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Avispa Midia

(Español) Chiapas: Desaparecer en la frontera sur de México

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Familiares de desaparecidos realizan labores de búsqueda en todo el país, sin ayuda del gobierno, desde el incremento de la violencia en el sexenio de Calderón. Foto: Santiago Navarro F.

Hace dos años, la violencia, las desapariciones, desplazamientos y reclutamiento de personas por la disputa territorial de dos cárteles mexicanos trastocaron por completo la vida de diferentes comunidades de Chiapas.

Uno de los grupos identificado como el Cártel de Sinaloa tiene presencia en esta entidad desde finales de los ochenta, pues Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, tuvo mucha influencia, además de posesión de propiedades.

“Grupos locales del crimen organizado se encontraban vinculados a este grupo mayor, hay que recordar que son redes y funcionan como células que se van reproduciendo”, explica para Avispa Mídia, Carla Zamora Lomelí, investigadora del grupo de Estudios Socioambientales y Gestión Territorial en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

En 2018, en las elecciones para presidente, gobernador y alcaldes, la violencia criminal se agudizó en el sur de México. “Pareciera casualidad, pero no lo es tanto”, señala la investigadora, pues la llegada de Morena fue coincidente con la incursión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los cárteles comenzaron a disputar los municipios y la violencia se repitió en junio de 2021 en las elecciones de 118 alcaldías y legisladores locales. En municipios como Pantelhó y Frontera Comalapa no hubo garantías de seguridad ni para los trabajadores de los órganos electorales, se designó un consejo municipal y comenzó a ser más visible la violencia.

Integrantes de Las Abejas de Acteal exigen justicia por el asesinato de Simón Pedro.

El 5 de julio del mismo año electoral, Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos e integrante de Las Abejas de Acteal fue asesinado frente a su hijo y su padre en el mercado público de Simojovel.

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Avispa Midia

(Español) Obrador minimiza el aumento de la violencia en Chiapas; gobernador mantiene silencio

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Habitantes del municipio de Motozintla se han manifestado contra el aumento de la violencia y la omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

En los últimos tres días han circulado, mediante redes sociales, imágenes de caravanas de camionetas blindadas, adaptadas como tanquetas de guerra, con hombres fuertemente armados. Esto ocurrió en carreteras de Motozintla y en la localidad de Chamic, en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, zona fronteriza entre México y Guatemala, en una clara señal de que la disputa entre cárteles en el estado solo se está recrudeciendo.

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Personas formadas en filas, en las orillas de la carretera, aparecen gritando¡Puro Sinaloa!, en alusión al Cartel de Sinaloa, en un mensaje de guerra dirigido al cártel opuesto, el Jalisco Nueva Generación.

Las ejecuciones también se han recrudecido en la región tras las caravanas, denuncian habitantes de la zona.

La disputa, que se intensificó en los últimos meses, ha transformado en territorio de guerra principalmente a los municipios Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.

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En la conferencia de prensa matutina de este lunes, 25 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de minimizar los hechos que han ocurrido en Chiapas, diciendo que ha habido mucha “propaganda” y que las críticas recientes obedecen a “motivos políticos”.

El presidente de México minimizó la violencia del crimen organizado en Chiapas

“Sacaron un video donde hay gentes recibiéndolos y sí pueden ser bases de apoyo porque les entregan despensas o por miedo, pero no es un asunto general y ya se está atendiendo y está la Guardia Nacional”, dijo el mandatario.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, también del partido Morena, ha evadido pronunciarse sobre la violencia que se ha extendido en la región sur del estado chiapaneco. Tampoco ha mencionado posibles acciones del gobierno del Estado para interferir en la situación.

Medios chiapanecos registran la movilización de 800 elementos del ejército hacia la región de Frontera Comalapa.

Escandón fue invitado por el presidente López Obrador en la conferencia de prensa de este mismo lunes. Sin embargo, el tema abordado por el mandatario estatal fue la construcción del megaproyecto Tren Maya. “En Chiapas estamos muy contentos con la obra del Tren Maya, porque ha fortalecido la economía y el desarrollo del estado”, dijo el gobernador en sus redes sociales, sin mencionar la situación crítica que ha vivido la población de Chiapas.

Durante la conferencia de prensa, López Obrador evitó que el gobernador de Chiapas contestara preguntas de los periodistas sobre la disputa del territorio por los cárteles. Cuando Escandón fue cuestionado sobre los hechos del final de semana, el presidente contestó, “yo les voy a contestar esto, nada más”.

Mientras los mandatarios, estatal y federal, utilizan la estrategia del silencio o simplemente minimizan la situación, la sociedad civil y comunidades han denunciando hace meses la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales.

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El mismo sábado, 23 de septiembre, cuando empezaron a circular los videos, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas lanzó un comunicado titulado Chiapas desgarrado por el crimen organizado. “Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”, sostiene.

Calles vacías en la cabecera municipal de Frontera Comalapa debido a la actuación de grupos del crimen organizado.

Entre las violencias señaladas por la Diócesis están: la presión y el control social, político y psicológico para que el pueblo tome partido por uno o por otro grupo criminal; el desabasto de alimentos, granos básicos y la falta de atención médica y medicamentos, debido a la continua violencia; los reclutamientos forzados, “dejando a las familias destrozadas”; el control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera; y cobro por “derecho de piso” y “de paso”.

El silencio de las autoridades “demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”, dice el comunicado.

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Avispa Midia

(Español) La forestal Arauco, el monocultivo de árboles y el Pueblo Mbya Guaraní de pie

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Fuente: Avispa Midia

Por Darío Aranda

En portada: Monocultivos de pino de la multinacional Arauco en la provincia de Misiones, norte de Argentina. Foto: Greenpeace

Crónica desde la comunidad indígena Puente Quemado 2, que exige la devolución de territorios y que se retire la multinacional Arauco. “El monocultivo de pinos es una tragedia y vamos a luchar para recuperar el monte”, afirma el cacique Mbya. En pleno siglo XXI, no cuentan con agua ni electricidad. La complicidad del Gobierno, la vulneración de derechos y el extractivismo.


La construcción es de madera, de unos diez metros de largo por unos siete de ancho. Color blanco y celeste ya desgastados. Es la escuela de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado 2, a 150 kilómetros de la capital de Misiones. Techo de chapa, un pizarrón verde muy pequeño y media docena de mesas. Todo muy humilde. Y, en pleno siglo XXI, no cuenta con agua potable ni energía eléctrica , pero —eso sí— dice presente un mástil prolijo y alto para que flameen las banderas de Argentina y de Misiones. Como un mal chiste del poder: que no falte el emblema patrio a pesar del mar de necesidades y violación de derechos.

Es viernes a la mañana. Atrás quedaron cinco días de lluvia. Salió el sol y hace “frío” para el clima misionero, unos 15 grados. El punto de partida es Aristóbulo del Valle. La camioneta zigzaguea mientras esquiva charcos de agua y una variedad de pozos que pueden hacer despistar. El “Vasco” Baigorri, comunicador del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y con larga trayectoria con comunidades indígenas, pisa el acelerador, quizá va más rápido de lo conveniente, pero tiene a su favor que conoce los caminos misioneros.

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Diócesis de San Cristobal de las Casas

(Español) Sin Justicia No Habrá Paz | Chiapas desgarrado por el crimen organizado

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DIÓCESIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

SIN JUSTICIA NO HABRÁ PAZ

jTatic Samuel

 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 23 de septiembre de 2023.

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL LIBRE Y ALTERNATIVOS

A LAS-LOS PARTICIPANTES DEL DIÁLOGO NACIONAL POR LA PAZ

A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

CHIAPAS DESGARRADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO

En estos tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de nuestras comunidades y nuestros pueblos de Chiapas estamos sufirendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojos de los bienes, fruto de nuestro trabajo. Los grupos delicuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia.

De frente a esta realidad tan dolorosa, la iglesia promotora de la dignidad de la persona, servidora de la vida del ser humano y defensora de sus derechos, predica su liberación, una liberación que tiene, por encima de todo, el respeto a la dignidad de la persona, la promoción del bien común del pueblo y la trascendencia a que mira ante todo a Dios y sólo de Dios deriva su esperanza y su fortaleza.

Como iglesia diocesana y sociedad civil se ha denunciado permanentemente la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales, sin embargo no ha habido respuesta para los pueblos, el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delicuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal.

La omisión del estado de frente a esta realidad mantiene a los pueblos en la incertidumbre total. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia que se ha perpetrado en nuestro Estado de Chiapas y que las autoridades correspondientes respondan brindando seguridad al pueblo.

Denunciamos:

– Amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación a la sociedad civil.

– La presión y control social, político y psicológico de diferentes grupos para que el pueblo tomen partido por uno o por otro grupo criminal.

– La manipulación política que se ejerce para brindar atención desde los servicios básicos hasta otros, a los que el pueblo tiene derecho.

– El despojo de sus bienes, fruto de su esfuerzo y su trabajo.

– El desabasto de alimentos, granos básicos y otros enseres, así como la falta de atención médica y medicamentos debido a la continua violencia.

– La falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno a las demandas del pueblo.

– Los reclutamientos forzados, dejando a las familias destrozadas.

– El control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por “derecho de piso” y “de paso (extorsión) violentando los derechos humanos y comunitarios.

– El ingreso de personas armadas en nuestras comunidades y pueblos.

Responsabilizamos de los hechos ocurridos a los tres niveles de gobierno que han hechos caso omiso a las denuncias de la sociedad civil, y exigimos:

– La atención urgente a los casos de violencia e inseguridad que esta destruyendo la vida de nuestros pueblos.

– Atender las denuncias de la sociedad civil, girar y ejecutar de manera inmediata las órdenes de aprehensión de los líderes de estos grupos delicuenciales.

– Que se respeten los centros educativos, libres de violencia.

– Restablecer el orden social sin vulnerar a la sociedad civil.

– Que se haga valer el estado de derecho para nuestros pueblos.

Animamos el corazón de las familias de nuestras comunidades y pueblos que sufren en carne propia esta realidad,, nos unimos y solidarizamos con las víctimas. Que el Espíritu de Dios presente y actuante en el caminar de su pueblo sea nuestra esperanza y fortaleza en estos momentos de crisis y de profundo dolor.

Nuestros Pueblos no son Campo de Batallas.

La paz es un grito que merece ser escuchado

(Papa Francisco)

+Rodrigo Aguilar Martínez

Obispo de San Cristóbal de las Casas

+Luis Manuel López Alfaro

Obispo Auxiliar

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5 de Febrero y 20 de Noviembre No. 1 – C.P. 29200 – San Cristobal de las Casas, Chis., México – Tel: (967) 67 800 53  Correo:cancilleriasclc@gmail.com

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Avispa Midia

(Español) Desborde de violencia en frontera sur de Chiapas expone población a escasez e inseguridad

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

La región de la sierra madre y la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala, arde. La omisión de las autoridades incrementa el riesgo para la población ante los constantes enfrentamientos armados, las desapariciones, el reclutamiento y desplazamientos forzados, acusan organizaciones sociales chiapanecas y nacionales.

Extorsiones, amenazas y secuestros son parte de la cotidianidad. También la cooptación e integración forzada de organizaciones sociales, campesinas, comerciantes y transportistas para participar en actividades criminales; además de la desaparición de líderes y autoridades comunitarias.

A lo anterior se suma la repercusión negativa en la economía tras casi dos semanas de bloqueos carreteros que impiden el traslado de mercancías y alimentos básicos, que ya alcanzan precios estratosféricos por la escasez. Además, funcionarios educativos anunciaron la suspensión de clases desde esta semana, como una medida para preservar la seguridad de maestros y alumnos ante la violencia que azota la región.

“Ante el pánico e incertidumbre provocados a la sociedad, determinamos suspender temporalmente las actividades laborales en todos los planteles de la zona escolar para no exponer a alumnos, maestros, personal docente y padres de familia”, resalta el oficio de las autoridades escolares.

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Ante esta situación, organizaciones como la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG), el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), a través de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), difundieron un comunicado para alertar que, a más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, “aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región”.

En medio de la guerra

Los testimonios del enfrentamiento en Nueva Independencia señalan que, en la mañana del 23 de mayo, grupos antagónicos del crimen organizado utilizaron armamento de guerra. “Detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos ‘monstruos’ blindados”, fueron utilizados en medio de la población civil.

Vehículos incendiados durante los enfrentamientos de mayo, 2023.

La violencia desbordó y provocó el desplazamiento forzoso de aproximadamente 3,500 personas. Por casi cuatro días no hubo presencia ni intervención alguna del Estado. Fue hasta el 30 de mayo cuando alrededor de 1,500 elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército arribaron al lugar.

“Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia (militares y GN) tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan”, sostienen las organizaciones sociales.

De acuerdo a un documento filtrado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con fecha de junio del 2022, el cártel de Sinaloa mantiene la hegemonía en Chiapas, pero desde el asesinato de Ramón Gilberto Rivera Beltrán, El Junior, sucedido en julio de 2021, se “provocó un vacío en el liderazgo en el grupo delictivo que encabezaba (cártel de Sinaloa), originando pugnas y diferencias entre las células que lo integran, considerando una fractura en el interior de la estructura del cártel.”

Las organizaciones sociales también identifican este evento como un parteaguas en el incremento de los enfrentamientos en distintas regiones de Chiapas. “Se tomó paulatinamente el control territorial de la región frontera, particularmente del corredor frontera-centro. Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán de Domínguez son vías utilizadas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica”, contextualizan.

Según la denuncia, tras la guerra de mayo, la violencia se expandió hacia comunidades y ejidos de municipios colindantes a Frontera Comalapa, como Chicomuselo y La Trinitaria, “en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos”.

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Cabe resaltar que durante las últimas semanas se registran bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en los municipios de Chicomuselo, Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región. “Todo esto no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región, así como la responsabilidad del gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas”, acusan mediante comunicado.

Las organizaciones enfatizan que el cierre de comercios, escuelas, así como la falta de servicios de salud y transporte implica daños al patrimonio y medios de vida de las familias en la región.

Esto coloca en mayor riesgo su seguridad alimentaria, además de impactar negativamente en la salud física y mental de las personas que viven con temor de nuevas agresiones.

Medios nacionales han reportado que se han disparado los costos de alimentos básicos, las tortillerías no funcionan y escasea el combustible. En municipios de la región fronteriza y sierra, desde hace 10 días incrementaron los bloqueos sobre la carretera Panamericana. También aumentaron los asesinatos y secuestros, por lo que los comercios cerraron sus puertas y la población se resguarda en sus hogares.

Testimonios de los lugareños señalan que los bloqueos cerca del crucero de Chamic y la carretera que cruza a la sierra, a la altura del municipio de Motozintla, mantienen permanentemente incomunicado al municipio de Frontera Comalapa, y también afecta a los municipios de Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera. En la región habitan aproximadamente más de 130 mil personas.

Miles marcharon en Frontera Comalapa para exigir el retiro de los bloqueos que mantiene incomunicado al municipio.

Este lunes (18), alrededor de 8 mil personas marcharon en Frontera Comalapa para demandar el retiro de los bloqueos carreteros, que adjudican a integrantes del cártel de Sinaloa. Medios locales señalan que la manifestación fue promovida por la agrupación El Maíz, la cual vinculan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según testimonios de la población, estos fueron amenazados para participar en la protesta.

Autoridades omisas

Las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que la región vive un total sometimiento y silenciamiento de la población, y señalan que esto acontece en medio de la complicidad de las autoridades municipales, las cuales carecen de confianza ante la población para atender denuncias y brindar apoyo para los habitantes.

A lo anterior, se suma la falta de certeza en la función que realizan los elementos del ejército que arribaron a la región desde mayo. “La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno. Este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población”, acusan.

Bloqueo carretero en el crucero de Chamic

En el municipio de Chicomuselo, mediante acuerdos de asamblea, se solicitó que la presencia de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas respetaran los derechos humanos de la población, ante el temor de que realizaran abusos contra los pobladores, como se reporta en otras partes del país.

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“Existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal. El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, sentencian las organizaciones.

Desde el pasado 9 de septiembre, la Sedena anunció la incorporación de 500 soldados, pertenecientes a la 39 zona militar, para la instalación de puntos de control entre los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Mazapa de Madero y Motozintla. No obstante, lejos de que la violencia cese, se registra un aumento de las agresiones por parte del crimen organizado.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) César y José Luis, defensores de la tierra y del territorio criminalizados por oponerse a la militarización

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

19 de septiembre de 2023

Boletín No. 20

 

César y José Luis, defensores de la tierra y del territorio criminalizados por oponerse a la militarización

  • Informe de Amnistía internacional México revela patrón de criminalización en el país contra Personas Defensoras de la Tierra, Territorio y Medio Ambiente.

César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández son defensores comunitarios tseltales de la región de Chilón, caracterizada por la defensa de la tierra en contra de megaproyectos y la militarización de su territorio. La criminalización de la protesta de César y José Luis, condenados a 2 años por defender su territorio contra la militarización, se enmarca en la política de militarización en el estado de Chiapas con la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional (GN), incluyendo uno en su territorio, San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas.

El desarrollo de la infraestructura militar en Bachajón se realizó sin consentimiento previo, libre, informado y culturalmente pertinente, violando los derechos a la autonomía, libre determinación y a que no se desarrollen actividades militares en sus tierras. La oposición a la militarización se remonta a su lucha histórica desde el levantamiento zapatista de 1994 y la experiencia de tener una base militar en su territorio que trajo consigo casos de acoso sexual, violaciones, ataques, inseguridad y despojo.

El 15 de octubre de 2020 el pueblo de Chilón se manifestó pacíficamente en contra de la construcción del cuartel en el crucero Temó, tramo carretera Ocosingo – Palenque. Fueron detenidos César y José Luis, se documentaron en su contra actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada y faltas al debido proceso por parte de los agentes aprehensores, así como la criminalización mediante la acusación por el delito de motín[1].

A pesar de haberse comprobado la falta de elementos para condenarlos,[2] y que la acusación constituía una restricción desproporcionada al derecho a la protesta social, fueron sentenciados el pasado 3 de mayo, día de la Santa Cruz, tras 2 años de proceso[3]. Si bien obtuvieron su libertad por medio de una sustitución de la pena, ambos defensores cuentan ahora con antecedentes penales y la criminalización fue judicializada.

La criminalización de la protesta social consiste en el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta y en algunos casos, de la participación social y política en forma más amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado tanto de la fuerza, como de la justicia penal en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, como el caso de Cesar y José Luis.

En Chiapas, como en México existe un patrón de criminalización de las personas derensoras, enfáticamente contra defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

El derecho a la protesta social, en este caso particular por las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, es reconocido tanto en la Constitución mexicana, como en instrumentos internacionales, lo que implica para las autoridades tomar medidas para respetar, garantizar y protegerlo.

 

[1] Este delito implica “perturbar el orden público” u “obstruir las vías de comunicación”, en este sentido habría sido utilizado para describir los efectos de una protesta y también para criminalizar la protesta por su ambigüedad o vaguedad.

[2] En su contra se comprobó la falta de elementos sólidos para condenarlos, los testigos no acreditaron pertenecer a la policía estatal ni su participación el día de la protesta, ni la calidad de peritos y legistas expertos en su materia.

[3]    Se concedió el beneficio de la sustitución de la pena, por poco más de 6,000 pesos.

Descarga el Boletín No. 20 en pdf (192.52 KB)

 

México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente

Amnistía Internacional documentó cuatro casos en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos y que, al momento de la documentación, tenían procesos judiciales pendientes.

Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. Las autoridades deben parar la utilización del sistema penal para castigar la protesta y garantizar un entorno adecuado para quienes defienden los derechos humanos.

¡Lee el informe completo!

INFORME_CRIMINALIZACION-PROTESTA_AMNISTIAMEXICO_2023

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CONGRESO NACIONAL INDÍGENA - CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

(Español) Convocatoria Alto a la Guerra Contra los Pueblos de México y del Mundo, hacia los Pueblos Zapatistas y hacia los Pueblos Originarios de México

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12 DE OCTUBRE, DÍA DE LA RESISTENCIA Y LA DIGNIDAD INDÍGENA

 

CONVOCATORIA

 

ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO

 

 

A los pueblos de México y del mundo,

Al Espacio de Coordinación Nacional Contra la Guerra,

A la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida,

A los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.

 

A 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de la guerra de invasión y conquista capitalista y en el marco de los 27 años de haberse fundado el Congreso Nacional Indígena (CNI) como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México, CONVOCAMOS a los pueblos de México y del mundo a redoblar nuestras resistencias contra la muerte que hoy más que nunca nos impone el capitalismo patriarcal a escala planetaria.

 

El 12 de octubre marca el inicio de la resistencia de nuestros pueblos y comunidades contra el mayor genocidio en la historia de la humanidad, contra la invasión, contra la conquista, contra el despojo de nuestras tierras y territorios, contra el exterminio de nuestras instituciones, lenguas, cultura y tradiciones; es decir, contra la muerte que el capitalismo global produjo y sigue produciendo.

 

Junto con la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida declaramos que la guerra que enfrentamos los pueblos, comunidades, barrios, colonias, tribus y naciones en todo el territorio nacional, es desarrollada y sistematizada por Andrés Manuel López Obrador, “Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas” y titular del Ejecutivo Federal, para garantizar y salvaguardar los intereses del gran capital y el narco Estado; además, militariza todo el país, como garantía para imponer sus mega proyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que, basados en el colonialismo, el patriarcado, la homogeneización, la imposición, el odio y el miedo, pretenden ordenar y reordenar nuestro territorio. Por tanto, denunciamos que el crimen organizado y grupos paramilitares colaboran sistemáticamente con las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y la policía estatal y municipal, al punto tal en que no podemos ya entenderlos como fenómenos distintos, sino piezas codependientes, músculos y ligamentos del brazo armado del Narco Estado Capitalista.

 

El cerco hacia los pueblos zapatistas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), masacres como la de Acteal, o las ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emilano Zapata y de la comunidad nahua de Santa María Ostula, así como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto a la creciente y continuada violencia hacia las mujeres, o el asesinato de defensores de la tierra, como es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, son señales contundentes de esta guerra.

 

De la mano del Espacio de Coordinación Nacional Contra la Guerra decimos que Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941 homicidios dolosos, 42 mil 935 personas desaparecidas y no localizadas, 69 periodistas y 94 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio. Concluyendo que, en este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad.

 

Ante esta guerra capitalista y patriarcal de las corporaciones mundiales y sus gobiernos contra la humanidad, nos movilizamos para exigir un alto total al cerco militar y paramilitar y la estrategia contrainsurgente dirigidos contra el EZLN y las comunidades zapatistas; y contra los pueblos originarios de México, a traves de la militarización, el militarismo, la paramilitarización, el crimen organizado o los mal llamados planes de justicia indígenas que el indigenismo oficial impulsa; nos organizamos para frenar esta guerra que se vertebra por medio del despojo y la explotación crecientes que implican el saqueo del agua, la extracción y distribución de hidrocarburos, la minería y los megaproyectos de infraestructura encaminados al ordenamiento salvaje de las poblaciones, de las fronteras y de los territorios de nuestros pueblos.

 

Por todo lo anterior, como acuerdo de la Reunión Ampliada de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI-CIG, llamamos a los pueblos de México y del mundo que resisten contra la muerte y el olvido y a las organizaciones sociales, civiles y políticas, así como a las mujeres y hombres de buen corazón, para que junt@s alcemos la voz contra la guerra en México y en el mundo, contra la guerra hacia los pueblos zapatistas y los pueblos originarios de México y, en consecuencia, les CONVOCAMOS para que según sus tiempos, modos, calendarios y geografías:

 

EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2023, LLEVEMOS A CABO UNA:

 

ACCIÓN GLOBAL POR EL ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO

 

Y nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales; en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar, del crimen organizado y de las corporaciones capitalistas y en defensa de la vida, registrando la actividad al correo cnicomunicacion@gmail.com. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer y planear en colectivo una JORNADA NACIONAL E INTERNACIONAL DE ACCIONES DISLOCADAS, así como nuestra participación en el TERCER ANIVERSARIO DE LA TOMA DEL EDIFICIO DEL INPI (hoy Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes) por parte de la Comunidad Indígena Otomí en la Ciudad de México y una MOVILIZACIÓN CENTRAL EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS EN MÉXICO SE LLAMA NARCOESTADO CAPITALISTA.

 

A 531 AÑOS DE GUERRA SEGUIMOS RESISTIENDO. 27 AÑOS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA.

 

 ATENTAMENTE

¡Nunca más un México sin Nosotros!

¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Jornada de carteo por la libertad de los presos políticos en Chiapas

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Las jornadas de carteo a personas presas son acciones que grupos de acompañantes anti carcelarios realizan para romper el aislamiento y darles rostro a quienes se encuentran privadas de su libertad por parte del Estado.
 
En México, pese a que se tiene derecho a la comunicación con el exterior, y a que hay recomendaciones al respecto, hay dificultades para la entrega de las cartas. Sin embargo, como acto de solidaridad y sensibilización de sus casos es efectiva, además de que se suman sus familiares para la reivindicación solidaria.
 
Esta acción se va a realizar el próximo 27 de septiembre en el Paliacate espacio Cultural -Calle 5 de mayo #20, Colonia Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas-, en donde en conjunto con actividades culturales se venderán también materiales para ayudar a la autogestión, además de que estarán presentes familiares para que vendan sus productos y vender artesanías de los compañeros presos.   
 
Hacemos un llamado para que a partir del 18 de septiembre compañeras solidarias de todas las geografías rebeldes lleven a cabo una acción de carteo masivo que haremos llegar a los compas presos en resistencia en distintos Centro Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Chiapas:
 
a) Manuel Gómez Vázquez, preso desde diciembre de 2020. Joven maya tseltal, Base de Apoyo del EZLN, acusado de un delito que no cometió a base de fabricación de pruebas, tortura, además desaparecido forzadamente  y procesado penalmente en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena.
 
b) Los 5 de San Juan Cancuc -Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco- privados de su libertad desde mayo de 2022. Han resistido a la imposición de proyectos de infraestructura carretera y la militarización de su territorio. Se les fabricaron pruebas y fueron condenados por homicidio calificado.
 
c) José Díaz, indígena Ch’ol y campesino, Base de Apoyo del EZLN, detenido arbitrariamente con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por parte de elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva. 
Manda tus cartas al correo: noestamostodxs@riseup.net
 
Guía básica para carteo a compas presxs: 
 
– Nombre. Utilizar un pseudónimo para salvaguardar identidad, de no ser así esta en la libertad de dar su verdadero nombre, o el nombre de nuestrx coletivx u organización.
– El contenido de las cartas depende de quién sea nuestro interlocutor, en una primera carta es importante que nos presentemos.
-También es esencial contarles un poco quiénes somos.
– Utilizar letra clara posible, discurso sea breve y sencillo.
– Informarnos lo más posible de quien es la persona presa a cartear.  
– No hacer promesas, ni intentar enamorarles, esto último es especialmente cruel, puesto que son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
– Lo más importante es mostrar empatía y solidaridad; las personas presas sufren de un aislamiento provocado por el Estado a conciencia, que puede destruirles a muchos niveles.

Jornada de Carteo en el Paliacate, SCLC, Chiapas

radio
cafe-libertad.de

(Español) Gira europea del CNI y el Frayba: Por un Clima de Rebeldía … Defendamos las comunidades indígenas y la lucha

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En México se lleva a cabo una guerra no visibilizada en contra de los Indígenas.
Las comunidades autónomas zapatistas en Chiapas están siendo atacadas por grupos paramilitares que les disparan y los cercan, les destruyen sus Milpas y sus casas y les cortan el agua
El Gobierno deja actuar libremente a los grupos armados y promulga supuestas reformas sociales que destruyen la tierra comunal y a través de las cuales se promueve el robo de la tierra a mano armada.
El Gobierno mexicano niega la guerra en Chiapas e intenta presentarla como un conflicto entre Indígenas. Todo lo anterior es para nosotros un motivo para invitar a la Delegación del Congreso Nacional Indígena, CNI, a una concentración solidaría.

Durante la concentración que se llevará a cabo de las 4:00 a las 5:30 pm, en el marco de la fiesta Schanzenfest, unos Compas van a hablar sobre la situación en sus territorios, sobre sus luchas, sobre la violación a los derechos humanos y sobre la guerra en Chiapas.

La concentración es parte del programa de la Tribuna principal. Las participaciones se van a traducir al alemán.
La vista de la Delegación en la fiesta Schanzenfest es el comienzo y al mismo tiempo, parte de un viaje por la Europa insumisa durante el cual se quiere sacar a la luz publica la guerra en contra los pueblos indígenas. Nosotros apoyamos y con la concentración enviamos al mundo una muestra de solidaridad.

Los Zapatistas así como otras muchas comunidades indígenas en México, se encuentran desde 1994 en lucha y en resistencia por su autonomía y por su auto-organización. Ellas fueron y son una inspiración para el movimiento critico a la globalización en todo el mundo. Los cimientos de la autonomía y de la resistencia de las bases de los movimientos sociales los combaten cuando se dispara a las escuelas, cuando prende fuego a las Milpas, cuando los Zapatistas son secuestrados, asesinados o heridos de gravedad.

La visita de la Delegación a la Fiesta Schanzenfest es parte del comienzo de un viaje por Europa durante el cual los niveles de violencia así como la guerra que no ha sido visibilizada, se pondrán a la luz pública.
Nosotros queremos apoyar esto y con la concentración queremos envías una muestra de una solidaridad fuerte a todo el mundo.

Lxs Zapatistas no están solos!
Mientras las consecuencias del cambio climático, ocasionadas por el hombre, son visibilizadas y claras en todos lados, muchas personas en todo el mundo se encuentran en resistencia contra Megaproyectos, los ataques a ambientalistas aumentan. En el año 2020 hubo en México 30 ataques mortales a ambientalistas, la mitad de ellos eran indígenas.
Esto no es una casualidad. México es uno de los países con la mayor cantidad de licencias a consorcios nacionales y transnacionales para la minería. Los cuales son de manera directa o indirecta responsables por el asesinato a ambientalistas. A través de pagar a asesinos a sueldo o por medio de poner armas a disposición de grupos de seguridad privada se ahuyenta a les ambientalistas para de esta manera romper la resistencia en las comunidades afectadas.

Las y los Indígenas están en estos momentos en la primera línea de las luchas sociales en tiempos del cambio climático en todo el Sur global. Elles están siendo afectadas por el robo de sus tierras, el cual es impulsado por la continuidad del colonialismo, por la corrupción y por los intereses económicos, por el del aniquilamiento del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales a través un capitalismo sin límites. Recursos Naturales que en realidad les perteneces sólo a elles, como el agua, las selvas y los bosques están siendo privatizados y saqueados.

Las comunidades indígenas en resistencia aportan mucho conocimiento y experiencia, pero no son escuchadas. En el Norte global, en las mesas redondas de los expertos en la política oficial o en el capitalismo verde no se encuentran las soluciones para la contención del cambio climático ocasionado por el hombre, sino en la organización desde abajo y en el empoderamiento de todes nosotres como actores.

Nosotros estamos cansados de escuchar las mismas explicaciones y las mismas discusiones de van de acuerdo a la circunstancia política, para determinar cuántos grados no se han cumplido dentro de los objetivos climáticos, por qué se afirma que el crucero supuestamente está lleno y por qué una vida mejor no es económicamente posible dada la situación actual. Nosotros mejor escuchamos a las y los que se encuentran en resistencia, a los que luchan por otras realidades.

Las luchas climáticas son luchas sociales con alcance global

Mientras en Alemania se prometen cada vez más respuestas a la crisis climática provenientes del “capitalismo verde” y de la “apertura tecnológica”, otras regiones del mundo sufren las consecuencias de estas estrategias. Las materias primas y los recursos naturales provenientes del Sur global se siguen aprovechando y utilizando para la producción y venta de productos y mercancías. El sistema capitalista no se pone en tela de juicio mas bien se defiende y se fomenta su desarrollo a través del uso de la violencia.

Consorcios alemanes y europeos presentan una imagen verde, mientras tanto en México los sindicalistas de izquierda, ambientalistas, periodistas críticos son asesinados, mientras como en el caso del Tren Maya en Yucatán, México, en cooperación con el Deutsche Bahn, deja una vereda de devastación por la selva para que la región sea integrada al turismo y para que los recursos naturales sean saqueados.

La imposición de Megaproyectos y la debilitación provocada a la resistencia de las bases son parte de la guerra contra los indígenas en México. Las causas y la raíz del conflicto llegan hasta el día de hoy al puerto de Hamburgo como Ciudad Puertearía y como torniquete para mercancías, maquinaría y armas.

Derribar la continuidad colonial de sus pedestales

Hace exactamente 140 años la Cámara de Comercio de Hamburgo se acercó al que fuera el Canciller del Imperio Bismarck, pidiéndole el favor de poner el patrimonio de los comerciantes alemanes bajo la protección de Imperio alemán de manera oficial. Un año más tarde nació el imperio colonial. En honor y como agradecimiento a la protección colonial se edificó el monumento a Bismarck en el barrio de St.Pauli.
El que la historia y el crimen del colonialismo, como una atracción marítima, se siga reconociendo, se puso de manifiesto cuando en julio de 2023, en el día luctuoso de Bismarck se restaurara el monumento, lo que tuvo un costo de 10 millones de euros. Este acontecimiento describe no sólo la negación a reconocer los crimines del colonialismo alemán y de trabajarlo desde una perspectiva critica, sino que es parte de la actualidad para aferrarse a las injusticias postcoloniales del comercio global.

Mientras que las fronteras estatales en el marco de la globalización se abren a los mercados y a las mercancías, las personas son sometidas a regímenes cada vez más autoritarios.
Desde 2014, 25.000 personas han perdido la vida o no han sido localizadas en el mar mediterráneo. A pesar de todo, el salvavidas marítimo es criminalizado y limitado en su trabajo por leyes cada vez más restrictivas, como con el Tratado GRAS/CEAS.

Las muertes de Refugiados en el mar mediterráneo se han vuelto parte de la cotidianidad en beneficio de la ganancia máxima para Europa. El Derecho de Asilo lo hacen cada vez
mas restrictivo y va de acuerdo con la voluntad política y en beneficio de multitudes destinadas al mercado laboral barato.

Los intereses utilitarios son los que deciden qué es Humanidad, Justicia y Prudencia, son los que deducen cuáles son los últimos nichos de bosques tropicales de la periferia o de la Metrópoli y son los que regulan nuestra vida en comunidad , nuestros deseos y nuestro comercio.

Alto CEAS – not people!

En Europa es necesario repudiar las economías privilegiadas y el empoderamiento, sabotear el funcionamiento normal de un mundo que convierte a las personas en consumidores y productores. En cabio debemos unirnos, organizarnos en la vida cotidiana y aprender de diversas experiencias.
Porque una cosa es segura: así como está todo, no es una alternativa. No nos vemos parte de los supuestos acuerdos y certezas imperantes en defensa de una historia y un presente de explotación global que ha sido escrita por muchos durante demasiado tiempo. Estamos del lado de los pueblos indígenas en resistencia y de todos aquellos que luchan contra las condiciones actuales; que intentan saltar las fronteras y tratar de reimaginar su futuro en lugar de adherirse a leyes y reglas que destruyen este futuro y exacerban y cimientan las injusticias sociales.

¡Otro mundo es posible!

Por las luchas sociales contra los Megaproyectos y la Hidra del capitalismo global!
Alto a la guerra contra los Zapatistas!
Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas!

Más información en https://schanzenfest.blackblogs.org
Flyer en formato pdf: https://schanzenfest.blackblogs.org/wp-content/uploads/sites/2247/2023/07/Zapatista-Solidarity-Kundgebung-09092023.pdf

radio
redtdt.org.mx

(Español) Riesgos a la población de la Región Frontera de Chiapas ante la omisión estatal

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Llamamos a asegurar la vida e integridad frente al control de grupos criminales

A más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región.

Desde el 7 de julio de 2021, después del asesinato en la capital del estado de Chiapas de una persona vinculada a uno de los grupos criminales, iniciaron los enfrentamientos en diversas regiones. Se tomó paulatinamente el control territorial de la región frontera, particularmente del corredor frontera-centro[1].

Las amenazas, extorsiones, secuestros, la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, la cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, de transportistas y comerciantes, se han convertido en constantes y cotidianas.

El enfrentamiento en la comunidad de Lajerío entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, fue equiparable a una “guerra”: detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos “monstruos” blindados. Inició la mañana del 23 de mayo, después de la desaparición de autoridades ejidales un día antes; duró alrededor de cuatro días sin intervención alguna del Estado, y fue hasta el 30 de mayo que hubo presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en la zona.

Estos hechos provocaron que alrededor de 3,500 personas se desplazaran forzadamente de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, su seguridad e integridad personal. En este contexto también ocurrió la muerte de un adolescente de 14 años por una bala perdida que entró por el techo de lámina de su domicilio. Además, la interrupción de la vida cotidiana de la población con el cierre intermitente de escuelas, comercios y de los servicios de salud y de transporte, ha implicado daños al patrimonio y medios de vida de las familias, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria e impactando profundamente en la salud física y mental de las personas, que viven en constante temor de nuevas agresiones.

Después de los enfrentamientos, los grupos criminales limpiaron evidencias y levantaron casquillos, armas y cuerpos de personas heridas y sin vida. Hasta después de estos sucesos, alrededor de 1, 500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército mexicano y Policía Estatal llegaron al territorio. Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan.

Posterior a la guerra de los 4 días, se ha expandido este conflicto hacia comunidades y ejidos de otros municipios, como Chicomuselo y La Trinitaria, en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos.

En las últimas semanas se han presentado bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en los municipios de Chicomuselo y Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región. Todo esto no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región así como la responsabilidad del gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas.

La población, que se encuentra en medio de la violencia desde hace más de 2 años, actualmente vive secuestrada por los grupos delincuenciales: la circulación de personas y vehículos está controlada a través de retenes y bloqueos que se colocan en los caminos; hombres adolescentes, desde los 13 años, son reclutados para actividades de halconeo (vigilancia y recolección de información); mujeres jóvenes de la localidad y de países centroamericanos son víctimas de trata y explotación sexual. Con la presencia de los grupos delincuenciales se ha incrementado también el narcomenudeo y el consumo de drogas entre jóvenes; sin programas ni espacios educativos, recreativos o deportivos, las “opciones” son desplazarse o incorporarse forzadamente a las actividades ilícitas.

Existe un intento de total sometimiento y silenciamiento de la población, la cual está constantemente amenazada, en medio de la complicidad de autoridades municipales, ante las que no se tiene confianza para pedir apoyo y denunciar.

Desde la llegada de las Fuerzas Armadas al lugar, no existe certeza de su función ante el contexto. La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno. Este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población.

Nos preocupan de manera particular las afectaciones que la violencia está provocando en los medios de vida de la población y en el ciclo campesino en la región, así como la obstaculización constante del comercio y transporte de productos básicos, lo que pone en riesgo el derecho a la alimentación a corto y mediano plazo, agudizando la violencia económica, lo que se suma a las causas estructurales de desplazamiento forzado de la población. Derivado del incremento exponencial de la violencia en la región, la migración de la población, que constituye una forma paulatina de desplazamiento, se ha venido desatando aun con mayor fuerza, pues ya no hay condiciones para la vida en esos territorios.

Existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal. El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Por ello exigimos al Gobierno mexicano:

  • Una investigación imparcial y profunda por parte de la Fiscalía General del Estado, así como de la Fiscalía General de la República sobre los hechos de “la guerra de los 4 días” en el municipio de Frontera Comalapa, así como de los mecanismos de control poblacional y del territorio de la Región Frontera por parte de estos grupos de delincuencia organizada, que desde el 2021 mantienen amenazada y sometida a su población.
  • El cese de la estigmatización y criminalización de la población que se encuentra en medio de la violencia en condiciones de sobrevivencia, reconociéndoles su estatus de víctimas.
  • Una ruta y estrategia integral urgente hacia la pacificación real y sostenida de estos territorios, que garantice la seguridad y el bienestar de la población a corto, mediano y largo plazo.
  • Que desde los tres niveles de gobierno se activen mecanismos de ayuda humanitaria para atender las necesidades alimentarias, sanitarias y de salud mental de las personas afectadas que han sufrido daños y/o pérdidas de sus medios de vida.
  • Que los Gobiernos federal y estatal impulsen procesos para reconstruir el tejido social, en lógica de paz, reconciliación y diálogo, para proteger a las comunidades que están resistiendo a la violencia de la delincuencia organizada en sus territorios, tanto en el municipio de Frontera Comalapa, como en los demás municipios que sufren esta misma realidad en el estado de Chiapas.
  • Que se garantice la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general en Chiapas, y particularmente en la Región Frontera.

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género

Guatemala – México (MTMG)

Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS)

 Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja


[1] Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán de Domínguez son vías utilizadas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica.

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