Por Alejandro Reyes
Todos saben lo que significa oponerse a la imposición y la arbitrariedad. Sin embargo, ese día, cuando Antonio Estrada salió de su casa a las dos de la tarde, iba despreocupado y sólo pensaba en su tío Bartolo, a quien iba a visitar. Por eso, cuando vio la patrulla con cuatro hombres encapuchados atrás y dos adelante, no se le ocurrió huir. Apenas había salido de su casa, en la pequeña comunidad de Sasamtic, municipio de Chilón, cerca del crucero Agua Azul, y no había caminado más de 300 metros sobre la carretera que va a Tumbalá cuando la patrulla le cerró el paso y dos hombres saltaron de la camioneta, lo detuvieron sin explicaciones, le taparon la cabeza con una playera y lo subieron a la góndola, tirándolo con violencia boja abajo, las manos esposadas hacia atrás, el rostro prensado contra el metal caliente. Entonces sintió los primeros golpes: en la cara, en los oídos, con la palma de la mano. “¿Cómo te llamas?” “Tú eres el que asalta, ¿verdad?”, le preguntaban mientras lo golpeaban y le picaban las costillas con los dedos. Le dijeron que le darían un balazo y después lo envolverían en una colchoneta y lo tirarían en un basurero. Encobijar. Así se le llama a esa arte en el lenguaje del narco. La policía tiene buenos maestros.
Lo llevaron a algún lugar en Palenque. Allá lo sentaron en una silla, le quitaron la camiseta que le cubría la cabeza y lo golpearon tan fuerte que se le oscureció la vista. Después le vendaron los ojos con tanta violencia que hasta ahora tiene una cicatriz de 5 centímetros en el tabique nasal.
Entonces empezó el verdadero suplicio. Hay cosas que son indecibles. No porque no se puedan contar los hechos, sino porque éstos no expresan lo que realmente importa. “Así como ningún ser humano puede imaginar lo que nos sucedió, es inimaginable que alguien pueda contar nuestras experiencias”, dijo un sobreviviente de Auschwitz.[1] A Antonio lo acostaron en alguna superficie dura y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo. Los métodos de “investigación” de la policía y el funcionamiento de la justicia mexicana. Torturar a la víctima hasta que confiese lo que se quiera que confiese. (“Resultado de los trabajos de inteligencia…”, dice el boletín del gobierno de Chiapas que anuncia la detención.) A Antonio lo acusaban de asaltar, él se rehusaba a culparse de delitos que nunca cometió. Por eso lo asfixiaron hasta que se desmayó. Y cuando se recuperó, lo volvieron a asfixiar. Y así sucesivamente. Después lo sumergieron en un tambo de agua de 200 litros. Cuando estaba a punto de ahogarse lo sacaban, lo golpeaban atrás de la cabeza, lo volvían a sumergir. Amenazaban matarlo, lo golpeaban, lo sumergían, Antonio no se culpaba. Entonces le amarraron un trapo con fuerza tapándole nariz y boca y dejaban caer agua en el mismo. ¿Técnicas producto de la inventiva nacional o cortesía de la Escuela de las Américas? Antonio intentaba respirar y su nariz y boca se llenaban de agua. Veía la muerte llegar, pensaba en su mujer y sus dos hijos. Hasta que no pudo más. Confesó lo que le exigían, dio los nombres de dos personas que sabía que asaltaban y otro nombre inventado cuando le exigieron que nombrara a sus “cómplices”.
Horas después la policía allanó los hogares de los dos hombres mencionados por Antonio y detuvo a uno de ellos (el otro se dio a la fuga). Serían más de las 2 de la mañana cuando llevaron a Antonio al banco de arena en la carretera Ocosingo-Palenque, cerca del crucero Agua Azul. Allá le exigieron que dijera dónde cometía los asaltos. Como lo volvió a negar, lo volvieron a golpear. Después jalaron un tronco hacia la carretera con una cadena, atravesaron una camioneta RAM blanca, cubriéndole el logotipo y la placa con cinta canela, y tomaron fotos de la escena y de una pistola, dos machetes y un pasamontañas: las “pruebas” del asalto en el que supuestamente la policía detuvo a Antonio in flagranti. A las 10 de la mañana Antonio fue presentado ante el Ministerio Público en Palenque, donde lo obligaron a firmar una declaración previamente redactada, bajo amenazas de nuevas torturas.
Esto fue el 8 de agosto de 2011, y es la fecha que consta en la documentación oficial como el momento de su detención, a pesar de que, en realidad, fue detenido un día antes. Antonio Estrada Estrada es miembro de la Otra Campaña del ejido de San Sebastián Bachajón, participa en la resistencia por la defensa del territorio y contra la imposición de proyectos megaturísticos en la región y es hijo del principal Leonardo Estrada. Hoy está preso en el CERESS 17 de Playas de Catazajá, enfermo por los golpes que recibió, con fuertes dolores de cabeza, garganta y nariz. Su esposa lo visita sólo una vez al mes porque no tiene dinero para el pasaje, y cuando llega tiene que enfrentarse a los maltratos y a las revisiones humillantes.
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Un mes y medio después de la detención de Antonio, Miguel Vásquez Deara soñó que un perro lo perseguía. Había llegado a Palenque esa tarde de Crucero Ch’ich, ejido de San Sebastián Bachajón, donde vivía, para iniciar su semana de trabajo en la empresa de transportes Votán. Esa mañana, 26 de septiembre de 2011, salió a la calle a las 9 de la mañana a buscar pasaje, y dos horas después fue detenido por policías preventivos acompañados por personas que él conocía: Juan Álvaro y Manuel Jiménez Moreno, ambos operadores del secretario de gobierno Noé Castañón. Manuel Jiménez Moreno, en particular, es hijo del ex regidor de Chilón, organizó la detención de dos bases de apoyo zapatistas en 2008, fue protagonista de conflictos con la comunidad zapatista de Bolom Ajaw, ha sido denunciado por numerosas agresiones y amenazas de muerte y es ahora coordinador de campaña de Carlos Jiménez Trujillo a la presidencia municipal de Chilón por el PRI.
A Miguel le taparon la cara con su propio uniforme, le quitaron el dinero que traía y lo llevaron a un lugar desconocido donde le vendaron los ojos, lo desnudaron, lo esposaron de manos y pies, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo golpearon en el estómago y en el pecho con culatazos, y en la nuca con el puño cerrado. Lo interrogaban, le exigían que se acusara del robo de un auto y de asaltos carreteros. Durante el interrogatorio, Miguel reconoció las voces de otros opositores de la Otra Campaña, presentes para acusarlo de delitos inventados. Le preguntaban qué hacía en la organización, qué cargos tenía, quiénes eran los dirigentes. Lo envolvieron en una cobija y lo patearon. Tanto lo golpearon, que posteriormente defecó sangre. Lo forzaron a detener armas mientras lo fotografiaban y, finalmente, lo obligaron a firmar una declaración donde se culpaba de robo y potación de armas. Hoy Miguel está preso en el CERSS de Ocosingo. Era policía comunitario de San Sebastián Bachajón y es miembro de la Otra Campaña.
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Ese 26 de septiembre, mientras Miguel Vásquez Deara estaba detenido y siendo sometido a tortura, un operativo de unos 100 elementos de la Policía Estatal Preventiva en cuatro camiones Torton invadieron la casa del ex preso político Juan Aguilar Guzmán, tumbando dos puertas y disparando armas de fuego dentro de la residencia, y se llevaron a su hijo Jerónimo Aguilar Espinoza a un lugar desconocido, donde lo mantuvieron durante varias horas, interrogándolo sobre la dirección de la organización de la Otra Campaña. Al día siguiente fue liberado. Juan Aguilar Guzmán, principal del ejido de San Sebastián Bachajón, fue uno de los 117 presos el 3 de febrero de 2011, tras la toma violenta de la caseta de cobro a las Cascadas de Agua Azul, controlada entonces por los ejidatarios adherentes a la Otra Campaña. Salió libre el 23 de julio de ese año, tras una campaña internacional por la liberación de los presos políticos de Bachajón.
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Un año antes, el 7 de octubre de 2010, Miguel Demeza Jiménez salió de su comunidad de Lamal’tza, ejido de San Sebastián Bachajón, rumbo a Ocosingo para comprar herramientas de albañilería. Miguel era agricultor, pero de vez en cuando trabajaba como albañil para complementar sus ingresos y así sustentar a sus cuatro hijos. Mientras comía en un puesto de hamburguesas, fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva. Como en los otros casos, fue trasladado a un lugar desconocido donde fue brutalmente torturado hasta forzarlo a firmar una averiguación previa autoinculpatoria, por el supuesto secuestro del hijo de un hotelero. Miguel estuvo arraigado casi dos meses en la Quinta Pitiquito en Chiapa de Corzo y hasta ahora sigue preso en el CERESS 14, El Amate, Cintalapa de Figueroa.
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Como documentan la Red contra la Represión y por la Solidaridad en Chiapas y el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, estos casos son sólo las más recientes manifestaciones de una estrategia gubernamental por criminalizar e intimidar —a través de la tortura y la prisión— a las comunidades y organizaciones que se oponen al despojo de tierras y territorios por los grandes proyectos turísticos planeados para la región. Los cargos de robo, asalto carretero y portación de armas son los delitos favoritos.
La lucha por la liberación del profesor Alberto Patishtán y del base de apoyo zapatista Francisco Sántiz López, que se extiende por cada vez más rincones de México y del mundo, abraza también a todos los presos políticos y de conciencia y a todos los presos injustamente, torturados y torturadas, violados y violadas en sus derechos fundamentales por el gobierno del estado de Chiapas.
[1] Primo Levi,
Lo que queda de Auschwitz.
“Se solicita el traslado de Alberto Patishtán Gómez al complejo penitenciario “Islas Marías” o a otro centro penitenciario fuera del estado de Chiapas”
