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[:es]Perú: tras intensas movilizaciones y brutal represión, renuncia gobierno de facto[:]
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Después de que el pasado 20 de noviembre el Congreso peruano impusiera a Manuel Merino como Presidente, miles de personas salieron a las calles en todo el país.
La indignación, el enojo y la incertidumbre ante una clase política sin representación popular y una pandemia que ha golpeado duramente al país sudamericano (pese a las duras restricciones impuestas por el gobierno de Martin Vizcarra), provocaron el hartazgo de miles, quienes colmaron calles, avenidas y plazas durante los días posteriores a la imposición de lo que han llamado un golpe de Estado.
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Frente a esta situación, el nuevo gobierno no dudo en reprimir a los miles de manifestantes mediante el exceso de violencia por parte de la Policía Nacional del Perú.
Ante las protestas, balas como respuesta

Durante la marcha nacional, realizada el 14 de Noviembre en contra de la imposición de Manuel Merino y la mayoría del Congreso, la brutal represión policíaca resultó en el asesinato de Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, debido a múltiples y graves lesiones ocasionadas por proyectiles de armas de fuego utilizadas por la policía.
Según reporta el Ministerio de Salud del Perú a través del Centro de Operaciones de Emergencia Salud, “un total de 107 ciudadanos fueron atendidos por distintos tipos de lesiones producidas durante la movilización social. De ellos, 73 han sido dados de alta y 34 aún se encuentran hospitalizados”.
Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que hay personas desaparecidas y por ello lanzó una campaña para que la ciudadanía pueda reportar si sus familiares o conocidos no han regresado de las movilizaciones. En una lista actualizada en tiempo real La CNDH informó al cierre de esta edición que no se ubicaban a cuatro personas de una lista de más de 60. Además, el organismo informó que “se ha tomado conocimiento de la agresión sexual a dos jóvenes mujeres detenidas en una imprenta la noche del 14 de noviembre. Las jóvenes denunciaron haber sido agredidas sexualmente, hecho que debe ser investigado en forma exhaustiva. Conocemos que han existido detenciones ilegales, arbitrarias por parte de la policía”.
Ante estas graves acusaciones, organizaciones de Derechos Humanos formalizaron una denuncia penal ante el Ministerio Público y dirigido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos contra Manuel Merino; el primer ministro del Gobierno de transición, Ántero Flores-Aráoz; el exministro de facto, Gastón Rodríguez; el General Jorge Luis Cayas Medina, Jefe de Región Policial Lima, y contra Orlando Velasco Mujica, Director General de la Policía Nacional, y contra todos los que resulten responsables por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves perpetrados contra los manifestantes.
El documento también menciona que Manuel Merino, antes de tomar juramento a los nueve ministros el 11 de noviembre, llamó por teléfono al ex ministro del interior Cesar Gentile, solicitando que endureciera la represión y sofocara las protestas.
Entre los afectados se señala en el documento a Jack Brian Pintado Sanchez, Jordan Inti Sotelo Camargo (fallecidos) y Luis Alejandro Aguilar Rodríguez (26) Percy Pérez Shaquiama (26), Rubén Guevara (27). También mencionan a Alonso Balbuena Bellantin, Ernesto Benavides Raez,Rene Jenrry Ccaqui Crisostomo, José Manuel Romero Rivas, José Miguel Hidalgo Rodríguez. Roberto Muñoz Torres, Alonso Vhro Ucea, Alfonso Balbuena Bellatín y otros aún por identificar.
Golpe de Estado

En entrevista para Avispa Midia, la periodista Roxana Loarte de Wayka.pe comenta: “Este golpe de Estado ha sido promovido por varias bancadas de partidos que tiene intereses no solo políticos sino económicos, en relación a leyes que están por aprobarse, a acopamientos de instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional, en síntesis este ha sido una contienda entre dos poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo, es una contienda dentro de los grupos de la derecha. Martín Vizcarra que ha sido presidente vacado se le está investigando, también tiene investigaciones en la Fiscalía por corrupción en gestiones anteriores que él ha ocupado en un gobierno regional que tuvo anteriormente”.
“En el parlamento existe más de 60 congresistas, 68 exactamente, que tienen investigaciones en la fiscalía abiertas por casos no solo de corrupción sino también por otros hechos. Entonces la ciudadanía se indigna frente este panorama no solo de corrupción sino de estabilidad de incertidumbre y prácticamente en una crisis de institucionalidad y de una democracia debilitada, también se suma las repercusiones de la pandemia”, señala Loarte.
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Este domingo 15 de noviembre, Merino renunció a la Presidencia de la República y también dimitieron todos los miembros de la Mesa Directiva del Congreso. Ahora, una mayoría del pleno del Congreso debe elegir a una nueva entre las listas que presenten los partidos. La Junta de Portavoces del Congreso convocó a una sesión del Pleno para el mismo domingo a las cuatro de la tarde.
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Foto de Juan Zapata/Wayka.pe -

Foto de Juan Zapata/Wayka.pe -

Foto de Juan Zapata/Wayka.pe -

Foto de Juan Zapata/Wayka.pe
Después de varias horas de sesión, con miles de ciudadanos en las calles, los diputados votaron sobre una lista única propuesta para conformar la nueva Mesa Directiva, que estaba encabezada por la diputada Rocío Silva Santisteban, congresista feminista que no voto por la vacancia de Martin Vizcarra. Sin embargo, no logró sumar los 60 votos necesarios para ser aprobada, por lo que los grupos parlamentarios reanudaron las negociaciones en busca de una nueva fórmula.
La o el titular de esta nueva Mesa Directiva asumiría automáticamente las funciones de la Presidencia de la República. El nuevo mandatario o mandataria asumiría la presidencia hasta julio de 2021, que es cuando deberá traspasar el poder a la persona que los peruanos elijan en las elecciones presidenciales convocadas para abril de ese año. Aunado a ello, este lunes 16 de noviembre aún se decidirá si fue o no constitucional la remoción de Martin Vizcarra.
Mientras tanto, Perú se encuentra en una de sus más fuertes crisis políticas y sociales, en un contexto de pandemia, con miles de muertos y frente a una crisis económica, el Congreso en su mayoría integrado por políticos de derecha, se niegan a soltar sus privilegios, con lo cual los más afectados en esta situación son las personas más vulnerables.
Con un sistema de salud a punto del colapso, las y los peruanos se enfrentan a un panorama desolador, aunque la victoria de haber expulsado el gobierno de facto ha llenado las calles de esperanza, sin duda las próximas elecciones del 2021 reflejarán este aprendizaje ante una clase política indolente y sorda.
Fotos por Juan Zapata de Wayka.pe
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[:es]La paradoja sueca antidrogas en Colombia[:]
[:es]Por: Andrés Gómez – noviembre 12 de 2020
Las mujeres del pueblo Awá, originarias del pacífico amazónico colombiano, han vivido los rigores del conflicto armado y temen por el nuevo rumbo del gobierno: retomar la guerra contra las drogas, es decir militarización y la fumigación con glifosato, un veneno muy nocivo para el delicado ecosistema amazónico y para su salud.
Esta realidad está conectada a Suecia en dos vías: primero, respalda la lucha contra las drogas y la criminalización de toda la cadena productiva; y segundo, porque al mismo tiempo apoya el proceso de paz colombiano, lo que implica atacar el problema desde la judicialización a traficantes y aplicando programas de prevención de consumo y sustitución voluntaria de cultivos.
La paradoja sueca de apoyar la guerra y la paz en el país hoy se hace relevante. El premio a los defensores de derechos humanos, organizado por la Embajada de Suecia en Colombia y la Iglesia Sueca y Diakonia, ha nominado a varias personas líderes, entre ellas Claudia Jimena Paí, líder del pueblo Awá y quien nos habla de los nuevos conflictos que ha traído la guerra contra las drogas.
La coca en territorio
Claudia Jimena Pai, líder del pueblo Awá que tiene la investidura de Consejera de Mujer y Familia en la organización UNIPA, que representa a más de 20 mil indígenas Awá en Colombia, y recuerda que cuando era niña, antes de finales de la década de 1990, podía caminar tranquila en la selva:
Mi abuelo siempre [me mostró] los linderos (…) cazaban ratón de monte, miraba cómo estaban los animales (…) y yo iba contenta con mi canasto mientras él revisaba la trampa.
A finales del siglo, indica que las cosas cambiaron:
(…) antes usted podía ir caminando y metiendo la cabeza en cualquier riachuelo, pero desde el año 1999 que llegó la tala de árboles, [y] en el 2.000 los cultivos de uso ilícito, empezaron las afectaciones.
Terminando el año 2.000, miles de personas del vecino departamento del Putumayo huían de la guerra contra las drogas que se materializaba en fumigaciones, bombardeos y militarización. Muchas personas encontraron refugio en el pacífico nariñense, y a pesar de ser una zona con un déficit en recursos básicos, decidieron asentarse y tomaron tierras para cultivar coca. Además, la guerrilla de las FARC-EP convirtió la zona en una retaguardia estratégica y empezó a intervenir la economía de esta droga a través de impuestos y normas de control social.
Para 2.001 el cultivo se expandió, no solamente por los que huían de la guerra, sino por la necesidad de suplir recursos básicos, Martha García, la Consejera de Administración y Finanzas de la UNIPA lo recordó así:
Por una arroba de maíz [no pagan] más de $ 2, si usted saca a vender un racimo de plátano grande : $1.8, $ 2, la gallina, se levanta, se saca a vender al pueblo pero no le dan todo lo que le toco a usted para criar, si le dan $ 4 [o] $ 5 [y] eso no es suficiente(…) al llegar el cultivo ilícito al territorio, la gente lo que miraba era que tenía un poquito más , de plata, porque lo que sembraba en el campo no les daba, es decir no faltaba la comida pero a veces querían comprar otras cosas, como ropa (…)
Cambio sociales en la comunidad
Los cambios sociales creados por el cultivo de coca y la guerra han hecho que la violencia contra las mujeres aumente. La violencia sexual se convirtió en un grave problema, las mujeres awa empezaron a alertar a las niñas sobre la presencia del Ejército Nacional y las FARC-EP, algo que Dalia Bolaños, mujer awa de 21 años que trabaja con la Consejería de Mujer y Familia recuerda: “mi abuelo, mi mamá, mis tíos, tías, [nos decían] que no nos debíamos acercar a ellos [ejército o guerrillas] porque ellos eran mala gente, incluso nos decían que nos podían violar”.
La vida se volvió peligrosa. Dalia recuerda que cuando niña no solo temía de todos los que tuvieran armas, también temía de la aviación colombiana:
mire que pasaban avionetas [y siempre nos decían] que nos metiéramos a la casa por lo que decían que eso era peligroso, que de pronto tiren una bomba, siempre era uno prevenido, o cuando iba uno caminando y salía de repente una avioneta o un helicóptero siempre nos quedábamos quieticos en el árbol.
La militarización por parte del ejército resultó en combates con las FARC-EP, minas antipersonales, confinamiento, asesinatos y masacres. Pero, una de las estrategias militares del Estado colombiano que más ha afectado a las mujeres han sido las fumigaciones con glifosato. Claudia lo recuerda como un tiempo en el que desaparecieron alimentos y plantas medicinales:
En 2004 [y] comienzos del 2005 [comenzaron] a fumigar y fue bastante duro porque habían enfermedades de piel como dermatitis y [las]compañeras en embarazo [tuvieron] hijos con deformidades; algunas plantas tradicionales también desaparecieron, [y]productos del pan coger como plátano, chile, maíz que es muy sensible para estos químicos, muchas frutas; también los pescados y todo el ecosistema [se afectó], la biodiversidad, los ríos, quebradas, los sitios sagrados (…), cuando vinieron las fumigaciones, con el señor Álvaro Uribe con el Plan Colombia, nos perjudicó mucho el buen vivir, y la convivencia con la naturaleza
Dalia, una niña en ese tiempo, recuerda que esos años fueron de hambruna, enfermedad, muerte y desplazamiento:
(…) había mucha escasez, no teníamos qué comer, mi familia decía: nos toca salir hacía la costa para poder sobrevivir y buscar alimentos (…) en esa época murieron las plantas que tenían sembrado maíz, entonces nos vimos muy afectados y las enfermedades, yo no sabía por qué nos enfermábamos y la desnutrición, en esa época murieron muchos niños, algunas familias salieron y se fueron a vivir a otro lado, eso fue lo más duro para mí.
Pero el narcotráfico y la guerra no solo ha afectado a las mujeres awa por la destrucción ambiental, los daños a su soberanía alimentaria y la violencia sexual, ocasionada especialmente por las Fuerzas Militares. Los hombres Awa también han cambiado, como lo recuerda Claudia:
A los hombre ahora les importa la plata, el que más bebe, el que más tiene mujeres, ha influido el narcotráfico, la mafia, que nuestros jóvenes también se estén suicidando por problemas de reclutamiento, por problemas de pareja, el consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, el que piensen que el ser hombres es tener muchas cervezas o el pegar, entonces esto [nos] ha afectado mucho.
Marta García, la Consejera de Administración y Finanzas, también recuerda con tristeza los cambios
Los hombres cambiaron, algunos dejaron a sus mujeres porque tenían plata, iban al pueblo y miraban mujeres y se fueron, independientemente de los hijos que tengan, incluso algunos sacaron [a sus parejas] de donde habían vivido y llevaban a la otra mujer, cosa que esa mujer se quedaba volando sin saber a dónde ir, le tocó ir con sus hijos por allá a trabajar, , los hombres se desordenaron, no todos, pero si en su mayoría, incluso [hubo] enfermedades de transmisión sexual porque algunos hombres [iban a] prostíbulos y después vinieron a estar con sus mujeres.
Sustitución voluntaria
Claudia Pai, quien considera que se debe optar por otras alternativas a la militar y en la que se incluya la “consulta previa con pueblos indígenas”, tal como lo exige el Convenio Número 169 de la OIT.
Para Marta García, de volver a la fumigación se repetiría la historia, el pueblo Awá enfermaría, no tendría comida, y las personas con ahorros los gastaban en alimentos que antes producían. Cree, que la guerra contra las drogas no es una solución y pone como ejemplo el proceso de paz:
Yo diría que la mejor solución sería [el] diálogo, porque cuando estuvo el presidente Santos, hubo unos acuerdos que llegaron y yo digo que dialogando se pueden solucionar las cosas
Su posición va acorde a lo pactado en el acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Estado Colombiano con la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
En 2020, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), entidad que supervisa la efectividad del PNIS, “casi 100.000 familias vinculadas en 56 municipios de 14 departamentos erradicaron 40.506 hectáreas, un nivel de cumplimiento de 95%. Además, el nivel de resiembra solo alcanzó 0.4%”. Demostrándose que son las estrategias de sustitución las que logran un cambio, ya que nunca la fumigación había conseguido dicha reducción.
Sin embargo, a pesar del éxito del PNIS, este programa fue suspendido y el Estado colombiano en febrero de 2020 detuvo el funcionamiento de UNDOC. Así, el diálogo y la sustitución no parecen ser la ruta que ha escogido el gobierno de Duque.
Enfrentando el exterminio
Aunque el PNIS constituye una política de avanzada, el pueblo Awá no había hecho parte del Programa porque no hubo proceso de consulta previa y las disidencias de las antiguas FARC-EP ejercen presión para que las comunidades no lo acepten. Sin duda la situación del pueblo originario es dramática, y la guerra contra las drogas solo la agrava: como lo reconoció en 2011 la Corte Constitucional al declarar que el Pueblo Awá “se encuentra en peligro de exterminio físico y cultural”.
Claudia Paí, indica que para que no se consume el genocidio contra su pueblo, su identidad como mujer awa ofrece formar de pervivir y crear:
Lo que podemos dar [las mujeres awa] al mundo es decirles que estamos en defensa de nuestros derechos pero también de la madre naturaleza que ya se está quejando y ella sabe y tiene su momento y que si no miramos a nuestra naturaleza, van a llegar momentos muy duros y afectaciones [como] el cambio climático, como mujeres tenemos que aportarle a la parte ambiental en defensa de nuestro Katsa su, nuestro territorio y la naturaleza.
La pregunta para Suecia es: va a apoyar la vía del presidente de Colombia Iván Duque, con el respaldo del gobierno estadounidense, con la militarización y la fumigación, o cuestionará la efectividad de esa estrategia que ha demostrado ser ineficaz.
Siendo un país que aboga por el dialogo y con una agenda feminista, debería considerar la opinión de Dalia, Marta y Claudia y la experiencia de Colombia con el PNIS y tener en cuenta que la reducción de producción de coca es posible, siempre y cuando se cuente con la experiencia y participación de las comunidades, especialmente de los pueblos originarios.[:]














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