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Omiso el Estado ante, derechos de jornaleras y jornaleros agrícolas
Ciudad de México a 5 de mayo de 2017.
La pobreza extrema, discriminación y exclusión son los patrones con quienes conviven día con día las y los jornaleros agrícolas desde sus lugares de origen.
La falta de trabajos y de acceso a los derechos básicos a la alimentación, salud y a la educación, obliga a miles de familias a abandonar sus hogares y buscar en los campos agrícolas una oportunidad que les permita sobrevivir. La Red de Jornaleras/os Agrícolas Internos ha documentado la existencia de al menos 2 millones de jornaleros en todo el país. La mayoría son originarios de pueblos indígenas, principalmente de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero -también los estados más pobres de México-.
En el caso de Guerrero, el Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña documentó tan solo del 1 de septiembre al 14 de octubre de 2016, la salida de 677 jornaleros y jornaleras agrícolas, entre ellos, menores de edad, mujeres embarazadas y personas enfermas.
El forzado éxodo, es el impacto de la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía.
Esta omisión obliga a que los originarios dueños de la tierra migren para emplearse temporalmente con empresas chinas, en los campos agrícolas del norte del país.
Según los registros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los estados a los que migra la población jornalera de Guerrero son estados como: Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero (Tierra Caliente), -por lo menos 90 % de estas zonas enfrentan delincuencia organizada-.
Los abusos y violaciones a sus derechos, inician desde el momento de su partida. En el caso de Guerrero, las autoridades han incumplido sus compromisos. Un ejemplo de ello es la Casa del Migrante, ubicada en Tlapa de Comonfort, dicho espacio se encuentra en condiciones deplorables y los recursos para los insumos básicos para la limpieza, acondicionamiento y alimentación se encuentran ausentes (a pesar de que existe presupuesto específico para la atención a jornaleros agrícolas). Ante ello, es el propio Consejo de Jornaleros y Jornaleras de la Montaña el que lo sostiene.
En su traslado, los accidentes automovilísticos, los retenes policiales y militares son algunas de las arbitrariedades a las que las familias jornaleras se enfrentan.
Una vez en los campos agrícolas -en donde siembran frutas y verduras de exportación-, las y los jornaleros se enfrentan nuevamente a la marginación económica, a la desprotección en el acceso a servicios de seguridad social por parte del Estado. No cuentan con contratos formales sino que les pagan a destajo, es decir, según la cantidad de fruta o verdura que cosechen. Las jornadas laborales son de 9 a 15 horas.
Además de ello, las y los jornaleros agrícolas se enfrentan a condiciones infrahumanas en sus espacios de trabajo; no existen condiciones sanitarias, viven hacinados y mayoritariamente en casas de cartón o lámina.
Ante esta realidad, jornaleras y jornaleros agrícolas se han organizado y conformado espacios como el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) y la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas con el objetivo de incidir para que las autoridades garanticen sus derechos laborales como lo marca la ley y se atienda de manera integral la problemática que origina la migración de miles de personas año con año.
La respuesta que se necesita no es un paleativo sino una transformación estructural que garantice a los niños/as permanecer en sus hogares y recibir educación sin la necesidad de trabajar, que las mujeres jornaleras no sean acosadas ni abusadas sexualmente, que la juventud no sea cooptada por la delincuencia en los campos agrícolas y que hombres y mujeres tengan un salario justo y las condiciones necesarias en un trabajo digno, entre otros ejemplos de arbitrariedades.
Recientemente en el Foro “Jornaleros y jornaleras agrícolas, presente y futuro”, además de prever una agudización de la problemática ante el contexto global actual, tanto los jornaleros/as agrícolas, académicas/os, estudiantes, defensoras/es de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil organizada, recalcaron una vez más que la responsabilidad para transformar esta realidad, es una responsabilidad compartida, sin embargo, es evidente que lejos de contribuir de manera positiva, las autoridades son quienes vulneran los derechos de las personas migrantes y ante quienes no se cesará la exigencia para que los derechos humanos sean garantizados y se logre frenar la omisión del Estado frente a los derechos de las jornaleras y jornaleros agrícolas.
