–          Imprescindible hacer una investigación imparcial, expedita y efectiva de la violencia policiaca.

–          Exigimos sanción a los responsables y condenamos el asesinato de normalistas.

El uso irracional y arbitrario de las fuerzas de seguridad pública, derivó en la privación de la vida de 2 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. El uso excesivo de la fuerza pública de manera arbitraria, es un acto a todas luces reprobable, y del cual debe haber sanción a los responsables.

Las acciones realizadas por elementos de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de Guerrero derivaron en la consumación de privaciones arbitrarias de la vida de dos estudiantes, dichos asesinatos deberán tener una investigación expedita, imparcial y efectiva.

Hasta este momento, se desconoce el paradero de 40 normalistas, 3 estudiantes se encuentran heridos y 26 más detenidos.

En este sentido, las acciones de brutalidad policiaca y uso irracional de la fuerza pública en contra de jóvenes manifestantes de una normal rural dedicada a poner la educación al alcance de los más marginados, constituye un acto inadmisible en un contexto democrático, y echa por tierra el compromiso del actual gobierno de atender los conflictos sociales en sus causas más estructurales evitando el uso de la fuerza pública.

Exigimos que se esclarezca quién ordenó la actuación desmedida e irracional de los cuerpos de seguridad pública contra estudiantes, cuyo único objetivo había sido iniciar una nueva movilización para abrir canales de diálogo con el gobierno estatal, lo que lamentablemente no ocurrió, detonando en los hechos de esta mañana.

Cabe resaltar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se ha destacado por mantener un compromiso histórico con la educación de los más desposeídos del estado de Guerrero, principalmente de las y los alumnos indígenas y campesinos, caracterizándose en años recientes por su capacidad de generar una propuesta renovadora de la educación rural en la entidad.

Exigimos la destitución del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Ramón Almonte Borja, con lo cual se pueda garantizar una investigación exhaustiva y efectiva de la agresión que sufrieron los estudiantes

ATENTAMENTE,

Red Guerrense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Radio Comunitaria y Educativa Uan Milahuak Tlajtoli en Chilapa Guerrero; Centro de Análisis e Investigación “Fundar”; Instituto para la Seguridad y la Democracia-Insyde; Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad de La Montaña de Guerrero; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada por 75 organizaciones en 22 estados de la República: Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.  (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz” (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales  (Distrito Federal); Promoción de los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

La noticia del asesinato de don Trinidad de la Cruz nos ha provocado indignación. Este asesinato se suma a la de otros compañeros de Santa María Ostula:

• Diego Ramírez Domínguez
• Simón Pineda Verdía
• Simón Pineda, hijo
• Quintín Regis Valdez
• Erick Nemesio Domínguez
• Froylán Medina Álvarez
• Demetrio Olivero Álvarez
• Humberto Santos Valladares
• Venancio Ramírez Cirino
• Manuel Flores Álvarez
• Miguel Ángel Flores Álvarez
• José Martínez Ramos
• Horacio Martínez Ramos
• Ernesto Nicolás López
• Pedro Nazario Domínguez
• Pedro Guzmán
• Isidro Mora Domínguez
• Feliciano Cirino Domínguez
• Fortino Verdía Gómez (quemado y después asesinado)
• Jonathan Verdía Gómez (quemado y después asesinado)
• Francisco Verdía Macías
• Ambrosio Verdía Macías
• Nicolás de la Cruz
• Nicolás de la Cruz, hijo
• Juan Faustino Nemesio
• Pedro Leyva

Además de las desapariciones de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles, Francisco de Asís Manuel, Máximo Magno Valladares y Enrique Domínguez Macías, de 17 años de edad.

Tantos asesinatos, en apariencia, parecen no importar a las autoridades estatales de Michoacán o a las federales; pero es una falsa impresión  ya que los promueven, los provocan y los mantienen impunes., y, por lo tanto, hay un sincero interés en continuar perpetrando crímenes contra este pueblo nahua.

Las razones son claras: detener los procesos de autonomía de la región, sin las plagas electoreras promovidas por el IFE, sin los intereses de ningún partido político (opuestos a los de cualquier ciudadano de este país), sin la rapiña gubernamental y sin la explotación del crimen organizado. Ahí está la feliz comunión entre las organizaciones criminales y los gobiernos locales y las instancias federales, enemigos del trabajo honesto, de la madurez política de los ciudadanos y de la libertad, y tan amigos de la ambición, la corrupción y el poder paternalista que somete.

El asesinato de don Trinidad ha demostrado esta complicidad ya conocida. Horas después de su desaparición forzada, se difundió la denuncia firmada por la Campaña: Alto a la Guerra contra Ostula, y por organizaciones e individuos solidarios con Santa María Ostula. Esta denuncia nos narra cómo, sospechosamente, el vehículo de la Policía Federal Preventiva, que escoltaba a los integrantes de las Brigada de Observación a Ostula, se separó momentos antes de las agresiones contra los brigadistas y de la desaparición de don Trinidad. En la denuncia se identifica a tres de los agresores: Prisciliano Corona Sánchez, El Chalano, Iturbide Alejo, El Turbinas, y Margarita Pérez, La Usurpadora. Estos tres criminales, el 14 de noviembre de 2011, fueron los mismos que golpearon y amenazaron de muerte públicamente  a don Trinidad. Las autoridades, con esta información, no hicieron nada. Con el asesinato de don Trinidad, la PGJE inició la averiguación previa 215/2011-U, en el que no se tiene el nombre de ningún sospechoso. La impunidad está presente. Autoridades y criminales son aliados.

Llamamos a manifestarnos contra este brutal asesinato, contra la Guerra que el gobierno federal, estatal de Michoacán y el crimen organizado ejecuta contra el pueblo de Santa María de Ostula; llamamos a presionar por la justicia, incluso, a que nosotros mismos investiguemos todos estos hechos que la mismas autoridades no les conviene realizar, ya que ellas mismas son cómplices, ydenunciémoslas públicamente; organicémonos contra la represión.

ALTO A LA GUERRA CONTRA OSTULA

Contra el despojo y la represión…

la solidaridad.

Red Contra la Represión y por la Solidaridad

RvsR

El día de hoy 12 de diciembre siendo las 12 hrs, aproximadamente 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, tomarón la caseta de salida de la carretera Chilpancingo-Acapulco , para exigir el cumplimiento a sus peticiones de educación al gobierno del Estado de Guerrero. A las 12:30 se presentaron elementos de la Policía Federal y Policía de la Fuerzas Especiales , los cuales abrieron fuego contra los estudiantes, así como persecución contra ellos golpeándolos y deteniéndolos a varios de ellos; a las 12:50 estudiante de ayotzinapa confirmaban que habia tres muertos, heridos y 10 detenidos
Nos reportan un periodista de apellido Escobedo detenido.

San Cristóbal de Las Casas, a 9 de diciembre de 2011

Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos

Reunidos en el marco del día internacional de los derechos humanos, los días 8 y 9 de diciembre de 2011,para discutir las problemáticas y los desafíos para la vigencia de los derechos humanos en la región, las defensoras y defensores de derechos humanos de las organizaciones participantes hacemos el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO

Constatamos que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus bienes naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido social que se traduce en una creciente emigración y descontento. A la vez, vemos como las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país, condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o por grupos criminales solapados por los primeros. El descontento y la indignación han generado respuestas organizadas de protesta social que sin embargo son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.

En cuanto a la defensa de los territorios de comunidades indígenas y campesinas y al derecho a la libre determinación:

Constatamos las amenazas que tanto el gobierno de Chiapas, el gobierno federal y empresas particulares, constituyen para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, y de sus formas de vida.

Expresamos nuestra preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomuselo, Chiapas cuya concesión se encuentra en manos de una empresa minera canadiense y que según rumores habría sido traspasada a una empresa de capital chino. La operación de esta mina ha afectado el medio ambiente de las comunidades aledañas y no ha respetado el derecho a la consulta de los pobladores, por lo que nos sumamos a las organizaciones locales que exigen la cancelación de los permisos de explotación.

Rechazamos el programa REDD Plus impulsado por el gobierno chiapaneco y el gobierno federal, porque implica la mercantilización y privatización de un bien común como lo es el aire puro y porque se ha instrumentado como parte de la estrategia de despeje territorial y despojo social en la Selva Lacandona, que implicó el desalojo y la reubicación forzosa de 40 comunidades indígenas.

Nos pronunciamos en contra de la continuidad de la política de construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de formas de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresamos nuestra preocupación por que esta política de reubicación, sea una forma velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a las comunidades afectadas, como es el caso del anuncio de la construcción de la quinta presa sobre el Río Grijalva en el municipio de Copainalá y la construcción de una Ciudad Rural en el mismo municipio, o la Ciudad Rural en Ixhuatán en construcción donde se han denunciado presuntas prospecciones mineras.

Exigimos sea atendida la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, en su reciente visita a Chiapas para que dichas ciudades sean evaluadas desde parámetros de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, y de Pueblos Indígenas.

Nos sumamos a la exigencia de tarifas justas de electricidad, dado que la política de cobro irracional e injustificado de la CFE, dañan enormemente la economía familiar de familias sumidas en la pobreza extrema y promueve la división y deterioro del tejido social. Mientras ella ocurra sostenemos que les sustenta el legítimo derecho a la resistencia civil y pacífica de comunidades campesinas, indígenas y urbanas, y las alentamos a fortalecer sus lazos solidarios.

Denunciamos el terrible deterioro ecológico de los Pantanos de Centla, hogar de nuestros hermanos mayas chontales, cuyas tradiciones culturales ligadas a la madre tierra también se han visto afectadas por la explotación descuidada de PEMEX contaminándolos; la mala administración del manejo hidráulico del gobierno del Estado y CONAGUA, que han desviado el agua del municipio de Villahermosa hacia los Pantanos, obligando a los pobladores a permanecer inundados prácticamente de manera permanente por cinco años consecutivos.

Nos solidarizamos con la lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en contra de las empresas eólicas de capital español, que bajo el pretexto de la energía verde y a través de supuestas empresas mexicanas, despojan a los campesinos zapotecos de sus tierras y territorios; de igual modo nos solidarizamos con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos zoques en la Región de los Chimalapas y hacemos votos por que las comunidades hoy enfrentadas por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, encuentren los acuerdos de convivencia pacífica que han buscado.

Saludamos la batalla ganada por la comunidad indígena de Cherán al hacer valer sus derechos políticos como pueblo Indígena ante el sistema corrupto de partidos, hacemos votos por que su ejemplo sea seguido por muchos más. A la par repudiamos los asesinatos sistemáticos en contra de sus representantes comunitarios y la ineptitud de los gobiernos federal y de Michoacán para detener a los culpables y brindarles protección.

En cuanto a las problemáticas de migración:

Es indudable que la movilidad humana se presenta de manera forzada; ya que la pobreza y la marginación de las comunidades y países de origen hacen que las personas emprendan un viaje en el que gracias a la criminalización, la falta de protección y limitada atención integral a la población migrante, se ponen en riesgo derechos fundamentales como el de la vida y la libertad.

A unos meses de haberse aprobado la Ley de Migración y en medio del proceso para el diseño del reglamento a la misma, las organizaciones de la sociedad civil continúan exigiendo una participación en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas, nos solidarizamos con las exigencias de desvincular el tema de seguridad nacional al tema migratorio ya que de esta manera se promueve la criminalización de la migración y de personas defensoras, además de que alienta la impunidad y la discrecionalidad de las autoridades de distintos niveles y de diversas corporaciones.

Las condiciones en las que se da la migración ponen en riesgo los derechos no sólo de quien migra, sino de mujeres, niñas, niños y adolescentes que se quedan en comunidades de origen a realizar actividades vulnerando otros derechos como los de la identidad, la autodeterminación, la salud, el trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas, la educación, entre otros.

También son bien conocidos los riesgos a los que se enfrentan migrantes centroamericanos que en búsqueda de mejores oportunidades de vida, se enfrentan a actos como el secuestro y las desapariciones, en los cuales muchas veces existe connivencia entre distintas autoridades y el crimen organizado, además de enfrentarse a privaciones de libertad en donde los derechos de debido proceso son violentados de manera reiterada. Esto agudiza y promueve un ambiente de discriminación, incertidumbre y violencia sistematizada e institucional hacia las personas migrantes y hacia defensoras y defensores de derechos humanos.

Otras situaciones que no son ajenas para los gobiernos de Estados Unidos y México, es la falta de acceso a derechos fundamentales como a la salud, condiciones dignas, justas y equitativas de trabajo, vivienda, identidad, acceso a programas sociales, entre otros; debido en muchas ocasiones a la condición migratoria, la raza, la nacionalidad y/o el color de piel.

Finalmente se hace un llamado a los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino para que se retome el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo, y se conciba como una responsabilidad compartida la cual debe ser abordada de manera interinstitucional, partiendo de los principios de universalidad e interdependencia de los derechos.

Relativo a la situación de jóvenes,

Reconocemos que es necesario empezar a construir relaciones de respeto con las y los jóvenes, donde se les reconozca como sujetos de derechos, individuos autónomos y con capacidad de decisión y autodeterminación sobre sus proyectos de vida.

Identificamos que, aun cuando hay condiciones estructurales, como la violencia intrafamiliar e institucional, que impiden las relaciones simétricas entre generaciones, es indispensable tender puentes que aminoren la brecha entre jóvenes y adultos. Canales de comunicación que permitan transmitir la cultura y los modos de vida que pueden garantizar la continuidad de nuestras comunidades y la construcción de lazos solidarios entre generaciones.

Por otro lado, hacemos un llamado a la necesidad de incorporar a las y los jóvenes a los espacios de toma de decisiones, públicos y privados, para comenzar a construir proyectos que, verdaderamente, les involucren y con los que se identifiquen.

Concluimos que las problemáticas de la juventud son asuntos públicos que nos competen a todos y que no pueden resolverse sólo desde el trabajo con grupos de jóvenes. Ante las situaciones de discriminación, criminalización y hostigamiento hacia las y los jóvenes, no podemos permanecer callados como sociedad civil. Enfatizamos el hostigamiento y persecución de la que son objeto jóvenes en su labor como defensores de derechos humanos. Nos solidarizamos con jóvenes defensores como el compañero Nataniel Hernández Núñez, Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien esta exiliado por tener 5 procesos penales construidos por el gobierno, ante ello exigimos la cancelación de todos los procesos, ya que estos demuestran la represión y el hostigamiento hacia su trabajo como defensor.

En cuanto a las mujeres y las relaciones de género:

Reconocemos que la inequidad entre hombres y mujeres persiste aun a pesar del discurso político gubernamental, que se refleja a través de la discriminación y la violencia estructural hacia las mujeres, ante esto somos un grupo de organizaciones en un proceso de construcción y transformación, quienes reivindicamos cada una nuestro propio proceso organizativo retomando y trabajando los cinco temas de cada mesa, reconociendo la autonomía a la que tenemos derecho.

A pesar de que el Estado hostiga, obstaculiza y reprime los procesos sociales, no impedirá que las y los defensores de derechos humanos continuemos acompañando procesos organizativos en la búsqueda de la transformación para lograr la autonomía individual y colectiva.

Finalmente,

Exigimos a las autoridades poner un alto al hostigamiento y criminalización hacia defensoras y defensores de migrantes que realizan su labor ya sea de manera individual o a través de casas, albergues y centros de derechos humanos. Nos solidarizamos en particular con Fray Tomás González, director de la Casa del Migrante “La 72” y del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta en Tenosique, Tabasco, que ha sido hostigado por funcionarios de migración y del ejército mexicano, así mismo con el padre Alejandro Solalinde y la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca.

Repudiamos los asesinatos, amenazas y hostigamientos a las y los periodistas, ocurridos a manos de autoridades o del crimen organizado. La labor de las y los periodistas no sólo es el ejercicio de la libertad de expresión, en muchas ocasiones es también una forma de defensa de los derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Juan Ignacio Chávez López, Director del noticiero NN de Frontera y Centla, Tabasco, quien fue golpeado por el presidente municipal de Centla, Aquiles Reyes Quiróz el día 14 de noviembre, en represalia por las denuncias que ha hecho por la corrupción que se maneja en la administración.

La defensa de los derechos humanos es la defensa por la vida de nuestros pueblos, en libertad, justicia y equidad.

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)

Unidos para Trabajar, S.P.R

Centro de Derechos Humanos Oralia Morales

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC

Centro  de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH)

Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.

Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A. C.

Frente Cívico Tonalteco

Organización Cultural Indígena

Grupo 67 de Amnistía Internacional México

Melel Xojobal A.C.

Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA)

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Yach´il Antzetic

Colectivo ADHESIVA

Ixiktak Yinikoj Aj Juche Buka, A.C.

Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género

Maderas de Pueblo del Sureste, A.C.



Los pobladores de Xayakalan, en Michoacán, lanzan un llamado de alerta ante las amenazas de nuevas agresiones en su contra, pues, señalaron vía telefónica, “un grupo de los agresores que ultimaron a Trinidad de la Cruz se está concentrando en la Palma de Oro, en la sierra de Ostula, y se teme que estén preparando una matanza”.

Hace dos días en la salida de Xayakalan fueron secuestrados 12 integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad junto con de la Cruz, encargado de la guardia comunal del poblado construido sobre tierras recuperadas en junio del 2009, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida al día siguiente en el predio Barranca de Reyes, municipio de Aquila.

Los integrantes de la caravana del Movimiento por la Paz regresaron a la ciudad de México y rindieron su testimonio con valentía, pues ellos también fueron amagados y amenazados, y presenciaron la tortura a don Trino. La comunidad, por su parte, se quedó “muerta de miedo, sola y con mucha zozobra”, informan desde Xayakalan.

“Estamos absolutamente solos, sin ninguna protección, mientras en estos momentos se reúnen los matones en la sierra y tememos un ataque”, señalaron.

http://www.desinformemonos.org

Tenosique, Tabasco, 7 de diciembre de 2011.

A los defensores y defensoras de los derechos humanos

A los colectivos nacionales e internacionales

A las organizaciones civiles mexicanas y guatemaltecas

A la prensa nacional e internacional

A la sociedad civil en general

El Presidente de Guatemala, Alvaro Colom Caballeros de visita en México, ha recorrido varios estados de la república mexicana; entre otras cosas ha hecho muchas declaraciones.

En Tuxtla Gutiérrez, después de que la Universidad Autónoma de Chiapas le otorgó el doctorado Honoris causa “…por su contribución solidaria a la lucha a favor de los migrantes y la paz en la región…”, Colom declaró sobre la comunidad de desplazados que son “radicales y recalcitrantes, que su gobierno mantiene abierto el diálogo…”. (www.eluniversal.com.mx/notas/814250.html)

El Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, después de continuas visitas a la comunidad de Nueva Esperanz, reprueba los dichos y actitud del Presidente Alvaro Colom pues miente, ya que todo el proceso de diálogo se ha dado en un ambiente de humillación hacia la comunidad, pues de distintas maneras los han presionado. Los han acusado de vínculos con el narcotráfico, no les han llevado ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene y salud, no les han asistido para ofrecerles materiales para cubrirse en la temporada de lluvias y ahora de frío.

Todo lo anterior viola los derechos humanos de las y los pobladores desplazados, entre quienes hay 115 niñas y niños que tienen derecho a especial protección. El gobierno de Guatemala ha incumplido los principios de Naciones Unidas en materia de desplazamientos, ha incumplido con su obligación de prevenirlo, de acordar alternativas de solución antes de realizarlo, de proteger la integridad física y las propiedades y de asistir humanitariamente a la población desplazada. Además los ha acusado sin fundamento y ha aceptado que no tiene pruebas de las acusaciones que ha vertido.

Al día de hoy la comunidad desplazada y refugiada en México no tiene agua potable, pues el Gobierno municipal que encabeza el perredista Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, no ha atendido el llamado que hizo la comunidad a través de personal de este Centro de Derechos Humanos y ha optado por hacer caso al Delegado local de Nuevo Progreso y al Jefe de Sector de esa región quienes siguen criminalizando a las y los desplazados y han dicho que impedirán cualquier ayuda a la comunidad. La Cruz Roja también se ha desentendido de llevar ayuda humanitaria, pues desde hace más de una semana no lleva agua potable como se comprometió.

Sobre las negociaciones para su reubicación el gobierno guatemalteco ha presionado de tal manera que en la última mesa de diálogo amenazó a la comunidad diciendo que ya no hay tiempo para seguir negociando, pues con el nuevo gobierno empezarán de cero.

La comunidad pide tierras para poder trabajar y sobre todo pide un retorno y una reubicación con apego al respeto a los derechos humanos y que se les garantice la reparación de daños a la que tienen derecho, puesto que en tres desalojos muy violentos los han dejado a la intemperie y sin ningún patrimonio.

El Centro de Derechos Humanos del Usumacinta reitera el urgente llamado al gobierno de Guatemala y al de México a cumplir con sus obligaciones y proteger efectivamente la vida, la integridad física y los derechos humanos de la población desplazada de Nueva Esperanza, Guatemala, refugiada de hecho en México. Somos testigos del sufrimiento de las familias, pues las inclemencias del tiempo, el hambre y la enfermedad son el pan de cada día.

Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C

Movimiento Migrante Mesoamericano

Exigen se proteja reserva de la voracidad de talamontes

Mujeres zoques encabezan defensa de los Chimalapas

En el conflicto territorial entre los estados de Oaxaca y Chiapas en la selva de los Chimalapas, las indígenas zoques juegan un papel fundamental en la defensa de las propiedades comunales en este municipio oaxaqueño. María García, presidenta de la Coordinación en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales en la Zona Oriente de Oaxaca, ha destacado por su activa participación en la resistencia pacífica en las comunidades de San Antonio y Benito Juárez, contra la creación del municipio chiapaneco de Belisario Domínguez en su territorio comunal. La asesora jurídica de la autoridad comunal de San Miguel Chimalapa, Seyla Cruz, destacó la participación de las indígenas zoques en la lucha por su territorio a través de la integración de las comisiones ordenadas por la asamblea comunal. Son ellas –comentó– quienes se han quedado al frente de las familias cuando sus compañeros se enfrentan a los talamontes chiapanecos, que ilegalmente hurtan las maderas preciosas de la selva. . . .

San Miguel Chimalapa, Oax, 7 dic 11 (CIMAC).- En el conflicto territorial entre los estados de Oaxaca y Chiapas en la selva de los Chimalapas, las indígenas zoques juegan un papel fundamental en la defensa de las propiedades comunales en este municipio oaxaqueño.

María García, presidenta de la Coordinación en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales en la Zona Oriente de Oaxaca, ha destacado por su activa participación en la resistencia pacífica en las comunidades de San Antonio y Benito Juárez, contra la creación del municipio chiapaneco de Belisario Domínguez en su territorio comunal.

La mujer encabeza, junto con otras indígenas zoques, la exigencia al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para que presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia contra la instauración del ayuntamiento Belisario Domínguez.

Se trata de un conflicto agrario de más de 50 años por la posesión de 47 mil hectáreas de selvas y bosques con ganaderos y talamontes chiapanecos.

García reprochó el desinterés del gobierno estatal para intervenir en la solución de la crisis, y respaldar la lucha de comuneras y comuneros ante las invasiones de supuestos ejidatarios y pequeños propietarios chiapanecos que destruyen la reserva ecológica.

En la reciente asamblea comunitaria celebrada en el corazón de la selva de los Chimalapas, la indígena zoque exigió que inicie cuanto antes un juicio federal para determinar de una vez por todas los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas.

María García advirtió además que mujeres y hombres mantendrán el bloqueo que desde hace un mes mantienen en el camino al ejido Gustavo Díaz Ordaz, reconocido como comunidad por el municipio de Cintalapa, Chiapas.                                                   .

“Nuestros antepasados legaron la madre tierra; entonces nosotros tenemos que salvaguardarla también para heredarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes vendrán después”, dijo la indígena.

“JÍCARA DE ORO”

La selva de los Chimalapas, con bosques de pino y encino, bosques de niebla y selva alta, fue comprada por el indígena zoque Domingo Pintado al virrey de la Nueva España Antonio Juan Mancera, el 24 de marzo de 1867.

Las tierras pasaron a perpetuidad al control de los ahora municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa, en mancomunidad con todos sus descendientes y sucesores.

En las escrituras coloniales de tres pliegos se fijaron linderos y extensiones, y se amparó la propiedad de más de 900 mil hectáreas. Domingo Pintado compró las tierras en 25 mil pesos oro.

Según la historia, el indígena zoque llevó las monedas de oro para pagar a los españoles en unas jícaras. De ahí surgió el nombre de esta región: “chima” significa jícara y “lapa” quiere decir oro. Chimalapa es “jícara de oro”.

RESISTENCIA

La asesora jurídica de la autoridad comunal de San Miguel Chimalapa, Seyla Cruz, destacó la participación de las indígenas zoques en la lucha por su territorio a través de la integración de las comisiones ordenadas por la asamblea comunal.

Son ellas –comentó– quienes se han quedado al frente de las familias cuando sus compañeros se enfrentan a los talamontes chiapanecos, que ilegalmente hurtan las maderas preciosas de la selva.

Las familias están disgustadas porque los chiapanecos les retuvieron en agosto pasado un camión lleno de tambos de resina, comprometido para su venta en la ciudad de Oaxaca, y que representa la manutención de una decena de hogares de la comunidad de San Antonio Chimalapa.

“Por eso la comunidad determinó taparles el paso a los poco habitantes de dos ejidos chiapanecos asentados en tierra oaxaqueña”, explicó Cruz.

ACCIONES

La abogada propuso que se reactive de manera inmediata la comisión interinstitucional coordinada y presidida por la Secretaría de Gobernación, los gobiernos estatales y las autoridades agrarias de los Chimalapas.

Exigió la salida inmediata de la policía estatal de Chiapas destacamentada en los ejidos Rodulfo Figueroa y Díaz Ordaz, por el riesgo que corren las mujeres de la comunidad ante el hostigamiento del que son víctimas cuando cruzan —a pie y en vehículo— la zona comunal correspondiente a Oaxaca.

Seyla Cruz reprobó el uso excesivo de la fuerza pública el pasado 9 de noviembre, cuando la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca rescató de la comunidad de San Antonio a un ganadero chiapaneco.

También denunció que las y los indígenas zoques fueron excluidos de la Comisión Ejecutiva para la Atención de los Chimalapas.

La asesora jurídica y María García coincidieron en exigirle a Gabino Cué que defienda la soberanía del estado y no se preste al “chantaje” de su homólogo chiapaneco, Juan Sabines.

Originalmente publicado en:

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11120603-NACIONAL-Mujeres-z.48488.0.html

EJIDO SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN ADHERENTES A LAS SEXTA DECLARACIÓN DE LAS SELVA LACANDONA, CHIAPAS, MÉXICO.

05 DE DICIEMBRE DE 2011

A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO

A LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL

AL PUEBLO DE MÉXICO Y EN EL MUNDO

A LA COMISIÓN SEXTA INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS E ALTERNATIVOS

Denunciamos públicamente al Gobernador del Estado de Chiapas Juan Sabines Guerrero al secretario de gobierno Doc. Noe Castañón León en complicidad con las autoridades oficialistas de San Sebastián Bachajón al C. Francisco Gusmán Jiménez Alias (Goyito) por la actuación del pasado 30 de noviembre de 2011, adherentes a las otra campaña de San Sebastián Bachajón tomaron las instalaciones de las caseta de cobro de las entradas al centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul con la finalidad de recuperar lo que el comisariado oficial en complicidad con las diferentes dependencias del gobierno pretenden despojarnos de más de 600 hectáreas falsificando un plano de decreto que ni siquiera coincide con el decreto presidencial del 29 de abril de 1980; por tal razón ejidatar5ios adherentes a la otra campaña mantuvimos ocupada durante 2 días esperando que en esos 2 días apareciera el comisariado oficial para que le diera una explicación a los ejidatarios por lo que estaba realizando sin el consentimiento del máximo órgano ejidal, pero de repente aparece el interesado el Ángel guardián de los políticos sucios ambiciosos como Noe Castañón que intervino el pasado 01 de diciembre de 2011 como si fuera el otro integrante del ejido que porque don Goyo le dio un derechito para que hiciera lo que quiera en nuestras tierras. Diciendo que él tiene la palabra demostrando un convenio que ya viene elaborado, que ni siquiera vimos dónde lo elaboraron y así nos está obligando a firmar como si le estuviéramos pidiendo una caridad, cuando el objetivo  que tenía los ejidatario de La Otra Campaña era recuperar las tierras donde ilegalmente construyeron un centro de respuesta en atención a emergencia y la permanencia de la policía preventiva, no íbamos por interés económico, mas sin embargo ya nos estaba ofreciendo la cantidad de 10 pesos que le corresponde a la organización y si no lo aceptáramos que la policía preventiva nos iba ha desalojar violentamente, qué cínicos, aparte de que se comprometió el comisariado oficial de convocar a una asamblea  de ejidatarios que se llevara a cabo en el poblado centro sac. jun y nunca lo hizo, lo único que hicieron fueron a reunirse en la comunidad de Pamala, nido de ratas, con Antonio Jiménez, Manuel Jiménez, Juan Jiménez y Pascual Pérez Álvaro, Juan Álvaro Moreno, Miguel Moreno como si fueran los únicos dueños del ejido cuando ejidatarios lo estaban esperando en la casa ejidal del Centro Alan Sac Jun. Ahora con qué pretexto salen con esto cuando los verdaderos responsables de lo que está pasando en nuestro ejido son los antes mencionados en complicidad con diferentes dependencias del mal gobierno financiador de la muerte y la violencia, el despojo y la represión. Que quede claro quienes son los responsables porque esta vez no vamos a caer en sus mentiras y vamos a demostrarle lo que somos y a qué vamos.

Atentamente

Tierra y libertad

Zapata vive la lucha sigue

Hasta la victoria siempre