[:es]Por medio del presente comunicado público, como ELCI, educadores de la lengua y cultura indígena, de la región de la Araucanía, necesitamos dar a conocer la siguiente situación que esta ocurriendo en la institución JUNJI Araucanía, en donde nos desempeñamos:
Kiñe: por motivos del desalojo de pu lagmen de la municipalidad de Curacautín, el señor Cristian Roberto Jiménez Gajardo, que se desempeña como nutricionista en JUNJI Araucanía emite el siguiente comentario en red social, de manera pública: “se acabó el webeo, orgulloso de mi pueblo, saquenle las rechuchas a esas escorias…” dirigiéndose de esta forma a nuestro pueblo mapuche.
Epu: como educadores de la lengua y cultura indígena, rechazamos toda forma de discriminación y racismo en toda forma de comunicación y por todos los medios utilizables, siendo un funcionario de una institución pública, que además trabaja en jardines infantiles interculturales, donde asisten niños, niñas y sus familias de origen mapuche.
Kula: se ha solicitado en reiteradas ocasiones el pronunciamiento del director regional de la JUNJI Araucanía, don Juan Pablo Orlandini, buscando la reparación de este hecho sucedido en el mes de agosto y al no tener satisfacción respecto de nuestra solicitud de disculpas públicas, hemos solicitado la desvinculación del señor Cristian Roberto Jiménez Gajardo de JUNJI Araucanía. Por haber dado a conocer ésta situación, se nos a presionando desde la institución indicando que habrán descuentos o no pagos de sueldo, consideramos esto un menosprecio a nuestra función de educadores.
Meli: Nos reuniremos pu ELCI de la Araucanía el día 21 del presente mes a las 9:00 horas en las afueras de JUNJI Araucanía, manifestando nuestra molestias por no haber sido escuchado a tiempo nuestras peticiones.
Se despide de usted los 38 funcionarios ELCI de la Araucanía, correspondiente a las comunas de Lonquimay, Ercilla, Puren, Lautaro, Victoria, Melipeuco, Puerto Saavedra, Nueva Imperial, Carahue, Padre las Casas, Freire, Loncoche, Pitrufquén, Vilcun, Chol Chol, Angol, Lumaco y Collipulli.
Registro de este pasado lunes 21 de diciembre manifestación en Temuco, vía Cristian Huaiquifil / Foto portada Ingrid Conejeros.
Unas 45 familias de la aldea San Jorge Ixcán permanecieron albergadas en la escuela primaria durante más de un mes porque el río Chixoy incrementó su caudal e inundo totalmente la aldea durante las dos tormentas tropicales.
Antonio Chub, vecino de la aldea, indicó que desde la llegada de la tormenta Eta se vieron obligados a ocupar las instalaciones de la escuela primaria y la Iglesia u utilizarlas las instalaciones como albergue porque es el único lugar ubicado en una parte alta en la aldea.
Chub recuerda que tuvo que abandonar su vivienda y resguardarse en uno de los albergues, el pasado 3 de noviembre. Cuando el agua empezó a disminuir e intentaban regresar a sus hogares llegó la tormenta Iota y se vieron obligados a quedarse resguardados en el albergue hasta el 8 de diciembre.
El acelerado incremento en el caudal del río no permitió que los pobladores recuperaran su producción de maíz y la mayoría de las familias perdió un aproximado de 200 costales de mazorca cada quien, según narran.
Fotos Joel Pérez / Prensa Comunitaria
Según contaron las autoridades comunitarias, durante los días que permanecieron en los albergues las autoridades municipales enviaron tres raciones de víveres a cada familia, sin embargo para las necesidades de las familias las raciones resultaron insuficientes.
El acceso hacia la aldea es complicado porque río destruyó el ingreso principal, la única forma que tienen para ingresar es por la aldea “la Chapina”, la cual pertenece a Chisec, Alta Verapaz, el acceso hasta la aldea es en lancha.
Doña María Domingo, vecina de la aldea, narra en q’eqchi’ que durante la tormenta vivieron momentos difíciles y que temían que el río incrementara más su caudal y los arrastrara, el confinamiento en el que se encontraban también los afectó ya que en el espacio donde se encontraban era muy reducido.
Los pobladores tienen mayor accesibilidad a través del territorio de Alta Verapaz y no por su cabecera municipal por la falta de una vía de acceso vía terrestre.
Fotos Joel Pérez / Prensa Comunitaria
Sin el vital líquido y salud
Durante el tiempo que permanecieron albergados en la escuela primaria recibieron atención en salud y según las autoridades comunitarias no contaban con agua para el consumo.
Doña María Domingo, relata que actualmente el único lugar donde obtienen agua para limpieza personal y familiar es en el cauce del río Chixoy, pero por las fuertes lluvias se encuentra sucio. Para consumo tienen dos opciones: comprarla o adquirirla con vecinos de la aldea que cuentan con pozo propio, pero la gran demanda de la población complica la situación.
San Jorge como aldea, se encuentra en Ixcán uno de los municipios de Quiché, a unos 370 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala y colinda con México.
[:es]Pueblo Shuar Arutam Ni un paso atrás!, es el video de incidencia en defensa de la Amazonia producido por el equipo de comunicación del #PSHA junto a Lluviacomunicación en coordinación con la Confeniae en el marco de la campaña de productores y productoras audiovisuales para generar conciencia en defensa de la Amazonia
#PshaYaDecidió #NoAlaMineria #FueraSolaris
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos.
Queremos invitarles a la conmemoración del XXIII aniversario de nuestros hermanos mártires de Acteal y los XXVIII años de nuestro caminar en la construcción de nuestra autonomía,que se llevará a cabo los días 21- 22 de diciembre del presente año,en la sede de nuestra organización, Tierra sagrada de los mártires de Acteal.
Esperamos a que nos puedan acompañar en estos días y así poder también exigir juntos el informe de fondo de la CIDH en el caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal).
15, dic. CI.- Dos nuevas capturas a líderes sociales sucedieron esta tarde. Teófilo Acuña y Adelso Gallo, ambos integrantes del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario, sufrieron detenciones arbitrarias que son reflejo de la estigmatización, juducializacion y persecusión al movimiento social por parte del Gobierno de Iván Duque.
Adelso Gallo, reconocido dirigente del centroriente colombiano fue detenido en Villavicencio, con una orden de captura emitida por un juez de Santa Marta y fechada para el día de hoy.
Mientras tanto, Teófilo Acuña se desempeña como vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, Centro y sur del Cesar. Acuña fue detenido en la tarde de hoy en el municipio de Barranco de Loba.
En ambos casos las organizaciones denuncian que se trata de montajes judiciales que ya han sido utilizadospor el Gobierno para perseguir y criminalizar al movimiento social en Colombia.
Fotos de las movilizaciones recientes en distintas ciudades de Francia / Acta Zone
Por Eugenia López
El 24 de noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Francia aprobó la llamada “Ley de Seguridad Global”, la cual pretende otorgar más herramientas a las fuerzas policiacas para el “mantenimiento del orden público”, así como asegurar la protección de los funcionarios de policía y militares.
“Se trata de proteger a los que nos protegen”, argumentan sus defensores mientras el texto, apoyado por el gobierno y los principales sindicatos policiales, ha provocado la preocupación y el descontento de grandes sectores de la sociedad, así como de periodistas, organismos públicos nacionales e internacionales y asociaciones de defensa de los derechos humanos.
Para Patrice Spinosi, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación de Francia, la iniciativa de ley representa una acumulación sin precedentes de medidas de seguridad que amenaza el equilibrio democrático del país europeo. Según él, con esa ley “un Trump a la francesa” elegido en 2022, año de las próximas elecciones presidenciales, tendría a su disposición, sin necesidad de cambiar la ley, “todas las herramientas legales que le permitirían monitorear a la población y controlar a sus oponentes políticos”.
¿Qué dice la Ley de Seguridad Global?
La propuesta está dividida en una diversidad de artículos que implican toda una serie de cambios al sistema de seguridad del país.
El texto planea así la extensión de los poderes de las policías municipales, las cuales trabajan bajo órdenes de los alcaldes, para otorgarles poderes hasta ahora limitados a la policía nacional.
La extensión de poderes también beneficiaría a los agentes de seguridad privada, orquestando así la privatización de la policía. Agentes de seguridad privada podrían entonces dar multas, o proceder a verificaciones de identidad que podrían llevar a la detención de las personas controladas.
“Yendo aún más lejos en la escalada de seguridad”, como lo denuncia la Liga de los Derechos Humanos, el proyecto de ley prevé el establecimiento de una vigilancia generalizada del espacio público, autorizando al Estado a utilizar drones con cámaras, explícitamente dirigidos a monitorear a manifestantes en contextos de movimientos sociales.
¿Para cuándo una vacuna contra la violencia de la policía?
En su artículo 21, la ley especifica que las imágenes podrían ser analizadas automáticamente mediante tecnologías de reconocimiento facial y utilizadas de manera inmediata por las fuerzas de policía, las cuales podrían llevar a cabo operaciones de detención preventiva, violando así la libertad de manifestación de las y los ciudadanos.
El artículo que creó más polémica es el 24, que pretende prohibir la difusión de imágenes de policías o gendarmes (cuerpo de policía militarizada) durante su servicio, cuando la difusión se haga “para socavar su integridad física o psíquica”.
Tal medida, de adoptarse, castigaría con penas muy severas (un año de prisión y multas de 45,000 euros) la difusión de imágenes de los funcionarios, lo cual impediría cualquier control ciudadano sobre la policía, e incluso el trabajo de los periodistas. A la vez, promovería la impunidad de los autores de la violencia policial.
De hecho, el miércoles 9 de diciembre, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó el gobierno francés a retirar dicho artículo.
“La ley merece ser debatida por el pueblo francés”, dijo Bachelet en una conferencia de prensa en Ginebra. “Pero es la sección 24 lo que nos preocupa especialmente. Y es por eso que decimos que debería ser revisado y, me imagino, hasta ser retirado”.
En una carta publicada a principios de noviembre, tres relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya habían denunciado que el artículo 24 y varias otras disposiciones del proyecto de ley ponen a Francia en contradicción con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Finalmente, la nueva ley haría imposible la reducción de condena para personas encarceladas por haber sido declaradas culpables de violencias sobre agentes de seguridad.
Brutalidad policíaca
La propuesta de ley llega en un contexto ardiente: en los últimos años, la brutalidad ejercida por la policía contra la población ha sido muy mediatizada y denunciada, en particular a partir de las movilizaciones de los llamados “Chalecos Amarillos”.
Durante las movilizaciones, que se extendieron del 2018 al 2019, la represión sistemática dejó al menos 2,495 heridos según las cifras oficiales. De estas personas, 25 perdieron un ojo, cinco una mano, un hombre fue amputado de un testículo y otro perdió el olfato, según el periodista independiente David Dufresne, quien lleva años cubriendo la violencia policiaca en el país.
Pero los “Chalecos Amarillos” no hicieron más que visibilizar una realidad denunciada desde hacía ya décadas en los barrios populares de Francia, donde la población, que en su mayoría proviene de varias olas de migración desde las antiguas colonias francesas, en particular de África, sufre los abusos de la policía en su vida cotidiana.
De hecho, en un informe de 2017, la Defensoría de los Derechos, un órgano constitucional independiente del estado francés ya había señalado que “los hombres jóvenes identificados como negros o árabes tienen una probabilidad 20 veces más elevada de ser controlados por la policía que los demás”.
Junto con las denuncias acerca de la violencia ejercida por la policía, colectivos y organizaciones autónomas han surgido y se han fortalecido durante los últimos años para denunciar el racismo sistémico en el país, construyendo un movimiento antirracista fuerte que cuestiona y amenaza el status quo.
Autoritarismo
La propuesta de ley actual también se inscribe en un contexto en el que las leyes sobre seguridad así como las declaraciones del “Estado de emergencia” se han hecho cada vez más frecuentes, en particular en el contexto de las llamadas “amenazas terroristas”.
Según Dominique Curis, de Amnestía Internacional Francia, el argumento de la lucha contra el terrorismo está siendo instrumentalizado por los gobiernos del continente, y las medidas tomadas rebazan por mucho el tema del terrorismo.
“El término terrorismo está muy mal definido, y está siendo introducido en las leyes con fórmulas muy vagas, sujetas a interpretación, lo cual permite la implementación de medidas sin garantías, que toman como blanco a personas por sus compromisos sociales y políticos o por su religión”, explica Curis.
En Francia, la lucha contra el terrorismo ha sido instrumentalizada de manera constante para controlar a activistas, así como para vigilar y estigmatizar a la población musulmana, con discursos y leyes islamofóbicas que confunden Islam con terrorismo.
Actualmente, la propuesta de Ley de Seguridad Global se ve acompañada de otra propuesta de ley llamada “contra el separatismo”, la cual pretende luchar contra el “islam radical”, pero que en realidad no es más que otra medida discriminatoria hacia la población musulmana en general.
El 19 de noviembre, el gobierno francés también anunció la disolución oficial del Colectivo contra la Islamofobia en Francia (Collectif contre l’islamophobie en France, CCIF), creado en 2003 para luchar contra la discriminación y las violencias dirigidas hacia la población musulmana.
Ahora, el gobierno francés está siendo acusado de utilizar el contexto de la emergencia sanitaria para para acelerar su escalada autoritaria y discriminatoria hacia estos sectores de su población.
Protestas en aumento
La aprobación de la Ley de Seguridad Global por el Parlamento provocó una ola de protestas en el país, a pesar del confinamiento impuesto para frenar la epidemia de Covid-19.
El descontento inmediato fue aumentado por dos episodios de extrema violencia.
El día 21 de noviembre, un productor de música negro, Michel Zecler, fue brutalmente golpeado e insultado por policías de París en la entrada de su estudio de grabación. Afortunadamente, la golpiza fue grabada por cámaras de seguridad, las cuales fueron difundidas por el sitio Loopsider y alcanzaron los 13 millones de vistas en unos cuantos días. Como lo recuerda el sitio de información independiente Mediapart, sin estas imágenes, “Michel Zecler estaría muy probablemente encarcelado por ultraje y rebelión contra un agente de la ley”.
En la noche del 23 al 24 de noviembre, centenas de personas migrantes, muchas de ellas originarias de Afganistán, Eritrea y Sudán, tomaron la Plaza de la República, en la capital, con el apoyo de voluntarios y abogados.
Levantaron un campamento con tiendas de campaña, para exigir su derecho a descansar: estas personas no sólo sufren el hecho de no tener hogar sino que luchan cada noche para dormir, ya que viven el hostigamiento continuo de la policía capitalina quien, cada media hora a veces, los despierta con violencia, impidiéndoles el descanso.
El campamento apenas sobrevivió una hora antes de ser brutalmente desalojado por la policía. Las personas presentes fueron golpeadas y atacadas con gases, algunas hasta fueron arrastradas mientras seguían dentro de su tienda de campaña. Dos periodistas también fueron agredidos.
Para el sábado 28 de noviembre, amplias protestas surgieron en 70 ciudades del país. Según las y los organizadores, fueron 500,000 personas las que tomaron las calles, mientras el gobierno habló de 133,000 participantes.
Periodistas, sindicalistas, “chalecos amarillos”, estudiantes. jóvenes, activistas, algunos políticos de izquierda así como colectivos organizados contra la violencia policiaca y el racismo se mezclaron para marchar y denunciar un gobierno que ataca los derechos fundamentales de la población en plena cuarentena.
Durante los días sábado 5 y 12 de diciembre, manifestaciones fueron organizadas nuevamente en todo el país. Según un comunicado firmado por varias organizaciones sociales, “al menos 60,000 personas marcharon este sábado 12 de diciembre, y más de 150 ciudades, de las metrópolis hasta las ciudades más modestas, han vivido al menos una movilización desde el 28 de noviembre”.
Hasta ahora, la respuesta del Estado ha sido la represión.
Este último fin de semana, las organizaciones denunciaron una larga lista de abusos cometidos por las fuerzas de policía en ciudades como París, Lyon y Caen, como las detenciones masivas, a veces sin motivo legal y con duraciones que rebasan el plazo legal o el rechazo de contactar a un abogado para las personas detenidas. En París, cerca de 150 personas fueron detenidas, incluyendo a 19 menores de edad.
También, denunciaron el uso de una estrategia de control de las y los manifestaciones, llamada de “saltos ofensivos”: ofensivas repentinas y brutales de policías dentro de la marcha, utilizadas para romper la organización y unión entre la gente y detener a personas de manera arbitraria.
Con esta reacción, la violencia del Estado no parece calmar las tensiones sino aumentarlas, reforzando las críticas y el descontento.[:]
Por: Familiares y amigxs de Presxs Subversivxs y anarquistas; CAS, Máxima y Cárcel de san Miguel.
Santiago, 13-12 del 2020.
Ante el anuncio de retomar las visitas en la cárcel de alta seguridad, máxima y cárcel de sn Miguel:
1.- Tras casi nueve meses sin tener visitas efectivas, las cárceles se han visto por completo clausuradas, y dentro de ellas los cuerpos de nuestrxs compañerxs, los de muchxs presos y presas políticas del estado, y miles de otrxs presxs del pueblo pobre. Entendemos estas medidas como la parte más aguda de las políticas represivas del estado atemorizado ante la revuelta y la reactivación del tejido social y antisocial que la sostiene.
2.- Es en este contexto que recibimos de parte de las escuetas comunicaciones con nuestrxs compañerxs la novedad de que se reactivarán las visitas, que luego de nueve meses tienen un “protocolo” para hacerlo. No resiste análisis la ineptitud e inoperancia de las medidas de cuidados que han pretendido tomar. Este escenario se les dio comodísimo a las fuerzas de la represión, y en las cárceles… aún más.
3.- Tomaremos este modelo provisorio de visitas con toda desconfianza, iremos a abrazarnos con ellos y participaremos de él evaluando cada condición, ni nuestros compañerxs ni nosotrxs como sus familias somos sujetos de experimentación, por lo demás no creemos que signifique “salir del aislamiento”, se rompe una barrera impuesta, eso es una verdad, pero se mantienen muchísimas otras que impiden el ejercicio de visitas en un marco de irrenunciable dignidad, esperamos que avanzando las etapas del desconfinamiento, diseñado en este formato delirante, se restablezcan las visitas sin retrocesos en las formas previas a marzo de 2020.
4.- Hacemos presente la convicción de que las movilizaciones intramuros y la movilización social en contra del aislamiento en la calle ha permitido este avance, en ese mismo sentido estaremos alertas a las nuevas necesidades y llamamos a los entorno a mantenerse en esta alerta también. En lo que respecta a las visitas queda un largo trecho que recorrer. No soltamos nuestras luchas.
Aislamiento es tortura!! Derogación del decreto 321!! Por una visita en un irrenunciable marco de dignidad!!
Familiares y amigxs de Presxs Subversivxs y anarquistas; CAS, Máxima y Cárcel de san Miguel.
En una conversación con Pablo Claure, responsable de Recursos Naturales de la Capitanía Guaraní de Macharetí, la autoridad nos explica cómo el pueblo guaraní ha analizado el proyecto de fracking, el peligro que significaría para el agua y todo su espacio de vida, así como para las áreas protegidas que existen en la zona. Las comunidades han planteado en su Estatuto Autonómico la prohibición de realizar fractura hidráulica en su territorio y están en lucha para que no se concrete este proyecto que implica el uso y contaminación enormes de recursos hídricos y la destrucción del corazón de la tierra.
–
Cómo ha avanzado el proyecto de fracking: las comunidades se pronuncian
–
Las comunidades y las áreas protegidas en Macharetí ya han sido azotadas por plagas, pandemia, sequía e incendios
–
El Estatuto Autonómico plantea prohibir el fracking en territorio guaraní: memoria de lucha y defensa del territorio
—
YPFB no está cumpliendo con la consulta e información, las comunidades se quedan sin nada luego de los proyectos
Comunidades guaraní dicen NO al fracking en su territorio, (Foto: CIPCA, 2020)
[:es]Ante la promoción turística que han hecho institucionalidades públicas y empresas turísticas sobre el eclipse, comunidades, organizaciones y autoridades tradicionales Mapuche, a través de una declaración pública, calificaron dichos actos como irresponsables, denunciando que han mercantilizado y distorsionado saberes ancestrales por medio de prácticas colonialistas.
A su vez, dieron cuenta de las contradicciones con respecto a las medidas sanitarias en el manejo de la pandemia , anunciando controles territoriales en algunas zonas para resguardar espacios e integridad.
A continuación, la declaración pública.
DECLARACIÓN PÚBLICA
Como Territorio Mapunche de Panguipulli, los diferentes lof en procesos reivindicativos, resistencias, y organizaciones territoriales, abajo firmantes, frente a la promoción irresponsable del fenómeno natural conocido como eclipse, de parte de la institucionalidad pública de los gobiernos regionales y local, así como instancias privadas como cámaras de comercio y empresas ligadas al turismo, nos sentimos en la obligación de manifestar nuestra preocupación y advertir las consecuencias de ello, por tanto declaramos lo siguiente:
Kiñeke / Primero les hacemos saber que, para nosotros los mapunche el eclipse no tiene relación con un evento turístico, económico o de festejo, sino muy por el contrario es un momento en el que las personas necesitan permanecer tranquilas y protegidas de las energías que se desprenden durante ese momento, resguardarse para prepararse a los tiempos que traerá dicho anuncio. Con la promoción del eclipse, tanto el gobierno local como regional y los empresarios turísticos, en lugar de respeto al conocimiento propio mapunche, han promocionado la mercantilización de nuestro conocimiento, utilizando lenguajes inadecuado, creando nuevos conceptos afines a sus intereses económicos, ignorando la visión propia mapunche. Lo que trae consecuencias distorsionadas, perpetuando así las prácticas colonialistas y negacionistas, no solo con el ser humano mapunche, también con naturaleza y atropellando lo más trascendental de nuestras vidas, como es la espiritualidad. Lamentamos que en 500 años de convivencia o permanente irrupción, aún no se considere ni respete nuestra visión sobre todo en tiempo de crisis mundial y calentamiento global.
Epuke/ segundo Desde el punto de vista sanitario: constatamos la contradicción en las medidas de manejo de la pandemia que por un lado restringe la movilización social y comunitaria pero no limita las aglomeración que genera la promoción irresponsable de este fenómeno, ya que miles de personas llegaran desde fuera de la región, con el propósito de ver por unos minutos el fenómeno natural. Claramente al día de hoy, fase II, no están dadas las condiciones que protejan a la población que habita y convive en el territorio y es claro darse cuenta, la “utilización de la pandemia” para obedecer a los poderes que tienen intereses económicos en el territorio mapuche, dejando en segundo plano el bienestar y la salud de los habitantes de este territorio. Conjuntamente con esta omisión de deberes que implica la flexibilizacion de las medidas sanitarias, tampoco se ha considerado el colapso de la infraestructura básica, ni los efectos colaterales al medioambiente, también se desconocen las medidas de mitigación y reparación posterior que sin duda, nos afectara a todos. Frente a esto responsabilizamos tanto al gobierno regional como local de los efectos en la salud de las personas y del daño ambiental.
Külake/tercero Desde nuestra preexistencia mapunche en territorio Wallmapu, tenemos el deber, como lo han hecho siempre nuestros antepasados, de defender nuestros territorios de las invasiones, a nuestros lugares de relevancia espiritual, histórica, social y cultural, ejerciendo nuestro derecho ancestral y actual a vivir en paz y armonía, considerando además los convenios y leyes que el propio estado de Chile ha firmado, como es la Reserva de Biosfera, la ley indígena 19.253, Convenio 169 de la OIT. Que establece que; “a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”. Donde además se define que “La utilización del término «tierras» deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.”. Así como otros instrumentos de derechos que resguardan nuestros derechos sociales, políticos y culturales.
En ese contexto, dejamos claro que seguiremos defendiendo nuestro peweñentu, (parque nacional Villarrica) pu lafken, y otros espacios sagrados ante la invasión de quienes solo los moviliza el interés para la explotación económica empresarial, y atropello a la existencia y formas de vida mapunche como es kümefelen y küme mogen.
Melike/ Cuarto; ante el actual estado de desprotección, los diferentes lof hemos acordado de manera autónoma hacer controles territoriales en algunas zonas para no permitir la entrada a algunos territorios y sitios sagrados dentro la comuna; por otra parte, ante la necesidad económicas de nuestros hermanos mapunche, con y sin emprendimientos que ven en este evento como oportunidad comercial, recordarles que los mapuche hemos sido empobrecidos por el propio sistema neocolonial, a través del despojo de nuestras tierras, las cuales nos ha dado desde siempre el sustento para el buen vivir. Es por ello que, hoy más que nunca debemos cuidar lo que tenemos y recuperar lo que nos han quitado, ejerciendo nuestro derecho como pueblo mapunche.
Finalmente hacemos un llamado a la convivencia en armonía de todos los habitantes dentro un mismo territorio a participar y actuar frente a los problemas que nos amenazan a todos tales como la perdida de agua, la invasión inmobiliaria, la desprotección de ríos y humedales y el acaparamiento de tierras de algunos privilegiados y la falta de un desarrollo construido por los pueblos mapuche y chileno que habita esta comuna.
Firman
Lof Pilinhue mapu,
Lof/comunidad Dionisio Manquel Chepo.
Lof Malchehue mapu.
Lof Kona rupu Futa mapu
Lof Trafun
Lonko Pucura
Lonko Traitraico
Lof tralkapulli mapu
Representante Cultural pu lof Hueitra, Ragintuleufu, Llashkawe.
El 9 y 10 de diciembre la fuerza antimotines de la Policía Nacional Civil – PNC sin respetar los protocolos institucionales para realizar desalojos y los de la pandemia del Covid-19, quemaron las casas de las familias Q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, los agentes se robaron animales, ropa, aperos de labranza y, desalojaron violentamente a las familias de la comunidad Tres Lagunas, quienes tuvieron que quedarse a la orilla de la carretera, denunciaron los campesinos desalojados.
Fueron afectadas aproximadamente 200 familias, más o menos 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños. La policía además de quemar sus viviendas, arrancó las siembras y detuvieron a 3 personas, miembros de las Comunidades Indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas.
No se respeto el debido proceso, la comunidad nunca se enteró de algún proceso penal en su contra, ni quien emitió la orden de desalojo, ya que les presentaron un papel sin sello, sin firma, ni nombre de autoridad competente.
En plena crisis sanitaria y recién pasadas las tormentas tropicales Eta y Iota procedieron a arrasar sus casas. En pleno día de celebración de los derechos humanos se violentaron nuevamente los derechos humanos de las y los guatemaltecos más humildes.
Este es el testimonio de uno de los vecinos afectados por el desalojo en su comunidad
Pese a todo lo ocurrido durante el desalojo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó en su cuenta de twitter lo siguiente:
“La delegada de la Auxiliatura de La Libertad, Petén, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), observó el respeto de los derechos humanos y las actuaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Juzgado de Paz Penal, en la diligencia de desalojo en la finca El Zapotal, municipio de Sayaxché, departamento de Petén.
En la diligencia se realizó el desalojo de uno de tres grupos que ocupa la finca de forma irregular, sin que se reportaran incidentes; sin embargo, las diligencias de desalojo continuarán por parte de la PNC y el MP.”
