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(Español) Estado mexicano incumple derecho a la verdad
La impunidad fortalece a paramilitares responsables de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres.
Quien nombra, llama. Y alguien acude, sin cita previa, sin explicaciones, al lugar donde su nombre, dicho o pensado, lo está llamando. Cuando eso ocurre, uno tiene el derecho de creer que nadie se va del todo mientras no muera su palabra que llamando, llameando, lo trae…
Eduardo Galeano
Las palabras andantes
El Gobierno Mexicano tiene una deuda pendiente con el derecho a la verdad, ya que mantiene en impunidad la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres. Han pasado 21 años, las instancias gubernamentales no han efectuado una investigación que resulte en el esclarecimiento, juzgamiento y sanción a los responsables y que conlleve a la ubicación del paradero de la joven cho’l cuyo caso se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.2
Los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Minerva no han sido condenados. Samuel Sánchez Sánchez señalado por las víctimas y sobrevivientes de la desaparición forzada de Minerva, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados está presionando al gobierno de Chiapas para su liberación.
En este contexto de impunidad organizaciones sociales y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena de la zona Norte de Chiapas han denunciado la reactivación de grupos armados de corte paramilitar3, quienes bajo la omisión de las autoridades, actúan libremente provocando la violencia en la región 4 .
La desaparición forzada de Minerva Guadalupe se inscribe en el Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas. Al respecto cabe hacer presente que el primero de enero de 1994, estalló el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en contra del Estado Mexicano. Como consecuencia se iniciaron acciones de violencia provenientes tanto de fuerzas militares como de grupos paramilitares vinculados con el Estado. Dichos grupos en complicidad con el Ejército mexicano y las fuerzas policiacas fueron responsables de crímenes de lesa humanidad sistemáticamente cometidos contra la población civil.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de abril de 2017, dio a conocer su Informe de Fondo sobre el caso Gilberto Jiménez Hernández y otros (La Grandeza)5 vs México, consistente en la ejecución extrajudicial de Gilberto perpetrada por el Ejército mexicano. Los hallazgos evidencian que el Plan de Campaña Chiapas 94 fue operado como la estrategia del gobierno mexicano para cometer crímenes de lesa humanidad.
Estos hechos nos siguen doliendo y nos indigna la desaparición de Minerva con sus 19 años, tan su juventud por delante. Esta historia de terror sucedida en el sur de México, ahora es lo cotidiano en los distintos territorios del país, bajo otros contextos, el de una violencia generalizada hacia la población civil y donde a la mujeres las están asesinando y desapareciendo y el gobierno como ayer no garantiza la seguridad, integridad y vida de las personas en México. A pesar de ello pueblos, comunidades, organizaciones y desde el Frayba nos unimos a la palabra de la familia: “Hasta el sol de hoy seguiremos buscando a Minerva.”
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(Español) MANIFIESTO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA EL PUEBLO MAPUCHE
MANIFIESTO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA EL PUEBLO MAPUCHE
Ante el asesinato de Luis Marileo Cariqueo (24 años) y Patricio González Guajardo (23 años), el brutal allanamiento policial que sufrieron niños y niñas de la Escuela G-816 de Temucuicui (Región de la Araucanía, Chile) el día 14 de junio de 2017 y frente a la violencia policial sistemática contra comunidades mapuche que impulsan procesos de recuperación y defensa territorial, los profesores y profesoras, estudiantes, activistas, profesionales e integrantes de organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto internacional venimos a expresar lo siguiente:
- Rechazamos enérgicamente que el crimen de Luis Marileo y Patricio González sea calificado como acción de “legítima defensa” frente a supuestos actos “delictuales” o “terroristas” mapuche. El asesinato debe ser contextualizado en la incapacidad que el Estado chileno, la clase política y los gobiernos democráticos han tenido en generar las condiciones para una resolución política a las legítimas demandas del pueblo mapuche por recuperar su territorio y derecho a la autodeterminación. De igual forma, la llamada “legítima defensa” y “paz” que pregonan organizaciones de latifundistas en la Región de la Araucanía, lo que busca es cercenar derechos al pueblo mapuche y acentuar la violencia contra líderes, comunidades y organizaciones que protagonizan procesos de reclamación territorial en el marco de la construcción de autonomías y reparaciones históricas frente al despojo.
- Repudiamos con indignación la violencia policial que sufrieron los niños y niñas de la Escuela G-816 de Temucuicui, quienes producto de los gases lacrimógenos expulsados por Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, debieron huir del lugar asfixiados y atemorizados. Estos acontecimientos no constituyen efectos colaterales del actuar policial, por el contrario, son parte de una estrategia política estatal que mediante la violencia focalizada hacia niños, jóvenes, mujeres y ancianos, pretende infundir terror y desmovilizar a actores que son fundamentales para la reproducción y proyección autónoma de la vida social, política y cultural mapuche.
Esta estrategia de golpear, amedrentar y violentar a niños y niñas, es común en el despliegue de las Guerras de Baja Intensidad (GBI), pero también representa la continuidad de los castigos, la violencia simbólica y los secuestros vividos por generaciones mapuche en las escuelas misionales, estatales e internados durante el siglo XX, como parte de una política estatal de exterminio legitimada en las ideas de “progreso” y “civilización”. La continuidad de esta violencia en nuestros días, justificada en discursos de seguridad nacional, no hace más que aumentar la rabia acumulada producto de una historia larga de violencia y despojos coloniales.
- Los asesinatos de Alex Lemún (2002), Julio Huentecura (2004), Zenón Díaz Necul (2005), José Huenante (2005), Matías Catrileo (2008), Jaime Mendoza Collío (2009), Rodrigo Melinao Lican (2013), Macarena Valdés (2016) Luis Marileo y Patricio González (2017), así como la sistemática criminalización y violación de los derechos humanos mapuche durante el contexto democrático post-dictatorial chileno, no constituyen eventos aislados. Se explican por un Estado de Ocupación Colonial que se forjó a raíz de la ocupación militar de la Araucanía y la violenta colonización de la Fütawillimapu en los siglos XIX y XX. Esta estructura colonial profunda, instalada en la organización política del Estado, los procesos territoriales, la economía, la desigualdad estructural en Chile y enquistada en las prácticas cotidianas mediadas por el racismo, en el actual contexto neoliberal se agrava con la violencia que el capital extractivo (forestal, minero, acuícola, hidroeléctrico, etc.) y la economía de activos ejerce sobre el territorio histórico mapuche, las vidas humanas y no humanas que en éste habitan. Es por ello que la defensa mapuche del territorio, es ante todo una defensa y lucha por la vida de todas y todos.
- La violencia que vive el pueblo mapuche en la actualidad, al no restringirse a una coyuntura exclusiva de los gobiernos democráticos, sino a un problema histórico de profunda complejidad que permea distintos campos de la vida, entre ellos la academia, los trabajadores, los estudiantes, pobladores, inmigrantes y organizaciones sociales diversas, requiere de pronunciamientos y alianzas para generar un cambio estructural de las relaciones de poder en Chile.
- Consideramos que las posibilidades de resolución del conflicto que el Estado y el gran capital mantiene con el pueblo mapuche, necesariamente deberán considerar la complejidad y magnitud de los procesos históricos, socioeconómicos, políticos e ideológicos que connotan el Estado de Ocupación Colonial. Para ello, el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, la restitución territorial, el freno al capital extractivo, la desmilitarización de las comunidades, la libertad a los presos políticos, el cese a la criminalización, así como la justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y el presente contra el pueblo mapuche, debieran situarse como parte de una plataforma básica desde la cual establecer una negociación política.
Junio de 2017