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El Salto Diario

(Español) Marichuy: “Nuestra lucha es por la vida, una vida que no sea solo nuestra, sino de todos”

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Por Sara Guerrero Alfaro

Las defensoras de derechos humanos María de Jesús Patricio y Nisaguie Abril Flores participan en la Gira de la Vida, orquestada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, es una médica tradicional de origen nahua y defensora de los derechos humanos. En 2017 fue elegida como vocera representante del CNI y precandidata en las elecciones presidenciales de 2018. Nisaguie Abril Flores es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo en Defensa de la Tierra y el Territorio y recientemente colaboró ​​con la producción del documental Gente de mar y viento.

Pudimos hablar con estos dos defensores de derechos humanos durante su breve visita a Galicia. Los encuentro una tarde soleada de fin de año en el Centro Social de Bouzas. En los días previos, ambas mujeres participaron en varios encuentros celebrados tanto en Santiago de Compostela como en Vigo por parte de universitarios y diversos colectivos. Llevan más de un mes de viaje, su final no está cerca y esa misma tarde su agenda apunta a un viaje a Barcelona.

A lo largo de la entrevista, la voz de Marichuy se quebró un par de veces por las varias semanas de trabajo continuo. A su lado, Nisaguie Abril Flores también se siente un poco cansada. Pero a pesar del largo turno de noche del día anterior y el viaje por delante, ambos me saludan con moderación. Su perspectiva de lucha, que se basa en la creación de alianzas entre diferentes grupos, establece pautas alternativas para la superación del realismo capitalista y los límites de las políticas identitarias.

Marichuy e Nisaguie Flores estiveron en Galicia. Pablo Santiago

Un poco de memoria, luchas a escala global

El 1 de enero de 1994 fue un año histórico para la República Mexicana. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cambió la perspectiva mixta del país y visibilizó las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas. Dos años después se crea el Congreso Nacional Indígena (CNI), un espacio de organización propio de los pueblos originarios, con el objetivo de fortalecer sus luchas de resistencia y rebeldía, con formas propias de organización.
Ahora, a 27 años del primer levantamiento y a 25 años de la creación del CNI, los pueblos indígenas de México intentan nuevamente cambiar la perspectiva de las luchas sociales. Esta vez, a escala global. Coincidiendo también con el 500 aniversario de la conquista de Abya Yala, el pasado mes de abril el EZLN anunció la denominada Gira por la Vida, una jornada en la que más de un centenar de representantes del EZLN y del CNI recorrerían varias ciudades europeas para realizar visible los procesos de lucha de las comunidades indígenas y la creación de redes con movimientos de resistencia a la opresión neoliberal en toda Europa.
El 20 de junio, tras varias semanas navegando, llegaba al Puerto de Vigo el barco bautizado La Montaña con el Escuadrón 421 a bordo. Esta comisión estuvo integrada por siete miembros del EZLN, quienes recorrieron varias ciudades europeas durante varios meses. Fue el 14 de septiembre de este año cuando llegó al aeropuerto de Viena una comisión llamada La Extemporánea, integrada por 177 personas de varias comunidades indígenas de todo México. María de Jesús Patricio y Nisaguie Abril Flores forman parte de esta Unidad de Escucha y Palabra que continuará con el camino iniciado por el Escuadrón 421.

¿Cómo está constituido el CNI?, ¿cuál es su relación con el EZLN?
Maria De Jesús Patricio (MA): En 1995, durante los diálogos de San Andrés, nuestros hermanos zapatistas convocaron a un Foro Nacional Indígena (FNI) en Chiapas, con el objetivo de que todos los pueblos transmitieran su palabra. En ese momento, tanto los medios como el gobierno dijeron que la situación en Chiapas era excepcional, que el resto de los indígenas estaban bien, que no tenían problemas. El Foro fue una respuesta a esto. Fue un movimiento estratégico de nuestros hermanos zapatistas. Absolutamente todas las poblaciones originarias de México llegaron a la FNI. Desde el principio notamos nuestro parecido físico. Mientras nos reuníamos allí, comenzamos a hablar. Todos vestían su traje, hablaban su idioma, compartían las costumbres de sus comunidades. Hablamos de los problemas que tenían nuestros hermanos de Chiapas, que venían resistiendo desde hace mucho tiempo. Eran problemas de salud, conflictos territoriales, violaciones de derechos colectivos.

El gobierno utiliza herramientas “legales” para justificar aún más el desalojo de comunidades

Fue ese encuentro el que nos hizo pensar en tener nuestro propio espacio. No una organización, sino algo que era un lugar donde se llevaba a cabo una gran asamblea y se sentía como el hogar de todos y cada uno. Luego se formó el Congreso Nacional Indígena. Esto ocurrió en un evento en la Ciudad de México, donde llegó la Comandante Ramona para entregar una bandera mexicana. En ese momento, los medios dijeron que los pueblos indígenas querían separarse del país, que querían crear otra nación dentro de la nación. Pero no, exigimos reconocimiento colectivo, como comunidades. Al entregar la bandera, la Comandante dejó en claro que somos mexicanos y queremos seguir siéndolo de México, pero queremos que se nos respete en nuestra integridad como pueblos.


Imagen: Eneas de Troya. Marichuy en Ciudad Universitaria. (CC POR 2.0)

El CNI integra a 68 pueblos. No todos están porque aunque todos llegaron a la primera convocatoria, algunos se han desvinculado con el tiempo o solo asisten a asambleas ocasionalmente. Los zapatistas son parte de este espacio y gracias a ellos el CNI no ha perdido el rumbo hasta el momento. Nació para hacernos más fuertes, para defendernos y buscar desde dentro nuestras propias formas de organización. Fortalecer nuestra autonomía en el tiempo.

Una lucha presente

¿Qué pasó con los Acuerdos de San Andrés, tanto en 1996 como en 2000?¿Cuál es el estado de la legislación en materia de derechos humanos de las comunidades indígenas de México?
(MA): Luego de la aprobación de la contrarreforma indígena de 2001, la llamada Ley Cocopa, que cercenó derechos y no recogió el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, quedó claro que todo iba a tomar el mismo rumbo. Era la intención de seguir reglamentando las normas que están vigentes, pero bajo aquella primera que nació para lesionar a las comunidades.

Desde los pueblos vemos que esta ley fue la forma en que el poder y el capital aseguraron el despojo de las comunidades. Fue una preparación para poner en marcha los megaproyectos. Por lo tanto, no todas las leyes protegen realmente a las comunidades. Hay otras leyes, por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), número seis, que establece que todo lo que tenga que ver con las comunidades indígenas debe ser consultado. Pero lo que está pasando ahora es que se están haciendo consultas simuladas para que los proyectos salgan adelante. El gobierno está utilizando estas herramientas “legales” para justificar aún más el desalojo de comunidades.

¿Entonces actualmente no hay un diálogo real entre el gobierno actual y las comunidades indígenas?¿El gobierno de López Obrador no representa un cambio con respecto a los gobiernos anteriores?
Nisaguie Flores (NF): No. No ha cambiado. Por el contrario, el botín se ha agudizado. Porque con este “nuevo gobierno”, que se llama de izquierda o “de los pueblos”, se han adelantado muchos megaproyectos que se pararon en los últimos seis años, lo que no quiere decir que en esos otros periodos estuviéramos bien. Creo que este cambio de gobierno ha sido estratégico. En México había demasiada insatisfacción y descontento y “¿cómo parar eso?” Porque se le puso a alguien que se suponía iba a beneficiar al pueblo. Pero no. En ningún momento este Gobierno tomó en serio a las comunidades indígenas. No respeta nuestras formas de organización. López Obrador no representó un cambio, le dio continuidad a los megaproyectos. Ya desde su campaña electoral dijo que no los detendrían. No importa qué partido político esté en el gobierno. Al final, los mismos políticos se quedan en el poder, solo cambian de partido.

En 2016 se aprobó la creación del Concejo Indígena de Gobierno (CIG). ¿Cuál fue la propuesta para postularse en la campaña electoral presidencial de 2018?
(MA): Este es otro tema que surgió cuando el CNI celebraba su 20 aniversario. Cuando realizamos el quinto congreso se hizo un repaso para analizar nuestra trayectoria y la situación de nuestras comunidades. La conclusión fue que las circunstancias eran más complicadas. A 20 años de caminar juntos hubo más despojos, más encarcelamientos, y ahora se sumaba la amenaza del crimen organizado, que estaba presente justo en los lugares donde se ejecutaban los megaproyectos. Llegaron, asustaron a la población e impidieron que los miembros de las comunidades se organizaran. Por eso dijimos: no podemos hacer otra declaración, como hicimos en las otras reuniones. Recuerdo a nuestros hermanos zapatistas diciendo: tiene que haber algo más fuerte, algo que sacuda al país y visibilice que el pueblo está sufriendo, que está siendo masacrado.

Buscamos organizarnos y tejer redes para actuar contra los despojos que vivimos en todo el mundo

Fue entonces cuando nuestros hermanos zapatistas propusieron presentarse a las elecciones presidenciales 2017-2018. Creemos que fue muy preciso. Teníamos claro que el objetivo era visibilizar los problemas de nuestras comunidades y poder recorrer el país para invitar a la gente a construir otra forma de gobernar. Entonces dijimos, juguemos con las mismas herramientas, solo que vamos a tomar otros objetivos. Por eso participamos con una CIG, que iba a estar formada por concejales que iban a hacer una propuesta de gobierno. Al final, participar en este proceso electoral nos dio la oportunidad de viajar por el país y escuchar los problemas. Por lo tanto, aunque no logramos obtener las firmas necesarias para estar en una boleta electoral, el CIG terminó más fuerte. El hecho de salir a decir que tenemos que buscar otra forma de organización y no acatar lo que nos han impuesto. En ese proceso también nos dimos cuenta hasta qué punto los medios de comunicación están de acuerdo con todo lo que se ordena desde arriba, porque eran ellos los que en vez de apoyar y preguntar por los problemas de las comunidades indígenas preguntaban tonterías que desviaban la atención.

¿Cuál fue el resultado de la campaña electoral?, ¿ha cambiado su perspectiva sobre el país y el estado de las comunidades indígenas?
(MA): Recuerdo que al principio éramos 70 regidores y al final éramos 157 hombres y mujeres que logramos formar el Consejo. Pero lo que “tomamos” de ese recorrido fue ver que los problemas que se discutían en las asambleas del CNI, se estaban dando en los pueblos. Y que no eran sólo problemáticas de los pueblos originarios. También caminamos en barrios, municipios y ciudades. Hablamos con estudiantes, mujeres y otros grupos. Nos dimos cuenta de que dondequiera que teníamos la oportunidad de escuchar a la gente, los problemas eran similares.

Todo esto nos hizo hacer un “mapeo” de cómo es México. Hemos visto y coincidido que la carencia que vivimos en nuestros pueblos y comunidades, también se lleva a cabo en barrios, municipios, escuelas… escuchamos a algunos estudiantes de varias universidades y los problemas que comunicaron tenían que ver con el avance del capitalismo. que prepara una privación individual y colectiva. Nos quedó claro que había una necesidad de tejer las luchas del campo y de la ciudad, de la juventud, de las mujeres, de todas aquellas personas que de alguna manera resisten esta privación del capitalismo. Porque no solo manifestaron sus problemas, sino que relataron su proceso de resistencia. Eso nos pareció muy importante porque no importa si eran movimientos grandes o pequeños, son luchas que se están dando contra las condiciones impuestas, esto nos hizo iguales.

Los problemas de los pueblos ya no son sólo de los pueblos originarios, son más generales. Con esto nos quedó claro que la lucha no es solo nuestra. Si nos están afectando a todos por igual, necesitamos encontrar otras formas de relacionarnos, de tejer y de movernos juntas y juntas para construir algo fuerte de abajo hacia arriba. Estoy hablando de algo que no cabe en la urna. Tienes que hacer un esfuerzo adicional.

 

Lo importante es verlo directamente y poder articular estas luchas que coinciden y que se reflejan unas en otras. Quizás en América Latina son luchas más complicadas porque enfrentan otros grados de violencia y agresión, pero de una u otra forma estamos en la misma lucha contra un enemigo común, que es este sistema capitalista y patriarcal, cuyo único interés es expropiar. propiedad .natural no importa quien este alli. Le importa más el dinero que la vida misma. El propósito es este: estar aquí, conocernos, articularnos y aprender. Aprendemos de ambos lados. Y, lo que nos sirva, lo ocuparemos en nuestras respectivas luchas.

¿Qué esperan de Europa hoy?, ¿cuál es el propósito de esta gira?
(N): El propósito está en el mismo nombre: Gira por la vida. Porque creemos que la única forma de luchar es defendiendo la vida y la única forma de hacerlo es organizándonos. Buscamos organizarnos y tejer redes para actuar contra el despojo que vivimos, porque no solo lo vivimos en México, sino que lo vivimos en todo el mundo y eso es lo que estamos viendo ahora en los diferentes países que hemos ido. Conocemos su propio despojo: aquí en Galicia, por ejemplo, están luchando contra las empresas mineras; en Austria, contra la construcción de una carretera y contra los parques eólicos. En Europa también hay movimientos de resistencia y es importante que los conozcamos. No es lo mismo escuchar todo esto desde México.

Llámense como se llame un megaproyecto, lo que hay detrás es el capitalismo voraz que nos quiere acabar y a quienes lo evitamos como pueblos indígenas.

Lo importante es verlo directamente y poder articular estas luchas que coinciden y que se reflejan unas en otras. Quizás en América Latina son luchas más complicadas porque enfrentan otros grados de violencia y agresión, pero de una u otra forma estamos en la misma lucha contra un enemigo común, que es este sistema capitalista y patriarcal, cuyo único interés es expropiar los bienes naturales sin importar quien esté alli. Le importa más el dinero que la vida misma. El propósito es este: estar aquí, conocernos, articularnos y aprender. Aprendemos de ambos lados. Y, lo que nos sirva, lo ocuparemos en nuestras respectivas luchas.

¿Qué opinas de la acogida e interés europeo por sus proyectos?
(MA): Vemos mucho entusiasmo. A pesar de no conocernos, son muy amables al darnos algo para comer y un lugar para dormir. Para nosotros esto ya es mucho porque venimos a invadir (risas). Sobre todo, nos están mostrando cómo el capitalismo está dañando a este continente. Antes de viajar, pensábamos que en los “países donde hay más progreso” no sufrimos lo que sufrimos en México. Pero, aquí estamos, dándonos cuenta de que era un concepto erróneo. Hay organizaciones de jóvenes, mujeres, agricultores que están desarrollando proyectos para recuperar la tierra. Y nos parece importante que nos compartan sus formas de organización porque tal vez podamos llevarlos a México para reforzar lo que allí se construye. Ya estamos encantados de compartir estas experiencias.

Ante la violencia, las desapariciones y otras prácticas represivas, ¿cómo continuar la defensa de la vida?
(N): La única forma es organizándonos. Lo que venimos a compartir en este recorrido son nuestras formas de organizarnos. Y vemos que el único camino es este: la organización desde abajo, desde las comunidades, desde la toma de decisiones de todos los pueblos y de los que luchamos por la vida. Creo que esa es la única forma en que podemos hacer frente a toda la violencia que estamos viendo como comunidades indígenas. Durante mucho tiempo nos hemos organizado a través de asambleas en las que todos tienen la oportunidad y el derecho a hablar. No podemos hacerlo solos. Y por eso necesitamos crear redes de apoyo para fortalecernos aunque estemos en geografías separadas.

Megaproyectos contra las comunidades

Nisaguie, estás trabajando para visibilizar las demandas de dos poblaciones del Istmo de Tehuantepec, que amenazas enfrenta actualmente esta zona de Oaxaca?
(N): La región del Istmo es una región que desde hace mucho tiempo ha sido identificada por el Gobierno como un punto estratégico, porque está en la parte más angosta de México, que conecta con dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Por lo tanto, ha sido durante mucho tiempo un área en disputa. Actualmente existe un proyecto llamado Corredor Interocéanico, que en realidad es parte de un paquete de proyectos que conectan con el Proyecto Integral Morelos y el mal llamado Tren Maya. Al mismo tiempo, implicará la construcción de maquinaria, gasoductos, minas y más proyectos energéticos. También quieren hacer un canal seco, como el de Panamá. Este último cambia de nombre cada seis años, pero el proyecto es el mismo. El objetivo de este canal seco es reducir el tiempo que se tarda en mover mercancías. Sería mucho más rápido que Panamá.

México cuenta con 32 parques eólicos distribuidos en varios estados. La mayoría están en Oaxaca, donde hay 29. En total hay 2,100 aerogeneradores distribuidos en aproximadamente 50,000 hectáreas. Estamos luchando contra muchas cosas. Pero todo esto no está pasando sólo en la región del Istmo, está pasando en todo México. Cada pueblo está luchando contra un negocio o un megaproyecto que está despojando a las comunidades. Hay comunidades que incluso fueron desplazadas y tuvieron que migrar a la Ciudad de México, donde luego enfrentaron otras luchas. Por ejemplo, los yaquis del norte del país luchan contra un vertedero clandestino.

Si las normas y procedimientos establecidos por el Estado están perjudicando a los que están debajo de nosotros, necesitamos construir otras que realmente garanticen la vida de todos.

Hay otros pueblos que luchan contra la imposición de los monocultivos de aguacate, un negocio que está totalmente controlado por el narcotráfico. Hay tantas luchas. De hecho, si miras en el mapa minero de México, verás que todo el territorio está concesionado a la minería. Es decir, nos quieren exterminar. Llámese como se llame la empresa o el megaproyecto, lo que hay detrás sigue siendo el capitalismo voraz que nos quiere aniquilar y a quien lo impedimos como pueblos indígenas. Por eso desaparecen y nos matan.

Sabemos que con todos estos megaproyectos viene el narcotráfico, la militarización, que a su vez aumenta el feminicidio, el tráfico de mujeres, de órganos… suena muy feo, pero, a pesar de todo esto, en cada comunidad nos estamos organizando para poder crear nuestros procesos de autonomía. No tenemos los años de lucha ni la capacidad de nuestros hermanos zapatistas, pero tratamos de hacerlo a nuestra manera desde nuestros propios contextos.

A nivel mediático poco se ha dicho sobre las implicaciones del narcotráfico en las comunidades indígenas. ¿Cómo ha afectado y sigue afectando la guerra y cómo gestionan esa lucha?
(MA): Es un paquete de herramientas de represión que está usando el gobierno, al que llamamos “narco-Estado”, porque da impunidad y permite que estos grupos criminales se muevan libremente, especialmente donde se están ejecutando los diferentes megaproyectos. El problema se agudizó en el sur con el Proyecto Integral Morelos. Los grupos del crimen organizado están llegando a todos los pueblos de México donde hay resistencia, donde se están organizando para frenar cualquier proyecto que atente contra la vida de las comunidades. Que con el fin de impedir la organización. Precisamente estos grupos están para fortalecer y asegurar la imposición de los megaproyectos. Ante esto, el pueblo no tiene más remedio que fortalecer su propia seguridad, porque ya no hay confianza en la policía, el ejército o la marina. Donde se supone que deben estar para cuidarnos, son los que están en contacto con los grupos criminales, donde matan y desaparecen a los activistas.

¿Ha aumentado la presencia policial y militar en las comunidades?
(MA): Andrés Manuel López Obrador había dicho que iba a sacar al ejército de las calles y no es así. Ahora las comunidades están tomando su seguridad en sus propias manos al crear su propio consejo de seguridad. Son policías asignados por la misma asamblea para cuidar a las personas y están a la espera de que los guardias caminen correctamente y no sean reclutados por grupos del crimen organizado. Entonces esto demuestra que la única opción es organizarnos. Aunque el Gobierno diga que estas medidas son ilegales, lo único que estamos haciendo es retomar los mecanismos de seguridad que originalmente tenían las comunidades y que finalmente se perdieron porque se introdujeron mecanismos ajenos, que son precisamente los que están perjudicando a la gente.

Se trata de ver cómo tejemos esas redes de quiénes somos y de dónde venimos

Por eso decimos que hay que buscar otros caminos, se trata de inventar. Si las normas y procedimientos establecidos por el Estado están perjudicando a los de abajo, debemos construir otras que realmente garanticen la vida de todos porque de lo contrario seguiremos acatando lo que nos imponen, que ya hemos visto que no favorece la vida.

Mencionaste antes los problemas con los medios en cuanto a la visibilidad de los procesos de resistencia. ¿Cómo lidias con este problema?
Las comunidades y los medios libres están utilizando sus propias herramientas para poder difundir los problemas que existen. En ese contexto, los aliados que nos vamos encontrando en el camino son importantes para difundir la situación de nuestras comunidades, porque los medios tradicionales no hablan de nada de lo que pasa en ellas. Esto también ha llevado a las comunidades a crear sus propias radios o sus propios medios para comunicar lo que está pasando. Actualmente, los medios oficialistas, cuando hablan de Michoacán, Chiapas, Guerrero, solo hablan de narcotráfico, desaparecidos, muertos… han sido etiquetados en las regiones. Entonces lo que buscan las comunidades es comunicar que son mucho más que eso. Mostrar que son comunidades que tienen una historia y una forma de vida.

Sus reivindicaciones tienen muchos frentes. La lucha en defensa de la tierra, la defensa de la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas, la lucha decolonial, antipatriarcal y anticapitalista. ¿Cómo se articulan?
(MA): Lo que vemos es que tenemos un gran enemigo en común, que es el capitalismo, que tiene diferentes formas de despojarnos. Yo creo que las luchas que se están dando en distintas geografías de México y el mundo van encaminadas a lo mismo: a derrocar paulatinamente el sistema capitalista. Eso nos da más energía para buscar aliados. No es una sola lucha. No es solo la lucha de los pueblos, hay luchas de mujeres, hay hermanas y hermanos que han emigrado y que están luchando donde están; luchas de los campesinos y obreros de la ciudad. Se trata de ver cómo tejemos esas redes de quiénes somos y de dónde venimos. Y hacerlo desde abajo.

Hay varias luchas y la nuestra no es más importante. Todos son importantes y necesarias. Sean grandes o pequeñas, entre todas estas resistencias, es que algo podemos hacer y luchar contra el sistema capitalista que nos está acabando por separado. De ahí la importancia de tejernos y fortalecernos. De lo contrario, les estamos dejando el camino fácil para que ellos sigan decidiendo sobre nosotros y sigan despojando y asesinando. En las comunidades decimos que el calentamiento global es un llamado de la Madre Tierra que nos dice: haz algo, no me dejes solo. Por eso, como pueblos, decimos que la lucha es por la vida. Y una vida que no sea solo nuestra, sino de todos.

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

POSICIONAMIENTO FRENTE A LA SITUACIÓN QUE VIVEN LAS COMUNIDADES DE LA MONTAÑA BAJA DE GUERRERO, VÍCTIMAS DE LOS GRUPOS NARCO-PARAMILITARES Y DE LOS MALOS GOBIERNOS

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A los medios de comunicación

 

8 de febrero de 2022

Hermanos y hermanas de los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y demás colectivos y organizaciones hermanas:

La situación por la que atravesamos los pueblos indígenas de la Montaña baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ es insostenible. Bien sabemos que no sólo nosotros y nosotras, la embestida en contra de los pueblos originarios del país está siendo brutal en estos tiempos que para los calendarios de arriba son conocidos como de la Cuarta Transformación, pero que para nosotros y nosotras es la continuidad del proyecto neoliberal, en el que la guerra en contra de la humanidad es evidente, donde las ganancias de unos pocos, valen la muerte y el sufrimiento de los más, tiempos en los que los tres niveles de gobierno sólo están ahí para simular orden, pero en realidad son parte de quienes explotan, despojan, reprimen y desprecian a quienes estorban a los megaproyectos de muerte y en general a cualquier acto que genere riquezas, sea legal o ilegal, sea una minera, una termoeléctrica, un Tren Maya o el crimen organizado sembrando y traficando drogas, secuestrando, extorsionando, como de por sí pasa en el estado de Guerrero, con el silencio y complicidad de quienes hoy encabezan al gobierno del estado.

¡Pero así como lo indica nuestra historia, por más de 500 años han intentado exterminarnos, pero aquí seguimos, como pueblos indígenas, pertenecientes hoy en día al Congreso Nacional Indígena, y desde siempre a la resistencia que con dignidad y organización, luchamos y lucharemos por la vida y el territorio, por la verdad y la justicia, por la paz y la libertad para nuestros pueblos contra cualquier mal gobierno y contra cualquier grupo delincuencial y narco-paramilitar que represente una amenaza!

Por eso dejamos claro que nuestras demandas son históricas, lo mismo que nuestra resistencia, no tiene que ver con que hoy gobierne Andrés Manuel López Obrador y que Evelyn Salgado sea la gobernadora de Guerrero y que ambos representen a eso que llaman “la Cuarta Transformación”. Para nada; seguimos luchando porque en este gobierno como en los anteriores, siguen desapareciendo a nuestros hermanos y hermanas, como a nuestros compañeros Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, desaparecidos el 25 de enero de 2022; nos movilizamos porque siguen los ataques del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, como los del pasado 30 de enero de 2022 en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en los que por alrededor de 2 horas, abrieron fuego en contra de nuestros hermanos y hermanas, sin que autoridad alguna interviniera hasta pasadas aproximadamente 2 horas; en el mismo contexto, seguimos responsabilizando a los gobiernos porque la desaparición de nuestros dos hermanos fue realizada por la policía municipal y comandante de Atlixtac y porque en vez de que el gobierno de Guerrero o incluso el gobierno federal se movilice para buscarlos, sacan un comunicado diciendo que ellos niegan tenerlos detenidos.

Seguimos alerta porque los ejemplos que dimos son recientes y se dan luego de varios ataques a nuestras comunidades y de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenara al Gobierno de Guerrero, en diciembre de 2021, brindar medidas para asegurar la vida de nuestras comunidades; es así que el gobierno de Evelyn Salgado simuló diálogo, enviando a funcionarios sin capacidad de proponer y mucho menos de resolver conflictos y se lo dijimos claro, que no simularan, que enviaran a quienes pudieran tomar decisiones ¡pero minimizaron y siguen minimizando el problema a un conflicto entre habitantes, a conflictos comunitarios! la consecuencia es que los ataques, desapariciones y amenazas continúan y con mayor intensidad.

En resumen, nos organizamos porque nos quieren exterminar y los malos gobiernos han sido cómplices de este exterminio. Por eso es que convocamos a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos, colectivos y organizaciones a esta conferencia de prensa, nuestro posicionamiento es claro y contundente, el gobierno de Guerrero está aliado con los grupos narco-paramilitares, con Los Ardillos, con Los Rojos y con todos los demás grupos que viven del sufrimiento de las comunidades, vale decir que hoy en día enfrentamos a los Ardillos y Rojos por igual; las pruebas son contundentes, nos detienen a nosotros y no a ellos, los dejan asesinar y aterrorizas a las comunidades, les permiten extorsionar a los presidentes municipales y que éstos junto a las policías municipales trabajen para los delincuentes, simulan escucharnos pero en realidad ignoran nuestras demandas, instalan puntos de vigilancia que no hacen nada cuando ocurre un ataque, desaparecen a nuestros compañeros y los entregan al crimen organizado, ordenan carpetas de investigación en contra de nuestros hermanas y hermanos, pero no de los narco-pramilitares, entre muchas otras vilezas ¿siguen pensando que son conflictos comunitarios? ¿siguen creyendo que resuelven los problemas con fotos y comunicados en los que ajustan la realidad a su creencia?

Nosotras y nosotros, como Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, con nuestro Sistema Comunitario, nacemos de entre nuestras comunidades, como una necesidad frente a la muerte que nos acechaba. Desde nuestro surgimiento, dejamos bien claro nuestro objetivo: LUCHAR POR LA VIDA DE NUESTRAS COMUNIDADES Y POR EL TERRITORIO. Es por eso que nos persiguen los grupos delincuenciales y narco-paramilitares, porque nos negamos a ser un botín de guerra, porque nos negamos a pagar extorsiones y a permitir secuestros, torturas y desapariciones. Desde nuestro surgimiento quedó claro que no formamos parte de ningún grupo delincuencial y hoy refrendamos nuestro compromiso de mantener la lucha por la vida y el territorio y nos deslindamos de cualquier pretensión de vincularnos con algún grupo criminal. Nosotras y nosotros no lucramos con la vida de nuestros pueblos.

También, desde que surgimos dejamos claro que no aceptaríamos migajas de los malos gobiernos, que nosotras y nosotros no tenemos líderes que se vendan y pacten con los gobiernos por un hueso, por unas monedas. Es así que refrendamos nuestro compromiso y que sea el partido que sea y la persona que sea que esté en el poder, nosotras y nosotros mantendremos nuestras demandas hasta que nuestras niñas, niños, hombres y mujeres, abuelas y abuelos, vivan con libertad, paz y justicia.

Por otro lado, al mismo tiempo que nos deslindamos de los grupos delincuenciales y de cualquier partido político, también nos deslindamos de quienes se han montado en el movimiento popular, en las policías comunitarias, a quienes utilizan a los niños para negociar con el gobierno, nunca lo hemos hecho ni lo haremos como CIPOG-EZ perteneciente al CNI, pues nuestra lucha es por la vida. Como organización, hemos sido claros en lo que somos y honestos hacia nuestros hermanos y hermanas que solidariamente nos han abrazado en esta lucha y así seguiremos, sin rendirnos, sin vendernos, sin claudicar.

Finalmente, seguimos responsabilizando a los 3 niveles de gobierno por lo que ocurre en nuestras comunidades y en todo el Estado, que a lo largo y ancho se desangra de tanta muerte e indiferencia.

Demandamos la aparición de nuestros dos hermanos, que sabemos que están con vida y siendo torturados y obligados a hacer declaraciones falsas. En este sentido, el día de ayer Lunes 7 de febrero de 2022, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió una petición de acción urgente a favor de nuestro hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez al Estado Mexicano, después de que fueran detenidos y desaparecidos por la policía municipal de Atlixtac, en el estado de Guerrero. Esta acción urgente demanda al Estado mexicano buscar y localizar a nuestros hermanos, una investigación exhaustiva, así como la identificación de los perpetradores de la desaparición forzada, sancionando “cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda”. Es lo mismo que hemos demandado por muchos años a los tres niveles de gobierno, pues es de sentido común que quienes gobiernan y cobran por ello, aseguren mínimamente la vida, la seguridad y la paz en su territorio; esperamos que el Estado Mexicano y el estado de Guerrero, asuman su responsabilidad y atiendan al llamado de la ONU.

Denunciamos también, que el Ayuntamiento está llamando individualmente a nuestros comisarios para que se presenten a declarar, como si tuvieran algo que ver en los ataques que sufrimos y en las desapariciones de las que somos víctimas. Mejor Busquen y detengan a quienes nos dañan,  que ustedes saben bien quienes son y si tienen dudas, pregúntenle a la organización y no anden atemorizando a nuestros compañeros.

Sin más, dejamos claro que nuestra lucha es por la vida y que aquí seguimos, sin claudicar. Gracias a quienes escuchan y abrazan la lucha del CIPOG-EZ.

 

 

 

¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO!

¡VIVA EL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA!

¡VIVAN LOS PUEBLOS EN LUCHA!

¡FUERA LOS GRUPOS NARCO-PARAMILITARES DEL ESTADO DE GUERRERO!

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

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fidencioaldama.org

(Español) Situación jurídica de Fidencio Aldama – Libertad para Fidencio Aldama

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Fidencio Aldama Pérez es un indígena Yaqui, originario de la comunidad de Loma de Guamuchil y defensor del territorio, desde el año 2009 vivía en la comunidad de Loma de Bácum, de donde es originaria su esposa. Ha estado privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, Sonora desde el 27 de octubre de 2016, acusado y sentenciado a 15 años y seis meses de prisión, por la supuesta comisión del delito de Homicidio Simple Doloso, cometido en agravio de la persona que en vida llevó el nombre de Cruz Buitimea Piñas.

El primero de noviembre de 2012 la empresa energética transnacional con sede en Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad de México para construir el Gasoducto Sonora de 835 kilómetros de longitud, destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México. En consecuencia, el 29 de agosto de 2013, el Gasoducto Sonora, proyecto de Infraestructura Energética Nova, S.A. de C.V. (IEnova), obtuvo de parte de la Comisión Reguladora de Energía, el permiso para construir los tramos Guaymas-El Oro, el cual atraviesa los ocho pueblos yaquis.

En ese contexto, el 28 de mayo de 2015, durante una asamblea realizada en la comunidad de Loma de Bácum, el pueblo decidió no conceder permiso a ninguna persona, compañía o entidad para entrar a sus tierras y territorio con el propósito de llevar a cabo actividad alguna con relación al proyecto del Gasoducto Guaymas-El Oro.

Al iniciar el camino de la resistencia contra el Gasoducto Sonora, inicio también la lucha jurídica por lo que, el 26 de abril de 2016 el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón, ordenó la suspensión del Gasoducto Guaymas-El Oro por no tener el consentimiento de toda la tribu. Sin embargo, la empresa Ienova no acató esa resolución judicial y continuó con los trabajos de construcción.

Mientras los miembros de la comunidad se reunían en asamblea el 21 de octubre de 2016, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales de la comunidad e imponer otras autoridades a favor del Gasoducto. Este ataque dejó un muerto, varios heridos y doce vehículos quemados. El día de los hechos Fidencio se encontraba presente en el lugar, toda vez que formaba parte de la guardia tradicional. De esos hechos fue señalado como responsable, por lo que el 27 de octubre de 2016 fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales del Estado de Sonora, iniciando así un proceso penal plagado de contradicciones e irregularidades que fueron ignoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento que conoció de su proceso, mismo que en fecha seis de abril de 2018 dictó la sentencia condenatoria en contra de Fidencio, resolviendo que era responsable de la comisión del delito de Homicidio Simple Doloso en agravio de Cruz Buitimea Piñas, imponiéndole una pena de 15 años y 6 meses de prisión, más una multa de $23,080.64, pesos y una reparación del daño moral de $47,019.5 pesos y finalmente una reparación del daño material aún sin cuantificar.

Al ser violatoria de derechos fundamentales y causar serios agravios a Fidencio Aldama, se presentó la apelación correspondiente en contra de la sentencia de primera instancia, misma que le tocó conocer a la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, quien le dio entrada y la registró con el número de toca de apelación 22/2018. Seguidos los trámites ante dicha autoridad, en fecha 19 de noviembre de 2019 se emitió la sentencia de segunda instancia, resolviendo la Segunda Sala confirmar la sentencia condenatoria al considerar que se encontraban acreditados tanto el delito, como la responsabilidad penal de Fidencio, ignorando con ello, las contradicciones, irregularidades e inconsistencias que se hicieron evidentes durante todo el proceso penal seguido ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Continuando con el camino jurídico, el 20 de octubre de 2020, se presentó el Amparo Directo en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala Mixta, mismo que fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito del Estado de Sonora, asignándole el número 167/2020. Dicho amparo fue returnado a la ponencia de la Licenciada Luz Elba de la Torre Orozco en fecha 12 de agosto de 2021, quien a partir de esa fecha, tiene la encomienda de realizar el proyecto de sentencia que le puede devolver la libertad a Fidencio Aldama, misma será emitida en los próximos días.

Como se puede apreciar, el caso de Fidencio Aldama es una más de las injusticias que se cometen en contra de los defensores de la vida y del territorio, quienes se enfrentan a megaproyectos avalados por el Estado mexicano, donde siempre salen a relucir las empresas transnacionales, quienes al ver afectados sus intereses, utilizan el mismo modus operandi para continuar con sus proyectos de despojo: la represión y el encarcelamiento de los opositores.

Finalmente se destaca que, lo acontecido a Fidencio Aldama es un ataque directo y una afrenta a la tribu de Loma de Bácum, la cual tiene sus propias formas de organización, de toma de decisiones, de justicia, de auto defensa, por ello, el actuar del Estado al permitir la construcción de un Gasoducto sin consultar a las tribus yaquis, asi como la actuación de las instancias de procuración e impartición de justicia del Estado, han atentado contra ésta forma de organización, pero sobretodo, es un ataque a la autonomía y autodeterminación de toda una tribu.

¡LIBERTAD PARA FIDENCIO ALDAMA!

Febrero de 2022, Los Otros Abogadoz

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CDH Fray Bartolome de las Casas

(Español) Poder Judicial del Estado de Chiapas debe detener la fábrica de culpables de la Fiscalía

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
4 de febrero de 2022
Boletín No. 04

Poder Judicial del Estado de Chiapas debe detener la fábrica de culpables de la Fiscalía

  • Libertad para Yonny Ronay, sobreviviente de tortura.

El 06 de septiembre del 2021, Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado y robo con violencia agravado. Frente a la apelación, el 26 de octubre de 2021, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 1 de Tuxtla Gutiérrez, anuló todo lo actuado en la primera audiencia de juicio oral incluyendo la sentencia y ordenó la reposición total del procedimiento, debido a la falta de valoración de las pruebas.

El día de hoy a las 15:00 horas, el Tribunal de Enjuiciamiento de Villaflores, Chiapas, llevará a cabo la audiencia de juicio oral de Yonny Ronay joven estudiante sobreviviente de tortura, detenido de manera arbitraria desde el 13 de marzo de 2019, por elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del estado de Chiapas (Fiscalía). Yonny Ronay fue torturado en el sótano de esa institución para autoinculparse de un delito que no cometió y se le exhibió en redes sociales como parte de una “banda de la delincuencia organizada”. Desde el 15 de marzo de 2019, se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 08 en la Cuidad de Villaflores, Chiapas.

La fábrica de culpables continuó en abril de 2019, la Fiscalía utilizó ilegalmente las identificaciones de Yonny Ronay para inventar una declaración como testigo de un robo sucedido el día 24 de abril de 2019, 1 mes y 11 días después de la detención arbitraria. La Fiscalía General de la República ha dado cuenta de la simulación de pruebas por parte de la FAI y hasta hoy no ha realizado ninguna acción.[1]

La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en México se sigue cometiendo de manera intencional para la investigación de delitos causando severos sufrimientos físicos o mentales a las y los sobrevivientes. Hasta el día de hoy las autoridades encargadas de la procuración de justicia no han demostrado que las pruebas que inculpan a Yonny Ronay fueron obtenidas sin vulnerar sus derechos humanos.

El Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes recomendó a México que tanto los fiscales como jueces están obligados a excluir pruebas o declaraciones de las cuales existan razones para creer que han sido obtenidas bajo tortura, malos tratos o en violación de garantías fundamentales, e iniciar las investigaciones correspondientes, imponer al Estado la carga de probar que la evidencia no fue obtenida bajo tortura, garantizar que las pruebas ilícitas se excluyan y que la exclusión no se postergue hasta la sentencia.[2]

A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chiapas conocen el caso de Yonny Ronay, hasta el momento no han hecho nada para detener las violaciones a sus derechos humanos.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas tiene la oportunidad de proteger a una persona inocente y salvaguardar sus derechos humanos. De manera especial el Juez que conoce la causa penal debe tener sensibilidad frente a este crimen de lesa humanidad y no seguir permitiendo que las violaciones continúen, las pruebas deben excluirse o declararlas nulas, por carecer de valor probatorio ya que fueron obtenidas a través de actos de tortura. Por consecuencia debe ordenar la inmediata libertad de Yonny Ronay Chacón González.

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[1]    Ver Boletín No. 10 del 21 de septiembre de 2021, disponible en: https://frayba.org.mx/la-fiscalia-federal-y-la-fiscalia-del-estado-de-chiapas-complices-en-la-falsificacion-de-pruebas
[2]    Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Visita a México del 21 de abril de 2014. A/HRC/28/68/ADD.3 Distr. General 29 de diciembre de 2014, párrafo 83.

 

       
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Avispa Midia

(Español) Caso del preso político Fidencio Aldama está en momento decisivo

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Por Jeny Pascacio

Un grupo armado entró en Loma de Bácum, perteneciente a la Tribu Yaqui en Sonora, el 21 de octubre de 2016, con la intención de imponer autoridades en la comunidad a favor del Gasoducto Sonora, proyecto de IEnova (Infraestructura Energética Nova, SA de CV), filial de la empresa estadounidense Sempra Energy.

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Ese día las autoridades tradicionales estaban reunidas en una asamblea. El ataque dejó varios heridos, doce vehículos quemados y un muerto identificado como Cruz Buitimea Piñas, integrante del grupo que irrumpió.

El guardia tradicional, Fidencio Aldama Pérez presenció los hechos. Seis días después fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales de Sonora por el homicidio de Buitimea Piñas.

Roberto López, de la organización Los otros abogados, explica en entrevista a Avispa Midia que el caso tiene un origen político porque es motivado por el Estado y por empresas transnacionales, “cuando el pueblo se empieza oponer contra el gasoducto que pasa por sus tierras, empieza la estrategia de eliminar a los opositores”.

En noviembre de 2012 la transnacional con sede en Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir el gasoducto Sonora destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México.

En menos de un año, el 29 de agosto de 2013, la Comisión Reguladora de Energía aprobó la construcción en los tramos Guaymas-El Oro del proyecto que atraviesa ocho pueblos yaquis en 835 kilómetros de longitud.

Pero el 28 de mayo de 2015 la comunidad de Loma de Bácum acordó en una asamblea negar el acceso a persona, compañía o entidad vinculadas al gasoducto Guaymas-El Oro.

La tensión se intensificó cuando un juez federal en Ciudad Obregón ordenó la suspensión del de la obra por no tener el consentimiento de toda la tribu, pero la empresa IEnova continuó con los trabajos sin acatar la resolución judicial.

La empresa se dio a la tarea de comprar conciencias para abonar a la división de los pobladores. Después surgió el grupo de personas que ingresaron armadas a la asamblea del 21 de octubre para imponer otras autoridades a favor del proyecto. “Llega un grupo armado que se empieza a confrontar a la gente opositora al gasoducto, la gente corre para resguardarse y en ese cruce de proyectiles fallece una persona. Se comienza a ver claramente la intención de quitar a los opositores”, señala el abogado Roberto López.

Proceso penal

En el proceso penal de Fidencio Aldama existen violaciones al debido proceso que fueron ignoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal lo condenó a 15 años y 6 meses de prisión por homicidio simple doloso en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, en marzo de 2018.

Algunas de las irregularidades identificadas son las declaraciones de los testigos pertenecientes al grupo a favor del gasoducto, pues señalan que Fidencio portaba un arma que no corresponde a la que privó de la vida a Cruz Buitimea Piñas. “Son armas distintas”.

Otra irregularidad es que fue desestimada por las autoridades la declaración de la esposa de Cruz Buitimea Piñas que tuvo a la vista a Fidencio y dijo que nunca vio que accionara el arma.

Para el asesor jurídico se trata del modus operandi para generar la confrontación, división y violencia en pueblos originarios a consecuencia de proyectos transnacionales.

En la actualidad, los abogados esperan la resolución del amparo interpuesto ante la magistrada Luz Elba de la Torre Orozco del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito del Estado de Sonora, en agosto de 2021.

Para organizaciones acompañantes del caso, el delito de Fidencio a los ojos del Estado y de las empresas multinacionales es la resistencia al gasoducto de Sonora.

“Dadas estas circunstancias, ahora es un momento urgente y decisivo en la lucha por la libertad de Fidencio. En lugar de esperar pasivamente a que el tribunal tome su decisión, ahora es el momento de amplificar la llamada para la liberación inmediata de Fidencio”, dijo el abogado.

El indígena Yaqui es originario de la comunidad de Loma de Guamuchil, pero en 2009 llegó a la comunidad de Loma de Bácum, de donde es originaria su esposa, quien desde hace cinco años espera justicia para Fidencio.

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Avispa Midia

(Español) Organización internacional denuncia Israel por crimen de apartheid contra Palestina

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Por Ñaní Pinto

En portada: Un manifestante lleva un cartel durante una manifestación de manifestantes palestinos, israelíes y extranjeros contra la recién inaugurada Ruta 4370, en Cisjordania, el 23 de enero de 2019. Foto: Abbas Momani/AFP

Un reciente informe de Amnistía Internacional se une a las voces que, desde hace décadas, reclaman que el propósito de Israel de crear y mantener un sistema de opresión y dominación sobre la población palestina constituye el crimen de apartheid.

Así lo indica mediante la investigación titulada “El apartheid israelí contra la población palestina, cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad”, difundido el pasado martes (1).

En el documento, la organización afirma que desde su creación en el año de 1948, Israel ha accionado para establecer y mantener la hegemonía demográfica judía para, con ello, maximizar su control sobre la tierra. Al mismo tiempo, restringe los derechos de la población palestina e impide que las personas refugiadas regresen a sus hogares.

Esto lo ejemplifica con momentos históricos como lo sucedido en 1967, cuando Israel amplió su dominio a Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios que ocupa desde entonces, así como con la política actual de desalojos de familias palestinas que habitan Jerusalén Oriental.

Ataque sistemático

Amnistía Internacional concluye que Israel ha cometido violación de derechos humanos y del derecho internacional público que constituyen el crimen del apartheid. Según la documentación consultada, casi la totalidad de la administración civil, instituciones gubernamentales y las autoridades militares de Israel participan en la aplicación del sistema de apartheidcontra la población palestina en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), así como contra la población refugiada palestina y sus descendientes fuera del territorio.

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La organización también señala un ataque sistemático y generalizado contra la población palestina por parte de Israel “y que los actos crueles e inhumanos cometidos en el contexto de este ataque han sido perpetrados con la intención de mantener este sistema y constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheidtanto según la Convención contra el Apartheid como según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.

Activistas protestan por las acciones militares de Israel en Gaza frente a la embajada israelí en Washington, DC, el 18 de mayo de 2021. Foto: Alex Wong/Getty Images

En ese contexto, Amnistía Internacional detalla los componentes clave que constituyen el crimen de lesa humanidad, los cuales se expresan como una discriminación institucionalizada y sistemática por Israel en contra de la población palestina a través de leyes, políticas y prácticas concebidas para impedir que la población palestina reclame los mismos derechos que la población israelí judía dentro de Israel y los TPO.

Así, se reconocen los elementos fundamentales de este sistema de opresión y dominación mediante “la fragmentación territorial, la segregación y el control mediante la negación de la igualdad en nacionalidad y estatuto, las restricciones a la libertad de circulación, las leyes discriminatorias de reunificación familiar, el uso del régimen militar y las restricciones al derecho a la participación política y a la resistencia popular, la desposesión de tierras y propiedades, y la supresión del desarrollo humano de la población palestina y la negación de sus derechos económicos y sociales”.

Todo ello se suma a la documentación, realizada durante décadas por distintas organizaciones locales e internacionales, de actos crueles e inhumanos concretos, violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos contra la población palestina con la intención de mantener este sistema, “como traslados forzosos, detenciones administrativas y torturas, homicidios ilegítimos, la negación de libertades básicas y la persecución”, detalla la organización.

Represión

Amnistía Internacional reconoce en su informe que su organización nohabía prestado suficiente atención a situaciones de discriminación y opresión sistemáticas en el mundo y en específico en el caso de los crímenes contra la población palestina.

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También señala que Estados y aliados occidentales de Israelse muestran reacios a escuchar estos llamamientos y se niegan a tomar medidas significativas contra sus crímenes. Mientras, “organizaciones y las personas que defienden los derechos humanos en Palestina y lideran el trabajo de incidencia y las campañas contra el apartheidsufren desde hace años una represión israelí creciente como castigo por su labor”.

Israel ha alegado motivos de seguridad para imponer restricciones de viaje a los palestinos. Foto: Majdi Mohammed / AP

Ello lo ejemplifica con lo que sucedió en octubre de 2021, cuando las autoridades israelíes intensificaron los ataques contra la sociedad civil palestina “mediante el uso indebido de la legislación antiterrorista para proscribir seis destacadas organizaciones, tres importantes grupos de derechos humanos entre ellas, cerrar sus oficinas y detener y enjuiciar a quienes trabajaban para ellas”, denuncia la organización.

A su vez, Israel también ejecuta campañas de desprestigio y deslegitimación a las organizaciones israelíes que denuncian el apartheid y otras violaciones graves de derechos humanos contra la población palestina.

La investigación de Amnistía Internacional se desarrolló durante más de cuatro años, tiempo en que examinó informes, leyes y directivas institucionales, entre otros documentos. De acuerdo a la organización internacional, el objetivo es “apoyar a la sociedad civil palestina y a organizaciones israelíes en sus esfuerzos para poner fin a la opresión y dominación de Israel sobre la población palestina en un momento en el que su trabajo es cada vez más difícil. Con ello, también espera contribuir a una comprensión y un reconocimiento mayores de la discriminación institucionalizada que se comete en Israel y los TPO, así como contra la población palestina refugiada, como un sistema y un crimen de apartheid”.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

(Español) Denuncia de la comisión de coordinación y seguimiento del CNI-CIG por los ataques a las comunidades del CIPOG-EZ

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Al pueblo de México y a los pueblos del mundo,
A los medios de comunicación,
A la Sexta Nacional e Internacional.

 

La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, alerta que nuestros compañeros y compañeras del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunciaron que desde el amanecer del domingo 30 de enero, estaban siendo atacados por el grupo narco paramilitar Los Ardillos, cuyos sicarios abrieron fuego contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco durante alrededor de 2 horas, sin que los gobiernos hicieran algo para detener el ataque a las comunidades miembros del CIPOG-EZ.

Los cuerpos de seguridad y castrenses del gobierno, teniendo la capacidad de repeler los ataques, particularmente el Centro de Operaciones Mixtas ubicado en la comunidad de Tula, no protegieron a la comunidad, sino que permitieron que los paramilitares atentaran contra la vida de las y los compañer@s; siendo los gobiernos en todos sus niveles, cómplices también de la desaparición forzada de los compañeros Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez a manos de la policía municipal de Atlixtac el pasado 25 de enero.

Denunciamos la impunidad y corrupción con la que el grupo delictivo Los Rojos mantienen una guerra en contra las comunidades que luchan y se organizan en el CIPOG- EZ, para defender, con autonomía, la paz y su territorio indígena.

Hacemos responsables a los tres niveles del mal gobierno de la integridad de l@s compañer@s del Conejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata, así como de cualquier nueva agresión a las comunidades que lo integran.

Hacemos un llamado a las organizaciones solidarias y medios de comunicación libres, para estar atentos ante nuevos ataques narco paramilitares.

 

Atentamente
Febrero de 2022
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

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Noticias de Abajo

(Español) Noticias de abajo 1 febrero 2022

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ROMPIENDO FRONTERAS
CHILE: Ni un día más en a cárcel. La lucha por la libertad de las y los presos de la rebelión.
CHILE: Muerte de una reclusa por negligencia de la gendarmeria. La Zarzamora
PERU: Derrame de petroleo masivo por parte de Repsol contamina fauna, playas y areas naturales protegidas con 11,000 barriles de petróleo en la costa central de Perú, la multinacional Repsol y las autoridades responsables y complices. Jubileo Sur
UCRANIA: ¡Paz en Ucrania! Democracy Now

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUOS
MEXICO: Reclamo masivo ante el asesinato de comunicadores en México. Movilizacion en 67 ciudades de México por el  asesinato de al menos 3 periodistas en enero y 29 en la actual administracion federal. El dia 31 de enero sumarian 4 periodistas con el asesinato de Roberto Toledo.
LUCHA POR LA VIDA: Semblanza del espacio y los proyectos de la Galeria y cafeteria «La resistencia» en el centro del CdMx. Juan Perez
MORELOS: Asesinan a activista quien exigía justicia por su hija asesinada. Zona Docs
AYOTZINAPA: Criminalización de la lucha por la presentación con vida de los 43Previo a una jornada de manifestaciones los padres y madres fueron atacados por 800 policias. Tlachinollan
CDMX: Emplazan al gobierno a resolver y no criminalizar la protesta de la comunidad otomi. LLaman a foro para discutir sobre el acerco de arte indígena ante amenazas  y desprecio del INPI.
GUERRERO: Grupos criminales asedian comunidad en Guerrero con total impunidad,CIPOEG-EZ pide solidaridad ante posibles nuevos ataques. CNI

Música:

Fue una larga noche-Kekoyema

El rio me enseño- Casiopeo

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Paradoxus Luporum – Muerte a la Anarquía

Manu Chao – No a la mineria en Chubut

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Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

(Español) Comunicado de nuestro compañero Marcelino Ruiz, preso en lucha, exigiendo la libertad del compañero Fidencio Aldama

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CERSS No 10 Comitán, Chiapas, México.

31/1/2022

COMUNICADO DE PRESOS INDÍGENAS EN LUCHA

Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A los y las defensoras de derechos humanos.

A la sexta nacional e internacional.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Consejo Indígena de Gobierno.

A los medios de comunicación.

Al Pueblo Creyente.

A la sociedad civil organizada.

Al pueblo de México y al mundo.

Como presos tzotziles en lucha y como hermanas y hermanos y compañeros y compañeros del mismo caminar y sentir nos solidarizamos con el compañero Fidencio Aldama para exigir su libertad ya que sabemos que estos 5 años separado de su familia al estar en privado de su libertad pagando un delito prefabricado lo difícil que ha sido.

Sabemos lo difícil que ha sido para el y su familia pero sepan que siempre los acompañaremos con nuestros corazones sabemos que su digna lucha es por la justicia y por la vida por nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas.

Es por eso que sepan que su lucha es nuestra lucha y no están solos compartimos sus sentimientos su resistencia, su rebeldía y su sed de justicia. Somos uno contigo compañero Fidencio, desde estas cuatro paredes de esta prisión te enviamos un saludo combativo.

Con nuestra voz invitamos a las organizaciones independientes y colectivos a seguir tejiendo lazos de justicia y seguir sembrando semillas de dignidad rebeldía en contra de este sistema corrupto y opresor.

¡Libertad a lxs presxs políticxs!

¡Justicia para Samir!

¡Justicia para Simón Pedro!

¡Libertad para Fidencio Aldama!

¡Justicia para todxs lxs oprimidxs!

Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

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Prensa Comunitaria

(Español) Chiquimula: autoridad Maya Ch’orti’ es detenida por oponerse a minera

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Timoteo Váldez, es Maya Ch’orti’, originario de la comunidad Tuticopote del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula a 220 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Timoteo Valdez es autoridad indígena espiritual, forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, quien fue detenido este 30 de enero en el centro del municipio de Olopa. Denuncian que detrás están los intereses de una de las empresas mineras que operan de manera ilegal en este territorio, afirman en un comunicado.

La Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Ch’orti’ y el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, denunciaron a través de una alerta la detención de Timoteo a las 10 de la mañana en el pueblo. La autoridad indígena fue identificada en el momento en el que buscaba atención médica por padecer de quebrantos de salud.

En comunicado expresaron que  condenan la detención de la Autoridad Indígena y Guía Espiritual Timoteo Valdez por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a bordo de la patrulla CHI-119, sin informarle el motivo de su detención. Denuncian que se encuentra en estado crítico de salud y que necesita atención.

“Dicha detención se da en el marco que, el día de mañana 31 de enero, 2022, el gobernador departamental de Chiquimula y responsables del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, INAB y DIPRONA y la municipalidad de Camotán, se comprometieron a dar una respuesta sobre el cierre de la Mina Cantera el Porvenir, la cual tiene múltiples denuncias de explotación ilegal de minerales en tierras Ch’orti’ y destrucción de bosques comunales.” Afirman autoridades indígenas y campesinas del pueblo Ch’orti’.

La PNC publicó en su cuenta oficial en twitter, a las 14:18 horas una fotografía en la que trasladan a Timoteo Vásquez, Autoridad Indígena Maya Ch’orti’ al juzgado de Chiquimula, supuestamente requerido por los delitos de por los delitos de coacción, amenazas y extorsión e instigación a delinquir.

Foto PNC

Lea más sobre el rechazo a las empresas mineras en Chiquimula:

 

Autoría y edición