A los pueblos de México y del mundo, A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, A las Redes de Resistencia y Rebeldía, A la Sexta Nacional e Internacional, A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes, A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.
Con rabia, hacemos nuestra la denuncia realizada por la ASAMBLEA DE COLECTIVOS DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS ZAPATISTAS en el sentido de que los días 22 de abril, 12 de mayo, 12 de julio y 29 de agosto del año en curso se presentaron al poblado Belén de la región campesina del Caracol 8 Dolores Hidalgo, 30 personas pertenecientes al municipio de Huixtán, resguardadas por el Ejército Mexicano junto con la policía municipal de Ocosingo y encabezadas por EMILIO BOLOM ÁLVAREZ, MIGUEL BOLOM PALÉ , MIGUEL VÁZQUEZ SÁNTIZ Y DAVID SEFERINO GÓMEZ, tratando de despojar, mediante amenazas y actos de intimidación, a compañeros Bases de Apoyo Zapatistas encargados del trabajo colectivo en la región y de trabajos de milpa común, de un predio recuperado en 1994.
Posteriormente, los días 18, 20 y 22 de septiembre, 15 personas se posesionaron del predio de nuestros compañeros Bases de Apoyo Zapatistas y el 20 de septiembre se presentaron 2 camionetas del Ejército Federal, 3 camionetas de la policía municipal de Ocosingo y 4 camionetas de la Fiscalía General del Estado, destruyendo y quemando las casas de los encargados Bases de Apoyo Zapatistas; y robando elotes desde esa fecha hasta el día de hoy. Es importante señalar que el predio despojado fue recuperado y ha estado en posesión de nuestros hermanos zapatistas desde 1994; asimismo, en 1996 el gobierno federal pagó dicho predio a quienes se ostentaron como dueños del mismo antes de 1994 con el fin de evitar conflictos.
Nuestros hermanos zapatistas buscaron dialogar con los despojadores y en todo momento han tratado de evitar la confrontación, pero es evidente que este grupo de choque y los tres niveles de gobierno buscan la confrontación para crecer la guerra en contra de los pueblos zapatistas.
Estas agresiones se suman a las detenciones arbitrarias del pasado 24 de abril de 2025 en la comunidad tzotzil de Cotzilnam, municipio de Aldama, Chiapas, de nuestros compañeros Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, también bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; así como al cerco militar, policiaco y paramilitar permanentemente desplegado en contra de los pueblos zapatistas.
Hoy volvemos a denunciar que los malos gobiernos de la denominada Cuarta Transformación quieren expandir la nación de víctimas y dolor que de por sí representan, pero, repetimos una vez más, la represión no nos dobla; la desaparición no nos borra; el miedo no nos paraliza. Estamos claros de que la complicidad entre gobiernos y cárteles criminales es más grande que nunca, como tambien estamos seguros de que las luchas y resistencias por la vida florecerán en todas las geografías del México de abajo y de este mundo convulsionado.
Convocamos con urgencia a los pueblos de México y del mundo, a los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, a las Redes de Resistencia y Rebeldía, a la Sexta Nacional e Internacional, a l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes y a la Europa Insumisa, Digna y Rebelde, como lo hicimos hace unos meses, A ORGANIZARNOS Y MOVILIZARNOS PARA QUE SE RESPETEN LOS TERRITORIOS Y LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES BASES DE APOYO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL Y SE DETENGA LA GUERRA DESATADA POR LOS MALOS GOBIERNOS EN SU CONTRA, MEDIANTE ACCIONES EN CADA UNA DE NUESTRAS GEOGRAFÍAS Y DE ACUERDO A NUESTROS MODOS.
¡ALTO A LAS AGRESIONES EN CONTRA DE NUESTROS COMPAÑEROS BASES DE APOYO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL EN EL POBLADO DE BELEN, PERTENECIENTE AL CARACOL 8 DOLORES HIDALGO!
¡ALTO A LA GUERRA EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ZAPATISTAS!
Atentamente Septiembre de 2025 Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos Nunca Más un México sin Nosotros Congreso Nacional Indígena
En la Red Universitaria Anticapitalista vemos con mucha preocupación el reciente comunicado en el que la “Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (A.C.G.A.Z.) Gobiernos en Común” denuncian el despojo de territorios por parte de fuerzas estatales y federales, incluído el Ejército Federal. Este hecho se trata de una abierta violación a la autonomía y de una escalada en los ataques contra el proyecto zapatista y su apuesta por el Común.
Llamamos a las organizaciones solidarias a sumarse a la denuncia y a realizar acciones que condenen esta nueva agresion contra los pueblos zapatistas.
Exigimos el respeto a la autonomía zapatista y la restitución inmediatas de sus territorios.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional Al Congreso Nacional Indígena A la Sexta Nacional e Internacional A las Redes de Resistencia y Rebeldía A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida Al Espacio de Coordinación Nacional contra la Guerra A los medios libres A las organizaciones y colectivos solidarios
Compañerxs:
Como ustedes saben, venimos acompañando al Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en su proceso organizativo.
Hoy, 26 de septiembre 2025, compañeros y compañeras de distintas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y colectivos de la Sexta, estaremos realizando una Misión Civil de Observación (MCO-S) para hacer una observación de derechos humanos en las comunidades de la montaña Baja de Guerrero sobre temas como: derechos de los pueblos, de los niños, mujeres, defensa del territorio, autonomía, entre otros.
Esto se desarrollará en las comunidades del CIPOG-EZ. La Misión estará en territorio toda la semana.
Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y colectivos solidarixs a estar atentxs a nuestro paso por el territorio del CIPOG-EZ. Responsabilizamos al Estado por cualquier cosa que pueda suceder a nuestrxs hermanos y hermanas que conforman esta Misión.
Atentamente:
Colectivos y organizaciones que conformamos la Misión Civil de Observación Sexta
Fuente: El Tlacolol Por Emiliano Tizapa, Arturo de Dios Palma y Jesús Guerrero
Han pasado diez años, once meses y 27 días de que 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero. Se han publicado centenares de libros, miles de reportajes y notas periodísticas sobre la desaparición forzada que expuso al mundo cómo los políticos de todos los niveles construyeron un entramado con organizaciones criminales y las fuerzas armadas para gobernar este país con violencia extrema.
Estos 43 jóvenes cumplen hoy 4,014 días sin volver a casa. Lejos estamos de saber quiénes son los responsables materiales e intelectuales y de que éstos sean castigados. Se desconoce lo fundamental, lo crucial: ¿dónde están los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos?
El gobierno del priista Enrique Peña Nieto heredó la impunidad del caso al morenista Andrés Manuel López Obrador, quien en su sexenio dinamitó la investigación y, cuando todo apuntaba hacia el Ejército, desmanteló todo esfuerzo por hallar la verdad.
Ahora, con la presidenta de la República, la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, la investigación carece de dirección, no se quiere dar continuidad a las pesquisas planteadas por las madres y los padres y se buscan reactivar “nuevas líneas” que más bien son un intento de revivir la “verdad histórica” de Peña Nieto.
A once años del caso Iguala, la principal herencia de los gobiernos federales es la protección al Ejército.
En estos años fue documentado que en la desaparición de los estudiantes tuvieron participación militares al mando del comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala. El coronel José Rodríguez Pérez es uno de los principales señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que sugiere que tuvo conocimiento en tiempo real de los hechos y que participó en el encubrimiento. Fue detenido en 2022 por su presunta relación con el caso, pero liberado en 2024.
En cabina en la Radio KeHuelga, las compañeras de la comisión de comunicación de la Organización Civil Las Abejas de Acteal platican sobre su libro El camino de la No-Violencia. En el programa, se transmite música en tsotsil y se recuerda la exigencia de justicia a casi 30 años de la masacre vivida en esa comunidad. La comisión de comunicación comparte la importancia de la memoria colectiva, la resistencia pacífica como forma de vida, y el compromiso de seguir transmitiendo a las nuevas generaciones la esperanza de un mundo con dignidad y sin violencia.
Pueden seguirlas y consultar sus comunicados, actividades y artículos en las siguientes páginas: Blog oficial: Las Abejas de Acteal — acteal.blogspot.com Blog/Wordpress: lasabejasdeacteal.wordpress.com En X: @AbejasDeActea
LLAMADO urgente a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo, a estar atentos frente al clima de violencia que se vive en el estado de Guerrero.
La mañana de hoy 19 de septiembre de 2025, hombres de Colotepec, municipio controlado por el grupo narco-paramilitar Los Ardillos, amenazan la vida de la compañera Alma Delia Hernández Morales y de otros compañeros del CIPOG-EZ, que se encuentran prácticamente sitiados por Lázaro Cocotzin Morales, brazo armado de Los Ardillos, en Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Responsabilizamos al mal gobierno por lo que le pueda suceder a nuestros hermanos, pues ellos con su silencio son cómplices directos de la violencia que azota al estado y al país. Exigimos la presencia de la la Guardia Nacional y garantías de seguridad para nuestros hermanos y hermanas
Nuestra fuerza es el territorio: pronunciamiento de pueblos y comunidades del sur-sureste
San Cristóbal de Las Casas Chiapas, 13 y 14 de septiembre de 2025
Pueblos, comunidades, y organizaciones de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla nos reunimos para compartir nuestras luchas, dolores y para profundizar en las estrategias de defensa territorial de la región sur-sureste que fortalezcan acciones conjuntas frente a los mecanismos de despojo que provocan sufrimiento y muerte.
Este encuentro constituye para nuestras comunidades una fuente de esperanza y fortaleza frente a la imposición de megaproyectos. Por ello, decidimos compartir nuestra palabra los días 13 y 14 de septiembre de 2025 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, marcado por un contexto de violencia criminal y la conflictividad en la región, afirmamos lo siguiente:
1. Los Pueblos originarios y campesinos, que históricamente hemos protegido y cuidado el territorio, nos sostenemos en nuestras formas propias de organización política herencia ancestral de nuestras abuelas y abuelos para el cuidado de la vida y la Madre Tierra.
2. Existe una continuidad histórica del despojo de los territorios de nuestros pueblos, desde la colonización hasta la imposición actual de los polos de desarrollo implementados por los gobiernos en complicidad con empresas y crimen organizado.
3. Pese a las agresiones, la violencia y el despojo que hemos sufrido durante décadas, los grandes capitales, el crimen organizado y los gobiernos no han logrado doblegar a nuestros pueblos. Gracias a la organización comunitaria hemos detenido megaproyectos, desalojos y actos de violencia.
4. La defensa de nuestros territorios ha tenido costos muy altos: compañeras y compañeros comprometidos con la justicia social han sufrido asesinatos, desapariciones, amenazas y agresiones. La maquinaria de la represión sigue operando en los gobiernos sean del color que sean.
Hoy denunciamos que gobiernos, empresas y crimen organizado han conformado una triada de poder para imponer megaproyectos y despojar los territorios, operando con total impunidad en la región sur-sureste. Ejemplos de ello son:
En Oaxaca, los llamados polos de desarrollo y el proyecto interoceánico han traído criminalización contra personas defensoras, militarización y fortalecimiento del crimen organizado.
En Chiapas, los proyectos mineros pretenden abarcar más de 85 mil hectáreas del territorio Zoque, con graves afectaciones ambientales y sociales; además de la imposición de la carretera de “las culturas mayas” San Cristóbal – Palenque, se le suma el polo de desarrollo Frontera Sur que busca administrar la movilidad internacional de personas y el impulso de industrias estratégicas (turismo y energéticas), a través del terror para el despojo.
En Guerrero, la imposición de proyectos mineros y turísticos han roto el tejido social y acrecentando la violencia en contra de comunidades organizadas en defensa de la vida.
Además, la turistificación, la construcción de autopistas y nuevas infraestructuras solo han servido para profundizar el extractivismo y garantizar ganancias a las empresas, a costa de la división y el desplazamiento de nuestras comunidades.
El gobierno federal, a través de programas sociales y asistenciales, ha debilitado la organización comunitaria construida durante décadas, además ha tratado de cooptar a nuestras asambleas y líderes comunitarios. La 4ta transformación ha demostrado ser una continuidad para el saqueo de los territorios: no se cancelaron concesiones mineras ni megaproyectos extractivos; al contrario, se han profundizado para favorecer a los grandes capitales.
El modelo de “desarrollo” impuesto solo ha generado dependencia, erosión cultural e identitaria, desigualdad y devastación ambiental. Este modelo, además, está atravesado por el patriarcado y el colonialismo: reproduce violencias contra las mujeres, niños, niñas, y adolescentes, además refuerza desigualdades históricas.
Frente a ello, levantamos la voz con claridad:
Alto al despojo territorial en contra del compañero Miguel Sánchez Hernández en playa Salchi.
Alto a los polos de desarrollo del Itsmo oaxaqueño.
Alto al despojo en contra de compañeros de Loma San Jacinto, Oaxaca.
Exigimos justicia ante la desaparición de Sergio Rivera Hernández en la Sierra Negra de Puebla.
Exigimos justicia para Vicente Suástegui desaparecido el 05 de agosto de 2021 y Marco Antonio Suástegui, quien sufrió un ataque mortal el 18 de abril de 2025 y falleció 7 días después, líderes del Consejo de Eejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota que sembraron lucha y organización comunitaria.
Exigimos justicia para el jTatic Marcelo Pérez Pérez ejecutado el 20 de octubre de 2024.
Exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe de fondo por el Caso Acteal.
Exigimos Paz en nuestros territorios.
Decimos NO a la presa Margarita Maza de Juárez en los Valles Centrales de Oaxaca.
Decimos NO al megaproyecto de muerte de la Hidroeléctrica Coyolopa Azula, Sierra Negra de Puebla.
Decimos NO a los proyectos mineros en la Mixteca de Puebla y Oaxaca, así como en los Valles Centrales de Oaxaca, donde pretenden imponer la extracción de litio, tierras raras, plata y oro para beneficio empresarial.
Decimos NO a los monocultivos de palma y extracción minera en Chiapas.
Decimos NO al proyecto de fracking de la Ronda 2.2 en la región Zoque que nuevamente amenaza el territorio con su reactivación.
Decimos NO a la gentrificación.
Denunciamos la imposición de consultas simuladas para legitimar megaproyectos.
Ratificamos que los dos pilares que sostienen nuestra vida comunitaria, autonomía y resistencias son el territorio y la organización colectiva. Desde ellos seguiremos caminando, al lado de los pueblos, de donde tomamos dirección y fuerza.
¡Denunciamos, la imposición de megaproyectos de muerte y nos organizamos para defender la vida! ¡Todos los pueblos y comunidades tenemos el derecho a alzar la voz y no ser reprimidos! ¡juntos y juntas somos más fuertes!
Personas defensoras del territorio firmantes provenientes de municipios, comunidades, y organizaciones:
San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo Chiapas, San Francisco, Ejido Adolfo Ruiz Cortínez, Ejido Arroyo encanto municipio de Salto de Agua, Campamento 4 de agosto de Agua Clara, Tecpatán, Oaxaca de Juárez, La Cumbre Puebla, Zapotilán Salinas, Santiago Xanica, , Nahilte, Cerro de las Huertas, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, Tlapa de Comonfort, Colectivo de Defensores del territorio, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, OIDHO, Xinich, Parroquia San Antonio de Padua, EDUCA A.C., Movimiento en defensa de a vida y el territorio, Sinal, Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, del Itsmo de Tehuantepec, A.C., Gobierno Comunitario de Chilón, CODEDI, Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Condenamos el asesinato de la presidenta interina de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO) Carolina Plascencia Carvajal, quien fue asesinada en emboscada en la carretera Cuautla–El Hospital a la altura del crucero de Puxtla, cuando manejaba un vehículo color blanco, segun versiones periodísticas, sucedido el pasado viernes 12 de septiembre alrededor de las 15 horas.
Carolina Plascencia asumió el cargo de presidenta interina después que el presidente de ASURCO Antonio Domínguez Aragón dejara el cargo de manera abrupta luego de sufrir un ataque armado en su domicilio en el año de 2024. La ingeniero estaría contendiendo para las elecciones de ASURCO este próximo 28 de septiembre, donde ejidatarios señalan que existía molestia de Rogelio Plascencia al no quererlo incluir Carolina en su planilla.
Rogelio Plascencia fue presidente de ASURCO en el periodo que de manera ilegal se entregara a la CFE el agua para el uso de la termoeléctrica en Huexca mediante un convenio firmado en 2020, cuándo López Obrador ordenó el desalojo del plantón de Apatlaco con cientos de elementos de la Guardia Nacional en tiempos de contingencia del covid, despues de tener una reunión con Rogelio Plascencia, Manuel Bartlett y Cuauhtémoc Blanco.
Rogelio Plasencia fue señalado por Francisco Vazquez de haberlo amenazado de muerte, un día antes de su asesinato el viernes 11 de febrero de 2022, pues se hablaba que Francisco Vazquez quería destituir a Rogelio Plascencia por mal manejo de recursos en la administración de ASURCO, principalmente por los ingresos que implicó la entrega del agua ilegal a la CFE. Francisco Vazquez era presidente del Consejo de Vigilancia de ASURCO en tiempos de Rogelio.
Desde la llegada del Proyecto Integral Morelos al estado de Morelos el crimen organizado fue avanzando a la par en las zonas de conflicto y oposición al PIM en Ayala, Huexca y Amilcingo. Consolidandose en la zona un narcoestado que, en los hechos, ha servido como instrumento del terror que permite la imposición de la termoelectrica, el gasoducto y el acueducto.
En este contexto, el asesinato de Carolina Plascencia se observa es motivado por el control y la disputa del agua que administra ASURCO y cuyo principal beneficiario es la CFE , pues desde la llegada del PIM, han asesinado a dos dirigentes de ASURCO, agudizado la CFE la disputa y comercialización del agua de los ejidatarios dotada en los años veinte del siglo pasado a los ejidos, fruto de la revolución zapatista.
Disputa del agua para la termoelectrica por los ejidos que no se ha resuelto aún en los tribunales federales, pero que el Juez Sexto de Distrito ha sobreseido de manera indebida dos de los amparos desestimando todas las pruebas periciales en hidrología desahogadas, incluso del perito oficial, con el objetivo de negar la razón que tienen los ejidos de Ayala de reclamar su agua indebidamente otorgada por ASURCO y el Sistema de Agua Potable de Cuautla.
Exigimos se esclarezcan los motivos del asesinato de Carolina Plascencia y sean castigados los autores materiales e intelectuales de su asesinato, así como la desarticulacion de los grupos criminales que pretenden apoderarse del agua de los ejidos y del control territorial en Huexca, Amilcingo y otros lugares de la región.
JUSTICIA PARA SAMIR FLORES
JUSTICIA PARA FRANCISCO VAZQUEZ Y CAROLINA PLASCENCIA
DESMANTELAMIENTO DEL NARCOESTADO
CANCELACION DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
En México, miles de familias siguen buscando a sus hijas, hijos, hermanas, padres, madres, amistades. Buscar es resistir frente al silencio, frente a la impunidad, frente al Estado ausente en materia de justicia. La presencia de las familias en las plazas rompe la estrategia del olvido que pretende que los crímenes queden impunes. El colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz salió también a la jornada de lucha el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Imperante acompañar su dolor que también es nuestro. Porque la desaparición forzada es una herida abierta que atraviesa cuerpos, territorios y memorias.
Madres y sus miradas que no se resignan. Pasos que insisten en caminar, manos que levantan el rostro de quienes les arrebataron. Que nadie se acostumbre a esta violencia. Que nadie calle. Las desapariciones forzadas intentan arrancar no solo vidas, sino también memorias. Pero cada madre, padre, familiar en pie demuestra que la ausencia puede convertirse en presencia que incomoda, en grito que resuena, en verdad que se abre paso entre la indiferencia. Acompañar es mirar de frente, es hacer visible lo que el poder quiere ocultar. Las acciones de las familias son testigos, denuncias, semillas de memoria que no dejarán de crecer.
La desaparición forzada no es un accidente, ni un hecho aislado: es una práctica sistemática sostenida por la impunidad. En México, cada persona desaparecida es el retrato de un Estado que no busca porque al hacerlo se encontraría a sí mismo. Las familias lo dejaron claro: todas las desapariciones son forzadas. Porque no hay “ausencias voluntarias” cuando el miedo está sembrado, cuando las policías y autoridades forman parte de la maquinaria que permite desaparecer a sus propios ciudadanos.
Frente a la indolencia oficial, las familias siguen organizándose, gritando, creando memoria desde el arte y la dignidad. Que nadie diga que no sabía. Mientras falte una persona, la deuda de este país seguirá intacta. Y en las calles recordamos que la desaparición es crimen de Estado, y que la justicia no se mendiga: se exige y ejerce.
Pero también debemos señalar lo evidente: las desapariciones no son solo responsabilidad de un Estado corrupto o negligente, son parte de la arquitectura del capitalismo contemporáneo. Este sistema exige territorios vaciados para extraer sus riquezas; necesita comunidades quebradas para imponer sus megaproyectos; cuerpos descartables para mantener su lógica de acumulación. La desaparición forzada es una de sus expresiones más brutales: un mensaje de terror que dice quién puede vivir y quién puede ser borrado.
La necropolítica, ese poder de decidir sobre la vida y la muerte, no se ejerce en abstracto. Se encarna en policías que fabrican culpables, en militares en todo el mundo que patrullan con licencia para matar, en jueces que protegen al poderoso, en gobiernos que miden en estadísticas lo que las familias viven en carne propia. El capitalismo convierte la vida en mercancía y, cuando no le sirve, en desecho. Por eso las desapariciones forzadas se multiplican: porque son funcionales a un modelo económico y político que avanza sobre los pueblos a costa de su sangre y de su memoria.
Desde la perspectiva de la justicia social, este crimen constituye una práctica sistemática que busca sembrar miedo, desestructurar comunidades y fracturar el tejido para la avanzada del capital acompañado de su necropolítica. En México, hablar de más de 134 mil personas desaparecidas no es una estadística neutra: es la radiografía de un Estado incapaz —y muchas veces cómplice— de detener la violencia que lo atraviesa. La desaparición no se explica como un fenómeno aislado, sino como parte de una política de control que ha encontrado en la impunidad su terreno fértil.
Frente a ello, los colectivos de familiares han producido no solo resistencia política, sino también saberes, pedagogías de la memoria y formas de organización comunitaria que interpelan a toda la sociedad. En cada acción pública no solo se denuncia la inacción del gobierno, también se construye un archivo vivo de la verdad: performance, música, poesía, fotografía y palabra se convierten en herramientas de memoria que rebasan los marcos oficiales que apuntan hacia el olvido e impunidad.
La desaparición forzada nos exige comprender que no hay neutralidad posible: o estamos del lado de quienes buscan o reproducimos el silencio que perpetúa la violencia. Recordar, acompañar y denunciar es responsabilidad colectiva. Pero también lo es confrontar el sistema que sostiene esta maquinaria de muerte. Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común.
Y no es un problema sólo de México: es global. Lo que aquí llamamos desaparición forzada convive con otras formas de administración de la muerte que sostienen el mismo engranaje. En Palestina, la ocupación y la guerra permanentes buscan no solo asesinar, sino borrar pueblos enteros, su derecho a la tierra, su memoria y sus archivos; durante décadas, los bombardeos, los cercos y los desplazamientos han intentado convertir la vida palestina en residuo administrable. En Sudáfrica, las cicatrices del apartheid no se cerraron con la transición: la violencia policial, las expulsiones urbanas y el despojo extractivo siguen administrando quién puede vivir con dignidad y quién debe ser empujado a la muerte lenta de la pobreza estructural; la lógica del capital reescribió el mapa del racismo en clave de rentabilidad. En el Congo, Kurdistán, Yemen, Ucrania y tantos otros territorios, los conflictos geopolíticos y la economía de guerra hacen de poblaciones enteras materia prescindible, cuerpos cifrados como daños colaterales, comunidades enteras reducidas a estadísticas.
En este recorrido de necropolítica global también resuena la violencia política de la ultraderecha brasileña, cuyos afines al expresidente Jair Bolsonaro tomaron las calles recientemente, portando banderas estadounidenses y exigiendo impunidad ante el Tribunal Supremo, en un ejercicio de intimidación autoritaria que se basa en el odio, la deslegitimación de las instituciones y la promoción de la xenofobia como discurso político legitimado. Estas movilizaciones no son meros actos de protesta: son actos de guerra simbólica contra la democracia y la diversidad, piedra angular de una estrategia global de las extremas derechas para sabotear la vida pública y revestirla de terror. Su retórica, alimentada por noticias falsas y afinidades ideológicas con políticos como Donald Trump o Benjamín Netanyahu, invoca un ataque directo a la colectividad, profundiza divisiones sociales y refuerza la necropolítica que determina qué vidas merecen ser escuchadas —y cuáles están condenadas al silencio.
Las desapariciones en México y las masacres en Palestina, la represión en Sudáfrica y la guerra en otros territorios, son expresiones distintas de una misma maquinaria: un capitalismo global que gestiona la vida y la muerte según sus necesidades de acumulación, y Estados que articulan esa administración con leyes de excepción permanentes, con fuerzas de seguridad convertidas en ejércitos internos y con sistemas judiciales que archivan la verdad. La necropolítica no es un exceso: es método. La guerra no es una anomalía: es una forma de gobierno.
En este mismo mapa de violencia se inscribe la guerra contra las comunidades zapatistas en Chiapas. Desde hace años, los pueblos organizados en torno al EZLN enfrentan hostigamiento militar, paramilitar y gubernamental que busca despojarlos de sus territorios y quebrar su experiencia de autonomía. La desaparición, la represión y los ataques armados contra bases de apoyo zapatistas no son hechos aislados, sino parte de la misma maquinaria que opera en todo el país y el mundo: la alianza entre el capital y los Estados para controlar territorios, destruir comunidades y neutralizar cualquier alternativa que plantee la vida en común y la dignidad por encima del lucro. Lo que se vive en Chiapas no es tan diferente de lo que ocurre en otros territorios en guerra: son expresiones localizadas de una misma necropolítica global que administra el miedo y la muerte para sostener la acumulación y el despojo.
Por eso, la lucha de las madres buscadoras en Veracruz está profundamente ligada a la resistencia de las madres palestinas que levantan fotografías bajo los escombros, a las familias sudafricanas que exigen justicia frente a la represión estatal, a las comunidades del Sur Global que se organizan contra el extractivismo y el desplazamiento forzado. Cuando una madre pone el nombre de su hijo en una cartulina y otra enarbola la foto de su hija en un campamento de refugiados, están escribiendo una misma gramática de dignidad: la que convierte el duelo en denuncia, la memoria en herramienta, la calle en archivo vivo.
Que nadie diga que esto sucede lejos. Que nadie crea que puede mirar hacia otro lado. La desaparición forzada, el genocidio, las guerras del capital, forman parte de un mismo mapa de violencias que nos atraviesa. Resistir, entonces, no es solo buscar en México: es tejer alianzas, construir memoria internacionalista, unir saberes y prácticas de cuidado, reconocer en el otro la continuidad de nuestra propia lucha.
En este horizonte, acompañar no es un gesto caritativo: es una práctica política que interpela al Estado y al capital. Implica exigir verdad y justicia, sí, pero también desmontar los dispositivos que hacen posible la desaparición: la militarización de la vida cotidiana, la privatización de los territorios, la criminalización de la protesta, el racismo y el clasismo que habilitan la deshumanización. Implica defender la vida como principio organizador de la sociedad y del derecho.
Porque la memoria no es pasado: es presente que convoca. Cada brigada de búsqueda, ofrenda improvisada, mural, cada pañuelo levantado, es una pedagogía popular que enseña a nombrar lo innombrable y a trazar mapas de esperanza en medio del terror.
Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común. Solo desde ahí, desde el reconocimiento de esta raíz estructural, podrá abrirse el horizonte de una justicia verdadera: aquella que no solo encuentre a los desaparecidos, sino que impida que las desapariciones sigan siendo la política no escrita de los poderosos.
Fuente: Avispa Midia Por Aldo Santiago Fotos por Elizabeth Díaz/Sueña Dignidad
El pasado 5 de septiembre se cumplió un año de los hechos de violencia y represión policial contra más de 40 personas – entre ellas defensores del territorio, periodistas y estudiantes– ocurridos en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, en el contexto de movilizaciones pacíficas que exigían la cancelación de una carpeta de investigación contra Hortensia Telésforo, defensora de la Casa de los Pueblos de Atlapulco, al sur de la Ciudad de México.
Aquel día, en lugar de diálogo, la protesta enfrentó la violenta irrupción de miembros de grupos de choque, quienes armados con palos agredieron y detuvieron de manera arbitraria a cinco personas, todo mientras elementos policiales presentes se abstuvieron de defender a los manifestantes. Las y los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público de Tlalpan, donde más tarde, las protestas por su liberación fueron respondidas por los elementos policiacos con actos de represión que incluyeron robo, tortura, violencia sexual y psicológica.
A un año de la jornada de violencia institucional, conocida ya como el “halconazo morenista” – por la similitud en que funcionarios utilizaron grupos de choque para reprimir la protesta social, tal como sucedió durante la década de los 70s con grupos paramilitares denominados como ‘halcones’- las víctimas denuncian que no hay justicia ni reparación: mientras funcionarios y policías responsables siguen impunes, persisten las carpetas judiciales abiertas contra quienes fueron criminalizados. Peor aún, lejos de cesar, la persecución y amenazas se mantienen como mensaje de advertencia contra activistas y defensores del territorio en la Ciudad de México (CDMX).
