Hace unos días la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Kristin Noem, viajó a Guatemala para firmar un memorandum de entendimiento con el gobierno de Guatemala, que acuerda el lanzamiento del Programa Conjunto de Seguridad, el cual permitirá interceptar a personas vinculadas a las denominadas redes transforterizas del crimen organizado o con vínculos terroristas, en puertos y aeropuertos de este país.
A pesar de que Noem sostuvo que el acuerdo fue en torno a que Guatemala sería considerado el “tercer país seguro”, contrario a ello, el Ministerio de Gobernación del país centroamericano, Francisco Jiménez, negó que se hay asumido dicho compromiso. Mientras que el documento puntualiza que el objetivo es establecer el Programa de Seguridad Conjunta (JSP, por sus siglas en inglés), mediante el cual se pretende ampliar la participación bilateral en cuestiones de control de seguridad fronteriza.
Los agentes de los Estados Unidos (EEUU) tendrán la posibilidad de participar presencialmente y actuar directamente en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en ciudad de Guatemala. Así mismo, se espera que los oficiales que participen en este programa, incluyendo los guatemaltecos, trabajen bajo la dirección y coordinación del jefe de Misión de los Estados Unidos en la República de Guatemala, y bajo la supervisión operativa de la división del Programa de Asesoría de Inmigración (IAP, por sus siglas eninglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y en coordinación con la Dirección General de la Policia Nacional Civil guatemalteca.
Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.
Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.
Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.
En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).
La Alianza Pueblo Unido por la Vida llama a una huelga general.
El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.
Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.
Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.
“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.
Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.
¿Acuerdo o intervención?
El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.
“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.
Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre EEUU y Panamá.
A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.
La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.
Reactivación minera
A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.
Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.
Vista general de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, en el país centroamericano.
El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.
“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.
Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.
Un reciente informe presentado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos revela el impactante flujo ilegal de armas de fuego, sobre todo, hacia México. Entre 2017 y 2021, la ATF rastreó más de 129 mil armas en más de 70 países; el 74% de ellas fueron internadas a territorio mexicano.
En el año 2023 la administración del presidente estadounidense Joe Biden llegó a un acuerdo con México para combatir el tráfico de armas de fuego a través de la cooperación bilateral. Tras este compromiso se aprobó la asignación de recursos para la llamada “Operación Southbound”, mediante la cual se implementó el uso del software denominado eTrace, que permite rastrear información relacionada con todo tipo de delitos cometidos en los Estados Unidos con armas de fuego, pero también en diversos países con quienes han implementado este trabajo conjunto.
A través del sistema eTrace, la ATF ha podido rastrear armas recuperadas en delitos y de la misma forma ha localizado a los compradores. Es así como México se destacó como el país con el mayor volumen de armas de fuego recuperadas, representando el 74% de los rastreos internacionales, con un total de 33 mil 088 armas proveniente de los Estados Unidos. De ellas, solo el 2% se comercializaron de forma legal.
El fiscal general de la ATF, Merrick B. Garland, declaró que “el uso ampliado del rastreo de armas de fuego y de la Red Nacional Integrada de Información Balística de la ATF ha proporcionado más pistas de investigación que nunca sobre delitos violentos con armas de fuego, ha mejorado la inteligencia estratégica sobre bandas violentas y ha mejorado la detención y el procesamiento de delincuentes violentos”.
De acuerdo con el informe de esta institución, el 43% de las armas rastreadas provienen del estado de Texas, sumando un total de 14 mil 216 de ellas. De ahí le sigue Arizona, California, Nuevo México y Florida. Estos cinco estados en su conjunto representaron el 79% del total de las armas recuperadas en México. El tráfico de armas desde estos estados hacia México está vinculado principalmente a los cárteles y grupos delictivos que operan en la región.
Lo que llama la atención es que, según el informe, la mayoría de las armas recuperadas fueron robadas o perdidas en incidentes relacionados con el Instituto FFL (Licencias Federales de Armas de Fuego) de Estados Unidos.
Tipos de Armas
De acuerdo con el documento de la ATF, las armas más comunes que fueron rastreadas fueron las cortas, representando el 61% del total. Como segundo lugar están las armas largas, ocupando el 26% de los rifles rastreados. En el resto figuran revolver y escopetas.
La ATF solo logró rastrear el 27% de las armas recuperadas hasta su comprador en EEUU. Esta instancia señala que entre las barreras para rastrear a sus compradores está la fabricación de armas fuera de territorio estadounidense, la falta de registros y las exportaciones a distribuidores extranjeros.
Doble mercado
De acuerdo con los datos abiertos del gobierno de México, Estados Unidos es su principal proveedor de armas y equipamiento militar. Solo en 2023 las compras que hizo el gobierno mexicano con el país vecino llegaron a la cantidad 35.5 millones de dólares. Así la industria armamentista estadounidense se beneficia de las ventas legales e ilegales.
Aunque la venta ilegal de armas beneficia principalmente a los grupos del crimen organizado en México, también las empresas armamentistas de EEUU se benefician, pero no se menciona en los informes. “Esto ha dado lugar a la proliferación de esquemas de tráfico ilegal de armas de fuego con sede en Estados Unidos perpetrados por comerciantes ilícitos de armas de fuego, individuos y otros grupos criminales que capitalizan la demanda siempre presente”, dijo el agente especial adjunto de la ATF, Robert Topper.
A unos días de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, organizaciones de la sociedad civil tanto de México como de Estados Unidos coinciden en la preocupación por la implementación de políticas centradas en seguridad, contención y militarización, que obstaculizan y violan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
Desde la campaña presidencial, Trump amenazó con cerrar sus fronteras, incrementar la detención de personas en situación migratoria irregular, aumentar exponencialmente las deportaciones, reducir las vías de migración regular, permisos de residencia y programas de estatus temporal en Estados Unidos.
A la par de la llegada de 2025, las diferentes organizaciones de EEUU comenzaron a documentar operativos del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en lugares con comunidad migrante, previo a la toma de posesión de Trump el próximo 20 de enero.
Rapid Response Network of Kern ha prevenido a la población migrante sobre las acciones de la patrulla fronteriza, la importancia de la documentación, el reporte de los arrestos y da información del derecho de cada migrante a mantener silencio y no permitir que se le esculque su propiedad o vehículo.
La organización Uspark Valley está otorgando de forma gratuita la ‘tarjeta roja’, un recurso que ayuda a la persona a entender los derechos. Además, documenta las protestas que realiza la comunidad migrante a partir de las redadas del ICE en Bakersfield.
Del lado mexicano, encargados de albergues en Sonora y Baja California dijeron a Avispa Mídia que se percibe una tensa calma en la frontera y no ven la coordinación que las dependencias gubernamentales en México dicen tener para atender de forma real e integral a la población deportada.
“México tiene la responsabilidad de buscar estrategias para hacer el menor de los daños no solo a los migrantes, sino a economía del país y tiene la responsabilidad de poner reglas y acuerdos del número de personas que aceptará en las deportaciones, se realicen o no”, considera Irineo Mujica Arzate de Pueblos sin frontera.
Sólo de ascendencia mexicana, unas 5.1 millones de personas viven en situación irregular en los Estados Unidos, y el número incrementa si se consideran a la población de América Central y del Sur que también están en riesgo.
Aún con este escenario, el gobierno de México no ha contactado a los albergues activos de los seis estados de la frontera, que por años han sobrevivido y experimentado las crisis migratorias, para coordinar la atención en caso de deportaciones.
Mujica observa que, hasta ahora, las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han sido como cortinas de humo, porque como gobierno nunca ha atendido a la población migrante. “La cuarta transformación ni siquiera colabora con los albergues activos”.
“Se prevé un desastre humanitario”, insiste Mujica que también prevé una crisis en la economía. “Lo hemos visto en las caravanas o en la situación masiva de los haitianos. Nunca el Estado ha ayudado en una crisis y la cuarta transformación siempre busca la forma de tapar o de callar. El gobierno de Morena nunca se ha preocupado de que Chiapas sea la cárcel de Estados Unidos y es el mejor ejemplo de que el Estado mexicano jamás responde a las necesidades, ¿por qué sería diferente en la frontera norte? México no tiene un plan”, sostiene.
Mujica considera que la presidenta está más preocupada en que no se reconozca como terroristas a los cárteles mexicanos que por el impacto que tendrán las deportaciones masivas.
“México tiene una responsabilidad muy grande, no debería permitir que otro país le haga tanto daño, debería condicionar la ayuda y coordinarse con la sociedad civil”, enfatiza Mujica.
Preocupación internacional
El 14 de enero, cerca de 300 figuras de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos dirigieron una carta a la presidenta de México para expresar la preocupación ante las medidas que obstaculizan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
El texto hace hincapié en que se generaría un escenario sumamente perjudicial tanto para las personas en movilidad humana en México como para aquellas de ascendencia mexicana que residen en Estados Unidos, si no se implementan acciones concretas en el corto y mediano plazo.
Plantean que, ante un escenario de deportación y detención masiva, aumento en operativo y eliminación de programas de regularización, es necesario fortalecer y expandir la protección consular a población de ascendencia mexicana en Estados Unidos, especialmente en programas de representación jurídica. Aunado a ello, diseñar e implementar una política binacional de retorno seguro y digno.
En cuanto al posible aumento de la separación familiar, señalan la importancia de garantizar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente en lo relacionado con el derecho a la unidad familiar de la niñez y adolescencia migrante.
En la pasada administración de Trump, más de 5,000 niñas, niños y adolescentes fueron separados de sus familias, y más de 1,400 aún no se han reunificado. Por ello, las organizaciones advirtieron sobre los acuerdos bilaterales que violen el derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos humanos.
Pidieron a México que evite colaborar con la nueva administración de Estados Unidos en la implementación de expulsiones expeditas hacia zonas fronterizas, pues bajo el llamado Título 42, en tres años se registraron más de 2 millones de expulsiones, el 90% hacia México sin el debido proceso.
Ahora bien, la posible cancelación de CBP One, aplicación móvil que procesa citas para presentarse en los ocho puertos autorizados para la entrada hacia Estados Unidos, consideran sería un retroceso, pues cada mes, alrededor de 45,000 personas utilizan esta aplicación para ingresar, y una eliminación repentina las dejaría sin acceso a la protección que necesitan.
Para los defensores es indispensable que se emita documentación migratoria según el artículo 52 de la Ley de Migración en México. De acuerdo a cifras oficiales, desde diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó de entregar de forma consistente la Forma Migratoria Múltiple a personas en tránsito y que, desde octubre de 2023, ha negado la documentación a solicitantes de asilo y refugiadas, a pesar de ser su derecho.
A la par, es urgente implementar una política de persecución y sanción de delitos cometidos por particulares, crimen organizado o servidores públicos contra la población migrante que hasta ahora no tiene acceso a la justicia.
De manera reciente, Sheinbaum ha señalado que el gobierno de México está preparado para las deportaciones masivas y que se coordina con las secretarías de Estado y con los gobernadores de las fronteras para que los mexicanos deportados tengan una buena recepción.
Ha dicho que si es necesario los trasladarán hasta sus entidades y les proporcionarán programas sociales, bolsas de trabajo y teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias.
Estados Unidos deportó a más de 270,000 a 192 países en el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024, en el gobierno de Joe Biden. De acuerdo al último informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se trata de la cifra más alta de deportaciones desde 2014, cuando se portaron a 315,943 personas.
Por otro lado, en el sur de México, desde octubre de 2024, al menos diez éxodos, integrados principalmente por originarios de Venezuela, han partido de Tapachula, Chiapas, para intentar entregarse a las autoridades estadounidenses en los próximos días.
Para la sociedad civil y los propios migrantes, Chiapas es considerado una cárcel de Estados Unidos, pues la entidad al sur de México es el Estado con mayor número de personas contenidas, es decir, obligadas a esperar una respuesta de la CBP One.
El pasado 27 de noviembre la revista digital Rolling Stone publicó un reportaje controversial que llamó la atención de diversos analistas en México y Estados Unidos, relacionada con una posible intervención militar estadounidense a territorio mexicano para contrarrestar a los cárteles de las drogas. La revista de espectáculos que, aunque no cita la fuente, señala que un destacado miembro del presidente electo, Donald Trump, cuestiona “¿hasta qué punto deberíamos invadir México?”.
De acuerdo con Rolling Stone, el equipo de transición de Trump está discutiendo abiertamente la viabilidad de atacar a los cárteles mediante operaciones militares, incluso, otra vía que debaten, es lo que llaman una “invasión suave” de México donde grupos de élite podrían ingresar al territorio mexicano de forma encubierta, cuyo objetivo, afirma la revista es “asesinar a los líderes de los cárteles”.
Esta descabellada idea, promesa de campaña de Trump, no está fuera de la realidad, ya que la doctrina militar de los Estados Unidos viene implementando diversas estrategias para ingresar, intervenir e invadir diversos países. Desde el año 2017, en el primer mandato de Trump, a través del Comando Sur, dirigido en ese momento por el Almirante Kurt Walter Tidd, se actualizaron diversas incitativas militares a nivel Latinoamérica, para ser ejecutadas hasta el año 2027, llamada Estrategia del Teatro 2017-2027.
El Comando Sur (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés) es uno de los 11 comandos militares unificados pertenecientes a Estados Unidos, con influencia en Centro y Sudamérica, incluyendo el Caribe.
Santiago de Chile, los aires del gobierno de Daniel Boric, quien asumió el poder en 2022, parecen de conciliación. Este jueves (29), la general Laura Richarson del Comando Sur y el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos (EEUU), Charles Q. Brown, se reunieron con líderes de defensa del cono sur para discutir desafíos de seguridad y la cooperación en el marco de la Conferencia de Defensa Sudamericana 2024 (SOUTHDEC 24). Además, también posaron para la foto junto a Maya Fernández Allende, la nieta del ex presidente Salvador Allende, quien fue derrocado mediante un golpe de Estado en complicidad con el país norteamericano.
Este evento, donde se congregaron líderes de defensa de 10 naciones, fue realizado entre 27 y 29 de agosto en Chile, patrocinado por el Comando Sur (SOUTHCOM), centrado, principalmente, en cómo “las nuevas tecnologías pueden fortalecer la defensa y la soberanía hemisférica en un contexto de crecientes desafíos globales”, anunciaron los mandos de las fuerzas armadas de EEUU.
El Comando Sur es uno de los seis comandos unificados de EEUU, responsable de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, América Central y América del Sur.
Esta fue la primera visita de Brown en Chile y la cuarta de Richardson. En esta ocasión se reunieron con la Ministra de Defensa chilena, Maya Fernández Allende, la nieta del ex presidente Salvador Allende, el mismo que fue derrocado por las Fuerzas Armadas lideradas por Augusto Pinochet, quien recibió apoyo de Estados Unidos.
Desde antes del golpe, EEUU ya venía interviniendo en la vida política del país al saber que Allende sería ganador en las elecciones presidenciales, con tácticas propagandísticas y campañas de acción política, incluso, “la CIA [Agencia Central de Inteligencia] se centró en provocar un golpe militar”, puntualiza el Informe sobre las actividades de la Task Force chilena de la CIA, del 15 de septiembre a 3 de noviembre de 1970, un documento desclasificado.
Es así que, según el memorándum preparado por la CIA, en Washington, el 18 de noviembre de 1970, se da la orden para que “la CIA tratara de impedir el ascenso del marxista Salvador Allende” el 15 de septiembre de 1970.
En la actualidad es bien conocida la participación de EEUU en el golpe militar de Chile, a través del llamado «Proyecto FUBELT», “nombre clave de las operaciones encubiertas para promover un golpe militar y socavar el gobierno de Allende”, rezan los documentos desclasificados.
El gobierno del general Augusto Pinochet, quien dirigió el golpe, duró al menos 17 años con un saldo de más de 3 mil personas desaparecidas o asesinadas y más de 38 mil presos políticos, a quienes emplearon técnicas de tortura.
Hoy, ese contexto histórico parece que se ha esfumado. Desde el año 2023 un grupo de congresistas estadounidenses presentó una resolución en la que se disculpa por su participación en en el golpe de Estado y pidió que más documentos fueran desclasificados. Esto se dio en la víspera de la participación de Boric en la 78ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, en septiembre de 2023.
“Amistad”
Es así que con el evento SOUTHDEC 24, ambos gobiernos mandan el mensaje de conciliación y amistad. Por otro lado, la comandante del Southcom, Richardson, destacó el impacto negativo de los “gobiernos autoritarios” y las organizaciones criminales transnacionales en la región, haciendo referencia a Venezuela. “Los gobiernos autoritarios y comunistas están socavando la democracia y alimentando la inestabilidad”, por ello llamó a fortalecer la cooperación en defensa.
Además, la general Richardson arremetió contra el gobierno de Nicolás Maduro resaltando que “la democracia y sus valores fundamentales permanecen bajo ataque globalmente, y no tenemos que mirar más allá de Venezuela, donde Nicolás Maduro sigue socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano”.
Richardson hizo énfasis en la necesidad de implementar lo que ella denomina como una Imagen Operativa Espacial Común y el Conocimiento del Dominio Mejorado, iniciativas diseñadas para mejorar la sincronización y la capacidad de respuesta en el entorno espacial integrado a la inteligencia artificial. Ampliando el teatro de operaciones hacia el espacio, como un nuevo dominio de poder, con implicaciones profundas para la dinámica global.
En el SOUTHDEC 2024 también fueron temas de discusión el cambio climático, el tráfico de drogas y la migración irregular, considerados como “amenazas para la seguridad”. La conferencia subrayó la importancia de una respuesta conjunta para “fortalecer la resiliencia económica y la estabilidad democrática en América del Sur”.
Además de Chile, hubo la participación de delegaciones de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam. También participaron como observadores representantes de Canadá, Francia y el Reino Unido.
También participó las guardias nacionales de Connecticut, Florida, Georgia, Kentucky, Nueva York, Carolina del Sur y Texas. Así como la Junta Interamericana de Defensa, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en materia de Seguridad (WHINSEC), el Centro William J. Perry y el Colegio Interamericano de Defensa y el Mando Espacial de los Estados Unidos.
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En un acto de solidaridad con el pueblo palestino y en protesta contra lo que califican como complicidad institucional con Israel, manifestantes se congregaron este jueves (25) por la mañana en el campus de la Universidad Emory en Atlanta. El césped de este campus se pintó de colores de las centenas de tiendas de campaña y pancartas.
La protesta tuvo como blanco principal el Centro de Formación de Seguridad Pública de Atlanta, por la construcción de una enorme instalación conocida como Cop City, uno de los mayores centros de entrenamiento policial militarizado del país que tiene proyectado más de 90 millones de dólares de inversión. De acuerdo con la propuesta de este proyecto, el 43% de la formación en Cop City será para agentes de fuera de Atlanta, incluida la formación militar con agentes de las Fuerzas de Defensa Israelíes.
Los estudiantes de Atlanta exigen el cese a este financiamiento ya que consideran que es un apoyo a lo que llaman como “apartheid israelí”.
Tras haber estallado la protesta estudiantil en este campus, la policía antidisturbios intervino utilizando pistolas taser y gas lacrimógeno para disolver el campamento. Los manifestantes acusan a las autoridades de la Universidad de Emory de ser cómplices de la represión a estudiantes y empleados que se han manifestado en apoyo de pueblo palestino, además remarcaron que esta institución también apoya el genocidio en Palestina.
Los estudiantes comenzaron a circular en redes sociales las imágenes de la brutal represión implementada en la Universidad de Emory. Una de ellas muestra la acción violenta de la policía hacia un estudiante indefenso y totalmente inmovilizado, mientras que los agentes de seguridad realizan descargas eléctricas por medio de una pistola taser.
Momentos después de esta represión en Emory, en distintas universidades de los Estados Unidos activaron nuevas protestas en solidaridad con los detenidos y en solidaridad con Palestina. También se realizaron numerosas detenciones en varios campus universitarios sumando, hasta el cierre de este reportaje, 93 personas detenidas de la Universidad del Sur de California y 34 en la Universidad de Texas en Austin.
La organización civil Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha condenado la respuesta policial, afirmando que no solo está “reprimiendo las protestas pacificas”, sino que, también, “a la prensa”.
A pesar de esta represión policiaca, las protestas continúan sumándose en distintas ciudades con más campamentos, como los estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles, quienes también montaron lo que llaman un “Campamento de Solidaridad con Gaza”.
Esta ola de protestas se origina en la Universidad de Columbia en Nueva York, quienes comenzaron con las primeras acciones a mediados de abril, instalando el 1er campamento en contra del genocidio en Palestina.
Más de 100 estudiantes de Columbia fueron detenidos y suspendidos de la institución, exigían que se cortara relaciones con compañías vinculadas a Israel, en consonancia con la iniciativa que habían lanzado, denominada ‘Boicot, Desinversiones y Sanciones’ (BDS), que busca presionar económicamente a Israel para que se retire de los territorios palestinos.
Las acciones siguen en pie en universidades como Texas, Brown, Princeton, Ohio State, Las Vegas, North Carolina Chapel Hill, Yale, donde incluso hubo una huelga de hambre de ocho días.
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El pasado mes de marzo, la general del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom, por sus siglas en inglés), Laura J. Richardson, declaró ante el 118º Congreso Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de este país que, entre sus diversas preocupaciones, figura el aumento de las inversiones de China en la región latinoamericana. Por ello, buscan endurecer su estrategia para tener mayor presencia, por ejemplo, en los ejercicios militares conjuntos.
No es para menos ya que, según Richardson, el aumento del comercio de la República Popular China (RPC) en América Latina y el Caribe ha tenido una expansión inédita. En 2002, experimentó un crecimiento exponencial pasando de 18 millones de dólares a 450 mil millones. Además, las proyecciones de la comandante es que alcancen “los 700 mil millones en 2035”.
Desde que China lanzó, en 2013, la Iniciativa Cinturón y Ruta (BRI) ha expandido rápidamente su conectividad global a través de un flujo comercial de importaciones y exportaciones, así como su red de telecomunicaciones y tecnología.
Según el alto mando del Southcom, este aumento del mercado asiático en su área de influencia, considerado en términos militares como teatro de operaciones, representa una oportunidad para China ya que, le permite “expandir su influencia económica y política en la región, lo que ha llevado a Estados Unidos a reafirmar su compromiso de ser el socio más confiable en términos de defensa y de seguridad” en los países de América Latina y el Caribe.
De acuerdo con las declaraciones de Richardson, las preocupantes inversiones de China incluyen infraestructura estratégica, como puertos en aguas profundas, instalaciones cibernéticas e instalaciones espaciales. Por ejemplo, “en Panamá, las empresas de China siguen licitando proyectos relacionados con el Canal de Panamá, un punto de estrangulamiento estratégico mundial”, señala la militar.
Otro ejemplo, en Argentina, dice Richardson, “otra empresa estatal de China está tratando de obtener los derechos para construir instalaciones marítimas de doble uso, que apoyarían el mantenimiento y la proyección de poder en las proximidades del Estrecho de Magallanes, el Pasaje de Drake y la Antártida”.
Por tanto, en aras de fortalecer relaciones con los países socios, en días pasados Richardson viajó a Buenos Aires, “para fomentar el diálogo y la cooperación con el nuevo gobierno y los líderes de defensa del país”, anunció el pasado 3 de abril la embajada estadounidense establecida en Argentina.
La delegación del Comando Sur a este país sudamericano sostuvo que “la agenda de Richardson en Buenos Aires incluye reuniones con el ministro de Defensa, Luis Petri, y el General de Brigada Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, entre otros líderes del gobierno argentino. Estas conversaciones abordarán el refuerzo de la colaboración militar de larga data entre nuestras naciones, destinada a reforzar la seguridad regional y promover intereses compartidos.”
Al final del viaje, Richardson entregó un avión de transporte Hércules C-130H a la Fuerza Aérea Argentina, valuado en aproximadamente 30 millones de dólares como parte de una donación de asistencia de seguridad financiada por Estados Unidos.
Los fondos de defensa de Estados Unidos para la cooperación en seguridad con Argentina superan los 625 millones de dólares este año fiscal, centrados en áreas clave como el desarrollo de capacidades y la ciberdefensa.
Antes de este viaje, la comandante del Comando Sur, junto a una delegación estadounidense encabezada por el Asesor Presidencial Especial para las Américas Christopher Dodd, visitó Ecuador del 22 al 25 de enero. Durante la visita, detalló la embajada, “se llevaron a cabo reuniones con el presidente Daniel Noboa y otros altos líderes ecuatorianos, centrándose en fortalecer la cooperación y la asistencia estadounidenses para combatir organizaciones delictivas transnacionales”.
Además, Richardson se reunió con representantes del sistema judicial, así como con representantes de la sociedad civil. Este fue el segundo viaje del Comando Sur a este país. Tiempo después, el 5 de abril se violó la soberanía de México, cuando militares ecuatorianos tomaron por asalto sus embajadas en este país. Más de una decena de mandatarios expresaron su solidaridad con el gobierno mexicano. EEUU se mantuvo en silencio.
El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó que, “el asalto a nuestra embajada, eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la corte de justicia internacional ¡A México se le respeta!”
EEUU financia a Ecuador con los fondos destinados a la cooperación en materia de seguridad proporcionados por el Congreso estadounidense, una inversión considerada fundamental para suministrar equipos y capacidades militares “Ejemplos clave de ello son los contratos adjudicados a Ecuador y Perú para la adquisición de aviones de patrulla marítima King Air. Estas aeronaves mejorarán significativamente la capacidad de Conocimiento del Dominio Marítimo”, puntualizó Richardson previo al asalto a la embajada mexicana.
Relaciones frágiles
A pesar de que EEUU endurece su estrategia para retomar y fortalecer sus alianzas en el continente americano, de los 31 países que comprenden el área de influencia del Comando Sur, 22 de ellos ya son ahora signatarios de la iniciativa BRI de China. “La República Popular China ha superado a Estados Unidos como primer socio comercial de Sudamérica y es el segundo socio comercial de Centroamérica”, detalló Richardson ante el Comité de Servicios Armados.
Desde que EEUU lanzó su Estrategia de Seguridad Nacional 2022, ha enfatizado la importancia de ampliar alianzas para contrarrestar la creciente presencia de China. Para ello, ha adoptado una estrategia de “disuasión integrada”, que significa aprovechar todos los instrumentos del poder nacional que van desde el uso de la diplomacia, intercambio de información, ejercicios militares y proyectos económicos. “Hacerlo de forma concertada con los aliados, los socios, las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico y el sector privado; es lo que yo llamo democracia en equipo”, enfatiza el alto mando del Comando Sur.
Uno de los principales desafíos de esta estrategia es intentar contener las inversiones de China en infraestructura, ya que “estas inversiones, aunque presentadas como pacíficas, en realidad sirven como puntos de acceso para el Ejército Popular de Liberación [ de China] y puntos de estrangulamiento naval estratégicos” para EEUU, según Richardson.
Otra de las preocupaciones del Comando Sur es el avance de China en el espacio digital y le preocupa especialmente la instalación de redes de telecomunicaciones 5G de empresas como Huawei, porque, según las fuerzas armadas de EEUU, “podrían contener puertas traseras que permitan el acceso del gobierno chino a información sensible y la capacidad de atacar redes de comunicaciones y servicios públicos”.
Para contrarrestar estas amenazas, Estados Unidos ha intensificado su estrategia de cooperación en materia de seguridad con países de la región, proporcionando capacitación, equipamiento y ejercicios conjuntos. “Los Programas de Desarrollo de Capacidades de los países socios son la principal palanca para el compromiso de los aliados y proporcionan oportunidades significativas para fortalecer las asociaciones y desarrollar las capacidades militares”, ha puntualizado Richardson.
La comandante del Comando Sur detalló que solo en este año 2024, tienen planificado más de mil actividades con sus aliados regionales. “Agradecemos el apoyo del Congreso a este programa y seguiremos maximizando todos los recursos para desarrollar la capacidad de nuestros socios voluntarios”.
Entre estas actividades militares figura la participación de más de 13 mil 500 militares de 36 naciones en diversos ejercicios conjuntos.
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En portada:Los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante una reunión de trabajo con el entonces jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, Glen D. VanHerck. Julio, 2021.
El pasado mes de marzo el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al parlamento mexicano la autorización para que se permita el ingreso de personal militar de los Estados Unidos en territorio nacional, a efecto de que participen en la actividad del adiestramiento denominado Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjunto(JCET por sus siglas en inglés). Este 2 de abril el Senado ha aprobado dicha intervención.
Para este ejercicio se espera el arribo de 11 militares de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU. Un evento que tendrá lugar en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento (Santa Gertrudis, Chihuahua), del 9 de abril al 16 de mayo de 2024.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el senador Félix Salgado Macedonio, presentó oficialmente la solicitud al Senado, donde fue aprobado con un total de 79 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
Este ejercicio militar, según Patrick Paterson, quien trabajó en este informe, es considerado la principal herramienta de interacción con los países aliados de EEUU, donde las Fuerzas de Operaciones Especiales se despliegan en unidades pequeñas durante unas semanas o meses para entrenar a los militares de los países socios. “Esto incluye mejorar su competencia cultural y lingüística, aprender a operar en ciertas condiciones geográficas y a evaluar las capacidades de las fuerzas extranjeras”, según Paterson, Decano Asociado de Investigación y Publicaciones del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa de EEUU.
Además, este tipo de acercamiento que realiza Estados Unidos es “para mejorar la competencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU y perfeccionar las aptitudes en contextos críticos de una misión [por ejemplo, en una guerra no convencional o Defensa Interna Exterior]”, según un informe de la Universidad Conjunta de Operaciones Especiales, presentado en 2016.
El adiestramiento es dirigido normalmente por un grupo de élite denominado destacamento alfa, compuesto por un elemento de guerra especial de la Armada, una unidad del mando de operaciones especiales de las Fuerzas Aéreas de los EEUU. Aunque la composición del equipo puede variar, el propósito es el mismo. “Cada miembro del equipo tiene una función específica, que va desde operaciones e inteligencia, armas, ingeniería, tareas médicas y comunicaciones”, agrega el documento de Universidad de las Fuerzas Especiales.
Además de evaluar el nivel de competencia táctica y los conocimientos operativos con los que cuentan los militares quienes reciben la capacitación, “evalúan el entorno operativo para futuras operaciones, como la evacuación de ciudadanos estadounidenses”, refiere Paterson y agrega que no “dedican una formación formal a los derechos humanos (…), estos temas raras veces forman parte de los cientos de eventos de capacitación ”.
EEUU viene realizando este tipo de ejercicio desde el año 1998, llevando a cabo más de 2 mil misiones de adiestramiento y entrenando a casi 150 mil tropas extranjeras, con el objetivo de “evitar en el futuro una participación militar costosa y a gran escala como la guerra de Irak y Afganistán”, puntualiza el informe.
Mientras tanto, los parlamentarios mexicanos informaron que esta actividad busca “mejorar la capacidad de planeación y ejecución de operaciones especiales, habilidades necesarias para el correcto desempeño del Ejército mexicano en sus tareas”.
Al respecto, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien votó en contra, criticó que los militares ingresen a México portando armas, lo cual está prohibido en la carta magna de este país. “¿No les parece una cesión de soberanía?”, cuestionó el legislador del Grupo Plural del Senado.
Por otro lado, el senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN), quien se pronunció a favor del dictamen, consideró “un exceso” el no permitir este ejercicio. “No veo cómo se pueda poner en riesgo la soberanía nacional porque 11 elementos especializados de un Ejército extranjero vengan a dar cursos de capacitación al Ejército mexicano”, declaró.
El senador Félix Salgado, quien presentó la petición del mandatario mexicano, señaló que estas acciones permitirán “fortalecer la relación bilateral” con EEUU, en coordinación con el Comando Norte de EEUU, con quien han establecido el llamado “Plan Anual de Actividades 2024”, a través del cual realizarán una serie de entrenamientos combinados conjuntos durante el resto del año.
Es en este actual periodo de gobierno cuando más se ha permitido abiertamente la internalización de militares estadounidenses armados a territorio mexicano. En diciembre pasado, el Senado también autorizó la llegada del mismo número de elementos, quienes instruyeron a militares mexicanos en el estado de México.
En 2022 México fungió como coanfitrión, junto con Belice, para la recepción de militares provenientes de 23 países que participaron en los ejercicios militares denominados Tradewinds2022. Participaron más de 1,500 militares y organizaciones civiles, como World Hope International (WHI), quien apoyó al Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en territorio mexicano.
Es un momento inédito para los EEUU, pues nunca antes había podido pisar el territorio mexicano de esta manera. La última vez que lo hizo, en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, fue en secreto, el 31 de enero del 2017, en un hangar de la Marina en la frontera sur de México, Tapachula, Chiapas. Participaron Lori Robinson, jefa del Comando Norte de Estados Unidos, Kurt Tidd, líder del Comando Sur, y la embajadora de EEUU, Roberta Jacobson, asi como funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.
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El pasado viernes (1), Irene Khan, experta de las Naciones Unidas, ha levantado la voz para mostrar su preocupación por las posibles implicaciones que podría tener la extradición y el subsiguiente procesamiento en Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para la libertad de expresión a nivel global.
Irene Khan es relatora especial sobre la libertad de expresión de la ONU, quien puntualiza que “recopilar, informar y difundir información, incluida la relativa a la seguridad nacional cuando es de interés público, es un ejercicio legítimo del periodismo y no debe tratarse como un delito”.
Las declaraciones de la relatora se presentan en el momento más álgido del caso de Assange, ya que espera la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido sobre su apelación contra la extradición a Estados Unidos.
Assange se ha destacado como editor, redactor y activista, se enfrenta a 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917 por la publicación de información clasificada en la plataforma de WikiLeaks, lo que podría acarrearle una pena máxima de 175 años de prisión.
De acuerdo con la relatora Khan, la principal preocupación radica en el uso de esta ley en el caso de Assange, ya que, “este estatuto no proporciona ninguna protección para la publicación de información de interés público”.
Incluso, la especialista advierte que, en caso de que procesen a Assange en Estados Unidos por su labor informativa, “sentaría un precedente peligroso que podría tener un efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación en Estados Unidos y posiblemente en otras partes del mundo”, afirmó Khan, además de que no es la primera vez que un periodista recurre a documentos clasificados de interés público.
Khan insta a las autoridades británicas para que no extradite a Assange a los Estados Unidos, así mismo, que le retiren los cargos en su contra.
El caso del periodista ha sido objeto de controversia durante años, lo que incluye su arresto en 2010 y su permanencia en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde 2019.
El activista australiano ha sido objeto de una persecución legal prolongada, que muchos grupos defensores de la libertad de prensa consideran un intento de criminalizar el periodismo.
Los cargos presentados por el Departamento de Justicia de la administración Donald Trump están relacionados con la publicación de documentos clasificados por parte de Manning en 2010, que detallaban crímenes de guerra y abusos cometidos por el gobierno estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo.
El destino de Assange sigue siendo incierto, pero su caso continuará siendo un punto de referencia crucial para el futuro del periodismo de investigación y la libertad de expresión en todo el mundo. Diversos periodista y activistas en el mundo se han pronunciado para que lo liberen y le retiren los cargos en su contra.
