San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 16 de abril 2016
Boletín de prensa No. 10

La represión del Estado mexicano criminaliza la protesta social en Chiapas

• Incomunicación, Privaciones Arbitrarias de la Libertad, Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes hacia al menos 24 personas detenidas

• 18 docentes de la CNTE trasladadas injustificadamente al Penal de Máxima Seguridad en Tepic, Nayarit

• Niñas, niños, mujeres y personas mayores afectadas por gases lacrimógenos ante el uso desproporcionado de la fuerza policiaca

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó violaciones a derechos humanos consistentes en: Uso Desproporcionado de la Fuerza Pública, Privaciones Arbitrarias de la Libertad, Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes que conforman un patrón de represión y criminalización de la protesta social. Hechos cometidos en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante los operativos de desalojo a las manifestaciones convocadas por la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado de Chiapas (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Acciones perpetradas por elementos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía estatal quienes utilizaron de manera indiscriminada e injustificada gases lacrimógenos y balas de goma dañando la salud de quienes se manifestaban en la jornada del 15 de abril de 2016, de 10:00 a 14:00 horas aproximadamente. Además lesionaron físicamente a la población que pasaba o estaba en el lugar de la represión, incluyendo niñas, niños, mujeres y personas mayores de edad.

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EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL.
JUNTAS DE BUEN GOBIERNO
BASES DE APOYO ZAPATISTAS
SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA RED CONTRA LA REPRESION Y LA SOLIDARIDAD

REPRESION Y DESPOJO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y JEFATURA DELEGACIONAL EN CUAUHTEMOC.

Los días 31 de marzo por la noche y madrugada del 1o. de abril del 2016, llegaron al EJE UNO NORTE/TEPITO, 500 granaderos y con ellos un equipo de asalto portando metralletas, despojándonos a 120 familias comerciantes de nuestra fuente de trabajo. El operativo se ejecutó en las estaciones del metro Garibaldi-Lagunilla, Lagunilla y Tepito, cercando con entarimados diez metros a la redonda en acera sur, y en lado norte más de 20 metros. Cuando nos sentamos en nuestros espacios de trabajo para impedir pacíficamente la infamia de que estábamos siendo objeto, los granaderos nos obligaron a levantar golpeando con los escudos y amenazando los funcionarios JOSE FRANCISCO ACEVEDO GARCIA, SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS DELEGACIONALES y HORACIO ROBLES OJEDA, DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO que comandaban el operativo. Metieron maquinaria roto-martillo para levantar el concreto, cortando una parte de los techos del corredor comercial.

Por la resistencia a la represión, desprecio y despojo de que fuimos objeto, se estableció una MESA DE TRABAJO con el gobierno capitalino. Se informó que el operativo continuaría de abril a agosto porque se pretende tener una zona comercial sustentable, segura con movilidad y moderna. Mediante un procedimiento burocrático se promete reubicación en lugares cercanos.

Nosotros les manifestamos a los funcionarios que continuaríamos con la resistencia civil y pacífica para lograr se respete nuestro derecho al trabajo digno como lo hemos hechos durante años, desde nuestro abuelos. No aceptamos la imposición porque se deja sin sustento a más de 500 NIÑAS, NIÑOS, JOVENES Y ANCIANOS QUE DEPENDE DE CADA LUGAR DE TRABAJO.

Marcelo Ebrard intento en 2007 , despojarnos y desalojar a más de 20 mil familias del barrio, con la intención de dejarlo a los grandes emporios financieros y comerciales como Wal-Mart, Mitsubishi, Palacio de Hierro, Martí, HSBC.., y demás. Pero la resistencia del barrio lo venció. Hacemos responsable de cualquier agresión al gobierno capitalino, ante la decisión de los comerciantes de organizarnos de manera autónoma e independiente.

ATENTAMENTE .

COMERCIANTES DEL EJE UNO NORTE

A LOS  PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

Ante la cobarde traición a la comunidad indígena Ñatho de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México para imponer el proyecto carretero Toluca Naucalpan  y el atentado sufrido por policías comunitarios de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, como Congreso Nacional Indígena nos declaramos en alerta máxima y llamamos a los pueblos, organizaciones y personas solidarias a estar atentos y acudir al llamado realizado por la comunidad de Xochicuautla.  

Denunciamos que:

El lunes 11 de abril alrededor de las 9 de la mañana comenzaron a llegar más de 1000 policías estatales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), entrando por 3 lados de la comunidad, la colonia Buenavista, por la calle Cuauhtémoc para llegar al paraje “Lampeni” y en el paraje “Lapondishi” donde se encontraba el Campamento de la Paz y la Digna Resistencia y que fue destruido por los policías.

En el paraje “Lampeni” el compañero Armando García Salazar, tío de David Ruíz García, delegado del Congreso Nacional Indígena y asistente a la compartición entre el CNI y el EZLN de agosto de 2014 llevado a cabo en La Realidad zapatista, tenía su casa y el patrimonio de sus hijos. Dentro de la casa se reunieron alrededor de 25 personas para defender la propiedad, en su mayoría mujeres y con lujo de violencia las desalojaron, empujando y tirando a la compañera Isabel Hernández de 64 años quien forma parte del Concejo Supremo Indígena y que en ese momento tenía en brazos a una niña.

Acompañados de policías le fue entregado al compañero Armando un papel en donde le informaban que su casa estaba en propiedad federal y la tenían que destruir, también le mostraron el decreto expropiatorio sobre el cual se ganó un amparo.

Sin mediar más palabras y a empujones sacaron de la casa a quienes estaban dentro, sacando también las pertenencias que se encontraban en el primer piso, quedando dentro documentos, ropa y herramientas de trabajo.

Nuevamente el mal gobierno demuestra que las leyes que dice representar o el supuesto estado de derecho no son mas que herramientas de despojo que cumple siempre y cuando están estén en contra de los pueblos. El despojo y represión viola la suspensión otorgada en los amparos 1123/2015 y 771/2015 que fueron otorgados el 18 de febrero de 2016 y que el juzgado notificó a la mayoría de autoridades el 23 de febrero, incluida SAASCAEM, que es la institución a la que se le otorgó el territorio de Xochicuautla en el decreto expropiatorio.

En tanto que en la noche del pasado  domingo 10 fueron atacados compañeros miembros de la policía comunitaria de de Santa María Ostula, en las inmediaciones de la localidad de San Juan de Alima, Michoacán, cuando desde un automóvil en movimiento fue asesinado el comunero Francisco Grajeda y herido el comunero Abraham Girón, quien además es comisionado de la comunidad para el Congreso Nacional Indígena y participante en la compartición realizada en La Realidad Zapatista.

Denunciamos el intento del mal gobierno  por minimizar este crimen con el que pretenden propiciar el regreso de la violencia a la región de la sierra costa de Michoacán y poner nuevamente en manos de narcopolíticos, sus paramilitares, sicarios y empresas el territorio, recursos naturales, la dignidad y paz en la región.

Llamamos a los pueblos de México y el mundo a solidarizarse de manera urgente con las acciones en defensa de los derechos de San Francisco Xochicuautla, asistiendo físicamente a la comunidad, movilizándose donde cada quien se encuentre para denunciar y exigir el cese de las agresiones en contra de la comunidad, su territorio y comuneros.

Responsabilizamos a Eruviel Avila Villegas y su jefe Enrique Peña Nieto de la integridad de nuestros compañeros y quienes se solidarizan con la digna lucha.

POR LA REIVINDICACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

A 12 DE ABRIL DE 2016

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Agentes del INM torturan hasta a mexicanos para frenar migrantes

[INM]

Por Agencias

04/04/2016 – 04:00 PM

Ciudad de México.- Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) están involucrados en la detención de mexicanos, a quienes, por provenir de comunidades indígenas, intentan deportar a Centroamérica mediante amenazas y malos tratos, revela un reportaje publicado este día por The Guardian.
El diario británico menciona que esta ofensiva ocurre en medio del Plan Frontera Sur y de la estrategia impulsada desde el Gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes que atraviesan México para cruzar su frontera norte.

Los datos refieren que agentes migratorios han recurrido a amenazas, malos tratos e incluso tortura, contra mexicanos indígenas para obligarlos a decir que provienen de otros países de Centroamérica. Organizaciones sociales consultadas por el medio dijeron que lo anterior es para cubrir “cuotas”. (Continuar leyendo…)

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Mexico tortures migrants – and citizens – in effort to slow Central American surge

Esther Juárez, 15 and her sister Amy, 24. Photograph: Nina Lakhani

Nina Lakhani in Ocosingo

Monday 4 April 2016 12.10 BST6

Amy and Esther Juárez were edgy with excitement as they boarded the bus full of seasonal workers heading for a farm at the other end of Mexico from their home in the poverty-stricken southern state of Chiapas.

Although their brother Alberto,18, had made the same journey the previous year, it was the first time Amy, 24, and Esther, 15, had left the tiny indigenous community where they had grown up.

But about half-way there, immigration agents boarded the bus, and after checking all the passengers’ papers, ordered the three siblings to get off. (Continuar leyendo…)

Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008.

On March 15 another Honduran environmental and indigenous activist was murdered. Nelson García was an active member of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh). His murder took place “when he came home for lunch, after having spent the morning helping to move the belongings of evicted families from the Lenca indigenous community of Rio Chiquito,” said Copinh.

García was a colleague of the recently slain Cáceres, working with communities opposing the Agua Zarca hydroelectric dam project. The Agua Zarca dam project, which has recently begun to lose funding, would provide energy for the numerous extractive projects slated for Honduras in the coming decade. Since the 2009 coup d’etat against President Manuel Zelaya, 30 percent of Honduran territory has been allocated to mining concessions.

The eviction after which García was killed was one of many recent violent evictions carried out by Honduran military police in indigenous territories. Elevated levels of state violence and disregard for due process are business as usual nowadays in Honduras, according to civil society organizations.

In its February 21 report on the Situation of Human Rights in Honduras, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expressed concern about the high levels of violence and insecurity present in Honduran society, highlighting risks to indigenous people. The report pointed out that violence against indigenous people has emerged to a large degree from land grabs. The violence is exacerbated by a context of inequality and discrimination, in addition to the consequent barriers to access to justice. Official figures released in April 2013 by then Attorney General Luis Alberto Rubí indicate that 80 percent of killings in Honduras went unpunished due to a lack of capacity on the part of investigative bodies.

According to the IACHR report, the challenges that indigenous communities face are mainly related to: “(i) the high levels of insecurity and violence arising from the imposition of project and investment plans and natural resource mining concessions on their ancestral territories; (ii) forced evictions through the excessive use of force and (iii) the persecution and criminalization of indigenous leaders for reasons related to the defense of their ancestral territories.”

Moreover, the IACHR has clearly stated that many of the attacks carried out against indigenous leaders and advocates are specifically aimed at reducing their activities in defense and protection of their territories and natural resources, as well as the defense of the right to autonomy and cultural identity.

Harassment takes the form not only of targeted criminal attacks, as we have seen in the case of Berta Cáceres, Nelson García and many others, but a much broader net has been cast against environmental and indigenous leaders. Official state entities, enacting formal legal procedures, have used the judicial system to catch activists in false charges, resulting in months or years of preventive prison, bogus sentences, legal fees and often a permanent criminal record. In a context in which state violence intertwines itself with the violence of international economic power, corruption and unethical practices, hundreds of leaders have been prosecuted for crimes such as usurpation of land and damage to the environment.

What we see in Honduras is part of the global land grab phenomenon, a term that in the words of Phillip McMichael, professor of development sociology at Cornell University, “invokes a long history of violent enclosure of common lands to accommodate world capitalist expansion, but it sits uneasily with the ‘free market’ rhetoric of neoliberal ideology.” Land grabs are a symptom of a crisis of accumulation in the neoliberal globalization project, which has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. This in turn is linked to an acceleration of a restructuring process of the food regime as a consequence of a large-scale relocation of agro-industry to the global south.

According to the 2011 Oxfam briefing paper, “Land and Power, the growing scandal surrounding the new wave of investment in land,” recent records of investment show a rapidly increasing pressure on land, resulting in dispossession, deception, violation of human rights and destruction of livelihoods. It is a war on indigenous peoples conducted in order to establish modern corporate capitalism.

Indeed, all around the world peasants and indigenous people are being displaced from their territories in order to develop large-scale agribusiness, such as massive palm oil and soy plantations, mining projects, hydroelectric dams and tourist resorts, among other investments. State-sanctioned violence and impunity create the conditions for investors to acquire land that would otherwise not be for sale. The result is a serious threat to the subsistence and socio-ecological resilience of millions of people across the world.

One of the most dramatic examples of this process is the case of the Honduran Palm Oil Company Grupo Dinant, which has an extended record of violence and human rights abuses associated with the killing of more than 100 peasants in Lower Aguan Valley. The Unified Peasants Movement of the Aguán Valley (MUCA) waged a long battle to defend their land rights, sustaining many losses. In addition, international human rights groups such as FoodFirst Information and Action Network (FIAN) brought pressure to bear, and in 2011 the Honduran government was forced to convene MUCA and the company to negotiate a deal. Paradoxically, according to the deal, the farmers have to buy back the disputed land at market prices (Oxfam 2011).

Land grabbing in Honduras has a long and lamentable history, and related violence has increased dramatically since the 2009 coup d’etat. Despite regular violent evictions by state security forces, indigenous and peasant groups continue to pursue their right to control their ancestral lands through land occupations.

Those who are incensed by the killing of Berta Cáceres must understand that her assassination was not an isolated event carried out by those who had a personal vendetta against her. Rather, Berta, her colleagues at Copinh and other indigenous organizations represent an obstacle for those who would further a vision of society that values profit over all else.

Andrea Reyes Blanco is a Humphrey Fellow at Cornell University, and Tim Shenk is Coordinator of the Cornell-based Committee on U.S.-Latin American Relations (CUSLAR).

Haciendo historia. Notas de Radio Zapatista. Nota 1.
Por: Eugenia Gutiérrez, Colectivo Radio Zapatista.
Ciudad de México, 5 de abril de 2016.

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

En 1982, después de dos décadas de guerra en Guatemala, la comunidad q’eqch’i de Sepur Zarco, en Izabal, fue sacudida por una violencia de proporciones inesperadas. Sus habitantes se habían organizado para defender tierras ancestrales que eran reclamadas por terratenientes. Para ello, a principios de ese año comenzaron un proceso legal en demanda del reconocimiento de sus títulos de propiedad, pero el proceso duró poco. La respuesta de los terratenientes frente al despojo frustrado fue salvaje. Se coordinaron con el ejército guatemalteco para secuestrar y desaparecer al grupo que encabezaba la defensa de la tierra. No conformes con haberse llevado a los hombres, los militares guatemaltecos arrasaron con la comunidad Sepur Zarco y violentaron sexualmente a muchas mujeres frente a sus familias.

Las que lograron huir a las montañas tuvieron que volver al paso del tiempo porque estaban viendo morir de hambre a sus hijas y a sus hijos. Cuando las familias sobrevivientes regresaron a Sepur Zarco en julio de 1982, los militares habían instalado un puesto de descanso y recreo para sus soldados sobre las cenizas de la comunidad, entre los municipios de El Estor (Izabal) y Panzós (Alta Verapaz). Y como era un puesto de descanso y recreo, los soldados giraron la instrucción de servicio para las mujeres de comunidades aledañas. Como resultado, ellas padecieron seis años de explotación sexual y laboral.

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Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) en la Ciudad de México , Nestora Salgado, Comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero , acompañada por familiares , abogados , padres de los 43 estudiantes normalistas y miembros de la policía comunitaria , dio una conferencia de prensa en donde expuso su sentir tras ser encarcelada injustamente durante 2 años 7 meses; también agradeció a los colectivos y simpatizantes que acompañaron su lucha y reclamo a los medios y personajes que difamaron su imagen . Al final , hablo de la necesidad de seguir luchando por los presos políticos del país ( entre ellos, los 9 miembros de la policía comunitaria),  y del apoyo a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos .

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A la comunidad académica, investigadora y estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A la Sexta Nacional e Internacional
Al Consejo Nacional Indígena
A los colectivos de todo el país que luchan por la verdad y la justicia.
A las normales rurales que resisten al embate del Narco-estado
A los ciudadanos de buen corazón que siguen nuestro trabajo
A los medios libres, alternativos o como se llamen.
A las organizaciones no gubernamentales que resisten dignamente el acoso, hostigamiento e intimidación solo por realizar su trabajo.

En el contexto de represión generalizada que se vive en el país, además de los recortes del 20% anunciado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y parte de la transición hacía la nueva Secretaría de Cultura, nuestro colectivo ha sido agredido, amenazado, hostigado, en los meses recientes por medio de la policía que aguarda las instalaciones y por órdenes de la actual directora Julieta Valle que en reiteradas ocasiones ha lanzado amenazas contra el espacio del segundo piso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Cronología de los Hechos:

En Febrero del año pasado se intentó impedir la instalación de una línea telefónica argumentando una serie de argumentos ilógicos, el más prejuicioso era: que tal vez no pagaríamos la línea y que hasta la fecha pagamos puntualmente para el buen funcionamiento del servicio gratuito de Internet que compartimos con la comunidad ya que el de la Escuela es pésimo.

En Noviembre del año pasado Octavio Hernández Espejo le cuestiono a Arturo Camas acerca del uso de la antena ya que el jefe de la sala de computo Eulalio Munguia había externado su inconformidad acerca de la misma como un abuso por parte del compañero Camas, esto aunque se tenían los permisos para la operación de tal tecnología. La señal de radio Zapote no se transite por la antena de radioaficionado colocada en el edificio de la azotea de medios audiovisuales, No es una antena de FM. El despido de Arturo es consecuencia de la crítica que diversas personas dentro de la ENAH han venido haciendo acerca de los despidos injustificados de otros trabajadores, Por ejemplo: En el contexto del nombramiento de un nuevo coordinador del mismo.

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