Children
(Español) Misión Civil de Observación a Chiapas denuncia una situación sistemática y estructural de violaciones a derechos humanos
-
-
- 14 organizaciones integrantes de la Red TDT así como 3 organizaciones internacionales visitaron comunidades de las regiones Altos, Norte y Costa para documentar violaciones a DDHH.
-
-
-
- La impunidad y falta de acceso a la justicia generan un clima de riesgo para el CDH Digna Ochoa y el CDH Fray Bartolomé de las Casas.
-
-
- La falta de voluntad política agudiza la crisis de derechos humanos que viven las comunidades chiapanecas.
Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1] visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.
La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.
Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.
Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.
Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.
También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.
Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).
Descargar PDF: Misión Civil de Observación a Chiapas denuncia una situación sistemática y estructural de violaciones a derechos humanos.
(Español) Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades Indígenas, toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Coyoacán, Ciudad de México12 de octubre 2020
Ciudad de México.
La Comunidad Indígena Otomí tomó las instalaciones del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI). Demandan una mesa de negociación con el titular del instituto, Adelfo Regino, así como con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues durante años, su demanda de vivienda ha sido ignorada.
En conferencia de prensa, los integrantes de la comunidad denunciaron el desprecio de las instituciones gubernamentales. Marisela Mejía, representante en el Concejo Indígena de Gobierno, dijo: “No nos gusta este espacio, pero queremos luz, agua y condiciones dignas para vivir en nuestro propio espacio”, por lo que anunciaron que se quedarán a habitar el INPI.
Denunciaron que una de sus unidades de vivienda, ubicada en Zacatecas 74, colonia Roma, lleva años sin regularizarse, pues las autoridades en turno se han negado a publicar el decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y les mencionaron que tendrán que iniciar el trámite desde el inicio, pues es una nueva administración.
Filiberto Margarito, indígena otomí, mencionó que el Instituto Nacional no representa a las comunidades indígenas, pues no reconoce a los pueblos como sujetos de derecho y no respeta su autonomía, ni su libre determinación. Además, señaló que “El INPI es un elefante blanco que está al servicio de las empresas trasnacionales que despojan a los pueblos de sus territorios”.
Sara Hernández, originaria de Santiago Mexquititlán, Querétaro, denunció las amenazas de muerte que vive en su pueblo. Los turistas piensan que, entre menos lodo, es más bonito, “Pero para nosotros, el lodo en nuestros pies es una forma de estar en contacto con la tierra, es lo más bonito”.
Ellos se pueden ir a la luna porque tienen dinero, pero nosotros no: vamos a seguir defendiendo a nuestra madre tierra, afirman.
Marisela Mejía, mencionó: “Esa Cuarta Transformación solo nos voltea a mirar para desaparecernos” y recordó que el Congreso Nacional Indígena (CNI) sigue en exigencia de justicia por Samir Flores, asesinado en Amilcingo Morelos.
Esta acción se dio en el marco de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, contra la Guerra al EZLN, los pueblos y las comunidades indígenas, para reafirmar la resistencia de los pueblos que rechazan el proceso de colonización.
