Chiapas
De Parres Gómez: “Sheinbaum se presenta como progresista, pero sostiene un horizonte militarista y neoliberal”
Fuente: El Salto Diario
Por Jan Blažek
Los ataques contra el zapatismo son funcionales al avance de los megaproyectos y al control territorial, opina este antropólogo y comunicador mexicano con amplia experiencia como investigador en varios territorios mexicanos.
Francisco De Parres Gómez es un antropólogo, comunicólogo y fotógrafo mexicano, que se desempeña como investigador posdoctoral en la Universidad Veracruzana donde, desde hace años, se dedica al estudio de la relación entre arte, política y movimientos indígenas como los zapatistas. Sobre estos temas ha publicado publicó el libro Poéticas de la resistencia: arte zapatista , estética y decolonialidad (CIESAS-UDG, 2022) así como Arte y política en el zapatismo contemporáneo: Una relación indisoluble (CLACSO, 2022).
Coordinó tambiénInternacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías. En su investigación actual, De Parres analiza el contraste entre las prácticas estético-políticas orientadas a la defensa de la vida y el territorio, y las expresiones estéticas y culturales de la necropolítica de figuras neofascistas como Javier Milei, Nayib Bukele o Jair Bolsonaro.
¿Cuál es el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en relación con el Zapatismo y movimientos sociales?
Como ha observado Raúl Zibechi en casos afines, el sexenio de AMLO mostró que los llamados gobiernos progresistas suelen golpear con mayor dureza a los movimientos. MORENA no abrió un espacio amplio para la diferencia, sino un multiculturalismo acrítico funcional al sistema, centrado en la categoría de “ciudadanía”. Aunque México reconoce 68 pueblos originarios, no se implementaron políticas diferenciadas para pueblos indígenas y afrodescendientes según sus territorios. Se impuso, además, la espectacularización, el racismo y la exotización de la política hacia los pueblos: una apropiación simbólica de demandas zapatistas y retorno al indigenismo de Estado. Pese al discurso de ser un triunfo “de abajo”, se desdeñó al Zapatismo, al movimiento feminista, a madres y padres buscadores, a periodistas críticos y a migrantes.
En lo estructural, se profundizó el neoliberalismo: corporativización de movimientos, ruptura del tejido comunitario y atomización clientelar de recursos. Los proyectos “Sembrando Vida”, que fue rebautizado en comunidades como “sembrando envidia/latas” por sus efectos divisorios y ambientales, y el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, no resolvieron de raíz la precariedad. Aunque prometió regresar al ejército a los cuarteles, la institución más favorecida presupuestalmente fue la militar y la presencia armada se normalizó. La gobernabilidad se basó en “mesas” asimétricas, cooptaciones y asistencialismo: la “cuarta transformación” no desmontó las estructuras del neoliberalismo, las reforzó bajo el discurso progresista. El zapatismo, por su insistencia en la autonomía y la crítica frontal al Estado, sigue siendo la voz más incómoda. El saldo no es una ruptura sino la confirmación de que el Estado, incluso en versión progresista, sigue siendo colonial y asfixia a los movimientos que desbordan sus márgenes de control; los cambios duraderos nacen desde los pueblos.
¿Y qué tal la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum? A finales del año pasado declaró que con los zapatistas hay respeto, pero que defenderá el proyecto de MORENA.
El sistema luce el rostro de una mujer científica sin alterar la lógica del poder. Sheinbaum se presenta como progresista, pero sostiene un horizonte militarista y neoliberal: no planea desmontar la acumulación ni el “progreso” capitalista. Mantiene la narrativa de inclusión mientras se profundiza la militarización y la colusión Estado–crimen. Recurre a frases zapatistas y puede parecer que los movimientos llegaron al gobierno, pero lo que avanza es el extractivismo, el control poblacional y la subordinación comunitaria. En vez de priorizar salud y educación, se robustecen dispositivos de control como la CURP con biométricos como mecanismos de vigilancia.
Como con AMLO, hay que situarla en la reconfiguración global: policrisis (clima, economía, guerra) a las que el imperio responde extendiendo la muerte para sostener la acumulación. El Subcomandante Galeano advirtió que los misiles que hoy caen en Gaza podrían caer mañana en nuestras ciudades si no se cambia de rumbo. El Zapatismo propone otro horizonte: un internacionalismo de los pueblos y las diferencias. En 2021, la “Travesía por la Vida” recorrió 19 países europeos y enlazó luchas del pueblo Sami, okupas, anarquistas, sindicatos, trabajadoras sexuales y migrantes. La trampa actual es creer que la transformación vendrá desde arriba: continúan megaproyectos, deuda ecológica y militarización con retórica de derechos; las alternativas reales nacen desde abajo. Mientras el Estado se militariza y vigila, los pueblos siguen construyendo caminos de autonomía y de vida.
¿Podemos centrarnos en la seguridad en Chiapas? ¿Hubo ataques directos del Estado en territorio zapatista con Obrador o Sheinbaum?
En meses recientes, el poblado autónomo zapatista Belén, en el Caracol 8 “La Luz que Resplandece al Mundo” (Dolores Hidalgo, Ocosingo), sufrió despojo violento. La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas denunció incursiones desde abril de 2025 con participación de grupos civiles acompañados por Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal de Ocosingo y Fiscalía estatal, presentadas como “conflicto agrario”. Hubo quema de casas, robos y despojo documentado incluso por canales oficiales. Es clave: las tierras habían sido indemnizadas por el Estado tras 1994 y hoy se trabajan en común por comunidades zapatistas y no zapatistas; cerca se levanta un quirófano autónomo de acceso comunitario. Es otra incursión con presencia militar en gobierno de Claudia Sheinbaum, la primera, en abril de 2025, terminó con la liberación de dos bases de apoyo por presión social. Todo confirma un cerco estatal de facto sobre el territorio.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido como ‘Frayba‘, reportó al menos 13 bases de apoyo desplazadas y afectaciones a campesinos no zapatistas de la milpa común; el objetivo es convertir territorio recuperado en “tierra privada”, en un contexto de militarización con cuerpos de élite como las FRIP o “pakales”. A las violencias superpuestas (enfrentamientos, trata, desplazamientos, desapariciones) se suman prácticas de control: fotogrametría aérea sobre comunidades autónomas; vínculos de grupos de entrenamiento policial con el Mossad revelados por Guacamaya Leaks; y, durante el festival Rebel y Revel (Arte), patrullajes de la Guardia Nacional ante miles de personas.
“El Estado puede negar una guerra contra el EZLN, pero el cerco es permanente, lo que demuestra que la contrainsurgencia es parte de un engranaje transnacional“
La guerra también opera con balas ideológicas: campañas que difunden absurdos como el “uranio” en territorio zapatista para estigmatizar e aislar. Los propios zapatistas han descrito Chiapas “al borde de la guerra civil”; el Frayba lo documenta reiteradamente. El Estado puede negar una guerra contra el EZLN, pero el cerco es permanente, lo que demuestra que la contrainsurgencia es parte de un engranaje transnacional. En medio de este tablero, las comunidades zapatistas quedan expuestas a múltiples fuegos: la violencia criminal, la militarización estatal y la descomposición comunitaria que provocan estas dinámicas.
Jalisco ahora controla la frontera y la disputa con Sinaloa arrecia. ¿Cómo afecta a Chiapas y a las comunidades?
El asedio del crimen organizado —ya señalado por el Subcomandante Moisés— hoy se entrelaza con operativos estatales y despojos “legales”. La pugna CJNG–Sinaloa convierte la frontera sur en corredor logístico para drogas, armas, trata y extorsión, mientras el Estado vigila, patrulla o irrumpe en zonas autónomas con pretextos agrarios. El resultado es un cerco múltiple: violencia criminal, militarización oficial y destrucción del tejido comunitario. La estética narco (corridos, lujo ostentoso, hipersexualización) penetra simbólicamente la vida cotidiana, intentando sustituir la lógica del común por la del miedo y el consumo. El caso Belén ejemplifica cómo este tablero criminal–estatal presiona para privatizar tierras recuperadas y trabajadas colectivamente.
El panorama se agrava con fenómenos como el primer cártel indígena, el Cártel de Chamula, integrado por pobladores tzotziles y señalado por el “etnoporno” en el que mujeres indígenas son abusadas y videograbadas, extremo de la violencia colonial y patriarcal sobre cuerpos indígenas y femeninos, ahora capitalizada en clave delincuencial. El crimen organizado funciona como corporación del capitalismo: no es desvío del orden, es parte de la acumulación por desposesión militarizada y delincuencial (como plantea Gilberto López y Rivas), inserta en cadenas globales de lavado. La frontera sur opera como corredor migratorio, ruta de drogas, enclave de trata y laboratorio de disciplinamiento social. El crimen organizado debe entenderse, como una de las corporaciones más eficaces del capitalismo. En este panorama, la autonomía zapatista es un acto radical de defensa de la vida.
Sobre la “guerra civil” y los grupos armados: ¿hay confrontaciones directas entre zapatistas y estos grupos?
No hay reportes de enfrentamientos abiertos entre el EZLN y otros actores, pero sí ataques sistemáticos y operativos de despojo que erosionan la base material de la autonomía (quema de casas, robo de cosechas, destrucción de proyectos colectivos), hoy con participación de fuerzas estatales y paramilitares. Históricamente operaron Máscara Roja, Los Chinchulines y “Paz y Justicia”; en tiempos recientes, la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Histórica) intensificó agresiones. Se han documentado envenenamientos de estanques comunitarios, muerte de ganado y destrucción de cultivos. No es violencia “espontánea”: es una estrategia de desgaste para forzar dependencia del Estado o sometimiento a poderes locales.
¿Los paramilitares tienen relación con el Estado?
Sí, estructuralmente. Desde los noventa, la contrainsurgencia promueve o tolera grupos “civiles” y ejecuta despojos con cobertura militar–policial–ministerial. Belén lo ilustra: incursiones con Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal de Ocosingo y Fiscalía; resoluciones exprés; despojos difundidos incluso por vías oficiales. Así se externaliza la violencia y se blinda la impunidad, instalando la idea de que la autonomía es “ilegal” y que el común puede privatizarse. Es necropolítica contemporánea: decidir quién vive y quién es expulsado.
El imperio de la muerte aspira a ser total, pero la lección zapatista —para ciudades y periferias, para Occidente y el Sur global— es clara: incluso en la guerra se construyen Otros mundos. En Chiapas no sólo se disputa el destino de un pueblo, sino la posibilidad de imaginar colectivamente una vida más allá del capital.
Al debilitar la autonomía, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes corporaciones
Los ataques contra el zapatismo son funcionales al avance de los megaproyectos y al control territorial. Al debilitar la autonomía, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes corporaciones. Lo que se presenta como un conflicto local en realidad es una pieza clave de la necropolítica capitalista que busca borrar cualquier alternativa que ponga la vida y la autonomía por encima del lucro.
Jérôme Baschet, en su libro La experiencia zapatista, describe que la reciente transformación de las instituciones autónomas invirtió la pirámide y daba mayor poder a las comunidades locales. ¿Cómo evalúas estos cambios?
Estos cambios se anunciaron en el marco del 30 aniversario del levantamiento, en 2024, y representan un ejercicio sumamente interesante dentro de la construcción de la sociedad autónoma zapatista. Entre las transformaciones más significativas estuvo la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). Antes, varios pueblos formaban una comunidad, varias comunidades un Municipio Autónomo y, a su vez, varios municipios conformaban un Caracol. Sin embargo, después de años de práctica, las propias comunidades reconocieron que esa estructura no siempre garantizaba el principio del “Mandar Obedeciendo”. Hubo fallas y, en ocasiones, una concentración de poder en las Juntas de Buen Gobierno. Por eso decidieron descentralizar, devolver la toma de decisiones a las bases y fortalecer el nivel comunitario. Así nacieron los Gobiernos Autónomos Locales (GAL), donde las resoluciones se toman de manera más directa y cercana a las necesidades del territorio.
Los Gobiernos Autónomos Locales (GAL) permiten responder a esa diversidad, adaptando las decisiones a cada contexto. La autodeterminación sigue enmarcada en los principios zapatistas
Yo interpreto esta transformación como una profundización radical de la autonomía. El territorio zapatista nunca fue homogéneo ni compacto: hay pueblos enteramente zapatistas, y otros donde solo una familia mantiene la adhesión al EZLN. Los GAL permiten responder a esa diversidad, adaptando las decisiones a cada contexto. La autodeterminación sigue enmarcada en los principios zapatistas, pero las particularidades ahora dependen de cada sujeto colectivo. Esto permite que la autonomía se viva de manera más flexible y encarnada en la realidad cotidiana de cada comunidad, sin depender de una estructura centralizada que pueda volverse rígida.
Las coordinaciones ya no estarán en manos de las 12 Juntas de Buen Gobierno, sino que se articularán a través de colectivos vinculados a los GAL. Esto no significa una disolución de la autonomía, sino una redistribución y una expansión de su alcance. En este sentido, la reorganización se puede leer también como una estrategia de defensa territorial, de diversificación de las economías y de fortalecimiento del común. La tierra puede ser cultivada por cualquier persona o comunidad siempre que no esté ligada al crimen organizado o a los grupos paramilitares. Así, la estructura no solo se abre, sino que extiende la lógica comunitaria de resistencia a otros pueblos, aunque no se reconozcan como zapatistas.
Pienso que los GAL encarnan apertura, no se trata de levantar muros de pertenencia, sino de tejer redes de cuidado y resistencia que protejan el territorio frente a las múltiples amenazas. Después de tres décadas de caminar la autonomía, el EZLN ha demostrado que no tiene miedo de transformar sus propias estructuras, de reconocer errores y de reinventarse a sí mismo. Esa capacidad de autocrítica es, en sí misma, un gesto revolucionario. Mientras los Estados reproducen jerarquías coloniales y se aferran a formas rígidas de poder, los pueblos zapatistas ensayan, corrigen y vuelven a ensayar.
Delegación internacional urge a México a garantizar derechos humanos y fortalecer el diálogo con sociedad civil
Delegación internacional urge a México a garantizar derechos humanos y fortalecer el diálogo con sociedad civil
Boletín de prensa
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 6 de noviembre de 2025
La delegación internacional conformada por europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, la Agencia Catalana de Cooperación, el Fons Català de Cooperació, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, la Federación Interamericana de la Abogacía, la Asociación Libre de Mujeres Abogadas, el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia) y las asociaciones Mujeres Pa’lante y La Garriga Sociedad Civil de Cataluña concluyó este día su viaje de cooperación e intercambio en México.
La visita se desarrolló del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
Durante el recorrido, la delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales —entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)— con el objetivo de conocer las acciones implementadas a favor de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a personas migrantes y refugiadas, niñez y juventudes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Asimismo, se realizaron encuentros con organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras, para conocer de primera mano el contexto actual de derechos humanos en México y los riesgos que enfrentan quienes defienden la vida, el territorio, la justicia y la libertad de expresión. Las organizaciones compartieron propuestas para revertir la persistente violencia que aqueja a diversas regiones del país.
“Estas acciones de cooperación, solidaridad y respaldo político son fundamentales para las organizaciones locales, así como el diálogo sostenido con las instancias de gobierno”, expresó Fr. Raúl Vera, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
La delegación manifestó su profunda preocupación por la persistente violencia contra personas defensoras y periodistas, así como por la creciente violencia en Chiapas, que ha afectado gravemente a comunidades y pueblos indígenas. Desde 2023 a la fecha han sido documentados al menos 47 asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas en posible relación con su labor, de acuerdo con información de organizaciones que integran el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De esas, 16 tenían medidas de protección vigentes al momento de los hechos.
También expresaron su inquietud ante la fabricación de culpables en el sistema de administración de justicia, como es el caso de Yonny Ronay, joven chiapaneco condenado bajo graves faltas al debido proceso y actos de tortura; por la criminalización de personas defensoras, como la abogada amuzga Kenia Hernández, quien permanece privada de la libertad desde hace cinco años por ejercer su labor en defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos originarios; y por los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, presos por defender su territorio frente a megaproyectos y la militarización. En México, al menos 103,991 personas se encuentran detenidas en centros penitenciarios a nivel federal y estatal sin sentencia[1].
De igual forma, externaron su preocupación por la política migratoria y asilo, así como por la militarización impuesta para el control de fronteras, que ha derivado en graves afectaciones a los derechos de las personas en movilidad e incrementado los riesgos para quienes las acompañan y defienden. En 2024, México recibió cerca de 80.000 nuevas solicitudes de asilo, según un informe de ACNUR.
“Seguiremos cooperando por sociedades más justas e igualitarias, donde la solidaridad sea el principal lazo que nos una”, señaló Diana Riba i Giner, europarlamentaria.
Las europarlamentarias y organizaciones subrayaron que las acciones de pacificación implementadas en Chiapas no han generado los resultados esperados, e hicieron un llamado urgente a una revisión integral de dichas estrategias para garantizar condiciones reales de seguridad, justicia y bienestar para la población.
La delegación destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional en el marco del respeto y protección de los derechos humanos, e hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para realizar esfuerzos conjuntos que incluyan la participación activa de la sociedad civil.
“Las mujeres defensoras enfrentan violencias diferenciadas que reflejan el contexto racista y patriarcal en el que desarrollan su labor. Es urgente garantizar su protección integral, en especial la de las madres buscadoras y de las defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas migrantes”, subrayó Diana Damián, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.
La delegación reconoció la valiosa labor de las personas defensoras y organizaciones que, pese al contexto adverso, continúan generando espacios de diálogo y construcción de paz, elaborando diagnósticos, propuestas técnicas y estrategias para transformar las realidades que afectan a comunidades y grupos en situación de riesgo.
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Sandra Suaste Avila- Coordinación de comunicación de la Red TDT comunicacion@redtdt.org.mx +525641601331
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