Los días 13 a 19 de abril de 2025, el EZLN organizó el Encuentro (Rebel y Revel) Arte, realizado en el Caracol Jacinto Canek y en el Cideci / Universidad de la Tierra Chiapas. El eveto es parte de una serie de encuentros con el fin de reflexionar sobre la crisis civilizatoria que atravesamos, imaginar otra humanidad posible y caminar de forma conciente y colectiva rumbo al “día después”. Aquí compartimos algunas de las presentaciones a lo largo de los 7 días del encuentro.
por Violeta Santiago y René Valencia / Quinto Elemento Lab
Diseño de portada: Omar Bobadilla
La gran promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue luchar contra la corrupción. Combatirla no solo era un deber moral, sino una manera de salvar recursos y estirar el presupuesto.
La cruzada de AMLO contra la corrupción gubernamental no tardó en posar los ojos sobre las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), como define el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las compañías sin la capacidad material o personal para realizar actividades. Factureras, empresas fachada o fantasma son otras formas de nombrarlas.
El entonces presidente propuso tipificar como delito grave la constitución de empresas fantasma o la elaboración de facturas falsas, cuyo uso masificado, llegó a señalar, era culpa de las administraciones pasadas. Las referencias encontraron un lugar en sus declaraciones matutinas: “El mal ejemplo acerca de las facturas falsas lo daba el mismo gobierno”, dijo sobre el fenómeno, al que comparó en gravedad con el crimen organizado, lo llamó “plaga” y refirió que “creció en los últimos años como hongos después de la lluvia”.
“Pero eso se termina”, aseguró en su sexenio.En sus conferencias matutinas el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en varias ocasiones a las empresas fantasma y las facturas falsas, pero como hechos que ocurrían en administraciones pasadas . Diseño: Omar Bobadilla
Sin embargo, no ocurrió así. Esta investigación revela que en el sexenio pasado se contrató a empresas inexistentes y se repitieron las irregularidades administrativas de los gobiernos del pasado. En muchos casos eran compañías que habían recibido contratos en administraciones anteriores.
Entre 2018 y 2022, la administración lopezobradorista asignó 87 contratos a 34 proveedores fantasma por 182.8 millones de pesos (mdp), a través de 23 dependencias federales, cinco universidades, cuatro oficinas estatales y un ayuntamiento en Tabasco. Lo que equivale a 100 mil pesos diarios otorgados a EFOS en los primeros cinco años de su mandato.
Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México cruzaron el listado de EFOS definitivas al 31 de enero de 2023 con los contratos de CompraNet realizados entre 2002 y 2022. El análisis de esta base de datos permitió identificar a las empresas fachada contratadas por la pasada administración.
Como el SAT actualiza este registro periódicamente, es posible que en archivos más recientes haya empresas que no se consideraron en la investigación, así como EFOS definitivas contabilizadas aquí, que podrían haber quedado excluidas de los nuevos listados.
La revisión de los 87 contratos con empresas fantasma –definitivas hasta el corte de enero de 2023– evidenció que en el sexenio de AMLO se mantuvieron prácticas del pasado en las adquisiciones con factureras, como compras de excepción, ocultamiento de contratos o facturas, pagos a proveedores que confirmaron tener escasos trabajadores, carencia de constancias fiscales y de seguridad social, pruebas de cumplimiento únicamente documentales y contratación de empresas multiusos.
Además de posibles sobrecostos o pérdida de recursos, las consecuencias fueron más allá: se abandonó la construcción de carreteras y algunos hospitales sufrieron desabasto de equipo médico especializado. Todo esto mientras el gobierno lopezobradorista emprendía una persecución penal contra las factureras, a la vez que detectaba menos EFOS que sus antecesores.
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Domicilios inexistentes y EFOS del pasado
En una tarde de mayo de 2024, sobre la calle Vicente Suárez, en la ciudad de Puebla, de una antigua casa de clase media con un despacho en la planta baja sale una mujer mayor. Se asombra al escuchar la pregunta de si conoce a Medical & Technical Books, una EFOS que se dedicaba a la venta de libros y publicaciones especializadas. Desde un balcón del segundo piso, adornado con macetas y figuras religiosas, un hombre —también de apariencia mayor— responde que la firma estuvo ahí hace unos cinco años.
Los casos de compañías que dan domicilios inexistentes o en viviendas se repiten en otras partes del país.
Para poder emitir facturas, toda empresa debe registrar un domicilio. Pero muchos de los reportados por las 34 factureras contratadas en el gobierno de AMLO corresponden a casas o locales con pocas señales de que ahí opere alguna compañía.
Este tipo de direcciones son una alerta, advierte Denise Tron, de la organización Justicia Justa, pues el “domicilio fiscal no puede ser la casa de uno de los socios o del representante legal, o un domicilio que dio un prestanombres, está regulado en el Código Fiscal de la Federación”.
“Estos domicilios son un problema relacionado con la materialidad porque implican que no tienen las condiciones básicas de infraestructura física, de mobiliario o de elementos tecnológicos para operar y cumplir con la actividad que supuestamente realizan”, agrega Natalia Campos, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Cookout Party
A las direcciones irregulares se suma el hecho de que, mientras 13 proveedores fantasma se estrenaron como contratistas con AMLO —destacan Cookout Party, Servicios de Limpieza Ecoclorx, Estructuras Arquitectónicas Tholoi, Cubso Construcciones y Productos Mobeqt por haberse constituido en 2018, la mayoría entre noviembre y diciembre—, 21 EFOS eran viejas conocidas de los sexenios de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón, e incluso un par recibió contratos en tiempos de Fox.
Por ejemplo, Construcción Instrumentación y Servicios, compañía imposible de localizar en su domicilio de Agua Prieta, Sonora, y que recibió 92.7 millones de pesos en el periodo de López Obrador para ampliar una carretera en ese estado —que dejó abandonada—, en los sexenios de Calderón y Peña se encargó de pavimentaciones y obras hospitalarias por 11.2 millones de pesos.
López Obrador incluso llegó a exhibir a Peña Nieto, su antecesor, por el uso indebido de facturas falsas, “esas que ahora estamos prohibiendo”. Sin embargo, en su sexenio se mantuvieron tratos con empresas fantasma heredadas del peñanietismo, como Interacción Biomédica o Credimosa.
Fundada en 2012 en un domicilio ubicado junto a las oficinas administrativas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Toluca, Interacción Biomédica pasó a la historia como la empresa fantasma que más dinero público ha obtenido del área de salud.
De acuerdo con un informe elaborado por la organización Impunidad Cero, hasta 2019 la firma facturó a gobiernos de todos los niveles más de mil 600 millones de pesos, la mayor parte con el sistema de salud del Estado de México. Y en el sexenio pasado recibió contratos que sumaron 14.5 millones de pesos.
Mientras que Credimosa —una firma dedicada a la venta de llantas y refacciones que dejó el domicilio que tenía en el edificio donde opera la Fiscalía Regional de Naucalpan para mudarse a un penthouse localizado a 15 minutos a pie de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—, obtuvo con Diconsa y las Fuerzas Armadas en el lopezobradorismo 7 millones de pesos, que se agregaron a los 73.7 millones recibidos en la época priista.
Según contratos y registros de comercio, detrás de la llantera fantasma está Marcelo Óscar Reyes Jiménez, subdirector de Recursos Materiales del DIF de la Ciudad de México en el gobierno de Marcelo Ebrard. La empresa también proveyó de llantas a dependencias capitalinas desde la gestión de Miguel Ángel Mancera hasta la de Claudia Sheinbaum.
En respuesta a esta investigación la Semar dijo que el procedimiento de contratación de Credimosa se apegó a los lineamientos de CompraNet y que la entrega de los bienes se acreditó mediante actas de entrega-recepción. Reyes y Credimosa respondieron a la consulta de este equipo periodístico.
Fantasmas que no desaparecen
Desde el punto de vista de especialistas consultados, que la cantidad de EFOS contratadas en el sexenio pasado parezca baja se debe a que muchas factureras posiblemente aún no han sido detectadas por la autoridad fiscal.
“El SAT dejó de ejercer esta facultad de poder investigar si los contribuyentes realmente realizaban las operaciones o solo las simulaban”, explica la especialista fiscal Denise Tron. “No es que haya menos empresas fantasma, es que hay menos empresas dentro del listado. Y pues no, no tenemos un dato del número que existe en la realidad”.
Para Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la falla en la detección de factureras también refleja la poca confianza en las autoridades, pues dice que hay un déficit de las denuncias ciudadanas que les permiten enterarse de que “había alguien que estaba haciendo tratos con una EFOS”.
Diseño: Omar Bobadilla
No es posible precisar si la caída en la detección de EFOS es porque ya no existen este tipo de compañías o porque no se les están identificando, pero los expertos coinciden en que se trata de la segunda razón. El mismo planteamiento y otros hallazgos de esta investigación se presentaron al SAT para conocer su posicionamiento, pero la autoridad fiscal no entregó una respuesta.
Y mientras la inhabilitación de empresas fantasma se desplomaba, las EFOS también encontraban la manera de sortear las resoluciones del SAT.
Esta investigación encontró que tres de las 34 empresas fantasma que contrataron en el periodo de AMLO incluidas en la base de datos al corte de enero de 2023, actualmente se encuentran fuera del listado vigente de definitivas y aparecen en un registro público del SAT denominado de “sentencia favorable”, el más reciente, con fecha de actualización del 5 de febrero de 2025.
Una de ellas es Limpieza y Mantenimiento Xielsa. En el gobierno lopezobradorista obtuvo contratos que sumaron 19.8 millones de pesos por servicios de limpieza, adicionales a los 25.8 millones que recibió en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
De los servicios contratados en el sexenio de AMLO por los Centros de Integración Juvenil y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez las pruebas de los servicios son una relación de fechas escritas a mano e información testada.
Imagen: Centros de Integración Juvenil, respuesta de Transparencia
En una condición similar está Proyectos y Construcciones Roxi, empresa oaxaqueña invitada en 2019 directamente por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a la licitación de la rehabilitación de la Casa del Comedor de la Niñez Indígena “Josefa Ortiz de Domínguez” en Agua de Niño, localidad perteneciente a San Lucas Zoquiápam, uno de los 100 municipios con mayor rezago social en el país.
La obra consistía en una fosa séptica, una cisterna, cercados y el comedor —junto con la instalación eléctrica, y el levantamiento de muros y encimeras—. La justificación del instituto era que la empresa tenía tres contratos similares en CompraNet.
Según dijo la dependencia en respuesta a este reportaje, en el proceso de contratación “no se encontraron irregularidades por parte de la empresa” y cuando se le contrató entregó una Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, es decir, no era EFOS definitiva. Quinto Elemento Lab obtuvo por Transparencia el expediente de contratación con la investigación de mercado, la convocatoria, una guía técnica con especificaciones, el contrato y los comprobantes de pago. Por esa misma vía el INPI no entregó pruebas de la realización de la obra porque negó que hubiera tratos con la constructora.
La dependencia inicialmente negó que existieran contratos con Proyectos y Construcciones Roxi. Tiempo después se retractó. Imagen: INPI, respuesta de Transparencia.
Sin embargo, los documentos confirmaron que en cinco ocasiones el instituto depositó o expidió cheques por un total de 4 millones 595 mil 478 pesos. El último pago fue de 421 mil pesos y se realizó en agosto de 2021, un año ocho meses después de la fecha en la que debía concluirse la obra y a nombre de otra empresa oaxaqueña. Para entonces el SAT ya había incluido a Proyectos y Construcciones Roxi en su lista de EFOS definitivas por ausencia de activos y personal, falta de infraestructura e incapacidad material.
Antes de publicar esta investigación, por correo electrónico el INPI reconoció que el contrato existía y que la obra se realizó, pero sobre todo destacó que la empresa había salido del listado de EFOS definitivas.
Render de cómo debería quedar el proyecto que el INPI encargó a Proyectos y Construcciones Roxi. Imagen: INPI, respuestas por TransparenciaFotografías de la obra realizada. Imagen: INPI, respuestas por correo electrónico.
Tanto Limpieza y Mantenimiento Xielsa como Proyectos y Construcciones Roxi se encontraban en calidad de EFOS definitivas cuando se realizó el análisis para esta serie de reportajes. Se buscó a ambas compañías sin recibir una contestación.
Estas firmas salieron del listado de definitivas luego de interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las razones por las que una empresa le “gana” al SAT, dicen especialistas consultados, pueden ser varias: desde acreditar que sí realizó las operaciones facturadas hasta errores en el procedimiento, en los plazos de notificaciones, de alguna firma o cómo se realizó la visita del SAT, por ejemplo.
Si bien la resolución por la que se les declaró definitivas se invalida, para el SAT no significa que la empresa se libere de la responsabilidad de haber emitido facturas “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual, se dejan a salvo las facultades de la autoridad fiscal”, advierte el órgano.
Irregularidades de origen
Cuando López Obrador inició su mandato, el Gobierno federal llevaba al menos cuatro años detectando e inmovilizando EFOS. En 2018 ya se conocían tramas de corrupción gubernamental que las involucraban y se habían revelado algunas de sus características, así como de las constantes irregularidades bajo las que eran contratadas.
La asignación de contratos por adjudicación directa y por invitación restringida (cuando los proveedores que participan son convocados por la dependencia) son considerados procesos de excepción por las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, permitidos únicamente cuando se trata de compras muy especializadas o de seguridad nacional.
El procedimiento legal consiste en que, por lo general, las contrataciones ocurren mediante licitaciones, concursos públicos en los que cualquier compañía presenta una propuesta y el contratante elige a la mejor en calidad y precio.
No obstante, el 78.2 por ciento de los contratos a empresas fantasma en el sexenio pasado se entregaron mediante procedimientos de excepción, una proporción casi igual que con Peña Nieto y mayor que con Calderón. Solo 19 convenios se hicieron por licitación pública, pero que los ganaran EFOS hace sospechar de procedimientos con irregularidades, opinan las especialistas entrevistadas.
“El gobierno, cuando da esas licitaciones, esos concursos, realmente son como para decir: sí, cualquier empresa puede concursar. Pero no, realmente ya están otorgadas”, señala Tron, de Justicia Justa.
“Lo que le interesa a quienes permitieron que ocurriera esta contratación es que (…) siga siendo proveedor del Estado”, concuerda Pérez, del SNA. “Para que esto ocurra, una autoridad es responsable”.
Infraestructura en Construcción, una empresa veracruzana que obtuvo más de 124 millones de pesos en la época de Peña Nieto y que también había trabajado con el gobernador Javier Duarte, ganó en 2019 un contrato de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tras simular una competencia con otra compañía con la que compartía socios y pese a carecer del personal especializado requerido por la convocatoria. Ya había sido inmovilizada por el SAT cuando firmó el convenio.
Casi una tercera parte de los tratos con EFOS en el sexenio de López Obrador se otorgaron cuando estas empresas ya habían sido catalogadas como definitivas o mientras estaban bajo investigación del SAT como presuntas factureras, y exhibidas también en un listado público. De entre la decena de dependencias que las contrataron destacan la SICT, el ISSSTE, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Al mismo tiempo, sobre aquellas firmas que todavía no eran sancionadas por la autoridad fiscal había sospechas que se asomaban en los procesos de contratación, pero pasaron desapercibidas para los funcionarios, por ejemplo, durante la revisión de las constancias de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social del IMSS, y de Obligaciones Fiscales del SAT, útiles para advertir si las compañías tienen su situación laboral y fiscal en regla.
Quinto Elemento Lab requirió por Transparencia ambos documentos en los 87 contratos. Solo de la mitad se localizaron constancias positivas del SAT y, en apenas siete casos, las dependencias entregaron el documento de seguridad social, que las empresas estaban obligadas a proporcionar por ley.
Según estos documentos, Credimosa, con solo dos empleados, llegó a venderle al gobierno millones de pesos en refacciones y llantas. Mientras que la empresa Electro Riegos, con un trabajador registrado, fue contratada por 2.6 millones de pesos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para trabajos de rehabilitación de válvulas de emergencia y del tablero de control, así como para la compactación y repavimentación de una superficie de 4 mil 500 metros cuadrados en la presa José López Portillo en Sinaloa.
Electro Riegos quedó inhabilitada por el SAT el mismo día que inició su contrato en agosto de 2019, pero sus dos socios continuaron como contratistas de la Conagua mediante Estudios y Proyectos del Campo, compañía de giro similar, a la que en 2022 y 2023 la dependencia calificó de “empresa confiable” e incluyó en el padrón de un programa de devolución de pagos por suministro de agua en distritos de riego.
En el caso de Interacción Biomédica, la facturera mexiquense que firmó contratos con el IMSS y el ISSSTE para proveer material de curación, insumos y equipo médico, según la constancia de seguridad social resultó tener apenas nueve trabajadores.
Los entes públicos tienen forma de conocer el número de empleados de la empresa contratista. Una cantidad incongruente de trabajadores para las actividades a realizar puede advertir que se trata de una EFOS. Imagen: Respuestas de Transparencia
Entre las irregularidades también resaltan las compañías con múltiples actividades empresariales y las que se constituyeron bajo un objeto distinto al rubro para el que eran contratadas.
En 2019, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Progreso, la terminal marítima más importante de la costa yucateca, adjudicó dos contratos a Servicios Profesionales BSB para trabajos de configuración y reparación de sensores para el control del acceso vehicular, así como servicios de desmontaje de torres e instalación de cámaras y radios.
BSB ya estaba bajo sospecha del SAT, porque según su objeto social —descrito en su acta constitutiva— se dedicaba a asesorías corporativas, venta de bienes y maquinaria, y cobranza, entre muchas otras cosas, que no incluían servicios de electrónica o informática.
La Asipona Progreso no presentó convenios ni pruebas del trabajo de BSB, a pesar de las solicitudes de información, pero sí entregó comprobantes de pago y facturas. En estas figura el domicilio que reportó la empresa: el 221 de la calle 13 de la colonia Chuburná, en Mérida, una casa que entre 2018 y 2019 exhibía un letrero con el logotipo de BSB y de otra compañía con la que compartía el inmueble, pero que actualmente ya no está señalizada.
Y hay muchos otros casos.
La hidalguense Comercializadora Hisor fue contratada con recursos federales para construir un distribuidor vial en Pachuca, pero igual fue requerida por la delegación de Puebla del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que le proveyera insumos de papelería.
Alyfranz recibió tres contratos por adjudicación directa de la Delegación Regional Zona Sur de la Ciudad de México del ISSSTE, lo mismo para suministrar alcohol de curación, termos sublimados, tazas y vasos conmemorativos, que fólderes, opalinas, cintas de colores con pegamento y hasta líquidos para la prueba de Papanicolaou, fundamental para detectar el virus del papiloma humano relacionado con el cáncer cervicouterino.
El ISSSTE, bajo la administración de AMLO, contrató a Perylsa Suministros y Productos del Antequera para adquirir material didáctico para las estancias del Bienestar, además de alcohol, abrelatas, aspas de licuadora, utensilios de cocina y otros enseres para las unidades médicas. La empresa con domicilio en Oaxaca tuvo dos contratos con la delegación de su estado y también fue requerida por el ISSSTE de Puebla para comprarle alcohol.
En el Estado de México, la Universidad Politécnica de Tecámac utilizó recursos federales para comprar equipos de cómputo a HV MN Tecnología México, una empresa capitalina de marketing y publicidad en redes sociales.
Y la Fiscalía General de la República (FGR) adjudicó un contrato a la mexiquense Servicios Empresariales Neo-Net para que le preparara box lunch de emparedados frescos en la delegación del Estado de México, mientras que el Instituto Mexicano del Transporte le dio un contrato para el servicio de su comedor en Ciudad de México, y el Servicio Postal Mexicano la requirió para hacer trabajos de limpieza en Querétaro.
Ninguna de las dependencias o universidades mencionadas contestó los cuestionamientos de Quinto Elemento Lab respecto a estas contrataciones.
Mucha opacidad, poca fiscalización
Hay poca evidencia de que se haya sancionado a quienes cometieron estas irregularidades.
Quinto Elemento Lab envió solicitudes de información a todas las dependencias que contrataron EFOS en el sexenio pasado. De 87 convenios, en 55 no hubo inconformidades, en dos casos se rescindió el contrato, en uno se aplicó una multa, y para el resto no hubo respuesta.
Este reportaje no pudo precisar el esfuerzo gubernamental para sancionar los convenios públicos con empresas fantasma. La FGR no proporcionó información estadística sobre cuántas carpetas de investigación inició por delitos relacionados con la contratación de firmas inexistentes en el sexenio de López Obrador.
En cuanto a las faltas administrativas, la Secretaría de la Función Pública —actualmente, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno— se limitó a sugerir la consulta del listado de servidores públicos sancionados. Pero la revisión no arrojó coincidencias. La dependencia tampoco atendió un cuestionario con el que se buscaba saber, entre otras cosas, si puede medir la incidencia y el tamaño del fenómeno de la contratación pública de EFOS y qué acciones realiza para su combate.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió por Transparencia que, entre 2014 y 2023, inició 2 mil 343 querellas por defraudación fiscal —el delito por el que suele perseguirse a las empresas fantasma, mas no a los funcionarios—, pero únicamente 17 fueron a juicio, en 123 casos no se siguió el proceso, y el resto está en trámite. De los casos llevados ante un juez, solo una sentencia resultó condenatoria.
A la falta de quejas se suma el hecho de que las dependencias no cancelaron contratos o tardaron en hacerlo, pese a la evidente falta de cumplimiento de los proveedores.
En obras carreteras de Veracruz y Sonora, la SICT rescindió contratos con empresas fantasma, pero lo hizo después de la fecha máxima de entrega de la obra y a pesar de que en visitas previas se comprobó que no había avances. En Sonora, la SICT pagó por adelantado 36 millones de pesos, que no ha recuperado.
Y el ISSSTE no canceló contratos con Interacción Biomédica, a pesar de que en respuesta a solicitudes de información admitió que hubo problemas en la atención a pacientes porque la facturera no entregó aparatos y provisiones médicas pactadas en Coahuila.
De las 34 EFOS contratadas en el sexenio de AMLO, las únicas inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública fueron Interacción Biomédica y Limpieza y Mantenimiento Xielsa. Y solo tres compañías fantasma han sido observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por alguno de los convenios revisados por Quinto Elemento Lab. Además, 14 fueron dadas de baja del Registro Nacional de Proveedores del INE —el padrón de empresas que contratan los partidos políticos—.
El único procedimiento administrativo que se encontró donde se menciona a una facturera fue una multa que el INE le impuso a Morena en Jalisco. El partido presentó facturas por servicios que sumaban 1.1 millones de pesos, supuestamente realizados por Cookout Party, que ya había sido boletinada por el SAT.
Cookout Party también fue contratista federal en el sexenio de AMLO con la Secretaría de Bienestar en Nayarit, donde operaba como delegado Manuel Isaac Peraza Segovia. Aunque la dependencia trató de negar la existencia de un contrato de alimentos para el personal, Quinto Elemento Lab lo consiguió vía Transparencia.
La Delegación del Bienestar en Nayarit contrató a una empresa fantasma, que además resultó tener vínculos criminales. Imagen: Secretaría de Bienestar, respuesta de Transparencia
Esta EFOS hacía de todo. Además del contrato con Bienestar, se localizaron convenios que no se celebraron con el Gobierno federal, pero que dan muestra de su versatilidad: en 2019 cobró 56 mil pesos por el brindis y el servicio de meseros para el primer informe de gobierno del municipio de Arandas, Jalisco; un año después, ganó un contrato de la Universidad de Guadalajara (UDG) de medio millón de pesos por armar, empaquetar y entregar kits de bienvenida, y de protección y sanitización personal.
En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) también se indica que fue proveedora de alimentos del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, impartió un seminario de titulación para la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la UDG, y le rentó baños móviles a la Secretaría de Administración del gobierno de Jalisco.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, la empresa jalisciense tenía nexos con un trío de compañías señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense por lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ni los contratantes de Cookout Party ni la compañía proporcionaron una postura a Quinto Elemento Lab.
Empresas fantasma, obras fantasma
Los millones de pesos asignados a contratos con empresas fantasma debieron materializarse en obras, servicios o adquisiciones en 21 estados del país, principalmente en mejoras hidráulicas en Oaxaca, servicios en oficinas federales, equipo e insumos en unidades médicas de Michoacán y Coahuila, y carreteras en Sonora y Veracruz.
Mediante la PNT, Quinto Elemento Lab requirió facturas y documentos probatorios de los 87 convenios firmados con EFOS durante el sexenio de AMLO. Las dependencias confirmaron la existencia de facturas en 60 por ciento de los contratos fantasma, pero sólo del 39 por ciento se entregaron pruebas de cumplimiento, principalmente bitácoras o listas.
Por ejemplo, para demostrar la adquisición de libros y revistas especializados con Medical & Technical Books, una EFOS de Puebla, las universidades de Guanajuato y Autónoma de Yucatán enviaron fotos de los ejemplares, mientras que las universidades Veracruzana y Autónoma de Ciudad Juárez y El Colegio de la Frontera Norte proporcionaron únicamente listas con los títulos.
La Universidad Veracruzana (UV) respondió que estas contrataciones corresponden a libros de ciencias médicas adquiridos en el periodo de la exrectora Sara Ladrón de Guevara. Los contratos eran firmados por funcionarios que dejaron el cargo en 2021: el abogado general de la UV, Alberto Islas Reyes –actual presidente municipal de Xalapa–, Eric Jesús Galindo Mejía, director de Recursos Materiales, y el Secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Spinoso.
De acuerdo con la UV, Medical & Technical Books cumplía los requisitos exigidos en las licitaciones. “Sin embargo, se desconoce si la contrataron por recomendación o indicación”, aclaró la institución.
Distintas universidades del país contrataron libros con una empresa fantasma. Imágenes: UADY, Universidad de Guanajuato, Colef, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UV, respuestas de Transparencia
Un caso muy similar es el del ISSSTE en Coahuila, que mediante comprobantes documentales –como listas de materiales– sostiene que Interacción Biomédica, la facturera más grande del ramo de salud, le entregó equipo médico especializado para apoyo en cirugías, y administrar sangre, alimentos o quimioterapias.
Imagen: ISSSTE, respuesta de Transparencia
Los documentos probatorios de la compra de llantas y filtros de aire adquiridos a Credimosa que la Semar proporcionó por Transparencia son recibos en los que la única garantía de la entrega de las refacciones son las firmas de tenientes, capitanes y contralmirantes, junto con sellos de la Oficialía Mayor y del Almacén General.
Imagen: Secretaría de Marina, respuesta de Transparencia
En cuanto a las obras licitadas por la SICT en Chiapas y Oaxaca, las pruebas son reportes, uno fotográfico, en los que la diferencia entre el “antes” y el “después” es bastante difusa y los nombres de los trabajadores y las firmas fueron cubiertos con rectángulos negros. Sobre dos contratos más, la dependencia ni siquiera entregó escritos probatorios, a pesar de que la Ley de Obras indica que debe hacerse un seguimiento detallado mediante bitácoras.
Imágenes: SICT, respuesta de Transparencia
En algunos casos, hubo pruebas de que se pagaron los contratos, pero no de que se cumplieran. La Conagua admitió haber saldado cuatro facturas a Electro Riegos por trabajos en una presa de Sinaloa, pero no hay constancia de la obra. Diconsa, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) incluso negaron haber tenido tratos con EFOS, aunque existen convocatorias, contratos y comprobantes de pedidos firmados.
Desde su experiencia como fiscalizador de contrataciones públicas, el exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano Dubernard, pone en entredicho la validez de este tipo de pruebas “de papel” por su falta de trazabilidad. “Si tú me dices: ‘Oye, aquí hay unas hojitas de papel ahí con una firma’, esa no es suficiente evidencia”. La trazabilidad, explica en entrevista, es un registro más extenso, que da seguimiento a las diferentes partes de un proceso, desde la solicitud hasta la aplicación de los bienes o la ejecución de la obra.
Pero más allá de la falta de pruebas que amparen la existencia de obras o compras, lo que queda expuesto son las afectaciones a la ciudadanía.
Pobladores de Veracruz y Sonora no cuentan con los caminos que desde hace tiempo esperaban para conectar sus regiones porque la SICT seleccionó empresas fantasma que abandonaron las obras. Y en Coahuila, el resultado de que el ISSSTE contratara a una facturera fue que el Hospital General de Saltillo y media decena de clínicas se quedaron sin equipos especiales para infundir sangre, soluciones o quimioterapias para combatir el cáncer de pulmón, ovario o mama.
Cómo detener a las fantasmas
La ley no es clara respecto a cómo dejar a las factureras fuera de los concursos de contratos públicos.
“Esta figura de empresas fantasma no solo la usan los contribuyentes para pagar menos impuestos, sino que también la han usado y la siguen usando dependencias de gobierno, pero para otra finalidad, que es el desvío de recursos públicos, o sea, robarse el dinero”, expone Denise Tron, de Justicia Justa.
“Requieren tener alguna relación con una autoridad o parte del gobierno que esté colaborando para que puedan obtener contratos”, coincide Vania Pérez, del SNA.
De acuerdo con la especialista de Justicia Justa, el Gobierno federal ha permitido la proliferación de contratos públicos con EFOS desde que, a más de una década de que se creara este concepto como un problema fiscal para el SAT, “en todas las normas que regulan las contrataciones públicas no se ha incluido esta figura de empresas fantasma”.
Aunque Sarahí Salvatierra, de la organización Fundar, reconoce los avances normativos para limitar el uso de EFOS en el país, señala los vacíos legales en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si bien se sanciona como falta grave la contratación indebida, solo aplica cuando las empresas ya están inhabilitadas o impedidas legalmente en el momento de la asignación del contrato.
Hasta la fecha, ninguna ley castiga la contratación de factureras con dinero público. No hay, dice Salvatierra, “una norma o algo que establezca de manera muy concreta que se prohíbe realizar contrataciones con las empresas que son parte del listado que establece el SAT”.
Los delitos de corrupción en los que pueden incurrir los servidores públicos, según el Código Penal Federal, tampoco mencionan de forma explícita a las EFOS. Si se comprueba el pago de contratos por servicios, obras o adquisiciones que no se realizaron –en los que comúnmente intervienen empresas fantasma–, las autoridades investigan los casos como peculado (desvío de recursos).
Una respuesta de la FGR disponible en la PNT indica que, entre 2022 y mayo de 2024, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició mil 957 carpetas por delitos de corrupción, de las cuales 472 fueron por peculado. De todas las investigaciones abiertas, apenas 138 llegaron a un juez. La FGR no quiso informar en cuántas hubo una sentencia condenatoria.
Diseño: Omar Bobadilla
Pérez también destaca que el sexenio lopezobradorista concluyó sin cumplir uno de los grandes pendientes de la administración pública federal: una Ley General de Contrataciones Públicas.
La iniciativa de Ley propuesta por la SNA y organizaciones como Transparencia Mexicana y el IMCO, entre otras, contemplaba la creación de un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas para homologar regulaciones en el país, pues actualmente existen cerca de 111 marcos legales que dictan cómo se deben realizar los procedimientos de contratación.
También mencionaba la necesidad de aumentar las investigaciones de mercado, contar con un plan anual de compras centralizadas y limitar al 30 por ciento del presupuesto la entrega de contratos mediante procesos de excepción. Sin embargo, la iniciativa tampoco apuntaba de forma explícita al tema de la contratación de EFOS.
La propuesta se llevó al Congreso en 2021, pero no avanzó entre los legisladores, confirman dos representantes de las organizaciones promoventes.
“Para el sexenio de Claudia Sheinbaum deberíamos tener una Ley General de Contrataciones Públicas”, insiste Pérez. “Se había prometido en otros sexenios que íbamos a tener herramientas que iban a estar concentradas desde la Función Pública, hoy la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”.
Hasta ahora, las referencias de Sheinbaum a las EFOS han sido mínimas. En su tercer día de gobierno mencionó que mantendría el “combate contra cualquier evasión fiscal” de la mano del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero su comentario no se refirió a los contratos públicos.
Lo que sí ha ocurrido es que, en marzo de 2025, la presidenta envió a la cámara de diputados un par de iniciativas para expedir o reformar leyes sobre adquisiciones y obras públicas. Algunos de los cambios propuestos son la sustitución del sistema CompraNet por una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, incorporar testigos sociales que vigilen las contrataciones y dejar fuera de esta regulación a las Fuerzas Armadas cuando se encarguen de construir obras.
“Es lo más próximo que hemos estado de una Ley General de Contratación Pública”, dice Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
El IMCO analizó las propuestas y encontró que el mayor desafío, aun con la implementación de una plataforma tecnológica, todavía es evitar la contratación de empresas riesgosas como las Efos. “Hasta ahora no se ha logrado terminar con este fenómeno”.
Para las especialistas en temas anticorrupción, fiscales y de rendición de cuentas, la solución es clara: vigilar las contrataciones públicas, identificar a los verdaderos beneficiarios finales de las firmas contratistas y mucha transparencia.
“Que la regla no sea estarle dando contratos a empresas recién creadas o que tienen un historial de corrupción en los gobiernos anteriores”.
COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA DOMINGUEZ
De lo que digo a partir de este momento es solo mi responsabilidad y para ello solo tengo mi palabra. Escribo este comunicado desde mi comunidad, San Pedro y San Pablo Ayutla, recordando que Sandra Dominguez tuvo una doble raíz. El pueblo que la cobijó por parte de su padre fue San Isidro Huayapam Mixe, por parte de su mamá su raíz está aquí, en Ayutla Mixe, donde vivió parte de su infancia. Durante estos meses que han sido eternos, traté de prepararme para el peor escenario y es el que finalmente aconteció, nos arrebataron a Sandra. Quienes lo hicieron, buscaron generar un dolor perpetuo porque en el lenguaje del horror, la muerte ya no les es suficiente, porque la muerte cierra un ciclo y deja certeza, pero el desaparecer a alguien amplifica el dolor a través de la zozobra, arrebata la paz.
La desaparición forzada no existe por casualidad, el Estado a través de la historia ha usado la desaparición forzada como un mensaje político a sus disidentes, ahora el crimen organizado usa la desaparición forzada como una muestra de control y poder, pero esta situaciones no son excluyentes, cuando los intereses del Estado y los intereses del crimen organizado encuentran un enemigo en común sucede lo que ha sucedido con Sandra Dominguez, porque aunque la narrativa oficial gubernamental haya canalizado todo su esfuerzo y recursos a su alcance para imponer una versión que criminaliza al esposo de Sandra,y defender a personajes impresentables como a su funcionario Donato Vargas, lo único que ha hecho es obviar que se protege a quienes fueron señalados por Sandra.
Para que el crimen organizado y las células delincuenciales ejecutaran materialmente la desaparición forzada y el feminicidio de Sandra Dominguez, es porque hay una estructura institucional del gobierno oaxaqueño que facilitó en primera, su instalación, su operatividad y ampliación de actividades criminales en poblaciones donde el gobierno había mantenido a discrecionalidad el estado de sitio que poblaciones como María Lombardo llevan viviendo desde hace años, esto no es nuevo, el avance del crimen organizado hacia la zona Mixe por San Juan Cotzocón es innegable a pesar de que hace años denuncié esa realidad, el gobernador Alejandro Murat lo negó, ahora insistimos con este gobierno de Jara, quienes lo minimizaron nombrándolo como situaciones de violencia orquestadas por grupos generadores de violencia, cuidando de no nombrar lo que es un hecho: que en Oaxaca nos empieza a azotar el CRIMEN ORGANIZADO. Tuvo que desaparecer Sandra para que por primera vez, se atendiera y ejecutaran acciones de desarticulación en pueblos que venían siendo atormentados de hace mucho tiempo por la violencia.
La gente de la cuenca lo sabe, en el mixe bajo, toda la zona lo sabe, lo dicen con miedo, esos matones están protegidos por ministerios públicos, por agentes de investigación, por políticos y operadores políticos de la zona donde precisamente Sandra hacía activismo y era una figura incómoda porque llegó a documentar dichas alianzas y es una información que en su momento tendrá que salir a la luz. Sandra denunció a diversos funcionarios por su participación en grupos virtuales donde se agrede a mujeres indígenas, eso ya lo sabemos, ahí estuvimos hombro a hombro acompañándola. Pero poco se sabe de qué varios de esos funcionarios denunciados tienen vínculos con el crimen organizado que la desapareció precisamente en esa zona. No son dichos hay nombres, apellidos y cargos.
Pero a estas alturas, estamos ante la implementación de una verdad histórica, como sucedió con Ayotzinapa, la prioridad del gobierno oaxaqueño es dejar en claro que ellos no fueron, pero sin embargo, mantienen en el poder a quienes Sandra denunció con evidencias. Previamente dije: Es importante la participación de instancias federales para romper con el conflicto de interés que tiene el gobierno en el caso de la desaparición, afortudamente así fue, pero aún me parece muy lejano que vayamos a conocer la verdad, estoy seguro que las respuestas de lo que cuestionamos, que la verdad que buscamos no llegará pronto, que incluso sea transgeneracional.
No puedo decir tajantemente aún si a Sandra la desapareció y asesinó el estado, pero sí puedo decir, que a Sandra la desapareció y asesinaron el crimen organizado y operadores del gobierno oaxaqueño a los que Sandra había denunciado, llama la atención que el presunto responsable de su desaparición haya sido ejecutado en uno de los operativos, llama la atención que una detenida haya sido elemento policial, llama la atención el financiamiento a medios y bots que buscan a toda costa criminalizar e imponer la versión oficial.
Pero la historia de mi amiga y colega Sandra Dominguez no acaba con su muerte, de hecho, está iniciando, y no para ser una mártir, ni una bandera, que el país ya no necesita más perseguidos asesinados, comienza porque los efectos de su bondad, valentía, empatía, no son casualidad, están sembradas desde su mamá y compartidas con sus hermanas y hermano, desde su hija, que no descansaron hasta que Sandra regresara a casa, y esas virtudes las compartió con nosotros, sus amigos y amigas, con toda las personas que la conocieron y por ello su historia continúa en cada lucha, en cada buena acción, en cada acto de valentía, porque aunque su muerte es un mensaje claro de intimidación a quienes ponemos la palabra y el cuerpo para defender derechos humanos, vamos a transformar el miedo en valor y acción.COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA DOMINGUEZ.
Quiero agradecer a todas las personas que no soltaron el tema, que ayudaron a nombrarla en todos los espacios y pedirles que sigamos nombrando a Sandra porque si bien ha culminado la búsqueda física, sigue la búsqueda de verdad, reparación y justicia. Agradezco a la oficina del Alto Comosionado y a la Comisión de Desaparición de la ONU por prestar ojos y oídos a Sandra.
GRACIAS POR TODO MI QUERIDA AMIGA SANDRA DOMINGUEZ, AGRADEZCO ESE PRIMER MENSAJE CON EL QUE EMPEZÓ TODO.
Durante el Encuentro (Rebel y Revel) Arte, en el Caracol Jacinto Canek, se presentaron varias obras audiovisuales. Compartimos aquí algunas de ellas.
Mateo Rodríguez. Con 13 años de edad, Mateo es el creador de extraordinarias obras de Stop Motion. Entre ellas, “Evolución = Involución”
La Teia dos Povos (Tejido de los Pueblos) es una articulación de movimientos sociales autonomistas en Brasil, constituyendo una alianza negra, indígena y popular en el campo y la ciudad. Jhedys Kann, del Movimiento de Lucha por la Tierra y la Teia dos Povos, creó el cortometraje de ficcion “Candinga”, sobre “el día después” del colapso civilizatorio y la ancestralidad indígena y negra como fuentes para reconstruir el mundo, recuperando las semillas de la yuca, sagrado alimento de los pueblos originarios de Brasil.
Christy Petropolou presentó varios videos:
“IJÉ MARIRÃ Ã – Siempre recordar”, sobre la cultura de lo común entre los pueblos Kayapó Mebengokre en la Amazonia en Brasil. Documenta la ceremonia de juramentación de la jefa Pãnh-Ô Kayapó (mayo de 2023), la pintura corporal y la elaboración de la comida tradicional Kayapó. Destaca la importancia de las Ferias Tradicionales de Semillas para el pueblo Mebengokré y su intención de participar en el Festival de Semillas de Peliti, en el municipio de Paranesti, al norte de Grecia. El Festival de Semillas de Peliti es una grande feria de libre intercambio de semillas.
El video “O Pranto de Poinkarah” de Sandoval Amparo (en colaboración con Christy Petropoulou de Ciudades Invisibles y otros) sobre la lucha de la matriarca Puancara y de los Kayapo Mebengokre contra las grandes obras como de barajes, extracción petrolera y minera, despojo de sus tierras y la contaminación de los ríos y las selvas en Amazonia de Para. El filme revela el cotidiano de la lucha de integrantes da Aldeia Ngojamoroti, en la Tierra Indígena Kayapó-Mebengokré, en Conceição do Araguaia de Para Brazil. Disponible aquí: https://drive.google.com/file/d/1_Q2XXja46UiWqusr-7_Kbr77PodiQ5cu/view?usp=drivesdk
El video “Que miren al cielo” (να βλέπουν τον ουρανό), de Joaquín O’Ryan, sobre el despojo de Lesvos Solidarity por el espacio de PIKPA que habla de la criminalización de la solidaridad con los refugiados en Lesvos Grecia:
Juventud Comunista. Compañeros de la Juventud Comunista presentaron “El canto del papán”, un cortometraje que retrata la importancia biocultural de la tierra y el territorio para las comunidades totonacas, así como las problemáticas y amenazas que se presentan por la extracción de hidrocarburos. Desde la mirada del papán, un ave protector que avisa a los habitantes de la selva sobre intrusos, se narran las transformación que ha vivido la región de Papantla, Veracruz:
El Colectivo Komún Cinema realizó, del 29 de julio al 27 de septiembre del 2024, acciónes formativas compuestas por 10 talleres cortos de disciplinas diversas @ las faldas del volcán en la periferia de la capital Michoacana, intitulados “REConociendo el territorio”. Algunos de los audiovisuales resultantes se pueden encontrar aquí: https://www.komuncinema.mx/elterritorioquehabitamos/
Durante el Encuentro (Rebel y Revel) Arte, realizado en el Caracol Jacinto Canek y en el Cideci/UniTierra Chiapas, se presentó una gran diversidad de obras de artes plásticas. Aquí un registro fotográfico realizado por Radio Zapatista.
En portada: En febrero del 2022, miles de habitantes de Benemérito de las Américas, Chiapas, participaron para exigir el cierre de dos fábricas de aceite de palma que causan estragos en la salud y el medioambiente en la selva de Chiapas. Una de ellas es propiedad de Oleopalma. Foto: Jeny Pascacio
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas impuso una clausura temporal parcial a la planta extractora de aceite de palma de Mapastepec, estado de Chiapas, de la empresa Industrias Oleopalma, por descargar más aguas residuales de las permitidas, anunció el órgano ambiental en un comunicado el domingo (27).
Durante la visita de inspección realizada en los días 24 y 25 de abril de 2025, los funcionarios de Profepa constataron que Oleopalma descargó 31.8% más aguas residuales de las establecidas en su permiso ambiental, “lo que implica un riesgo para el medio ambiente, la salud pública y los habitantes de la zona”.
Además, pudieron constatar que Oleopalma no cuenta con un área de almacenamiento de lodos del sistema de tratamiento, como lo establece la ley ambiental.
Planta procesadora de aceite de palma y monocultivos en el municipio de Mapastepec, en las inmediaciones de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. Foto: Santiago Navarro F.
El órgano ambiental impuso como medida de seguridad la clausura temporal parcial del área de generación de aguas residuales de la planta y del área de secado de lodos, además de ordenar la implementación de medidas correctivas urgentes para reducir el riesgo de daño ambiental.
“El exceso de descarga de aguas residuales industriales y la falta de disposición adecuada de lodos representan un riesgo para el suelo, los cuerpos de agua, la biodiversidad y la salud pública, al incrementar la contaminación por compuestos como nitrógeno, fósforo, materia orgánica y bacterias coliformes”, aclara Profepa en el comunicado.
En 2020, Oleopalma se convirtió en la primera empresa mexicana en obtener la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) para su planta procesadora de Palenque y sus plantaciones ubicadas al norte del estado de Chiapas.
Una investigación realizada por Avispa Mídia, publicada en marzo de 2022, reveló que, en 2021, se registraron deficiencias en la infraestructura sanitaria de Industrias Oleopalma. Trabajadores de la consultora IBD Certificaciones realizaron una visita a las fincas de la empresa, en el municipio de Mapastepec. En el lugar, encontraron que los trabajadores de la empresa no contaban con las debidas protecciones “para el momento de la aplicación de los agroquímicos”, como relatan en un informe. No obstante, se consideró esto como un incumplimiento menor y otorgó la certificación RSPO para cuatro plantaciones de la empresa ubicadas en la región de influencia de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada.
Oleopalma forma parte de un conglomerado de 15 empresas que integran Grupo Oleomex. Este grupo es el principal vendedor de aceite de palma para las multinacionales Cargill, PepsiCo y Nestlé.
En el país existen 18 instalaciones de procesamiento de la palma; Chiapas concentra 12 de ellas. Siete de ellas están establecidas en la región de influencia de La Encrucijada donde también se encuentra la procesadora de Oleopalma.
Otras cuatro clausuras
El 22 de abril, Profepa anunció la clausura de otras tres plantas extractoras de aceite de palma en Chiapas.
El 14 de abril, funcionarios del órgano realizaron una visita de inspección a la empresa denominada Cooperativa Unión de Palmicultores de la Costa de Chiapas, ubicada en el municipio de Acapetahua, donde detectaron que no cuentan con permiso de descarga de aguas residuales, no tienen especificaciones técnicas del sistema de tratamiento, carecen de informes de monitoreo, no cuentan con medidores y puntos de muestreo y hay infiltración de aguas residuales no tratadas al suelo natural y terrenos aledaños.
Como resultado, se impuso una clausura temporal parcial a la planta extractora de aceite de palma; asimismo se dictaron diversas medidas de aplicación urgente con la finalidad de prevenir riesgos ambientales por el manejo inadecuado de aguas residuales industriales.
El 15 de abril, funcionarios de la procuraduría realizaron una visita a la empresa Pakal Consultores en Agronegocios del Sureste, ubicada en el municipio de Villa Comaltitlán y encontraron las siguientes irregularidades: no cuentan con permiso de descarga, no presentaron la documentación que acredite el adecuado tratamiento y monitoreo de calidad y volumen de descarga de las aguas residuales, son omisos en el pago de derechos y sus aguas residuales se infiltran al suelo natural.
Procesadora de aceite de palma en el municipio de Villa Comaltitlán, costa de Chiapas, donde los monocultivos avanzan reemplazando la vegetación nativa. Fotos: Santiago Navarro F.
Por eso, se impuso la medida de seguridad de clausura temporal parcial de las instalaciones en el área correspondiente a la fuente generadora de aguas residuales. Además, se le impusieron diversas medidas de aplicación urgente para la reducción del riesgo ambiental.
El 16 de abril, inspectores realizaron otra visita al establecimiento “Aceitera Chiapaneca La Palma Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada”, ubicado en camino rural al Pataste al Ejido 15 de Abril, en el municipio de Acapetahua, Chiapas.
Durante la visita también detectaron irregularidades en el manejo de aguas residuales. Además, no cuentan con título de concesión, permiso de descarga, no tienen especificaciones técnicas de sistema de tratamiento, ni informes de monitoreo de aguas tratadas, no presentan los pagos de derechos federales ni cuentan con registros del volumen y calidad de las descargas realizadas entre enero de 2024 y abril de 2025.
Además, se constató que las aguas residuales industriales generadas por el proceso de extracción no están recibiendo el tratamiento adecuado, lo que ha provocado su infiltración y vertido al suelo natural, bajo la laguna de oxidación y en terrenos aledaños.
Ante estos hechos se impuso como medida de seguridad la clausura temporal parcial de las instalaciones, específicamente de la planta extractora de aceite de palma, y se dictaminó medidas de urgente aplicación para reducir los riesgos ambientales derivados del manejo inadecuado de aguas residuales.
El 7 de abril, Profepa también anunció la clausura de forma temporal parcial de la planta extractora de aceite de palma de la empresa Seopalma S.A. de C.V., ubicada en el municipio de Mapastepec, Chiapas, debido a irregularidades en el manejo de sus aguas residuales industriales.
Durante una visita de inspección realizada el 4 de abril de 2025, los inspectores de la Profepa encontraron que la empresa no contaba con la documentación legal y técnica para demostrar que las aguas residuales generas son tratadas de conformidad con la norma NOM-001-SEMARNAT-2021, además, se constató que la empresa vierte directamente sus aguas residuales al suelo, “lo que representa un riesgo grave para los ecosistemas y para la salud pública”, sostuvo el órgano.
La Profepa informó que dará seguimiento técnico y jurídico al cumplimiento de las medidas impuestas y “realizará la integración del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y sanciones conforme a la legislación ambiental vigente”.
“El EZLN es el espejo que me persigue.” Eso nos dijo el artista oaxaqueño Lukas Avendaño durante el Encuentro (Rebel y Revel) Arte, realizado en el Caracol Jacinto Canek y en el Cideci/UniTierra Chiapas del 13 al 19 de abril de 2025. Pero no cualquier espejo, aclaró: el espejo humeante de Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana que refleja tu verdadero ser, aunque no quieras verlo. Para él, como para tantas y tantos otros, el EZLN es un espejo donde ve reflejado su propio ser —en su caso, su ser indígena y su ser muxe— con dignidad; reflejo que lo impulsa a contribuir con sus performances y su vitalidad a la construcción de otra humanidad posible.
El Encuentro (Rebel y Revel) Arte fue eso: un espejo humeante que, a partir de la reflexión sobre la crisis global que atravesamos, nos interpela con la pregunta, sin duda incómoda, pero más que nunca necesaria: Y ustedes, ¿qué? Una pregunta que cobra fuerza a partir de la constatación de lo mucho que ellos y ellas, sobre todo los jóvenes y las jóvenas, hacen por enfrentar la tormenta que vivimos no sólo con fiereza y determinación, sino también con alegre rebeldía.
¿Cómo es posible que en esos espacios donde, durante una semana, se insistió por medio de todas las formas artísticas (poesía, teatro, música, danza, circo, performance, cine, artes plásticas, literatura y más) en el probable colapso de nuestro mundo ante la voracidad del capital, y en la muerte y el inconcebible sufrimiento que el proceso de dicho colapso implica e implicará para buena parte de la humanidad, lo que haya primado haya sido la alegría, la fiesta, la celebración de la vida?
Parte de la respuesta está en el contexto. Como confirma el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, Chiapas vive desde hace años una gravísima situación de violencia armada, operación impune de grupos del crimen organizado, desaparición y reclutamiento forzados, militarización, asesinato, imposición de megaproyectos, criminalización y agresiones a defensores del territorio y mucho más. En ese contexto, las comunidades indígenas y campesinas sufren un proceso de descomposición social que impulsa a los jóvenes a abandonar la tierra, muchas veces migrando al norte o uniéndose a la delincuencia.
Es en ese contexto, en el que muchos “expertos” pronosticaban el fin del zapatismo, que las y los jóvenes zapatistas se manifiestan con fuerza, creatividad y alegría, incorporando la ética de defensa y amor por la vida impulsada desde hace más de tres décadas por el zapatismo. Ahí estaban las y los milicianos con su dignidad rebelde, los jóvenes artistas protagonistas de extraordinarias piezas de teatro, los artistas plásticos, los raperos, los poetas. Una juventud muy otra, rompiendo los moldes de lo que se entiende por juventud indígena, con la vitalidad de una tradición viva, con una mirada al futuro fundamentada en la conciencia del pasado. O sea, una esperanza de vida en medio de la tormenta.
El 15 de abril, en el Caracol Jacinto Canek, una centena de jóvenes provenientes de los 12 caracoles presentaron la obra “La naturaleza se revela y se rebela”. Ataviados con bellísimos disfraces, confeccionados por ellos mismos, de una gran multitud de animales, explican cómo les afecta la destrucción del planeta y la mercantilización de la vida. Habla también el agua, fuente de vida contaminada y cada vez más escasa, y finalmente la Tierra, que sufre por la minería, la contaminación, los agroquímicos y mucho más. Es entonces que los seres de la Tierra deciden organizarse y defender la vida en colectivo. Cuando los empresarios llegan con sus portafolios, su avaricia, su maquinaria y sus obreros, los insectos primero y después todos los animales los atacan y los ahuyentan. “La vida es común, común es la vida; ahora nos toca recrear y renacer otra vida, y eso debe ser en común”, dicen.
“El común”, nos dicen por medio de las obras de teatro, las músicas, los poemas, las artes plásticas, es el único camino frente a la maquinaria de muerte de un sistema cuya voracidad no tiene límites. La práctica de “el común” en el zapatismo no es nueva. De hecho, es el fundamento de su construcción desde los tiempos de la clandestinidad. La organización y el trabajo colectivos han sido desde sus inicios la base de todo el caminar zapatista y desde luego de la construcción de la autonomía, desde el autogobierno y la justicia autónoma hasta la salud y educación autónomas, la soberanía económica, la comunicación, la agroecología y todas las formas de resistencia y rebeldía. Pero es en tiempos recientes que “el común” se plantea explícitamente como el centro no sólo de los grandes cambios internos en curso en los últimos años, sino también de la interpelación del zapatismo hacia fuera, hacia nosotras y nosotros, en el contexto de la crisis global. Sin la acción colectiva de organizaciones, agrupaciones e individuos a lo largo del planeta, tanto en el campo como en la ciudad, no habrá vida posible ante la destrucción en curso, nos dice el zapatismo una y otra vez.
Cuando el EZLN hizo explícita la noción de “el común” por primera vez en diciembre de 2023, se refería específicamente a una propuesta radical de tenencia de la tierra: la “no propiedad”. O sea, tierras recuperadas que el EZLN declaraba “en común”, tierras de nadie y de todos en las que, tras común acuerdo por parte de zapatistas y no zapatistas de la región, cualquier individuo o colectivo podría trabajar en común, beneficiándose de su producción, pero sin ser propietario de la tierra ni de todo aquello que en ella se construyera. Defender la tierra, por lo tanto, no implica el reconocimiento oficial de su propiedad por parte del Estado, sino, al contrario, la abolición del concepto mismo de propiedad y el uso común de la tierra para beneficio colectivo. Pero la propuesta del común no abarca solamente a las comunidades indígenas zapatistas y no zapatistas de Chiapas: se abre al mundo ante la urgencia de enfrentar colectivamente la crisis global. Ante eso, se invitan a individuos y colectivos de cualquier geografía a trabajar en común para aprender a labrar la tierra y adquirir conocimientos que ayuden a sobrevivir la tormenta
Las piezas de teatro y demás creaciones artísticas presentadas durante las celebraciones del 30 aniversario del levantamiento zapatista en el caracol de Dolores Hidalgo, en diciembre de 2023 y enero de 2024, elaboraron aún más la idea del común. Y en la primera sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía en diciembre de 2024 y enero de este año, la comandancia, autoridades civiles y promotoras y promotores de educación y salud compartieron el sentido y la genealogía de la idea del común, que se deriva no del marxismo ni de cualquier otra teoría de origen europeo, sino de la experiencia de los abuelos y abuelas de los pueblos originarios.
Ahora, en este Encuentro (Rebel y Revel) Arte, la noción del común se abre a toda forma de colectividad organizada y radicalmente democrática. Así, la obra de teatro “El amor en la tormenta y el día después”, creada por jóvenes de los caracoles de La Realidad, Oventic, Garrucha, Morelia, Roberto Barrios y La Unión, explora la privatización de la tierra en comunidades hermanas, no zapatistas, que conduce a su subdivisión subsecuente generación tras generación, hasta que se vuelve imposible vivir de la misma. La obra explora también la exclusión de las mujeres de la propiedad de la tierra; la descomposición social, la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo y la prostitución; la migración y la venta de la tierra ante las deudas. Hacia el final de la obra, una comunidad hermana busca a los zapatistas, quienes los orientan con ideas y capacitación en la construcción de la autonomía en común. Así, la propuesta de “el común” va más allá de la no propiedad de tierras recuperadas. La colectividad de lo común se extiende a todos los aspectos de la vida: la salud, la educación, la justicia, el autogobierno, la creación y reproducción de mundos por doquier que sean semillas para el florecimiento de una humanidad otra “el día después” tras el colapso de nuestra civilización.
Este esfuerzo consiste también en la compartición “en común” de conocimientos y saberes que ayuden a enfrentar la tormenta. Así, jóvenes y jóvenas zapatistas de entre 12 y 20 años de edad compartieron conocimientos heredados de sus antepasados que permiten vivir de forma autónoma sin depender de avances tecnológicos a su vez dependientes de todo un sistema que no es sustentable. Fabricación de canastos, pigmentos, adobe, ollas y platos, calidra, cuerdas, etc., todo con materiales naturales.
Por otro lado, las muchas obras presentadas por las y los artistas no zapatistas nos invitaron a reflexionar y a soñar otras posibilidades desde una pluralidad extraordinaria de perspectivas en una gran variedad de contextos y geografías. En todo eso, evidentemente, Palestina, así como las buscadoras, estuvieron siempre presentes.
El último día, el 19 de abril, en el Cideci/Universidad de la Tierra, el encuentro cerró con una mesa coordinada por el Capitán Marcos en la que participaron Los Zurdos, Payasos en Rebeldía, Stefani Weiss, Antonio Ramírez, Luis de Tavira y el Subcomandante Moisés.
Cerramos aquí con algunas de las palabras de Iván Prado de Payasos en Rebeldía, quien nos dice que es en la infancia y la juventud donde se encuentra la esperanza de un nuevo amanecer: “Los niños mantienen un lugar de espontaneidad, de creencia profunda en la capacidad de vivir nuestros sueños: la fuerza de soñar. La capacidad del ser humano de construir mundos a partir de los sueños. La inocencia, conciencia y potencia que tenemos en la infancia tiene que ver con saber qué somos y dónde estamos. Somos la semilla de ese futuro, de ese día después. Lo que hemos visto estos días es la semilla de ese arte futuro que vendrá tras el colapso. Todas las artistas que hemos participado en este encuentro estos días estamos sembrando ese mañana, porque el mañana se siembra hoy”.
Mirándonos en el espejo de obsidiana que el arte y la creatividad zapatista nos colocan frente a los ojos, partimos de este encuentro confrontados con la provocación escrita en grandes letras en el templete del Caracol Jacinto Canek: “Despierten ya, pueblos del mundo”. Y con ella, la pregunta insistente que nos plantea el espejo zapatista: Y tú, ¿qué?
Durante los últimos cuatro sexenios el gobierno mexicano ha otorgado más de 11 mil 492 millones de pesos en contratos con dinero federal a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como empresas fantasma, fachada, inexistentes o factureras.
Se trata de compañías que no contaban con la capacidad operativa ni los recursos para cumplir con los servicios que prometían. Sin embargo, accedieron a grandes sumas de recursos públicos por el equivalente a 1.5 millones de pesos diarios a lo largo de 20 años.
Al mismo tiempo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de cobrar 7 mil 239 millones de pesos en impuestos a estas mismas empresas, debido a cancelaciones o condonaciones de adeudos fiscales.
Por primera vez, una investigación cuantifica de forma global cuántos recursos federales se entregaron a empresas fantasma a lo largo de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Quinto Elemento Lab, en colaboración con el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizó este análisis a partir de una base de datos en la que se cruzaron los contratos federales disponibles en CompraNet (2002–2022) con el listado más actualizado del SAT de EFOS definitivas al 31 de enero de 2023. Dado que este registro se actualiza periódicamente, algunas empresas consideradas como definitivas al momento del análisis podrían haber sido excluidas en versiones posteriores.
Esta investigación revela un sistema de contratación que permitió —y toleró— la participación de empresas fachada durante dos décadas, sin consecuencias reales para los responsables, con pocas sanciones y menos denuncias: un fenómeno transexenal de consecuencias públicas.
Diseño: Omar Bobadilla
El patrón transexenal
En las últimas dos décadas el gobierno federal ha mantenido una relación constante con EFOS. Los primeros registros de contratos con empresas fantasma se ubican desde la presidencia de Vicente Fox. En el sexenio de Felipe Calderón fue cuando estas empresas obtuvieron más dinero federal. Con Enrique Peña Nieto se multiplicaron los convenios. Y, pese al discurso anticorrupción, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador siguieron contratando a firmas inexistentes y se desplomó la identificación que hace el SAT de estas compañías.
Diseño: Omar Bobadilla
Entre 2002 y 2022, la administración pública federal firmó 3 mil 529 contratos con 834 EFOS, que operaron en promedio 8.1 años hasta ser detectadas. Muchas fueron contratadas en su primer o segundo año de existencia y lograron mantenerse activas incluso tras escándalos de corrupción o cambios de sexenio.
La mayoría de los contratos se firmaron antes de que estas empresas fueran oficialmente señaladas por el SAT, pero todas terminaron incluidas en el listado 69-B, que identifica a las EFOS definitivas.
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Para comprobar si los servicios o productos contratados realmente se entregaron, Quinto Elemento Lab solicitó facturas y probatorios de una muestra de mil 311 contratos (el 37 por ciento del total, pero que concentraban el 66 por ciento del monto global). La revisión abarcó 87 EFOS, seleccionadas por haber acumulado más dinero, más contratos, o por haber sido contratadas cuando ya figuraban como empresas definitivas.
Los resultados son alarmantes: de los 7 mil 400 millones de pesos que representa esta muestra, solo se encontraron pruebas de cumplimiento en una cuarta parte (mil 241 millones). Para el 48.8 por ciento de los contratos (que representan más de 2 mil 698 millones), no hubo ninguna evidencia documental. Y para el resto, las respuestas fueron evasivas: expedientes perdidos por incendios o inundaciones, documentos ilegibles, información clasificada o incluso la negación de la existencia del contrato. Algunas dependencias entregaron facturas, pero admitieron no tener probatorios del servicio prestado.
Un sistema que permitió su existencia
El reparto del dinero tampoco fue equitativo: algunas empresas lograron hacerse de muchos contratos pequeños y otras acumularon grandes cantidades de dinero por medio de pocos convenios. Y apenas diez empresas fantasma concentraron casi la mitad de los recursos públicos que terminó en manos de EFOS.
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El dinero público fluyó hacia estas compañías a través de 486 instituciones de los tres niveles de gobierno. El 90 por ciento de las secretarías de Estado y buena parte de las entidades paraestatales contrataron EFOS en algún momento. Incluso el SAT, autoridad fiscal encargada de bloquearlas, también les adjudicó contratos.
Y tan solo cuatro instituciones —la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)— concentraron una cuarta parte del dinero total otorgado a empresas fantasma.
Las EFOS facturaron todo tipo de servicios: cursos, asesorías, mantenimiento, publicidad, renta de equipo, artículos de oficina, limpieza, mobiliario, ropa, maquillaje. A menudo, los contratos les fueron adjudicados de manera directa.
Diseño: Omar Bobadilla
Casi la mitad del dinero destinado a estas empresas debía usarse para infraestructura esencial: construcción y mantenimiento de carreteras, mejoras en escuelas, equipo médico, medicamentos, redes de agua potable o pavimentaciones.
Sin embargo, en el peor de los casos no hay pruebas de que las obras o servicios se hayan realizado. En otros, existen documentos que sugieren su cumplimiento, aunque persisten dudas sobre sobrecostos o deficiencias en la calidad.
Diseño: Omar Bobadilla
Así que esta no es una historia más de corrupción. Son dos décadas de contratos con dinero federal asignados a compañías inexistentes, que no debieron recibir esos fondos: una de las más grandes entregas transexenales de recursos públicos en la historia reciente de México.
Esta es la primera parte de “Fantasmas del erario”, una serie de reportajes de investigación presentada por Quinto Elemento Lab que documenta cómo las empresas fantasma se incrustaron en los procedimientos de contratación pública en México para obtener millones de pesos del erario mientras provocaron afectaciones directas a la sociedad mediante la simulación de servicios y obras o la ejecución de proyectos a sobrecosto o con deficiencias.
27 de abril de 2025 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Primera Actualización de la Acción Urgente: 01
ACTUALIZACIÓN: Fuerzas de Seguridad y Militares desaparecen a 2 Bases de Apoyo Zapatistas.
Nuevo ataque a la autonomía.
Después de 55 horas desaparecidos por las fuerzas de Seguridad y Militares, los compañeros José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, fueron puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de San Cristóbal de Las Casas.
Se desconoce el delito por el cual están detenidos, continuaremos documentando la situación.
Agradecemos la solidaridad, la presión pública hizo posible su presentación con vida.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., (Frayba) recibió información urgente por parte de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), Caracol 02 Oventic, Chiapas, como se expone:
El 24 de abril de 2025, al rededor de las 15:30 horas, en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio oficial de Aldama Chiapas, Región Autónoma Vicente Guerrero. En un fuerte operativo conjunto con al rededor de 39 vehículos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de 2 vehículos con personas civiles armados, realizaron cateos sin ordenes judiciales en domicilios de familias Bases de Apoyo Zapatistas, de manera violenta irrumpieron en las casas deteniendo a los compañeros tsotsiles José Baldemar Sántiz Sántiz de 45 años de edad y Andrés Manuel Sántiz Gómez, de 21 años, seguidamente el convoy continuo hacia el municipio de San Andrés Larráinzar.
Lo anterior se da en el contexto grave de vigilancia y hostigamiento de estas corporaciones policiacas y militares, mismas que documentamos recientemente en el marco del Encuentro Rebel y Revel Arte [1] convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Caracol de Jacinto Canek en Tenejapa y el CIDECI de San Cristóbal de Las Casas, en donde hubieron patrullajes y retenes en puntos intermedios, interrogando e intimidando a los asistentes a dicho encuentro, cabe destacar que en estos lugares son poco habituales los recorridos de seguridad.
Desde inicio de este año, distintas comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos en Chiapas han denunciando graves violaciones a derechos humanos cometidas por los integrantes de los operativos policiacos y militares en donde se han violentado a los pobladores, robos en sus viviendas, incluido detenciones arbitrarias.
A la solidaridad nacional e internacional les pedimos estar al pendiente de las acciones que estaremos informando.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional Al Congreso Nacional Indígena A los pueblos que luchan y resisten A la población de este México en guerra
La Autonomía y el Común que construyen día con día las bases de apoyo zapatistas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hoy, son el objetivo de la violencia de Estado encabezada por el mal gobierno de la cuarta transformación con su representante ejecutiva Claudia Sheinbaum y en el estado de Chiapas Eduardo Ramírez.
El día 24 de abril del 2025, un fuerte operativo integrado por al rededor de 39 vehículos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de 2 vehículos con civiles armados, realizaron cateos a casas de compañeros bases de apoyo zapatista privando de su libertad y desapareciendo de manera forzada a los compañeros José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez. Hasta el momento de publicación del presente comunicado no se conoce su paradero.
Estos hechos se suman a los actos de hostigamiento e intimidación que el ejército, la Guardia Nacional y el grupo de operaciones especiales llamado Pakal realizaron en el cierre del encuentro de arte (Revel y Rebel) Arte convocado por el EZLN.
La creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) por parte del actual gobernador, y este tipo de ataques abiertos son muestra clara de que la prioridad para el gobierno es someter a la población a una constante violencia, intimidación y represión, así como atacar directamente a los pueblos organizados como son los pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En medio de esta guerra abierta en contra de quienes defienden la vida y luchan contra el capitalismo y su sangriento despojo, nuestras hermanas y hermanos zapatistas nos llaman a construir esperanza y las bases para el mañana. A través del arte, bases de apoyo de todas las edades nos invitan a imaginar, sentir y soñar con ese mundo donde la vida digna sea asegurada. Esos sueños son los que el mal gobierno quiere destruir.
Vemos ahora que el enemigo más grande de este narco estado capitalista es la esperanza que construyen los pueblos, es la fuerza de las familias que buscan incansablemente a quienes les fueron arrebatados, son las y los defensores del territorio que inspiran rebeldía, son las personas que simplemente nacieron en un México donde las vidas son mercancía.
La detención arbitraria y posible desaparición forzada de nuestros compañeros José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez se suma a los ataques dirigidos a compañeros y compañeras defensores del territorio, familias buscadoras y población en general:
27 de marzo: Asesinato de Teresa González integrante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco.
3 de abril: Ataque al compañero David Peralta en Eloxochitlán de Flores Magón.
18 de abril: Ataque armado al compañero Marco Suástegui, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quien falleció el 25 de abril a causa de las heridas recibidas.
24 de abril: Ataque a la comunidad de Santa María Ostula por parte del CJNG.
25 de abril: Asesinato de María del Carmen Morales y a Jaime Daniel Ramírez integrantes de Guerreros buscadores.
Más de 127 mil personas desaparecidas cuya búsqueda no es prioridad para el gobierno y que continúa creciendo dramáticamente día con día.
Ante estos cobardes actos de violencia que este narco estado capitalista ejerce contra nuestros hermanos zapatistas, familias buscadoras, compañeros de los pueblos originarios que defienden su territorio así como la constante y sistemática desaparición forzada a la que somos sometidos en todo el territorio mexicano, los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida exigimos:
PRESENTACIÓN INMEDIATA Y CON VIDA DE JOSÉ BALDEMAR SÁNTIZ SÁNTIZ Y ANDRÉS MANUEL SÁNTIZ GÓMEZ, BASES DE APOYO ZAPATISTA
Alto a los ataques, hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades zapatistas
Alto a los ataques en contra de la comunidad de Santa María Ostula
Alto a las agresiones contra David Peralta y el pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón
Justicia para Marco Suástegui
Justicia para Teresa González
Justicia para María del Carmen Morales y Jaime Daniel Ramírez Morales
No concebimos la justicia desde un Estado mexicano criminal que desaparece miles de jóvenes, pero sí del pueblo organizado y de buen corazón por ello convocamos a los pueblos originarios comunidades, barrios, colectivos e individuos a manifestarse amplia y urgentemente en exigencia por la aparición con vida de los compañeros bases de apoyo (comunicados, pintas, manifestaciones, mítines, volanteos, videos, ilustraciones, etc), así como firmar la acción urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
¡ALTO A LA GUERRA EN CONTRA DEL EZLN! ¡ALTO A LA GUERRA EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS! ¡ALTO AL EXTERMINIO!
