(Español) Gobiernos autónomos de la Amazonía peruana se pronuncian sobre las actividades petroleras en sus territorios
Por Kathia Carrillo
GTANW 8/11/22.- Representantes de las naciones Wampís, Chapra, Kandozi, Awajún y Achuar se reunieron en la V Asamblea de las Naciones Originarias el 6 y 7 de noviembre para tratar la problemática de la industria petrolera y derrames en sus territorios. Tras la reunión, emitieron una resolución donde se exige el cese de la expansión de la frontera petrolera, oponiéndose a nuevas concesiones, así como demandando la anulación del lote 64, adjudicado a Petroperú y ubicado en territorio Achuar y Wampís.
Como hace años vienen alertando la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), el proyecto del lote 64 implicaría la destrucción de biodiversidad y alteración de varios sitios sagrados que pertenecen a los territorios ancestrales de ambas naciones, afectando seriamente su subsistencia, por lo que siempre han comunicado su oposición al mismo. La operación del lote tendrá además impacto en las partes altas del sitio Ramsar Abanico del Pastaza, un área de humedales de alta biodiversidad.
En la resolución, los gobiernos autónomos también demandaron la remediación de los sitios impactados y los pasivos ambientales que han generado los constantes derrames de petróleo, en especial los de 2016 en territorio Wampís (CN Mayuriaga, río Morona) y en territorio Awajún (distrito de Imaza, ríos Chiriaco y Marañón), y el de 2019 que afectó a las comunidades Awajún de Chapis y Santa Rosa (Manseriche, Datem del Marañón). A su vez, exigieron la atención en la contención y limpieza del derrame producido en el km 177 del ONP que lleva más de 50 días sin que se haya abordado adecuadamente y que está afectando territorios Chapra y Wampís.
Como se recordará, en pronunciamientos públicos anteriores[1] respecto al tema del derrame en el km 177 y la problemática del deterioro por antigüedad del oleoducto norperuano, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís ha exigido al gobierno hacer respetar la norma sobre transportes de hidrocarburos a Petroperú para que lo adecúe y no permita que haya bombeo de petróleo hasta que realice dicha adecuación de manera integral.
Además de la clara oposición a proyectos e infraestructura petrolera que invaden el territorio amazónico, los gobiernos autónomos se pronunciaron en oposición al traslado del crudo de los bloques petroleros ecuatorianos 86 y 87 por medio del oleoducto norperuano. Como se sabe, en días recientes Petroecuador y Petroperú han sostenido reuniones para discutir el proyecto de interconexión de oleoductos entre Perú y Ecuador que permita procesar el crudo ecuatoriano en la Refinería de Talara.
Finalmente, los gobiernos autónomos señalaron su rechazo a la militarización de sus territorios que pretende Petroperú so pretexto de la “protección” del oleoducto norperuano.
Puede leer la resolución;
(Español) Banco ligado al asesinato de Berta Cáceres expande operaciones en Centroamérica
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca.
El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.
En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.
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Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.
Financiamiento de violencia
Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.
Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.
Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.
Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.
Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.
En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.
En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.
Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.
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Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.
Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.