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Avispa Midia

(Español) Embajador de EEUU anuncia un convenio inconstitucional de seguridad en Zacatecas

  • Date:11 Oct 2022

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

El protagonismo del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, en temas internos como seguridad, migración y “desarrollo” persiste con más fuerza en México. La semana pasada, en una rueda de prensa, el embajador estadunidense y el gobernador de Zacatecas, David Monreal, anunciaron un convenio para “regresar la paz” en esta entidad, “porque con seguridad hay prosperidad, llegan las inversiones y crece la confianza en las instituciones”, dijo Salazar.

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La reunión se dio luego de la alerta de viaje a Zacatecas que emitió el gobierno de Estados Unidos. “De ambas partes hemos coincidido que a través de la cooperación logaremos que esta situación cambie para brindar la certeza a los viajeros y a los inversionistas y, con ello, generar un mayor desarrollo económico”, señalo Monreal.

Salazar estuvo en compañía de representantes del Buró Federal de Investigación (FBI), de la Administración Antidrogas (DEA), de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Las agencias también participaron de la reunión de trabajo, que ocurrió antes de la rueda de prensa.

Los organismos de seguridad de los Estados Unidos intervendrán en acciones como la dotación de equipo de alta tecnología, en la capacitación a policías y funcionarios locales de las áreas de seguridad pública, y a personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, en materia de inteligencia, fortalecimiento penitenciario y fortalecimiento del sistema de administración de justicia.

Para ello, “el embajador ha planteado un plan de acción”, sostuvo el gobernador sin dar detalles de las acciones que se llevarán a cabo.

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Embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, y agentes de seguridad de EEUU en Zacatecas México.

La paz para los inversionistas

Uno de los objetivos del acuerdo es que Zacatecas se convierta en una pieza clave en el comercio entre Estados Unidos y México. “Contamos con una posición geográfica propicia para fortalecer la cadena de suministros en tiempos económicamente complejos”, mencionó Monreal.

La presencia del sector minero en las negociaciones fue subrayada por Salazar durante la rueda de prensa. Dijo que dicho sector tiene “interés” en fortalecer estas cadenas de suministros. “[Tienen interés en] la inversión que se pueda hacer aquí en Zacatecas. Eso será otro tema que seguiremos trabajando de forma muy cercana con el gobernador”.

El embajador mencionó que “afortunadamente tenemos el T-MEC [Tratado México-Estados Unidos-Canadá]”, que ofrece las condiciones “para crear la potencia más grande del mundo, aquí en Norteamérica”.

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“Ni modo que vamos a hacer un escándalo”

Esta vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se ha pronunciado frente a otras intervenciones de Salazar, no dejó pasar la acción del embajador en los asuntos internos de México.

En la mañanera de este lunes (10), Obrador dijo que el acuerdo es inconstitucional. Según el mandatario, los Estados no tienen facultades para celebrar convenios con gobiernos extranjeros. Lo que significa que, tanto Estados Unidos, como el gobernador zacatecano, están incurriendo en una ilegalidad según las leyes mexicanas.

Pero su tono amenizó la situación. “(…) Le tenemos confianza a Ken Salazar, que está visitando los estados y hay buena relación con el gobierno de EEUU. No hay que hacerlo grande, es un pronunciamiento. Ni modo que vamos a hacer un escándalo. Este es un asunto de otro tipo y no vamos a pelearnos”.

¿Qué sigue?

El embajador de Estados Unidos aclaró que “estaremos muy pronto en Washington D.C., para el diálogo de alto nivel de la seguridad”, donde se definirá la especificidad de las acciones en Zacatecas y los recursos que se utilizará.

 

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Avispa Midia

(Español) Organizaciones denuncian persecución hacia familias migrantes tsotsiles en Puebla

  • Date:11 Oct 2022

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Foto de archivo del pueblo tsotsil desplazado por grupos paramilitares

El pasado 10 de febrero de 2022, personal del DIF Estatal de Puebla en coordinación con elementos de la policía municipal despojaron a dos niñas indígenas de sus familias mediante engaños, el uso excesivo de la fuerza y amenazas. Son familias en situación de desplazamiento interno (migración interna) provenientes de comunidades tsotsiles de los Altos de Chiapas, que han migrado a la ciudad de Puebla en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida debido a la extrema pobreza que viven en sus comunidades.

Roque H. y María R., padres de Estefanía H. de 3 años, y Fernando M., tío de Vanesa H. de 9 años, relatan que el día de la separación se encontraban trabajando en el crucero del Boulevard Atlixco con Camino Real a Cholula, cuando personal del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puebla se les acercó con la supuesta intención de brindarles apoyo humanitario mediante despensas y atención médica para las niñas.

Invitación que la madre, el padre y el tío rechazaron inmediatamente, dada la desconfianza que les generó al no ver las despensas y al percibir su insistencia por trasladarlos a otro lugar. Tras la negativa de las familias a movilizarse, elementos de la policía municipal llegaron al lugar para obligarlos mediante intimidaciones y amenazas a subirse a la camioneta del DIF y ser trasladados a sus instalaciones.

Marisa R. refiere que el personal del DIF le arrebató de sus brazos a su hija mediante el uso excesivo de la fuerza, obligándola a subirse dentro de la unidad si es que quería que le regresaran a la niña.

Fernando M. cuenta que también fue obligado a subir dentro del vehículo, junto con su sobrina Vanesa, bajo la amenaza de ser detenido si no obedecía a las indicaciones. Ya estando arriba de los vehículos, los oficiales aseguraron las puertas y se los llevaron detenidos. En las instalaciones del DIF, una vez terminada la revisión médica de Estefanía y Vanesa, la doctora dictaminó que las niñas serían separadas y retenidas.

Han pasado 8 meses de la intervención y ambas niñas continúan privadas de su libertad y separadas de sus familiares. En el caso de Estefanía, sus padres ya han acreditado su parentesco y han firmado la restitución desde el pasado 7 de septiembre del 2022. Sin embargo, para el proceso de Vanesa no existe un avance ni se facilita información a los familiares, a pesar de que su abuela materna y tío, quienes están a cargo de la niña, insisten en agilizar el procedimiento.

Las familias se encuentran preocupadas por la integridad de las niñas pues las autoridades les han negado rotundamente el mantener comunicación con ellas poniendo diversas justificaciones. Es importante resaltar las afectaciones a nivel psicológico y emocional que ha implicado para ambas niñas la separación de sus padres y familiares.

La Red de Observación y Acompañamiento a Niñeces Indígenas en Situación de Movilidad (ROANIM), organizaciones de la sociedad civil solidarias y miembros de la academia repudian, en un comunicado, estos actos de criminalización y violencia institucional ejercidos contra Roque, Marisa, Fernando y las niñas Estefanía y Vanesa.

Resaltan que, con las acciones, las autoridades han ejercido múltiples violaciones a sus derechos humanos y culturales y, sobre todo, una grave violación al principio rector del Interés Superior de las Niñas, además de vulnerar su derecho a permanecer con sus padres y no ser separada de su entorno familiar. Denuncian las malas prácticas con las que fueron privadas de su libertad: engaños, amenazas y el uso excesivo de la fuerza.

Consideran que este hecho violenta su derecho a mejorar sus condiciones de vida plasmado en el artículo 21 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendiente porque las familias tsotsiles migran laboralmente hacia las ciudades como una estrategia de supervivencia frente a la precariedad que viven en sus pueblos.

Por ello, estas acciones también obedecen a retóricas y discursos clasistas, discriminatorios y racistas, que criminalizan la pobreza en la que viven muchas personas tsotsiles que migran a Puebla.

Exigencias

Las organizaciones exigen al DIF Estatal de Puebla la liberación y reincorporación de ambas niñas con sus respectivas familias, así como la rendición de un informe detallado sobre los protocolos y criterios de la detención y separación. Exigen que las instituciones correspondientes garanticen la protección y restitución integral de los derechos de ambas niñas y de sus familiares.

Además, hacen un llamado a las instituciones responsables a tomar cartas en el asunto y efectuar sanciones a los actores involucrados en esta situación considerando las graves violaciones a derechos humanos que han vivido tanto las niñas como sus familias.

No es un hecho aislado

En los últimos 3 años, las organizaciones han documentado múltiples persecuciones, amenazas y violencias que servidores públicos han ejercido contra niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles.

Estas violencias institucionales no solamente se han manifestado en la ciudad de Puebla. Las Organizaciones han detectado la reproducción de estas prácticas en diversos estados de la república mexicana como Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y Baja California.

Violaciones que se sustentan en una supuesta lucha por erradicar el trabajo infantil pero que termina violentando otros derechos fundamentales de las niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles.

La red de organizaciones externa preocupación por las niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles en situación de desplazamiento-migración interna en México, pues continúan movilizándose junto con sus familias a las ciudades tras las violencias estructurales que han vulnerabilizado históricamente a las comunidades tsotsiles de Chiapas.

Exigen un alto a la persecución, criminalización y separación de las familias
tsotsiles por parte de instituciones y servidores públicos de las ciudades receptoras.

Invitan a las sociedades receptoras a no dejarse llevar por los imaginarios e ideas
que circulan sobre las niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles y que los estigmatizan
socialmente; y a desmontar los discursos y prácticas discriminatorias, xenofóbicas,
clasistas y racistas que se han construido en torno a las familias tsotsiles migrantes.

“Las niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles tienen el derecho a vivir una vida libre de
violencias y discriminación. Basta de abusos de poder por parte de las autoridades e
instituciones y de procesos de exclusión por parte de las sociedades receptoras. Porque toda persona tiene el derecho a vivir procesos de movilidad cimentados en la dignidad
humana”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Foro Internacional Construcción de paz en México

  • Date:11 Oct 2022

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Desafíos y claves en el contexto actual

 

Martes 25 de octubre 2022
Teatro Daniel Zebadúa San Cristóbal de las Casas Chiapas

Plataforma para la Construcción de Paz en México

Presentación

La inseguridad, violencia y disputa territorial configuran una alarmante realidad que afecta la vida de millones de personas en México y tiene un grave impacto sobre los derechos hu- manos. Ya sea por falta de capacidad o colusión, las autoridades – en sus distintos niveles de gobierno – se ven rebasadas por esta realidad, muy marcada por la coacción ejercida por el crimen organizado.

A esta crisis de seguridad local, se suma una crisis socioeconómica mundial precipitada por los efectos de la Covid-19 y que la guerra en Ucrania puede agravar aún más, con alza de precios, incremento del desempleo y mayor presión extractivista sobre los territorios.

Todo ello conlleva desafíos importantes que deben ser abordados con herramientas de construcción de paz. Es con esta finalidad que una gran variedad de personas y organizacio- nes pertenecientes a distintos espacios de articulación llevan más de dos años celebrando periódicamente encuentros de análisis y discusión. Con el tiempo se han ido constituyendo como Plataforma para la Construcción de Paz en México.

Este Foro es la primera actividad pública y presencial de dicha Plataforma que se ha plantea- do por reto profundizar en la reflexión colectiva, ampliándola a otros actores que trabajan a favor de la paz desde una gran variedad de espacios sociales.

Organiza:

PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN MÉXICO

La Plataforma para la Construcción de Paz en México es un espacio que se ha ido confi- gurando a lo largo de estos últimos tres años y en el que han confluido personas y orga- nizaciones vinculadas a estas tres articulaciones: la Red Global para la Prevención de los Conflictos Armados (GPPAC por sus siglas en inglés), el Servicio Civil para la Paz de Pan para el Mundo y el I Foro Internacional por la Construcción de Paz en México convocado en Barcelona en 2019 por el ICIP, Serapaz y la Taula per Mèxic.

Con este Foro y las actividades internas que le seguirán a lo largo de la semana, la Plata- forma busca fortalecerse como red e identificar pasos para avanzar hacia una agenda de paz compartida.

Programa

8:30h
Registro

9:00h – 9:30h
Bienvenida
Alberto Solís Castro, Serapaz

Intervención del Coro de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

9:30h – 11:15h

Mesa 1 — Claves para la construcción de paz: una reflexión global
Los retos que enfrenta México en la actualidad están inmersos en el contexto de desafíos mundiales, como la presencia de organizaciones criminales transnacionales, impactos de una economía globalizada extractivista y el auge de sociedades altamente polarizadas. Para hacer frente a ello, el marco conceptual y estratégico de la construcción de paz ofrece caminos que urge explorar.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (participación en línea)
Marta Ruiz, ex comisionada de la Comisión de la Verdad de Colombia
Luis Jorge Garay, académico y consultor internacional
Presenta: Alberto Solís Castro, Serapaz

11:15h – 11:30h
Descanso

11:30h – 13:15h
Mesa 2 — Seguridad, justicia y territorio. ¿Cómo detener la violencia?
Ante la crisis de derechos humanos e inseguridad que vive México, resulta urgente analizar posi- bilidades para el impulso de modelos de seguridad, cuidados, protección y justicia con enfoques de paz diferenciados que permitan detener la violencia exacerbada en el país.

Jenny Pearce, London School of Economics, Reino Unido
Ernesto López-Portillo, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Guillermo Trejo, Universidad de Notre Dame, Estados Unidos
Presenta: Yésica Sánchez Maya, Consorcio Oaxaca

13:15h – 14:45h
Descanso

14:45h – 16:30h
Mesa 3 — Prácticas restaurativas, diálogo y reconstrucción del tejido social
México se enfrenta en la actualidad al reto de fomentar el cambio en las relaciones y estructuras sociales que generan violencia y miedo y que han conducido a niveles graves de desintegración y rupturas del tejido social. En este contexto, es preciso reflexionar sobre nuevas formas de rela- ciones sociales que permitan generar condiciones para una paz justa y duradera.

Lina Ibañez, Diálogos Improbables, Colombia
Dominic Barter, experto internacional en Círculos Restaurativos
Lenin Torres, Centro de Investigación y Acción Social
Presenta: Abel Barrera, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

16:30h – 16:45h
Descanso

16:45h – 18:30h
Mesa 4 — La dimensión cultural y espiritual de la construcción de paz
La educación, la espiritualidad, el arte, la cultura o el periodismo son elementos fundamentales para la transformación de los mecanismos que justifican y respaldan el ejercicio de la violencia en una sociedad. Resulta pertinente reflexionar sobre su aporte en la construcción de alternati- vas para la construcción de paz en el México actual.

Pietro Ameglio, académico y activista social
Marcela Turati, Quinto Elemento Lab.
Mons. Rodrigo Aguilar, Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
Presenta: Carla Ríos, Brigada Marabunta

18:30h – 19:00h
Conclusiones y clausura

 

Biografías

Abel Barrera
Activista por los derechos humanos y antropólogo, fundó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para apoyar en la reconstitución de los pueblos originarios. Su com- promiso y labor han sido reconocidos con varios premios nacionales e internacionales, entre el que destaca el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, por su lucha en contra de las violaciones que cometen los militares y policías en contra de la población de la Montaña de Guerrero. Es una de las cinco personas integrantes de la Comisión de la Verdad de México, creada por decreto presidencial para investigar los crímenes de graves violaciones del pasado.

Alberto Solís Castro
Es defensor de los derechos humanos en México; exdirector y miembro de Serapaz. Especializa- do en asesoría y acompañamiento político estratégico a movimientos y organizaciones sociales para la transformación positiva de conflictos y la demanda de causas legítimas y justas de la sociedad civil.

Carla Ríos
Es subdirectora de la organización Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., organización que trabaja en su comunidad con arte y cultura, en movilizaciones sociales como defensores de derechos humanos y mediadores y en las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en campo a pozos o zonas de difícil acceso, así como a través de intervenciones comunitarias que combinan arte y búsqueda.

Dominic Barter
Durante los últimos 25 años ha trabajado con comunidades marginadas, organizaciones, go- biernos locales y nacionales, la ONU y agencias internacionales promoviendo la cooperación y el cambio, principalmente en los ámbitos de la justicia, la educación, la gobernanza, la financiación comunitaria colaborativa y la autodeterminación local. Ha sido colaborador cercano de Marshall Rosenberg (Comunicación Noviolenta). Destaca su trabajo a través de los Círculos Restaurati- vos en prisiones, hospitales, iglesias, escuelas, y con movimientos sociales, universidades, fuer- zas policiales, milicias o grupos criminales.

Ernesto López-Portillo
Licenciado en Derecho, ha dedicado su carrera profesional a promover la reconciliación entre la policía y la sociedad. En 2003 fundó el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde, que dirigió hasta 2016. Posteriormente ejerció como Secretario Técnico del Foro Democrático para la Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana CDMX y actualmente es el Coordi- nador del Programa de Seguridad Ciudadana del mismo centro. Su más reciente publicación es “La prevención de la violencia y la delincuencia en México. Una promesa malograda” en La responsabilidad del porvenir del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado centenares de artículos de prensa, tarea que en el 2009 le hizo merecedor del Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo. 

Guillermo Trejo
Profesor de Ciencia Política y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Se ha especializado en el estudio de movimientos sociales, violencia política y criminal, derechos humanos y justicia transicional en México y Amé- rica Latina. Su más reciente libro, Votos, drogas y violencia: La lógica política de las guerras crimi- nales en México (Penguin Random House América Latina, Debate). Su nuevo libro, Nunca más: Por qué la justicia transicional previene estallidos de violencia criminal en nuevas democracias aparecerá en 2023. Acompaña a colectivos de familias de personas desaparecidas en México en su búsqueda por verdad y justicia.

Jenny Pearce
Profesora en el Latin American and Caribbean Centre (London School of Economics), fue tam- bién profesora de Políticas Latinoamericanas en el departamento de Estudios de la Paz de la Universidad de Bradford (1992-2016) y ha impartido clases en otros centros universitarios. Más recientemente ha ejercido como investigadora principal del proyecto ESRC/Conacyt Newton: “Co-construyendo seguridad humana en México: de las comunidades hacia el Estado” (2016- 2018). Entre sus numerosas publicaciones destaca su último libro Politics without Violence? Towards a Post Weberian Enlightenment (Palgrave Macmillan, 2020).

Lenin Torres Lázaro
Licenciado en Comunicación Organizacional por la Facultad de Estudios Superiores “Acatlán” de la UNAM, es director general del Centro de Investigación y Acción Social “Jesuitas por la Paz” (CIAS) en el que ha desarrollado proyectos de reconstrucción del tejido social. En el pasado ha participado en proyectos de alfabetización y gestión comunitaria y ha colaborado con organiza- ciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” del Estado de México.

Lina Marcela Ibáñez
Directora ejecutiva de la Plataforma Diálogos Improbables, ha liderado múltiples procesos de diálogo entre opuestos y diversos, en Colombia y otros países de América Latina, con el propó- sito de reconstruir relaciones de confianza y generar acciones colectivas para la transformación de conflictos territoriales, socioambientales, interétnicos, y culturales. Es asesora en construc- ción de paz, reconciliación, y en modelos de gobernanza y colaboración entre el sector público, privado y comunidades. Asesoró a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia en las negociaciones del Acuerdo para el fin del conflicto con la guerrilla de las FARC- EP en temas de la Reforma Rural Integral y la implementación del Acuerdo.

Luis Jorge Garay
Doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y magíster en economía en la Universidad de los Andes, dirige actualmente el Proceso Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (Colombia). Es director académico de Scientific Vortex Group y ha ejercido de consultor tanto para organismos internacionales como colombianos. Es autor de cerca de cien libros y numerosos artículos sobre macro-corrupción y cooptación institucional, redes criminales internacionales, exclusión social y globalización, socio-ecología política de la explotación de recursos naturales no renovables y división sexual del trabajo, entre otras cuestiones.

Marcela Turati
Periodista mexicana dedicada a la investigación de violaciones a los derechos humanos y a la cobertura de temas relacionados con víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico en México. Formó parte del grupo de periodistas fundadoras de la red Periodistas de a Pie des- de donde se impulsa el fortalecimiento de medios independientes regionales y la colaboración, acompañamiento, protección y capacitación de periodistas a lo largo del país. También co-fundó Quinto Elemento Lab, laboratorio de investigación e innovación periodística que apoya el perio- dismo de investigación.

Marta Ruiz
Periodista graduada en la Universidad de Antioquia, cuenta con una experiencia de más de 15 años cubriendo el conflicto armado en Colombia. Su trabajo ha profundizado en el análisis de temas de desarrollo rural, las dinámicas de la guerra, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Ha sido docente de las Universidades de los Andes y del Rosario y maestra de la Fundación Gabo para el periodismo. Fue una de las once comisionadas de la verdad que trabajó en la construcción del informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, liderando el capítulo sobre narrativa histórica del mismo.

Pietro Ameglio
Es profesor de Cultura de Paz y Noviolencia en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, desde 2017, responsable del Programa de Educación para la Paz y la Noviolencia: Alternativas de aprendizaje y transformación de las violencias. Se ha especializado en áreas de epistemología, educación, construcción y cultura de paz; resisten- cia civil noviolenta; construcción de la violencia y reconstrucción del tejido social; educación autónoma y popular; investigación social y bases de datos.

Mons. Rodrigo Aguilar
Sacerdote licenciado en Ciencias de la educación por la Universidad Pontificia Salesiana (UPS), ha ejercido de secretario del Arzobispo de Morelia, profesor en el seminario arquidiocesano, Rec- tor del Santuario de San José y Director Espiritual de los seminaristas de filosofía. Primer Obispo de la Diócesis de Matehuala, también lo fue más adelante de Tehuacán. En 2017 fue nombrado por el Papa Francisco como nuevo Obispo de San Cristóbal de las Casas.

Yésica Sánchez Maya
Es abogada, defensora de derechos humanos, especialista en litigio estratégico para la defensa de pueblos indígenas, víctimas de abusos de autoridad, criminalización de la protesta social, detención arbitraria, tortura y mujeres sobrevivientes de violencia de género. También es ex- perta en protección integral de defensores y defensoras de derechos humanos, en incidencia internacional y es heredera de la tradición de lucha por los derechos de los pueblos indígenas de Oaxaca.

ORGANIZA:
Plataforma para la Construcción de Paz en México

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Avispa Midia

Guacamayaleaks: EZLN blanco de constante espionaje por Sedena

  • Date:08 Oct 2022

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

La omisión del Estado mexicano profundiza la violencia en Los Altos de Chiapas

  • Date:06 Oct 2022

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
5 de octubre de 2022
Boletín No. 31

La omisión del Estado mexicano profundiza la violencia en Los Altos de Chiapas

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) lamenta los hechos de violencia que se presentan en la Fracción Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas. De acuerdo a diversas fuentes de información los enfrentamientos iniciaron desde el pasado 29 de septiembre de 2022; hasta el momento se ha confirmado un número aproximado de 129 personas en desplazamiento forzado interno (32 familias), refugiadas en la comunidad de Polhó, del mismo municipio; entre ellas se encuentran al menos 36 niñas, niños y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad. A ello se suma la quema y destrucción de aproximadamente seis casas; al momento no contamos con datos precisos respecto al número de personas heridas y asesinadas.

Desde el Frayba hemos señalado la responsabilidad del Estado mexicano respecto a la omisión y mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en la región de Los Altos de Chiapas que amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso  a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia.

En diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, diversos  actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico. De 2011 a la fecha, hemos documentado 40 conflictos en donde las armas se han convertido en el recurso central, en 33 de estos casos fueron usados altos calibres. La mitad de estos eventos se desarrollaron en Los Altos de Chiapas, destacando los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.

Los actores son diversos, desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional.

La descomposición social que hoy atestiguamos emana tanto del conflicto político-militar irresuelto, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.

La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales.

Por tal razón, exigimos al Estado mexicano adoptar medidas integrales para prevenir las causas del desplazamiento forzado interno en la región, así como a garantizar la protección y la seguridad de las personas afectadas para disfrutar de una vida digna y en paz, además de iniciar una investigación diligente respecto a la actuación de los grupos armados que abone a su desarticulación y desarme.

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La omisión del Estado mexicano profundiza la violencia en Los Altos de Chiapas (172.91 KB)

 

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Avispa Midia

Senado mexicano aprueba militarización de la seguridad pública

  • Date:05 Oct 2022

Fuente

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Avispa Midia

Ejército mantiene uso de Pegasus para espiar periodistas y organizaciones

  • Date:05 Oct 2022

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

Una investigación  llevada a cabo por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, revela tres nuevos casos de espionaje realizados con el software espía Pegasus, de la empresa NSO Group, en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, entre los años 2019 y 2021, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Las víctimas son Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; Ricardo Rafael, periodista y escritor, y un periodista de Animal Político. En común tienen labores e investigaciones relacionados con violaciones a Derechos Humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Víctimas de espionaje con el software Pegasus denunciaron la intromisión de sus comunicaciones por parte del ejército.

“No son los únicos casos (…). Hemos documentado casos que no salieron a la luz y que nunca van a salir a la luz porque no hay el consentimiento de las víctimas”, sostuvo Luis Fernando García, Director de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

La empresa comercializadora Antsua SA de CV hace parte del entramado comercial que vendió Pegasus a diversas agencias del gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto. “Recibió información por parte de NSO Group para representarla exclusivamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre marzo de 2018 y, al menos, diciembre de 2019”, dijo Leonardo Maldonado, de la organización Artículo 19.

La Sedena contrató de la empresa Antsua un sistema de monitoreo remoto de información en abril de 2019. “La Secretaría ocultó la existencia de dicho contrato ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación, así como ante R3D por la vía de solicitudes de acceso a información”, informa Maldonado.

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“El Ejército, sin contar con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones de manera ilegal”, alerta el integrante de Artículo 19.

¿Sabe o no sabe?

Los hallazgos revelan contradicciones en las reiteradas promesas de López Obrador en las cuales señala que, en su gobierno, no se usaría el sistema de espionaje contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos.

Lo anterior, evalúa Maldonado, implica la posibilidad de dos escenarios. “Primero es que el presidente mintió al pueblo mexicano. Segundo, que las Fuerzas Armadas espía a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo”.

De todos modos, en México, “las Fuerzas Armadas continúan violando derechos humanos ya sea por orden o desobediencia prevaleciendo la impunidad”, dijo.

Inteligencia en México es militar

Mucho se ha hablado sobre la concentración de actividades del Ejército en temas como la repartición de vacunas, la construcción de obras públicas, en funciones de policía, pero de acuerdo con una de las víctimas de Pegasus, el periodista Ricardo Raphael, existe un punto fundamental que es la concentración de actividades de inteligencia gubernamental en las manos de las Fuerzas Armadas.

“No hay órganos de inteligencia civil en nuestro país. El propio CNI [Centro Nacional de Inteligencia] está gobernado por una voz y un mando militar. Sabemos que hay áreas de inteligencia en la Guardia Nacional y suponemos que hay distintas áreas de inteligencia en el Ejército”, sostuvo el periodista.

El presidente junto al secretario de la defensa nacional.

A las “distintas áreas de inteligencia”, Raphael se refiere a las revelaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), en la semana pasada, sobre la existencia de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia que, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, concentró todo el acopio de información, incluso monitoreo en tiempo real, de lo que pasaba con los normalistas.

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“Me pregunto si no será otro Centro Regional de Función de Inteligencia que tuvo acceso a estas licencias de Pegasus justamente para infectar nuestros dispositivos”, indaga el periodista.

Uso privado de las grabaciones

En el caso específico de Ricardo Raphael, se descubrió que la información obtenida se compartió con agentes privados.

“Durante las distintas intercepciones se obtuvo por lo menos una conversación que sostuve con el secretario Técnico de Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública donde nos referimos a dos casos y esta información fue entregada a la señora Isabel Miranda para que la volviera pública y para que la usara en mi contra en una denuncia en la FGR. Es decir, que algún favor, supongo, le debe Isabel Miranda a las Fuerzas Armadas para que estas oficinas de inteligencia hayan proporcionado esta grabación que después se usó en mi contra”, explicó el periodista.

“No somos personas que podamos ser imputados de actividades criminales o de estar atentando contra la seguridad del Estado. (…) ¿Cuál es el criterio con el que estos centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas están decidiendo interferir en nuestra vida personal, en nuestra actividad pública (…)?”.

Nuevas formas de infectar

De acuerdo con Juan Manuel Casanueva, de Social TIC, en los últimos años se ha invertido millones de dólares para sofisticar el software espía y sus principales inversionistas son los gobiernos.

Antes se identificaban solamente “métodos de infección muy tradicionales, aunque efectivos, que son los engaños a través de links que, si uno hace click, tiene el dispositivo infectado”, explica.

Sin embargo, en las últimas generaciones de Pegasus hay algo que se llama “cero click”, es decir, mecanismos de infección que buscan de diferentes ámbitos ingresar a los dispositivos.

NSO Group, empresa israelí propietaria del spyware Pegasus

NSO ha utilizado vulnerabilidades de plataformas utilizadas cotidianamente para infectar los teléfonos. Un ejemplo es que se identificó que a través de una simple llamada de Whatsapp se podría intervenir en los dispositivos.

Según García, Citizen Lab y las mismas plataformas como Apple y Facebook han detectado vulnerabilidades en sus sistemas que han sido explotadas por NSO Group para infectar dispositivos con Pegasus.

Apertura de archivos

El integrante de Artículo 19 resalta que es indispensable esclarecer cuántas personas han sido espiadas, qué funcionarios participaron o tenían conocimiento y cómo ha sido utilizada la información obtenida, incluyendo con quién ha sido compartida.

Las organizaciones de Derechos Humanos demandan que se investigue y se abran los archivos de inteligencia militar, naval y civil que continuamente han abusado de su poder como se ha demostrado en el caso Ayotzinapa.

Como el GIEI ha demostrado, “en los archivos de inteligencia militar, naval y civil se esconde la verdad sobre miles de violaciones de Derechos Humanos. (…) necesitamos abrir estos archivos”, sostuvo Fernando García.

Denuncia

Las organizaciones presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por las intervenciones ilegales de comunicaciones privadas sin autorización judicial.

Sin embargo, García sostiene que “no hay condiciones” y “no hay confianza en ninguna institución en México para llevar a cabo esta investigación”. El director de R3D defiende la necesidad de crear “un mecanismo independiente que nos provea la oportunidad de conocer la verdad”.

Recado

Si este espionaje es “un intento de inhibir nuestro trabajo, por supuesto, nuestra respuesta es exactamente la contraria; nosotros seguiremos investigando este tipo de violaciones [perpetradas por las Fuerzas Armadas] que es información vital para que la conozcan nuestros lectores”, dijo Daniel Moreno, del medio Animal Político.

Las organizaciones involucradas en la investigación invitan a periodistas y defensores de derechos humanos que sospechan haber sido objeto de medidas de vigilancia a que escriban al correo contacto@ejercitoespia.mx. Las investigaciones van a continuar.

radio
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

(Español) Comunicado del CIPOG-EZ | Exigimos justicia por nuestros hermanos asesinados y desaparecidos

  • Date:05 Oct 2022

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

5 de octubre de 2022
Hermanos hermanas, a nombre de las comunidades que integramos al CIPOG-EZ llamamos al movimiento social y a los pueblos de Guerrero para hacer de su conocimiento que a partir de hoy se bloqueará la carretera de Alcozacan-Chilapa.

El día de hoy ante nuestras exigencias de justicia el Estado Mexicano envía su brazo armado el ejército mexicano e intenta desarmar a nuestros policías comunitarios, el gobierno en sus tres niveles incapaces de brindar seguridad en nuestras comunidades, prefieren proteger a grupos narcoparamilitares con quienes hacen alianzas, antes que atender nuestras justas exigencias.

Una vez más hemos demostrado nuestra organización y el pueblo organizado, las comunidades avalan y protegen su sistema de seguridad autónomo, respaldado sus policias comunitarias, se hace retroceder al ejército mexicano.

Exigimos justicia por nuestros hermanos asesinados y desaparecidos a manos de LOS ARDILLOS y EL MAL GOBIERNO, se de cumplimiento a las ACCIONES URGENTES decretadas por la ONU a favor de los familiares, que dejen de engañar al Comité contra la desaparición forzada, emitiendo oficios falsos.

Así mismo la FISCALÍA proteje a los policías cómplices de los grupos narco paramilitares, se niega a seguir las investigaciones.

El encargado de la fiscalía Especializada en materia de desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Victor Parra Tellez se burla de nosotros diciendo que desconoce las ACCIONES URGENTES emitidas por el Comité contra la desaparición forzada de la ONU.

¡Exigimos que el Estado Méxicano de cumplimiento a las ACCIONES URGENTES
Emitidas por el comité contra la desaparición forzada de la ONU!

¡Seguiremos exigiendo justicia!

¡Nunca más un México sin nosotros!

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

radio
Congreso Nacional Indígena

Call out for global action against militarization and the capitalist and patriarchal war against the peoples of all of Mexico and the world, against the EZLN and the Zapatista communities and against the original peoples of Mexico

  • Date:05 Oct 2022

OCTOBER 12

DAY OF RESISTANCE AND INDIGENOUS DIGNITY

To the peoples of Mexico and the world,

To the original peoples,

To the organizations and collectives that defend human rights,

To the National and International Sexta,

To the Networks of Resistance and Rebellion,

To the Insubmissive, Dignified and Rebellious Europe,

To the signatories of A Declaration for Life.

530 years after the misnamed Conquest of America, we have nothing to celebrate but the resistance and rebellion of the original peoples.

 

This date marks the beginning of the resistance of our peoples and communities against the greatest genocide in the history of humanity, against the invasion, against the conquest, against the dispossession of our lands and territories, against the extermination of our institutions, languages, culture and traditions; that is to say, against the death produced by patriarchal capitalism.

In contrast to the pain and rage of our peoples, last year, while the EZLN denounced that «Chiapas was on the verge of Civil War»; at this time, the Zapatista peoples, in what they called «The Journey for Life», decided to cross the Atlantic to reach the other Europe, the Europe of the Insubmissive, the Europe of Below and to the Left…, they said: «We are going to thank the other for its existence. To thank the teachings that their rebellion and their resistance have given us. To deliver the promised flower. To embrace the other and tell them in their ear that they are not alone. 

To whisper to them that it is worth the resistance, the struggle, the pain for those who are no longer here, the rage that the criminal is unpunished, the dream of a world that is not perfect, but better: a world without fear. And also, and above all, we will seek complicity… for life.»

Next October 12, it will be 26 years since the founding of the National Indigenous Congress, the House of Indigenous Peoples in Mexico, a space for reflection and solidarity of which the EZLN is a founder and where the different ways of organization, representation and decision-making are respected. The struggle for life has been our collective word for 530 years and the war against our peoples has always been the response of the bad governments. For this reason we raise our voices and mobilize to demand a total halt to the military encirclement, paramilitary attacks and the counterinsurgency war directed against the EZLN and Zapatista communities; and against the original peoples of Mexico through militarization and paramilitarization, organized crime, mega-projects of death and the dispossession of our lands and territories.

Last year, the CNI denounced that up to that date, 33 murders of its members had been documented, among them six women, as well as two disappearances; one year later, these numbers have increased considerably, the common denominator is impunity.

 

Mexico has always faced flagrant and systematic violations of individual and collective human rights that have worsened under the current 4T regime. Homicides, extrajudicial executions and mass disappearances, as well as repression against students, women, peasants, teachers, workers, youth, defenders of human rights and Mother Earth, as in the case of our brother Samir Flores Soberanes, journalists, activists and indigenous peoples is constant and growing; and ranges from harassment and threats, to dispossession, displacement, torture, political imprisonment, disappearance, homicide, femicide….

There are innumerable forms of war that we, the peoples of Mexico, face.

We know that this patriarchal and capitalist system wants to subdue us all over the world, as is currently happening in Ukraine, in Afghanistan, in the Middle East, all over the planet; but if we unite and organize ourselves we can fight together against war and against capitalism.

The bad governments use militarization, paramilitarization, attacks and aggressions of organized crime to impose the extraction of minerals and hydrocarbons or mega-projects of death such as the misnamed Mayan Train, the Interoceanic Corridor and the Morelos Integral Project. The dispossession of water is institutionalized practically throughout the national territory, and military and police members are assigned to defend transnational companies. The contamination of rivers, groundwater, air and land is increasing; priority is given to mining, drug trafficking, illegal logging and industry.

The communities, peoples and organizations denounce over and over that the imposition of infrastructure and extractivism projects is carried out with the direct participation of the National Guard, which increases the militarization of daily life in many regions and indigenous peoples. This situation is nothing more than the never-ending continuation of colonization.

Recently the House of Representatives and Senators approved legislative modifications to pass operational and administrative control of the National Guard to the Secretary of National Defense (SEDENA), even though this contravenes Article 21 of the Constitution. Now they are seeking to extend the time in which the Army and the Secretariat of the Navy may intervene in public security tasks: not only until 2024 – the term agreed upon to strengthen state and municipal police forces – but until 2028, thus imposing a trans-sexennial scheme.

These decisions, instructed by Andrés Manuel López Obrador from the executive branch, contradict his campaign promises to «return the Army to its barracks» and give the military a leading role and a presence in the life of the country as they have never had before. This despite the fact that they have violated and continue to systematically violate the human rights of the people of Mexico, as evidenced by massacres such as that of October 2, 1968, that of June 10, 1971, the so-called dirty war, the alleged war against drug trafficking, from Calderón to the present day, or the disappearance of the 43 students from Ayotzinapa with the central participation of the Mexican Army.

 

For all of the above, as an agreement of the Expanded Meeting of the Coordination and Follow-up Commission of the CNI-CIG, as well as of the different organizations, networks and collectives that accompany the National Indigenous Congress, we call so that according to their times, ways, calendars and geographies, on October 12, 2022, we carry out a….

GLOBAL ACTION AGAINST MILITARIZATION AND THE CAPITALIST AND PATRIARCHAL WAR AGAINST THE PEOPLES OF MEXICO AND THE WORLD, AGAINST THE EZLN AND THE ZAPATISTA COMMUNITIES AND AGAINST THE ORIGINAL PEOPLES OF MEXICO. 

We call upon the peoples of Mexico and the world who resist against death and oblivion, the social, civil and political organizations, the National and International Sexta, the networks of resistance and rebellion, the signers of A Declaration for Life in the five continents, the women and men of good heart, so that together we raise our voices against the war in Mexico and in the world.

To register the activities that will take place according to your calendar and geography in this Global Action, we ask you to send your information to the following email: accionglobaloctubre2022@gmail.com

Join and participate with the following hashtags:

#EZLNNoEstánSolos

#AltoALaGuerraContraElEZLN (Stop the War Against the EZLN)

#FueraParamilitaresDeTerritorioZapatista (OutParamilitariesFromZapatistaTerritory)

#VsLaGuerraCapitalistaEnMexicoyEnElMundo

#VsLaGuerraHaciaLosPueblosDelMundo

#VsLaGuerraHaciaLosPueblosOriginarios

#AltoALaMilitarización

#VsLaViolenciaHaciaLasMujeres

#AltoALosAsesinatos

#AltoALasDesapariciones

#LibertadALosPresosPolíticos

#VsTheCapitalistWarInMexicoandInTheWorld

#VsTheWarToThePeopleOfTheWorld

#VsTheWarToTheOriginalPeoples

#StopMilitarization

#VsTheViolenceAgainstWomen

#StopMurders

#HaltToDisappearances

#FreePoliticalPrisons

 

Sincerely

Never again a Mexico without Us!

For the Integral Reconstitution of our Peoples!

NATIONAL INDIGENOUS CONGRESS

Organizations, collectives and networks accompanying the CNI

radio
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

(Español) Pronunciamiento en defensa de la autonomía y la guardia comunal de Santa María Ostula

  • Date:04 Oct 2022

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A los pueblos de México y del Mundo,

A los gobiernos municipal, estatal y federal,

A los medios de información nacionales e internacionales,

A los organismos defensores de derechos humanos.

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, Michiacán, región costa-sierra, reorganizó su GUARDIA COMUNAL desde el año 2009 para defender la vida, integridad, libertad y derechos territoriales de sus habitantes ante el acoso permanente de los cárteles criminales, generalmente protegidos por los gobiernos en turno. La GUARDIA COMUNAL se rige de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad y está jerárquicamente subordinada a la Asamblea General de Comuneros y a las autoridades civiles de la propia comunidad, misma que cuenta con un autogobierno propio históricamente reconocido por las diversas instituciones del Estado Mexicano.

En consecuencia con los arriba dicho la comunidad de Santa María Ostula ejerce sus derechos fundamentales a la libre determinación, autonomía, autogobierno y territoriales, lo que incluye la existencia y funcionamiento de su GUARDIA COMUNAL, de conformidad con las regulaciones constitucionales y convecionales vigentes como son los artículos 2 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  de la DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS INDÍGENAS DE LAS NACIONES UNIDAD, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 9 del CONVENIO NÚMERO 169 CIENTO SESENTA Y NUEVE DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO y 1, 2, y 5 DE LA DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Como lo señalamos en un comunicado anterior, entre los años 2009 y 2014 nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los Cabaleros Templarios; situación que provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y líderes comunales, así como también el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65o. batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo lo anterior a pesar de que la COmisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la comunidad desde el año 2010.

Actualmente, mientras el estado de Michoacán se encuentra desbordado por la criminalidad y el crecimiento territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la comunidad de Santa María Ostula y la parte del municipio de Aquila con presencia de Guardias Comunales, respiran un clima de paz y tranquilidad. Por lo anterior es inexplicable que actualmente el gobierno del estado esté amagando con desarticular las guardias comunales del municipo de Aquila mediante la utilización de la Guardia Nacional y los cuerpos militares y que el pasado dia seis de septiembre del año en curso el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, mencione que su actual gobierno “está empeñado en dejar a Michoacán libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos”; y pone especial atención en el municipio de Aquila, al que pertenece nuestra comunidad, en tanto que señala y reitera que “en las barricadas se resguardan presuntos autodefensas o civiles que están al margen de la ley”.

LO ANTERIOR RESULTA PREOCUPANTE ANTE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN LA REGIÓN DE LA COSTA-SIERRA DONDE DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE PASADO EL CJNG TOMÓ EL CONTROL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINICUILA Y DESPLAZÓ A PERSONAS Y FAMILIAS FUERA DEL LUGAR CON EL PROPÓSITO DE EXPLOTAR LAS MINAS DE ESTE MUNICIPIO, OCURRIENDO QUE UNOS DIAS ANTES LA GUARDIA NACIONAL OCUPÓ ESTE POBLADO, DESARMÓ Y DESARTICULÓ A SU GUARDIA COMUNAL, DETUVO A DOS DE SUS ELEMENTOS Y COPÓ POR COMPLETO DICHA LOCALIDAD, EL RESULTADO ACTUALMENTE CHINICUILA ES UN LUGAR SEPULCRAL EN MANOS DE LA DELINCUENCIA ANTE LA PRESENCIA PASIVA DE LOS CUERPOS FEDERALES DE SEGURIDAD.

En dicho sentido volvemos a reiterar que nuestra guardia comunal no impide el libre tránsito de la población, ni en ella coexisten grupos delicuenciales que atenten contra la integridad de las familias michoacanas, señalando que nuestra comunidad indígena, por medio de sus órganos autónomos  de gobierno y sus normas propias, reglamente y faculta a la guardia comunal para brindarnos la seguridad en nuestro territorio.

EN CONSECUENCIA MANIFESTAMOS QUE ANTE LA INCONSTITUCIONAL REFORMA DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE, EN VIOLACIÓN DE NUESTROS DERECHOS DE AUTOADSCRIPCIÓN Y AUTONOMÍA, ÚNICAMENTE OTORGA VALIDEZ A LAS RONDAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES DE LAS COMUNIDADES QUE HAYAN DETERMINADO SU AUTOGOBIERNO, EJERZAN SU PRESUPUESTO DIRECTO Y HAYAN SIDO RECONOCIDAS CON ESE CARÁCTER POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DEFENDEREMOS LA EXISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y PERMANENCIA DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y DE NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD COMUNITARIA POR SER ÉSTOS LA GARANTÍA DE NUESTRA INTEGRIDAD TERRITORIAL Y DE LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y DEL MUNICIPIO.

EXIGIMOS A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMIA Y EN CONCORDANCIA CON ACUERDOS PREVIOS QUE HEMOS ADOPTADO CON LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO EN APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE NOS SEÑALAN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES, TAMBIÉN EXIGIMOS QUE LOS CUERPOS DE LA GUARDIA NACIONAL, EL EJÉRCITO MEXICANO Y LA MARINA ARMADA DE MÉXICO DESTACAMENTADOS EN LA REGIÓN SE ABSTENGAN DE OCUPAR, EN FORMA PERMANENTE O INTERMITENTE, NUESTRO TERRITORIO COMUNAL CON EL PRETEXTO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III, PRECISANDO QUE SU PRESENCIA DEBE CONSTREÑIRSE, COMO HA OCURRIDO HASTA EL DIA DE HOY, A LA CARRETERA FEDERAL COSTERA NÚMERO 200.

SANTA MARÍA OSTULA, A CUATRO DE OCTUBRE DE 2022.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA