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Boletín de Prensa: Continúan la inseguridad y agresiones contra comunidades indígenas de Campeche en torno al proyecto “Tren Maya”
2 de junio de 2021
- Autoridades ejidales mayas hemos decidido integrarnos como una Unión de comisarios ejidales y no negociaremos de forma individual los asuntos relacionados con el llamado “Tren Maya” que afecten nuestra tierra, territorio y recursos naturales.
- Pedimos respetuosamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias ante las crecientes agresiones que estamos recibiendo en nuestras comunidades.
Representantes de los ejidos Don Samuel, Miguel Alemán, Haro, Escárcega, División del Norte y Candelaria en el estado de Campeche, hacemos nuevamente un llamado urgente al gobierno Federal, encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López obrador, para que garantice nuestra seguridad y la de nuestras familias, frente a las agresiones y violaciones a derechos humanos que estamos enfrentando en nuestras comunidades.
Hace un mes emitimos un comunicado de prensa en el que denunciamos públicamente una serie de fraudes y extorsiones, así como violaciones a derechos humanos por parte de la empresa Barrientos y Asociados, S.A. de C.V, contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo la negociación para la liberación de los derechos de vía para el proyecto denominado “Tren Maya”.
Actualmente la situación de inseguridad se ha incrementado en nuestras comunidades, pues varias personas en nuestros ejidos han sido amenazadas e intimidadas, incluso a través de la presencia del Ejército Mexicano. Frente a esto, sabemos que unidos somos más fuertes, por lo que hemos constituido una Unión de comisarios ejidales, a través del cual, decidiremos conjuntamente los temas relacionados con el proyecto del “Tren Maya” que afecten nuestra tierra, territorio y recursos naturales. No negociaremos de forma individual con ninguna empresa o entidad del gobierno, sino que de ahora en adelante, en caso de que se retomen las negociaciones, éstas deberán ser con el bloque de ejidos.
Asimismo, demandamos contar con la información necesaria, de forma previa, oportuna y en un formato culturalmente adecuado, antes de que se nos pida aprobar o tomar decisiones respecto de éste u otro tema que impacte a corto, mediano y largo plazo nuestras comunidades.
Como ya denunciamos en ocasiones anteriores, el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados inició en varias de nuestras comunidades estuvo plagado de vicios y, en cada caso, se cometieron distintas irregularidades aunque la forma de operar fue la misma en términos generales: se presentó una persona en las comunidades, identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados, con una actitud amable y de apoyo al ejido para ganar la confianza de los representantes, diciendo que estaba ahí para realizar las negociaciones por el pago de derechos de vía del “Tren Maya”. Dicha persona -la misma en todos los casos- en varias comunidades buscó obtener nuestra autorización, incluso levantó actas en algunos ejidos, sin contar con la mayoría de firmas de la Asamblea, y sin la presencia de ninguna autoridad agraria; además, no se ha entregado copia hasta el momento a los ejidatarios.
Posteriormente, en algunos casos se entregaron cheques a representantes ejidales en el Palacio Federal, sin brindar mayor información, documentos o aclaraciones sobre los montos. En cambio, el representante de Barrientos y Asociados pedía a los ejidatarios que se le regresara la mayor parte del dinero en efectivo, una vez cobrados los cheques, argumentando que era lo correspondiente al pago por las gestiones y servicios profesionales de la empresa. Las personas que se negaron o que pidieron documentos y explicaciones, fueron manipuladas, amenazadas, intimidadas e incluso extorsionadas por el representante de dicha empresa.
En el caso del ejido Candelaria, se han recibido amenazas y presiones por parte de diversos actores políticos para que nos desistamos del amparo que hemos presentado. Como hemos señalado previamente, nuestra comunidad ya se encontraba en este territorio antes de que se construyeran las vías y, a pesar de ello, insisten en desalojarnos y nos hostigan argumentando que somos invasores.
Consideramos importante reiterar que, en todo este tiempo, los representantes de los ejidos siempre hemos solicitado la información sobre los alcances del proyecto “Tren Maya”, y nunca nos han entregado los documentos técnicos, jurídicos, ambientales y sociales de los impactos a generar, solamente nos presionan para otorgar la ocupación temporal.
En días recientes, en algunos ejidos hemos recibido visita por parte de representantes de la Procuraduría Agraria y de Fonatur. Sin embargo, la información y el acompañamiento que nos brindan siguen siendo insuficientes y poco claros, a pesar de que, como autoridades, deberían ser los primeros responsables en vigilar que se garantice el respeto a nuestros derechos humanos. Contrario a su deber de informar y garantizar, pareciera ser que la apuesta de las autoridades es generar división y conflicto al interior de los ejidos. Sobre todo, queremos saber ¿por qué sigue apareciendo con ellos gente de Barrientos y Asociados a pesar de todas las denuncias públicas y penales que hemos presentado en su contra?
Respecto de dichas denuncias penales presentadas hace semanas, en algunos casos ante la Fiscalía del estado de Campeche y en otros ante la Fiscalía General de la República, queremos insistir en que, hasta el día de hoy seguimos sin recibir información sobre el avance de las investigaciones y sobre el estado de nuestras denuncias. Al respecto, exigimos que se garantice nuestro derecho constitucional al acceso a la justicia.
Solicitamos respetuosamente una respuesta por parte del Señor Presidente López Obrador. Somos personas indígenas mayas que hemos habitado estas comunidades y ejidos del estado de Campeche desde hace décadas; tenemos derecho a vivir en paz y con seguridad. Tenemos el derecho constitucional a que se nos garantice un medio ambiente sano; a que se respeten nuestros sistemas normativos internos o denominados usos y costumbres, así como nuestro derecho a la información, participación y consulta; tenemos derecho a vivir con bienestar y dignidad, como cualquier otra persona en México.
Atentamente
Representantes de los ejidos Don Samuel, Miguel Alemán, Haro, Escárcega, División del Norte y Candelaria
América Latina: de la ingobernabilidad al caos
La pandemia esta siendo un parteaguas en las sociedades latinoamericanas. Las opresiones y corrupciones quedan en evidencia mientras la calidad de vida y de los servicios se deterioran de forma ostensible. Los pueblos se rebelan y las derechas y la represión se radicalizan.
El fin del ciclo progresista no fue seguido por la instalación de gobiernos de la derecha, algo que realmente sucedió pero de forma diferente a la habitual, ya que se abrió un período de crisis de la gobernabilidad.
Lo que nos enseñan las gestiones de Jair Bolsonaro en Brasil, de Lenín Moreno en Ecuador y en su momento de Jeannine Añez en Bolivia, al que podría sumarse el de Sebastián Piñera en Chile, es la enorme dificultad para estabilizar sus gobiernos. Esta nueva realidad no se desprende mecánicamente de la situación económica, porque encontraron sociedades poco dispuestas a aceptar el autoritarismo y la profundización del neoliberalismo extractivista.
Incluso antes de la pandemia, hubo levantamientos populares que cuestionaron los planes de las derechas, en particular en Ecuador y en Chile, mientras en Bolivia una fenomenal sucesión de bloqueos en agosto de 2020, impidieron que el gobierno golpista siguiera dilatando la convocatoria electoral. En Brasil, a diferencia de los países señalados, la manifiesta incapacidad del Gobierno cívico-militar está en la base de su progresivo deterioro.
Sin embargo, en los países gobernados por el progresismo, con especial destaque de Argentina, la gobernabilidad tampoco goza de buena salud. Aunque el modelo de gestión de la pandemia es completamente diferente al de Bolsonaro, con largos períodos de restricciones similares a los de Europa, los contagios se han disparado incluso por encima de lo que sucede en Brasil, si podemos confiar en las cifras que aportan las autoridades.
La baja performance de Alberto Fernández en el manejo de la pandemia, con una nueva ola de contagios y una lentísima evolución de la vacunación, enseña una población reacia a las restricciones y, más aún, dispuesta a saltarse las prohibiciones: entre las clases medias, con sonoras manifestaciones en vehículos privados, mientras entre los sectores populares se verifica la imposibilidad de atenerse a las recomendaciones de distancia y permanencia en los hogares.
Sociedades en movimiento
Luego de un año de pandemia, América Latina está movilizada. Desde los pueblos originarios de México y Centroamérica hasta las clases populares de toda la región, que parecen turnarse en el rechazo no solo a los gobiernos, sino de un modelo depredador de la vida que deja a millones de jóvenes a la intemperie, sin el menor futuro que no sea deambular entre las más variadas formas de precariedad: desde la laboral hasta la de salud, pasando por la vivienda y la propia vida, acechada más que por virus, por la violencia institucional y paramilitar.
En espacios muy alejados de la atención mediática, sucede algo similar. Un desborde incontenible desde abajo. Para muestra, Wall Mapu [territorio habitado por el pueblo mapuche en Chile y Argentina]. El Ministerio del Interior informó que en el primer trimestre de 2021, las recuperaciones de tierras —que califica de “usurpaciones”— aumentaron un 688% respecto al año anterior. En los primeros tres meses del año se registraron 134 tomas de terrenos, frente a las 17 ocurridas en el mismo periodo de 2020.
Mi impresión es que la revuelta comienza en los márgenes y gradualmente va llegando hasta las grandes ciudades. Así sucedió en Colombia. En octubre de 2020 una impresionante Minga Indígena, Negra y Popular nació en el Cauca, recorrió más de 500 kilómetros y llegó a Bogotá donde fue recibida de forma multitudinaria.
La revuelta colombiana fue precedida por protestas en 2017 en ciudades medianas del Pacífico, que configuran el levantamiento en curso: “Se organizaron con comités de médicos, de alimentación, realizando un aprendizaje sobre los modos de presionar al Estado pero también aprendieron a negociar. Se articularon medios alternativos locales y consiguieron que las autoridades fueran a su territorio a negociar, ellos no se movieron de sus ciudades y comunidades y siguieron los mismos pasos que los indígenas del Cauca”, reflexiona el investigador Alfonso Insausty desde Medellín.
El paro de un mes es un punto de inflexión en un país donde la protesta se había ceñido a las áreas rurales en las últimas siete décadas, quedando las ciudades como espacios dominados por las grandes empresas y los cuerpos policiales. Sin embargo, desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016, las grandes ciudades se fueron convirtiendo en el nuevo epicentro de una movilización protagonizada por jóvenes que no tienen futuro en la economía neoliberal y que por vez primera están conociendo la peor arista del sistema.
Derechas radicalizadas
En toda la región las derechas se abroquelan, se muestran cada vez más intransigentes con los pueblos, enseñan su cara genocida. Este cierre autoritario tiene varias facetas: desde la puramente represiva, como la de Colombia y Chile, hasta una creciente militarización de la sociedad, de las instituciones estatales y hasta del sistema educativo y de salud.
Lo que debemos comprender, y el caso mapuche es elocuente, es que estamos ante una reacción defensiva ante el avance de los pueblos, como lo atestigua el caso mapuche. Cuando el Gobierno de Piñera decide militarizar Wall Mapu es porque no encuentra otro modo de frenar el ascenso de las recuperaciones de tierras. No solo envía militares a controlar las comunidades, sino que alienta a los civiles a armarse para enfrentarlas.
El 1 de agosto de 2020 sucedió algo que puede considerarse un viraje profundo en la Araucanía. “Centenares de civiles, armados de piedras, palos, garrotes, bates e incluso armas de fuego, llegaron hasta las municipalidades de Curacautín y Victoria para desalojar a comuneros mapuches, que habían ocupado las dependencias municipales, en apoyo a la huelga de hambre de una veintena de comuneros, entre ellos el machi Celestino Córdova”.
Exactamente la misma reacción que se ha visto en Cali por parte de las elites de la ciudad, que reaccionaron con violencia contra la Guardia Indígena y las juventudes negras y populares. Un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sobre la existencia de fosas comunes y “casas de pique” —donde se descuartizan personas para hacerlas desaparecer— en las periferias de Cali.
Estamos ante un nuevo escenario, bien distinto al que caracterizó las dictaduras de la década de 1970. Ahora el Estado no tiene ni la capacidad ni la voluntad de controlar las sociedades, ha cedido el monopolio de la violencia para que otras agencias —narcotraficantes, paramilitares y personas armadas ocasionalmente— hagan uso de las armas ante la complicidad de las fuerzas represivas legales.
En Brasil hay 6.157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el Gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento del 108% respecto a 2016, el año en que fue destituida la presidenta Dilma Rousseff. La militarización del Estado alcanza niveles insospechados en áreas como la educación, como lo revela el informe del Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes) de Brasil, titulado “Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza”.
Los militares ocupan los principales escalones del sistema de salud y avanzan sobre la educación con la creación de “escuelas cívico-militares” y con la intervención en universidades para vetar y controlar la elección de rectores. El informe destaca que se están creando 216 escuelas primarias cívico-militares que utilizan “el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares”.
Más allá del caos y la represión
Es posible que la pandemia esté siendo un parteaguas en las sociedades latinoamericanas. Las opresiones y corrupciones quedaron en evidencia mientras la calidad de vida y de los servicios se vienen deteriorando de forma ostensible. Pese a las medidas excepcionales y la serias restricciones a la movilidad y los encuentros, los movimientos no sólo no se debilitaron sino que están lanzando desafíos impensables años atrás.
La radicalización de las derechas y la creciente movilización de los pueblos permite aventurar algunas hipótesis. La salida represiva está sobre la mesa, con una intensidad que nos retrotrae a los años 60, con escuadrones de la muerte y cementerios clandestinos. Sin embargo, no parece la salida más probable, además de ser profundamente indeseable.
Existe la posibilidad de nuevos gobiernos progresistas, como el de Gustavo Petro en Colombia y Pedro Castillo en Perú. Pero no tendrían la menor chance de apaciguar a las clases dominantes, ni conseguirían desmovilizar a los pueblos. Algo similar puede decirse en el resto de los países. Quien gobierne, tendrá el terreno acotado arriba y abajo, por lo cual los cambios serán mínimos, por lo menos a corto plazo.
Es una buena chance para que los pueblos tomen iniciativas en otras direcciones. Los proyectos autonómicos son una posibilidad real. Que los jóvenes urbanos de Cali hayan llamado a la Guardia Indígena para su defensa, que la bandera mapuche sea la más ondeada en la revuelta chilena muestran que los territorios autónomos en resistencia se han convertido en alternativa real y concreta para amplios sectores de las sociedades.
Collage: Gabriela Banfi
