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Desaparición forzada

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Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes

(Español) Mensaje final del GIEI: Hoy es todavía

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México, 31 de julio del 2023

Mensaje final del GIEI
Hoy es todavía

El GIEI llegó a México en marzo de 2015, como un nuevo mecanismo de asistencia técnica internacional y coadyuvancia en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de un período inicial de catorce meses, en el que mostró la inconsistencia de la investigación llevada a cabo entonces por la PGR y conocida como la Verdad Histórica, regresó en 2020 invitada por el nuevo gobierno mexicano y los padres, quienes pidieron que regresara el mecanismo y por medio de un acuerdo internacional con la CIDH. Este 31 de julio termina ese segundo mandato.

En estos años, el GIEI ha contribuido a reorientar la investigación en diferentes fases, a través del hallazgo de pruebas, la realización de peritajes y el contraste de diversas fuentes de información. Destacan el caso del basurero de Cocula, el análisis de evidencia fotográfica sobre la manipulación de la escena del río San Juan, la evaluación médica-psicológica de la documentación que mostraba el uso generalizado de la tortura o la alteración de escenas del crimen o de peritajes sin la necesaria independencia. Basándose en ello, la incongruencia de la llamada Verdad Histórica mantenida por el gobierno anterior fue señalada incluso por el Tribunal de Tamaulipas donde se juzgaban los hechos.

Sin embargo, las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas. En el primer período de trabajo en 2016, el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos. Incluso el GIEI fue objeto de una fuerte campaña de difamación y violencia en diversos medios de comunicación, mostrando que cuando las verdades eran incómodas se buscaba disparar y callar al mensajero. El GIEI tuvo que salir del país, pero dejó en su informe las recomendaciones para el seguimiento del caso.

Con el nuevo gobierno en el 2019, se creó una nueva fiscalía especial para el caso, Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), una Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ) y el GIEI volvió para colaborar en la investigación.

El punto de partida de la nueva averiguación surgió de la existencia de más hechos que los que llevaban a esclarecer los del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por esa razón se fortalecieron investigaciones sobre los responsables de la tortura, se descubrieron falsificaciones y fraudes documentales en los que se había basado la investigación. Esto implicó rehacer la consecución de prueba independiente, logrando obtener elementos nuevos que fueron provistos por acercamiento, búsqueda de diversas fuentes, incluyendo nuevos testigos, lo que permitió proporcionar, de manera integral a la unidad especial UEILCA y a la COVAJ, aportes, valoraciones y hallazgos, tanto los incluidos en los informes I y II, así como nuevos elementos en los siguientes informes publicados hasta ahora. Se generaron nuevas pruebas a través del análisis de telefonía, de las comunicaciones de agentes del Estado y de miembros de la delincuencia organizada, evidenciando que actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal durante la noche de los hechos y en los días posteriores, así como que declararon muchas cuestiones que resultaron falsas.

La actuación del GIEI contribuyó también al fortalecimiento de las acusaciones, tratando de integrar estándares internaciones en la investigación, la documentación de los hechos y el señalamiento de responsabilidades. Igualmente se colaboró para encontrar e identificar los restos de dos jóvenes normalistas desaparecidos, lo que mostró una nueva narrativa de los hechos. El conocimiento del caso acumulado en los años de experiencia y trabajo del GIEI.

EL GIEI ha contribuido a la investigación especialmente cuando ha habido un operador que tiene voluntad política. Tras la petición del GIEI respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina (SEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIEI y la COVAJ. Todo esto, 7 años después de los hechos. Sin embargo, la documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, el GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar.

La investigación no ha estado exenta de problemas. El caso y los propios fiscales de la Unidad especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad. A pesar de ello, la investigación ha llevado a la detención del ex procurador General de la República, dos generales y 20 miembros del ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros. Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no solo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.

El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, como fue señalado en presencia del Presidente y de las más altas autoridades del Estado, así como el apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la decisión y presencia del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en la búsqueda y en la realización de todas estas gestiones.

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FUNDAR.org.mx

(Español) Organizaciones respaldan informe del GIEI y se solidarizan con las madres y padres de los 43

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https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2023/07/Posicionamiento_organizaciones_resplado_GIEI-y-familias-43_270723.pdf

México, 27 de julio de 2023.- El pasado martes 25 de julio se presentó el Sexto y último Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa: Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes. Ante ello, refrendamos nuestra solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos y reconocemos los ya casi nueve años de lucha para conocer el paradero de sus hijos.

El informe es una recopilación de todo lo que se ha podido conocer del caso y contiene recomendaciones precisas de lo que tendría que hacer el gobierno si quiere continuar con su compromiso de esclarecerlo.

Resalta, en ese sentido, que el GIEI reconoce la existencia de información generada por las instituciones del Estado, particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, la cual contiene datos clave sobre el paradero de los estudiantes y que no fue entregada ni a este grupo de expertos independientes, ni a las autoridades federales que investigan el caso.

Con este informe concluye el mandato del Grupo, creado en seguimiento a la medida cautelar 409/2014 de la COmisión Interamericana de Derechos Humanos, como un grupo de apoyo técnico independiente para el esclarecimiento de uno de los casos de desaparición que, a pesar de toda la fuerza institucional puesta para su esclarecimiento, continúa en la impunidad. Ante la conclusión del mandato del GIEI y sus últimos hallazgos, las organizaciones firmantes comunicamos lo siguiente;

1. Expresamos nuestra solidaridad y reconocimiento a las madres y a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Su impulos, tenacidad y digna lucha han sido las que, junto con las organizaciones acompañantes y el GIEI, han logrado que el aparato institucional de impunidad para la desparición en este país se movilice. Su lucha, que acompaña a la de cientos de miles de víctimas de desaparición en México, ha enviado un contundente mensaje de nunca más, que el Estado ha elegido desoir.

2. Respaldamos los hallazgos presentados en este último informe y lamentamos que el GIEI deba salir del país por falta de condiciones para avanzar en su investigación. Dichos hallazgos muestran cómo ha habido un ocultamiento sistemático de la información que explica el papel de todas las corporaciones de seguridad -más allá de las municipales- en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La opacidad y manipulación de información sobre la implicación del Ejército y la MArina hacen inviable la colaboración con el Estado Mexicano para el esclarecimiento del caso. Eston no sólo desestima el trabajo del GIEI y las organizaciones acompañantes, sino que además muestra que la Comisión Presidencial para la Verdad y e Acceso a la Justicia (COVAJ), creada por decreto presidencial en diciembre de 2018, no ha logrado que las Fuerzas Armadas colaboren para el acceso a la verdad y la justicia. Por lo que, a todas luces, la voluntad política de las instituciones civies se queda corta frente al poder castrense del Estado Mexicano.

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Frayba

(Español) Caso Antonio González Méndez vs. México: un crimen de Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14

  • Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.

El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.

Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.

El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.

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Frayba

(Español) La verdad está pendiente: impunidad en la contrainsurgencia

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Este próximo 21 de junio, se realizará una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por la desaparición forzada del base de apoyo zapatista Antonio González, desaparecido por el grupo paramilitar Paz y Justicia el 18 de enero de 1999 en Sabanilla, Chiapas, en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Ante la próxima audiencia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) construyó este sitio especial sobre el caso de Antonio González:


https://frayba.org.mx/tema-prioritario/antoniogonzalez

Programa de radio de NotiFrayba sobre la desaparición forzada del base de apoyo zapatista Antonio González:
(Descarga aquí)  

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Avispa Midia

Dos desaparecidos, saldo tras ataque armado contra comunidad en la costa oaxaqueña

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Fuente: Avispa Midia

En portada: Cristian Chávez González, ingeniero miembro de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena es uno de los defensores atacados este viernes en la costa oaxaqueña.

Dos personas desaparecidas es el saldo de un ataque armado registrado la tarde del viernes (12) contra pobladores de San Lucas Atoyaquillo, municipio de Santiago Ixtayutla, en el occidente de la costa oaxaqueña.

De acuerdo a una acción urgente de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), los responsables son personas armadas de Santa Cruz Zenzontepec, quienes atacaron a defensores de la tierra y el territorio mientras realizaban trabajos para un peritaje técnico agrario.

A su vez, el Congreso Nacional Indígena (CNI) señala que el problema deriva de un conflicto de límites entre el municipio de Santa Cruz Zenzontepec y el ejido de San Lucas Atoyaquillo, mismo que hasta la fecha se encuentra irresuelto. Ante ello, los integrantes del ejido de San Lucas Atoyaquillo realizaron trabajos técnicos “en la idea de resolver dicho conflicto, acompañados por el ingeniero y compañero Cristian Chávez González, quien además es miembro de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos que estando realizando dichos trabajos de forma pacífica, dio inicio la violenta agresión antes referida”, denuncia mediante comunicado.

Según el CNI, se reporta la desaparición de dos personas, Erineo Sánchez Ruíz e Isaak Juárez y de igual forma se constata que un policía municipal de Santiago Itayutla resultó herido.

Por su parte, la Red TDT señala que “se documentaron detonaciones de armas de grueso calibre accionadas por un grupo armado de Santa Cruz Zenzontepec que fue acompañado por policías municipales; las personas defensoras de San Lucas lograron resguardarse en el paraje de Corral de Piedra, sin embargo hasta la madrugada de este 13 de mayo los disparos no cesan en el poblado”, citan mediante una acción urgente.

La red denuncia que aún este sábado (13), la situación de violencia en la región mantiene en riesgo la vida e integridad de los habitantes y del defensor Cristian Chávez González, también integrante de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas A.C (AJAGI) y de la misma red.

“Por información que recibimos, se documentó que en tiempo y forma la policía Estatal de Oaxaca y la Guardia Nacional fueron notificadas sobre los trabajos técnicos que se llevarían a cabo, sin embargo no hubo respuesta y tampoco han intervenido para garantizar la seguridad de los pobladores en la región”, denuncia la Red TDT.

Según la red de organizaciones de derechos humanos existen antecedentes de agresiones armadas en dicha región. Señalan que, desde mayo del 2012 habitantes de la comunidad de San Lucas Atoyaquillo enviaron un oficio dirigido al Presidente de la República denunciando hechos de violencia ocurridos en ese entonces en el que se registraron disparos que pusieron en riesgo la vida e integridad de los pobladores.

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Frayba

(Español) Abrazamos a las madres que buscan a sus hijos e hijas. No Conocemos Fronteras para Buscarles

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10 de mayo de 2023.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

XII Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus hijos e hijas
¡Verdad y Justicia!
No Conocemos Fronteras para Buscarles.
Concentración Pública con Madres Buscadoras de Chiapas

Este día, en que celebramos el Día de las Madres, no es de celebración para muchas familias, ya que miles de madres buscan a sus hijos e hijas.

Ellas están marchando en la Ciudad de México, se están concentrando en varias plazas del país, están visibilizando la problemática que vivimos en este país, y por eso estamos aquí, con ellas, en esta plaza central en San Cristóbal de las Casas, para exigir justicia y hacer visible la desaparición de personas en Chiapas.

Esta problemática atraviesa a todo nuestro territorio mexicano, y aunque la cifra oficial es de 112,203 personas que han sido desaparecidas a nivel nacional, y de 1,314 en Chiapas, sabemos que la cifra es lamentablemente más alta cada día.

La violencia sociopolítica es la realidad que vivimos todas y todos los que vivimos y transitamos en este país. Chiapas no es la excepción, las zonas de los Altos, Norte, Frontera, Costa, Selva, y prácticamente toda nuestra entidad, se han vuelto un campo de batalla, un campo en disputa, con violencia, armas, muertos, familias desplazadas, feminicidios, secuestros; y la desaparición de personas va cada día en aumento. Aunque las autoridades del estado de Chiapas quieran maquillar y disfrazar esta realidad y hacernos creer que vivimos en uno de los estados más seguros y que tenemos a un gobierno con autoridades eficaces y eficientes cercanas a las personas.

La realidad es que las niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y jóvenes, personas en contextos de movilidad humana nacionales e internacionales, desaparecen día a día, y la principal demanda de las Madres sigue siendo: ¡Regrésenos a nuestras hijas e hijos!, ¿dónde están?, ¡queremos a nuestras hijas e hijos en casa!, ¡este día no es de fiesta, sino de lucha y de protesta!

Las Madres que buscan a sus hijos e hijas, y las organizaciones que les acompañamos, seguiremos gritándole al Estado que su omisión e indolencia lo hace responsable de esta tragedia que se vive en las familias, ya que hemos comprobado, día con día, que las instancias del Gobierno Federal y Estatal, las Fiscalías, la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, realizan acciones de simulación y son las madres quienes verdaderamente realizan las acciones de investigación y de búsqueda, poniendo en riesgo su seguridad, su integridad y su vida.

Es por ello que, desde el Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas, acompañamos esta concentración en la plaza pública en San Cristóbal de las Casas, mencionando que un día como hoy es un símbolo de lucha, de resistencia, de búsqueda, pero también es un símbolo de mucho amor, de madre a madre que exige justicia, para que ninguna otra madre viva este dolor. Esta concentración es por la vida, por la esperanza, por el amor, por el regreso, por la verdad y la justicia. No están solas, compañeras, las acompañamos desde cada rincón que habitamos.

Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Melel Xojobal
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes (VM-APM)

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Noticias de Abajo

(Español) Noticias de abajo – 8 abril 2023

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Internacionales

  • PALESTINA: El Estado fascista de Israel promueve la guerra para mantener el territorio ocupado de Palestina. Israel atacó la final de futbol palestina el fin de semana pasado y luego invadió y  atacó el Centro Ceremonial en Jerusalén, y desato fuerte bombardeo  ante respuesta de grupos palestinos a la represión en territorio ocupado. Fuente: Palestinalibre.
  • PELMAPU ARGENTINA: Mapuches desconocidos en su propio territorio. Resolución antimapuche en Mendoza: crónica de un racismo anunciado. Fuente: Agencia TerraViva y AnRed.
  • CANADA: Wet’suwet’en vuelve a ser atacada por la policía montada, cinco defensores del territorio son arrestados, se suma a la lista de hostigamiento por su resistencia contra CoastalGasLink, el gasoducto que intentan atravesar por sus aguas sagradas.

Locales:

  • MICHOACÁN: Eustacio Alcalá defensor comunitario y opositor de la minería en Huizontla  es asesinado. Organizaciones se suman para exigir justicia.
  • YUCATÁN: Muerte masiva de abejas pone en alerta a apicultores, llaman a la prohibicion de agroquímicos tóxicos.
  • CHIAPAS: Continúa la campaña por la Libertad del Manuel Vásquez, preso político indígena, base de apoyo de las comunidades zapatistas. Fuente: CDH Frayba
  • MÉXICO MICHOACÁN: Por cumplirse 3 meses de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díazy nulo avance en las investigaciones.
  • MÉXICO SUR: Invitación a la Caravana y Encuentro Internacional El Sur Resiste. El Sur Resiste.
  • CDMX: Jornada por la Libertad de Yorchs, preso anarquista criminalizado por la UNAM. Fuente: Noticias de abajo.
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Nantik Meche

(Español) Nantik Meche 4 – Desaparición forzada en México

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Este podcast aborda el tema de las desapariciones forzadas en México, en memoria y honra de las madres buscadoras. ¡No olivdemos!

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Congreso Nacional Indígena

(Español) Congreso Nacional Indígena EXIGE la inmediata presentación con vida de Santos de la Cruz Carrillo de la comunidad autónoma Wixárika de Uweni-Muyewe, Bancos de San Hipólito

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A los pueblos y gobiernos de México
A las organizaciones de derechos humanos
A los colectivos solidarios
A los medios de comunicación

Desde Tehuacán, Puebla, donde sesiona la asamblea nacional del Congreso Nacional Indígena, denunciamos la desaparición el día de ayer de Santos de la Cruz Carrillo, representante agrario de wixárika de Uweeni Muyewe-Bancos de San Hipólito, municipio de El Mezquital, Durango; comunidad que es miembro del Congreso Nacional Indígena.

Esto luego de que los pasado días 20 al 23 de febrero se realizaran los trabajos de ejecución de la sentencia del juicio agrario 037/2011, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 7 en la ciudad de Durango, mediante la cual se entregaron legalmente casi 11 mil hectáreas producto de una lucha de décadas de la comunidad autónoma de Uweni Muyewe.

El día de ayer a las 8 de la mañana, Santos de la Cruz, junto a su esposa Carlota y su hijo pequeño Paulo se dirigieron al municipio de Jesús María, Nayarit, atravesando las comunidades de Calítique, pueblo perteneciente a San Lucas de Jalpa, que es el núcleo agrario con el que sostuvo un conflicto que derivó en el triunfo legal de Bancos de San Hipólito, así como el poblado de San Juán Peyotán y el denominado crucero del pastor.

Toda la región, incluida la comunidad wixárika de Bancos ha sido fuertemente golpeada por la violencia generada por bandas de la delincuencia organizada y advertimos que la lucha agraria de Bancos es por la defensa de la madre tierra, por la defensa de la vida, de sus sitios sagrados y por las generaciones venideras.

Por lo anterior exigimos a los gobiernos y poderes locales la inmediata presentación con vida del compañero Santos de la Cruz Carrillo.

Llamamos a los colectivos solidarios y organizaciones de derechos humanos a estar atentos y levantar la voz para exigir la presentación con vida del compañero Santos.

Atentamente

4 de marzo de 2023
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México Sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena

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(Español) Mecanismo para el esclarecimiento de la guerra sucia en México convoca a víctimas para recabar testimonios

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Fuente: Avispa Midia

Por Angel Huerta

En portada: Conferencia de prensa de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico

Carlos Alfonso Pérez Ricart, David de Jesús Fernández Dávalos y Eugenia Allier Montaño, tres de los cuatro integrantes pertenecientes a la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), lanzaron el pasado 7 de febrero una convocatoria a la comunidad de posibles víctimas de la guerra sucia, llevada a cabo en México entre 1950 y 1990, para que puedan dar sus testimonios de manera profesional y privada al mecanismo.

La guerra sucia es nombrada así como una lucha contrainsurgente llevada a cabo por el Estado mexicano y su gobierno contra la población, principalmente guerrilleros, populares, campesinos y disidencias sexo genéricas.

El MEH es un órgano independiente al estado mexicano y extiende la invitación a compartir su testimonio a toda persona que haya sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos en el periodo comprendido entre 1965 y 1990, que se encuentre en México o fuera del país, y haya sido violentada por su militancia o por haber sido asociada a alguna de las distintas organizaciones político-militares que operaron en el país.

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Las personas decidirán en última instancia el uso que se le dará a la información que proporcionen, por ejemplo, si sus declaraciones entran o no al informe final que entregará en MEH, si quieren o no que a partir de su información se desarrollen procesos judiciales o sean parte de los procesos de reparación.

“El objetivo último es que ninguna parte fundamental de la comunidad de víctimas de este país que haya sufrido violencia entre los periodos de 1965 o 1990 se quede sin hablar, se quede sin dar su testimonio”, señaló Carlos Alfonso Pérez Ricart, en conferencia de prensa. “El mecanismo de esclarecimiento histórico de la comisión de la verdad es probablemente la última posibilidad de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos”.

Luis Echeverría Álvarez, político priísta quien fungió como presidente de la República (1970-1976) y secretario de Gobernación (1963-1969) durante los peores años de la llamada Guerra Sucia en México. Bajo su mandato fueron desaparecidas alrededor de 1 mil 200 personas.

En esta convocatoria no solo hay víctimas en el contexto del combate a los grupos político militares, sino una serie de víctimas que han sido tradicionalmente olvidadas, poblaciones que fueron agredidas en lo que se calificó como “combate a narcotráfico y en el combate a la delincuencia común” o por su militancia en organizaciones urbanas populares.

El MEH desplegará investigadores e investigadoras en regiones donde sea necesario. El equipo del mecanismo tiene 49 personas investigadoras, y se ha propuesto recoger alrededor de 3000 testimonios. “Hemos recogido ya alrededor de 200 testimonios en este momento solo en el marco de la puesta a la prueba de nuestros instrumentos metodológicos”, explicó Fernández, en conferencia de prensa.

Para recibir testimonios, el MEH ha habilitado un correo electrónico donde las personas interesadas pueden escribir a inve.testimonial.meh@gmail.com.

Si vives o estás en la Ciudad de México, puedes acercarte a la Dirección General de Estrategias de Atención a Derechos Humanos, ubicada en Circular de Morelia 8, Roma Norte, Cuauhtémoc. C.P. 06700, Ciudad de México.  Teléfono 221 138 7948 / 22 27 73 53 20

En 2024 entregarán el informe final

Fernández explicó que por mandato presidencial “tenemos hasta el 30 de septiembre del año 2024, fecha en la se entregará el informe al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y al pueblo de México”. El mecanismo tiene un año trabajando en realizar un censo de archivos y afinar 17 instrumentos metodológicos que van a poner en práctica durante el año 2023. “Es el año de ir a recoger los testimonios y a investigar los archivos locales”, sostiene el comisionado.

Además, Fernández expuso que la audiencia pública será hacia mediados de marzo para la región centro del país. “Iremos a Sinaloa, Chihuahua, Guadalajara, Jalisco y la región occidente del país. También estaremos visitando Oaxaca y Chiapas con la idea de recoger el máximo testimonio”.

El mecanismo revisará diversos archivos

El objetivo del mecanismo es llenar de evidencias el informe a partir de dos formas principales. La primera tiene que ver con la parte de investigación archivística. El MEH ha comenzado desde hace más de un año un trabajo de exploración sistemática de archivos civiles, policiales y militares a lo largo de todo el país y en decenas de archivos y otros repositorios públicos y privados.

Protesta del comité Eureka, integrado por familiares de desaparecidos en México.

Por ejemplo, agrega Fernández, “llevamos siete meses trabajando en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, también trabajamos en archivos policiales y el libro los archivos civiles, incluyendo por supuesto el Archivo General de la Nación en donde están los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y otras corporaciones”.

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La segunda es con la población “objetivo” que es amplia, en general víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, pero también familiares y personas vinculadas a las víctimas, personas que atestiguaron sobre violaciones a los derechos humanos, personas que en el ejercicio de sus labores o funciones supieron o atestiguan hechos violatorios a los derechos humanos. Esto incluye perpetradores o gente que haya trabajado en la policía o en el ejército y que pueda dar pistas sobre violaciones a los derechos humanos.

Así funciona el mecanismo para el esclarecimiento

En entrevista para Avispa Midia la comisionada Eugenia Allier Montaño explicó que lo que diferencia a esta comisión de otras es que se compone de cinco mecanismos. El mecanismo de esclarecimiento histórico está compuesto por cuatro personas independientes cuyo objetivo central es hacer un informe histórico sobre las graves violaciones. “Pero además de eso, es escuchar a las víctimas y poder pensar qué va después, porque ninguna comisión de este tipo cierra la temática (…), simplemente la abre.”

Después está el mecanismo de impulso a la justicia, compuesto por tres abogados, también independientes: Ángela Buitrago Ruíz, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus. Este mecanismo implementará una estrategia para hacer avanzar los casos, largamente estancados, en los procesos jurídicos. Impulsará la creación de una Fiscalía Especializada y realizará un diagnóstico de los casos abiertos.

Conferencia de prensa de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico

Luego está el Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, en un departamento específico en torno a la guerra sucia. El objetivo es realizar la búsqueda de personas desaparecidas a través de un equipo especializado en las desapariciones perpetradas por la contrainsurgencia, sin importar en qué punto del país se les desapareció.

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El Programa Especial de Reparación Integral y Compensación a cargo de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, constará de reparación tanto simbólica como económica. La CEAV está generando un aspecto especial en torno también de la guerra sucia.

La CEAV diseñará la metodología para la compensación y reparación de daños individual y colectiva, así como realizará un análisis de derecho comparado y buenas prácticas de comisiones de verdad en el mundo para fortalecer el modelo específico de reparación.

Después está el Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración e integrado por el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz Abreu; el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Ávila Espinosa; la directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Gabriela Pulido Llano; el director de Educal, Fritz Glockner; y la representante de la organización Memoria Abierta de Argentina, Verónica Torres.

El Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición es responsable de las iniciativas de ley referentes al tema de Memoria.

Una comisión con características especiales a otras

De acuerdo a Allier, cada país o cada comisión trabaja de distintas maneras. Una ventaja de la MEH, por ejemplo, es que posee acceso al campo militar. “Eso es algo que no ha ocurrido en ningún país, ninguna comisión de la verdad tuvo acceso a los lugares donde hubo detención y más aún estamos accediendo a los archivos de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), algo que tampoco nunca, hasta donde yo conozco, había ocurrido”, señala Allier.

Además, sostiene, habrá un centro de memoria. Un lugar en donde van a estar los archivos, los testimonios, “se está creando esta iniciativa para hacer sitios de memoria que son fundamentales”.

“El objetivo mínimo que espero es que la población llegue a enterarse de lo que existió y de lo que pasó, que en México los mexicanos y las mexicanas sepan que hubo un periodo que llamamos guerra sucia en donde la población fue violentada y fue reprimida”, concluye Allier.

Renuncia de la comisionada Aleida García Aguirre

Pese a que la comisión es un órgano independiente, no han faltado las críticas, incluso internas. Una de ellas se desencadenó en septiembre del año pasado. La historiadora Aleida García Aguirre presentó su renuncia como integrante del MEH ante la “subordinación de facto” de la sociedad civil ante el gobierno federal.

“Me ha sido doloroso concluir éticamente que es imposible continuar trabajando en el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico”, sostuvo García Aguirre en la misiva divulgada en redes sociales del Museo Casa de la Memoria Indómita.

“Fue imperativo marcar un alto, manifestar desacuerdo con la estructura que sostiene a la comisión y la subordinación de facto a la que se somete en presupuesto, burocracia y decisiones al ala de la sociedad civil frente a la institucional”, escribió la historiadora y actual profesora de la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua y miembro de la Asociación Mexicana de Historia Oral y de la Red Nacional de Investigadores del Tiempo Presente.

Señaló que fue el 10 de diciembre en Chihuahua “que aparecieron los primeros indicios de que las personas de sociedad civil (en aquel entonces, solo el mecanismo para el esclarecimiento histórica) no serían escuchadas para el desarrollo efectivo de los trabajos, si no sería la secretaria ejecutiva quien impondría la agenda política de la comisión”.