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(Español) Honduras: Desalojan comunidades campesinas en Bajo Aguán por intereses de agroindustria

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Por Ñanì Pinto

En portada: Policías antimotines preparándose para desalojar a la comunidad de San Isidro. Foto: Witness for Peace

Este martes (21), bajo un contexto de terror y fuertes amenazas, 1,500 elementos de seguridad, en su mayoría miembros de las Fuerzas Especiales Cobras, quienes han sido entrenadas y financiadas por Estados Unidos, realizaron el desalojo de 252 familias campesinas integrantes de la Cooperativa Remolino ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, costa norte de Honduras.

Esta acción violenta es la más reciente en una serie de desalojos ocurridos durante la última semana y en donde al menos cuatro comunidades han sido despojadas de sus tierras.

Los operativos comenzaron el pasado 16 de diciembre y han sido dirigidos contra cooperativas de la Reforma Agraria, quienes tienen documentación legal que les respalda su derecho al acceso a tierra, y otras familias de escasos recursos, así lo denunció la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.

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En comunicado, la Plataforma Agraria recalcó que la orden de desalojo ilegal y fraudulenta contra la Cooperativa Remolino busca favorecer a la empresa Inversiones Ceibeña, productora de palma aceitera. “Los jueces han abusado de su autoridad y dado órdenes ilegales de desalojo para beneficiar empresas agro-extractivas como las familias Facussé, Canales y Morales, dejando sin techo y sin alimentación a las familias campesinas”, denuncia la Plataforma Agraria.

De acuerdo a un reporte del equipo del Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz, quien se encuentra monitoreando los desalojos violentos, “las comunidades sienten que esto es un acto de represalia, y tal vez uno de los últimos movimientos de represión por parte del régimen de Hernández [presidente Juan Orlando Hernández, que cumple su mandato hasta enero de 2022] y sus amigos de las familias terratenientes de Honduras”.

Por su parte, Yoni Rivas vocero de la Plataforma Agraria manifestó que “una vez más se demuestra que el poder judicial en Honduras se vende al mejor postor, hemos visto su confabulación de los jueces y fiscales con las familias Facussé, Morales, Canales y Pérez; otro ejemplo muy claro es el caso de Guapinol donde la justicia hondureña se ha encaprichado en mantener privados de libertad a los ocho defensores del rio Guapinol y San Pedro para favorecer a los interés de las familia terratenientes y mineras que tienen poder e influencia en todo el poder judicial”.

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La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán señala que las acciones recientes violan el Protocolo de las Naciones Unidas sobre Desalojos Forzosos que establecen “el Estado debe garantizar la reubicación, alimentación y atención médica a las familias que han sido desplazadas”, por lo cual exigieron el cese inmediato de los mismos.

Desalojos

Familias pertenecientes a la cooperativa San Isidro y la cooperativa La Confianza fueron las primeras en ser desalojadas durante los operativos iniciados el 16 de diciembre. Un día después, la comunidad Palma Sol Río Claro, quien no hace parte de la Plataforma Agraria, también fue desalojada.

El operativo ocurrió a pesar de que la cooperativa de San Isidro posee un título de propiedad definitivo de la finca San Isidro y ocupó durante dos años dichas tierras. No obstante, la Corporación Dinant afirma ser la propietaria de dicho territorio. En ese espacio, las familias de la cooperativa habían eliminado pequeñas secciones de las plantaciones de palma para plantar yucca, maíz, frijoles, plátanos y otros cultivos de subsistencia.

“Una fuente nos dijo que había al menos 800 policías y fuerzas especiales presentes para el desalojo de la comunidad. Observamos que esto incluía a los ‘Tigres’, las Fuerzas ‘Rurales’, la DPI y la Policía Nacional. Sabemos que los Tigres y la Policía Nacional reciben financiamiento y entrenamiento de Estados Unidos. Algunos llevaban viejas mochilas verdes con el sello ‘US’, otros tenían parches militares estadounidenses que parecían llevar como una especie de recuerdo”, señala el Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz.

En el informe de Testigo por la Paz también destacan la presencia y colaboración de guardias de seguridad privados contratados por Dinant, pertenecientes a la empresa Servicios Especiales de Colón (SEC). “Después del desalojo, vimos a los guardias repartiendo comida y bebidas a la policía desde la parte trasera de una camioneta, y en general siendo muy amables con la policía durante todo el día. Las relaciones entre la policía y los guardias del SEC, donde trabajan juntos para reprimir y criminalizar campesinos en recuperación de tierra, han sido denunciadas por la Plataforma en numerosas ocasiones. Tras marcharse, la policía dejó a los guardias a cargo del terreno”.

Ante la situación de alerta, integrantes de las cooperativas y de la Plataforma se reunieron con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), con quien señalaron la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los conflictos de tierras del Aguán que insta al Estado de Honduras a no realizar desalojos en la región, y buscar un diálogo para resolver el conflicto de terreno.

En el mismo martes (21), otras 60 familias de La Brea Chapaguita fueron desalojadas después de tres años de la recuperación de sus tierras. Esta es la cuarta comunidad campesina del Bajo Aguán en ser desplazada desde el inicio de los operativos.

Conflicto

La región conocida como el Bajo Aguán ha estado marcada por las luchas por la tierra de organizaciones campesinas quienes disputan el usufructo de las mismas contra grandes terratenientes, empresas de aceite de palma y de la agroindustria como la Corporación de Dinant.

Fue en la década de los setentas cuando el Estado hondureño distribuyó tierras fértiles a cooperativas agrícolas en el valle del Bajo Aguán e incluso estas organizaciones campesinas recibieron títulos de propiedad. No obstante, durante las décadas de los ochenta y noventas estas cooperativas sufrieron el ataque y despojo de sus tierras por parte de empresas productoras de aceite de palma, quienes contaron con apoyo del gobierno para adquirir contratos ilegales de uso de la tierra del Instituto de la Propiedad (INA).

Tras los conflictos por la tierra que se sucedieron en los años posteriores, fue en el contexto del incremento de la represión estatal tras el golpe de Estado del año 2009, cuando la Plataforma Agraria aglutinó a diversos movimientos campesinos quienes han luchado por la recuperación de sus tierras.

Actualmente, la Plataforma integra a nueve cooperativas, las cuales poseen títulos definitivos de sus tierras. No obstante, necesitan realizar esfuerzos de reocupaciones en el que las personas ingresan en las tierras, presentan sus títulos de propiedad y establecen viviendas permanentes, inicialmente en condiciones básicas y a merced de los ataques de las empresas y de las fuerzas del Estado.

“Mientras tanto, las empresas productoras de aceite de palma y los intereses comerciales de la región, conocidos por trabajar estrechamente con las autoridades gubernamentales, han impulsado campañas de difamación contra las cooperativas, presentándolas como ‘invasoras’ armadas y violentas, perjudiciales para el desarrollo económico de la región”, contextualiza el Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz.

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Medios Libres/Gira por la Vida-Portugal para La tinta

(Español) Luchas contra la minería en Portugal, Zapatistas y CNI hermanan sus luchas por la Vida

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Delegaciones zapatistas y del Congreso Nacional Indígena visitaron diferentes luchas contra la minería en el centro y norte de Portugal. Desde las montañas del sureste mexicano hasta los valles neblinosos de Portugal, diferentes pueblos se hermanan en lucha. Juntos, dicen sí a la vida y no a los proyectos de muerte.

Por Medios Libres/Gira por la Vida-Portugal para La tinta

Movimientos y personas de diferentes pueblos de Barroso recibieron a los y las representantes indígenas y zapatistas en un ambiente de resistencia, rebeldía y esperanza. En este lugar, se miraron al espejo luchas contra proyectos extractivos que los malos gobiernos alegan que son por el bien del pueblo.

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Minas de litio a cielo abierto, termoeléctricas, parques eólicos, presas, gasoductos, agroindustria y agropecuaria intensiva, fracking, emprendimientos y trenes turísticos, todos estos proyectos llegan con las promesas de reducir emisiones, acelerar el desarrollo económico y traer prosperidad. Pero, en verdad, dictan una sentencia de contaminación del aire, del agua y de la tierra en los pueblos a donde se establecen, destruyendo no solo los medios de subsistencia locales, sino también el acceso a recursos naturales básicos.

“En nuestro país también hay despojos de tierra y agua.
Hoy estamos aquí para decir que las luchas no deben de caminar solas ni tener un solo protagonista. Mandemos para allá el individualismo, que es el fracaso de las luchas.
No más luchas solas, ahora luchas hermanadas.
No estan solos, no estamos solos”.
Palabras del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Barroso.

La delegacion del CNI alerta: “La Madre Tierra nos pide a gritos que nos levantemos de una vez y frenemos la destrucción que la va a matar, y que nos va a llevar a todos con ella”.

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(Imagen: Mauricio Centurión)

Escuchamos los gritos que irrumpen de las cicatrices que dejó la extracción de estaño en Cerdedo, de las heridas abiertas por la antigua mina de tungsténio en Borralha y la exploración de quarzo y feldespato en Couto de Dornelas. También son ensordecedores los gritos que salen de los terrenos comunales que cubren las montañas de Covas do Barroso, ahora amenazadas por la minera británica Savannah Resources, y las montañas de Morgade, amenazadas por Lusorecursos.

En la Caravana por la Vida, los pueblos indígenas de México unieron su fuerza con los pueblos de diferentes zonas de Portugal que están en lucha contra la llegada de las “mineras verdes” a sus valles. Estos valles tricolores, los pinares brumosos y el horizonte de montañas azules hacen sentir en casa a los visitantes.

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(Imagen: Mauricio Centurión)

Barroso y sus habitantes luchan por preservar la vida, en una región repleta de cultura y tradiciones ancestrales. La biodiversidad tiñe de colores estas montañas que están amenazadas de volverse gris oscuro con estos megaproyectos.

La lucha por el agua es uno de los principales lazos que une todos estos pueblos. El agua está amenazada por megaproyectos y también por las multinacionales que, con sus fábricas, la saquean y después, dicen, vienen a “salvar” el pueblo, vendiéndole agua embotellada que las propias compañías contaminaron.

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(Imagen: Mauricio Centurión)

“Ese río hermoso que ven ahí ya no va a estar hermoso, compas, si se instala la mina.
Se va a contaminar y va a ir contaminando a los ríos que lo unen.
El agua que hoy se toma ya no se va a poder tomar”.
Palabras del Congreso Nacional Indígena.

Al paso que las transnacionales recorren a las redes sociales y a los medios masivos para anunciar sus encuentros con importantes personalidades y mantener su imagen, los pueblos se encuentran de forma discreta, se miran y se reconocen unos en los otros, tejiendo lazos de fuerza y esperanza para enfrentar al enemigo común: el capitalismo.

Barroso ya está del otro lado del mundo también, junto a los pueblos de México. Y, como dicen las compañeras del CNI, ya no somos solo la voz y los ojos de todos los pueblos de México, sino de todos los pueblos del mundo.

Barroso ya no lucha solo.

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(Imagen: Mauricio Centurión)

“Aquí, como les están haciendo, allá nos hicieron”

El caminar del Congreso Nacional Indígena también les ha llevado hasta la Serra de Argemela, otra zona de montañas amenazada por la minería de litio, ahora en el interior y centro del territorio portugués. Una vez más, la delegación del CNI se miró al espejo, intercambiando con movimientos y la población local sobre sus dolores, sus problemas, los ataques que enfrentan, que son los mismos y uno solo. Sobre la necesidad de responder al llamado de la Madre Tierra y organizarnos desde abajo, desde cada comunidad, para defender nuestros modos, nuestras culturas, nuestros pueblos, nuestro territorio, nuestra agua, nuestra Vida.

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(Imagen: Mauricio Centurión)

“Hermanos y Hermanas, la mejor manera, la mejor receta, el mejor remedio, es organizarnos.
Ya decía, dejemos a un lado nuestras diferencias. Que no haya liderazgos, que no haya políticos,
que no haya caudillismo. Porque donde hay caudillos, hay protagonistas, hay un político en una organización, fracasan. ¿Por qué? Porque esa persona, líder o dirigente, se vende, lo compran,
y la organización se fue para abajo. Esto debe ser comunitario, colectivo.
La colectividad es lo que nos lleva al triunfo de nuestras luchas”.
Palabras del CNI en el pueblo de Barco, en la Serra de Argemela.

*Por Medios Libres/Gira por la Vida-Portugal para La tinta / Imagen de portada: Mauricio Centurión.

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Prensa Comunitaria

(Español) El Estado Guatemalteco es hallado culpable por masacre en Aldea Los Josefinos en 1982 bajo el régimen de Ríos Montt

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Por Juan Calles

Era de madrugada, en la aldea Los Josefinos, en la Libertad Petén, pocas personas se habían levantado de su cama para iniciar la jornada del día, de pronto, la aldea estuvo rodeada por elementos del Ejército de Guatemala; para antes de llegar el medio día la aldea había sido arrasada, ancianos, niños, niñas, hombres y mujeres fueron masacrados, era 29 de abril de 1982.

Después de asesinar a familias enteras, los efectivos militares quemaron las viviendas y al siguiente día enterraron los cuerpos en una fosa común.

Al menos 38 personas murieron durante la masacre, algunos sobrevivientes huyeron a las montañas cercanas y otros salieron del país como refugiados políticos.

Este 21 de diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CorteIDH – encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por las violaciones de derechos humanos relacionadas con la masacre de la Aldea Los Josefinos. Al mismo tiempo, el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público en Guatemala.

En la sentencia de la CorteIDH se señala al Estado de Guatemala como responsable de la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de 7 personas y sus núcleos familiares, la violación al derecho a la familia de 6 personas, la violación del derecho a la niñez de 6 niños y niñas, así como la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a conocer la verdad en perjuicio de 1.439 personas; el tribunal internacional también determinó que el Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las personas que fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, así como de las víctimas sobrevivientes de la masacre.

La sentencia también ordena medidas de reparación

Entre otras, la CorteIDH ordena al Estado guatemalteco:

  • Remover todos los obstáculos legales y no legales que mantienen la impunidad en este caso
  • Continuar o reabrir las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos
  • Elaborar un plan detallado con definición de objetivos y metas concretas para la búsqueda de los miembros de la Aldea los Josefinos desaparecidos forzadamente
  • Implementar una medida de fortalecimiento del centro de salud ubicado en la Aldea Los Josefinos mediante la dotación de recursos humanos permanentes y calificados en materia de atención a la salud física, psicológica y odontológica
  • Continuar con la construcción del monumento en la zona donde se encontró la fosa clandestina, así con la instalación de una placa conmemorativa de los hechos ocurridos
  • Realizar un documental audiovisual sobre la masacre ocurrida los días 28 y 29 de abril de 1982 en la Aldea Los Josefinos.

La comisión del esclarecimiento histórico documentó 669 masacres durante la guerra civil de 36 años, de las cuales 626 fueron atribuidas al ejército de Guatemala; el conflicto dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe presentado en 1999.

Proceso de exhumación de la fosa común en la aldea Josefinos en Petén:

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Prensa Comunitaria

(Español) La familia indígena de San José Poaquil que espera el retorno de un sobreviviente del accidente de Chiapas

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Por Joel Solano y Nelton Rivera

Isabela Esquit es una mujer jóven Maya Kaqchikel, de San José Poaquil, desde el 8 de diciembre se quedó a cargo de cuatro hijos pequeños, su esposo Baldomero Sis Cun, decidió emprender un largo viaje y encontrar el sueño americano, salió de casa de madrugada con el único objetivo de llegar a los Estados Unidos.

Baldomero un Maya Kaqchikel de 32 años, salió con lo único que llevaba puesto igual que miles de guatemaltecos que toman la ruta migratoria, con el sueño de darle una mejor vida a Isabela y a sus cuatro hijos, dos niños y dos niñas de 11, 10, 5 años y la más pequeña de un mes de nacida.

Es jornalero, su única fuente económica es trabajando la tierra y para él es muy difícil de lograr grandes cosas para su familia ganando únicamente Q40.00. Es uno de los sobrevivientes del terrible accidente de Chiapas, ocurrido el 9 de diciembre, está hospitalizado en México y aún no ha recibido ayuda del Estado de Guatemala.

Cómo familia saben que el camino a los Estados Unidos no sería fácil, nunca se imaginaron lo que iba a ocurrir en el trayecto rumbo al norte, Baldomero salió a las 4 de la mañana del 8 de diciembre, ese mismo día pasaron la frontera con México, con eso el primero de los pasos se había completado para el grupo de migrantes.

Un día después ya en la ruta, Baldomero y otros migrantes sufrieron un grave accidente en el estado de Chiapas, en la carretera de Corzo-Tuxtla Gutiérrez en el sur de México, una de las versiones de lo ocurrido se acerca al exceso de velocidad con el que el chofer se conducía, informó el gobierno mexicano. Con el accidente se truncó su anhelo de buscar una mejor vida, del accidente fallecieron 56 migrantes y un centenar resultaron heridos, en su mayoría de origen guatemalteco.

Isabela cuenta que para que su esposo pudiera viajar al norte, empeñaron la propiedad de la casa, que incluye el pequeño terreno en el que habitan, todo con tal de conseguir el dinero del viaje a los Estados Unidos. De la tragedia él sobrevivió al accidente, la familia espera que salga bien de una operación que necesita, según el diagnóstico médico debe de ser intervenido en uno de sus brazos.

Este jornalero y su familia viven en el Caserío El Centro en San José Poaquil, en el departamento de Chimaltenango, a unos 110 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Isabela y su familia no cuentan con apoyo del Gobierno de Guatemala, esperan que las autoridades puedan auxiliarlos para el retorno de Baldomero, mientras tanto ella debe garantizar la sobrevivencia de ella y sus cuatro hijos.

Foto Joel Solano. Chimaltenango.

 

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Avispa Midia

Congreso aprueba reforma que restringe la protesta; organizaciones condenan aprobación

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Por Ñanì Pinto

El Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación que criminaliza el derecho a la protesta social. La actualización legislativa penaliza con cárcel de hasta siete años y multas a quienes interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.

También sanciona quienes interrumpan la construcción de dichas vías o que interrumpan los servicios que operen en estas vías. Así que no se necesita que las vías de comunicación ya estén en funcionamiento, porque también se consideran como parte de estas vías “los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás dependencias y accesorios de las mismas”, dónde el ejercito y la Guardia Nacional ya están custodiando.

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Esto implica que los campesinos e indígenas, quienes han protestados en las vías generales de comunicación, como los opositores a las megaobras del Tren Maya y el Tren Interoceánico, o las nuevas carreteras que ya se están construyendo, incurrirán en un delito.

Tras la aprobación de la reformas, Organismos de la Sociedad Civil para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) alertaron que “la aprobación de esta reforma por ambas Cámaras contribuye al discurso punitivista hacia el ejercicio de derechos y estigmatiza a quienes ejercen el derecho a la manifestación”.

Además, FLEPS ha remarcado que la protestas en las vías generales de comunicación es uno de los últimos recursos que restan para el derecho a la protesta de personas que viven en condiciones de pobreza, personas defensoras, mujeres y poblaciones racializadas, lo que las coloca en una mayor situación de vulnerabilidad.

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“Debe recordarse que bajo estándares internacionales la toma de las calles y vías, es una otra forma legítima de apropiación del espacio cívico, siendo ésta cualquier acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación”, denuncia la FLEPS en un comunicado.

Las más de 20 organizaciones de la Sociedad Civil, quienes vienen documentando diversas violaciones a los derechos humanos, consideran que con este nuevo marco legal se están violentando acuerdos y tratados internacionales que el gobierno mexicano ha signado. “En consecuencia, condenamos la reciente aprobación del dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación”, denuncian.

El martes 14 de diciembre, la reforma fue avalada por la mayoría de senadores con 75 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones y fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Avispa Midia

(Español) Tribunal de Oaxaca suspende sentencia que defendía territorio chontal de minería

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El colegiado del Segundo Tribunal de Circuito en Materias Civil y Administrativa revocó la sentencia del juez 4º de distrito de Oaxaca, quien había decidido contra la explotación minera de la empresa Zalamera S.A de C.V, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, en 5 mil hectáreas del territorio del pueblo chontal.

Apegado a marcos jurídicos internacionales, este pueblo originario había apelado a su autonomía y a su autodeterminación, alegando sobre la inconstitucionalidad a la que se incurrió al haber emitido el título de concesión por parte de la Secretaría de Economía sin haberles informado ni consultado. Por tanto, el juez dictó sentencia favorable al pueblo chontal en febrero del año 2020.

“Esta fue una decisión histórica porque la determinación del juez defendió no solamente las comunidades directamente afectadas por la concesión, sino todo el pueblo chontal”, señaló la abogada Aracely Olivos Portugal, de la organización civil Tequio Jurídico.

Sin embargo, la minera, al ver que casi pierde el caso, movió sus piezas para invalidar el juicio. Mañosamente, desistió de la concesión, “sabiendo perfectamente que con esa acción pone en riesgo la existencia misma del juicio, porque los tribunales van a decir que, si ya no existe esta concesión, ya no hay nada que analizar y ya no hay derechos que proteger”, asevera la abogada.

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Y fue lo que pasó. “El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito decidió que el desistimiento de la concesión es algo que beneficia a las comunidades y que, por tanto, no hay ningún riesgo a la comunidad y ningún acto que mantenga vivo el juicio de amparo contra esta concesión”, explicó Olivos.

“No estamos de acuerdo”, refiere la abogada con respecto a la argumentación de los magistrados. “Sabemos que es una estrategia de mala fe de la minera y no es la primera vez que ha pasado”.

Para la abogada Olivos, esta es una estrategia muy común por parte de las empresas mineras en colusión con la Secretaría de Economía. Al ver que van perdiendo el juicio, desisten de la concesión y, consecuentemente, se suspende el caso, para después volver a hacer el pedido de concesión.

La empresa aplicó el mismo procedimiento, en el año 2015, en San Miguel del Progreso, estado de Guerrero. “Con la comunidad me’phaa, desistieron de las concesiones y, al llegar el caso a la corte, se dijo que como ya no hay concesiones, no hay juicio. Esta fue la primera vez que la corte se iba a pronunciar sobre la ley minera”, agrega la abogada.

El pueblo Chontal sería el tercer pueblo indígena al que se le aplica la misma estrategia de invalidar su proceso jurídico. El segundo fue en Puebla, con la comunidad de Tecoltemi, donde la empresa Almaden Minerals Ltd, también de capital canadiense, intentó invalidar el juicio.

“La minera hizo lo mismo, intentó pedir una reducción de su concesión para que ya no abarcara el territorio de la comunidad de Tecoltemi y desistirse de la fracción de la concesión que abarca esa comunidad, pero las abogadas litigaron muy bien y la Secretaría de Economía dijo que no se podía desistir. Actualmente está en la corte”, detalla Olivos.

La abogada sostiene que la defesa del territorio chontal debe continuar. “Seguramente no van a desistir del oro, plata, cobre, zinc y plomo que hay en este territorio”.

Por su parte, el pueblo Chontal ya decidió mediante actas que declaran su territorio prohibido para la minería. No quieren esta industria extractiva en su región.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 21 de diciembre 2021

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ROMPIENDO FRONTERAS
–ARGENTINA: Protestas en Chubut echan atras la traición gubernamental y la explotación minera.
SALUD: La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2021, destaca que la mortalidad infantil podría haber aumentado hasta un 42% al día. Hay cinco millones de muertos en el mundo por covid y 10 millones por hambre.Desinformemonos.
–GUATEMALA: Autoridades maya Ch’orti ‘buscan la cancelación de las licencias mineras en su territorio | PRENSA COMUNITARIA.
–MUNDA: ELLAS ALIMENTAN AL MUNDO, Tierra para las que las trabajan. Siete de cada diez mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador acceden a tierras para producir alimentos, pero sólo tres tienen el título de propiedad de los campos y terrenos que trabajan. | LATFEM
–WALLMAPU: Nación Mapuche: Sentencián desalojo contra Lof Quemquemtrew, la recuperación territorial continua.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

–CdMx: Fallece Gerardo Camacho ejidatario de Totolapan y miembro del CNI
–CDMX: Entrevista a activista animalista sobre las protestas contra las corridas de toros.
–MEXICO SOS México cumple otro año de ser el número uno en el.asesinato de periodistas. Desinformemonos
–GUERRERO: En Guerrero “no hay seguridad para nadie”|tlachinollan|. Tlachinollan
–CDMX: Si AMLO no va a las fosas, las fosas vienen a AMLO, fosas de desparecidos tocan la puerta de palacio nacional. piedepagina
–MIGRACIÓN MEXICO: APARTHEID MEXICANO  hostigamiento y represión a comunidades migrantes en CIudad de México.
–CDMX: Las paredes hablan, las paredes luchan. hostigamiento a grafikeras y grafikeros en lucha.

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Radio Kurruf

(Español) Se realiza un Trafkintu en la comunidad Manuel Demuleo 2 en su proceso de recuperación de tierras en Wallmapu

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El sábado 13 de noviembre de 2021 se realizó un Trafkintu en la comunidad Manuel Demuleo 2 en la comuna de Lautaro, donde han iniciado hace unos meses un proceso de recuperación de tierras. En el transcurso han tenido represión, intentos de desalojo, pero se han mantenido controlando territorialmente, desarrollando una huerta, ruka, recuperando ceremonias y prácticas que van desapareciendo como el Trafkintu y Awkantun juegos mapuche.
Se realizó una radio abierta producida por Hue Nehuen y Radio Kvrruf. Pudimos conversar con asistentes a la actividad como el peñi José Santander Pichún del Lof triftrifko comunidad autónoma de la comuna de Galvarino, el peñi Patricio Peña Railaf, con el Lonko Javier Huentenao que nos compartió un pichi pentukun, con los pichikeche que tuvieron actividades con la organización de salud invitada Cruz Negra donde manifestaron su rechazo a la militarización y por último con la ñaña Rosario Railaf quien apoyó en la organización de esta actividad.

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Radio Kurruf

(Español) [Comunicado] Convocatoria Jornada de agitación y propaganda en solidaridad con el Wallmapu

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«QUEREMOS CONVOCAR A TODOS LOS TERRITORIOS A ACTIVAR UNA JORNADA DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA; CHEM DE RESISTENCIA: CONTRA LA VIOLENCIA DE ESTE E$TADO POLICIAL/LATIFUNDISTA QUE HOY TIENE SITIADO A LAS DIVERSOS LOF DEL WALLMAPU QUE PERSIGUE Y MATAN A TODA PERSONA QUE LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DEL AGUA, DE LA MAPU, DE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD.
Iniciando ésta el 19 al 31 de DICIEMBRE con una campaña con afiches/propaganda / diversas acciones de solidaridad con el pueblo mapuche.
«

Comunicado

JORNADA DE AGITACION Y PROPAGANDA EN SOLIDARIDAD CON EL WALLMAPU
(19 al 31 de diciembre).

Marri marri pu peñi pu lamien ka pu wenuy

Desde la coordinacion realizada hace un mes para dar a conocer el caso del desaparecimiento forzado de nuestro hermano Jose Huenante por parte de Carabineros de Chile en la que se convoco a diversos territorios para exigir verdad y justicia, confluyendo distintas organizaciones y lugares dando el apoyo y difusion a la familia de nuestro hermano , hoy nuevamente nos autoconvocamos frente a la actual situacion que se esta viviendo en el wallmapu y la militarizacion por parte del estado chileno, comunicando lo siguiente :

Kiñe._Queremos saludar a las organizaciones mapuche y a todxs nuestrxs hermanxs en pie de lucha y resistencia a lo largo de todo el territorio del wallmapu; pu peñi y lamngen ejerciendo control territorial en los lof de una y otra forma aportando a liberación del pueblo nacion mapuche y su autonomia ;a los presxs políticxs mapuche y chilenxs a cada una de sus pu reñma (familias) que sufren diariamente el abandono , la persecucion y los continuos asesinatos de weichafe ; al pueblo consciente que trabaja por la recuperación del kvme mongen en sus distintas expresiones: tomas de terreno urbanas, escuelas autogestionadas, autocultivo, cuidado y protección de menokos y humedales, etc.

Epu._ Hoy, en un momento politico en que nuevamente la pequeña burguesia frena las luchas sociales y buscando su acomodo en este sistema winka y capitalista,con su tendencia fascista por una y por otro la socialdemocracia llevando como ganado a la «ciudadanía» a elegir su proximo opresor en esta mal llamada «democracia»; la represión y la injusticia no han terminado, por el contrario, crecen y se perfeccionan cada día. La misma policía y los yanakonas es la que cuida los predios que lxs ricxs le han robado a nuestros pueblos, la que nos golpea en las marchas, llega con sus tanquetas a las comunidades, invade las calles de nuestras poblaciones y encarcela y asesina a lxs nuestrxs.
Sin ir más lejos, durante estos meses el gobierno del delincuente $ebastián Piñera junto al lacayo poder legislativo ha decretado el estado de excepcion para una parte del Wallmapu, luego de preparar un escenario mediático (con el apoyo de la prensa tradicional) de supuesto «narco-terrorismo desenfrenado» en su zona macrosur, coronado por la presion de camioneros -gremio que históricamente nunca ha dudado en prestarse para los montajes que sirvan a la derecha fascista de este país. Sabemos que este decreto no es otra cosa que el avance militar que hace tiempo buscaban, como respuesta al gran aumento en el número de recuperaciones territoriales por parte de las comunidades. La mayoría de éstas han afectado al gran latifundio agrícola (Kunz, García,etc.) Y a extensos predios dispuestos para el negocio forestal, que pertenecen a los grupos económicos más influyentes de este país, cómo forestal Mininco y forestal Arauco (Matte y Angelini), entre otros.

Kila._ Las fuerzas armadas y de orden han demostrado entonces no ser otra cosa que la bala que protege a lxs verdaderxs asesinxs: lxs ricxs y poderosxs, quienes se amparan en un Estado latifundistas que dicta las leyes para ellxs y dirige sus fuerzas contra quienes se les oponen o atentan sus intereses ($$$). Cómo quedó también de manifiesto durante la revuelta social de octubre, en la que no dudaron en disparar a su propio pueblo, al ver cuestionadas sus políticas de miseria.

Meli._Corren tiempos difíciles, nuestra mapu ha sido ya muy golpeada por el interés capitalista: los ríos se secan, los bosques se destruyen, ya se habla de la crisis del agua que se nos viene, la devastación continúa a pasos agigantados. En este punto, hacemos un llamado a organizarnos, lejos de las instituciones que ellxs mismxs han preparado bajo sus reglas (como la actual convención constituyente), pero no por eso descuidando los avances que hacen en materia de leyes, ya que de esa manera igual nos van achicando la cancha, poniendo candados a nuestra posibilidad de organización, y dándose más licencias con sus leyes malditas para reprimirnos, saquear y destruir la tierra.

Kayu._Por todo lo anterior -y por mucho más- QUEREMOS CONVOCAR A TODOS LOS TERRITORIOS A ACTIVAR UNA JORNADA DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA;
CHEM DE RESISTENCIA: CONTRA LA VIOLENCIA DE ESTE E$TADO POLICIAL/LATIFUNDISTA QUE HOY TIENE SITIADO A LAS DIVERSOS LOF DEL WALLMAPU QUE PERSIGUE Y MATAN A TODA PERSONA QUE LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DEL AGUA, DE LA MAPU, DE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD.
Iniciando ésta el 19 al 31 de DICIEMBRE con una campaña con afiches/propaganda / diversas acciones de solidaridad con el pueblo mapuche.

Que no se apague la llama que por estos días ha vuelto a encenderse, ¡sigamos encontrándonos y conversando, compartiendo experiencias, tendiendo nuestras manos en solidaridad, organizándonos y haciéndonos fuertes, superando juntxs el llafkun (división) y kvtran (enfermedad) que nos aqueja, y así encontrando la manera de golpearlxs y recuperar lo que es nuestro, nuestro kvme mongen, la vida!
Amulepe taiñ weichan!!!

Enviado a la radio.

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Avispa Midia

(Español) Refugiados haitianos en Tapachula exigen alto a discriminación y racismo

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Por Sare Frabes

En portada: Miles de migrantes haitianos subsisten en condición de calle, a la espera de transportes del INM para salir de Tapachula. Foto: Santiago Navarro F.    

Representantes de la Asociación de Refugiados Haitianos en Tapachula (ARHT) exigieron respeto a sus derechos humanos. Denunciaron que las y los migrantes de Haití sufren constantes actos de discriminación, xenofobia y racismo por parte de distintos organismos migratorios en Chiapas.

“Al llegar a México sufrimos de rechazo, hostigamiento y criminalización por parte de las autoridades. Hay una negativa de garantizar nuestros derechos más básicos, principalmente por parte del INM (Instituto Nacional de Migración), la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y ACNUR (Agencia de las Naciones Unidades de Ayuda a Refugiados)”, denunció una integrante de la ARHT mediante conferencia de prensa realizada este miércoles (15).

En dicho evento, también expusieron las condiciones en que ocurre el flujo migratorio de miles de personas, nacionales de Haití, quienes huyen de la situación de violencia generalizada que existe en el país caribeño, ocasionada por desastres naturales, pobreza extrema, inseguridad e inestabilidad política.

“Para salvar nuestras vidas tuvimos que dejar a nuestros hogares, familias y patrimonio. Para llegar a México atravesamos el mar Caribe, recorrimos largos caminos desde América del Sur para llegar a Brasil o a Chile, lugares donde no se nos permitió establecernos de manera definitiva, entonces tuvimos que dirigirnos hacia el norte”, contextualizaron.

Durante la conferencia, una de sus principales demandas fue el llamado para la conformación de una mesa de diálogo con el INM, la COMAR y la representación en México de la ACNUR, para con ello construir soluciones a las problemáticas de la comunidad haitiana que se encuentra en Chiapas.

Maltrato

Los representantes de ARHT detallaron que el INM ha sido la institución encargada de frenar y obstaculizar los trámites de regularización de las y los migrantes haitianos, así como la responsable de realizar constantes operativos de detención contra los mismos.

Es durante las detenciones, señalaron, cuando reciben maltratos y arrestos violentos por parte de los funcionarios de migración. Además, enfatizaron que existen testimonios de migrantes quienes, a pesar de contar con documentos legales que garantizan su permanencia en México, estos son destruidos por parte de las autoridades. También denunciaron que los agentes de migración roban su dinero y teléfonos, maltratan a las mujeres embarazadas y a sus hijos, e incluso realizan deportaciones arbitrarias.

“Todo eso, a pesar de contar con reconocimiento de medidas alternativas a la detención, lo que implica que tenemos el derecho a no ser detenidos, ni deportados. Durante nuestros traslados, pasamos mucho tiempo en el autobús, sin comida ni agua potable con nuestros hijos menores de edad”, acusan.

En lo que respecta a la actuación de COMAR, la ARHT acusó que dicho organismo no respeta los plazos legales para iniciar el trámite de refugio, tampoco realiza las entrevistas ni dicta la resolución a sus procedimientos de acuerdo a una valoración adecuada de la situación de cada uno de ellos.

“Vemos que la Comar se tarda mucho en dictar resolución y en la mayoría de los casos no reconoce a los haitianos como refugiados para poder vivir en el país. La falta de este reconocimiento no nos ha permitido acceder a otros derechos, pues con frecuencia no aceptan a nuestros niños en las escuelas, no tenemos acceso a hospitales, no podemos trabajar por falta documentos legales”, sostienen.

Entre otros detalles, también refirieron que aún cuando realizan el registro para la solicitud de refugio, la COMAR no proporciona fecha para realizar la entrevista para la residencia, por lo cual viven periodos prolongados de incertidumbre y sin documentos legales que les permitan vivir en Tapachula.

Además, “la forma en que (COMAR) analiza el caso de refugiados haitianos tiene un efecto racista”, denunciaron. De acuerdo a testimonios, las y los migrantes no son escuchados pues no cuentan con traductores ni tampoco se toma en consideración la violencia generalizada que se vive en Haití y que los obliga a migrar.

“Aunque existe violencia generalizada en nuestro país (nuestro presidente ha sido asesinado, nuestros hermanos y hermanas han sido asesinados y han ocurrido terremotos en nuestro país), COMAR no reconoce esto, no nos otorga el refugio, no nos han tratado bien”, aseguraron mediante comunicado leído durante la conferencia.

Referente a la labor de ACNUR, los integrantes de la ARHT aseguraron que la oficina en México de esta agencia perteneciente a Naciones Unidas, ha actuado de manera discriminatoria, “muchos refugiados haitianos duermen en las calles porque la ACNUR no les brinda ayuda y sus hijos están sufriendo. Hemos observado que en la atención, la agencia no nos dan el mismo trato que a los latinos”.

Refugio

La ARHT es una organización conformada en agosto de este año y está integrada por 3,000 haitianos, quienes comparten la idea de residir en la ciudad de Tapachula, frontera sur de México, aún cuando recientemente el INM ha realizado intentos de reubicar a sus connacionales hacia otros estados del país.

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“Nosotros no aceptamos eso tampoco, por eso estamos aquí para luchar junto con ellos (…) vamos a seguir viviendo aquí por mucho tiempo aquí mismo en Tapachula; por eso estamos pidiendo para que nuestros hijos tengan derecho de ir a la escuela”, demandó Wesly Luc, integrante de ARHT, quien hizo énfasis en que debido a la demora en los trámites, existen personas en situación de calle.

La ARHT enfatizó que sólo tres por ciento de los haitianos que han llegado a Tapachula han sido seleccionados para recibir refugio. De acuerdo a datos de la COMAR, los migrantes de dicho país caribeño que solicitaron este trámite en 2021 alcanzó un total de 47,494 personas, quienes permanecen en situaciones precarias en la ciudad fronteriza.

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