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Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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Por Célia Reis

(Leia en português embaixo)

Poema “Mães de Maio” em português: (Descarga aquí)  

Poema “Madres de Mayo” en español: (Descarga aquí)  

En enero de 2006 me mudé con mi familia a la capital del estado de São Paulo, Brasil. En mayo de ese año, más de 500 jóvenes de las periferias fueron asesinados en matanzas realizadas por grupos de exterminio, con sospechas de participación de agentes de seguridad pública del Estado de la Policía Militar.Una verdadera masacre contra la sociedad civil, un crimen de Estado, según las Madres de Mayo (formado por familias de jóvenes asesinados) y de muchos otros.

Hablo de los Crímenes de Mayo, como son conocidos, vinculados a los atentados del Primer Comando de la Capital (PCC), una facción criminal que nació en los presidios de São Paulo, como reacción, entre otras cosas, a la llamada Masacre de Carandiru, en la que fueron asesinados 111 presos por la Policía Militar del Estado de São Paulo en 1992. El PCC atacó bases policiales, delegaciones y otros agentes identificados como responsables por la seguridad pública, resultando en la muerte de 59 personas, entre policías, bomberos, carceleros y otros. Eso causó pánico en la ciudad de São Paulo, lo cual en su ápice, entre rumores y noticias de ataques, hizo que todo el comercio, la industria, las instituciones públicas y las escuelas cerraran sus puertas, decretando un toque de queda informal el 15 de mayo. Hasta mi escuela despidió a todos los alumnos, profesores y funcionarios. Eso provocó un caos en la ciudad, con personas tratando de regresar a casa aterrorizadas, con miedo de ser víctimas de un posible ataque.

Pero fueron las familias de las periferias las que más sufrieron en ese episodio, pues la acción de grupos de exterminio con fuertes sospechas de participación de policías militares, cuando no la acción directa de la propia PM, durante diez días de retaliación, acabó con la vida de jóvenes de forma indiscriminada, produciendo una estadística macabra de 564 muertes.
De ahí surgió el movimiento Madres de Mayo, cuyas familias tuvieron a sus hijos muertos en esa acción impensable. Indignadas, acudieron a la justicia, acusando al Estado de responsabilidad por esa masacre. Desde entonces, bajo el lema “del luto a la lucha”, han estado denunciando los Crímenes de Mayo, exigiendo que sean investigados, que los culpados sean juzgados y condenados y que las familias sean indemnizadas. El movimiento se volvió así una referencia en la lucha contra los crímenes de Estado.

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By Amy Goodman & Denis Moynihan

As the world focuses on state violence from Syria to Iraq to Yemen to North Korea, the groundwork is being laid in the United States for unchecked state violence here at home. Donald Trump is making good on at least one of his many campaign promises: promoting unfettered police power. His point person on these goals, Attorney General Jeff Sessions, is leading the Justice Department through a tectonic shift, abandoning Obama-era efforts to protect civil and voting rights, threatening more deportations and resuscitating the decades-old, failed “War on Drugs.”

This week, Sessions told the International Association of Chiefs of Police, “Unfortunately, in recent years … law enforcement as a whole has been unfairly maligned and blamed for the crimes and unacceptable deeds of a few bad actors.” Sherrilyn Ifill, president and director-counsel of the NAACP Legal Defense Fund, said on the “Democracy Now!” news hour, “What we see with Attorney General Jeff Sessions is an effort to basically take us back in time … this is a person who’s stuck in the ‘80s, and in some instances, stuck in the ‘50s.”

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A los hermanos y hermanas de Arantepacua.
A la sociedad civil en general
A Los medios de comunicación

Reciban un saludo respetuoso, combativo y fraterno, sepan que en la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, tienen amigos que estamos y estaremos con ustedes en su dolor y en su lucha. Nos duelen, como nuestros, los compañeros comuneros purépechas que fueron cobardemente asesinados por la policía represora de Silvano Aureoles.

Nos duele porque conocemos el dolor y la rabia que se siente al ver un niño muerto por las balas asesinas del gobierno que responde con descaro y cinismo. Nos duele porque conocemos el miedo que queda en la mirada de los niños que crecen sintiéndose amenazados. Nos duele porque conocemos la profunda corrupción criminal del gobierno.

Nos sumamos a la exigencia de castigo a Silvano Aureoles, así como a todos los mandos políticos, policiacos y militares que orquestaron la masacre en contra de la comunidad de Arantepacua y hacemos nuestra la exigencia de libertad inmediata de todos los comuneros detenidos.

Condenamos la cobarde forma de hacer política del gobierno del estado de Michocacán, que está lleno simulación, criminalización, asesinatos y atemorización de los pueblos. Es decir, condenamos la traición en todas sus formas.

Condenamos el terrorismo de Estado operado por  los gobiernos de todos los niveles en las comunidades indígenas de Michoacán a través del uso del ejército en contra de la población civil y exigimos la inmediata salida de militares y policías del territorio de Arantepacua.

Atentamente

Abril de 2017

Comunidad de Santa María Ostula

Joint Communique from the CNI and the EZLN Denouncing the Repression Against the Purépecha community of Arantepacua, Michoacán

To the Purépecha Community of Arantepacua, Michoacán,
To the alternative media,
To the peoples of the world.

The peoples, nations, and tribes who make up the National Indigenous Congress express our outrage at the bad government’s cowardly attack against the Purépecha community of Arantepacua, Michoacán, on April 4 and 5 of the present year.

As a commission of community members sought dialogue with the bad government of the state of Michoacán, the governor Silvano Aureoles Conejo betrayed them: first, by obstructing their path with hundreds of riot police and dozens of trucks as they made their way to Morelia to try to come to agreements on the resolution of an old agrarian conflict; and again when, as the commission negotiated with government, large contingents of the Michoacán Police and the State Ministerial Police together with federal forces attacked the community, sowing terror, entering houses to detain community members, and opening fire indiscriminately, killing three Arantepacua community members:

• José Carlos Jiménez Crisóstomo (age 25)
• Luis Gustavo Hernández Cuenete (age 15)
• Francisco Jiménez Ajejandre (approximately age 70)

In addition, an unspecified number of community members were injured, two of whom are in critical condition, as well as 38 arrested by the Michoacán government on April 4 and 18 more on April 5 on fabricated charges that seek to criminalize their demand for their rights.

Brothers and sisters of Arantepacua, your pain over the murder of your compañeros is ours. We struggle because we are certain that punishment for the guilty will come from the dignity, resistance, and rebellion of our peoples. Sowing truth and justice amidst the destruction brought upon us by the powerful is what our peoples know how to do.

The bad governments think that by spreading terror in the indigenous territories of Michoacán and across a large part of the nation they will be able to silence the peoples and their voice, but this will not happen, because the words shouted collectively today by the originary peoples are born precisely of our rage, our frustration and the decision to not allow ourselves be killed, dispossessed, divided, or bought off.

We pronounce jointly with the communal assembly of Arantepacua our demands for:

1. An immediate halt to the escalated repression against Arantepacua and the Purépecha communities of the region.
2. The immediate release of the compañeros detained by the bad government.
3. Justice for the victims of this cowardly aggression and indemnification for all damages caused.
4. Punishment of governor Silvano Aureoles and all those responsible, materially and intellectually, for the crimes committed.
5. The withdrawal of the police and military forces from Aratepacua, given that as long as they are present the harassment of the community members will not cease.

Attentively
April 6, 2017

Justice for Arantepacua
Justice for the Purépecha People
For the Full Reconstitution of our Peoples
Never Again a Mexico Without Us
National Indigenous Congress
Zapatista Army for National Liberation

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Roberto Paciencia Cruz fue detenido arbitrariamente por la policía el 7 de agosto de 2013 en Pantelhó, Chiapas, sin órdenes de aprehensión y sin ninguna explicación. Durante dos días fue torturado y forzado a firmar una declaración falsa en la que se autoinculpaba de un secuestro. Desde entonces se encuentra recluído en el CERSSS 5 de San Cristóbal de Las Casas. El próximo 26 de noviembre de 2016, se cumplirá el plazo para que William Hernández Ovando, Juez del Ramo Penal del Distrito de San Cristóbal de Las Casas, dicte sentencia. La inocencia de Paciencia se ha demostrado por la vía legal en varias ocasiones: el único testigo inculpatorio no se ha presentado a ninguno de los varios citatorios y, por el contrario, sí hay testigos que declararon que Roberto no estuvo presente en el lugar de los hechos a la hora que se cometió el delito.

Escucha el audio de la conferencia de prensa el 10 de noviembre en las instalaciones del Frayba: (Descarga aquí)  

A continuación, el boletín de prensa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la denuncia de los familiares de Roberto Paciencia, Solidarios de la Voz del Amate y el Grupo de Trabajo “No estamos todxs”:

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Foto: Frayba

Los indígenas tsotsiles Margarita Gómez y David Hernández, víctimas de tortura, obtuvieron su libertad el pasado 14 de octubre por sentencia suspendida. Este mecanismo no reconoce su inocencia, a pesar de que ambos se autoinculparon a consecuencia de la tortura, y deja impunes las violaciones a derechos humanos que sufrieron: detención arbitraria, faltas al debido proceso y violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

David fue detenido sin órdenes de aprehensión por la policía especializada el 24 de abril de 2014 en la agencia del MP de Teopisca mientras realizaba los trámites para la entrega del cuerpo de su hermano Juan Pérez Gómez, asesinado un día antes. El mismo día, Margarita fue detenida también sin órdenes de aprehensión, junto con su hijo de un año y siete meses, en el cementerio de Teopisca.

Ambos fueron torturados hasta lograr que se autoinculparan por el homicidio de Juan Pérez y sentenciados a ocho años de prisión.

Lee los detalles de la detención arbitraria y tortura aquí.

El caso de Margarita y David no es aislado; representa un patrón sistemático ámpliamente documentado de tortura como medio de fabricar delitos y crear “culpables”.

Este 20 de octubre, en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), se dieron a conocer los detalles del caso. Escucha aquí y lee el comunicado del Frayba abajo.

Gil Hernández, abogado del Frayba, Zona Altos: (Descarga aquí)  

Ángel Gómez Coronel, Comité de Derechos Humanos jCanan Lum: (Descarga aquí)  

Hermana Patricia Camacho, Parroquia de San Agustín: (Descarga aquí)  

Comunicado del Frayba:

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Criminalizan a grupos de acción directa y dividen al movimiento

Manifestante detenido por la Policía Militar el domingo, en Sao Paulo, Brasil. Foto: CMI Sao Paulo

Por: Eliana Gilet

Siete días de manifestaciones diarias se vivieron en Brasil durante la última semana, desde que asumió Michel Temer, el político que vino a ocupar la presidencia de la Federación, una vez que un Congreso ultra conservador – que incluye partidos de iglesias evangélicas, por ejemplo, pero no sólo – sacó de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff, por medio de un proceso amañado.

La del domingo fue clave: más de cien mil personas se manifestaron en Sao Paulo, la gran metrópoli, rechazando a Temer y al proceso político que se vive en el país. Dos grandes federaciones de organizaciones son las responsables de convocar a las marchas: el Frente Povo Sem Medo (Pueblo Sin Miedo) y el Frente Brasil Popular. Ambos autodefinidos como defensores de la democracia, que sienten atacada por el “Golpe de Estado” que entienden ha sufrido el país.

También lo fue por las 27 personas que fueron detenidas arbitrariamente antes y después de la manifestación, y por la represión policial que se desató contra los cien mil.

En los días previos, Temer encabezó una campaña mediática denostando las movilizaciones y reduciendo el descontento de miles a “40 o 50” personas. Temer también se encargó de señalar que el problema en todo caso era la “violencia de los manifestantes”. El argumento no es nuevo, ya que Brasil conoce una larga historia de criminalización de todo grupo de acción directa, particularmente los Black Blocs, que han tenido una importante participación en las manifestaciones masivas del 2013 a la fecha. Tal vez de antes incluso.

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pozol. 31 de agosto. En el marco del cuarto informe de la administración de Pena Nieto, en medio de escándalos de corrupción y plagios por parte del ejecutivo federal y su familia, a Chiapas y Oaxaca arriban miles de policías contra l@s maestr@s disidentes, en huelga desde el pasado 15 de mayo.

La ola de escándalos sobre la corrupción del gobierno va desde la ilegitimidad de su cargo, llegando a la presidencia por medio del fraude, hasta la ilegalidad de su título académico, logrado a través del plagio. Así, este hombre se mantiene en el poder violentando cuanta ley se ponga en su camino, sostiene que la ley no se negocia.

Y sin embargo, el Estado le apuesta a la violencia, una estrategia que no es nueva. Ante su carencia de argumentos para imponer su autodenominada “reforma educativa”, amaga con utilizar la fuerza pública, como el pasado 19 de junio en Nochixtlán Oaxaca, donde fueron asesinadas más de una docena de personas y hasta ahora nadie ha sido llevado a juicio. El Estado mexicano se sabe impune.

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The events of last week continue to reverberate throughout national consciousness.

The unprovoked killings by cops in the streets of America’s Midwest, and the subsequent killings of cops in Texas, show us that a new stage has been reached in America’s longest internal war, and that no one knows how it will end.

The problem of police violence, of course, isn’t new.

When Rev. Dr. Martin Luther King Jr. led anti-segregation protests in Selma, Alabama in the 1960s, cops didn’t ‘assist’ protestors; they beat them, savagely, for violating the unjust laws of white supremacy. They beat men and women, indiscriminately, to protect white privilege. The Edmund-Pettus bridge became slick with Black blood.

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