–          Imprescindible hacer una investigación imparcial, expedita y efectiva de la violencia policiaca.

–          Exigimos sanción a los responsables y condenamos el asesinato de normalistas.

El uso irracional y arbitrario de las fuerzas de seguridad pública, derivó en la privación de la vida de 2 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. El uso excesivo de la fuerza pública de manera arbitraria, es un acto a todas luces reprobable, y del cual debe haber sanción a los responsables.

Las acciones realizadas por elementos de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de Guerrero derivaron en la consumación de privaciones arbitrarias de la vida de dos estudiantes, dichos asesinatos deberán tener una investigación expedita, imparcial y efectiva.

Hasta este momento, se desconoce el paradero de 40 normalistas, 3 estudiantes se encuentran heridos y 26 más detenidos.

En este sentido, las acciones de brutalidad policiaca y uso irracional de la fuerza pública en contra de jóvenes manifestantes de una normal rural dedicada a poner la educación al alcance de los más marginados, constituye un acto inadmisible en un contexto democrático, y echa por tierra el compromiso del actual gobierno de atender los conflictos sociales en sus causas más estructurales evitando el uso de la fuerza pública.

Exigimos que se esclarezca quién ordenó la actuación desmedida e irracional de los cuerpos de seguridad pública contra estudiantes, cuyo único objetivo había sido iniciar una nueva movilización para abrir canales de diálogo con el gobierno estatal, lo que lamentablemente no ocurrió, detonando en los hechos de esta mañana.

Cabe resaltar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se ha destacado por mantener un compromiso histórico con la educación de los más desposeídos del estado de Guerrero, principalmente de las y los alumnos indígenas y campesinos, caracterizándose en años recientes por su capacidad de generar una propuesta renovadora de la educación rural en la entidad.

Exigimos la destitución del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Ramón Almonte Borja, con lo cual se pueda garantizar una investigación exhaustiva y efectiva de la agresión que sufrieron los estudiantes

ATENTAMENTE,

Red Guerrense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Radio Comunitaria y Educativa Uan Milahuak Tlajtoli en Chilapa Guerrero; Centro de Análisis e Investigación “Fundar”; Instituto para la Seguridad y la Democracia-Insyde; Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad de La Montaña de Guerrero; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada por 75 organizaciones en 22 estados de la República: Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.  (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz” (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales  (Distrito Federal); Promoción de los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

La noticia del asesinato de don Trinidad de la Cruz nos ha provocado indignación. Este asesinato se suma a la de otros compañeros de Santa María Ostula:

• Diego Ramírez Domínguez
• Simón Pineda Verdía
• Simón Pineda, hijo
• Quintín Regis Valdez
• Erick Nemesio Domínguez
• Froylán Medina Álvarez
• Demetrio Olivero Álvarez
• Humberto Santos Valladares
• Venancio Ramírez Cirino
• Manuel Flores Álvarez
• Miguel Ángel Flores Álvarez
• José Martínez Ramos
• Horacio Martínez Ramos
• Ernesto Nicolás López
• Pedro Nazario Domínguez
• Pedro Guzmán
• Isidro Mora Domínguez
• Feliciano Cirino Domínguez
• Fortino Verdía Gómez (quemado y después asesinado)
• Jonathan Verdía Gómez (quemado y después asesinado)
• Francisco Verdía Macías
• Ambrosio Verdía Macías
• Nicolás de la Cruz
• Nicolás de la Cruz, hijo
• Juan Faustino Nemesio
• Pedro Leyva

Además de las desapariciones de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles, Francisco de Asís Manuel, Máximo Magno Valladares y Enrique Domínguez Macías, de 17 años de edad.

Tantos asesinatos, en apariencia, parecen no importar a las autoridades estatales de Michoacán o a las federales; pero es una falsa impresión  ya que los promueven, los provocan y los mantienen impunes., y, por lo tanto, hay un sincero interés en continuar perpetrando crímenes contra este pueblo nahua.

Las razones son claras: detener los procesos de autonomía de la región, sin las plagas electoreras promovidas por el IFE, sin los intereses de ningún partido político (opuestos a los de cualquier ciudadano de este país), sin la rapiña gubernamental y sin la explotación del crimen organizado. Ahí está la feliz comunión entre las organizaciones criminales y los gobiernos locales y las instancias federales, enemigos del trabajo honesto, de la madurez política de los ciudadanos y de la libertad, y tan amigos de la ambición, la corrupción y el poder paternalista que somete.

El asesinato de don Trinidad ha demostrado esta complicidad ya conocida. Horas después de su desaparición forzada, se difundió la denuncia firmada por la Campaña: Alto a la Guerra contra Ostula, y por organizaciones e individuos solidarios con Santa María Ostula. Esta denuncia nos narra cómo, sospechosamente, el vehículo de la Policía Federal Preventiva, que escoltaba a los integrantes de las Brigada de Observación a Ostula, se separó momentos antes de las agresiones contra los brigadistas y de la desaparición de don Trinidad. En la denuncia se identifica a tres de los agresores: Prisciliano Corona Sánchez, El Chalano, Iturbide Alejo, El Turbinas, y Margarita Pérez, La Usurpadora. Estos tres criminales, el 14 de noviembre de 2011, fueron los mismos que golpearon y amenazaron de muerte públicamente  a don Trinidad. Las autoridades, con esta información, no hicieron nada. Con el asesinato de don Trinidad, la PGJE inició la averiguación previa 215/2011-U, en el que no se tiene el nombre de ningún sospechoso. La impunidad está presente. Autoridades y criminales son aliados.

Llamamos a manifestarnos contra este brutal asesinato, contra la Guerra que el gobierno federal, estatal de Michoacán y el crimen organizado ejecuta contra el pueblo de Santa María de Ostula; llamamos a presionar por la justicia, incluso, a que nosotros mismos investiguemos todos estos hechos que la mismas autoridades no les conviene realizar, ya que ellas mismas son cómplices, ydenunciémoslas públicamente; organicémonos contra la represión.

ALTO A LA GUERRA CONTRA OSTULA

Contra el despojo y la represión…

la solidaridad.

Red Contra la Represión y por la Solidaridad

RvsR

El día de hoy 12 de diciembre siendo las 12 hrs, aproximadamente 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, tomarón la caseta de salida de la carretera Chilpancingo-Acapulco , para exigir el cumplimiento a sus peticiones de educación al gobierno del Estado de Guerrero. A las 12:30 se presentaron elementos de la Policía Federal y Policía de la Fuerzas Especiales , los cuales abrieron fuego contra los estudiantes, así como persecución contra ellos golpeándolos y deteniéndolos a varios de ellos; a las 12:50 estudiante de ayotzinapa confirmaban que habia tres muertos, heridos y 10 detenidos
Nos reportan un periodista de apellido Escobedo detenido.

San Cristóbal de Las Casas, a 9 de diciembre de 2011

Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos

Reunidos en el marco del día internacional de los derechos humanos, los días 8 y 9 de diciembre de 2011,para discutir las problemáticas y los desafíos para la vigencia de los derechos humanos en la región, las defensoras y defensores de derechos humanos de las organizaciones participantes hacemos el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO

Constatamos que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus bienes naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido social que se traduce en una creciente emigración y descontento. A la vez, vemos como las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país, condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o por grupos criminales solapados por los primeros. El descontento y la indignación han generado respuestas organizadas de protesta social que sin embargo son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.

En cuanto a la defensa de los territorios de comunidades indígenas y campesinas y al derecho a la libre determinación:

Constatamos las amenazas que tanto el gobierno de Chiapas, el gobierno federal y empresas particulares, constituyen para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, y de sus formas de vida.

Expresamos nuestra preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomuselo, Chiapas cuya concesión se encuentra en manos de una empresa minera canadiense y que según rumores habría sido traspasada a una empresa de capital chino. La operación de esta mina ha afectado el medio ambiente de las comunidades aledañas y no ha respetado el derecho a la consulta de los pobladores, por lo que nos sumamos a las organizaciones locales que exigen la cancelación de los permisos de explotación.

Rechazamos el programa REDD Plus impulsado por el gobierno chiapaneco y el gobierno federal, porque implica la mercantilización y privatización de un bien común como lo es el aire puro y porque se ha instrumentado como parte de la estrategia de despeje territorial y despojo social en la Selva Lacandona, que implicó el desalojo y la reubicación forzosa de 40 comunidades indígenas.

Nos pronunciamos en contra de la continuidad de la política de construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de formas de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresamos nuestra preocupación por que esta política de reubicación, sea una forma velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a las comunidades afectadas, como es el caso del anuncio de la construcción de la quinta presa sobre el Río Grijalva en el municipio de Copainalá y la construcción de una Ciudad Rural en el mismo municipio, o la Ciudad Rural en Ixhuatán en construcción donde se han denunciado presuntas prospecciones mineras.

Exigimos sea atendida la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, en su reciente visita a Chiapas para que dichas ciudades sean evaluadas desde parámetros de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, y de Pueblos Indígenas.

Nos sumamos a la exigencia de tarifas justas de electricidad, dado que la política de cobro irracional e injustificado de la CFE, dañan enormemente la economía familiar de familias sumidas en la pobreza extrema y promueve la división y deterioro del tejido social. Mientras ella ocurra sostenemos que les sustenta el legítimo derecho a la resistencia civil y pacífica de comunidades campesinas, indígenas y urbanas, y las alentamos a fortalecer sus lazos solidarios.

Denunciamos el terrible deterioro ecológico de los Pantanos de Centla, hogar de nuestros hermanos mayas chontales, cuyas tradiciones culturales ligadas a la madre tierra también se han visto afectadas por la explotación descuidada de PEMEX contaminándolos; la mala administración del manejo hidráulico del gobierno del Estado y CONAGUA, que han desviado el agua del municipio de Villahermosa hacia los Pantanos, obligando a los pobladores a permanecer inundados prácticamente de manera permanente por cinco años consecutivos.

Nos solidarizamos con la lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en contra de las empresas eólicas de capital español, que bajo el pretexto de la energía verde y a través de supuestas empresas mexicanas, despojan a los campesinos zapotecos de sus tierras y territorios; de igual modo nos solidarizamos con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos zoques en la Región de los Chimalapas y hacemos votos por que las comunidades hoy enfrentadas por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, encuentren los acuerdos de convivencia pacífica que han buscado.

Saludamos la batalla ganada por la comunidad indígena de Cherán al hacer valer sus derechos políticos como pueblo Indígena ante el sistema corrupto de partidos, hacemos votos por que su ejemplo sea seguido por muchos más. A la par repudiamos los asesinatos sistemáticos en contra de sus representantes comunitarios y la ineptitud de los gobiernos federal y de Michoacán para detener a los culpables y brindarles protección.

En cuanto a las problemáticas de migración:

Es indudable que la movilidad humana se presenta de manera forzada; ya que la pobreza y la marginación de las comunidades y países de origen hacen que las personas emprendan un viaje en el que gracias a la criminalización, la falta de protección y limitada atención integral a la población migrante, se ponen en riesgo derechos fundamentales como el de la vida y la libertad.

A unos meses de haberse aprobado la Ley de Migración y en medio del proceso para el diseño del reglamento a la misma, las organizaciones de la sociedad civil continúan exigiendo una participación en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas, nos solidarizamos con las exigencias de desvincular el tema de seguridad nacional al tema migratorio ya que de esta manera se promueve la criminalización de la migración y de personas defensoras, además de que alienta la impunidad y la discrecionalidad de las autoridades de distintos niveles y de diversas corporaciones.

Las condiciones en las que se da la migración ponen en riesgo los derechos no sólo de quien migra, sino de mujeres, niñas, niños y adolescentes que se quedan en comunidades de origen a realizar actividades vulnerando otros derechos como los de la identidad, la autodeterminación, la salud, el trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas, la educación, entre otros.

También son bien conocidos los riesgos a los que se enfrentan migrantes centroamericanos que en búsqueda de mejores oportunidades de vida, se enfrentan a actos como el secuestro y las desapariciones, en los cuales muchas veces existe connivencia entre distintas autoridades y el crimen organizado, además de enfrentarse a privaciones de libertad en donde los derechos de debido proceso son violentados de manera reiterada. Esto agudiza y promueve un ambiente de discriminación, incertidumbre y violencia sistematizada e institucional hacia las personas migrantes y hacia defensoras y defensores de derechos humanos.

Otras situaciones que no son ajenas para los gobiernos de Estados Unidos y México, es la falta de acceso a derechos fundamentales como a la salud, condiciones dignas, justas y equitativas de trabajo, vivienda, identidad, acceso a programas sociales, entre otros; debido en muchas ocasiones a la condición migratoria, la raza, la nacionalidad y/o el color de piel.

Finalmente se hace un llamado a los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino para que se retome el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo, y se conciba como una responsabilidad compartida la cual debe ser abordada de manera interinstitucional, partiendo de los principios de universalidad e interdependencia de los derechos.

Relativo a la situación de jóvenes,

Reconocemos que es necesario empezar a construir relaciones de respeto con las y los jóvenes, donde se les reconozca como sujetos de derechos, individuos autónomos y con capacidad de decisión y autodeterminación sobre sus proyectos de vida.

Identificamos que, aun cuando hay condiciones estructurales, como la violencia intrafamiliar e institucional, que impiden las relaciones simétricas entre generaciones, es indispensable tender puentes que aminoren la brecha entre jóvenes y adultos. Canales de comunicación que permitan transmitir la cultura y los modos de vida que pueden garantizar la continuidad de nuestras comunidades y la construcción de lazos solidarios entre generaciones.

Por otro lado, hacemos un llamado a la necesidad de incorporar a las y los jóvenes a los espacios de toma de decisiones, públicos y privados, para comenzar a construir proyectos que, verdaderamente, les involucren y con los que se identifiquen.

Concluimos que las problemáticas de la juventud son asuntos públicos que nos competen a todos y que no pueden resolverse sólo desde el trabajo con grupos de jóvenes. Ante las situaciones de discriminación, criminalización y hostigamiento hacia las y los jóvenes, no podemos permanecer callados como sociedad civil. Enfatizamos el hostigamiento y persecución de la que son objeto jóvenes en su labor como defensores de derechos humanos. Nos solidarizamos con jóvenes defensores como el compañero Nataniel Hernández Núñez, Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien esta exiliado por tener 5 procesos penales construidos por el gobierno, ante ello exigimos la cancelación de todos los procesos, ya que estos demuestran la represión y el hostigamiento hacia su trabajo como defensor.

En cuanto a las mujeres y las relaciones de género:

Reconocemos que la inequidad entre hombres y mujeres persiste aun a pesar del discurso político gubernamental, que se refleja a través de la discriminación y la violencia estructural hacia las mujeres, ante esto somos un grupo de organizaciones en un proceso de construcción y transformación, quienes reivindicamos cada una nuestro propio proceso organizativo retomando y trabajando los cinco temas de cada mesa, reconociendo la autonomía a la que tenemos derecho.

A pesar de que el Estado hostiga, obstaculiza y reprime los procesos sociales, no impedirá que las y los defensores de derechos humanos continuemos acompañando procesos organizativos en la búsqueda de la transformación para lograr la autonomía individual y colectiva.

Finalmente,

Exigimos a las autoridades poner un alto al hostigamiento y criminalización hacia defensoras y defensores de migrantes que realizan su labor ya sea de manera individual o a través de casas, albergues y centros de derechos humanos. Nos solidarizamos en particular con Fray Tomás González, director de la Casa del Migrante “La 72” y del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta en Tenosique, Tabasco, que ha sido hostigado por funcionarios de migración y del ejército mexicano, así mismo con el padre Alejandro Solalinde y la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca.

Repudiamos los asesinatos, amenazas y hostigamientos a las y los periodistas, ocurridos a manos de autoridades o del crimen organizado. La labor de las y los periodistas no sólo es el ejercicio de la libertad de expresión, en muchas ocasiones es también una forma de defensa de los derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Juan Ignacio Chávez López, Director del noticiero NN de Frontera y Centla, Tabasco, quien fue golpeado por el presidente municipal de Centla, Aquiles Reyes Quiróz el día 14 de noviembre, en represalia por las denuncias que ha hecho por la corrupción que se maneja en la administración.

La defensa de los derechos humanos es la defensa por la vida de nuestros pueblos, en libertad, justicia y equidad.

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)

Unidos para Trabajar, S.P.R

Centro de Derechos Humanos Oralia Morales

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC

Centro  de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH)

Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.

Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A. C.

Frente Cívico Tonalteco

Organización Cultural Indígena

Grupo 67 de Amnistía Internacional México

Melel Xojobal A.C.

Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA)

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Yach´il Antzetic

Colectivo ADHESIVA

Ixiktak Yinikoj Aj Juche Buka, A.C.

Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género

Maderas de Pueblo del Sureste, A.C.



San Cristóbal de Las Casas, a 9 de diciembre de 2011

Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos

Reunidos en el marco del día internacional de los derechos humanos, los días 8 y 9 de diciembre de 2011, para discutir las problemáticas y los desafíos para la vigencia de los derechos humanos en la región, las defensoras y defensores de derechos humanos de las organizaciones participantes hacemos el siguiente pronunciamiento.

Constatamos que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus bienes naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido social que se traduce en una creciente emigración y descontento. A la vez, vemos como las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país, condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o por grupos criminales solapados por los primeros. El descontento y la indignación han generado respuestas organizadas de protesta social que sin embargo son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.

En cuanto a la defensa de los territorios de comunidades indígenas y campesinas y al derecho a la libre determinación:

Constatamos las amenazas que tanto el gobierno de Chiapas, el gobierno federal y empresas particulares, constituyen para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, y de sus formas de vida.

Expresamos nuestra preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomuselo, Chiapas cuya concesión se encuentra en manos de una empresa minera canadiense y que según rumores habría sido traspasada a una empresa de capital chino. La operación de esta mina ha afectado el medio ambiente de las comunidades aledañas y no ha respetado el derecho a la consulta de los pobladores, por lo que nos sumamos a las organizaciones locales que exigen la cancelación de los permisos de explotación.

Rechazamos el programa REDD Plus impulsado por el gobierno chiapaneco y el gobierno federal, porque implica la mercantilización y privatización de un bien común como lo es el aire puro y porque se ha instrumentado como parte de la estrategia de despojo territorial y despojo social en la Selva Lacandona, que implica el desalojo y la reubicación forzosa de 40 comunidades indígenas.

Nos pronunciamos en contra de la continuidad de la política de construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de formas de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresamos nuestra preocupación por que esta política de reubicación, sea una forma velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a las comunidades afectadas, como es el caso del anuncio de la construcción de la quinta presa sobre el Río Grijalva en el municipio de Copainalá y la construcción de una Ciudad Rural en el mismo municipio, o la Ciudad Rural en Ixhuatán en construcción donde se han denunciado presuntas prospecciones mineras.

Exigimos sea atendida la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, en su reciente visita a Chiapas para que dichas ciudades sean evaluadas desde parámetros de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, y de Pueblos Indígenas.

Nos sumamos a la exigencia de tarifas justas de electricidad, dado que la política de cobro irracional e injustificado de la CFE, dañan enormemente la economía familiar de familias sumidas en la pobreza extrema y promueve la división y deterioro del tejido social. Mientras ella ocurra sostenemos que les sustenta el legítimo derecho a la resistencia civil y pacífica de comunidades campesinas, indígenas y urbanas, y las alentamos a fortalecer sus lazos solidarios.

Denunciamos el terrible deterioro ecológico de los Pantanos de Centla, hogar de nuestros hermanos mayas chontales, cuyas tradiciones culturales ligadas a la madre tierra también se han visto afectadas por la explotación descuidada de PEMEX contaminándolos; la mala administración del manejo hidráulico del gobierno del Estado y CONAGUA, que han desviado el agua del municipio de Villahermosa hacia los Pantanos, obligando a los pobladores a permanecer inundados prácticamente de manera permanente por cinco años consecutivos.

Nos solidarizamos con la lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en contra de las empresas eólicas de capital español, que bajo el pretexto de la energía verde y a través de supuestas empresas mexicanas, despojan a los campesinos zapotecos de sus tierras y territorios; de igual modo nos solidarizamos con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos zoques en la Región de los Chimalapas y hacemos votos por que las comunidades hoy enfrentadas por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, encuentren los acuerdos de convivencia pacífica que han buscado.

Saludamos la batalla ganada por la comunidad indígena de Cherán al hacer valer sus derechos políticos como pueblo Indígena ante el sistema corrupto de partidos, hacemos votos por que su ejemplo sea seguido por muchos más. A la par repudiamos los asesinatos sistemáticos en contra de sus representantes comunitarios y la ineptitud de los gobiernos federal y de Michoacán para detener a los culpables y brindarles protección.

En cuanto a las problemáticas de migración:

Es indudable que la movilidad humana se presenta de manera forzada; ya que la pobreza y la marginación de las comunidades y países de origen hacen que las personas emprendan un viaje en el que gracias a la criminalización, la falta de protección y limitada atención integral a la población migrante, se ponen en riesgo derechos fundamentales como el de la vida y la libertad.

A unos meses de haberse aprobado la Ley de Migración y en medio del proceso para el diseño del reglamento a la misma, las organizaciones de la sociedad civil continúan exigiendo una participación en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas, nos solidarizamos con las exigencias de desvincular el tema de seguridad nacional al tema migratorio ya que de esta manera se promueve la criminalización de la migración y de personas defensoras, además de que alienta la impunidad y la discrecionalidad de las autoridades de distintos niveles y de diversas corporaciones.

Las condiciones en las que se da la migración ponen en riesgo los derechos no sólo de quien migra, sino de mujeres, niñas, niños y adolescentes que se quedan en comunidades de origen a realizar actividades vulnerando otros derechos como los de la identidad, la autodeterminación, la salud, el trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas, la educación, entre otros.

También son bien conocidos los riesgos a los que se enfrentan migrantes centroamericanos que en búsqueda de mejores oportunidades de vida, se enfrentan a actos como el secuestro y las desapariciones, en los cuales muchas veces existe connivencia entre distintas autoridades y el crimen organizado, además de enfrentarse a privaciones de libertad en donde los derechos de debido proceso son violentados de manera reiterada. Esto agudiza y promueve un ambiente de discriminación, incertidumbre y violencia sistematizada e institucional hacia las personas migrantes y hacia defensoras y defensores de derechos humanos.

Otras situaciones que no son ajenas para los gobiernos de Estados Unidos y México, es la falta de acceso a derechos fundamentales como a la salud, condiciones dignas, justas y equitativas de trabajo, vivienda, identidad, acceso a programas sociales, entre otros; debido en muchas ocasiones a la condición migratoria, la raza, la nacionalidad y/o el color de piel.

Finalmente se hace un llamado a los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino para que se retome el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo, y se conciba como una responsabilidad compartida la cual debe ser abordada de manera interinstitucional, partiendo de los principios de universalidad e interdependencia de los derechos.

Relativo a la situación de jóvenes,

Reconocemos que es necesario empezar a construir relaciones de respeto con las y los jóvenes, donde se les reconozca como sujetos de derechos, individuos autónomos y con capacidad de decisión y autodeterminación sobre sus proyectos de vida.

Identificamos que, aun cuando hay condiciones estructurales, como la violencia intrafamiliar e institucional, que impiden las relaciones simétricas entre generaciones, es indispensable tender puentes que aminoren la brecha entre jóvenes y adultos. Canales de comunicación que permitan transmitir la cultura y los modos de vida que pueden garantizar la continuidad de nuestras comunidades y la construcción de lazos solidarios entre generaciones.

Por otro lado, hacemos un llamado a la necesidad de incorporar a las y los jóvenes a los espacios de toma de decisiones, públicos y privados, para comenzar a construir proyectos que, verdaderamente, les involucren y con los que se identifiquen.

Concluimos que las problemáticas de la juventud son asuntos públicos que nos competen a todos y que no pueden resolverse sólo desde el trabajo con grupos de jóvenes. Ante las situaciones de discriminación, criminalización y hostigamiento hacia las y los jóvenes, no podemos permanecer callados como sociedad civil. Enfatizamos el hostigamiento y persecución de la que son objeto jóvenes en su labor como defensores de derechos humanos. Nos solidarizamos con jóvenes defensores como el compañero Nataniel Hernández Núñez, Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien esta exiliado por tener 5 procesos penales construidos por el gobierno, ante ello exigimos la cancelación de todos los procesos, ya que estos demuestran la represión y el hostigamiento hacia su trabajo como defensor.

En cuanto a las mujeres y las relaciones de género:

Reconocemos que la inequidad entre hombres y mujeres persiste aun a pesar del discurso político gubernamental, que se refleja a través de la discriminación y la violencia estructural hacia las mujeres, ante esto somos un grupo de organizaciones en un proceso de construcción y transformación, quienes reivindicamos cada una nuestro propio proceso organizativo retomando y trabajando los cinco temas de cada mesa, reconociendo la autonomía a la que tenemos derecho.

A pesar de que el Estado hostiga, obstaculiza y reprime los procesos sociales, no impedirá que las y los defensores de derechos humanos continuemos acompañando procesos organizativos en la búsqueda de la transformación para lograr la autonomía individual y colectiva.

Finalmente,

Exigimos a las autoridades poner un alto al hostigamiento y criminalización hacia defensoras y defensores de migrantes que realizan su labor ya sea de manera individual o a través de casas, albergues y centros de derechos humanos. Nos solidarizamos en particular con Fray Tomás González, director de la Casa del Migrante “La 72” y del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta en Tenosique, Tabasco, que ha sido hostigado por funcionarios de migración y del ejército mexicano, así mismo con el padre Alejandro Solalinde y la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca.

Repudiamos los asesinatos, amenazas y hostigamientos a las y los periodistas, ocurridos a manos de autoridades o del crimen organizado. La labor de las y los periodistas no sólo es el ejercicio de la libertad de expresión, en muchas ocasiones es también una forma de defensa de los derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Juan Ignacio Chávez López, Director del noticiero NN de Frontera y Centla, Tabasco, quien fue golpeado por el presidente municipal de Centla, Aquiles Reyes Quiróz el día 14 de noviembre, en represalia por las denuncias que ha hecho por la corrupción que se maneja en la administración.

La defensa de los derechos humanos es la defensa por la vida de nuestros pueblos, en libertad, justicia y equidad.

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)

Unidos para Trabajar, S.P.R

Centro de Derechos Humanos Oralia Morales

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC

Centro  de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH)

Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.

Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A. C.

Frente Cívico Tonalteco

Organización Cultural Indígena

Grupo 67 de Amnistía Internacional México

Melel Xojobal A.C.

Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA)

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Yach´il Antzetic

Colectivo ADHESIVA

Ixiktak Yinikoj Aj Juche Buka, A.C.

Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género

Maderas de Pueblo del Sureste, A.C.
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Michael. W. Chamberlin

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Melissa A. Vértiz Hernández
Encargada de incidencia
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.
1ra Norte #37, Col. Centro. C.P. 30700
Tapachula, Chiapas
Tel. 01 (962) 642 50 98

Los pobladores de Xayakalan, en Michoacán, lanzan un llamado de alerta ante las amenazas de nuevas agresiones en su contra, pues, señalaron vía telefónica, “un grupo de los agresores que ultimaron a Trinidad de la Cruz se está concentrando en la Palma de Oro, en la sierra de Ostula, y se teme que estén preparando una matanza”.

Hace dos días en la salida de Xayakalan fueron secuestrados 12 integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad junto con de la Cruz, encargado de la guardia comunal del poblado construido sobre tierras recuperadas en junio del 2009, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida al día siguiente en el predio Barranca de Reyes, municipio de Aquila.

Los integrantes de la caravana del Movimiento por la Paz regresaron a la ciudad de México y rindieron su testimonio con valentía, pues ellos también fueron amagados y amenazados, y presenciaron la tortura a don Trino. La comunidad, por su parte, se quedó “muerta de miedo, sola y con mucha zozobra”, informan desde Xayakalan.

“Estamos absolutamente solos, sin ninguna protección, mientras en estos momentos se reúnen los matones en la sierra y tememos un ataque”, señalaron.

http://www.desinformemonos.org