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Pronunciamiento desde Lille Francia, sobre las agresiones a bases de apoyo zapatistas en el ejido « 10 de abril » y la comunidad “17 de Noviembre”
Reunidos en la ciudad de Lille, departamento Nord de Francia, un grupo de individuos de diversas nacionalidades y horizontes politicos acordamos constituir un Comité de apoyo a las comunidades zapatistas en rebelion, en el contexto de la denuncia hecha por el Consejo de Buen Gobierno “Corazon del Arcoiris de la Esperanza” luego de las agresiones sufridas por miembros del ejido “10 de abril”, la comunidad “17 de Noviembre” y por personal del hospital San Carlos de Altamirano al final de enero pasado.
Reconocemos en esas acciones una continuacion de la constante campana de hostigamiento, provocacion e intimidacion practicada desde hace varios anos por las organizaciones ORCAO y OPPDIC. Manifestamos nuestra preocupacion dada la magnitud de los hechos y el numero de agresores, que segun denuncia de la junta de buen gobierno, se aproxima a 300 personas, armadas con machetes, piedras y al parecer algunas de ellas con armas de fuego. A esto se agrega una falta grave, que es el haber impedido a personal medico del hospital San Carlos asistir a los companeros heridos, ademas de extender las vejaciones en sus personas, retener un vehiculo de servicio de ambulancia ademas de haber perpetrado el robo de documentos de identidad de una mujer durante su labor como asistente medica.
Reprobamos igualmente el robo y despojo del que son objeto los companeros y companeras del Ejido 10 de abril. Es de nuestro conocimiento que miembros de las dos organizaciones indicadas en esta denuncia, se apersonaron para talar arboles y apoderarse de madera con el fin de revenderla, constituyendo asi un acto reprensible por ley.
Consientes de que estos hechos se inscriben en una campana permanente de agresion y provocacion acordamos permanecer vigilantes al desarrollo de los hechos, informar de la evolucion en redes europeas de y coordinarse con las innumerables organizaciones en todo el mundo que apoyan solidariamente la practica de la autonomia zapatista
Despues de haber conocido declaraciones del gobernador del Estado de Chiapas Velasco Coello, donde hace constar su voluntad de respetar la autonomia zapatista y de cumplir los acuerdos de San Andres, lo emplazamos firmemente a ser consecuente con su palabra y detener la disimulacion de una escalada de violencia y la recreacion de un clima de confrontacion.
A las autoridades de nivel municipal, estatal y federal, que va de sindicos y mandos policiacos, el gabinete de gobierno del senor Velasco Coello, hasta al presidente actual de Mexico Enrique Pena Nieto los instamos y exigimos en las atribuciones de sus cargos respectivos a tomar toda medida necesaria a garantizar el respeto de la ley COCOPA aun vigente y la seguridad de todos y cada uno de los miembros de comunidades bases de apoyo zapatistas. Toda omision, mentira o inaccion sera considerada como una complicidad flagrante y sera senalada y denunciada, con todo rigor y firmeza. La sociedad civil internacional nunca ha dejado de observar de cerca la realidad de los pueblo zapatistas y en estos tiempos el interes es un mayor. Cuenten con nosotros para descreditar y desarticular la estrategia de contrainsurgencia elegida, y que bien lo sabemos incluye tambien la operacion de grupos paramilitares.
Estamos en alerta escuchando y observando, organizando la merecida respuesta. Los zapatistas no estan ni estaran nunca solos. Nosotros tampoco. Si tocan a uno nos tocan a todos
Comité Lille Tierra y Libertad! 20 febrero 2014
Déclaration depuis Lille, Nord de la France, sur les attaques suivies par les bases de soutien zapatistes dans l’ejido «10 Avril » et la communauté « 17, Novembre »
Réunis dans la ville de Lille, un groupe de personnes de nationalités et d’horizons politiques divers a décidé de créer un comité pour soutenir les communautés zapatistes en rébellion, dans le cadre de la dénonciation fait par le Conseil de Bon Gouvernement ” Cœur-Arc en Ciel de l’Espoir » après les attaques contre les membres de l’ejido ” 10 Avril “, des autres membres de la communauté « 17 Novembre » et par le personnel de l’hôpital San Carlos Altamirano à la fin de Janvier dernier.
Nous reconnaissons dans ces actions une poursuite de la campagne de harcèlement, de provocation et d’intimidation pratiquée depuis plusieurs années par les organisations OPPDIC et ORCAO. Nous exprimons notre préoccupation face à l’ampleur des événements et le nombre d’assaillants, qui, selon la dénonciation du conseil du bon gouvernement, arrivé a près de 300 personnes armées de machettes, de pierres et apparemment certains d’entre eux avec des fusils. Le personnel médical de l’hôpital San Carlos a été empêché de soigner les camarades blessés via la violence dans leurs personnes, et ils se sont vu dépourvus d’un véhicule pour le service d’ambulance et a tout ça s’ajoute un vol de documents l’identité d’une femme pendant son travail comme assistante médicale.
Nous tenons en compte également le vol et la dépossession qui font l’objet les camarades de l’Ejido « 10 Avril ». Il est entendu que les membres des deux organisations mentionnées dans la présente plainte, se sont présentés à abattre des arbres et de bois prise afin de le revendre, constituant ainsi un acte répréhensible par la loi.
Conscients que ces événements font partie d’une campagne d’agression et de provocation nous avons accordé de rester vigilants à l’évolution des faits, rejoindre les discutions dans les réseaux européens et la coordination avec les nombreuses organisations du monde entier qui soutiennent conjointement la pratique de l’autonomie zapatiste.
Après avoir fait des déclarations connues Chiapas gouverneur de l’Etat. M. Velasco Coello, qui exprime sa volonté de respecter l’autonomie zapatiste et respecter les accords de San Andres, nous lui demandons fermement d’être fidèle à sa parole et à arrêter la dissimulation de l’escalade la violence et la recréation d’un climat de confrontation.
Les autorités de niveaux municipales, étatiques et fédérales, allant de syndics et les commandants de la police , le cabinet de M. Velasco Coello , jusqu’à ce que l’actuel président du Mexique M. Enrique Pena Nieto nous leur exigeons dans les pouvoirs de leurs bureaux respectifs à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la loi COCOPA toujours en vigueur et garantir la sécurité de tous les membres des communautés de soutien zapatistes . Toute omission, mensonge ou de l’inaction seront considérés comme une complicité flagrante et seront signalées et rapportées, avec rigueur et fermeté. La société civile internationale n’a jamais manqué d’examiner de près la réalité du village zapatiste et en ces temps l’intérêt est encore plus élevé. Comptez sur nous pour discréditer et démanteler la stratégie de contre-insurrection choisie, et nous le savons bien, qui comprend également le fonctionnement des groupes paramilitaires. Nous sommes en état d’alerte en écoutant et en regardant, nous préparons ainsi l’organisation d’une réponse méritée.
Les zapatistes ne sont jamais seuls. Nous non plus. Si l’un seul est touché, on est touchés tous!
Comité Lille Terre et Liberté ! 20 février 2014
La recuperación comunitaria de Xayakalan en la costa michoacana es también la de sus tierras, guardias y autonomía
Fuente: Ojarasca – La Jornada
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Adazahira Chávez
La organización de la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, en su lucha por la tierra, reanudó la marcha en febrero de este año. Después de que en junio de 2009 los comuneros activaron su Policía Comunitaria y retomaron el lugar conocido como La Canaguancera (renombrado Xayakalan), enfrentaron una ola de asesinatos y desapariciones —sobre todo contra miembros de la guardia tradicional o de los bienes comunales— que estableció un clima de terror y obligó al desplazamiento de familias enteras.
Pero ya están de regreso y afirman, como lo declararon en 2009, que no abandonarán sus tierras. En fechas recientes, acompañados por grupos de autodefensa de Tierra Caliente, los guardias comunitarios reingresaron a su territorio —muchos de ellos, como su comandante Semeí Verdía, estuvieron exiliados— y los comuneros desplazados también volvieron a Xayakalan, que sigue en disputa legal con los pequeños propietarios de La Placita, quienes lo invadieron hace ya cuatro décadas. La tarea urgente, señalan, es levantar de nueva cuenta las asambleas y trabajar las tierras que les dieron sustento y que tuvieron que abandonar.
La tarea no se mira fácil, y los nahuas lo saben. Relatan que en su territorio se cruzan intereses de todo tipo: los gobiernos buscan implementar proyectos carreteros que faciliten el trasiego de mercancías y estimulen el turismo de playa; las mineras quieren explotar la veta que nace desde San Miguel Aquila; los pequeños propietarios quieren sembrar sus tierras o fraccionarlas y venderlas, y los narcotraficantes tienen aquí un importante punto de circulación de sus mercancía. En este estado —de acuerdo con las denuncias que los comuneros han hecho desde hace años— muchas veces estos actores son los mismos sujetos. Y de este territorio ambicionado son dueños los comuneros de Ostula.
Tierra rica, tierra despojada
La cabecera comunal de Ostula y sus 22 encargaturas abarcan más de 28 mil hectáreas del municipio de Aquila, uno de los de mayor marginación en Michoacán. Los nahuas han poblado poco a poco la porción de su territorio que se extiende hacia la costa michoacana.
Las tierras correspondientes a la encargatura de Xayakalan, informan los comuneros, se localizan dentro de sus títulos primordiales del siglo xviii y dentro de la Resolución Presidencial que reconoció parte de su territorio en 1964. A pesar de ello, enfrentan un litigio agrario por unas 700 hectáreas que seis pequeños propietarios de La Placita invadieron “no sólo para la siembra de papaya, mango y tamarindo, sino para venderla al mejor postor” a pesar de las medidas cautelares a favor de los indígenas. La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula señala que algunos de esos invasores son cabezas del crimen organizado en la región.
 Cruce El Naranjo-Tenosique, Tabasco. Foto: Prometeo Lucero |
La tierra de Aquila tiene abundancia de minerales (plata, zinc, oro y cobre), además de yacimientos de hierro, que en la actualidad explotan las empresas Ternium, Sicartsa y Metal Steel, y aporta una cuarta parte de la producción nacional. La veta que atraviesa San Miguel Aquila —comunidad de la que también tuvieron que salir los integrantes de la guardia tradicional y los comuneros por conflictos con la mina y el crimen organizado— llega hasta tierras de Ostula, y la empresa argentina Ternium tiene en la mira su explotación futura. Ternium es dueña de la mitad de Peña Colorada, mina de Ayotitlán, Jalisco, que ha provocado también persecuciones contra los líderes comuneros nahuas como Gaudencio Mancilla.
Dentro de este territorio invadido no sólo pasan las riquísimas vetas minerales, sino que hay playas con especies animales en peligro de extinción. Allí se contempló la ampliación de la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas, e incluso la construcción de un puerto para transportar materiales que Ternium extrae de San Miguel Aquila.
Los días 13 y 14 de junio de 2009, el Congreso Nacional Indígena publicó el Manifiesto de Ostula, que reivindica el derecho a la autodefensa. Después de varios intentos infructuosos de negociación y al sentirse burlados por el gobierno, los comuneros retomaron las tierras de Xayakalan en 2009, establecieron su guardia comunitaria “para cuidar el territorio que nos pertenece” y se asentaron cerca de 250 personas, pertenecientes a 40 familias.
Los comuneros decidieron no participar en las elecciones oficiales en 2011, al igual que sus hermanos p’uhrépechas de Cherán, Pómaro y Coíre, en rechazo a la poca eficacia de las autoridades y el divisionismo que, denunciaron, promueven los partidos políticos.
La respuesta a su reto fue atronadora. En los últimos tres años, 32 pobladores de Ostula fueron asesinados brutalmente o desaparecidos. Destacan las ejecuciones en 2011 de los líderes Trinidad de la Cruz Crisóstomo, conocido como don Trino o el Trompas, encargado de la guardia comunitaria, y de Pedro Leyva. Las bases de la Armada —que se establecieron después de 2009— no ayudaron a detener la ola de violencia. Las autoridades judiciales no resolvieron ni uno sólo de los crímenes. Las balas de los “cuerno de chivo” poblaron las escenas de los crímenes, y las familias amenazadas huyeron.
Pocos habitantes quedaron en Xayakalan, pero los desplazados se ocuparon de planear el retorno y la reconstitución de su organización autónoma, que se pudo concretar este 2014. El 8 de febrero, “un grupo de comuneros de Santa María Ostula, coordinado con los grupos de autodefensa de los municipios de Coalcomán, Chinicuila y de la cabecera de Aquila, tomó el control de la tenencia de Ostula”, informaron en un documento público.
Coincidentemente, desde ese día “grupos de policías federales ministeriales e integrantes del ministerio público, de manera totalmente ilegal han ido a amenazar a los comuneros que viven en Xayakalan con desalojarlos”. Para los indígenas es “la continuación de las graves condiciones de guerra no declarada que vive Ostula desde que precisamente resolvió hacer el resguardo de las tierras de Xayakalan, el 29 de junio de 2009”.
Este 10 de febrero, un pelotón del Ejército federal intentó desarmar a la guardia comunitaria y a los grupos de autodefensa que la respaldaban, pero la población hizo que los soldados devolvieran las armas. El 13 de febrero, más de mil 200 comuneros en asamblea decidieron reorganizar formalmente la Policía Comunitaria. Ahora sus esfuerzos se centran en fortalecer los mecanismos comunitarios de decisión, reconstruir la base material para su organización y supervivencia —la comida y los recursos escasean— y mantener la seguridad en su territorio. A pesar de los años de terror, indican a Ojarasca desde Ostula, “la gente responde a su ancestral organización”
