“Hacemos el compromiso de que para 2030, Microsoft será carbono negativo”, declaró Satya Nadella, director general de la compañía tecnológica con sede en los EEUU, a principios del año 2020, durante un evento en el que detallaron los procedimientos que dicha empresa ejecutará para eliminar más carbono del que emite a la atmósfera cada año.

Acorde a Nadella, la estrategia consiste en la reducción de sus emisiones contaminantes mediante la compra de instrumentos financieros denominados créditos de carbono, así como por la implementación de tecnologías experimentales que, entre otros aspectos sobre la manipulación del clima, pretenden secuestrar carbono del aire y almacenarlo en el suelo.

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Esto es parte de un discurso nada nuevo. Otro gigante informático, Google, prometió desde el año 2007 convertirse en la primera gran corporación trasnacional en alcanzar la “neutralidad de carbono”.

A pesar de la existencia de estos conceptos desde hace 15 años, es hasta ahora que las mayores empresas alrededor del planeta nos bombardean con estas frases en sus campañas publicitarias donde se comprometen a realizar acciones para evitar la catástrofe climática.

Corporaciones productoras de alimentos, de transportes y enfocadas en la generación energética, incluidas aquellas extractoras de combustibles fósiles, es decir, las mayores responsables por la emisión de contaminantes a la atmósfera, también prometen “mitigar”, “compensar” y “neutralizar” el carbono liberado producto de sus actividades mediante la realización de pagos para conservar bosques.

Pero, ¿cómo fue posible crear esta idea de que la contaminación puede ser neutralizada con dinero? Avispa Midia conversó con Jutta Kill, bióloga, investigadora e integrante del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés), quien nos ayuda a comprender el proceso de una década y media durante el cual la discusión encaminada a combatir la catástrofe ambiental fue desviada mediante la creación de una estrategia de nombre extravagante, cuyo principal objetivo es la mercantilización de la naturaleza: la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD).

Bosques como mercancía

La peligrosa idea de la compensación de carbono cobró fuerza entre los años 2005 y 2007. Fue en la Conferencia de las Partes (COP11), realizada en Montreal, Canadá, cuando a solicitud de los representantes de Papua Nueva Guinea y Costa Rica, se discutió la estrategia REDD por primera vez en estas reuniones.

“Es una idea que ha sido impulsada por organizaciones conservacionistas: The Nature Conservacy, Conservation International; las más grandes, mayormente de EEUU, incluida también la WWF”, señala Kill sobre sus principales promotores, quienes colocaron a los bosques como su principal área de interés.

Desde entonces este mecanismo también fue promovido por grandes corporaciones y entidades financieras como el Banco Mundial, superando hasta 2020 una inversión de mas de mil millones de dólares en las que el gobierno de Noruega es el mayor financiador. Paralelamente, una vez que las Naciones Unidas comenzaron a hablar de REDD, comenzaron a surgir nuevas compañías para lucrar en el nuevo mercado multimillonario.

“Esta era la gran promesa con REDD, el dinero detendría a la destrucción de los bosques por parte de las corporaciones”, contextualiza Jutta Kill. Para ello fueron creados programas piloto como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques y el Programa REDD Early Movers, este último gestionado por el banco de desarrollo alemán KfW, lo cual ha contribuido a que REDD se convierta en el mecanismo predominante en la política forestal global, detalla la investigadora en su artículo “REDD: Los peligros de la conservación de los bosques conforme al mercado”.

Actualmente, a 15 años de las primeras implementaciones de REDD, el escenario ante la catástrofe ambiental es menos alentador. Eso porque la estrategia fue silenciosamente rediseñada a través de las negociaciones climáticas anuales, pasando a convertirse en un instrumento para la gestión del campesinado, el cual restringe la agricultura campesina y también el uso de los bosques por parte de los pueblos indígenas.

Está también el tema de la deforestación. “Si comparas la deforestación global desde 2005 al día de hoy, ves que si algo está pasando es que la deforestación ha incrementado. Y eso no es sorpresa, porque si miras en proyectos e iniciativas REDD de los últimos 15 años, ves que ninguno, si acaso cinco proyectos, han sido dirigidos contra la destrucción corporativa de los bosques”, denuncia la integrante de WRM.

Pagos sin sustento

Un escenario que ilustra el peligro en la financiación de los programas REDD es lo que sucede en Brasil bajo lo que se conoce como “esquemas de pago por resultados”, donde las crecientes tasas de deforestación demuestran que dichos pagos no se pueden garantizar.

En febrero del año 2019, el Fondo Verde para el Clima acordó pagar 96 millones de dólares al gobierno de Jair Bolsonaro, por la conservación de bosques que capturaron la cantidad de 18.82 millones de toneladas de dióxido de carbono, referentes a los años 2014 y 2015.

“Se concedió un pago por resultados a pesar de que los cambios en la política gubernamental, tras la elección de Jair Bolsonaro como presidente a finales de 2018, han provocado un aumento vertiginoso de los niveles de deforestación en la Amazonía. Entre agosto de 2018 y julio de 2019, la deforestación aumentó un 30% con respecto al año anterior y se elevó al nivel más alto desde 2007-08”, destaca Kill sobre la incongruencia de que Brasil recibiera un pago por emisiones evitadas en el pasado, a pesar del aumento vertiginoso de la deforestación, solo en la Amazonía, sino en diversos ecosistemas de gran riqueza natural en el país sudamericano.

Esta situación particular cobra mayor relevancia si consideramos el riesgo de que los pagos de REDD que se realicen por resultados solo existan en el papel, además de que las normas alrededor del programa, que fueron aprobadas durante negociaciones de la ONU, mantienen referencias infladas, esto debido a que el tamaño del pago se determina comparando las tasas reales de deforestación con la tasa media de deforestación de un periodo que va entre últimos 10 hasta 20 años, lo cual deja abierta la posibilidad de calcular una amplia gama de “reducciones” de emisiones, advierte la investigadora en su artículo publicado en 2020.

Ante este panorama, ¿quiénes están interesados en mantener REDD?, a pesar de no cumplir con detener la deforestación e incluso participar en el despojo de bosques habitados por pueblos originarios

“Son por supuesto las compañías petroleras y mineras, también las grandes corporaciones de alimentos, Unilever, JBS, Mars, Nestlé y la industria financiera como BlackRock. Ellos tienen 100 o 500 de ellas (empresas) que dicen públicamente que, en 2030, 2035, diferentes años, tendrán negocios de carbono neutral. Por supuesto, no van a detener la quema de petróleo, carbón o gas, pero ¿cómo serán capaces de decir que para 2030 van a tener un negocio así cuando mantienen la destrucción de almacenes de carbono del subsuelo? Van a comprar créditos de carbono de sus proyectos (…) y necesitan porciones de tierras inmensas para decir que el daño que provocan al clima por la quema de los combustibles fósiles ha sido ‘mitigado’ o ‘compensado’”, enfatiza la investigadora.

“Son las grandes corporaciones, quienes tienen interés en el control de la tierra, para quienes la estrategia REDD ha sido increíblemente exitosa”, remarca Kill.

La investigadora alerta que ha cambiado la discusión acerca de la deforestación. “Las corporaciones han desaparecido, se han vuelto invisibles en las discusiones sobre deforestación porque virtualmente todos los proyectos de REDD son acerca de campesinos e indígenas y nadie menciona la destrucción de los bosques por parte de las corporaciones (…)  Y es un gran éxito para las corporaciones petroleras, carboníferas y de gas natural, así como para los países industrializados cuyas economías se benefician enormemente de los combustibles fósiles como Noruega, Alemania, Reino Unido. Ellos han ganado 15 años en los que la sociedad civil fue desviada por el tema REDD y no se enfocó en las demandas contra el cambio climático como la de mantener el petróleo en el subsuelo, se trata de todos los almacenes de carbono subterráneos que son importantes, son los mismos depósitos que son destruidos con la extracción de gas, carbón y petróleo”, subraya.

Si esta es la solución, ¿cuál es el problema?

En la cadena de actores involucrados para mantener vivo el concepto de la neutralidad de carbono, además de las empresas, ongs y consultores, se encuentran también las certificadoras. Hablamos de compañías como Verra, quien gestiona el Estándar de Carbono Verificado (VCS, por sus siglas en inglés) el cual permite a los proyectos certificados convertir sus reducciones y eliminaciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en créditos de carbono comercializables.

“Ellos cobran aproximadamente 100,000 dólares para auditar un proyecto, después tienes que pagar otros 100,000 dólares para registrar tu proyecto REDD en su base de datos y después por cada crédito de carbono que el proyecto vende, ellos obtienen una comisión. Al certificador se le termina pagando más en cuanto mas créditos de carbono sean vendidos, lo cual es un gran conflicto de interés”, destaca Juta Kill sobre la contradicción en que reposa este mercado. Es decir, aquellos encargados de fiscalizar los resultados de los proyectos para la conservación de la naturaleza son los mismos quienes se ven beneficiados de la existencia de este sistema de comercio, pues de no existir la certificación no se podrían comercializar los créditos.

También destaca la promoción que realizan las ONGs conservacionistas, “las cuales siempre han visto REDD como una manera de incrementar su control territorial (…) control sobre tierras donde los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales son ignorados”, denuncia Kill.

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Debido a las numerosas denuncias y críticas por parte de comunidades, activistas y organizaciones ambientalistas a la estrategia REDD, es que actualmente este concepto se encuentra en desuso. Pero no es que haya desaparecido, sino que se ha transformado en una nueva idea: las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), el cual para Jutta Kill representa un peligro aun mayor.

“REDD no ha desaparecido, solo cambió su nombre y ahora lo que era REDD es llamado SBN, solo cambiaron los nombres, pero lo mismo continúa”, sostiene la investigadora. “Cuando ves las paginas web de organizaciones como TNC, CI o WWF puedes ver que difícilmente hablan de REDD, hablan de SBN. Y los gobiernos están haciendo lo mismo”.

“Noruega es otro ejemplo que usa la terminología porque ve el potencial en el término, que es peligrosamente seductor y tan atractivo, ¿por qué sería malo tener a la naturaleza como solución? Las voces críticas tienen que señalar qué es lo peligroso de estas SBN, tienen que preguntar, ¿si ésta es la solución, ¿cuál es el problema? Porque claramente no es el cambio climático. Si la promesa es evitar la catástrofe climática, claramente la solución es detener la extracción de combustibles fósiles. ¿Cuál es el problema que estás intentando resolver con lo que llamas SBN? No pueden ser los problemas de los agricultores campesinos porque lo que proponen para ellos no es una solución. Y lo único que puedo pensar es que es una solución para las compañías de carbón, petróleo y gas y cualquiera que se beneficia de acumular y lucrar con la extracción de combustibles fósiles. Mucha gente comienza a darse cuenta que, para prevenir la catástrofe climática, se le acaba el negocio. Así que las SBN resuelven su problema para no perder ese lucro por unos años más. Claramente se debe decir no a las SBN porque no es nuestra solución, nunca resolverá los problemas, las muchas crisis que vivimos diariamente”, reflexiona la integrante de WRM.

^{En portada: Inauguración de la microcentral hidroeléctrica de la cooperativa de luz “Mártires y Héroes de la Resistencia” en la Unión 31 de mayo, Guatemala. Foto: Colectivo Madreselva}

En el marco de la campaña Luces de las Resistencias, diversos pueblos, organizaciones sociales, cooperativas y colectivas de distintas partes de México proponen una transición energética desde el campo popular. Plantean la construcción de una propuesta que priorice las necesidades reales de la reproducción de los pueblos y que sea construida a partir del debate continuo sobre los valores de uso necesarios para cada comunidad, pueblo, barrio y ciudad, así como sobre las tecnologías adecuadas a los contextos locales y culturales.

“Es posible pensar en una transición energética popular que no sea de la mano del capitalismo verde, del poder centralizado de los Estados. Es posible pensar la energía como un bien común”, sostuvo Sofía García Pacheco, de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores en Energías Alternativas y Estudios Sociales – Onergia, de Puebla, una de las organizaciones que hace parte de la campaña.

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Los pueblos y organizaciones que hacen parte de la campaña proponen algunos principios, que denominaron ‘luces’, para guiar la reflexión de lo que sería una transición energética desde abajo. “En ellas [las luces] están algunas de las rutas de pensamiento para una transición socioambiental popular, la autonomía energética y el pleno cumplimiento de los derechos que garanticen la reproducción de la vida”, proponen a través de un comunicado.

La primera de ellas es limitar la participación de las grandes empresas en el proceso de transición. “La mayor motivación [de estas empresas] en participar en este mercado es la acumulación (…). Profundizan el modelo de acumulación de capital que, pintado de verde, genera especulación financiera, mercantilización de la energía, degradación de zonas de gran diversidad ambiental y cultural y despojo territorial”, sostienen.

Otro punto de reflexión es la centralidad dada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la propuesta de Reforma Energética en debate en el Congreso Nacional mexicano. “La generación de energía por parte de la CFE, también ha violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas. Tenemos como ejemplo los intentos de imposición de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, el tendido de alta tensión en Cuetzalan, Puebla, y la hidroeléctrica en Paso de la Reina, Oaxaca, entre tantos otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecución, criminalización y asesinatos”, afirman.

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Otras luces

Megaproyecto como asunto estratégico de Estado: Mientras el gobierno declare territorios “estratégicos” seguirá abierta la puerta a expropiaciones sin diálogo y mediante el uso de fuerzas gubernamentales como la Guardia Nacional o el Ejército.

La extracción del litio: En relación a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para “integrar al litio, y los demás minerales estratégicos, como área estratégica del estado…y como áreas prioritarias”, no podemos olvidar que la industria minera del litio, o cualquier otro mineral, implica una fuerte carga de devastación ambiental y consumo de agua para su extracción. No se debe priorizar el fomento del modelo extractivo minero para solucionar un problema ambiental global por medio de una transición energética que pase por encima de los derechos de las comunidades. No existen minerales ni planeta suficiente para sustituir las fuentes de energía y mantener el mismo modelo de desarrollo, las mismas estructuras de dominación colonial y de acumulación de capital, ampliando cada vez más las fronteras extractivas.

La prohibición del fracking: El fracking persiste en México a pesar de que el gobierno federal se comprometió a erradicarlo. Año tras año, el presupuesto asignado para el fracking ha ido creciendo. Para el 2022, se asignó 15 mil millones de pesos, lo cual significa un aumento de 219% respecto a 2021. La transición energética justa tiene que incluir dejar los combustibles fósiles bajo tierra.

La soberanía tecnológica: Las organizaciones proponen el uso de tecnologías locales propias y no depender ni de políticas ni de la tecnología del Norte global, que sólo existe gracias al saqueo y apropiación de los bienes de los pueblos del Sur.

Cambio de modelo económico

Las industrias, principalmente de los sectores minero, cementero, siderúrgico y maquilador, consumen tres veces más electricidad que el conjunto de la población. Para las organizaciones es inalcanzable materializar una ruta de transición energética justa si no se cuestiona el modelo económico que fomenta este consumo.

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“Cuando hablamos de una transición energética no hablamos de cambiar simplemente una tecnología por otra. También estamos hablando de una transición a un modelo económico alternativo”, añade Sofía García Pacheco.

^{En portada: Celebración de José Antonio Kast, candidato de utraderecha, ganador de la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Chile}

El sorprendente triunfo en la primera vuelta presidencial del candidato de ultraderecha José Antonio Kast, por sobre el candidato Gabriel Boric, no solo pone en jaque la posibilidad de un futuro gobierno de corte transformador en Chile, sino que pone en riesgo el mismo proceso constituyente en curso en el país.

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La verdad es que cuesta mucho entender lo que pasó en Chile aquel día, ya que veíamos el ascenso de la ultraderecha negacionista como una amenaza que no llegaría tan pronto, considerando todo lo que ha pasado en el país y el derrumbe del gobierno de Sebastián Piñera, luego de la revuelta social y la instalación de la Convención Constitucional.

Si bien el porcentaje de votos alcanzado por Kast no es muy alto (27, 91%), el problema mayor es lo poco que sacó el candidato de Apruebo Dignidad (25, 83), el cual obtuvo prácticamente lo mismo que sacó en primarias (sumado a los votos de Daniel Jadue), lo que refleja que su candidatura convocó muy por debajo de lo que se esperaba.

Las causas de la baja votación de Gabriel Boric son seguramente múltiples y responden a distintos factores internos y externos de la campaña, pero lo que está claro, es que para obtener un triunfo en segunda vuelta el próximo 19 de diciembre, tendrá que inevitablemente ceder mucho de su programa de gobierno antineoliberal y hacer alianzas con sectores de izquierda más conservadores, como es el caso de los partidos de la ex concertación.

Asimismo, pareciera que también tendrá que dar respuesta al discurso impulsado por Kast, centrado en el miedo y en el orden público,  en donde la delincuencia, el narcotráfico y la falta de certeza económica, pareciera que serán los temas que instalarán los grandes medios de información para los próximos debates entre los dos candidatos.

De ahí que Boric, haya entendido que la seguridad sea un tema central para las próximas semanas, y que esté adaptando su discurso de campaña, lo que obviamente es un riesgo, ya que puede ser visto como algo no creíble a estas alturas, pudiendo ser incluso contraproducente.

Por lo mismo, el haber sumado a Eduardo Vergara, como encargado de seguridad en su comando, es un acierto, considerando que no bastará con que hable del tema, en la medida que no plantee un discurso que se diferencie de la ultraderecha, cuestionando así fuertemente el populismo penal y la guerra contra las drogas de Kast, y proponga una alternativa sin complejos desde la izquierda, que vaya mucho más allá de lo punitivo.

Lo mismo con respecto al ámbito económico, el cual debiera volcarse al chileno y chilena promedio, los cuales han sido abandonados por un Estado negligente y abusados por grandes sectores empresariales, haciendo que las familias vivan completamente bancarizadas, a través del crédito, mientras el Estado goza de grandes reservas en el extranjero.

Ante esto, sería interesante incorporar también en el comando al economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, quien mejor que nadie en el país, ha desmontado empíricamente el mito de la llamada clase media, la cual no es otra cosa que una construcción de las elites, que ha permitido instalar un discurso del esfuerzo individual, de la meritocracia y del emprendimiento.

No obstante, más allá de estas estrategias de campaña para la segunda vuelta, lo que más debiera preocuparnos, en el caso de ganar José Antonio Kast la presidencia, no es su gobierno propiamente tal, el cual estará limitado al no tener la mayoría en el congreso, sino en el uso de su cargo para hacer una campaña desde el ejecutivo contra la Convención Constitucional.

El candidato del Partido Republicano ya ha manifestado explícitamente que de ser presidente, y no estar de acuerdo con el texto constitucional que se escriba, lo que seguramente será así, levantará la bandera del rechazo para el plebiscito de salida del año 2022, siendo su gobierno un mero instrumento para una restauración conservadora.

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Un escenario así, de confrontación entre José Antonio Kast y la Convención Constitucional, no solo le haría un daño gigantesco a la democracia del país, sino que podría generar un clima de violencia política de alcances insospechados, trayendo consigo mucha sangre y una fractura total en el país.

En consecuencia, Kast de manera irresponsable estará usando su cargo de presidente para destruir la paz social que tanto dice defender, pasando por encima todo lo que se está intentando construir institucionalmente para el país, dejando en evidencia que más que el bien en Chile, está preocupado de mantener el orden autoritario, haciendo fracasar el proceso constituyente, para mantener a cualquier precio la constitución de 1980.

Frente a todo lo señalado, el triunfo de Gabriel Boric el próximo 19 de diciembre, es mucho más que el triunfo de un candidato en particular, del Pacto Apruebo Dignidad o de un sector político determinado. Tiene relación con cuidar la convivencia en el país y la defensa de un proceso inédito, que fue llevado por millones de chilenos, que creyeron que se podía hacer una constitución de manera distinta, después de más de 200 años de historia.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que para concretar la transición energética mundial hacia energías consideradas ‘limpias’, prevista en el Acuerdo de París de 2015, será necesario cuadruplicar la extracción de metales y minerales entre 2020 y 2040.

Litio, cobre, grafito, cobalto, níquel y tierras raras son los seis minerales claves para la fabricación de tecnologías eólicas, solar, redes eléctricas y vehículos eléctricos que requieren, por ejemplo, seis veces más metales y minerales que un coche convencional.

Los mecanismos para acelerar la extracción de estos minerales están siendo puestos en marcha especialmente por organismos supranacionales. El Banco Mundial, por ejemplo, lanzó un fondo para promover lo que ha denominado como “minería climáticamente inteligente”, de tal manera que busca “garantizar que los minerales necesarios para la transición a las energías limpias se produzcan y suministren de manera sostenible y responsable”, menciona la institución en un informe.

La inversión inicial prevista por el Banco Mundial es de 50 millones de dólares en un plazo de cinco años. Entre las iniciativas promovidas y financiadas por esta instancia está la prestación de “asistencias a los gobiernos para crear un sólido marco de políticas reglamentarias y de orden legal que promueva la minería climáticamente inteligente y que genere un entorno propicio para el capital privado”, sostiene el organismo.

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Pero, como sostienen empresas mineras, Estados y organismos de financiamiento, ¿los impactos sociales y ambientales de la minería climáticamente inteligente o minería verde, como también es llamada, son menores cuando son comparados a la minería que hasta ahora se realiza?

Un mapeo colaborativo realizado por comunidades afectadas en nueve países de las Américas -Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos y Canadá- y los equipos del Atlas de Justicia Ambiental y MiningWatch Canadá revela que no.

“(…) Estos proyectos no son distintos, en su tamaño, ni técnicas previstas de extracción y procesamiento de minerales -o sus modos de gestión y relacionamiento comunitaria- que las grandes minas ya existentes en el continente para la extracción de minerales ‘tradicionales’ como el oro, la plata o el mismo cobre, que ya han generado graves impactos socioambientales”, revela el estudio, en el cual fueron analizados 25 casos distintos.

Algunos de los proyectos de litio o grafito analizados en el estudio pretenden, por ejemplo, hacerse en depósitos de roca, con minería a cielo abierto. Un ejemplo de ello es la mina Sonora Lithium en México, la cual será a tajo abierto (129 hectáreas) que generará 131 millones de toneladas de residuos durante los 20 años de producción, así como 25 millones de toneladas de relaves húmedos.

Además, las políticas de la transición energética están expandiendo la frontera de extracción hacia ecosistemas frágiles y poco conocidos tales como salares y lagunas altoandinas y aumentando la presión extractiva en ecosistemas y áreas especialmente sensibles y biodiversas como la Amazonía, bosques húmedos, lagunas, valles y montañas. “Este proceso tiene lugar de forma atropellada, sin respeto a los derechos del ambiente y de las comunidades que habitan los territorios”, dice el estudio.

No importa lo ‘verde’ que se pinte el mineral extraído. “El hecho de extraer litio o grafito, en lugar de oro, plata o carbón, no vuelven esos proyectos más verdes o sustentables. Son proyectos que usan grandes cantidades de agua, materiales y energía y que generan grandes cantidades de residuos mineros. Existe mucha opacidad e incertidumbres sobre la gestión y tratamiento de los residuos mineros, especialmente en el largo plazo. Estos generalmente quedan enterrados como una ‘bomba de tiempo’ por siglos”.

Violencia

Los casos documentados evidencian las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre las comunidades que se oponen al avance de la frontera extractiva en sus territorios.

“Desde la violencia sobre los cuerpos (contaminación del agua), impactos sociales (llegada masiva de trabajadores mineros, aumento de alcoholismo y prostitución, etc.), la falta de reconocimiento de las comunidades y sus cosmovisiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, falsas acusaciones y denuncias sobre defensoras, así como enjuiciamientos y encarcelamientos con procedimientos legales opacos. Las comunidades también señalan procesos de cooptación, división comunitaria impulsadas desde los sectores promotores de la minería”.

Un patrón recurrente en los proyectos mineros documentados es la poca información que se ofrece a las comunidades, con omisiones en algunos casos, así como la falta de espacios de participación.

¿Dónde están los minerales?

El continente americano, especialmente la región latinoamericana, tiene una posición estratégica para la extracción y las reservas de estos minerales.

De acuerdo con el estudio, en el caso del litio, por ejemplo, Chile (22%), Argentina (7,5%) y Brasil (2,3%) concentran casi un tercio de la extracción global actual. Bolivia, Argentina y Chile poseen el 58% de las reservas estimadas de litio y si se suman las reservas de EEUU, Canadá, México y Perú, el continente americano concentra tres cuartas partes de las reservas mundiales de litio.

En el caso del cobre, el mineral con mayor demanda estimada, el 40% de la extracción mundial actual está repartida entre Chile y Perú. Si sumamos a estos dos países la extracción en los EEUU, en Canadá y en México, América concentra más de la mitad de la extracción mundial de cobre.

Esos países concentran también casi la mitad de las reservas, principalmente Chile y Perú. Destaca también la presencia de otros metales y minerales en el continente americano. Los EEUU extraen el 15% de las tierras raras en el mundo y Brasil concentra el 17% de sus reservas mundiales.

En el caso del grafito, Brasil extrae el 8,6% y posee el 21,6% de las reservas mundiales. Y para el níquel, Canadá extrae el 6% y Brasil posee el 17% de las reservas. En este sentido cabe destacar que este informe no ha documentado adecuadamente la alta conflictividad minera en Brasil, que sí puede observarse en el mapa interactivo que acompaña este reporte.

Acumulación por descarbonización

La propuesta de transición energética gubernamental y corporativa representa más bien, alerta el estudio, “una transición de mercado que está creando nuevos procesos especulativos, diversificando los nichos y movimientos de capitales en un nuevo proceso de ‘acumulación por descarbonización’”.

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Por otra parte, los pueblos son claros: “No existe justicia climática si es extractivista”.

Aquí puedes checar el mapa interactivo, resultado del trabajo de mapeo, que documenta algunos de los impactos sociales y ambientales de la minería de litio, cobre y grafito en los países estudiados.