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Avispa Midia

(Español) Ecuador | Pueblos originarios realizan demanda contra el gobierno para proteger la Amazonia

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Por Vanessa Garcìa Navarro

Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar”, asevera Nemonte Nenquimo.

El lunes (18), en el contexto de la investigación de la Asamblea ecuatoriana sobre los posibles delitos financieros del presidente Guillermo Lasso Mendoza, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (CONCONAWEP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), presentaron ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el ejecutivo por la aprobación reciente de políticas de hidrocarburos que afectan sus territorios.

El Decreto Ejecutivo en cuestión es el 95 (aprobado el 7 de julio), que plantea la meta de duplicar la producción de petróleo, es decir, elevar la producción de barriles de petróleo de 500 mil a un millón de unidades diarias en un lapso de cuatro años (2025). La aplicación de esta política requiere incrementar la extensión de territorios originarios de la Amazonia destinados a la actividad petrolífera.

Aunque la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas (DNUDPI), a través del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), obliga al gobierno ecuatoriano a consultar a los pueblos indígenas antes de realizar un procedimiento de dicha índole, la realidad es que ninguno de estos puntos fue respetado.

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Cientos de miembros de los pueblos originarios de la Amazonia de Ecuador: Waorani, Secoya, Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Andoa, Sapara y Ai Cofan; de edades variadas, emperifollados con las vestimentas tradicionales de sus comunidades, emprendieron el lunes (18) por la mañana una marcha desde el norte de Quito, previo a la entrega de la demanda.

Defender la Amazonia

Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, quien encabezó la entrega de la demanda, reclamó que el presidente tomara la decisión de “una política de muerte” anulando la voz de los pueblos que se han visto afectados negativamente por el extractivismo petrolero y minero. “Por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera, necesitamos que se garantice nuestro derecho”.

En portada: Dirigentes indígenas, entre ellos Marlon Vargas (izq), Leonidas Iza (centro) y Nemonte Nenquimo (der), presentaron la demanda ante la Corte Constitucional. Foto API-El Universo

La lideresa Waorani, presidenta de la CONCONAWEP y activista galardonada como “nobel del medio ambiente”, Nemonte Nenquimo, manifestó “el Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos al gobierno ecuatoriano respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura”.

Y es que, el hecho de que cuatro provincias waoranis estén siendo ocupadas por siete petroleras trastorna la vida de sus habitantes originarios, quienes denuncian aumentos de pobreza y ni el más mínimo beneficio de la explotación de sus territorios.

Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE, exige “la remediación absoluta e inmediata del territorio de las nacionalidades indígenas contaminadas hace 50 años”, en referencia a la devastación ambiental provocada por los derrames de petróleo ocasionados por la empresa Chevron-Texaco y las afectaciones a la Amazonia ecuatoriana y su población.

Próximamente la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A’i Cofan de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA) someterán otra demanda, para afianzar su lucha contra las licencias ambientales para la actividad extractiva, ahora contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca incrementar la actividad minera en puntos críticos del paisaje amazónico y “relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía”.

Pese a que para algunos este evento podría parecer ajeno y distante a las vidas de personas de otras geografías, la realidad es que este tremendo acto de inconstitucionalidad por parte del gobierno ecuatoriano alienta la destrucción de las Amazonas, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en el mundo, y como en efecto dominó corrompe el equilibrio ecológico del planeta entero. Leónidas Iza recalca esto al mencionar que “no es un problema de los indígenas, es de la civilización, hay que proteger la Amazonía”.

Cómo procederá la demanda ante los tribunales sigue siendo una incógnita; sin embargo, se espera que sea a favor de los guerreros que siempre han protegido y vivido en la inmensidad de la Amazonia.

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La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

(Español) Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se sigue asesinando, encarcelando y desapareciendo a los que defienden la Tierra y los derechos humanos

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

 

22 de octubre de 2021

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Este día se cumplen ya 23 años con 10 meses de que fueron masacrados por los paramilitares priístas del Municipio de Chenalhó nuestras 45 hermanos y hermanas mártires, más 4 bebés que se encontraban aún en el vientre de sus madres, masacrados todos cuando se encontraban en el segundo día de ayuno y oración a Dios por la Paz en nuestro pueblo. Se cumplen 23 años con 10 meses de que estos paramilitares ejecutaran un crimen de estado, cuidadosamente planeado y coordinado para contrarrestar a las fuerzas insurgentes del EZLN, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 1994, con participación de los tres niveles de gobierno, cuyo máximo responsable fue Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces presidente de la República. Se cumplen 23 años con 10 meses sin justicia por el terrible crimen de lesa humanidad cometido en esta tierra, que se hizo sagrada con la sangre inocente de nuestras hermanas, hermanos, hermanitos y hermanitas mártires, y se hace cada vez más digna con la resistencia de los sobrevivientes y familiares de los caídos que no se han vendido y de nuestra organización que permanece denunciando a los responsables para que no se entierre la verdad.

Después de tantos años de persistente denuncia de las reiteradas y graves violaciones a nuestros derechos humanos, y de comprobar que en México no hay ninguna instancia ni administración que haya estado verdaderamente dispuesta a traernos la justicia, hoy está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentar su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal) y obligar al Estado mexicano a aplicar las medidas necesarias para castigar a los responsables y que se conozca la verdad, para poder evitar que algo así vuelva a ocurrir en nuestro estado y en nuestro país.

Además de que tenemos ya 23 años y 10 meses resistiendo los golpes del gobierno y pidiendo únicamente justicia y verdad, ahora nos han dejado también con la misión de luchar por justicia en el asesinato de nuestro compañero Simón Pedro, luchador a quien mataron sin tener culpa alguna, simplemente por defender al pueblo que sufre y buscar activamente la paz. A diferencia de la investigación en el caso del asesinato del exfiscal de Justicia Indígena de los Altos de Chiapas, Gregorio Pérez Gómez, donde el pasado 12 de octubre detuvieron al presunto autor intelectual, Daily de los Santos Herrera; el gobierno ya quiere cerrar el caso de nuestro compañero Simón Pedro Pérez sin determinar quién dio la orden para que lo mataran, y los abogados defensores de su asesino material están buscando cualquier pretexto para que salga libre lo más pronto posible. Sin embargo, nosotros no lo vamos a permitir y estamos esperando todos los datos de prueba que salgan como resultado de la necropsia que se realizó a los restos de nuestro compañero Simón el pasado 15 de octubre del 2021. Pero queremos que se sepa que está confirmado que la causa de su muerte fue por bala que le atravesó el cráneo, y nadie puede decir que fue otra la causa. Así, aunque el gobierno quiere que ya ni se hable de las 49 vidas arrebatadas en la Masacre de Acteal, ni del asesinato cometido contra Simón Pedro, nosotros seguiremos exigiendo justicia y elevando nuestra voz mes con mes, hasta obtenerla.

Saludamos con todo nuestro respeto y admiración a todos los hermanos y hermanas que en 20 años –desde el 19 de octubre de 2021- tampoco se han cansado de pasar por todas las instancias necesarias para luchar por justicia en el asesinato de nuestra compañera abogada defensora de derechos humanos Digna Ochoa. No se dieron por vencidos aunque el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador cuando se investigaba la muerte de la defensora de ecologistas, estudiantes y campesinos acusados de ser guerrilleros, difundió la mentira de que ella se había suicidado y logró parar las investigaciones para dar con sus verdaderos asesinos, que fueron militares y caciques del estado de Guerrero que habían sido afectados en sus intereses por el activismo de los presos políticos que ella defendía. Y siguen luchando por justicia ahora que el caso de nuestra hermana se encuentra ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del estado Mexicano por violaciones a los derechos humanos de los familiares de Digna durante la investigación del caso, y de que el gobierno tampoco cumplió con las medidas que esa Comisión les ordenó para reparar los daños e impedir que se repitiera este tipo de crímenes contra defensores de derechos humanos en el país.

Lamentablemente, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se sigue asesinando, encarcelando y desapareciendo a los que defienden la Tierra y los derechos humanos. Los ricos siguen ricos y aumentando sus riquezas y los pobres siguen pobres. La dichosa “Cuarta Transformación” no ha cambiado lo que han hecho los anteriores gobiernos, y parece que les gusta ver a nuestros pueblos llenos de armas. Cada vez son más las armas que el crimen organizado importa ilegalmente en nuestro país. Y también han fracasado en el combate a la corrupción de las corporaciones policiacas, donde se multiplica la cantidad de armas que “se pierden” y luego se venden en el mercado negro. Y la militarización de la seguridad pública que este gobierno ha promovido, hace crecer aún más el número de armas en nuestros territorios. Se ha sabido que esto incluso tiene como consecuencia el aumento de los feminicidios, en especial los que se cometen con armas de fuego.

Y nosotros estamos viendo cómo hay narcotraficantes por todas partes, y su influencia y la descomposición y violencia que desatan va aumentando peligrosamente en nuestras comunidades. Por eso en nuestros territorios han surgido los grupos que se autonombran Autodefensas del Pueblo y cada vez hay más.

Y además del peligro que viene con tantas armas y lógicas militares en nuestra región, la vida se va poniendo cada vez más difícil para los pueblos, especialmente para los que no aceptamos “los apoyos” o migajas que da el gobierno para tenernos divididos y callados. Pues en esta administración han subido muchísimo los precios de lo que los indígenas necesitamos comprar también para vivir, como el maíz, el azúcar, el detergente y la gasolina. Y lo que no sube es el precio de lo que nosotros producimos para vender, como el café y la miel. En nuestras comunidades indígenas el jornal diario tampoco sube, así que a nosotros no nos alcanza para comer dos kilos más de tortilla, como dice el presidente que pasa desde que entró a gobernar.

Entre toda esta difícil situación, queremos reiterar que nosotros seguimos con el encargo de Jesús y de nuestros mártires de seguir organizados, luchando pacíficamente con nuestras palabras, acciones, resistencia y sin armas, como Pueblo de Dios y Pueblo creyente, denunciando las injusticias y proclamando la verdad, aunque no les guste a los poderosos. Tal como lo ha hecho siempre el Padre Marcelo, que ha sido Profeta y Pastor, viendo a los pobres, defendiendo a los presos, ayudando a los perseguidos, aunque esto le haya traído amenazas graves que provocaron que ya no pudiera seguir trabajando en la Parroquia de Simojovel. Sabemos que este cambio fue necesario pues peligraba su vida, sobre todo después de haber sido difamado por el presidente electo de Pantelhó, Raquel Trujillo Morales, quien lo acusó de organizar y encabezar al grupo de Autodefensas “El Machete”, cuando en realidad lo que hizo fue arriesgar su vida para mediar en el grave conflicto que se ha vivido en Pantelhó. Pero estamos seguros que, desde San Cristóbal de las Casas, el Padre Marcelo seguirá adelante con la misión que Dios le ha encomendado y con el invaluable trabajo que ha hecho hasta ahora en la defensa de los derechos humanos en Chiapas, por lo cual ha recibido incluso el reconocimiento de pastores de otras religiones en la región.

Hermanos y hermanas, queremos que sepan que Las Abejas de Acteal tampoco nos cansaremos de exigir justicia y luchar por ella cada día. Pedimos también a nuestras organizaciones hermanas que tampoco se cansen de luchar. Sabemos que son muchos los esfuerzos por defender la tierra y los territorios del avance de los Megaproyectos que se están impulsando en nuestro país con el apoyo del mal gobierno, como el Corredor Interoceánico que están tratando de imponer en el Istmo de Tehuantepec. Por eso nos unimos a la condena por que cada vez son más comuneros, ejidatarios, autoridades comunitarias e integrantes de las organizaciones que sufren hostigamiento y persecución, como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y la Resistencia Civil del Istmo, Corriente del Pueblo Sol Rojo y la Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia (COPIR).

Saludamos a las más de 30 Comunidades y colectivos a nivel nacional qué defienden el agua, el territorio y los derechos de los Pueblos Originarios, que se reunieron el pasado 16 y 17 de octubre el «Encuentro Nacional de Luchas y Resistencias en Defensa del Agua, el Territorio y Contra los Megaproyectos de Muerte» con sede en la Okupa Zapatista Casa Chiapas; espacio qué fue tomado el pasado 26 de septiembre en la Ciudad de México como parte de las acciones globales contra el paramilitarismo y la guerra en Chiapas. Entre otras cosas, nos preocupa cómo el gobierno está implementando sus proyectos a como dé lugar, violando sus propias reglas. Por ejemplo, la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco denunció que la construcción de un puente vehicular se completó ahí, a pesar de los amparos otorgados a la Coordinación. También los compañeros que siguen organizados en el Plantón de Huexca-Morelos y el Plantón de Azurco contra la Termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos, comentaron que «los amparos no funcionan, pues la Termoeléctrica es más bien un Cuartel Militar con más de 200 militares resguardando el proyecto».

Les pedimos a las compañeras y compañeros de la delegación del CNI-CIG y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala que se encuentran en Europa en la Gira por la Vida, que sigan llevando nuestra palabra y enlazando nuestras luchas con las de otros colectivos y hermanos que luchan allá contra los saqueos de los bienes comunes de los pueblos, por parte de las empresas capitalistas neoliberales en todo el mundo.

También queremos decirles a nuestros hermanos del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata que estamos pendientes de lo que les pasa en su lucha contra los narco-paramilitares del grupo “Los Ardillos” en la Montaña Baja de Guerrero, quienes están protegidos por los tres niveles del gobierno y ya les han asesinado a 34 compañeras y compañeros. Sabemos que el pasado 28 de septiembre les hicieron una nueva emboscada e intentaron entrar en varias de sus comunidades, hiriendo de gravedad a otros tres de sus compañeros, lo que nos sigue doliendo e indignando.

Hoy que estamos a sólo dos meses de conmemorar el 24 Aniversario de la Masacre en esta tierra sagrada, y a tan sólo una semana de esperar a nuestros mártires para respetarlos y encontrarnos con ellos y con todos nuestros otros difuntos para pedirles que nos sigan animando y sosteniendo en esta la lucha por la vida, les pedimos a todos los que resisten en México y en el mundo que no se cansen de luchar, de construir la paz verdadera y de exigir con nosotros la justicia por el caso Acteal.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

 

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                         Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                       Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez                                             Pedro Pérez Pérez

Tesorero                                                                sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

 

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Radio Kurruf

(Español) Wallmapu: Realizan manifestaciones contra la militarización en distintos puntos del territorio

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Durante la jornada de éste miércoles 20 de octubre, desde tempranas horas de la madrugada se han realizado una serie de manifestaciones en contra de la presencia militar en territorio mapuche, luego de que el presidente Sebastián Piñera decretara estado de excepción el pasado 12 de octubre, para lo que geográficamente denominan como «macrozona sur», lo que corresponde a localidades movilizadas del Wallmapu.

Acciones simultáneas se realizaron en las rutas Maquehue-Nueva Imperial y Maquehue-Freire, en las cuales se dejaron diversos mensajes en rechazo al decreto presidencial, además de cortes de ruta en distintos puntos.

Compartimos registros enviados a Radio Kvrruf

«…En rechazo a la militarización del wallmapu. Exigiendo la salida de los milicos del territorio mapuche y la libertad del weichafe Luis Tranamil» , señalaban estas primeras acciones reportadas.

En avenida Javiera Carrera con Pedro de Valdivia también se levantaron barricadas donde además de manifestarse en rechazo a la presencia militar, se hace un llamado a la organización y lucha desde las distintas poblaciones de la ciudad. Compartimos registros y mensaje enviado para su difusión:

«Que arda la calle en memoria de lxs muertxs y presxs por el estado $hileno. Han pasado dos años desde la revuelta social y lo único que ha cambiado es el total de compañerxs asesinados por manos del gobierno y el estado. Hacemos un llamado a la lucha y la organización desde las poblaciones.Fin a la militirizacion del wallmapu y del estado de excepción, que lo único que busca es aumentar la reprensión en las comunidades.Fuera milicos del wallmapu !!!».

En horas de la mañana en avenida Francisco Salazar de Temuco también se realizaron manifestaciones con interrupción de tránsito y propaganda en cercanías de la Universidad de La Frontera. Compartimos registro y mensaje emitido:

Puede ser una imagen de fuego, al aire libre y texto
Puede ser una imagen de al aire libre

«Mari mari kom pu che Comunicamos a nuestro pueblo nación mapuche y a todos los simpatizantes de la lucha de nuestro pueblo, que hoy miércoles 20 de octubre del año 2021, interrumpimos el tránsito en la calle Francisco Salazar, por que repudiamos la militarización una vez más en nuestro territorio, en donde el estado chileno busca continuar reprimiendo y amedrentando a nuestra gente.Rechazamos la creciente ola represiva que ha desatado el estado en el territorio mapuche, y reafirmamos el compromiso del hogar Pelontuwe con la lucha de nuestro pueblo, basta de represión para silenciar nuestra lucha. TXIPATUPE WIGKAKE ANÜMKA TAIÑ MAPU MU, TXIPATUPE PUKE KARÜKECHE TAIÑ MAPU MU, ZOY NEWENTU WEICHATULEAIÑ TAIÑ INGKANIEPEAFIEL IÑ ITXOFILLMOGEN, WEWAIÑ, AMULEPE TAIÑ WEICHAN KOM WALLMAPU MU!!»

Hasta el momento no se informa de detenidos por parte del personal policial, y se realizan múltiples llamados a manifestarse ante lo que consideran una nueva especie de «pacificación» de la araucanía, donde ya se ha registrado presencia policial y militar en la mayoría de los accesos a comunidades principalmente en resistencia.

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Avispa Midia

(Español) Gobierno de Biden debe reanudar “Quédate en México”, proyecto migratorio de Trump

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Por Vanessa Garcìa Navarro

En enero de este año, mientras el capitolio se bañaba en la luz de azul, roja y blanca de los juegos artificiales, para recibir al actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, el corazón de miles de migrantes centroamericanos se agitaba con la esperanza de encontrar más y mejores oportunidades para obtener asilo en USA. No obstante, las promesas que el ex-candidato demócrata hizo durante su campaña electoral solo parecían posibles al principio de su presidencia, porque hoy en día toman un camino que se tuerce distante.

Apenas en junio, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, suspendía definitivamente el programa “Quédate en México”, formalmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que el ex-presidente Donald Trump había implementado durante su gobierno.

Sin embargo, los estados de Texas y Missouri ejercieron presión a través de demandas en juzgados federales para que se reanudara el MMP. El 24 de agosto, el juez del distrito de Texas, Matthew Kacsmaryk, respaldado por la mayoría de los votos en la corte, dio su fallo a la reanudación del MPP, argumentando que la suspensión del programa no había sido justificada debidamente.

Ahora, pese a que el MPP fue suspendido hace menos de medio año, además de ser calificado como “inadecuado e insostenible”, se espera que este engranaje migratorio vuelva a activarse a mediados de noviembre. Jen Psanki, la portavoz de la Casa Blanca, ha indicado que el actual gobierno únicamente sigue orden judicial de la Suprema Corte, pese a oponerse a ella.

La postura de México

Desde un inicio el programa “Quédate en México” fue agresivamente forzado en México, cuando Trump amenazó con subir los aranceles al país de no formar parte de este mecanismo migratorio. Fue así como desde 2019 alrededor de 70 mil centroamericanos fueron enviados a México para esperar la resolución de sus casos de solicitud de asilo.

México todavía no ha tomado una decisión. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en su cuenta oficial de Twitter: “México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente de aceptar el retorno de individuos en caso de alguna reimplementación del MPP. Esa decisión no ha sido tomada. Las discusiones con el gobierno mexicano prosiguen.”

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México espera que el gobierno de EE. UU. trate el caso de los migrantes que esperan en la frontera en un promedio de seis meses. Así también, el gobierno mexicano espera algo tan fundamental como que se le informe de manera adecuada a los solicitantes de asilo el lugar, fecha y hora de sus audiencias. Igualmente, espera que se les de asesoría legal, dado que ostentan una posición vulnerable.

La indignación

Durante una reunión virtual con el gobierno de Biden, activistas realizaron una declaración en contra del regreso del programa “Quédate en México”, que decía: “No es posible hacer que lo inhumano sea humano, que lo injusto sea justo, o dar vida a un programa mortífero”. Acto seguido, se desconectaron de la reunión virtual a manera de protesta, recalcando otro punto de su pronunciamiento: Nos negamos a ser cómplices de las políticas fronterizas basadas en la disuasión”.

Las negociaciones diplomáticas entre EE.UU. y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador mantienen la moneda en el aire.

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Avispa Midia

(Español) Agroindustria seguirá financiada por bancos de desarrollo; organizaciones ven despojo

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Por Aldo Santiago

En portada: Mujeres recorren monocultivos de palma de aceite en la costa de Chiapas, México. Este cultivo se caracteriza por la alta demanda de agua, la erosión de los suelos y la vulneración de la soberanía alimentaria de las comunidades. Pese a ello, se ha expandido a escala global con apoyo de la agroindustria y financiamiento de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Foto: Aldo Santiago

Este miércoles (20) finaliza la segunda cumbre anual de Bancos Públicos de Desarrollo (PDBs, por sus siglas en inglés) realizada en Roma, Italia, la cual reúne a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo y cuya prioridad es el fortalecimiento de la inversión en el sector agrícola.

“Los bancos públicos de desarrollo son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios”, afirmó Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante su participación en la reunión denominada Finanzas en común.

En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los PDBs demuestra que lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria.

De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, sólo entre los años 2015 y 2020, empresas trasnacionales del sector recibieron más de 478,000 millones de dólares por parte de 2,500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de EEUU y Europa. Con ello, se fortaleció un sector que por sí solo es responsable de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global.

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Datos del Instituto de Nueva Economía Estructural y la Agencia Francesa de Desarrollo calculan que anualmente se destinan 1.4 billones de dólares de financiamiento al sector alimentario, cantidad que se avizora en aumento. Ante esta situación, 280 grupos y organizaciones de 70 países emitieron una carta para criticar este financiamiento, el cual conlleva la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema alimentario mundial a expensas de campesinos, pastores, pescadores, trabajadores del sector alimentario y pueblos indígenas, lo cual socava la soberanía alimentaria, devasta ecosistemas y violenta derechos humanos alrededor del mundo.

Para las organizaciones, es preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues los consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria.

“Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales”, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain.

Inversiones para el despojo

Ceremonia a cuatro años del asesinato de Berta Cáceres por su organización contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por PDBs europeos. Foto: Valentina Valle

Los PDBs son instituciones creadas por los estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son “sustentables”, “responsables” y contribuyen al “desarrollo”. No obstante, los financiamientos de los PDBs registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental.

Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas trasnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo (desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique), lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública.

También, realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. “Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas”, denuncian en el documento difundido a la víspera de la cumbre mundial.

Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los PDBs de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera.

Para las organizaciones críticas a la cumbre de PDBs, dicha reunión es un espacio para las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición.

“Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición”, denuncian.

Casos

Mujeres en resistencia contra la imposición de una megaplanta fotovoltaica, financiada por empresas y bancos noruegos en Choluteca, Honduras. Foto: Renata Bessi.

Como hemos documentado en Avispa Midia, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental, no limitados en el sector agroindustrial, donde los PDBs juegan un papel fundamental, algunos de los cuales enunciamos a continuación:

  • El caso del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien participó en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto fue financiado por el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Holandés del Desarrollo (FMO), acusados por el Copinh por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres, así como por su colusión en actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.
  • En Nicaragua, los mismos bancos europeos, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, compañía que administra plantaciones de cacao y teca, controlada por intereses de la minería de oro, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas, así como señalada por degradación ambiental.
  • La expansión de plantaciones industriales de palma aceitera en África, a cargo de SOCFIN,  antigua compañía colonial europea de agronegocios. Con sede en Luxemburgo, SOCFIN posee más de 90 mil hectáreas de cultivo de palma y junto con SIAT de Bélgica, controla un cuarto de todas las grandes plantaciones en el continente africano. Éstas empresas han recibido numerosos préstamos por parte de PDBs aún a pesar de estar involucradas en en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
  • La imposición de una megaplanta fotovoltaica en Choluteca, Honduras, por parte de la empresa noruega Scatec Solar con financiamiento del banco de desarrollo Norfund del mismo país europeo. En 2016, comunidades organizadas levantaron un campamento permanente para evitar el ingreso de la maquinaria que devastaría varias hectáreas de árboles. La empresa respondió con la criminalización de once de los líderes comunitarios y para el año 2018, con apoyo del poder judicial hondureño, consiguió el desalojo del bloqueo comunitario.
  • El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, Guatemala, justificado con el discurso de la conservación de la naturaleza enarbolado bajo el proyecto Guatecarbon. Este esquema es financiado por un conglomerado de ONGs internacionales, empresas y entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo para comercializar permisos de contaminación generados mediante la conservación de 700 mil hectáreas en la Reserva de la Biósfera Maya, donde están asentadas comunidades consideradas “ilegales”, pese a habitar la región antes de la creación del área natural protegida.
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Avispa Midia

A 5 años de la detención de Fidencio Aldama, Yaquis llaman a la jornada de solidaridad

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Por Sare Frabes

Hoy, 21 de octubre, cumple cinco años del ataque a la tribu Yaqui de Loma de Bácum, en el estado de Sonora, y de la detención del indígena Fidencio Adama. En 2016, mientras la comunidad estaba reunida en asamblea por usos y costumbres, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales Yaquis e imponer autoridades a favor del Gasoducto Sonora, que la empresa Sempra Energy pretende construir en su territorio.

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El ataque dejó un muerto. El 27 de octubre de 2016, Aldama, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, que se ha opuesto al gasoducto desde el principio, fue detenido y acusado del asesinato.

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Tras un juicio “plagado de irregularidades, violaciones a derechos humanos, al debido proceso y sin pruebas en su contra”, como lo define el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama, en 2018 el indígena fue sentenciado a 15 años de prisión, además de una multa de 75 mil pesos. En el año 2019 fue negada la apelación que su defensa trabajó.

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Desde entonces la violencia en el territorio Yaqui se ha recrudecido. El 14 de julio del 2021 fueron secuestradas diez personas de la tribu Yaqui por hombres encapuchados y fuertemente armados, por lo que sus familiares y la tribu se movilizaron para denunciar y buscar a los indígenas.

El 19 de septiembre, la fiscalía del estado informó el hallazgo de cinco cuerpos pertenecientes a los desaparecidos. Aún se esperan peritajes autónomos, “pues los familiares desconfían de la fiscalía y del narco estado”, sostiene el grupo de apoyo.

“Las empresas, el narcotráfico y el gobierno están coludidos en una campaña contra la tierra y la vida de la comunidad”.

Semana de Solidaridad

Entre los días 21 y 27 de octubre se convoca a la jornada de solidaridad con la tribu Yaqui de Loma de Bácum, por la libertad de Fidencio Aldama y por la presentación con vida de los desaparecidos.

El objetivo es que cada colectivo, organización e individuo, desde su lugar y forma, promuevan acciones que visibilicen la situación vivida por los indígenas, ya sea con impactos visuales en las calles, pega de carteles, llenando las redes con los hashtags #FidencioAldamaLibertad #SolidariedadConBácum  #PresentaciónConVidaYa, por ejemplo.

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Para más información o para enviar un informe de las acciones, está el correo electrónico fidenciolibre@protonmail.com. También se llama a participar con donaciones que pueden ser realizadas aquí.

“Hoy le decimos al Gobierno de Sonora que, a 5 años del feroz y continuo ataque, nosotres no olvidamos y lucharemos y alzaremos la voz para denunciar y romper el silencio de esta guerra contra la Tribu Yaqui, tejeremos más y más solidaridad y no pararemos hasta dar con todos los desaparecidos y hasta arrancar la libertad de Fidencio”, avisa la tribu Yaqui de Loma de Bácum.

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Camino Al Andar

Tejiendo Resistencias: El Encuentro del CNI con la Brigada Nacional de Búsqueda

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Por R. Aída Hernández Castillo

Fotos: Cecilia Lobato, Colectivo Regresando a Casa Morelos.

El domingo 17 de octubre tuvo lugar en Oaxtepec Morelos, un encuentro histórico entre los colectivos de familiares de desaparecidos articulados en la Brigada Nacional de Búsqueda (BNB) y el Congreso Nacional Indígena (CNI). Se trata de dos de los movimientos sociales más importantes del país, en defensa de la vida. Desde distintas estrategias y espacios de resistencia, estos hombres y mujeres se han convertido en el principal contrapeso a las violencias múltiples que están destruyendo el tejido social de nuestras comunidades.
Haciendo eco a la iniciativa lanzada en julio pasado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de promover una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia, el CNI se acercó a los colectivos de familiares de desaparecidos que se encuentran en Morelos en el marco de la VI Brigada Nacional de Búsqueda. El 31 de julio pasado 756 comunidades zapatistas se pronunciaron por el SI, como respuesta a la pregunta de si “estaban o no de acuerdo en que se haga lo necesario para apoyar a que se cumplan los derechos de las víctimas y sus familiares, de verdad y justicia”. Este llamado nos planteó el reto de imaginar y promover dicha campaña, desde movimientos que no siempre comparten sus perspectivas políticas, ni estrategias de lucha, pero que coinciden en denunciar los entramados de violencias y las complicidades estatales con las mismas, así como en apostarle al trabajo de reconstrucción y fortalecimiento de los tejidos comunitarios.
 Si bien en varios espacios de encuentro organizados por los zapatistas habían participado familiares de personas desaparecidas –como fue el caso del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en diciembre del 2019– se trata de la primera vez que el EZLN hace un llamado a una campaña nacional de apoyo a las luchas de estos colectivos.
Por su parte del Congreso Nacional Indígena, ha venido denunciando la desaparición y asesinato de varios de sus líderes en distintas regiones del país, como fue el caso del dirigente yaqui Tomás Rojo, desaparecido el 27 de mayo de mayo de este año, y cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en Vicam, Sonora, unos días después. Así como los asesinatos de los activistas yaquis Luis Urbano y Agustín Valdez durante ese mismo mes. También se movilizaron en torno a la desaparición en septiembre pasado de José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, bases de apoyo zapatistas e integrantes de una Junta de Buen Gobierno, quienes aparecieron con vida después de haber sido secuestrados por grupos paramilitares vinculados a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Sin embargo, existen cientos o miles de desaparecidos indígenas en el país, que no tienen militancias políticas ni vínculos con el CNI, cuyas familias no han contado con las redes de apoyo para denunciar ampliamente estas violencias. Sus nombres y casos se han perdido en el anonimato, y hasta ahora el movimiento indígena en el país no ha logrado documentar, ni denunciar los nombres de los miles de desaparecidos y desaparecidas, cuyas vidas han sido truncadas por las violencias extremas, muchas veces perpetradas por actores estatales que deberían de protegerlos.

Por el lado de los colectivos de familiares de desaparecidxs en el país, tampoco se ha visibilizado la identidad étnico-cultural de las personas cuyos cuerpos han sido encontrados en fosas clandestinas, ni de los familiares que buscan a sus hijos e hijas en regiones indígenas. Es decir que la desaparición de personas, se ha diluido en los múltiples agravios denunciados por el CNI, a la vez que la identidad indígena, tampoco ha sido considerada ni en las bases de datos oficiales, ni en las de los colectivos de familiares. Es por esto que el encuentro entre el CNI y la Brigada Nacional de Búsqueda, no solo representa un momento histórico en la articulación de dos luchas que resultan fundamentales para el país, sino que también abre la posibilidad de visibilizar las múltiples ausencias de los indígenas desaparecidxs.(Las múltiples ausencias de los indígenas desaparecidos en México – A dónde van los desaparecidos (adondevanlosdesaparecidos.org)

El encuentro

En una hermosa noche de luna llena, representantes del CNI de distintas regiones del país levantaron sus voces con consignas de apoyo a los familiares de desaparecidos. Integrantes del CNI de Morelos dieron la bienvenida y hablaron de sus luchas contra el Proyecto Integral Morelos, recordándonos que la muerte del activista indígena Samir Flores continúa impune. Las mujeres otomíes de la comunidad migrante a la ciudad de México, que han convertido las antiguas instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, hablaron con la fuerza verbal que las caracteriza haciendo suyo el dolor de las madres, esposas, hermanas de personas desaparecidas. Las Organización de Pueblos Unidos por la Vida de Puebla, que desde marzo pasado mantienen cerrada la embotelladora de agua Bonafont, hablaron del vínculo que existe entre la defensa del agua y la defensa de la vida. Los compañeros de la región totonaca de Veracruz, compartieron los impactos que la desaparición de personas y la violencia del crimen organizado han tenido en sus comunidades. Las presentaciones fueron acompañadas por consignas que hermanaban sus luchas.
Por parte de la Brigada Nacional de Búsqueda se aprovechó para presentar el informe de la Quinta Brigada que se realizó en los municipios de Poza Rica y Papantla en febrero del 2020. Después se les explicó a los representantes del CNI en que consiste esta estrategia de lucha que combina la búsqueda de los y las desaparecidas, con la información y sensibilización de la sociedad civil. Se trata de un movimiento de familiares de personas desaparecidas que desde el 2016 ha realizado seis brigadas en los estados de Veracruz, Sinaloa, Guerrero, con el acompañamiento de activistas solidarios que han hecho suyo su dolor y sus luchas. Vino después una ronda de presentaciones en la que representantes de distintos estados dieron testimonio de los agravios cometidos contra ellas, sus familias y sus comunidades. No fue posible que hablaran representantes de los 160 organizaciones que participan en esta ocasión, pero quienes hablaron lo hicieron desde una voz colectiva, pues los y las desaparecidas son ahora hijos e hijas de todas.
Se explicó la estrategia de trabajo, a través de distintos ejes que han llevado sus voces a catorce municipios morelenses. Unas visitan escuelas y con la fuerza de su testimonio contribuyen a la construcción de una cultura de paz con las nuevas generaciones; otras trabajan desde el eje de Iglesias que articula a una comunidad ecuménica, que se propone re-educar y sensibilizar a sus propias autoridades eclesiásticas y comunidades de fe, que en la mayoría de los casos no han estado a la altura de la crisis de derechos humanos que enfrentamos; Sin perder la esperanza de que sus familiares puedan estar vivos, se realizan búsquedas en penales, en donde también se llama a los y las internas a compartir cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlos. “No se buscan culpables, solo buscamos a nuestros tesoros” repiten una y otra vez, tratando de apelar a la conciencia de quienes pudieran tener información.

Otras más han tomado picos y palas, para hacer lo que han venido haciendo a todo lo largo y ancho del país: buscar a “sus tesoros” en cañadas, arroyos, terrenos baldíos. Han sido ellas, quienes sin ninguna certificación, se han convertido en expertas forenses y han encontrado muchas de las 4 mil 806 fosas clandestinas con 8 mil 202 cuerpos, que reportó recientemente la Comisión Nacional de Búsqueda. Otro grupo ha concentrado su trabajo en fiscalizar los procesos de identificación humana, que en este estado han sido un ejemplo nacional de ineficiencia y complicidad con las fosas de Jojutla y Tetelcingo. https://www.jornada.com.mx/2020/08/09/opinion/015a1pol.

 

Los representantes del CNI también compartieron la historia de 25 años de lucha, durante los cuales han enfrentado los discursos y prácticas que en nombre de un supuesto “progreso y desarrollo” pretenden despojarlos de sus tierras y recursos naturales. Era evidente que en ambas luchas se ha enfrentado una necropolítica que ha tenido continuidad, sin importar el color de los partidos que nos gobiernan. Cerrar la primera semana de trabajo de la Brigada Nacional de Búsqueda, con un diálogo con el CNI, visibilizó la estrecha relación que hay entre las políticas de muerte que se apropian de los territorios y recursos de los pueblos indígenas y las que han convertido el país en una gran fosa clandestina. Los pueblos indígenas articulados en el CNI y las familias de la Brigada están tejiendo una red de resistencias en defensa de la vida que confronta silenciamientos y complicidades estatales.

Como Colectivo por el Florecimiento de los Pueblos, nos hemos unido también al llamado del EZLN a articular esfuerzos en una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia, creando espacios de encuentro entre distintos movimientos que luchan por la defensa de la vida a través de la Serie Diálogos de Resistencias, que co-organizamos con Mujeres y Sexta. En este espacio han participado también familiares de personas desaparecidas, representantes del CNI, defensoras de migrantes, familiares de víctimas de feminicidio, defensoras del territorio (https://www.facebook.com/ColectivoCaminoalandar/videos/255793346431186/). Sabemos que hay aún mucho camino por andar, pero estamos seguras de que estos primeros diálogos son ya la semilla de las comunidades de resistencia que nos urge construir para confrontar las políticas de muerte que atentan contra nuestros cuerpos y territorios.

 
radio
Colectiva La Zarzamora

(Español) Enfrentamiento entre Comunidades lavkenche e Infantes de Marina tras provocación militar

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Por:La Zarzamora/Fotografía: Aukin

Durante la tarde de este 19 de octubre comunidades mapuche de la franja lavkenche, comunicaron que se produjo un enfrentamiento entre pu weichafe y militares, luego de que las fuerzas represivas destruyeran una barrera de control sanitario levantada por las comunidades en Wentelolen como medida preventiva en territorio que ha desarrollado una larga lucha de reivindicación, recuperación y control territorial.

El enfrentamiento se habría producido en el territorio lleullueche entre Wentelolen por el norte y Curapaillaco por el sur, en el cual pu weichafe habrian confrontado la provocación tanto de policías como de militares.

Se hace una llamado a organizaciones de DDHH a estar al tanto de estos hechos y a hacerse presentes. Así mismo se llama a los medios libres a que entreguemos la mayor cobertura posible en esta “nueva pacificación” del WallMapu.

COMUNICADO URGENTE

Hoy 19.10.2021 a las 14: 30 hrs, empezaron los enfrentamientos de las comunidades contra Carabineros de Chile y efectivos del ejército……

Urgente llamado a observadores de derechos humanos y medios alternativos…

Se informa que se estarían produciendo enfrentamientos entre agentes del Estado y las comunidades en el Wallmapu, zona lavkenche.

Solicitamos estar atentos, ya que se están viendo las primeras consecuencias de la militarización de la Macrozona Sur.

Comunidades de LLeu-Lleu
Vocero de la CAM

radio
Avispa Midia

(Español) El pueblo de Wixárika inaugura clínica autónoma

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Por Ñanì Pinto

La Comunidad Autónoma Wixárika-Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, convoca a las jornadas por la vida que ocurrirán entre 5 y 7 noviembre, en la misma comunidad, en conmemoración de los 8 años del nombramiento y reconocimiento de sus autoridades agrarias autónomas.

“El 10 de noviembre de 2013, pueblos originarios de diversas geografías de la región occidente de México, se dieron cita en nuestra comunidad para celebrar la asamblea regional del Congreso Nacional Indígena, en la cual, mediante un acta, fue reconocido nuestro gobierno agrario autónomo, por las autoridades de los pueblos ahí presentes, fecha que hemos conmemorado pagando a nuestra madre tierra y pidiendo por la vida del territorio”, expresan los pueblos en un comunicado.

Durante las jornadas habrá la inauguración de la clínica autónoma de la comunidad. Por medio de la solidaridad, la comunidad obtuvo apoyo para la construcción y obtención de equipamiento. “Hemos nombrado promotores y promotoras de salud que se capacitarán para salvar vidas, atender emergencias médicas y conocer del uso tanto de la medicina de bata blanca, como la medicina tradicional y herbolaria”, dice la comunidad en el comunicado.

Para eso se conformó una brigada de salud con personas que vienen de distintas partes del mundo, como Irán, La India,  Cuba, Los Angeles- California, Nueva York, Chicago -Illinois, Seattle -Washington, Oakland-California, Tucson-Arizona, Skatin Nations/Sts’Ailes- Canadá, El Istmo de Tehuantepec (Oaxaca),  Mexicali, Guerrero, Yucatán, Ciudad de México, Ecatepec (Edo). Mex y Puebla. De las lenguas Afro descendientes, Maya, P’urhepecha, Mixteca, Huasteca, Binniza, Persa de Shiraz, Nahua, Japones, Inglés, Árabe, Yoreme, Wixarika y Tepehuano.

“Hemos visto como la salud no es un derecho que podamos tener los pueblos originaros; la atención médica siempre es un privilegio y las enfermedades prevenibles o tratables serían letales sin el conocimiento de la medicina tradicional de las y los mayores”.

Durante las jornadas también se dará la clausura de la Campaña Nacional e Internacional por la Justicia y el Territorio en Azqueltán, iniciada en abril de 2021, donde se promovieron diversas acciones para exigir, entre otros puntos, el castigo a los responsables de las agresiones y despojos que se han realizado en el territorio del pueblo Tepehuano y Wixárika, además del respeto a su gobierno comunitario.

Conflicto Agrario

Los indígenas de la comunidad autónoma Wixarika-Tepehuan sostienen una lucha para recuperar 38 mil hectáreas de tierras de las 94 mil que aparecen en el título virreinal del año 1777, que les acredita legalmente ser los dueños de su territorio.

El título fue declarado auténtico el 15 de diciembre de 1954 por el Departamento Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria. Pero el gobierno nunca concluyó la Confirmación y Titulación de los Bienes Comunales y actualmente el trámite se encuentra en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16, en Guadalajara, Jalisco.

El contexto de agresión contra esta comunidad se remontan a un conflicto agrario en la región donde diversas personas, ajenas a estas comunidades, se asumen como propietarias de ciertas fracciones de tierras comunales. A estos hechos suman otras acciones como la desaparición forzada, agresiones físicas y la violación de los derechos humanos.

Incluso en el año 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, manifestó su preocupación desde Ginebra, Suiza, señalando que el gobierno mexicano debería de dar un cumplimiento ejemplar al Estado de derecho que marca la prevalencia de los títulos virreinales de estas tierras.

“Con la bendición de nuestros dioses, estamos listos para no dar un paso atrás en la recuperación de las tierras invadidas y el reconocimiento legal agrario”.

La Jornada

Las actividades serán las siguientes:

• Talleres de formación, capacitación y consultas médicas sobre diversas áreas de la salud comunitaria a integrantes de la comunidad

• Toma de protesta de los promotores de salud e inauguración de la clínica autónoma comunitaria.

• Ceremonia espiritual tradicional.

• Inauguración de la clínica autónoma.

• Intercambio cultural y artístico (la comunidad contará con música y artesanía tradicional)

• Intervención de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

• Pronunciamiento público en conmemoración del octavo aniversario del gobierno agrario autónomo y la clausura de la Campaña Nacional e Internacional por la Justicia y el Territorio en Azqueltán.

radio
Avispa Midia

(Español) Honduras: A dos meses de las elecciones se criminaliza la protesta

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Por Vanessa Garcìa Navarro

En una sesión ordinaria que se llevó a cabo en línea el 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras modificó el código penal e incrementó las penas por el delito de usurpación de 4 a 6 años.

El delito de usurpación se puede definir constitucionalmente como apoderarse de una cosa inmueble con el objetivo de causar un perjuicio a otro, que ahora se extiende “se trate de bienes del Estado o destinados al servicio público como son el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o domino público o de cualquier otro bien raíz del Estado”, que se ve agravado cuando “cuando intervengan dos o más personas”. En reducidas palabras, se restringe el derecho a la manifestación social.

A menos de dos semanas de las elecciones populares que se celebrarán el 28 de noviembre (para elegir jefe de Estado, diputados, alcances y vicealcaldes), parece evidente que el Estado se está blindando para evitar movilizaciones como las que se observaron en 2017, cuando hubo acusaciones de elecciones fraudulentas. Si antes el gobierno fue capaz de reprimir a los manifestantes violentamente, ahora se coloca en una posición donde la brutalidad ispo facta es únicamente la antesala de una posible condena de cárcel por ejercer el derecho a manifestarse.

Al deslegitimizar el derecho a las protestas se intenta infundir miedo para la ciudadanía en general, pero sobre todo es una amenaza contra los campesinos, pueblos indígenas, pueblos negros, activistas y víctimas de delitos que encuentran en la manifestación su arma más efectiva para defenderse no sólo de sus agresores, sino del mismo gobierno que se niega a hacerles justicia o a veces es el propio victimario.

Justamente el delito por usurpación ha sido el pretexto predilecto para cometer injusticias en contra de las minorías y organizaciones civiles. En marzo de este año, las lideresas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, fueron interceptadas por la policía nacional acusadas del delito de usurpación, sin siquiera especificarles las características de los cargos que se les imputaban (a quien o en donde fue el daño).

Estas privaciones de la libertad sucedieron justamente un día antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera seguimiento a una sentencia que tenía como responsable al Estado por violar el derecho de propiedad colectiva de la comunidad Garífuna. Finalmente fue la difusión internacional del caso lo que ayudó a la liberación de las mujeres.

En tanto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que este hecho “es una acción para arremeter en contra de las luchas emblemáticas que lideran los pueblos originarios por la defensa de los territorios”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) externaliza igualmente una enorme preocupación por los posibles actos de criminalización que se orquestaran si esta reforma no es discutida “en condiciones y tiempos que permitan el debate y el escrutinio público, instando a que se reconsideren estas normas”.

Por su parte la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha lanzado un comunicado para hacer un llamado a la comunidad internacional para enfocar su atención en lo que acontecerá en el país centroamericano en las próximas semanas.

Entre otras alarmantes reformas se encuentra el hecho de que la lucha por la corrupción se ha entorpecido deliberadamente, dado que a partir de ahora se limita el acceso a información de casos de tal índole.

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