerable como son las comunidades en desplazamiento forzado: “Los Estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la repercusión desproporcionada que el COVID 19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales”2.

Desde el inicio de las agresiones armadas en marzo de 2018, el Frayba realizó intervenciones a 30 autoridades de dos periodos de los gobiernos en los ámbitos federal y estatal, sin embargo se mantiene la impunidad en graves violaciones a derechos humanos como son: La Privación Arbitraria de la Vida, el Desplazamiento Forzado y la Privación Arbitraria de la Libertad al defensor comunitario Cristóbal Sántiz Jiménez3.

Por lo anterior urgimos a las autoridades responsables de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas que cumplan con el mandato judicial del Tercer Juzgado de Distrito que otorgó el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama. Entre las exigencias se encuentran:

Garantías de seguridad para proteger la vida de la población del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama, en riesgo por hechos de agresiones armada que se intensificaron desde el 24 de marzo de 2020.

Cumplimiento de las Recomendación número 71/2019, emitida el 23 de septiembre de 2019, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos4.

Investigación de las agresiones armadas, desde marzo del 2018, perpetradas por grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, que provocaron el desplazamiento forzado de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama.

Atención humanitaria, vivienda, salud, alimentación adecuada y digna para las personas víctimas de desplazamiento forzado del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, Chiapas, en mayor vulnerabilidad durante la pandemia por COVID 19.

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San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México

28 de abril de 2020

https://frayba.org.mx/otorgan-amparo-a-comunidades-del-pueblo-maya-tsotsil-en-desplazamiento-forzado/?preview=true&_thumbnail_id=9199

Foto: Carlos Hogaz

radio
Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

Comunicado del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata a las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero

Guerrero México, 25 de Abril del 2020.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México y del mundo
A la sexta nacional e internacional
A las redes de resistencia y rebeldía
A las redes de apoyo al CIG
A los medios de comunicación honestos, libres y autónomos

Para nosotros, los pueblos originarios que integramos el Concejo Indígenas y Popular de
Guerrero-Emiliano Zapata sentimos dolor, rabia y coraje ante la injusticia de los tres niveles
de gobierno por dejar impune la investigación para dar con paradero de los 43 hermanos
estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos por narcoestado, con mucho amor les decimos que no están solos y que su lucha son nuestras, levantamos la voz para exigir la presentación con vida, además que sean esclarecidos está barbarie y pedimos que sean castigados los culpables relacionado con tales acontecimientos catastroficos.

Nosotros los pueblos originarios hemos visto cómo han transcurrido los años desde aquella trágica noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero y nada han hechos las
autoridades sobre el caso, después de seis años de exigencia, lo único que han hecho es rondar la responsabilidad entre ellos y sin resolver los asuntos de las desapariciones, nos preocupa porque no han sido el único caso que no han resuelto, sino son cuantiosos casos de las desapariciones forzadas, así como las ejecuciones extrajudiciales a todos los luchadores sociales de la organización que sea.

Pese a ello, hasta la fecha no existen avances significativos en las investigaciones por parte de
las autoridades encargada, ni resultados específicos que den con el paradero de los hermanos
normalistas, ni el esclarecimiento de los hechos que identifique de manera eficaz y contundente a los autores materiales e intelectuales, lo que sin duda, coloca al Estado en una red de protección a los cómplices del crimen de lesa humanidad.

Hoy nos reivindicamos como pueblos originarios a seguir resistiendo juntamente con
ustedes, además de las mujeres violentadas, desaparecidas y asesinadas, y las demás convertida en mercancía, de la juventud criminalizada, del trabajo explotado, de la rebeldía perseguida por defender la naturaleza y la humanidad.

A los padres y las madres de los hermanos desaparecidos les decimos que no lo hemos olvidados y mantenemos en nuestra memoria la larga lucha que han mantenido durante todos
estos largo tiempo, seguiremos manteniendo nuestra articulación abrazandonos su dolor y angustia frente a este poder podrido que obedece a su patrón llamado capitalismo y que hoy nos hemos dado cuenta que ellos siempre han conducido la muerte a nuestros pueblos.

Por eso al igual que a ustedes exigimos justicia a los 43, hermanos estudiantes desaparecidos, y que asuman sus responsabilidades como jefe de Estado para reparar los daños a nuestros queridos que por algunas razones, no lo han quitados, bien lo sabemos nosotros los de abajos que lo desaparecieron por luchar por una vida digna.

Por eso, los 43, son las luces y la fuerza para seguir luchando por un mundo mejor, donde cada uno de nosotros nos toca la tarea de hacer y construir el proyecto autonómico de acuerdo a nuestro tiempo y nuestro espacio de donde habitamos y los muchos otros y otras que luchan y se organizan desde ahí a donde nosotros les llamamos los de bajo”.
Por eso, a este largo caminar hemos dicho y seguiremos manifestando que a través de la
mentira, la simulación y la impunidad, el mal gobierno suma los atropellos e injusticias contra quienes se han solidarizado y manifestado los apoyo a la lucha de los familiares y compañeros de los 43, para quien se indigna y protesta contra la injusticia, son golpeado a través de la represión y cárcel o persecución. entendemos que hay linchamiento mediático y un infinidad de opiniones falsas acusaciones
injusta, desprecio ideológico, guerra psicológico, obstáculo estatales y oido sordo de autoridades para atender los demandas a nuestros hermanos normalistas desaparecidos, pero
como pueblos originarios hijos de los pueblos mesoamericanos les venimos a decirles que caminaremos juntos a los espíritu de nuestros ancestros quienes nos cuidarán en todos los andares y fortalecer ese espíritu que nos heredaron desde la visión y vida comunitaria donde debe prevalecer desde el nosotros y después el yo.

Las huellas de nuestros desaparecidos, desaparecidas, nos han dejado cicatrices que la única
alternativas para el cambio más humano e íntegro y fraternidad está en nosotros desde cómo
vivimos, nos organizamos, mirándonos nuestros bosques, nuestra montaña sagrada y como
nosotros nos entendemos con ella, que para nosotros es un todos y nada es ajeno. Es este
conocimiento que lo de ayá arriba no entienden y nunca entenderán, porque primero está lo material y lo económico y despues la importancia y el valor de vida humana y naturaleza. Sabemos perfectamente que en este país hay peligrosas artimaña y red de cúpula y se hacen llamar Estado Mexicano, para ellos estorbamos los que luchamos y sembramos rebeldía los que vemos y sentimos la violencia día a día, los que sufrimos los ataques múltiples de todos tipos y que son provenida desde arriba, los que sabemos que en este país pasa algo malo y
cuando la ley se debe defender al más desprotegido, no lo hace, si no persigue con un fin, que es desmantelar a orillarnos, por ser pueblos originarios, utilizan todas los medios para lograr su objetivos a eso los llamamos nosotros una guerra y es contra todos. Una guerra que solamente nosotros los de abajo lo vivimos y lo sentimos en carne propia y se sufre en toda sus totalidades y esfera.

Hoy el Estado capitalista usa el terrorismo para fabricar dolor y miedo es su manera de gobernar, y así lo han demostrados durante varias décadas, a través de esta maña es como la gente de arriba obtiene ganancia, sin pensar lo que acontece los nosotros de abajo.

Pero también de abajo es la lucha por la verdad y la justicia por una emancipación que requiere nuestro país, aquí en esta siembra es la que temen los de arriba y se diferencia entre lo bueno y malo, aquí les decimos papás y mamás de los 43 hermanos normalista que abrazamos su dolor “por eso hoy les decimos a México y el mundo”.

Justicia y castigo a los culpables

Vivos se los llevaron, Vivos los queremos.
¡Vivan los 43!
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos.
Nunca Más Un México sin Nosotros sin nosotras.

radio
Despojos, Territorios, Resistencias

[Video] Frente a la pandemia: cuidemos nuestros alimentos con abono orgánico

Este video fue creado colectivamente por un grupo de jóvenas y jóvenes del Gobierno Comunitario de Chilón en su Diplomado Agroecovisual para la Autonomía que cuenta con el apoyo de PVIFS, CEDIAC, Canan Lum y Misión de Bachajón.

El Covid-19, la pandemia que hoy recorre el mundo, se conoció en estos territorios de las montañas del Norte de Chiapas, cuando los y las jóvenas estaban ya abrazando la Madre Tierra a través de poner en acción prácticas agrícolas ancestrales y agroecológicas.

Que la juventud del Gobierno Comunitario de Chilón, sus autoridades y comunidades estén trabajando autónomamente la tierra y practicando formas propias de gobierno, a la par que exigen jurídicamente su derecho a la autonomía y la libre determinación, es un acto digno de conocerse, difundirse y apoyarse.

En tiempos de pandemia, la autonomía alimentaria, comer sano y cultivar nuestros propios alimentos sin agrotóxicos, es algo que estos pueblos y muchos otros en resistencia están realizando como alternativa real y concreta a lo que la industria capitalista del alimento nos “ofrece”. Ello va de la mano de hacer carne la autonomía política de facto.

Tseltal:

Ha in video ini ha’ pasbil yu’un jwohc’ ach’ix queremetic yu’un agroecología visual ta banti ya xcholbey sc’oblal bin ut’il xu’ ya jc’uxultaytic te jlum jqu’inaltic sok bats’il poxetic ta banti ho’otic nix ya jnoptic spasel. Haxan hich bin ut’il ya quiltic te yo’tic c’ax bayelix ta tuquinel te chopol poxetic te ya yuts’in te jlum jqu’inaltic soc hamaletic, ha’ yu’un la snop te jwohc ach’ix queremetic bin ut’il xu ya scanantayic te lum qu’inal soc swe’el yuch’elic ta jujun scomonalic.

Hich-a’ te jahch tsob sbahic soc ta syomel sc’opic bin ut’il ya sc’an canantayel te lum k’inal. Hich jahch yateltayic spasel te yawil jay chap ts’unubil itajetic soc bats’il poxetic yu’un te swe’el lum qu’inal. Soc smilojibal te jaiy chap xchanul ts’unub awaliletic. Yu’un ma’ba ya jtuquintiquix a’ te chopol poxetic te ya xchonic te jaiy chap niwac jc’ulejetic yu’un hich ya jtuqueltay jbatic ta ho’otic nix. Ha yu’un laj yich’ pasel ini video banti ya jtatic ta hilel bin ut’il ya sc’an a’teltayel te jqu’inaltic.

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