http://www.radiochimia.org/?p=66

Malú Huacuja del Toro.- Por decisión colectiva, los manifestantes nos citamos en ese mismo lugar a la siguiente semana, el viernes 27 de junio. Durante un total de tres días estuvimos informando de la lucha zapatista, de los enormes logros de las comunidades autónomas zapatistas, y de las razones de su protesta a toda la gente de México y de Estados Unidos que cruzó por el consulado, repartiendo volantes en español y en inglés con los siete principios zapatistas y coreando consignas zapatistas.

Es la primera manifestación de más de un día que se realiza en el consulado de México en Nueva York. El primer día, los funcionarios y el personal administrativo del consulado estuvieron esperando a que nos fuéramos para salir, pero nunca nos fuimos, y nos encargamos de dejarles bien claro por qué es una vergüenza trabajar para ese gobierno.

El presente es un breve e inevitablemente insuficiente retrato del organizador del acto.

Soldado veterano y activista miembro del movimiento antisistémico Occupy Wall Street impulsa la primera protesta zapatista de dos días y toda una noche frente al consulado de México en Nueva York
Por Malú Huacuja del Toro

John Penley tiene entrenamiento militar, pero en lugar de utilizarlo para preservar las colosales fortunas de los multimillonarios, ha dedicado la mayor parte de su vida y su formación a proteger a la humanidad y al planeta que habita. No ha sido ésa una decisión sin consecuencias: Penley pasó un año en prisión por protestar contra la fabricación de armas nucleares en la planta de Savannah River donde se produce el plutonio, y fue arrestado otras dos veces por bloquear la carretera rumbo a la instalación.

También se ha opuesto a otra fábrica de destrucción de la especie humana: el racismo. En Tennessee, logró infiltrarse en el Ku Klux Klan y sacar fotos a varios de sus miembros descubriéndose el rostro.

Por eso, entre otros motivos, John Penley se identifica con la lucha zapatista en favor del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en defensa de sus tierras, por la pluralidad racial y cultural, y en contra de la rapacidad del poder financiero. Cuando se enteró de los ataques del grupo paramilitar contra la comunidad autónoma zapatista de La Realidad que causaron varios heridos y el asesinato del maestro Galeano de la Escuela de la Libertad Zapatista, además de la destrucción de la escuela y de la clínica de la comunidad, se propuso organizar una protesta que verdaderamente fuera escuchada en el consulado de México en la ciudad de Nueva York, la capital financiera del sistema que despoja a los campesinos de sus tierras y asesina a las comunidades que, como las zapatistas, tengan la osadía de querer preservarlas.

El resultado fue el primer plantón de dos días y toda una noche frente al consulado, que contó con la asistencia legal del legendario abogado de derechos humanos Norman Siegel, en la cual participaron activistas del movimiento que él impulsó.

“Si no lo hace nadie, lo hago yo”, es el lema de este ex combatiente de la Marina de Guerra norteamericana que se volvió anarquista en Grecia, después de atestiguar que la publicitada voluntad democrática del gobierno de su país era sólo propaganda, pues éste es capaz de estar del lado de dictadores si así conviene a sus intereses económicos. “Yo estaba estacionado en Grecia durante la dictadura militar de Georgios Papadopoulos, el organizador del golpe de Estado de 1967 y jefe de la junta militar. Ahí vi que el gobierno de Estados Unidos no tenía ningún problema con la represión”, me contó.

John terminó comprendiendo e identificándose más con los anarquistas griegos que se oponían a la entrada de los tanques militares a la universidad que con un gobierno encubridor de dictadores. Así que optó por instigar otro tipo de acciones: las movilizaciones populares contra el poder del gran capital. Durante el movimiento Occupy Wall Street organizó una protesta con un círculo de tambores frente la casa del magnate más adinerado de Nueva York, entonces alcalde, Michael Bloomberg (a quien, por cierto, el gobierno de la capital de la República Mexicana acaba de llamar como “asesor”). Asimismo, su participación fue clave para organizar el concierto de veteranos en el que cantó Joan Báez en el Parque de la Libertad ocupado (antes llamado Zuccotti). Además, ahí mismo, ayudó a organizar un servicio de oración musulmana, en abierto desafío a la propaganda política antimusulmana del gobierno.

En ese histórico año 2011, la “camioneta de Wikileaks” también fue, en parte, responsabilidad suya, pues ayudó a armarla y a pintarle enormes letreros exigiendo la liberación de Chelsea Manning durante su proceso. Desde esta camioneta se proyectaban en gran pantalla los videos filtrados (las wikifugas). Con esta acción y otras protestas conducidas por Penley y sus compatriotas veteranos se logró que sacaran a Manning del confinamiento solitario en el que la mantuvieron incomunicada y desnuda, en condiciones “inhumanas y degradantes” —según informó el relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura, Juan E. Méndez—, desde enero hasta abril de 2011. Manning fue entonces trasladada a la prisión Midwest Joint Regional Correctional, donde esperó su audiencia para el juicio en una celda con ventana y colchón, donde se le permitía guardar sus pertenencias y hablar con otros presos.

También fue John Penley uno de los oradores de la protesta que comenzó la causa legal para exigir que se realizara una audiencia preliminar al juicio de Manning (audiencia conforme al Artículo 132, en derecho militar estadounidense). “En 1984 el gobierno de los Estados Unidos me puso en una prisión federal durante un año por haber protestado contra la fabricación de armas nucleares en la planta de Savannah River —expresó Penley en un conmovedor discurso—. Durante ese periodo, me encerraron en confinamiento solitario en la Penitenciaría Federal de Atlanta durante un mes. Fue sólo un mes, pero yo no he sufrido nunca tanto en un mes como ése”.

En aquella ocasión también contó que, cuando estaba en la Marina, fue controlador de tránsito extranjero y, al igual que Manning, tenía acceso privilegiado a secretos militares. “Todos los controladores de tránsito tienen eso”, explicó.

“Yo estuve en un destacamento en Grecia durante la dictadura militar de Papadopoulos. Era implacable. Arrestaban a la gente en la calle y la torturaban. El gobierno de los Estados Unidos no tenía problema con eso: el gobierno de los Estados Unidos apoyaba eso. Tenía bases militares operando ahí durante ese período de tiempo. Yo vi mucho tránsito de mensajes al respecto, y debí haber dicho algo. De hecho, según el derecho internacional, era mi deber exponer los crímenes de guerra que estaban ocurriendo con el apoyo de Estados Unidos en Grecia en ese momento. Yo no lo hice”, añadió, en una desgarradora confesión.

“Honestamente, violé leyes internacionales, encubrí crímenes de guerra al no decir nada, pero en ese momento yo, mentalmente, tampoco era tan sofisticado como para saber mucho de derecho internacional —reflexionó más tarde, en una entrevista que fue publicada por Wikileaks—. Aprendí muchísimo después, en particular de un ex sacerdote católico radical. Según las leyes internacionales, es el deber de un soldado no encubrir crímenes de guerra. Si tú haces eso, eres parte del crimen”.

Apuntó en aquella oportunidad que lo paradójico es que todos los demás debieron ser enjuiciados y Manning es la única persona que debió ser exonerada.
Y ahora, con esa conciencia de un mundo en el que la justicia se aplica completamente al revés, John Panley no sólo se instala frente al consulado de México, sino que les explica con el mayor aplomo a todos los patrulleros que nos vigilan qué es lo que estamos haciendo ahí:

—Mira, yo he andado mucho mundo y conocido a mucha gente. Ya me puedo hacer una idea nomás por el aspecto físico de la gente. Tú ves la fotografía del maestro asesinado —le dice a un sargento, mostrándole la imagen de Galeano— y te puedes dar cuenta: éste era un buen hombre. Le miras los ojos y lo sabes. Y lo mataron estando desarmado. Le destruyeron su escuela. Son los grupos paramilitares que trabajan al servicio de las grandes empresas. Simplemente, no es justo.

El patrullero acaba asintiendo. Es la primera vez que me encuentro en una manifestación en Nueva York en la que la policía escucha nuestros motivos. A fin de cuentas, John es un soldado veterano. Lo respetan, a su pesar.

Al día siguiente, después de que pasa toda la noche en protesta frente al consulado (custodiado por dos patrullas), atestiguaré algo más increíble: John se ha puesto a contarle a un policía del narcotráfico en México, de la inútil y sangrienta “guerra contra el crimen organizado” emprendida por el ex presidente Calderón, y de que la solución, como todos sabemos —y como nos ha enseñado la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos— no es otra más que la legalización de la droga.

—Sí —dice el oficial neoyorquino.

¿Oí bien? ¿Un veterano de guerra de Estados Unidos, prozapatista, acaba de convencer a un policía neoyorquino de que la solución al narcotráfico y a la corrupción que éste genera —tal como ha tratado de explicar incansablemente el poeta Javier Sicilia— no es el uso de la fuerza, ni las autodefensas, sino legalizar las drogas, empezando por la mariguana?

Sí. Exactamente eso es lo que acaba de pasar. Trato de tomar una fotografía de ese momento histórico frente al consulado de México, pero el patrullero —a fin de cuentas, bien entrenado—descubre mis intenciones y no se deja fotografiar.

Yo sonrío.

Y entonces comprendo por qué otro hombre, el extraordinario fotógrafo Giles Clarke —quien también fue a Chiapas y es alumno de la Escuela de la Libertad Zapatista— dice que al temerario John Penley el poder “no lo puede reprimir”. Esta fotografía de Penley fue tomada por Giles a las dos de la mañana frente al consulado.

[Reportaje gráfico de Giles Clarke sobre los zapatistas: http://socialdocumentary.net/exhibit/Giles_Clarke/2678]

Por iniciativa de compañeros del movimiento antisistémico Occupy Wall Street, los días 19 y 20 de junio, mexicanos y norteamericanos unidos realizamos la primera protesta-plantón de dos días frente al consulado de México en Nueva York, en repudio al asesinato del compañero Galeano y exigiendo un alto a los ataques paramilitares contra las comunidades zapatistas. A la iniciativa se sumaron compañeros de Portland, quienes realizaron simultáneamente una protesta en el consulado de México en esa ciudad.

Al terminar, por decisión colectiva, los manifestantes nos citamos en ese mismo lugar a la siguiente semana, el viernes 27 de junio. Durante un total de tres días estuvimos informando de la lucha zapatista, de los enormes logros de las comunidades autónomas zapatistas, y de las razones de su protesta a toda la gente de México y de Estados Unidos que cruzó por el consulado, repartiendo volantes en español y en inglés con los siete principios zapatistas y coreando consignas zapatistas.

Es la primera manifestación de más de un día que se realiza en el consulado de México en Nueva York. El primer día, los funcionarios y el personal administrativo del consulado estuvieron esperando a que nos fuéramos para salir, pero nunca nos fuimos, y nos encargamos de dejarles bien claro por qué es una vergüenza trabajar para ese gobierno.

El presente es un breve e inevitablemente insuficiente retrato del organizador del acto.

Faltaría hablar de otros formidables participantes. Será en otra ocasión.

LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA

AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
AL ALTO COMISIONADO PARA DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.
A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
A LA RED TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS.
A LA RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD.
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO.
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA.

En el marco del Quinto Aniversario de la recuperación de nuestras tierras correspondientes a la encargatura de Xayakalan el 29 de junio de 2009 y la reorganización de nuestra Policía Comunitaria, manifestamos lo siguiente:

1.- Como es del conocimiento público, el pasado 27 de junio fueron detenidos y desarmados 82 miembros de las autodefensas de las comunidades y pueblos de la región Costa Sierra de Michoacán, además del Dr. José Manuel Mireles Valverde. La detención se llevó a cabo por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia y de Seguridad Pública locales, así como del Ejército, la Marina y la Policía Federal.

2.- Nuevamente hacemos la denuncia pública que para nuestra comunidad no ha habido justicia. No existe una sola persona encarcelada ni avance de investigación respecto a los asesinatos y desapariciones de comuneros; como tampoco ha pasado con los cientos de asesinatos y desapariciones de otros pueblos y comunidades de la región Costa Sierra
de Michoacán. Durante años el crimen organizado, desde Coahuayana, Aquila, Coalcomán y Chinicuila, saqueó los recursos mineros y maderables sin que fuera castigado y sin que hasta el momento exista un solo detenido. Un ejemplo claro de esto es el caso de nuestra comunidad, donde el saqueo de la madera conocida científicamente como Dalbergia granadillo y cuyo nombre común en la región es “Sangualica” (un árbol muy valioso que se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de protegida por estar en peligro de extinción) fue realizado por los Caballeros Templarios. Ellos son los autores materiales e intelectuales de 32 asesinatos y 5 desapariciones de nuestra comunidad, por quienes
nunca hubo operativo alguno para detenerlos durante todos los años en que impunemente operaron en el municipio de Aquila. Queremos hacer patente que, contrario a lo que pregona el Gobierno Federal, el problema del CRIMEN ORGANIZADO en Michoacán no está para nada resuelto y la estructura del crimen organizado, sus principales cabezas y sus
actividades económicas siguen intactas; asimismo los funcionarios que son cómplices del crimen organizado, regados en todos los niveles de gobierno, siguen libres.

3.- La detención de los compañeros autodefensas es continuación de la estrategia de desarme y desarticulación de las policías comunitarias, guardias comunales y grupos de autodefensa de la región Costa Sierra. Recordamos que el 8 de febrero del año en curso se intentó desarmar a los hermanos autodefensas de nuestra comunidad en territorio comunal. Lo
mismo ocurrió con el intento de desarme de miembros de la autodefensa de La Placita el 19 de marzo del mismo año. Desarmar a los grupos de autodefensa de los pueblos y comunidades de la región Costa Sierra, incluida nuestra comunidad indígena de Santa María Ostula, significa permitir su cruel asesinato.

En atención a lo expuesto, pedimos a la sociedad civil nacional e internacional, así como a los organismos internacionales, estar atentos a lo que pase en la región y a no permitir un nuevo asesinato, un nuevo secuestro, un nuevo despojo en contra de nuestra comunidad y en contra de las comunidades indígenas del país.

A los gobiernos federal y del estado exigimos:

1. El CESE INMEDIATO de los operativos para desarmar y detener a los miembros de las policías comunitarias, autodefensas y guardias comunales de las comunidades indígenas de la costa de Michoacán y de los grupos de autodefensa de los pueblos de la región Costa Sierra.

2. La INMEDIATA LIBERACIÓN de los presos de San Miguel de Aquila y los autodefensas detenidos el 27 de junio de 2014 en el poblado de La Mira.

3. La INMEDIATA y URGENTE solución a nuestra problemática territorial en el paraje de Xayakalan por parte de los gobiernos del estado y federal para que se garantice en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de Ostula.

4. Presentación con vida de los comuneros FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, presidente de bienes comunales, JAVIER MARTÍNEZ ROBLES, GERARDO VERA ORCINO, ENRIQUE DOMÍNGUEZ MACÍAS y MARTÍN SANTOS LUNA; esclarecimiento
del asesinato de los comuneros PEDRO LEYVA DOMINGUEZ, DIEGO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, J. TRINIDAD DE LA CRUZ CRISOSTOMO, CRISÓFORO SÁNCHEZ REYES Y TEODULO SANTOS GIRÓN y el castigo a los autores intelectuales y
materiales de su muerte; e investigación de los 32 asesinatos y desapariciones de comuneros pertenecientes la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos tres años.

5. El otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria en el territorio nahua de la Costa michoacana.

¡Respeto a la totalidad de nuestras tierras comunales!
¡Respeto a nuestra policía comunitaria!
¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!
¡Presentación con vida del compañero Francisco de Asís Manuel, presidente de bienes comunales de Santa María Ostula y de los comuneros Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orcino, Enrique Domínguez Macías y Martín Santos Luna!

SANTA MARÍA OSTULA, MICHOACAN, A 29 DE JUNIO DE 2014.
TIERRA Y LIBERTAD

LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA

San Cristobal de las Casas, Chiapas

A los medios de Comunicación Independientes
A los Centros de Derechos Humanos Honestos e Independientes
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A la red Contra la Represión
A la Opinión Pública
A la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

A DOS AÑOS Y SIETE MESES EXIGIMOS

Justicia por la agresión armada el pasado 4 de diciembre de 2011, fuimos agredidos y desplazados 13 personas por los priistas del paraje Banavil, Munisipio de Tenejapa, todo por ser creer en la autonomía zapatista. Allí a nuestro padre Alonso López Luna lo desaparecieron forzadamente la gente de la comunidad. Durante 2 años y siete meses no nos han tomado en cuenta; el gobierno federal y estatal y la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, Cristobal Hernandez Lopez.

Nos preguntamos ¿Dónde esta el estado de derecho? Que supuestamente esta para impartir justicia, los tres niveles de gobierno, para la justicia es dejar libre a asesinos y encarcelar a los inocentes como Lorenzo López Girón y Francisco Zantiz Lopez que fueron encarcelado injustamente en 2011.

Nosotros los desplazados de Banavil, seguimos viviendo en condiciones inhumanas los 2 años y siete meses, compartimos con ustedes nuestra memoria de multiples agresiones en nuestra contra, estar desplazados es vivir no como seres humanos porque los seres humanos tenemos derecho a la vida, la integridad física y mental y la seguridad de la persona.

Exigimos que nos digan los agresores que le hicieron a nuestro padre, porque los agresores sabe lo que pasó, y lo que le hicieron y saben donde lo tienen escondido sus restos de su cuerpo. Han pasado años y meses y la justicia no llega. Porque estos agresores y asesinos están libres y no hay castigo contra ellos.

Exigimos la ejecución de 10 ordenes de aprehension pendientes, pero el gobierno se niega a deternlos.

Exigimos Retorno de nuestra Familia que están desplazados, hombres, mujeres y niñas y aparicion del cuerpo de Alonso López Luna.

Exigimos Reparación de daño por el saqueo de nuestras casas en el paraje Banavil Munisipio de Tenejapa y Canselasion de dos ordenes de aprehensión en contra de Antonio y pedro lopez giron que son de nuestra familia.

Al señor presidente de la republica Enrique Peña Nieto y al Gobernador Manuel Velasco Coello.

Exigimos la verdad sobre la desaparición forzada a nuestro padre Alonso López Luna.

Exigimos Justicia por los hechos Ocurridos del 4 de diciembre de 2011.

ATENTAMENTE

Los Desplazados de Banavil, Municipio de Tenejapa, Chiapas
Simpatizantes del EZLN

Lorenzo López Girón
Miguel López Girón
Petrona López Girón
Anita López Girón

Alejandro Díaz Santís inicia ayuno y oración por 12 horas diarias, durante trece días, exigiendo su libertad. El indígena preso en el penal num. 5 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas hace un llamado al gobierno federal de Enrique Peña Nieto para que exhorte al gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa para obtener la libertad que le ha sido negada desde hace 15 años. Díaz Santís  invita a las organizaciones independientes a “seguir reclamando las verdaderas justicias y las libertades de los presos políticos y comunes”.

Compartimos su carta

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

A la opinión pública
A los medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales
A los medios alternativos
A la sexta
A las organizaciones independientes
A los defensores de los Derechos Humanos ONG´S

Preso injustamente “solidario de la voz del amate” adherente a la sexta declaración de la selva lacandona del EZLN recluido en el Cereso N°5 san cristobal de las casas.

Los medios gobernantes que existen en nuestro país y estado solo se dedican en puras falsas promesas.

Especialmente en el estado de Chiapas con el gobernador Manuel Velazco Coello con la segunda vicita que hiso aquí en penal n°5 que fue el 4 de Julio del 2013 donde se comprometió a buscar los medios o enlaces ante las autoridades de Veracruz, para obtener mi libertad, cosa que asta la fecha cumple 1 año este 4 de julio 2014 sin tener alguna respuesta porque solo promete las cosas y no las cumple, y una vez mas le pido al gobernador que cumpla su palabra.

Es por eso hago públicamente que hoy 3 de julio estare en ayuno y oración por 12 horas diarias de 6 a 6 durante 13 días para pedir a Dios que me de fuerza valor para seguir reclamando la verdadera justicia.

Nuevamente hago un llamado al gobierno Federal Enrique Peña Nieto que exsorte al gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa por mi libertad ya que soy una persona indígena y umilde que vean mi situación para optener la libertad que me ha sido negada durante mas de 15 años prso por un delito que jamas cometi.

Por ultimo invito a todas las organizaciones independientes estatales, nacionales e internacionales a seguir reclamando las verdaderas justicias y las libertades de los presos políticos y comunes.

A la sociedad civil nacional e internacional
A la junta de buen gobierno corazon centrico de los zapatistas delante del mundo
A los medios alternativos de comunicación
A los y las adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona
A los pueblos indigenas organizados

Hermanos y hermanas,

El Pueblo indígena tsotsil de Mitzitón adherente a la Sexta Declaración de La Selva Lacandona nos dirigimos a ustedes para darles a conocer los últimos acontecimientos sucedidos en nuestro territorio.

Como antes hemos denunciado nuestro pueblo se encuentra dividido por intereses externos, intereses económicos que han estado perjudicando nuestros bosques mediante la tala inmoderada de árboles de pino, muchas denuncias hemos presentado ante las Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas sin que se haya detenido a nadie por dicho delito.

La tala de madera de nuestros bosques es parte de un negocio de gran escala, pues la madera que se saca del bosque de Mitziton es llevada a aserraderos cercanos para luego mezclarla con madera “legal” que se traslada a la Península de Yucatan para la construcción de Hoteles de lujo. Sabemos que otra parte de la madera que se extrae ilegalmente y sin autorización de nuestra asamblea o autoridades se va a otros países.

La tala de nuestros bosques lo realizan propios pobladores de nuestra comunidad que son convencidos, usados y protegidos por personas ajenas a nuestra comunidad así como por el propio gobierno estatal de Manuel Velasco Coello y del gobierno Federal de Enrique Peña Nieto. El primero, pues son innumerables las denuncias que presentamos sin que se aplique la justicia y se detuviera la tala de nuestros bosques. El gobernador Manuel Velasco nos ha enviado a muchos funcionarios disque para resolver el problema pero jamás hicieron algo para parar la tala de nuestros bosques, solo fueron para intentar engañarnos primero nos mandó a su coordinador de asesores Eduardo Zenteno, Luego a su Sub secretario de Gobierno Mario Carlos Culebro y últimamente a su Secretario Particular el doctor Ramón Guzmán Leiva, ninguno hizo nada.

También denunciamos ante la PGR, tampoco hicieron nada. La mayor evidencia de que el gobierno federal esta involucrado en el divisionismo de nuestra comunidad fue cuando detuvimos talando nuestros bosques a tres elementos del Ejército Nacional y cargando los arboles con un camión oficial, lo anterior le consta ampliamente al general Armando Gómez Mendoza que fue a quien se le entrego a los elementos militares que detuvimos talando nuestro bosque.

Por eso en el mes de ocubre de 2013 constituimos nuestra Policía Comunitaria la cual recibió la orden de la asamblea de patrullar las 24 horas nuestros bosques siendo totalmente efectiva y hasta ahora evitamos se continuará talando nuestro bosque.

La banda que opera en nuestra comunidad es conocida como “Los Camarones” y se autodenominan ser parte de “Los Zetas”, y no solo se dedican al tráfico de madera sino también al tráfico de personas.

El otro interés que existe para despojarnos de nuestro Territorio es para la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, que como lo ha dicho públicamente el Secretario General de Gobierno Eduardo Ramírez se hará a la buenas o a las malas. La construcción de esta autopista va aparejada al gran fraude que la familia Velasco cometió con la construcción del aeropuerto de Palenque. Al mal gobierno no le importa ni le interesa los derechos que como Pueblos Indígenas tenemos, solo les interesa hacerse ricos y para eso implementan sus estrategias de guerra de baja intensidad en los Pueblos indígenas, generando el divisionismo en nuestras comunidades como en el caso de Mitzitón.

Por todo esto como comunidad hemos tomado la decisión de actuar contra los delincuentes que operan en nuestra comunidad quienes serán sometidos a las sanciones que acordó nuestra asamblea que es que desde este momento pierden cualquier derecho agrario o comunitario por lo que deberán salir de inmediato de nuestra comunidad de Mitzitón.

Atentamente:

Pueblo unido de Mitziton en defensa de nuestros derechos indígenas contra las políticas neoliberales.

Pueblo de Mitzitón, Chiapas, México a 29 de junio de 2014.

El 9 de mayo, relataron, Aureliano Méndez Jiménez, el comisariado ejidal Reynaldo López Pérez, Antonio Méndez Pérez, Adolfo Pérez López y otros miembros de ASSI cortaron alambres, quitaron las grapas, de nuevo armados con palos, machetes y resorteras. Méndez Jiménez hirió gravemente con un machete en el cuello a Arturo Pérez López, de 24 años. Cuatro más fueron heridos a garrotazos. Esa tarde el comisariado ejidal golpeó a una mujer embarazada, diciéndole que nos van a asesinar a todos, y Javier López Pérez, también de la alianza, golpeó y robó pertenencias a tres jóvenes.

El 23 de mayo miembros de ASSI y Cioac-H pasaron a provocarnos en el interior de nuestro poblado portando machetes, destruyeron un letrero y profirieron amenazas. El 10 de junio, las autoridades de Miguel Hidalgo (de ASSI), acompañados de Bernardo Román Méndez, Domingo y Enrique Méndez Méndez, de la Cioac-H, ingresaron al poblado portando machetes”.

El 11 de junio, el herido fue presentado al Ministerio Público de Las Margaritas, que tomó el caso como lesiones, cuando se ve notablemente la gravedad de su salud y que lo que quisieron fue matarlo; no habíamos declarado antes porque teníamos miedo a represiones y el herido no podía hablar bien, explican. El 16 de junio lo vio un médico en San Cristóbal, pues tiene inmóvil el brazo izquierdo. Asistimos al hospital de Comitán con la hoja de referencia; sin embargo, nos exigen historia clínica y el hospital de Guadalupe Tepeyac nos la ha negado. Los denunciantes demandan que el gobierno actúe de manera imparcial, respetando nuestra posesión

Durante el mes de mayo en Las Margaritas, Chiapas, un grupo armado de ejidatarios agredió 60 indígenas y mató al compañero José Luis Solís López “Galeano”, maestro y promotor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Se vislumbra claramente el proyecto de atacar y destruir el proyecto comunitario zapatista y la autodeterminación de los pueblos indígenas de Chiapas que luchan por su derecho a vivir en su propia tierra.

La lucha del Movimiento No Tav está en sintonía con su lucha.

Comunicado:

Desde hace más de 20 años el movimiento zapatista lucha por Democracia, Justicia y Libertad, por la autodeterminación de los pueblos indígenas de Chiapas, en defensa de sus tierras, contra el neoliberalismo, el mal gobierno, el robo indiscriminado de los recursos, la explotación de las personas, la discriminación y la violencia por parte del ejército mexicano y de los grupos paramilitares.

Su determinación, inspirada en ideales que anhelan a un mundo más justo donde no hayan excluidos, les permitió resistir y construir en las comunidades zapatistas educación, salud, dignidad, cultivando su tierra y su libertad.

Nosotr@s, activistas del movimiento No Tav del Valle de Susa, compartimos su lucha y expresamos solidaridad, dolor y rabia por todas las violencias que subieron y por el asesinado de Galeano, maestro inolvidable y querido.

Expresamos nuestro apoyo a su lucha por libertad y justicia, conscientes de que su lucha es también la nuestra.

También nosotr@s luchamos en defensa de nuestra tierra y de la economía local, por otro modelo de sociedad y en contra de la devastación causada por los megaproyectos inútiles e impuestos, que permiten de sacar provecho económico a los bancos, las grandes empresas y las mafias.

También nosotr@s a menudo subimos ataque represivos, mediáticos y judiciarios.

Nos sentimos fraternalmente unidos en estas luchas y les mandamos un fuerte abrazo.

Movimiento NOTAV

No es extraño lo que pasa en Simojovel,
ahí siguen los grupos de poder.
Joel Padrón
20 de junio de 2014

En la primera semana de Junio el Movimiento del Pueblo Creyente realizó una jornada de peregrinaciones y oración para erradicar las drogas, el alcoholismo y la prostitución de los municipios de Jitotol, Rayón, El Bosque y Simojovel. El pasado 6 de junio,cientos cristianos católicos peregrinaron en la Tierra del Ámbar, de la parroquia de San Antonio de Padua y demandaron el cierre definitivo de cantinas, centros nocturnos y de prostitución. También hicieron un riesgoso llamado. Pidieron la intervención del gobierno federal para combatir al narcotráfico  y a la delincuencia. (…) hemos sido víctimas de robos, asaltos, asesinatos a plena luz del día.Afirmaron en su comunicado del 6 de Junio de 2014.

Seis días después, la madrugada del 12 de Junio,aparecieron volantes en los que se ofendía, vituperaba y amenazaba al padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel. Después se ofrecieron 150 mil pesos “por su cabeza”. Tres décadas han pasado de jornadas de lucha por la justicia en esa parroquia y los grupos de poder caciquil en Simojovel siguen ahí fomentando la drogadicción, el alcoholismo y la prostitución.

Algunos momentos de finales del siglo pasado en Chiapas

En 1983, el movimiento indígena campesino dejó al descubierto la brutal opresión que se vivía en la Región Norte de Chiapas:

“(…) los indígenas se sublevaron contra la explotación feudal que padecían como peones acasillados en las fincas y caminaron más de mil kilómetros para llevar su reclamo de justicia al Distrito Federal. Exigían, entre otras cosas, la solución de 52 conflictos agrarios, de los cuales todavía subsisten aquí 34 demandas.

De entonces a la fecha, en la zona, y en la lucha por la tierra, han caído asesinados 24 campesinos (…); 109 han sido heridos; 82 apresados; 22 secuestrados y torturados; 323 se encuentran desaparecidos, y ha habido 22 desalojos de poblados.

Aquella marcha, que sacudió la conciencia nacional restregándole en el corazón centralista la evidencia de que por las fincas de Simojovel, Huitiupán, Jitotol, Bochil, de todo Chiapas, no había pasado la revolución, que subsistían las tiendas de raya y el trabajo semiesclavo en ellas (…)” (La Jornada, 31 de mayo, 1988)

En 1988, corría el primer año de gobierno de Patrocinio González Garrido – ubicado  en los primeros círculos de Carlos Salinas de Gortari -. En diciembre de ese año fue asesinado Sebastián Pérez Núñez (…) exdirigente de la CIOAC por el finquero Roberto Zenteno Rojas. El 6 de marzo de 1989, fue asesinado Arturo Albores Velasco fundador de la OCEZ. “Al tiempo de empeñar su palabra de que el asesino del dirigente campesino Sebastián Pérez Núñez irá a la cárcel, (…) Patrocinio González Garrido se comprometió a acabar con la impunidad en Chiapas”. (La Jornada, mayo 21, 1989).

De la beligerancia de un gobernador contra la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Para 1989, Patrocinio González Garrido confrontaba abiertamente contra el obispo Samuel Ruiz. No tenía el menor respeto por el príncipe de la iglesia. Tocando el tema de las expulsiones en San Juan Chamula:

“El gobernador chiapaneco afirmó que es muy fácil incitar, hablar, en relación con eso (…) al fin y al cabo es romántico, pero no es tan fácil resolverlo. Mire, yo llevo seis meses gobernando Chiapas. Samuel Ruiz lleva 25 años de obispo (…) y de una patada en las nalgas lo sacaron de la región. (…) una estructura de 25 años al amparo de la ‘inteligencia’ y de la ‘autoridad moral’ que sí tiene Samuel fue desplazada de un día para otro en toda la comunidad (Chamula) que totalmente cambió de religión para convertirse en ortodoxos, (…)” (La Jornada, 22 de mayo, 1989).

El 15 de septiembre de 1991, el obispo Samuel Ruiz, responsabilizó al gobierno del estado de Chiapas y a “grupos que han establecido relación con grupos de terratenientes, sectores del priísmo local, expendedores de alcohol  y autoridades judiciales” del “preocupante aumento de la represión” que consideró “más grave que la registrada en los cuatro sexenios anteriores”.

En la ciudad de México, Ruiz García apuntó:

“desde 1961, año que me ligué a la lucha del pueblo chiapaneco, no se había presentado tal volumen de violaciones a los derechos humanos y no se habían incrementado en tal magnitud. (…). Tres días después de estas declaraciones, en Simojovel de Allende fue aprendido por elementos de la Policía Judicial Estatal el párroco Joel Padrón Gonzáles (…)”.

Entrevistado a 23 años de su encarcelamiento, Joel Padrón lo recordó así:

“Fui detenido el 18 de septiembre de 1991 cuando salía de la casa parroquial a comer. Eran las 2 de la tarde. Patrocinio me dijo: ‘no crea que mandamos a cualquiera por usted… fue gente especial…’ Me imputaron delitos federales: conspiración contra el gobierno, asociación delictuosa y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Después Edgardo Robles Sasso del fuero común me dio auto de libertad de los delitos federales. Y me inició un proceso por delitos del fuero común: despojo, robo, amenazas, daños, provocación, apología de un delito y pandillerismo. ¿Cómo ves?

El Pueblo Creyente realizó una jornada sostenida de peregrinaciones y  oración por la libertad de Joel y miles se movilizaron en las parroquias de Simijovel, Las Margaritas, Comitán, Ocosingo, Salto de Agua, Palenque, Bachajón, villa de las Rosas, Chenalhó, Chalchihuitán y Pantelhó, entre otras. El 18 de octubre de 1991, cerca de 3 mil indígenas iniciaron una marcha de 123 kilómetros, de Simojovel a Tuxtla Gutiérrez. Cincuenta días después de su aprensión, el 6 de noviembre, el padre Joel fue puesto en libertad por la noche: “La Diócesis se mantuvo firme y regresé a mi parroquia en Simojovel y ahí estuve hasta el 2001. La Iglesia no podía, no puede condicionar su misión al poder del Estado”, afirmó.

Efectivamente, el 12 de Junio, seis días después de la peregrinación del Pueblo Creyente en Simojovel, los grupos de poder distribuyeron un volante en contra de Marcelo Pérez Pérez, párroco de ese poblado. El panfleto es único. Beligerante. Irónico. Racista. Como en los tiempos de Patrocinio y los Comités Cívicos de los ganaderos y caciques pueblerinos.

¡Ya basta! Es el encabezado.

“Sí, es tiempo de reflexionar y ya no permitir más que gente que no es originaria de nuestro querido y sufrido Simojovel, se posicione de manera ruin en la confianza de nuestra gente y fomente la inestabilidad social en la región, son presas fáciles nuestros campesinos, que tal vez por su sencillez son fácilmente convencidos por el sacerdote Marcelo, pues injustamente los involucra en los movimientos de protesta que él organiza en contra de las autoridades, contra las tradiciones y costumbres de nuestro vapuleado Pueblo, en resumen hace que sus ovejas sirvan, no a Dios, sino a sus mezquinos intereses.”

Tienen memoria. Sin mencionarlo recordaron a Joel Padrón:

“(…) hace ya años también con otro sacerdote pusieron al pueblo en estado de sitio, cortaron el suministro de agua, condicionaron la venta de tortilla, gas, alimentos, transporte, en fin un verdadero estado de guerra”.

Se preguntan y responden:

¿Y qué sabemos del cura Marcelo? Excelente currículo, su origen: San Andrés Larraínzar, Chiapas, cuna del movimiento zapatista.

“Corrido” de Chenalhó por “falso profeta y lleno de actividad de la guerrilla, desestabilizando socialmente a esa región.”

Lo adscriben como “hijo de la doctrina de la Teología de la Liberación y desde luego, fiel seguidor de Samuel Ruiz”.

“¿Su misión? Destruir las tradiciones y costumbres de nuestro bien amado Simojovel…”

Acusan al sacerdote tzotzil de haber interrumpido la coronación de la Reina de la Feria con un grupo de 20 personas que portaban armas de fuego, piedras, palos y machetes:

“el Presidente, su Ayuntamiento, la policía, la Reina y su Corte Real, ahora sí salieron volados, (…) antes de ser linchados por el grupo de vándalos (…) que se dieron ala rapiña, saqueando el lugar”.

En el volante, llamaron a la expulsión del padre Marcelo: ¡EL CURA MARCELO DE SIMOJOVEL, CON TODO Y CAPUCHA FUERA DE ÉL!

Efectivamente, lo que ahora está pasando en Simojovel nos dice que ahí siguen los grupos de poder.

Lo paradójico es que el cura tzotzil  de San Andrés Larraínzar, Marcelo Pérez, es párroco de Simojovel y el cura no indígena y ex párroco de Simojovel, Joel Padrón,  ahora es párroco en San Andrés Larraínzar.

P.D. A lo mejor recuerdan el ultraje a religiosas en Altamirano, Chis., por militantes de la CIOAC-D

P.D. El hostigamiento al personal del Frayba y el allanamiento de la casa del compa Javier Molina es parte de la campaña de intimidación de los malos gobiernos.

Fuentes:

Uno de los mejores libros que dan santo y seña de las diversas causas del levantamiento armado rebelde de 1994:

Chiapas: la paz violenta. De Rosa Rojas.La Jornada Ediciones. Serie Atrás de la Raya. 1995.

Revista Chiapas 2. Del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y Ediciones Era. 1996.

Notas:

Elio Enriques: onlain: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/16/agreden-a-parroco-de-simojovel-chiapas-por-demandar-cierre-de-cantinas-5521.html

Mirada Sur: http://miradasur.com/index.php/noticias/relevantes/1907-amenazan-a-sacerdote-de-simojovel-por-manifestarse-en-contra-de-cantinas

Panfleto:

Copia fotográfica del volante distribuido en Simojovel del 12 de junio de 2014. Cortesía de Elio Enriques.

Entrevista:

A Joel Padrón, viernes 20 de junio de 2014 en el Andador Guadalupano de SCLC. Chiapas.

Organizaciones, redes de la sociedad civil, organizaciones sociales, académicos/as y ciudadanos-as, piden respeto a los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, en el tema de la selva Lacandona. Consideran que la preservación del ecosistema no pasa necesariamente por el establecimiento e imposición de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) bajo control gubernamental, y menos aún, por la concesión ni privatización gradual de dichas zonas, ni tampoco, por la mercantilización de sus bienes naturales.

Sostienen que los bienes naturales de la selva Lacandona son de carácter estratégico para la nación y para el pueblo mexicano, cuya mercantilización y privatización es absolutamente inadmisible, en tanto pone en riesgo la soberanía nacional.

Por tanto, exigen irrestricto respeto a los derechos a la libre determinación, a la consulta y consentimiento libre, previo e informado; a la tierra, al territorio y al manejo, uso y aprovechamiento del hábitat y de sus bienes naturales, de los pueblos y comunidades indígenas maya lacandones, tseltales, ch’oles, tsotsiles y tojolabales, involucrados en esta problemática y en este diálogo.

Selva Lacandona: por el respeto a los derechos de la naturaleza y el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas

Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de México

Lic. Miguel Angel Osorio Chong
Secretario de Gobernación

Lic. Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH)

Lic. Manuel Velazco
Gobernador de Chiapas

PRESENTES

AL PUEBLO DE MÉXICO
AL PUEBLO DE CHIAPAS

Los-as abajo firmantes, ongs, redes de la sociedad civil, organizaciones sociales, académicos/as y ciudadanos-as, preocupados por la delicada y compleja situación socio-ambiental prevaleciente hoy día en la Selva Lacandona, y ante la inminente realización de la Mesa Interinstitucional de Dialogo y búsqueda de acuerdos, entre los representantes de la Comunidad Zona Lacandona (CZL), los representantes de la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU ID), el gobierno federal y el gobierno del estado de Chiapas, hacemos público el siguiente

PRONUNCIAMIENTO

1. Estamos plenamente conscientes de la urgente necesidad que tenemos como sociedad mexicana, de buscar la preservación efectiva de nuestros bosques, selvas y desiertos naturales, en particular de aquellas bio-regiones de tanta importancia como lo es aún la Selva Lacandona, tanto por la gran diversidad biológica que posee, como por los invaluables servicios hidrológicos y climáticos, que, como bienes naturales comunes, ofrece al pueblo mexicano y al mundo.

2. En ese sentido, nos manifestamos públicamente comprometidos en este caso, con la defensa de los derechos de la naturaleza y por ende, con la preservación de la Selva Lacandona, pero consideramos que esta preservación no pasa necesariamente por el establecimiento e imposición de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) bajo control gubernamental, y menos aún, por la concesión ni privatización gradual de dichas zonas, ni tampoco, por la mercantilización de sus bienes naturales.

3. Al mismo tiempo, reivindicamos y exigimos el irrestricto respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sin cuya cosmovisión, relación con la naturaleza y formas tradicionales de producción y consumo, hace mucho ya no existieran los bosques, selvas y desiertos naturales que aún posee nuestro país.

4. En este caso concreto, y ante la problemática socioambiental que hoy día presenta la Selva Lacandona -producto de una serie histórica de errores y omisiones gubernamentales, en materia agraria y ambiental, que incluyó la reciente política de reubicaciones forzosas y desalojos violentos de familias indígenas- reivindicamos y exigimos el irrestricto respeto a los derechos a la libre determinación; a la consulta y consentimiento libre, previo e informado; a la tierra, al territorio y al manejo, uso y aprovechamiento del hábitat y de sus bienes naturales, de los pueblos y comunidades indígenas maya lacandones, tseltales, ch’oles, tsotsiles y tojolabales, involucrados en esta problemática y en este diálogo.

5. Específicamente, esto implicaría, acciones concretas como son:

a) El reconocimiento gubernamental al Acuerdo Agrario suscrito el pasado 23 de abril del presente, entre los representantes de la Comunidad Zona Lacandona (CZL), los representantes de la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU ID);

b) El reconocimiento jurídico y la regularización agraria de los poblados Nuevo San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal;

c) Respeto a la libre determinación de los integrantes de la Comunidad Zona Lacandona en cuanto a la elección de sus representantes comunales, como de la revisión y adecuación de su Estatuto Comunal;

d) Generar y facilitar un verdadero proceso de Consulta –bajo estándares establecidos en instrumentos internacionales- para alcanzar -o no- el Consentimiento Libre , Previo e Informado de todos los pueblos y comunidades indígenas involucrados, respecto de:

• Los planes de manejo de las 7 ANPs ubicadas dentro de territorios indígenas de la Selva Lacandona (Reservas de Biosfera Montes Azules y Lacantún; Monumentos Naturales de Bonampak y Yaxchilán; y Áreas de Protección de Flora y Fauna de Chan Kin, Nahá y Metzabok);
• Los convenios de concesión y renta de tierra e instalaciones, de lo que fuera la estación biológica de la UNAM en Boca Chajul y de lo que se hace llamar “Estación Biológica Río Tzendales” (ambos operando hoy día como Hoteles de Eco-turismo);
• El Acuerdo de fecha 25 de agosto 2006, por el que la Secretaría de la Reforma Agraria pone a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su administración, el terreno nacional denominado Montes Azules, con una superficie de 22,239-05-75 hectáreas, Municipio de Ocosingo, Chis.;
• El decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública, una superficie de 14,096-97-18 hectáreas de temporal de uso común, de terrenos de la comunidad Zona Lacandona, Municipio de Ocosingo, Chis., de fecha 4 de mayo de 2007 (publicado en el DOF el día 8 del mismo mes y año);

e) Generar un proceso y un mecanismo incluyente y participativo, para el manejo, conservación y administración de la Reserva de la Biósfera Montes Azules y de las otras seis Áreas Naturales Protegidas de carácter federal existentes en territorios indígenas de la Lacandona; mecanismos en los que queden plenamente implicados los pueblos y comunidades involucrados, en todos los diagnósticos, ordenamientos territoriales, planes de manejo y en el diseño e implementación de estrategias integrales y acciones para la preservación y sustentabilidad de tan importante bio-región;

f) Monitorear la situación que guardan hoy día las familias indígenas, reubicadas de forma forzosa ó desalojadas violentamente entre 2003 y 2011, generando mecanismos de reparación de daño. Esto implica una investigación seria e imparcial de los sucedido en la -hasta hoy impune- masacre ocurrida el 13 de noviembre 2007 en la comunidad de Viejo Velasco; y

g) Evitar cualquier pretensión de criminalizar esta justa protesta social, fabricando delitos y culpables; lo que implica desistirse de todo tipo de demanda y “reservas de ley”, en contra de los-as compañeros indígenas detenidos-as el pasado 29 de mayo del presente.

6. Finalmente queremos expresar públicamente nuestra convicción de que los bienes naturales existentes en la Selva lacandona y en todas las bio-regiones del país, así como los invaluables servicios ambientales que en ellas se generan, son bienes comunes, de carácter estratégico, para la nación y para el pueblo mexicano, cuya mercantilización y privatización es absolutamente inadmisible, en tanto pone en riesgo la soberanía nacional.

A T E N TA M E N T E

ONGS:

Alianza Cívica Chiapas
Alta Mira, AC – Sociedad Civil Ecologista (DF)
Amigos de la Barranca, AC (Jalisco)
ANIMAL, AC (Jalisco)
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, AC (AJAGI) (Jalisco)
Casa de la Mujer Ixim Antsetic (Chiapas)
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)(Chiapas)
Centro de Estudios Sobre Tecnología Apropiada para México, AC (Cetamex)(DF)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada (Chiapas)
Comité ProDefensa de Arcediano, AC (Jalisco)
Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, AC (Colima)
Ecoaldea Huehuecóyotl (Morelos)
Educación para la Paz, AC (EDUPAZ) (Chiapas)
Enlace, Comunicación y Capacitación AC (Chiapas)
Fraternidad para el Desarrollo Social, AC (Chiapas)
Fundación FIND, AC (Jalisco)
Grupo Ecológico Manglar AC (Nayarit)
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, AC (COLEM) (Chiapas)
Guerreros Verdes, AC (Guerrero)
Ik Balam, Agencia de noticias ambientales (Nacional-DF)
Kolectivo El Rebelde (Yucatán)
Maderas del Pueblo del Sureste, AC (MPS) (Oaxaca-Chiapas)
Marea Azul, AC (Campeche)
Melel Xojobal, AC (Chiapas)
Nichim Jolovil, AC (Chiapas)
Organización para la Defensa de la Medicina Indígena Tradicional de Chiapas, AC (ODEMITCh)
Persistencia Civil (Chiapas)
Promoción del Desarrollo Popular, AC (PDP) (DF)
Proyecto Carta Mesoamericana (DF)
Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ)(Guerrero)
Salud y Desarrollo Comunitario AC (SADEC) (Chiapas)
Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca AC (SURCO)
Snajel Kuxlej, AC (Chiapas)
Tianguis Indígena (Oaxaca)
Vía Orgánica, AC (Guanajuato)
Voces Mesoamericanas – Acción con Pueblos Migrantes, AC (Chiapas)

REDES DE ONGS:

Caravana Arcoiris por la Paz (Nacional-Morelos)(Nacional-Morelos)
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (Nacional-DF)
Consejo de Visiones Guardianes de la Tierra (Nacional-Morelos)
Diálogos Ecosistémicos (Nacional-DF)
Economía Solidaria y Comunitaria (Nacional-DF)
Pacto de Grupos Ecologistas (PGE) (Nacional-DF)
Red Campo A.C. (Nacional-DF)
Red Multitrueque Tláloc (Nacional-DF)
Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (Nacional-DF)
Unión de Grupos Ambientalistas, IAP (Nacional-DF)

ORGANIZACIONES SOCIALES:

Consejo Comunal de Santa María Chimalapa (Oaxaca)
Representación Auxiliar de los Bienes Comunales de Villa Milpa Alta (DF)
Unión de Organizaciones de la la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO)

ACADÉMICOS/AS E INVESTIGADORES:

Mta. Araceli Burguete Cal y Mayor (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS Sureste)
Dra. Catalina Eibeschutz (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Clara Luz Villanueva Aguilar (asistente de investigación)( Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS Sureste)
Mta. Cristina Barros (Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM)
Dr. David Barkin (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Dr. Héctor Javier Sánchez Pérez (Colegio de la Frontera Sur – ECOSUR)
Dr. Iván Azuara Monter (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)
Dr. Jorge R. Seibold SJ (Argentina)
Dr. Juan Carlos Martínez, (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social -CIESAS Pacífico Sur)
Mtro. Manuel Antonio Espinosa Sánchez (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Dra. Martha A. Olivares Díaz (Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UNAM)
Lic. Martha Guillermina González Escobar (Unidad de Vinculación y Difusión-Universidad de Guadalajara)
Mta. Martha Villavicencio (Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM)
Mto. Mauricio Macossay Vallado (Universidad Autónoma Chapingo campus Yucatán)
Mto. Miguel Angel Paz Carrasco (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Mtra. Miriam Cárdenas (Universidad de Guadalajara)
Mta. Nalleli García Agüero (Universidad de Berna, Suiza)
Mto. Oscar Hernández / Académico/ Programa Indígena Intercultural (ITESO)
Rodolfo Mondragón Ríos (Técnico académico- El Colegio de la Frontera Sur-ECOSUR)
Dr. Sergio Aguayo Quezada (El Colegio de México)
Dra. Silvia Tamez González (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Mta. Ushuaia de los Angeles Camarena (Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM)
Dra. Rosa Aurora Espinos (Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM)
Mta.Yunuén Becerra Cortés (Universidad de Guadalajara)

CIUDADANAS-OS:

Alberto Ruz (Ecologista y Activista Social)
Alejandro Mosqueda (Radio comunicador y Activista Social)
Alicia Carriquiriborde (Ecologista y Activista Social)
Alfredo Menchaca Padilla (Ecologista)
Angel Roldan Parrodi (Agroecólogo y Ecologista)
Antonio Hernández (Médico tradicional tsotsil)
Antonio Villalba (Ecologista)
Araceli Díaz (Ecologista)
Arturo Pozo (Ecologista)
Carlitos Hernández (Ecologista y Apicultor)
Carlos Chávez (Defensor de Derechos Indígenas y Ecologista)
Carlos González (Ecologista)
Carlos Rodríguez Flores (Ecologista)
Carmen Bonilla (Ecologista)
Celeste Chávez Chávez (Ecologista)
Ceyla Cruz Gutiérrez (Abogada Zoque Defensora de Derechos Indígenas)
Claudia Lucía Mora reyes (Ecologista)
Cristina González Serna (Defensora de Derechos de Mujeres Indígenas)
Cristina Lavalle L. (Ecologista y Activista Social)
Cynthia Elena Morales Vázquez (Ecologista)
Daniel Alfaro (Defensor de Derechos Indígenas)
David González (Ecologista)
Dora Julieta Hernández Gómez (Ecologista)
Efraín Velázquez (Abogado Defensor de Derechos Indígenas)
Elena Kahn Yarowisnky (Ecologista y Activista Social)
Elsa Stettner (Ecologista)
Enriqueta Chávez López (Ecologista)
Erika Serrano Farías (Abogada Ambiental)
Eugenio Angel Molina (Agroecólogo y Ecologista)
Francisco Chavira (Líder comunitario y Activista Defensor de derechos indígenas)
Francisco de la Cruz Pérez (Líder comunitario)
Geanina Amaya Rodríguez (Ecologista)
Gloria Guadalupe Flores (Abogada Defensora de Derechos de Mujeres)
Guillermo Antonio Pérez García (Ecologista)
Guillermo Monroy (Ecologista)
Guillermo Villaseñor (Analista y Activista social);
Héctor Islas (Ecologista)
Horacio Chávez López (Ecologista)
Horacio Chavira (Ecologista y Activista Social)
Iréri Ceja Cárdenas (Ecologista)
Isabel Reyes Posadas (Ecologista)
Itzxel García Agüero (Ecologista)
Ivonne Lozoya (Ecologista)
Javier Flores (Ecologista)
Jesús Guzmán Flores (Defensor de Derechos Colectivos)
Joel Heredia Cuevas (Defensor de derechos indígenas)
José Antonio Foronda (Ecologista)
José Stalin Pedro Cruz (Ecologista)
Josefina Sibaja (Ecologista)
Juana López (Ecologista)
Kajani García Vázquez (Ecologista)
Lilian Chávez Chávez (Ecologista)
Liza Ma. Covantes Torres (especialista en agricultura sostenible y derecho a la alimentación)
Leonardo Bucio (Ecologista)
Lourdes Onti (Ecologista)
Luis Alberto Adrián García (Periodista)
Luis Bustamante Valencia (Ecologista)
Luis Lopezllera M. (Ecologista y Activista Social)
Luis Miguel Robles Gil Cañedo (Ecologista)
Manuel Rebolledo Antúnez (Abogado Ambiental)
Marcela Álvarez Pérez-Duarte (Educadora Ambiental y Ecologista)
Marco Antonio Rodríguez Badillo (Ecologista)
Marco Buenrostro (Ecologista)
Maria Alejandra Oviedo Mendiola
María del Carmen Alejandra Romero (Periodista)
María del Carmen Leyva González (Abogada Defensora de Derechos de la mujer)
María Elena Mézquita (Ecologista)
María Lilia Fernández Ventura (Experta en Trabajo Social)
María Myers Velázquez (Ecologista)
María Teresa De Jesus Girón (Administradora)
Mario Bladimir Monroy Gómez (Ecologista)
Mario Vázquez Díaz (Ecologista)
Margarita Bolom (Médica tradicional tseltal)
Mauricio Arellano Nucamendi (Defensor de Derechos Indígenas y Ecologista)
Mayte Vidal (Politóloga)
Melitón Bautista Cruz (Productor y director escénico de teatro Zapoteco)
Mercedes López Martínez (Ecologista)
Michael W Chamberlin (Defensor de Derechos Indígenas)
Miguel Angel García Aguirre (Defensor de Derechos Indígenas y Ecologista)
Miguel Angel Velarde Hernández (Radio comunicador)
Mónica Montserrat Villatoro (Socióloga)
Natalia Sylwia Álvarez Grzybowska (Ecologista)
Nora List (Ecologista)
Norma Evelia Guerrero López (Ecologista)
Patricia Vega (Médico y Activista social);
Paulin Chávez Rojas (Ecologista)
Pedro Faro (Abogado Defensor de Derechos Indígenas)
Rafael Chávez Rojas (Ecologista)
Rafael González (Ecologista)
Raúl Rangel González (Abogado Ikoot Defensor de Derechos Indígenas)
Rebeca González (Ecologista y Activista Social)
Rebeca Véjar (Ecologista)
enzo D’Alessandro (Sociólogo rural y Ecologista)
Rita Rico (Ecologista)
Rosendo Montiel Pérez (Ecologista)
Sacsy Karol Hernández López (Ecologista)
Santiago Villaseñor (Pacifista y Activista social)
Samuel Cruz Esteban (Ecologista)
Sara Duque (Defensora de Derechos Indígenas)
Saúl E. Angel Carrillo (Consultor en Desarrollo Rural)
Sergio Vázquez Díaz (Ecologista)
Sevelina Martínez (Ecologista)
Silvia Vázquez Díaz (Defensora de Derechos Indígenas y Ecologista)
Susana Clares Fuentes (Ecologista)
Teresa García (Ecologista)
Teresa López (Ecologista)
Teresa Margarita ZepedaTorres (Ecologista y Activista Social)
Tzinnia Carranza (Ecologista)
Verónica García (Ecologista)
Virginia Alvarado (Experta en Cooperativismo)
Yolanda Olvera (Ecologista)
Zenaido Garnica Sánchez (Ecologista)

Ccp.- Lic. Jaime Cleofas Martínez Velóz – Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
Ccp.- Comisiones de Coordinación Política, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos del Senado de la República
Ccp.- Comisiones de Coordinación Política, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Federal
Ccp.- Navanethem Pillay.- Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.- Ginebra, Suiza
Ccp.- Representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ccp.- Emilio Álvarez Icaza.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Washington, EUA
Ccp.- Oficina para México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(Convenio 169)
Ccp.- Ana Hurt.- Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía
Ccp.- Alberto Herrera.- Dirección ejecutiva de Amnistía internacional México
Ccp – Servicios para la Paz (SERPAPAZ) – Instancia mediadora
Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores de Derechos Humanos
Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores de la Naturaleza
Ccp.- A medios de comunicación, nacionales e internacionales.

Publicado en: Contralínea

Con la “guerra” contra el narcotráfico, Chiapas se militarizó de nueva cuenta. Las tensiones entre el EZLN, las bases de apoyo, la sociedad civil en general y el gobierno han aumentado a la par de la criminalización de la protesta pacífica. En entrevista, Víctor Hugo López –director del Centro de Derechos Humanos Frayba– señala que con la militarización también ha aumentado el despojo de los recursos naturales, minerales y energéticos de la entidad.

Caminos rurales y comunidades indígenas de Chiapas fueron ocupados, poco a poco pero de manera contundente, por elementos del Ejército Mexicano y la Armada de México durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa. Hoy, todavía con el pretexto de combatir al narcotráfico, los militares tienen bajo su control zonas que se habían liberado en la gestión de Vicente Fox Quesada como una muestra de la “voluntad gubernamental” para pacificar la región.

Así, el máximo logro de la “guerra” calderonista en esa entidad del Sureste mexicano no fue exterminar el crimen organizado, sino reposicionar a los militares al punto de que la actual situación es equiparable a la que se vivió hace 2 décadas, cuando se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En entrevista con Contralínea, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Víctor Hugo López, explica que, aunque en Chiapas no se han visto “escenas espectaculares de violencia” y de enfrentamientos en las calles, la estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico sí tuvo repercusiones serias en las comunidades. En principio, porque logró un reposicionamiento del Ejército Mexicano y de la Armada en distintos territorios indígenas y en todos los puntos fronterizos de la entidad, caracterizada por su miseria y marginación.

El joven defensor de derechos humanos recuerda que una de las condiciones que la adminis­­tración foxista relativamente atendió para mantener el diálogo con el EZLN fue la desmilitarización: se eliminaron algunas de las zonas militares más importantes, dice. Sin embargo, “esta situación se perdió con la estrategia de Calderón: mientras que elementos del Ejército patrullan y montan retenes a lo largo del territorio, los de la Armada custodian los puntos fronterizos, incluido el de Guatemala”.

En la actualidad, expone, integrantes del Ejército Mexicano están presentes en distintas comunidades y caminos rurales en los que antes no se les había visto. “Están haciendo nuevamente rondines; están incluso haciendo operativos de desarme. De pronto, dicen ellos, [operativos] discretos, pero están tocando justo la frontera o la línea de fuego aquí en Chiapas. Esto es grave, porque me parece que ellos no están midiendo la posibilidad de registrar nuevamente un enfrentamiento [armado]”.

Víctor Hugo López observa que la estrategia antidrogas tuvo otras graves repercusiones en Chiapas. Una de éstas se refiere a la política de seguridad estatal, expone, porque ahora las policías civiles están al mando de militares.

También, refiere, aumentó la criminalización hacia la sociedad en su conjunto. Ejemplifica con los operativos de las unidades mixtas (militares acompañados por policías municipales y estatales). Éstos, indica, son quienes han estado cometiendo el mayor número de detenciones arbitrarias de jóvenes (hombres y mujeres) en las calles por su simple apariencia; también cometen abusos y torturas.

En ese mismo sentido, se endurecieron las leyes y se legalizaron las formas de violencia y mecanismos de violación a los derechos humanos: “por ejemplo, aunque se eliminó el arraigo en Chiapas y esto se publicitó como un logro del gobierno estatal anterior, aumentaron las casas [de seguridad] de la Procuraduría, en donde se desaparece a las personas, se les tortura, se les detiene de manera ilegal”.

Y a pesar de que tanto los operativos policiaco-militares como las modificaciones legales se han justificado como una estrategia contra el narcotráfico, el defensor de derechos humanos observa que no se reguló la venta y el consumo de alcohol y de todo tipo de drogas.

“Contradictoriamente con el discurso del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, hemos visto que, de manera exponencial, en distintas comunidades se ha autorizado y se está incluso promoviendo, porque en algunos casos los dueños son los alcaldes, la proliferación de cantinas donde se da un consumo indiscriminado de drogas, y obviamente hasta trata de personas.”

Víctor Hugo López advierte que se están creando las condiciones para mantener el estado de inseguridad. Ejemplo de ello es la alianza entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala: “el argumento es que los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico no operen entre Chiapas y Guatemala; pero estas políticas han endurecido las medidas no contra la delincuencia, sino contra la población”. Particularmente, señala, de las personas migrantes.

“Para nosotros, el blindaje de la frontera, el reforzamiento de la seguridad y el combate a la delincuencia organizada han significado mayor control social y mayor índice de represión contra la población en su conjunto. Y esto ha impactado de manera al parecer invisible, pero presente. Está muy presente aquí en los casos que recibimos día a día de detenciones arbitrarias.

“En el Frayba estamos recibiendo al día de hoy un promedio de entre 900 y 1 mil casos en general; pero hace 3 años recibíamos de 400 a 500 casos. Ahora, de esos 900 o 1 mil casos, unos 400, es decir, el 40 por ciento, tienen que ver con temas de criminalización, acceso a la justicia, detención arbitraria, privación arbitraria de la vida, tortura y judicialización. En nuestro análisis, vemos que son efectos de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada: podríamos decir que un 40 por ciento de esos casos son derivados de la estrategia.”

Megaproyectos, la otra amenaza

A pesar de las evidencias reunidas por el Frayba respecto del aumento de las violaciones a los derechos humanos, los gobiernos federal y estatal aseguran que en Chiapas se respetan esos derechos. Estos discursos no sólo buscarían ocultar la situación que enfrentan las comunidades, sino también promover las inversiones extranjeras en la región.

Víctor Hugo López explica que “el Estado mexicano ha hecho un trabajo de cabildeo impresionante a nivel internacional de ser garante, promotor y de respetar los derechos humanos en México, y concretamente en Chiapas, en las poblaciones indígenas; para ello ha ratificado, firmado y propuesto todo tipo de leyes, reglamentos, convenciones, protocolos que le puedan generar el amparo de este discurso. México es promotor de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y nuevamente comenzaron a decir que los Acuerdos de San Andrés había que legislarlos y aprobarlos; en Chiapas tenemos leyes locales como la Indígena, una ley de protección a las mujeres, etcétera. Entonces han creado todo el andamiaje jurídico-legal para poder sostener frente a gobiernos del mundo y agencias en el extranjero que ellos están garantizando condiciones de respeto, promoción y protección a los derechos humanos y que, por lo tanto, los niveles de vida, la seguridad social, la tranquilidad y la paz están garantizadas en nuestro estado”.

Agrega que recientemente 12 parlamentarios europeos han visitado Chiapas con el interés de conocer la situación de los derechos humanos, pero, sobre todo, para cerciorarse de las condiciones de seguridad que brinda la zona para la inversión.

“Lo que ellos están diciendo es que el gobierno mexicano está impulsando o reimpulsando proyectos de inversión, ecoturísticos, para las empresas de extracción mineral, de recursos petroleros, diciendo que en Chiapas está todo el andamiaje de respeto y promoción a los derechos humanos que garantizan seguridad en su inversión.”

El director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dice que en la entidad se va identificando un mapa de conflictividad social provocada por los megaproyectos de inversión privada. Uno de esos conflictos, detalla, es el de la zona de Agua Azul. En el área de cascadas, los campesinos se oponen a la propuesta gubernamental de crear un centro ecoturístico.

“Nosotros vemos que se está reimpulsando la afrenta a las comunidades que defienden sus territorios porque vienen de manera decidida a impulsar los proyectos que han comprometido. Y lo hemos podido corroborar en ese sentido, porque hay un binomio seguridad-inversión-derechos humanos que se está vendiendo en el extranjero. Ellos [los representantes extranjeros] están viniendo a ver si lo que está vendiendo el gobierno de México en el extranjero es real. Entonces nos espera sin duda en este momento y de aquí en adelante nuevamente procesos de tensión en los que las comunidades estarán oponiéndose a esos proyectos que vienen de manera decidida a imponerse.”

En este contexto, Víctor Hugo López advierte que en la lucha territorial hay otro actor: la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Ésta, asegura, ha operado como mecanismo de contrainsurgencia: “lo único que busca la Cruzada es dividir a las comunidades, generar mayor dependencia y aumentar las condiciones de pobreza extrema en la entidad”.

Frayba: 25 años de defensoría

El pasado 18 de marzo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas cumplió 25 años. Fundado por el ya fallecido Samuel Ruiz García –entonces obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas–, en la actualidad se le considera una de las organizaciones mexicanas más importantes de defensa de las garantías individuales y colectivas.

Respecto de estas 2 décadas y media de trabajo, su actual director, Víctor Hugo López, reflexiona: “Llevamos 25 años de existencia del Centro de Derechos Humanos, pero más de 500 años siendo influidos por los pueblos indígenas que han estado de manera insistente generando propuesta y alternativas ante la crisis de Estado y del sistema”.

En el Centro Frayba, indica, se valora mucho que existan cinco regiones autónomas, cinco Juntas de Buen Gobierno, que mantienen el menor índice de violaciones a los derechos humanos. “Son poblaciones que han logrado hacer frente a todo este sistema de violencia estructural y sus consecuencias. En este contexto es que llegamos a estos 25 años: reconocemos que el Frayba por sí mismo no hubiera logrado tal proyección si no fuera gracias a la influencia de estos actores políticos y del sujeto que es el pueblo indígena”.

Añade que quienes han conocido el proyecto y han colaborado en él son afortunados también por estar en territorio chiapaneco. “Es una tierra en donde se presentan contrastes significantes y muy visibles: la riqueza innegable de los recursos energéticos, naturales, pero también la riqueza cultural y de propuesta política que hemos estado viendo nacer de esta tierra, y que tiene su origen no sólo a partir de 1994, sino que se reconoce su historia de hace más de 500 años, con un actor fundamental que son los pueblos indígenas.

“Nos sentimos afortunados de que nuestra cuna sea fundamentalmente indígena. Justo las poblaciones indígenas en México forman parte de la población en donde la violencia y la violación a los derechos humanos llegan a alcanzar niveles impresionantes. Es decir, si muchos mexicanos nos enfrentamos al tema de la corrupción, discriminación, injusticia, para los pueblos indígenas este tipo de violencia se magnifica, por su condición de ser pobres, indígenas y campesinos.”

Víctor Hugo López refiere que la violencia en Chiapas tiene muchos frentes: aunque la más visible es la imagen del territorio ocupado militarmente, hay un territorio ocupado y copado por proyectos de “desarrollo” que están dividiendo a las comunidades y que están afrontando directamente a territorios enteros para dividirlos y confrontarlos.

Sin embargo, dice, esas condiciones y esas tensiones naturales del propio sistema van generando propuestas y alternativas. Por ello, aunque desde hace 15 años en la entidad se vive lo que él califica como una guerra contra la población, se han ido creando alternativas, muchas de éstas, autonómicas, de propuesta de otra justicia, de reconstrucción del tejido comunitario que, sin duda alguna, pueden ser guías o elementos de experiencia que podrían significar algo en el México actual.

En Chiapas, ejemplifica, han ocurrido situaciones violentas que posteriormente han reproducido su estrategia o sus efectos a nivel nacional, como la masacre de Acteal, en 1997, que impactó a nivel mundial: 45 personas más cuatro que no nacían aún fueron masacradas en una comunidad. Hoy, en el país ha habido un símil de estas masacres, que han ocurrido en distintos contextos y en distintos territorios, como Michoacán, Tamaulipas y todos los estados que están enfrentando la estrategia contra la delincuencia organizada.

En riesgo, 20 por ciento de la biodiversidad de México

Chiapas posee el 20 por ciento de toda la biodiversidad de México y ocupa el segundo lugar nacional en esa materia, indican datos del gobierno estatal, encabezado por Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México.

De acuerdo con la información oficial, algunos de los recursos naturales más importantes son: 10 cuencas hidrográficas y dos de los ríos más caudalosos del país: Grijalva y Usumacinta; 266 kilómetros de litoral, dos cañones (el del Río La Venta y el del Sumidero); posee siete de los nueve ecosistemas más representativos en el país y 46 áreas naturales protegidas (entre éstas, la Biósfera de Montes Azules, El Triunfo, La Encrucijada, La Sepultura, El Ocote y las Lagunas de Montebello).

Actualmente, la administración local planea explotar dichos recursos a través de los proyectos “ecoturísticos”. Al anunciar que Chiapas será la sede de la Feria de Turismo de Aventura 2014, el 12 de mayo pasado se dio a conocer que la administración estatal “prepara un plan integral de desarrollo turístico de la región Norte y Selva, teniendo como eje de partida la Ciudad de Palenque y su zona arqueológica. Este plan proveerá de inversiones en infraestructura, señalética, capacitación y promoción, lo que permitirá consolidar rutas turísticas de la Selva y otras regiones del estado”.

Cuatro días después, los gobiernos federal y estatal señalaron como “necesidad prioritaria” efectuar un ordenamiento territorial de la Selva Lacandona, Reserva de la Biósfera Montes Azules y áreas naturales protegidas:

“El gobierno de la República y de Chiapas expresan su convencimiento de que es prioritario el ordenamiento territorial para otorgar las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de la comunidad lacandona y los ejidos adyacentes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes con apego al marco jurídico, privilegiando la consolidación de las áreas naturales protegidas y el desarrollo sustentable de estas zonas. Asimismo, de conformidad con lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 46, que a la letra dice ’en las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población’, no podrán regularizarse los asentamientos irregulares existentes dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, ni en los que en un futuro puedan asentarse en ésta, así como en ninguna otra área natural protegida. Por lo tanto no podrá llevarse a cabo ningún tipo de proceso de indemnización, pues no hay, ni habrá, ningún programa ni recursos destinados a este fin.”

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Contralínea 389  / 15 de Junio al 21 de Junio

Below is an interview with Victor Hugo López, Director of the Frayba Human Rights Center in Chiapas. It gives a good overview of the current situation the Indigenous Peoples are facing.

By: Nancy Flores

With the “war” against drug trafficking, Chiapas was once again militarized. Tensions among the EZLN, the bases of support, civil society in general and the government have increased together with the criminalization of peaceful protest. In an interview, Victor Hugo López –director of the Frayba Human Rights Center– points out that the militarization has also increased dispossession of the state’s natural, mineral and energy resources.

During the PAN government of Felipe Calderón Hinojosa, members of the Mexican Army and Navy occupied rural roads and indigenous communities of Chiapas little-by-little but overwhelmingly. Today, still with a pretext of drug trafficking, military personnel have zones under their control that had been liberated during the presidency of Vicente Fox Quesada as an example of the “governmental will” to pacify the region.

Thus, the maximum achievement of the “Calderón War” in that state of Southeast Mexico was not exterminating organized crime, but repositioning military personnel to the point that the current situation is comparable to that which it lived in two decades ago, when the Zapatista National Liberation Army (EZLN) rose up.

In an interview with Contralinea, the director of the Fray Bartolomé de las Casas Human Rights Center (Frayba), Victor Hugo López, explains that, although “spectacular scenes of violence” and confrontations in the streets have not been seen in Chiapas, the strategy of the “war” against drug trafficking did have serious repercussions in the communities. In principle, because it achieved a repositioning of the Mexican Army and Navy in different indigenous territories and at all the border points of the state, characterized by its misery and marginalization.

The young human rights defender remembers that one of the conditions that the Fox administration attended to in order to maintain dialogue with the EZLN was demilitarization: some of the most important military zones were eliminated, he says. Nevertheless, “this situation was lost with the Calderón strategy: while members of the Army patrol and put up checkpoints throughout the territory, members of the Navy take custody of the border points, including that of Guatemala.”

Currently, he exposes, members of the Mexican Army are present in different rural communities and roads in which they had not previously been seen. “They are making rounds again; they are even making operations of disarming. Sudden, they say, discreet [operations], but they are just touching the border or the line of fire here in Chiapas. This is serious, because it seems to me that they are not measuring the possibility of once again registering an [armed] confrontation.”

Victor Hugo López observes that the anti-drug strategy had other grave repercussions in Chiapas. One of these refers to the state security policy, because now the state police are at the command of the soldiers.

He also refers to the criminalization towards society as a whole. He gives as an example the operations of mixed units (military personnel accompanied by state and municipal police). These, he indicates, are the ones that have been committing the greatest number of arbitrary detentions of young people (men and women) in the streets simply for their appearance; they also commit abuses and torture.

In that same sense, the laws were hardened and forms of violence and mechanisms for human rights violations were legalized: “for example, although arraigo was eliminated in Chiapas and it was publicized as an achievement of the previous government, the Attorney General’s [security] houses, where people are disappeared, tortured and illegally detained, have increased.”

And despite the fact that the police-military operations as much as the legal modifications have been justified as a strategy against drug trafficking, the human rights defender observes that the sale and consumption of all kinds of drugs and alcohol are not regulated.

“In contradiction of the discourse of combatting drug trafficking g and organized crime, we have seen the exponential proliferation of cantinas where indiscriminate consumption of drugs and even human trafficking has been authorized and is even being promoted in different communities, because in some cases the owners are the mayors.”

Victor Hugo López warns that the conditions to maintain a state of insecurity are being created. An example of that is the alliance between the governments of Mexico, the United States and Guatemala: “the argument is that the organized crime and drug trafficking groups do not operate between Chiapas and Guatemala; but these policies have hardened the measures not against crime, but against the population.” Particularly, he points out, against the migrants.

To us, the protection of the border, the reinforcement of security and the combat against organized crime have meant greater social control and a greater index of repression against the population as a whole. And that has impacted in a way to appear invisible, but present. It is very present here in the cases that we receive every day of arbitrary detentions.

“In the Frayba we are receiving today an average of between 900 to 1000 cases in general; but 3 years ago we received from 400 to 500 cases. Now, of those 900 to 1,000 cases, some 400, in other words 40 percent, have to do with themes of criminalization, access to justice, arbitrary detention, arbitrary deprivation of life, torture and legalization. In our analysis, we see that they are effects of the strategy of the war against drug trafficking and organized crime: we could say that 40 percent of those cases are derived from that strategy.”

Megaprojects, the other threat

Despite the evidence Frayba gathered with respect to the increase in human rights violations, the federal and state governments assure that those rights are respected in Chiapas. Those discourses not only seek to conceal the situation the communities confront, but also to promote foreign investment in the region.

Victor Hugo López explains that: “the Mexican State has done an impressive lobbying job at the international level of being a guarantor, promoter and of respecting human rights in Mexico, and concretely in Chiapas, in the indigenous populations; for that it has ratified, signed and proposed all kinds of laws, regulations, conventions and protocols that can generate protection of that discourse. Mexico is a promoter of the Universal Declaration of the Rights of Indigenous Peoples and once again began saying that it had to legislate and approve the San Andrés Accords. In Chiapas we have local laws like the indigenous law, a law for the protection of woman, etcetera. Then they have created all the legal-judicial scaffolding to be able to maintain in front of world governments and foreign agencies that they are guarantying conditions of respect, promotion and protection of human rights and that, therefore, the levels of life, social security, tranquility and peace are guarantied in our state.”

He adds that recently 12 members of the European parliament have visited Chiapas wanting to know the human rights situation, but, above all, to ascertain the security conditions the zone offers for investment.

“What they are saying is that the Mexican government is impelling or re-impelling projects for investment, ecotourist projects, for the companies that extract minerals and petroleum resources, saying that in Chiapas it is all the scaffolding of respect and promotion of human rights that guarantee security in their in vestment.”

The director of the Fray Bartolomé de las Casas Human Rights Center says that a map is being identified of social conflict in the state provoked by the megaprojects   of private investment. One of those conflicts, he details, is that of the Agua Azul zone,. In the area of the cascades, the campesinos are opposed to the governmental proposals for creating an ecotourist center.

“We see that the insult to the communities that defend their territories is being impelled again because they come in a decided manner to impel the projects that they have promised. And we have been able to corroborate it in this sense, because there is a security-investment-human rights conjoint that it is selling outside the country. They [foreign representatives] are coming to see if what they are selling is true. Then without a doubt it awaits us at this time and from her on once again processes of tension in which the communities will oppose those projects that come in a decided way to impose themselves.”

Within this context, Victor Hugo López warns that there is another actor in the territorial struggle: the National Crusade Against Hunger. This, he assures, has operated as a counterinsurgency mechanism: “the only thing that the Crusade seeks is to divide the communities, generate greater dependency and increase the conditions of extreme poverty in the state.”

Frayba: 125 years of Advocacy

On March 18, the Fray Bartolome de las Casas Human Rights Center turned 25 years old. Founded by the late Samuel Ruiz García – then Bishop of the Diocese of San Cristóbal de las Casas, Chiapas-, today is considered one of the most important Mexican organizations for the defence of the individual and collective rights.

With respect to these 2 and a half decades of work, its current director, Víctor Hugo López, reflects: “It has been 25 years of existence of the Center for human rights, but more than 500 years being influenced by indigenous peoples who have been insistent in generating proposals and alternatives to the crisis of the state and the system”.

The Frayba Center much appreciates that there are five autonomous regions, five good government juntas, which have the lowest rate of human rights violations. “They are people who have managed to cope with this system of structural violence and its consequences. “In this context is that we reach these 25 years: we recognize that the Frayba would not have had this success if it wasn’t thanks to the influence of these political actors and the subject that is the indigenous people”.

He adds that people who have known of the project and have collaborated on it are also fortunate in being in Chiapas territory. “Is a land where meaningful and highly visible contrasts arise: the undeniable wealth of energy, natural resources, but also the cultural wealth of policy proposal that we have been seeing born from the region, and that stems not only from 1994, but also from recognizing more than 500 years of history, with a major player which are the indigenous peoples.”

“We feel fortunate that our origin is essentially indigenous. The indigenous populations in Mexico are part of the population where violence and the violation of human rights come to impressive levels. In other words, if many mexicans are faced with the issues of corruption, discrimination and injustice, for indigenous peoples this type of violence is magnified, by their condition of being poor, indigenous people and peasants.

Víctor Hugo López mentions that violence in Chiapas has many fronts: Although the most visible is the image of the territory occupied by the military, there is territory occupied and cordoned off for “development” projects that are dividing communities.

However, he says, those conditions and those natural strains of the system are generating proposals and alternatives. Therefore, although for 15 years the state has been living what he calls a war against the population, there have been alternatives constructed mand of these autonomous, proposals of alternative justice models, reconstruction of the social fabric which, no doubt, can be guides in addressing the issues facing the current state of Mexico.

In Chiapas, there have been violent situations that subsequently reproduced their strategy or their effects at national level, such as the massacre of Acteal in 1997, which had a global impact: 45 people and four that were not born yet were massacred in a community. Today, the country has seen similar massacres that have occurred in different contexts and in various territories, including Michoacán, Tamaulipas and all states who are facing the strategy against organized crime.

At risk, 20 percent of the biodiversity of Mexico

Chiapas owns 20 percent of the biodiversity of Mexico and is the second nationally in biodiversity, this is accoriding to data from the state government, headed by Manuel Velasco Coello, the Green ecologist party of Mexico.

According to the official information, some of the most important natural resources are: 10 river basins and two of the largest rivers of the country: Grijalva and Usumacinta; 266 kilometers of coastline, two canyons; It has seven of the nine most representative ecosystems in the country and 46 protected areas (among these, Montes Azules biosphere, El Triunfo, La Encrucijada, La Sepultura, El Ocote and Lagunas de Montebello).

Currently, the local administration plans to exploit these resources through the “ecotourism” projects. Announcing that Chiapas will host the 2014 adventure tourism fair, this past May 12^th is became known that the state administration is to “prepare a comprehensive plan of development of tourism in the region north and the jungle, having an axis starting at the city of Palenque and its archaeological zone. This plan will provide investment in infrastructure, signage, training and promotion, which will allow to consolidate tourist routes in the forest and other regions of the state.”

Four days later, the federal and state governments designated as “priority need” to carry out a formal territorial designation of the Selva Lacandona, Montes Azules biosphere reserve and protected natural areas:

“The government of the republic and of Chiapas expressed his conviction that territory is top priority to provide the necessary conditions for the full development of the Lacandona community and the adjacent towns to improve the quality of life of their inhabitants in accordance with the legal framework, favouring the consolidation of the protected natural areas and the sustainable development of these areas. Also, in accordance with the provisions of the general law of ecological balance and the protection of the environment, in its article 46, the letter says ‘in protected natural areas the foundation of new centers for populations will not be permitted’, you won’t be able to regularize the existing unauthorized settlements within the Montes Azules biosphere reserve, or any other protected area. Therefore no plan for compensation can be carried out since no resources will be allocated for those purposes.

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Originally Published in Spanish by Contralinea

Translation: Chiapas Support Committee

June 17, 2014

En español:

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/17/chiapas-militarizacion-saqueo-amenazan-indigenas/