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Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

 Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

 16 de julio del 2021

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

A la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Hermanas y hermanos:

La organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal hoy levantamos nuevamente nuestra voz y decir claramente de lo que sucedió en nuestro municipio de san pedro Chenalhó. Los sobrevivientes de la masacre de Acteal se encuentran reunidos en la sede de Las Abejas para realizar la jornada de oración para no permitir nuevamente el derramamiento de la sangre. Alzamos nuestra voz porque hoy aproximadamente entre las 7:30 y ocho de la mañana la guardia nacional y el ejército mexicano entraron en las comunidades para realizar un operativo en la búsqueda de las armas como: Pechiquil, tzajal uk’um, majom pepentic. Majomut y Polho. Hoy hacemos un llamado ante la opinión pública que la actuación de los soldados no estamos conforme porque vemos que muchos de nuestros integrantes de las abejas se encuentran preocupados y muchos de ellos se enferman por la tristeza. Estas actuaciones de los soldados los sobrevivientes recuerdan de como sufrieron en el año de 1997, que los paramilitares fueron acompañados por la seguridad pública del estado.

Este día queremos aclarar que en la sede de las abejas y en las comunidades abejas ubicadas en los tres municipios como Pantelhó, Simojovel y Chenalhó no permitimos ni permitiremos acceso a soldados y la guardia nacional porque nosotros no contamos con armas porque nuestra lucha es pacífica y no violenta. También queremos decir que no solo las abejas sufren si no que sufren las diferentes comunidades de Chenalhó y muchos de ellos han abandonado sus comunidades y son desplazados en algunos campamentos de Chenalhó. Le pedimos a los tres niveles de gobierno a que no permita a que los soldados entren en los campamentos de los desplazados, como Tsajal Ch’en, Acteal Abejas, Acteal base, majomut, tzajal ukúm, Yabteclum y cabecera Chenalhó porque muchos hombres, mujeres niños e niñas y más a las mujeres embarazadas tienen miedo y corren riesgo al ver las armas.

Si los soldados entran a catear personas en las casas están violando la ley de la seguridad nacional, además es una violación de los derechos humanos. Hoy Exigimos al presidente de la republica al Lic. Andrés Manuel López obrador a que no permita acceso a soldados en los campamentos por la paz.

ATENTAMENTE

La mesa directiva de la organización sociedad civil de las abejas de Acteal

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                 Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                 Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez         Pedro Pérez Pérez

Tesorero                       sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

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Por Sare Frabes

En portada: Misión de observación visitó tres albergues y contabilizó mas de 3 mil desplazados por la violencia del crimen en Pantelhó y Chenalhó. Foto del CDH Frayba

Más de tres mil personas, en su mayoría mujeres, ancian@s y niñ@s se encuentran en situación de desplazamiento forzado tras la continuación de sucesos violentos en el municipio de Pantelhó y los límites de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas.

Así lo informaron organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes realizaron una misión de observación el pasado sábado (10). Según registraron, las familias desplazadas se encuentran entre los municipios vecinos de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.

De acuerdo a los testimonios recogidos por organismos de la sociedad civil, nacionales e internacionales, las víctimas del desplazamiento enfatizan tener miedo y preocupación por sus vidas y las de sus familiares, pues “el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región”.

En contexto ⇒ Chiapas: Pobladores enfrentan grupos criminales; miles desplazados por violencia

Las organizaciones enfatizan también la falta de actuación del Estado ante la contingencia, pues no ha instalado suficientes albergues ni tampoco ha implementado un mecanismo de atención integral a desplazad@s, puesto que ha sido la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, quienes han reaccionado para atender la grave crisis humanitaria.

“Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia”, enfatizan las organizaciones que visitaron la región.

Según la comunicación, preocupa el alto riesgo de inseguridad alimentaria para las familias desplazadas. Tanto porque dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación, como por el abandono de sus cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales, los cuales de no atenderse representarían la pérdida de la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año.

Esta situación agrava aún más la crisis alimentaria imperante desde la pandemia del COVID-19.

“Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión”, denuncian las organizaciones defensoras.

Por lo mismo, hacen un llamado urgente para garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.

Durante su visita, las organizaciones atestiguaron que las principales enfermedades en los campamentos son casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres, lo cual pone en particular riesgo a menores de cinco años.

También identificaron afectaciones a la salud mental de la población, tales como tristeza y ansiedad.

“Las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19”, sintetiza el documento difundido este jueves (15).

Autoridades locales exigen renuncia de alcaldesa y presidente electo

El mismo sábado (10), mediante reunión entre autoridades locales y representantes de 66 de las 85 comunidades que integran el municipio de Pantelhó, habitantes exigieron la renuncia de la presidenta Dayli Wendy Lorena López Gochez, así como también del presidente electo, su esposo, Raquel Trujillo Morales, por encabezar a los grupos delictivos que operan en la región.

En la reunión, agentes municipales, comisariados ejidales y representantes religiosos desmintieron la versión difundida por Trujillo Morales, quien en entrevista aseguró mantener el respaldo de las 85 comunidades.

“Es totalmente falso que están formando grupos paramilitares y que están encabezados por el padre Marcelo Pérez Pérez, y por personas de la comunidad San José Terceros, ya que no existe tal grupo”, enfatizaron también sobre la criminalización de parte del alcalde electo contra el párroco, quien es conocido entre la población por denunciar las actividades criminales en los Altos de Chiapas.

El comunicado, firmado por las autoridades rurales municipales reunidas en la comunidad San José Tercero, enfatiza su preocupación por “el crimen organizado que ‘SÍ’ está encabezado por Austreberto Herrera Abarca”, a quien señalan como responsable de la violencia, junto a la presidenta actual, el presidente electo y bajo la protección del PRD, sus dirigentes y diputados.

Por último, aclararon que sí es verdad el surgimiento de “Autodefenzas del Pueblo de Pantelhó ante la presencia del crimen organizado y por la ausencia total del gobierno federal y estatal”.

Por su parte, la misión de observación que visitó la región enfatiza que la principal razón que ha impedido la paz dentro de las comunidades es la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio.

“Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica”, señala el documento.

Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego. De acuerdo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, “estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales”.

Cabe señalar que después de nueve días del asesinato de Simón Pedro Pérez López, la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer la tarde de este miércoles (14) la captura de Hugo Rolando “N”, presunto responsable por el asesinato, quien fue trasladado a la capital para determinar su situación jurídica.

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Mientras, aún con la presencia de efectivos policiacos y militares, continúa el desplazamiento forzado de familias enteras, debido al temor de más enfrentamientos violentos.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

a 15 de julio de 2021

 

 

Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil el 10 de julio de 2021 realizamos una misión de observación de derechos humanos en el municipio de Chenalhó, Chiapas, documentamos la situación de violaciones a los derechos humanos derivada de los impactos de la violencia suscitada durante los últimos días en los municipios de Pantelhó y los límites de Chenalhó.

Durante los últimos años, la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio ha impedido el mantenimiento de la paz dentro de las comunidades. Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica.

Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego, estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales.

La ausencia del Estado y su falta de atención ante el aumento de la violencia hace que los pueblos vean a las autoridades más como partes del problema que de la solución, ello aunado a altos niveles de corrupción e impunidad en el Estado. Cabe destacar que es un hecho que para garantizar la construcción de la paz de manera sostenible es fundamental la voluntad y el compromiso real de todos los actores involucrados.

A partir de las visitas que realizamos en la misión de observación de derechos humanos escuchamos los testimonios de las familias y el sufrimiento por el que están pasando fuera de sus comunidades. Según los datos con los que contamos hasta el momento son aproximadamente 3205 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.

Estas víctimas de desplazamiento forzado han enfatizado durante la misión: “Tenemos miedo y estamos preocupados por nuestras vidas y la de nuestros familiares”. Así, el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región.

Se ha podido constatar que, ante la falta de actuación del Estado de instalar albergues y un mecanismo de atención integral a desplazados, la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, impulsaron campamentos para atender la grave crisis humanitaria. Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión.

Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia.

Es necesario y urgente garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.

Identificamos un riesgo alto de inseguridad alimentaria pues las familias desplazadas dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación y se encuentran en un riesgo alto de perder su cosecha si no retornan pronto a sus comunidades. Existe preocupación por el abandono en el que se encuentran los cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales. Dichos cultivos están en desarrollo y, si no se atienden, se perderá la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año. Lo mismo ocurrirá con los animales que no se están alimentando y morirán de hambre, vulnerando de esta manera la sustento de la vida comunitaria y salud de las familias. Esta situación llevará a agravar aún más la crisis alimentaria imperante desde el COVID-19.

Durante la visita, las principales enfermedades identificadas fueron casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres. Estos padecimientos pueden complicarse en personas con un estado nutricional inadecuado y en menores de 5 años, poniendo en riesgo su vida por complicaciones como la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Se identificaron afectaciones a la salud mental de la población: llanto, tristeza y ansiedad.

Las condiciones de hacinamiento, la infraestructura de saneamiento insuficiente y la escasez de agua representan un riesgo muy alto para el aumento de enfermedades infecciosas y diarreicas que, en niños y niñas menores de 5 años, puede ser mortal si no se asegura su adecuado estado de hidratación.

También documentamos que dos mujeres dieron a luz en la montaña, mientras huían de sus comunidades.  Es urgente asegurar que tanto ellas, como sus bebés, se encuentran fuera de peligro. Las familias han sido separadas y se reportan al menos dos menores desaparecidos en la montaña.

Adicionalmente, las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19.

Por tal situación, las organizaciones que emitimos este pronunciamiento exigimos a los gobiernos federal y estatal una atención integral ante la emergencia humanitaria de los desplazamientos forzados en acciones con pertinencia cultural; se propicie el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria y, por último, se atienda a las causas estructurales de la violencia que posibilite el seguir construyendo condiciones para que la Paz y la Justicia sean una realidad en el territorio de Pantelhó, Chenalhó y de los Altos de Chiapas.

Todas estas peticiones se realicen de acuerdo al marco nacional e internacional de protección de derechos humanos conformado, entre otros, por: los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley para la Atención de los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas, así como las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Médicos del Mundo Suiza

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria A.C. (CORECO)

Desarrollo Económico y Social De Los Mexicanos Indígenas (DESMI)

Con el acompañamiento internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)

PDF del Pronunciamiento conjunto aquí!!!

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Por Sara Frabes

Este viernes (2), tras cumplirse 64 meses del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sus familiares, compañeros de lucha y equipo legal aún esperan la sentencia final en el juicio contra Roberto David Castillo Mejía, presunto coautor intelectual del crimen.

Con experiencia en inteligencia militar, Castillo se desempeñó como director general de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), corporación responsable por la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en territorio indígena Lenca, al cual el Copinh, bajo el liderazgo de Cáceres, se opuso exitosamente.

Desde su detención en 2018 mientras intentaba salir de Honduras, Castillo ha permanecido en prisión preventiva. Sin embargo, las audiencias en el juicio contra Castillo solo arrancaron hasta el pasado 7 de abril en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y finalizaron formalmente el pasado lunes (28).

“La responsabilidad del imputado David Castillo como coautor ha sido demostrada por los patrones de comunicación mediante llamadas y mensajes con el condenado Douglas Bustillo, así como por el contenido de los mensajes de WhatsApp de sus propias comunicaciones con la estructura criminal de DESA de la familia Atala Zablah”, denunciaron el Copinh y los familiares de Cáceres mediante comunicado difundido el mismo día del cierre del juicio.

De acuerdo al equipo legal y a la familia de Cáceres, “la culpabilidad del imputado Roberto David Castillo Mejía en la planificación, coordinación y supervisión del asesinato de Berta Cáceres se ha establecido indubitablemente con la evacuación de más de 70 pruebas, luego de 48 días de audiencia de juicio oral y público”.

Según el comunicado, dichos elementos de prueba vinculan a Castillo con los siete hombres condenados en noviembre del 2018 como autores materiales del homicidio de la ambientalista hondureña.

Por su parte, Víctor Fernández, uno de los abogados de la familia de Berta Cáceres, declaró a medios internacionales que no esperan otro fallo mas que de culpabilidad pues “no hay otra opción en el proceso”.

“Hay una participación histórica (de Castillo) en el conflicto, la violencia que ejecutó contra Berta Cáceres y el Copinh, eso está suficientemente acreditado en el juicio”, explicó Fernández mediante conferencia de prensa realizada días antes de la etapa final de las audiencias.

Mientras tanto, Bertha Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora general del Copinh, destacó que el fallo de culpabilidad contra Castillo debe evitar cerrar la puerta a la investigación de los demás autores intelectuales, quienes permanecen en la impunidad, especialmente los integrantes de la familia Atala Zablah, principales inversores del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca.

Las partes, tanto la acusación y defensa de Roberto Castillo, ya han presentado sus conclusiones. Por ello, el Tribunal anunció que emitirá su resolución antes del día sábado 3 de julio.

Pruebas

De acuerdo a un recuento del juicio, realizado por el Copinh y su equipo legal, concluyen que la labor de Castillo fue fundamental para coordinar a los autores intelectuales y materiales para cometer el asesinato de Cáceres.

“David Castillo fue parte de una estructura criminal, compartimentó las comunicaciones para establecer un puente entre la estructura superior y la inferior a través de Douglas Bustillo para resguardar información y la identidad de él y de la estructura superior detrás del crimen”, difundió el Copinh mediante campaña en sus redes sociales.

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Fallece Beatriz Cano, comunicadora que acompañaba la resistencia del pueblo Nasa (Por Santiago Navarro, vía Avispa Midia):

Beatriz Cano era una comunicadora, que, aunque no nació dentro el territorio rebelde del pueblo indígena Nasa, lo adoptó como su propio pueblo. Porque estas tierras le enseñaron a “vivir sabroso”, le enseñaron a “ver y a vivir de otra forma”, como ella misma decía. El pueblo Nasa de Colombia hoy le llora, junto a sus demás caídos que han defendido con su sangre estas tierras ancestrales. El pasado 7 de junio, de este año 2021, la comunicadora falleció en la clínica Valle del Lili de Cali, tras haber recibido tres impactos de bala en un ataque armado, presuntamente perpetrado por el Frente Dagoberto Ramos, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La comunicadora formaba parte del tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. De acuerdo con la organización Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, el ataque fue perpetrado el pasado 4 de junio. Los disparos provinieron de una camioneta negra contra la instalación policial, ubicada en la zona urbana del municipio de Santander de Quilichao. Es así como una comitiva del pueblo Nasa, que viajaba en un Jeep, se quedó en el fuego cruzado.

Entre las victimas se reportaron cuatro comunicadores heridos: César Galarza, Beatriz Cano y su hija, Ayelén Guetio de cinco años de edad. También el comunero Floresmiro Tróchez. Beatriz y su hija, fueron trasladas a la clínica Valle del Lili, dónde posteriormente falleció la periodista. El resto de las víctimas quedaron con heridas graves, incluyendo la niña de cinco años de edad.

Durante los últimos meses han asesinado al menos a cinco indígenas de esta región. “Ella era una antioqueña que echó raíz y dejó semilla acá en el Cauca. Era alegre, rebelde, crítica, fuerte, amaba compartir café y chirrincho y no le temblaba la voz para denunciar las injusticias, hablar y rescatar las luchas y resistencias que se dan por la dignidad de las comunidades”, destacó el Consejo Regional Indígena del Cauca.

La comunicadora de corazón Nasa

En una entrevista realizada por un equipo de Avispa Midia a la comunicadora Beatriz Cano, con mucha alegría compartió sobre su llegada al territorio Nasa. Aquí se caso con un integrante de este pueblo y, también tuvieron a una niña, que con orgullo compartió, “ella si es Nasa al igual que su padre”.

Ella provenía de un proceso de comunicación urbano, pero quiso conocer al pueblo Nasa y se quedó para, “enamorarme del proceso y para defender la tierra”, dijo al equipo de Avispa Midia.

Ella aprendió que la “vida no es tan acelerada” y que en la ciudades hay presión de “cumplir tiempo y de trabajar sin vivir una vida sabrosa”.

A continuación, la entrevista completa de Beatriz Cano, realizada en 2019, durante una acción de recuperación de territorio Nasa, colonizado por el monocultivo de la caña de azúcar:

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• El asedio persiste, durante esta semana suman 61 ataques armados hacia las comunidades de Aldama.

El día de hoy 23 de mayo de 2021, este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, refiriendo que aproximadamente las 7:10 horas, se realizaron disparos de altos calibres desde el punto de ataque conocido como “Telemax” ubicado en Santa Martha, Chenalhó, con dirección a la comunidad de Tabac, Aldama. Como resultado del ataque Julio César Pérez Pérez (Julio César) resultó herido en la pantorrilla, mientras se dirigían en vehículo hacia la comunidad de San Pedro Cotzilnam, Aldama.

Julio César fue llevado al Hospital de San Andrés Larráinzar donde se le comentó que no había los materiales necesarios para su atención, por lo que fue de trasladado al Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, nosocomio en el que refieren fue atendido de manera degradante y discriminatoria pues el médico que le atendió se negó a extirpar la bala alojada en su cuerpo refiriendo que “eso de extraerlo solo pasan en las películas de acción”, para después darlo de alta sin mayor atención a su condición médica. Destaca que en ningún momento se apersonaron agentes ministeriales para tomar la declaración de Julio César.

Recordamos que el 23 de abril de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de Aldama, que han sido constantemente atacadas, solicitando al Estado mexicano que adopte las medidas de seguridad necesarias, y culturalmente pertinentes, para proteger la vida e integridad personal de sus pobladores. Pese a tal reconocimiento de la gravedad y urgencia de la situación, las acciones del Estado mexicano han sido insuficientes para asegurar que cesen los ataques armados en contra de la población de Aldama, puesto que posterior a dicho otorgamiento han continuado los disparos en contra de los comunidades, resultando asesinado Pedro Lunez Pérez en la comunidad Coco, Aldama el 8 de mayo de 2021.

El Frayba manifiesta su preocupación por la intervención insuficiente del Estado mexicano a fin de cesar la violencia existente en la región. Las autoridades estatales y nacionales perpetúan una dinámica de exclusión y discriminación estructural en contra de las poblaciones indígenas de Chiapas cuyo derecho a la vida, paz e integridad física y emocional parecería no ser un valor importante de proteger. Nos parece indignante que, tras los años de aumento de la violencia en contra de las comunidades de Aldama, situación que además de los asesinados y heridos, ha dejado graves impactos psicosociales en la población y las autoridades siguen interviniendo mínimamente, sin la urgencia y la disposición máxima de recursos que una situación tan grave como esta necesita, tan solo esta semana hemos registrado 61 agresiones armadas hacia las comunidades de Aldama, situación que aun continúa.

Por lo anterior hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se desactive la violencia crónica que se vive en las comunidades de Aldama, Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
23 de mayo de 2021
Acción urgente No. 6

Descarga la Acción Urgente aquí: Julio César herido tras ataque del grupo armado de Santa Martha, Chenalhó.

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Elijah J. Magnier

Los extraordinarios enfrentamientos entre los palestinos e Israel son una prueba de una situación paradójica que no acabará pronto. El enfoque israelí de lo que está ocurriendo parece formal y engañoso. El jefe del Estado Mayor israelí, Aviv Kochavi, dijo: “Hamás no ha evaluado adecuadamente la gravedad de nuestra respuesta, ya que la Franja de Gaza se enfrenta a una enorme intensidad de ataque que no se ha visto hasta hoy”.

Tel Aviv reveló que había bombardeado más de 1 mil 500 objetivos y destruido decenas de edificios en la asediada ciudad de Gaza. Sin embargo, Israel nunca se dio cuenta de que los grupos de resistencia palestinos habían introducido nuevos misiles de largo alcance y habían aumentado significativamente la potencia de fuego, con un ritmo de más de 150 cohetes disparados a diario y simultáneamente. Los palestinos registraron más de 100 edificios alcanzados en Israel, y Gaza introdujo una nueva amenaza al lograr bombardear desde el primer día Jerusalén y Tel Aviv.

Se trata de un cambio fundamental en las reglas de enfrentamiento, de bombardear gradualmente y evitar bombardear Tel Aviv, que el Eje de la Resistencia está acostumbrado a observar. Por primera vez se lanzaron nuevos misiles, uno bajo el nombre de “Al-Qasim” (llamado así por el comandante iraní Qassem Soleimani, responsable del suministro de armas a los palestinos), de 400 kilogramos, y el otro misil, “Ayyash” (llamado así por “Yahya Ayyash”), con un alcance de 250 kilómetros.

Khaled Meshaal, representante de Hamás en el extranjero, no dudó en afirmar que “la resistencia se ha beneficiado de Irán, de sus misiles y de su experiencia, y las organizaciones de Gaza se han beneficiado del contrabando de armas y de tecnología militar”.

La operación israelí “Guardián de los Muros” fracasó frente a la “Espada de Jerusalén” palestina a la hora de introducir una nueva ecuación de disuasión. Como en todas las guerras, Israel consiguió destruir instalaciones, tierras agrícolas, edificios civiles, bancos, vías públicas y edificios para los medios de comunicación locales y extranjeros. Esto indica que la resistencia palestina ha logrado reducir el banco israelí de objetivos altamente sensibles, como solía ocurrir en guerras pasadas. La incapacidad israelí para determinar la ubicación de los lanzadores de cohetes y el paradero de los altos mandos militares significa que las instituciones civiles son ahora el objetivo predilecto de Israel.

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Por Ángel Huerta

El pasado miércoles, 12 de mayo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan), en Guerrero, realizó una conferencia de prensa para informar los resultados de la Misión de Observación que documentó la situación de violencia en la región de la Montaña, una de las siete regiones que conforman el estado de Guerrero, al sur de México.

La misión escuchó testimonios de casos graves de violencia por parte de familias de personas desaparecidas, casos de violencia de género, de agresiones a personas defensoras y periodistas. Abel Barrera, director de CDHM Tlachinollan, señaló que “es de extrema indenfensión la situación en que se encuentran, sobre todo, compañeras, niñas, jóvenes, adultas, mujeres de la montaña de Guerrero (…), en un marco de complicidad y violencia, de inacciones de las autoridades”,  señaló Barrera.

En mayo del 2020, International Crisis Group, organización independiente que trabaja para prevenir guerras, publicó su informe “La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México”, donde expone que “desde el 2014 hasta el 2018, hubo en Guerrero 544 desapariciones forzadas, es decir, desapariciones que involucraron la participación de funcionarios estatales u oficiales de seguridad, más que en cualquier otro lugar del país”.

En el documento señala que las organizaciones criminales asesinaron a cinco activistas de derechos humanos y ambientales tan solo en el 2019. Los periodistas también están en la mira. Desde el 2000, 24 han sido asesinados en Guerrero, el quinto número más alto en todo el país. La más reciente víctima fue Víctor Fernando Álvarez, “un periodista de Acapulco quien fue descabezado en abril del 2020 después de que recibiera amenazas de un grupo criminal local.”

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