Horas antes que iniciase la marcha programada para el viernes 4 de diciembre, en apoyo al paro agrario, algunos se preguntaban si seguirían malogradas las cámaras de seguridad en puntos estratégicos de Lima, tal como sucedió en las marchas del mes pasado, cosa que se descubriría cuando se intentó encontrar la grabación del lugar, día y momento en que fueron asesinados Inti y Jack.
Cabe recordar que no solo se había convocado marchas en Lima, sino en otras ciudades del país también.
La marcha tuvo su concentración inicial en la Plaza San Martín del centro de Lima, y de ahí enrumbó por Colmena hacia la sede del Congreso en la avenida Abancay, donde se discutía en ese momento la derogación o no de la Ley de Promoción del Sector Agrario.
A continuación algunos tweets con fotos que ilustran diversos momentos de la marcha.
Fotos del Ambulante Audiovisual, Lima
En Cusco también se realizaron acciones, foto de Jaime Borda
Finalmente, luego de 5 dias de movilizaciones, el viernes 4 de diciembre se logró que el Congreso derogara la Ley Chlimpler o Ley de Promoción del Sector Agrario Agrario por 114 votos. Fueron 5 días que los y las agricultoras mantuvieron el paro, con tomas de carreteras tanto en la Panamericana Sur como en la Panamericano Norte, accesos claves para la caótica Lima.
Sin embargo, el costo de esta derogación ha sido la muerte de un joven, Jorge Muñoz el cual fue asesinado durante el paro agrario en La Libertad el día jueves 3 de diciembre, producto de un disparo de proyectil de plomo en la cabeza.
Empezó Ica con el paro agrario y ahora se han sumado Piura y La Libertad, donde lamentablemente ya se ha producido un muerto, de nuevo por la violencia policial. ¿Por qué protestan? Mejores condiciones laborales y la derogación de la Ley 27360 y el Decreto de Urgencia N° 043-2019 que extendió por 10 años la Ley de Promoción del Sector Agrario.
Julio Carbajal Palomino, presidente del Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica, dijo a OjoPúblico que, pese al crecimiento de la agroexportación, los sueldos de los trabajadores no se han incrementado en los últimos años. “Pedimos la remuneración diaria de S/70 porque el trabajo en el campo es arduo”, explicó Carbajal Palomino. Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada por los funcionarios. El congresista Lenin Bazán, quien presentó un pedido para derogar la Ley de Promoción Agraria ante el Pleno del Congreso, reconoció que no se puede incrementar el salario de los trabajadores porque están en el sector privado. Sin embargo, señaló que sí se les puede reconocer mayores beneficios laborales.
Al día de hoy no hay aún visos de solución al diálogo que se está produciendo entre el gobierno y los trabajadores, con ausencia de representantes de las empresas agroexportadoras.
Dado que toda esta coyuntura de protestas está tratando de ser manejada políticamente por conocidos grupos para sacar beneficio y obtener mayor cuota de poder sin importar que de paso se desestabilize al país, y también para pedir justicia para Jorge Muñoz Jiménez, el trabajador asesinado el día de hoy, se ha convocado a una Marcha de Protesta el día de mañana, viernes 4 de diciembre.
*Foto de portada de Viernes por el Futuro Perú
“Nos preocupa la señal de impunidad entregada por la justicia chilena en un caso de lesa humanidad” señala en su declaración pública la corporación regional del Biobio a días de conocer el fallo del tribunal de alzada de Santiago que absolvió a 61 criminales de la DINA y dejó e libertad a otros 42 condenados en el secuestro de 16 militantes del MIR entre los años 1974 y 1975.
A continuación compartimos el texto en su integridad.
DECLARACION PUBLICA
Ante el fallo de segunda instancia dictado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso de 61 ex agentes de la DINA condenados en el marco de la llamada Operación Colombo, la Corporación Regional por la Memoria y los Derechos Humanos del Bío Bío, expresa lo siguiente:
La “Operación Colombo”, como ha sido suficientemente demostrado, fue un montaje de la dictadura militar a través de la DINA, respaldada escandalosamente por algunos medios de comunicación extranjeros y chilenos que se hicieron eco de la “noticia” de que 119 personas desaparecidas habían sido ejecutadas por sus propios compañeros en diversos países.
Nos preocupa la señal de impunidad entregada por la justicia chilena en un caso de lesa humanidad con repercusión internacional y que esperamos sea corregida por la Corte Suprema de nuestro país.
La falta de reparación, la impunidad y el negacionismo han sido una constante del proceso post dictatorial que, sin duda, no contribuyen a la necesaria justicia de las víctimas de la represión.
Exigimos que la Corte Suprema rectifique esta aberrante decisión que absuelve a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, aplicando no sólo nuestras leyes sino los tratados internacionales firmados por Chile en materia de Derechos Humanos.
YOLANDA CONCHA ROJAS GABRIEL REYES ARRIAGADA Presidenta Secretario
Concepción, 3 de diciembre de 2020.
CORPORACIÓN REGIONAL POR LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: Serrano 742 – Concepción
Correo electrónico: corporacionmemoriayddhh@gmail.com
Personalidad Jurídica 212426 del 22 de noviembre de 2015
Autor: gtawcomunicaciones
GTANW, 2/12/20.- Líderes Wampís han sido detenidos por intermediarios ecuatorianos vinculados a la tala y comercialización ilícita de madera mientras intentaban cruzar del río Santiago al río Morona por la frontera. Se trata de los dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís Clovis Pérez, Juan Nuningo, Robert Hinojosa y del asesor legal Awajún Gil Inoach; además de 15 jóvenes de la escuela de liderazgo Sharian. Todos ellos se dirigían hacia San Juan de Morona, donde sostendrían un taller de capacitación, pero fueron impedidos de continuar su camino en Puerto Minas por los comerciantes ilegales. Piden que las embarcaciones con madera que han sido detenidas los últimos días por el GTANW, en el Río Santiago, sigan su curso, a cambio de la libertad de los líderes wampís.
Cabe señalar que durante los últimos dos meses, el GTANW ha denunciado a las autoridades nacionales y locales la problemática de la tala y comercio ilegal de madera[1] por parte de ciudadanos ecuatorianos, quienes a vista y paciencia de los controles del Ejército Peruano y SERNANP en las bases de Cahuide y Ampama, salen con embarcaciones llenas de madera obtenida de manera ilegal. Recientemente, la Autoridad Regional Ambiental se comprometió con los Wampís a colaborar con las acciones del GTANW, en el marco del derecho al uso sostenible, ordenado y legal de cualquier bondad de la naturaleza[2]. Sin embargo, hoy llegaron a la comunidad de Alianza Progreso, en el río Santiago, donde están las embarcaciones detenidas, sin la documentación necesaria para hacer su registro y confiscar la madera.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto[3] y exigió a las autoridades a nivel nacional abordar el problema; sin embargo, nada se ha hecho hasta ahora.
ACTUALIZACIÓN (2/12/20 22:00)
Según comunicación con una de las autoridades Wampís secuestradas, la delegación Wampís fue liberada al promediar las 21:30 horas. La liberación se dio tras la decisión de la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas de dar un plazo de dos días más a los madereros ilegales y dejar ir las embarcaciones que habían sido incautadas.
Desde el GTANW expresamos nuestro alivio por esta liberación, pero expresamos también nuestra preocupación porque la problemática de la tala ilegal en nuestro territorio hasta ahora no recibe la atención pertinente de las autoridades nacionales.
Desde el GTANW queremos proteger nuestro territorio y apostar por vías de desarrollo sostenibles, con formalidad y regulación ambiental.
[1] https://nacionwampis.com/gtanw-determina-cese-de-tala-y-comercio-ilegal-de-madera-en-el-santiago-ante-inaccion-del-estado/
[2] https://nacionwampis.com/wp-content/uploads/2020/12/Acta-Extraordinaria-del-Gobierno-Territorial-Aut%C3%B3nomo-de-la-Naci%C3%B3n-Wampis.pdf
[3] https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/318361-defensoria-del-pueblo-urge-intervencion-eficiente-frente-a-tala-ilegal-y-amenazas-que-afectan-derechos-de-comunidades-indigenas
Por: Red de la Diversidad
En esta segunda Columna de Maristella Svampa, ella comparte con nosotras algunas impresiones y apreciaciones sobre un tema muy estratégico para los países de Bolivia, Argentina y chile: El Litio, que es considerado como la llave maestra para la transición energética rumbo a una sociedad que se necesariamente tiene que abandonar el uso de combustibles fósiles sea el carbón, petróleo o gas, para encaminarse hacia una sociedad basada en el uso de energías limpias.
En esa línea el Litio aparece como crucial en este tránsito, sobre todo porque este mineral es utilizado principalmente en la fabricación de baterías para computadoras, teléfonos móviles, reproductores de música, etc y muy fundamentalmente como baterías almacenadoras de energía para ser utilizados en automóviles eléctricos. Esta es la principal razón: A través de la generación de baterías de litio, se podría abandonar los automóviles basados en el consumo de combustibles fósiles y avanzar en la construcción y uso de autos que consumen energía limpia. Este no es el único uso, además de las baterías de computadoras personales, teléfonos móviles, y también la industria farmacéutica, entre otros usos.
En los últimos años la demanda del litio se ha incrementado, sobretodo ha introducido el rol del litio en la transición, algo que comienza a tener gran impacto en América Latina en el llamado triángulo del Litio situado entre los Salares de: Atacama en el Norte de Chile, el Salar de Uyuni en Bolivia y los Salares de las salinas Grandes Polanski Chauri y Hombre Muerto en Argentina. Zona en las que se concentra entre el 60% a 80% de las reservas probadas de litio a nivel mundial…..
Seguir escuchando el audio en:
https://audiomack.com/song/losmuros/maristella-svampa-el-litio-en-bolivia-argentina-y-chileanalisis-para
La Radio Anarquista de Berlín habló con Richard ODianna Roca, abogado y defensor de derechos humanos del Perú sobre la reciente ola de protestas masivas en torno al cambio de presidentes en este país suramericano que fueron acompañadas por una masiva represión estatal. El compañero, que coopera con el proyecto de medios alternativo Tomate Colectivo de Lima, explica brevemente el trasfondo de la situación política y de estas novedosas protestas.
Por Javier Bedía Prado
La mayor movilización social en décadas, encabezada por la generación del bicentenario, obligó a renunciar al Gobierno de facto en seis días. La Policía reprimió las masivas protestas en Lima como no se veía desde la dictadura: dos asesinatos por disparos, cientos de heridos y denuncias de abusos. El país estuvo a un paso de concretar una intervención militar.
A la hora en que asumía el cargo el actual presidente interino del Perú, Francisco Sagasti, el cuarto en cinco años, un joven al que policías de civil secuestraron y torturaron durante tres días fue liberado en una calle cerca al Centro de Lima. Lo intervinieron la noche del sábado 14 de noviembre, en las masivas protestas contra el Gobierno de facto de Manuel Merino que la Policía reprimió con una fiereza no vivida en la capital en las últimas dos décadas, dejando dos asesinados por armas de fuego. Se registraron 250 heridos, varios de gravedad, detenidos y abusos por doquier, al menos dos casos de violencia sexual contra mujeres en comisarías limeñas. Hay más víctimas de secuestro y tortura por investigar.
La presión de la calle, multiplicada tras los crímenes contra Inti Sotelo (24 años) y Bryan Pintado (22 años) por disparos de perdigones y canicas, a pocas cuadras del Congreso de la República, obligó a Merino a renunciar a la mañana siguiente, el domingo 15. A solo seis días de la vacancia por “incapacidad moral permanente” -una forma de golpe de Estado institucional- contra Martín Vizcarra, dirigida desde un altamente desprestigiado Congreso con agenda propia que presidía Merino, del partido de centro derecha Accción Popular. En líneas generales, el mismo espectro de su antecesor; la pugna es entre distintos grupos de un bando hegemónico.
Fue la semana más crítica para el país desde la dictadura de Alberto Fujimori. La mayor movilización social en lo que va del siglo: se estima que tres millones de personas salieron a las calles en todo el Perú y que 12 millones respaldaron las manifestaciones desde sus casas.
Tras abrírsele una investigación fiscal preliminar por sobornos de Odebrecht entre 2013 y 2014, cuando era gobernador regional, la destitución de Martín Vizcarra el lunes 9 se amparó en la ambigua figura jurídica que requiere de la aprobación de dos tercios de legisladores. En el Perú esto basta para que el Parlamento cambie al mandatario de turno. La votación fue respaldada por 105 votos, de 130. En cuatro años, era el segundo removido por un proceso de vacancia. Pedro Pablo Kuzcynski (PPK), el último elegido por las urnas en 2016, se vio obligado a renunciar antes de que la mayoría fujimorista aprobara su salida. Vizcarra, su segundo vicepresidente, tomó su lugar en marzo de 2018.
Las próximas elecciones serán en abril de 2021, por lo que, en un principio, ante las emergencias en salud y economía, la voz de la calle se inclinaba a que avancen las investigaciones durante los meses que le quedaban y que el Poder Judicial resuelva si lo procesa al terminar su período. Era el segundo intento de vacancia del bimestre, lo que sellaba el quiebre entre poderes que fue la constante desde 2016. Esta situación la originó la bancada del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, a quien PPK le ganó la disputa por la presidencia. Bajo la misma bandera, de derecha, opositores de PPK matizados por los discursos de odio más virulentos y populismo.
En julio de 2019, Vizcarra cerró el Congreso y llamó a votar por uno nuevo para legislar solo un año. La medida tuvo respaldo popular debido a los incontables casos de corrupción del fujimorismo y aliados. En el nuevo Poder Legislativo, instalado recién en marzo de este año, carecía de representación y 68 integrantes tenían denuncias penales. Entre ellos, poderosos empresarios de la educación privada a quienes una reforma, iniciada antes de la gestión de Vizcarra, les retiró las licencias de funcionamiento a sus universidades e institutos por no cumplir estándares de calidad. En maniobras de último momento, la mayoría de estos nuevos legisladores dejó al país al borde del colapso social. El pueblo responsabilizó específicamente a los 105 legisladores que dieron su voto. La comunidad internacional no reconoció a Merino, pero tampoco condenó el golpe institucional. Así empezó a agitarse la semana.
“Voy a hablar con las Fuerzas Armadas para tranquilizar la cosa”, declaraba el jueves 12 el nuevo primer ministro Ántero Flores-Aráoz, un ultraconservador con la masacre de 33 personas a cuestas cuando era titular de Defensa, quien afirmaba desconocer el porqué de las protestas.
La multitud se volcó a los espacios públicos para reclamar por su futuro, oportunidades de estudios y trabajo de calidad. Para rechazar la corrupción de la clase política, principalmente congresistas y sus maniobras por intereses. Para reafirmar que lo hacían ellos mismos, para sí mismos, sin órdenes de políticos, ante el vacío y usurpación del poder. Por el cambio de la Constitución del dictador, como propuesta de fondo para un país que estuvo a pocas horas de retroceder a los años del terrorismo de Estado y completar un golpe con las armas, como confirmó Gustavo Gorriti en IDL Reporteros. El plan era sacar a las fuerzas armadas a la calle, decretar un toque de queda de 24 horas o más, y ejecutar redadas masivas a “instigadores”.
Entre el primer plantón, simbólico, en las afueras del Congreso la noche del lunes 9, tras la sorpresa de la amañada vacancia, y la primera movilización grande, la mañana del martes 10 que juramentó Merino, la consigna del sentir común fue dirigiéndose a un “que se vayan todos”, especialmente los congresistas y el nuevo Ejecutivo, antes que a la defensa del expresidente.
La represión empezó en aquellos momentos. Los alrededores del Congreso y Palacio de Gobierno, enrejados y bloqueados hasta por tanquetas, eran señales. En uno de los accesos a la avenida Abancay, donde se encuentra el Poder Legislativo, un joven que llamaba a romper el cordón policial recibió a corta distancia un disparo en una pierna. En el jirón principal que lleva hacia la sede del Gobierno, la indignación creciente llegó a las pedradas contra escudos policiales. Un muchacho pedía un encendedor para prender una molotov y nadie se lo entregó, sea por límites o el temor a que sea un infiltrado del escuadrón Terna. En cualquier caso, reflejó el ánimo de contener la justa rabia. “Somos la generación que no tira bombas, sino que las desactiva”, es una de las frases imborrables de la semana.
Los mismos políticos que tomaron por asalto el Gobierno deslegitimaban las protestas, atribuyéndolas a “manipulaciones” del único partido (también de centro derecha) que votó contra la vacancia, a la izquierda en minoría parlamentaria y hasta a subversivos. La vieja estrategia peruana del “terruqueo”. En un burdo intento de sabotaje, infiltrados se esforzaron en hacer pintas que se parezcan a la temible hoz con el martillo. Lo que inflamaba el ambiente y recordaba a los psicosociales de la dictadura.
Ver también: Perú, tras intensas movilizaciones y brutal represión, renuncia gobierno de facto
Intentar avanzar, replegarse, marchar y seguir marchando fue la estrategia espontánea, día tras día. Así desde la mañana hasta la noche. La incansable rebeldía ganó pulmones el jueves 12. Los gobernantes confiaban que los partidos de la selección peruana de fútbol de esos días harían olvidar, advertían en las calles, donde más marchas y estruendos caseros fueron las respuestas. En el Centro de Lima se normalizaron las lluvias de gas y proyectiles de plomo y de vidrio, las intervenciones ilegales por parte de uniformados, ternas y motorizados que embestían sus vehículos contra quienes ejercían la protesta pacífica. Fui testigo de cómo un líder, minutos después de evitar la violencia colectiva y dirigir la retirada de un punto de tensión, era rodeado y reducido cual criminal, mientras declaraba a la prensa. En las afueras del Poder Judicial un chico se le planta a una moto y recibe un varazo en el tórax, a un paso de los observadores de la Defensoría del Pueblo.
La brutalidad del 14N fue la culminación del proyecto del entorno de Merino y sus socios. De acuerdo a IDL Reporteros, este le encargó “extremar la respuesta” al saliente ministro del Interior, quien no aceptó. El entrante, general PNP Gastón Rodríguez, fue aplicado. Hacia el final de la tarde, los servicios de transporte a Lima Centro colapsaron. Durante casi una hora esperé por un bus. Al llegar me quedé algo más de lo planeado entre el tumulto en las afueras del Poder Judicial. A las 8:30 pm, la multitud iba y, la mayoría, volvía del área en convulsión: se hablaba del enfrentamiento en la intersección más próxima al Congreso, donde dispararon a los chicos. Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían.
Vi caer a un herido por disparo y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Le dieron en la espalda, no volverá a caminar. Según una reconstrucción de IDL, Inti se encontraba en esta esquina en ese momento, a mayor distancia del escuadrón policial, y sería la misma ráfaga la que le impactó en el pecho. Lo evacuaron por otra dirección.
Una calle antes de allí, cientos trataban de abrir la barrera de seguridad por otra dirección. Empiezan a lanzar piedras contra una estación del Metropolitano de Lima, lo que intensificó la ofensiva de las fuerzas públicas. El sonido de proyectiles contra los postes, bancas, árboles, paredes, cualquier superficie, era constante. El choque duró al menos una hora.Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Escuché el grito de dolor y espanto de alguien a quien una bala le rozó por la oreja. El grito de impotencia de un joven: “Nadie está pasando esto en la prensa, gente, nadie está pasando todo esto”, se desesperaba. Aún no se confirmaban las muertes de sus compañeros. “Hay que hacer más bulla, esto tiene que llegar a los medios”.
Algunos de los que luchaban en esta esquina serían de los que se replegaron desde la (otra) zona letal. Y parte de los refuerzos que llegaron serían los que dispararon poco antes contra Bryan. Al rodear y despejar el escenario, donde me quedé a cubierta para captar el avance armado, un uniformado al mando me pegó un varazo en la pierna derecha, altura de la canilla, para retirarme de la ubicación insegura. Un subordinado rompió filas y apuntándome con su arma dio unos pasos hacia mí, identificado como prensa. Estas situaciones no fueron de excepción contra manifestantes que grababan con sus teléfonos, como demostró el semanario Hildebrandt en sus 13.
“Me lo han matado, lo han matado de una bala al corazón”, fue el grito destrozado de la madre de Inti (Sol, en idioma quechua), televisado desde el centro de salud donde yacía su cuerpo, que no dejó dormir en paz al país el 14N. Abrazado a ella, el mayor de sus hijos, quien participaba en manifestaciones sociales con su hermano, sentenciaba: “Mi hermano ha fallecido porque la PNP (Policía Nacional del Perú) lo ha matado, así de simple es. Por salir a defender a su patria. Nosotros no debemos tener miedo, tenemos que continuar saliendo, por favor, continuar saliendo. Que no quede en vano la muerte de mi hermano, por favor”.
Y las calles fueron tomadas. No se respetó la restricción de movilidad que rige a partir de las 11 pm por la emergencia sanitaria. En ningún distrito de Lima, en ninguna de las 25 regiones. No importó que la nación sea una de las más afectadas del mundo por la pandemia. Gentes de todas las edades marcharon y, desde sus casas, los más precavidos retumbaron los cacerolazos hasta la madrugada.
Bryan, 22 años, había dejado la carrera de derecho por falta de dinero y trabajaba como ayudante de obrero. Inti, 24 años, era repartidor, en moto o bicicleta, y estudiaba turismo. En su mayoría quienes se movilizaron fueron chicas y chicos de edades similares, entre los 20 y 30 años, los de la generación del bicentenario. Organizados desde las redes sociales, como TikTok e Instagram, hasta la primera línea para desactivar lacrimógenas y auxiliar a los lesionados. Como Inti, quien solo tenía un recipiente de agua con vinagre para ayudar a otros a calmar los efectos del gas y un casco de ciclista, que quizás hubiera servido a Bryan, victimado por 10 disparos de plomo, cuatro de ellos en la cabeza.
Sin tendencia política hegemónica, enlazados por la indignación y voluntad de cambios. Estudiantes en formación y trabajadores, muchos en ambos roles a la vez, quienes saben de adversidades y valerse por sí mismos desde temprano. Como tantos barristas de equipos de fútbol, acostumbrados al choque, que se sumaron en la primera línea. Todas las tribus urbanas del siglo XXI se juntaron: seguidores de pop coreano, otakus, gamers, skaters. Los más “chibolos”, los “vagos” que se lo pasan en parques, en sus computadoras y celulares, según sus mayores. La irreverencia, alegría y humor descarnado de sus pancartas fueron su sello.
Ningún político de los que deslegitimaron las marchas puede señalar a estos jóvenes de no ser trabajadores. De no querer lo mejor para su sociedad. Y de no saber lo que quieren. Hay colectivos de escolares activos, informados con criterio. Investigan y cuestionan cuánto cuesta una bomba lacrimógena. Saben que “hay, hermanos, muchísimo que hacer”, parafraseando a nuestro César Vallejo, a quien el presidente Sagasti citó en su discurso. Los escolares le recordaron al Congreso y al Ejecutivo que el poeta universal fue un luchador social, militante de los partidos comunistas del Perú, España y Francia. Dejaron en el aire la pregunta sobre qué suerte correría el escritor en el Perú del siglo XXI.
Alrededor de 50 personas no volvieron a sus casas la noche del 14N, lo que alarmó a la población por el pasado de desapariciones en las décadas de guerra interna y violencia política (1980-2000). En los dos siguientes días fueron reportándose con vida todos menos Luis Fernando Araujo Henríquez, 24 años, quien denunció que cuatro policías vestidos de civil lo retuvieron durante tres días en una casa.
“Tuvo el rostro cubierto todo el tiempo, le hicieron escuchar la voz de su madre pidiendo a los medios que lo encuentren, lo encañonaron en la cabeza, lo amenazon con matarlo porque, le decían, ya no les servía”, relató su defensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el miércoles 18. La organización investiga más casos de tortura, secuestro y desaparición forzada.
El Escuadrón Terna, grupo creado y entrenado para infiltrarse en la delincuencia común, participó en las operaciones desde el principio. Sin embargo, el jefe de la unidad, coronel Freddy Velásquez, sostiene hasta hoy que se desplegaron solo el día 11, el de menor violencia, a pesar de la cantidad de evidencias y el contexto: hay consenso sobre la desactivación de esta unidad y, más allá, la demanda social de una reforma integral de la PNP.
Es importante advertir que continúan hostigamiento a víctimas de abusos y familiares de los deudos. Preocupa la impunidad y las manipulaciones de la policía, que en una pirueta de victimización llama a un paro policial para diciembre contra “una campaña de desprestigio” y por sus derechos. Se ha llegado hasta la infamia de circular falsas denuncias de tráfico de drogas y robo contra Inti y Bryan, símbolos de esta generación honesta y luchadora. La noche del crimen, ternas trataron de ingresar a la casa de Inti, pero los vecinos lo impidieron. La intención era sembrarle evidencias. La familia de Byran denuncia reglaje en su barrio.
El Ministerio Público ya abrió un proceso por homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves contra Manuel Merino -cuyo paradero se desconoce-, su primer ministro Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, como responsable del Ministerio del Interior, y a la cúpula policial que dirigió las operaciones, plenamente identificada. En total, participaron 700 agentes, ya se, cuyas sanciones son de los mínimos reclamos de la ciudadanía, como complemento al castigo de los que dieron las órdenes. Un proceso que será largo. Casualmente, la cámara de la Municipalidad de Lima en la escena del doble crimen tiene “imperfectos técnicos”.
Para el nuevo presidente y gabinete ministerial, a pesar de verse obligados a relevar al director de la PNP y casi una veintena de altos mandos, el problema de la institución es de malos elementos. El malestar social frente a la institución es generalizado.
Queda la advertencia general de que, a otro escándalo del Congreso o el primero de este Ejecutivo, la calle se hará escuchar. De entre los pocos congresistas que no votaron por la vacancia, el Partido Morado (centro-derecha), por ser el único que se opuso en bloque, planteó una lista presidida por el ingeniero y escritor Sagasti, aprobada por 97 y rechazada por 26 congresistas. Menos de los que respaldaron la vacancia y más de los que votaron en contra. Tal es el delirio de ciertos colegas que en estos días declararon terrorista a su agrupación, liderada por un empresario cercano a Israel que ya cerró filas por la Constitución vigente. Una de las demandas más populares es el retiro de la inmunidad parlamentaria. Está abierto el debate en torno a la consulta de un proceso constituyente en las elecciones del próximo 11 de abril.
Aunque no enfilado hacia idénticos objetivos, quienes ejecutaron y apoyaron la vacancia concentran el poder económico y el favor de los medios de comunicación. Para recalcar: la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) asintió a la designación de Merino. En la última campaña electoral, las compañías de sus mandamases apostaron millones de aportes a Keiko Fujimori y candidaturas de centro derecha.
Cualquier a que proponga tocar el modelo corre nuevamente contra olas de desinformación. La primera y única voz por una nueva Constitución es la de la joven lideresa de izquierda Verónika Mendoza, a quien PPK dejó fuera de la segunda vuelta en 2016 por dos puntos. En el último sondeo de la encuestadora Ipsos, el 19 de noviembre, la excongresista aparece cuarta en intención de voto. Los bulos ya están en marcha. Será esta nueva generación, muchos por primera vez votantes, la que definirá el rumbo del bicentenario en una inaudita campaña que cuenta una veintena de candidatos. Si no lo hacen los políticos de siempre, para peor, ellos pueden cambiar la historia y las esperanzas en una semana.
“Latinoamerica es mujer y se defiende” es el nombre de la muestra que estará disponible hasta el 10 de diciembre en www.bombozila.com. Esto como una forma de activismo digital contra la violencia patriarcal capitalista de distintxs creadorxs en todo el mundo.
La muestra consiste en 27 videos realizados de manera independiente que dan cuenta, desde distintos lenguajes audiovisuales, experiencias de lucha y resistencia de las mujeres y disidencias frente a la violencia patriarcal.
La curatoria de estos videos estuvo a cargo de las organizaciones “Maizal”, “La Sandia Digital” y “Bombozila”, que agrupan a realizadorxs feministas de Ecuador, Perú, México, Brasil y Chile.
“Los videos abordan temas como la experiencia de defensoras de la tierra, visibilizacion y reconocimiento de identidades disidentes, autodefensa y búsqueda de justicia contra femicidios, el arte y la cultura como formas de resistencia, registro de movilizaciones, afirmación y empoderamiento de lxs cuerpxs desde el amor propio” nos contó Ellen Francisco, integrante de Bombozila, desde Brasil.
Desde Chile, participan 5 cortometrajes
“Femfest” https://bombozila.com/femfest/, “separatismo” https://bombozila.com/separatismo-chile/, “comimo engrudo” https://bombozila.com/comimo-engrudo/, “visibilizar nuestra existencia es autodefensa” https://bombozila.com/visibilizar-nuestra-existencia-es-autodefensa-chile/ y “comunicado yeguada latinoamericana” https://bombozila.com/comunicado-yeguada-latinoamericana-chile-luchas-feministas/.
La Asamblea Nacional francesa aprueba la ley de “seguridad global”, que restringe la difusión de imágenes de la policía, pese a multitudinarias protestas como la de este sábado. Un texto simbólico de la deriva liberticida de Macron.
Enrics Bonet
@EnricQuart
Unas 130.000 personas, según la Policía, y 500.000, según organizadores, marcharon por las calles de varias ciudades de Francia contra la nueva Ley de Seguridad Integral el sábado 28 de noviembre. En París, la “marcha de las libertades contra las leyes liberticidas” congregó a un total aproximado de 46.000 manifestantes. Allí se repitieron las imágenes de cargas policiales y fotoperiodistas heridos.
La policía francesa protagonizó otro vergonzoso episodio de uso abusivo de la fuerza el la noche del lunes 23 de noviembre en París. La ocupación pacífica de la céntrica plaza de la República por la asociación Utopia 56 y decenas de migrantes degeneró en un brutal desalojo. “Unas imágenes chocantes”, reconoció el mismo ministro del Interior, Gérald Darmanin, sin ruborizarse por la hipocresía de sus palabras.
Otro vídeo desvelado el jueves por el digital Loopsider acentuó la indignación por los abusos policiales. Grabado por las cámaras del acomodado distrito XVII de París, en él se veía a tres agentes dando una paliza a un joven negro. La víctima fue un productor de música que recibió insultos racistas y lo detuvieron con una violencia gratuita por el simple hecho de no llevar la mascarilla. Los episodios de uso indebido de la fuerza policial no resultan ninguna novedad en Francia. Pero esta sucesión de casos se produce en un momento en que el gobierno impulsa una ley para limitar la difusión de imágenes de las acciones policiales. ¿Abusos como los de esta semana se podrán seguir denunciando en las redes? ¿Cómo el ejecutivo macronista quiere enmordazar estas imágenes de denuncia?
La Asamblea Nacional aprobó el martes por la tarde la ley de “seguridad global”, que abre la puerta a sancionar la publicación de imágenes o vídeos no difuminados de agentes. Pese a la fuerte contestación en la calle, esta fue aprobada con 308 votos a favor, 104 en contra y 66 abstenciones, gracias al apoyo de diputados macronistas, de Los Republicanos (socios del PP en Francia) y de la ultraderechista Reagrupación Nacional. Bautizado con este nombre con tintes orwellianos, este texto legisla aspectos variopintos de la seguridad, desde la creación de un cuerpo de policía municipal en París hasta el refuerzo de las competencias de las agencias privadas.
La disposición más contestada de la ley es su ya famoso artículo 24 que prohíbe la difusión no difuminada de imágenes de intervenciones policiales
Su elaboración indignó, sin embargo, a la izquierda francesa al restringir derechos fundamentales, como el de manifestarse o la libertad de prensa. La disposición más contestada de la ley es su ya famoso artículo 24. Este prohíbe la difusión no difuminada de imágenes de intervenciones policiales que perjudiquen de “manera manifiesta” la “integridad física o psíquica” de un agente. Contempla penas de hasta un año de prisión y multas de un máximo de 45.000 euros con las que podrán sancionarse estas publicaciones. Además, el texto favorece el uso de drones y cámaras por los antidisturbios para grabar manifestaciones.
Aunque la presión social obligó al ejecutivo a introducir una enmienda en el último momento para garantizar el “derecho a informar”, esto no evitó la lluvia de críticas a nivel internacional, desde Amnistía hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Incluso la Comisión Europea recordó el lunes a las autoridades francesas el principio de la “libertad de prensa” y dijo que “seguía la situación de cerca”.
“El artículo 24 sitúa la legislación francesa en una zona gris que permitirá a los policías detener de manera preventiva a aquellos manifestantes o reporteros que los graben”, asegura a El Salto Fabien Jobard, especialista en temas policiales. “Los agentes se convencerán a partir de ahora de que cualquiera que saque su cámara o teléfono en una protesta representa una amenaza y un posible delincuente”, advierte este sociólogo. Aunque muchas de estas hipotéticas detenciones no acaben en condenas ante la dificultad de demostrar que se perjudicó la integridad del agente, estas detenciones preventivas “ya supondrán un obstáculo al derecho de manifestarse”.
Los vídeos de manifestantes y jóvenes reporteros resultaron claves para revelar la violencia policial contra los chalecos amarillos
Este experto del prestigioso Centro de investigación científica (CNRS) observa similitudes evidentes entre la nueva ley de “seguridad global” y la ley mordaza: “El único país de Europa en que existe un dispositivo similar es España”. En el caso de la legislación española, “la policía española la ha utilizado en numerosas ocasiones”, recuerda Jobard, quien teme que en Francia se reproduzca una situación similar, aunque en este caso con una multiplicación de las detenciones preventivas y de agresiones contra periodistas o manifestantes que graben. Al otro lado de los Pirineos serán los jueces los encargados de dictar las multas.
Elaborada para contentar a los sindicatos de policías —mayoritariamente conservadores, o incluso ultraderechistas—, esta “ley mordaza” francesa amenaza con silenciar el principal medio de denuncia de los abusos de las fuerzas de seguridad. Los vídeos de manifestantes y jóvenes reporteros resultaron claves para revelar la violencia policial contra los chalecos amarillos. Más de 2.200 manifestantes heridos, 308 de ellos con heridas en la cabeza, 24 perdieron un ojo, cinco se quedaron sin una mano… Un balance escalofriante silenciado por los grandes medios en los primeros meses de protestas.
También fue gracias a un vídeo del militante Taha Bouhafs, ahora convertido en un influyente reportero, que salió a la luz el caso Benalla, el escándalo del ex guardaespaldas de Macron que pegó a manifestantes el 1 de mayo de 2018 en París. Además, estas imágenes resultan claves para denunciar la violencia policial enquistada en la “banlieue”. Así lo reflejan iniciativas como la aplicación UVP para difundir en directo en las redes los abusos de las fuerzas de seguridad.
“En realidad, no deberíamos grabar a la policía. Pero como hay tantos abusos, no nos queda otro remedio”, defiende Clara François, de 24 años, una estudiante universitaria de un máster de cine presente el sábado en la multitudinaria concentración parisina en la Plaza de Trocadero contra la ley de “seguridad global”. Según las fuerzas de seguridad, unas 22.000 personas se manifestaron ese día en el conjunto de Francia. Unas protestas nada despreciables teniendo en cuenta el actual contexto de pandemia y el segundo confinamiento, que perdurará en Francia hasta el 15 de diciembre.
Además de la legislación de “seguridad global”, el macronismo recibe críticas por haber dado luz verde la semana pasada a otro texto que castiga con tres años de prisión las ocupaciones en la universidad
“El hecho de que la policía pueda utilizar drones para grabar protestas y que estas imágenes dispongan de reconocimiento facial hará que la gente tenga aún más miedo para grabar protestas”, lamentaba François. Mientras se restringirá la posibilidad de los ciudadanos de difundir imágenes, se facilitará la capacidad de los policías para grabar sus acciones y a los manifestantes, tanto con drones como con cámaras normales.
“Utilizarán sus imágenes para dar su versión de los hechos y así influir en la opinión pública”, advierte Jobard. Este experto sostiene que “no conozco ningún caso en que un policía haya sido amenazado físicamente por un vídeo grabado por manifestantes, pero estas imágenes sí que son utilizadas por la justicia para identificar a agentes que cometen abusos durante sus intervenciones u otras personas que cometen delitos durante las protestas”.
“Aprovechan que la gente está aterrorizada por el covid-19 para aprobar este tipo de leyes liberticidas. Me parece vergonzoso”, declaraba a este periódico Laure, de 30 años, una actriz que dijo “manifestarse por primera vez” durante la concentración contra el proyecto de ley en los aledaños de la Asamblea Nacional el 17 de noviembre. Ese día empezaron los debates parlamentarios coincidiendo con el segundo aniversario del inicio del movimiento de los chalecos amarillos. Tras haber reunido a varios miles de manifestantes bajo un ambiente pacífico, esta degeneró en enfrentamientos con agentes antidisturbios, que detuvieron a dos fotoperiodistas. El ambiente se caldeó aún más después de que el día siguiente el ministro Darmanin afirmara que los periodistas deben acreditarse para cubrir las manifestaciones.
Ante la presión social, el primer ministro Jean Castex anunció este jueves la creación de una comisión para revisar la redacción del artículo 24. Un movimiento que suscita desconfianza en el conglomerado de asociaciones y sindicatos que impulsan las protestas.
Además de la legislación de “seguridad global”, el macronismo recibe críticas por haber dado luz verde la semana pasada a otro texto que castiga con tres años de prisión las ocupaciones en la universidad. También generó indignación su voluntad de aprovechar los recientes atentados para ilegalizar asociaciones, como el Colectivo Contra la Islamofobia de Francia (CCIF), que poco tienen que ver con el yihadismo.
“La lucha de nuestra generación en Europa será una lucha por nuestras libertades. Porque están siendo quebrantadas”, aseguraba la semana pasada Macron en una entrevista para la revista digital Grand Continent. Numerosos periodistas y analistas internacionales criticaron las contradicciones de estas palabras. La misma prensa mainstream, especialmente los medios anglosajones, que elevó a los altares al joven dirigente en 2017 ahora expresa su preocupación ante su deriva islamófoba y autoritaria.
“Macron presume de la libertad de prensa francesa ante los países musulmanes, donde esta no existe. No solo no ha podido convencerles, sino que da la impresión de que se ha convencido de la superioridad de sus leyes liberticidas y securitarias”, defendía la semana pasada en un editorial Dov Alfon, director del diario progresista Libération y exjefe de redacción del rotativo israelí Haaretz. Más que una deriva securitaria, la ley de “seguridad global” refleja la apuesta del presidente de mirar hacia la derecha en los asuntos “regalianos”, es decir las vinculadas a la administración de justicia, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas. Y así disputarle el mismo terreno a la ultraderechista Reagrupación Nacional.
Su gobierno ya impulsó en noviembre de 2017 una ley antiterrorista que introdujo en el derecho común la mayoría de los dispositivos excepcionales del estado de emergencia, que llevaba dos años en vigor. Un año después aprobó una dura ley migratoria que aceleró la expulsión de refugiados y migrantes. La violencia policial contra los chalecos amarillos fue criticada por el Consejo de Europa y la ONU. Y ahora amordaza los vídeos de denuncia de estos abusos de las fuerzas de seguridad. Un balance más bien digno de dirigentes neoconservadores, como el austríaco Kurz o el húngaro Orbán, que de un defensor de las libertades en Europa.
Durante la mañana de este lunes 23 de noviembre, un nuevo barrotazo se desarrolló a las afueras de la cárcel El Manzano, en Concepción. La instancia que se repite por cuarta vez consecutiva, busca visibilizar las consecuencias físicas y psicológicas de la falta de visitas así como también, los últimos casos de vulneraciones al interior de la sección femenina del recinto, en los que destaca el aislamiento de Nitzia Inostroza, mujer con severos problemas de salud, que lleva más de 10 días aislada como castigo por exigir una atención médica que trate su deteriorado estado.
Hace pocos días la denuncia de internas del módulo 2 de la sección femenina de la cárcel El Manzano, alertaba nuevamente sobre una situación grave de vulneraciones dentro de dicho penal. La privada de libertad Nitzia Inostroza, pesando 35 kilos, llevaba hasta ese momento 7 días en celda de aislamiento, por orden de el comandante Andrés Muñoz, como castigo por una discusión que sostuvo con un paramédico, exigiendo que atiendan sus problemas de salud. De la misma manera hacían pública la situación de Denis Villablanca, privada de libertad que se encuentra en una profunda depresión que la ha llevado a atentar en reiteradas ocasiones contra su vida.
Revisa la denuncia completa acá: Internas del Manzano exigen presencia de Organismos de DDHH, ante vulneraciones sistemáticas
Esta y otras situaciones marcaron las declaraciones a las afueras de este centro de reclusión, que alberga a más de 3000 personas privadas de libertad, quienes están actualmente siendo afectadas por las medidas restrictivas de Gendarmería y el gobierno.
Viviana Macaya, madre de un preso “común” y vocera de familiares y amistades de presxs sociales, denunció en el lugar el caso de Nitzia, e hizo un llamado al resto de las familias de privadas y privadxs de libertad, para unirse a exigir el fin de las vulneraciones y la restitución de las visitas.
En la sección femenina tenemos una compañera en deplorable estado de salud. No queremos que se repita el caso de Keisy en Santiago, que ella muera pidiendo un indulto… El estado es garante de la salud de Nitzia, que se encuentra en la sección femenina. Yo hago un llamado a los Derechos Humanos que se hagan presentes y el Ministerio de Salud que dé una declaración pública de su diagnóstico”
Viviana Macaya
El aislamiento y hermetismo actual de las cárceles en el territorio, han agudizado el nivel de violencia e impunidad en el actuar de Gendarmería de Chile. Reflejo de esto han sido las diversas denuncias entregadas al INDH de la Región del Bío Bío, principalmente concentradas en la sección femenina de El Manzano, sin embargo estas han quedado sin efecto, tras ser negadas por la “autoridad penal”.
Ante la urgencia de intervenir en estos hechos y de terminar con el aislamiento, Viviana Macaya sostiene que es imprescindible la presencia de todas las familias que tienen seres queridxs en el penal: “Yo le hago un llamado a las familias de los presos comunes acá hay más de 3000 presos…Esto de la restitución de las visitas es para todos, yo no estoy luchando tan sólo por mi hijo, sino también por el suyo, por su esposo, por su familiar, pero aquí necesitamos apoyo, la unión hace la fuerza”
Revisa la declaración completa de Viviana Macaya acá:
En el lugar también pudimos conversar con Emperatriz Abarzúa, madre que tiene a dos de sus hijos en privación de libertad dentro de esta cárcel, quién nos expresó:
Yo reclamo porque acá no habemos ni la cuarta parte de las personas que deberíamos haber, que acá son más de 3000 los detenidos y ¿dónde están las demás mamás?”
Emperatriz Abarzúa
Emperatriz hace 8 meses que no ve, besa ni abraza a sus hijos, situación que pensó cambiaría pronto, hasta que ocurrió el cuestionado brote de Covid en los módulos 51 y 52.“¿Por qué justo ahora que estábamos pidiendo visitas apareció covid? No es justo! Ellos también son seres humanos, nosotras igual. Los necesitamos mucho, aunque sea a distancia tomarnos un té con ellos, eso es lo que yo pido y que pido en nombre de todas”
Sobre las encomiendas en módulos sin restricción de estas, Emperatriz nos comenta que Gendarmería rechaza constantemente gran parte de los víveres, o simplemente no las aceptan, sin dar información a las familias por ninguna vía de comunicación.
Revisa la declaración completa de Emperatriz Abarzúa acá:
El apoyo y la coordinación entre las familias de presxs comunes y políticxs, entre redes anticarcelarias y de apoyo a lxs presxs de la revuelta, es fundamental para restituir las visitas y gestionar estrategias que logren frenar y abolir de una vez los vejámenes cometidos al interior de las cárceles, por lo cual desde esta instancia se extiende la invitación para un masivo barrotazo el próximo lunes 30 de noviembre en el mismo lugar.
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