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(Español) MÉXICO | Puente comercial del mundo arrasará con los pueblos y la biodiversidad

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Texto y fotos: Santiago Navarro F

Roque Antonio Santiago es un indígena zapoteco que tiene más de 80 años de edad y vive en la comunidad de San Pedro Comitancillo, al sur de México. Escarbando entre sus recuerdos rememora muy bien el año 1958. En aquella época, él era estudiante de la Escuela Normal Rural que había en su localidad, donde se formó como profesor. Estas escuelas, creadas entre los años 1934-1940 por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, eran una de las pocas opciones para los indígenas y campesinos que querían estudiar un nivel superior. “Fue lo más importante para nuestra comunidad”, cuenta Roque con cierta nostalgia, al ver que el gobierno ha cerrado la mayoría de estas instituciones, incluyendo la de su zona.

Además de esa escuela, otro recuerdo de este campesino es el tren, “porque fue un medio de transporte para los estudiantes y para los habitantes de las comunidades que transportaban su totopo (tortilla de maíz crujiente)”, dice Roque.

Este ferrocarril que conectaba el océano Pacífico con el Atlántico tuvo su apogeo entre 1899 y 1915, hasta que se vino en picada con la construcción del canal de Panamá. En su punto más álgido “llegó a cruzar alrededor de 60 trenes diariamente”, dice Jaime Torres Fragoso, investigador de la Universidad del Istmo. Por esta ruta, añade, pasaban las tropas y pertrechos militares de los Estados Unidos. También el azúcar y el petróleo que tenían como destino la costa Este estadounidense.

Sesenta y tres años después de donde se desprenden los pedazos de recuerdos de Roque, las vías del tren están siendo habilitadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es convertir a esta región en el puente comercial del mundo, a través de la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

Una de las cuatro Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), elaborada por la empresa paraestatal FIT, indica que el ferrocarril absorberá parte de los contenedores que cruzan por el canal de Panamá, los cuales, “sumado a los 10 días que deben esperar para que llegue su turno para pasar, tardan aproximadamente nueve horas en atravesar el canal. En cambio, en el FIT realizarán su recorrido en menos de cuatro horas”, es decir, menos de la mitad del tiempo requerido en Panamá.

Por otra parte, en 2018, el Estudio de Demanda de Carga para la Zona de Influencia de las vías del sureste, desarrollado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), identificó que en esta franja de tierra de un poco más de 200 km que separan al Golfo de México con el océano Pacífico, “existe una demanda potencial de 5 millones 600 mil toneladas anuales que ya se mueven por la carretera transístmica” y, también, “pueden ser captadas por la Línea Z”, como se le denomina a la vía del FIT.

Dicha modernización no cabe en la imaginación del indígena Roque. Él no sabe que forma parte de un proyecto más amplio de reordenamiento de todo el Istmo, llamado Corredor Multimodal Interoceánico (CMI). “La modernización del FIT será la primera acción a ser desarrollada dentro de un marco estratégico y actuará como elemento catalizador del resto de proyectos de modernización y desarrollo del CMI. En este esquema, se contempla que el FIT, a partir de 2023, comience a transportar las mercancías que llegan a tierra firme (en los puertos) después de haber sido movilizadas por cualquiera de ambos océanos”, según la MIA.

Un ferrocarril que impactará muchas vidas

Los principales pueblos originarios afectados son 12: los zapotecos o binniza; mixe o ayuuk; náhuatl; popoluca; huave o ikjots; chontal o lajl pima; chinanteco o tsa ju jni; mixteco o ñusavi; zoque chimas o angpon; mazateco o shuta enima; tzotzil y barreños.

Estos pueblos se encuentran distribuidos en los 79 municipios que recorrerá el ferrocarril. Y se considera que los impactos que tendrán serán severos, porque se convertirán en ciudades industriales. Además, sumada a la reactivación del FIT, se contempla más “infraestructura, carreteras, gasoductos, ampliación y modernización de aeropuertos, fibra óptica”, pero, sobre todo, “se irán desarrollando polos urbanos”, indica Rafael Marín Mollinedo, director del organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

La investigadora Ana Esther Ceceña, del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, resalta que desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se propuso que, esta región, con el programa llamado Plan Puebla Panamá (PPP), se reconfiguraría con infraestructura vial, comunicaciones, puertos y polos industriales y con el sector manofacturero, conocido coloquialmente como maquilador. “El Istmo sería un corredor maquilador e industrial que competiría con China, ofreciendo bajos salarios, incluso más bajos que el país asiático. Será una región donde los indígenas dejarán de cultivar sus tierras ancestrales para convertirse en obreros”, asevera Ceceña.

Las vías del ferrocarril cruzan entre los estados de Oaxaca y Veracruz, una zona altamente productiva, en la que destaca el sistema ancestral de cultivo conocido como milpa, en el que siembran maíz, frijol y calabaza. También, predomina el café, arroz, caña de azúcar, piña, plátano, cacao, mango, tamarindo, naranja, papaya y limón.

Además, en la parte central del Istmo existe una alta biodiversidad, pues ahí confluyen la Sierra Madre de Oaxaca, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Atravesada.

De acuerdo con el informe El Istmo de Tehuantepec en Riesgo, presentado el pasado mes de marzo por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, en la Sierra Atravesada resalta la selva de los Chimalapas, “definida como prioritaria por su gran extensión (594 mil hectáreas) y por presentar una de las masas forestales más extensas de América, con un elevado índice de especies endémicas”, es decir, únicas de este lugar, como las más de 20 especies de cícadas (de los géneros de Dioon y Ceratozamia), identificadas por la investigadora Silvia Salas Morales. Estas cícadas son plantas cuyas hojas semejan las frondas de las palmas, dispuestas en roseta. También resaltan más de seis orquídeas, como la Mexipedium.

La Selva Zoque, que incluye la Sierra Atravesada en Oaxaca hasta la Sierra Madre de Chiapas, es la segunda región de mayor conservación de selvas y bosques en el norte de Mesoamérica. “Tan sólo entre las especies de reptiles que se han encontrado en esta zona, el 23% son endémicas”, según el estudio llamado Mamíferos de la Selva Zoque, México: riqueza, uso y conservación, presentado en 2012 por la Revista de Biología Tropical.

No obstante, sostiene la bióloga Patricia Mora, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), “mientras avanza la remodelación de esta ruta comercial, también viene fracturando el tejido comunitario y la biodiversidad”.

La bióloga Mora sostiene que “los primeros impactos hacia el medio ambiente y el tejido comunal comenzó con la implementación de más de 28 parques para la generación de energía eólica en la región”, refiriéndose a más de cinco mil aerogeneradores que se han desplegado, desde el año 2000, en diversas partes de la región del Istmo.

 Campesino acorralado por los aerogeneradores. Foto por Santiago Navarro F
 Además de los parques eólicos, se han edificado líneas de alta tensión por doquier y una red de carreteras para el flujo de mercancías, lo cual “ha afectado el sistema milpa de las comunidades y su soberanía alimentaria”, advierte la bióloga Mora. Estos proyectos han sido la primera fase de esta reorganización en el Istmo que, con el tren interoceánico, vienen cambiando de forma acelerada la cotidianidad de los pueblos indígenas de la región.

El ferrocarril cruza por 80 municipios, entre Oaxaca y Veracruz. Foto: Santiago Navarro F

 Un tren cada 17 minutos

En agosto de 2019, en la ciudad de Oaxaca se realizó el evento “Hacia un Sur-Sureste del futuro: una nueva etapa de desarrollo de industrialización socialmente incluyente”, en el que participó el actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Durante esa actividad, Rafael Marín, director del CIIT sostuvo que las proyecciones para el FIT son “movilizar anualmente 31,111 trenes de 45 vagones al año; 85 trenes diarios; uno cada 17 minutos. Y esta demanda estará muy por encima de los 60 trenes que corrían diariamente en la década de 1907”.

Actualmente, esta red ferroviaria cuenta solo con una vía y, con la remodelación, “se pretende convertirla en doble, lo que demandará un área mayor de la destinada para ello”, siendo uno de los principales objetivos “que el tren alcance velocidades de 160 km/h”, asevera el documento El Istmo de Tehuantepec en Riesgo.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó, entre junio de 2019 y mayo de 2020, la MIA de cuatro obras fragmentadas, referentes a la rehabilitación de vía férrea por tramos y de trazo de la vía del tren, pero en ninguna contempla la contaminación acústica, uno de los principales impactos que provocará la circulación del ferrocarril que cruzará cada 17 minutos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios (dB). En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir de los 120 db. El límite establecido para el ferrocarril en la Unión Europea es de 70 decibelios. Contrario a esto, la normatividad mexicana, permite hasta 96 decibelios en el dispositivo de aviso audible (silbato) de cada locomotora y el mismo límite en las cabinas, pero no contempla el ruido que genera el cruce del ferrocarril por poblaciones indígenas.

 

Un megaproyecto que correrá a gran velocidad

La información solicitada a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincide con las MIA asegurando que, el FIT, “será hasta 50% más rápido que la opción que ofrece el canal de Panamá para cruzar ambos océanos”. Para lograrlo se corregirá la curvatura y pendiente en 202.97 km, la longitud de la Línea Z (como se le conoce a esta vía férrea).

En la MIA del FIT se justifica la remodelación porque revivirá la vieja ruta comercial que había dejado de funcionar tras un fuerte deterioro provocado por los conflictos sociales y económicos en el contexto de la revolución mexicana en 1910. Esto “permitirá aumentar su velocidad y absorber el flujo de carga que actualmente se mueve por medio de camiones, así como la producción que se generará en los nuevos complejos industriales”, reza el documento del FIT.

Otro dato relevante es que anualmente, entre ambos puertos, se prevé circularán al menos 1 millón 400 mil contenedores normalizados de 20 pies (6.1 metros cada uno); una caja metálica de tamaño estandarizado en la que se trasportan las mercancías o carga en general. Estas cajas mejor conocidas como TEU (Unidad Equivalente a Veinte Pies, en español), pueden ser transferidas fácilmente entre las embarcaciones o buques, hacia los trenes o camiones.

Sin embargo, el flujo de carga del ferrocarril podría ser mucho más elevado de lo que se ha proyectado. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación requirió realizar un nuevo análisis de este aspecto, contemplando “los escenarios de la reconfiguración de la región del Istmo de Tehuantepec con la creación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (parques industriales) y el conjunto de proyectos contemplados dentro del Corredor Interoceánico”, asevera la Auditoría de Desempeño de 2019.

Roque, al igual que sus paisanos, piensa que el tren será parecido al de sus recuerdos. Pero, comparado con el tren de esa época, no va a trasladar gente con sus totopos y artesanías. El FIT será una bestia que diariamente transportará miles de toneladas de cargamento las 24 horas del día.

Recuerdos de Roque Antonio Santiago

De acuerdo con la información solicitada sobre la capacidad y número de vagones que circularán por el ferrocarril, Carolina Medina Laguna, Titular de la Unidad Administrativa del FIT, se limitó a indicar vía correo electrónico: “el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. no cuenta con equipo rodante”, es decir, esta empresa, de participación estatal mayoritaria, solo es dueña de la vía, pero no de los ferrocarriles que trasladarán a las personas y las mercancías.

Lo que sí comentó Medina es que las unidades que actualmente transitan por una fracción de las líneas del FIT “son propiedad de otros concesionarios y/o usuarios”. Esto ya lo había sostenido el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador al anunciar que los gobiernos que le antecedieron privatizaron el sector ferroviario y que, es parte de “los saldos de la política neoliberal”.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, desde el año 1998, al menos 22,130 kilómetros de vía férreas, 84% de la red mexicana, estaban concesionadas al sector privado, una suerte que también correrá el FIT.

Tramo remodelado de vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Foto: Santiago Navarro F.

Para la investigadora Ceceña, “el Istmo de Tehuantepec se convertirá en un permanente corredor de flujo de contenedores, que marcará una especie de cinturón de traslado de mercancías, el cual cortará al país en dos, con fuertes afectaciones, sobre todo, en los pueblos originarios que lo habitan”, además, advierte la académica, “esta reconfiguración del Istmo también es una amenaza a la flora y la fauna con la cual conviven los pueblos”.

El informe El Istmo de Tehuantepec en Riesgo, donde participó Ceceña, con nueve investigadores más, también alerta que “el Tren Transístmico y los polos de desarrollo que le acompañan, marcadamente bajo la figura de parques industriales, también se convertirán en un muro de las diásporas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Son una amenaza de arrasamiento cultural, ambiental y físico del hábitat y del modo de vida de sus pobladores, que conducirá a un proceso de extinción que se resisten a admitir”.

A Perseida Tenorio, indígena zapoteca, de Asunción Ixtaltepec, le llena de incertidumbre la reconfiguración que se está dando en esta región y que se perfila como una próxima gran urbanidad industrial. “En mi pueblo quieren instalar un parque metalúrgico, y eso, sabemos la cantidad de agua que van a ocupar. Nos van a dejar sin agua y me preocupan nuestros alimentos. ¿Qué tipo de vida vamos a tener en nuestras comunidades? Hay quienes ya estamos pensando en migrar a otro lugar”, agrega.

El escenario en la vida de los pueblos originarios será de grandes dimensiones porque, “cambiará su dinámica cotidiana al estar insertados a un nuevo contexto, al ritmo que exige una ciudad industrial. Van a tener que lidiar con la polución, con los desechos, con la movilidad de los camiones y el flujo de mercancías. Va a cambiar todo. Va a cambiar la vida de los pueblos y también la biodiversidad”, agrega la bióloga Mora.

Lo que nuestros abuelos no ven, afirma Perseida, es que “estos proyectos nos vienen quitando todo: el aire, el agua, la tierra, la alimentación, la lengua. Vienen fracturando todo”, y alerta, “si no hacemos nada ahora, va a ser eso, van a ser historias de qué era el Istmo, porque no quedará nada, ni de la cultura, ni las tradiciones. Vamos a desaparecer como pueblos originarios. Seremos como esas ciudades industriales donde nadie se conoce ni nadie se habla. Llenas de cárteles de la droga, con la juventud despedazada por la drogadicción, van a denigrar nuestra vida y nuestro territorio, se acabará la diversidad natural y cultural del Istmo”.

En algunas comunidades del Istmo resguardan vestigios milenarios, como la comunidad de Ixtaltepéc, ahí se ubica, en la zona conocida como Cerro Blanco, un sitio ceremonial con pinturas rupestres de más de dos mil años. “Se pensaba que ahí se originaba la vida, por eso se hacen ofrendas. Si no luchamos ahora, nuestra memoria y nuestra historia podría desaparecer. Si eso pasa, también vamos a desaparecer como pueblos originarios”, coincide la indígena zapoteca Victoria Guzmán.

Lo más preocupante es el flujo de capitales que se atraerá con los parques industriales, porque el Istmo es una posición geopolítica muy importante para el mercado mundial, además, porque “en el siglo XX el mercado fluyó por el Atlántico y a finales de este siglo se ha trasladado hacia el Pacífico. Por ello el Istmo es una región en disputa, principalmente, entre Estados Unidos y China”, destaca Ceceña.

La investigadora Ceceña asegura que Estados Unidos sigue siendo un país con mucho poder y está en constante competencia con China. De tal modo que la disputa se trasladará a la región geoestratégica del Istmo de Tehuantepec. Un objetivo es la mano de obra barata que ofrece la región, pero también la migración centroamericana que nutrirá los parques industriales. “El Istmo también fungirá como un muro de contención de la migración y absorberá la mano de obra para estos parques industriales”, afirma la investigadora.

Esta región es de vital importancia para los Estados Unidos, ya que por esta ruta cruzan las mercancías y materias primas que tienen como destino la costa Este. “Es ahí donde se genera el 40% de su riqueza económica (de EEUU). Pero esta costa tiene un problema, ya no está bien ubicada geográficamente. Le había servido el canal de Panamá para hacer el traslado de mercancías, petróleo y pertrechos militares. Pero esta vía está cada vez más saturada y no tiene capacidad para mover el actual volumen mundial de mercancías”, explica la académica Ceceña.

El 80% del comercio mundial se mueve por el mar, entonces, “el Istmo de Tehuantepec es esa pieza clave para resolver el problema en el sentido de la competencia entre el flujo de mercancías”, asevera Ceceña.

 

Indígena Zapoteca comiendo su almuerzo sobre las vías del tren interoceánico. Foto: Santiago Navarro F.

Antecedentes de la reconfiguración del territorio

El viejo sueño de conectar al Golfo de México con el océano Pacífico data del año 1800 con el Tratado de McLane-Ocampo, “donde la parte mexicana cedía a perpetuidad, y con toda libertad, los derechos a Estados Unidos para transportar bienes, tropas, pertrechos militares y gente”, aunque nunca fue ratificado, sí definió “la geopolítica estadunidense en la parte de Las Américas que va de Panamá hasta Canadá”, puntualiza la MIA del FIT.

Desde 1800 ha habido diversos intentos por crear las condiciones para lo que sería el puente comercial más importante del mundo. Uno de ellos ocurrió en un contexto que se presentó con aires de cambio en México, en el año 2001, durante el gobierno de Vicente Fox. Él impulsó el “Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec”, con el llamado “Plan Puebla Panamá (PPP)”, un acuerdo signado por nueve entidades federativas del sur de México y los gobiernos de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

El viejo plan de reorganizar el sur de México y el resto de Centroamérica también viene acompañado de programas de seguridad, como la llamada Iniciativa Mérida que, con el objetivo de contrarrestar el tráfico de drogas y armas, Estados Unidos financió un paquete de “ayuda militar” para México y Centroamérica. Tan solo para México, desde 2008 hasta 2021, “el gobierno estadounidense ha asignado más de 3,300 millones de dólares”, según el Departamento de Estado.

Para América Central, se implementó la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés), iniciada en 2008 y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), iniciada en 2009.

Desde 2015, el Departamento de Estado de los EEUU ha registrado que han destinado 58.5 millones de dólares para control de inmigración y seguridad fronteriza de México. “Los fondos han permitido la provisión de equipos de inspección no intrusivos, quioscos móviles, equipos caninos y vehículos, así como la capacitación de más de mil funcionarios”, según el Congreso estadounidense.

“Primero empezaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), porque desde ese momento se piensa este territorio como único y articulado. Desde Centroamérica hasta el Norte del continente, los Estados Unidos asumen como un solo territorio donde protegen principalmente las inversiones de capital”, agrega la investigadora Ceceña.

Posterior a la firma del NAFTA, el PPP se presentó con la urgencia de atender temas de población en condiciones de pobreza y el medioambiente, las estrategias se enfocaron a la mejora de la infraestructura física, sin que se previera abiertamente la articulación (de los megaproyectos) “ni se introdujera el concepto de la interconexión y el transporte”, sostiene el Grupo Funcional Desarrollo Económico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Hoy, la interconexión y la reorganización de todo este territorio se anuncia abiertamente y sin tapujos. Se comienza a perfilar como un objetivo nodal, desde la perspectiva de crear nuevos espacios para el capital, tal y como lo afirma el Comunicado no. 14 del CIIT. Esta integración del Sur-Sureste de México también se pretende expandir con “Centroamérica y la vinculará con las corrientes mundiales de producción y comercio”. Para ello se tiene contemplado ampliar la red de gasoductos, oleoductos, carreteras y complejos industriales que absorberán la mano de obra barata que ofrece la región la migración, demás, más proyectos de seguridad regional.

Mientras tanto, esta “reconfiguración de todo el Sur-Sureste de México” avanza con la reorganización de los territorios indígenas que, entre otros objetivos, ha comenzado “mediante la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, incluyendo la terminal de Contenedores en el Recinto Portuario Pajaritos y el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en Minatitlán, Veracruz, e Ixtepec, Oaxaca”, según la información solicitada a la ASF.

 
 Líneas de transmisión de energía eólica generada en el Istmo de Tehuantepec. Foto: Santiago Navarro F

 Sin consultas previas

Jorge Aragón, campesino oriundo de San Pedro Comitancillo, indica que las comunidades que habitan a orillas de la ruta del tren poco saben de qué va este megaproyecto, este sistema de transporte que pretende mover mercancías y materias primas provenientes principalmente de Asia, conectando con la Costa Este de Estados Unidos.

Aragón dice: “quienes se han acercado a nosotros para informarnos son puros mensajeros, como las constructoras, pero nada oficial. Una de ellas es COMSA Corporación (de capital español) y la otra, Grupo Diamante (Fideicomiso Grupo Diamante, de capital mexicano). Sus representantes nos han dicho que les urge terminar su compromiso con el tren, pero no conocemos la dimensión de este proyecto”, cuenta Aragón. Mientras, las autoridades locales de su comunidad iniciaron desde julio pasado, un bloqueo de las vías férreas que cruzan por su territorio. Exigen información y una serie de proyectos para su comunidad. El gobierno se ha limitado a prometerles obras públicas.

“Se habla y se dice que habrá dos tipos de trenes, uno de mucha velocidad y de carga; otro de pasajeros. Tal vez daría vida al pueblo, pero no sabemos propiamente el resultado que va a dar. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? No la sabemos. Pero Comitancillo, pues sí, necesita de este medio de transporte acá, porque solo tenemos una carretera”, comparte un poco confundido el indígena Roque, quien se queda sin palabras cuando se le pregunta si sabe de la contaminación auditiva que generará el flujo del ferrocarril cada 17 minutos, por 24 horas, los siete días de la semana.

Ante el desconocimiento de los detalles del megaproyecto por parte de las comunidades que atravesará el ferrocarril, se le preguntó al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, si consideraba que los pueblos indígenas tenían la suficiente información para emitir su desacuerdo o aprobación sobre estos proyectos que ya van avanzando y respondió: “El papel que juega el INPI es de carácter técnico. Nosotros apoyamos a las instituciones en cuanto a la realización de los procesos de consulta, relacionados con el tema del procedimiento. Quien tiene el deber de proporcionar toda la información necesaria para conocer los proyectos, es la autoridad responsable de ejecutarlos, que entendemos es el CIIT”.

El INPI ha anunciado más de una vez que se han realizado las consultas correspondientes en los pueblos originarios que ya están siendo afectadas por la polarización de las comunidades y los conflictos que han escalado a confrontaciones. Aunque, Montes, se contradice al asegurar que no se ha compartido toda la información necesaria, ya que parte de ella “aún se encuentra en construcción”.

Fragmento de entrevista al titular del INPI, Adelfo Regino.
En marzo de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el INPI, emitió la convocatoria para realizar Asambleas Regionales Consultivas con respecto de la creación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024. No obstante, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, “el CIIT, como entidad coordinadora del programa regional, no proporcionó evidencia documental que acreditara las actividades realizadas en 2019, para dar cumplimiento a los procedimientos, etapas y acuerdos previstos en las Asambleas Regionales; ni las convocatorias de las reuniones de seguimiento de los acuerdos; ni los resultados de la consulta realizada”.

El indígena Roque, al igual que las demás personas entrevistadas, asegura que no hay información clara de lo que implica toda esta reorganización de sus territorios, lo único que les han compartido los funcionarios de gobierno es “que van a traer desarrollo, van a generar empleo. Pero no hay documentos o una información amplia de estos proyectos”, reflexiona.

Para este reportaje se solicitó al CIIT el “Plan Maestro y Plan Estratégico del Corredor Interoceánico”, petición a la que respondieron indicando que se trata de “una información reservada”. Esta es la misma respuesta que le han dado a los diversos pueblos que la han requerido.

 

 Los supuestos beneficios del CMI

El Plan de Desarrollo para esta región busca atender a los municipios más pobres, los mismos que serán impactados por los proyectos. No obstante, la ASF documentó que “no se estableció la identificación de las problemáticas específicas que se buscan resolver en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec”. Por ello, emitió una recomendación, pues “es primordial que el CIIT establezca los mecanismos de coordinación suficientes con la instancia responsable, a fin de concretar dicha acción y que se disponga de un diagnóstico completo de las problemáticas que afectan a cada uno de los 79 municipios”.

A pesar del desconocimiento de las necesidades específicas de cada municipio, para contribuir a su supuesto desarrollo, de acuerdo con la Agenda Estratégica del Sur-Sureste, se busca construir al menos, “10 polos de desarrollo (parques industriales) a lo largo de la región”, los cuales aprovecharán la cercanía del FIT, y el Estado brindará los servicios necesarios, así como la reducción de impuestos y otros incentivos a las empresas que quieran invertir en ellos.

Discurso de Andrés Manuel López Obrador.

 

En la parte de Oaxaca, los terrenos para los parques industriales “ya están en el proceso de adquisición”, señaló el director del CIIT y, asegura que, una vez cumplidos todos los requisitos, “saldrán a licitarlos para que los desarrolladores se queden con ellos y atraigan empresas al país. Un atractivo serán los incentivos fiscales que ofrecerán durante un tiempo determinado a los participantes”, destacó Rafael Marín Mollinedo.

Estos polos de desarrollo, según El Programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se ubicarán en los municipios de Coatzacoalcos, Sayula de Alemán, Minatitlán y Acayucan en el estado de Veracruz; en Matías Romero, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Asunción Ixtaltepec, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz, en Oaxaca. En total, abarcarían un área de más de nueve mil kilómetros cuadrados para actividades industriales, ocho veces más grande que la ciudad de Juchitán, una de las principales zonas urbanas de la región.

Por su parte, el titular del INPI sostuvo que previo a determinar dónde se edificarán los polos de desarrollo fue necesario “un proceso de consulta, porque se tiene que escuchar la voz de los pueblos, de las comunidades indígenas, en cumplimiento a lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de otros instrumentos jurídicos internacionales”. El funcionario argumenta que solo falta una comunidad por consultar.

El indígena David Hernández Salazar, autoridad de la comunidad de Puente Madera, de San Blas Atempa, se muestra escéptico sobre estas consultas y sobre los impactos de estos parques en su territorio y asegura: “no hay información real en qué consisten los parques industriales que pretenden instalar en nuestras tierras de uso común, por eso, nosotros como comunidad de San Blas Atempa nos mantenemos en resistencia”. Hernández, junto con su comunidad, han realizado diversos bloqueos carreteros y otras acciones directas como protestas que iniciaron en 2020.

Hernández agrega que constató que el Estado mexicano está sobornando a los comuneros para que aprueben los parques industriales y hasta están falsificando las firmas. “Hubo una supuesta asamblea en la que supuestamente 900 comuneros, de un total de 1,390, aprobaron el parque industrial (en San Blas Atempa). Revisé la lista de asistencia y resulta que tan solo de Puente Madera falsificaron 52 firmas de comuneros. Entonces vemos que estos proyectos se quieren imponer a la fuerza y de forma ilegal”, enfatiza el indígena zapoteco.

Hernández, como autoridad comunal, sostiene: “nosotros como comuneros de la comunidad de Puente Madera, asistimos a esa reunión de comuneros (con otras comunidades de la región) donde se aprobó el parque industrial. Al llegar nos encontramos que había pocos comuneros y la mayoría eran personas pagadas, que, además, son funcionarios del municipio”. Actualmente, a Hernández, junto a otros indígenas, se les ha ordenado su detención por haberse manifestado en la autopista principal de esta región y, por mostrar su inconformidad con el avance de estos proyectos.

David Hernández Salazar-San Blas Atempa.

 

Perseida Tenorio, de Asunción Ixtaltepec, otra comunidad que se supone ya fue consultada para otro parque industrial, asevera que no participaron todos los habitantes de su comunidad. A Perseida le preocupan las mujeres, “porque somos nosotras las que trabajamos en el Istmo, somos los pilares económicos, culturales, comunitarios y emocionales. Lamentablemente, hay pocas mujeres en el Istmo que tienen la oportunidad de estudiar un nivel medio superior”. Por eso, se pregunta, “¿Qué mano de obra va a estar trabajando en estos parques industriales? ¿Va a ser la mano de obra menos calificada, con jornadas laborales largas y mal pagadas?”.

En cuanto a los jóvenes, una incertidumbre los ha invadido. Su voz tiene mínima validez en las asambleas, por no ser comuneros o comuneras, es decir posesionarias de la tierra comunal o colectiva. En esos espacios de decisión, son las personas mayores quienes están tomando la última palabra, pero, con una mala o nula información y, con los viejos recuerdos del tren, medio siglo atrás.

 
 Campesino Zapoteca en el Cerro de la Garza. Foto: Santiago Navarro F.

Una selva a la mitad

A orilla de los nuevos rieles del tren existe una gran diversidad de árboles nativos, hay ciénegas y riachuelos, y a simple vista se pueden apreciar distintas especies de aves y reptiles que gozan del clima tropical imperante en la región.

Sin embargo, los habitantes de las comunidades aledañas a las vías del ferrocarril están preocupados porque atravesará por una de las seis zonas de alta importancia para su conservación en el estado de Oaxaca, la cintura de la Selva Zoque. Esta selva tiene una superficie de un millón 139 hectáreas, que comprende las comunidades de los Chimalapas en Oaxaca; El Ocote en Chiapas y Uxpanapa en Veracruz.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la selva Zoque “es la segunda superficie más grande de selvas y bosques conservados en Mesoamérica, después de la Selva Maya”, además “presenta altos índices de diversidad biológica y un importante número de endemismos, resultado de factores como el relieve, el clima, el tipo del suelo la geología, aspectos evolutivos y condiciones micro-climáticas excepcionales”.

Desafortunadamente, el corte con la vía férrea también afectará la diversidad biológica de la región y la situación no se resuelve “con caminos (que aún no han sido construidos) para el cruce de la fauna, ya que estos, además de alterar las rutas de los animales, podrían generar confrontaciones entre especies”, sostiene el documento El Istmo de Tehuantepec en Riesgo.

Este informe asevera que, “un tren de alta velocidad provoca varios efectos que alteran el dinamismo ambiental. La vibración y el ruido ocasionan cambios en las rutas y comportamiento de las especies, que reaccionan, alejándose del lugar o sintiéndose atraídas a este. Cuando priva lo último, corren el riesgo de ser atropelladas por el tren”.

Para la bióloga Mora, uno de los principales riesgos con la reconfiguración del Istmo en su conjunto es que agudizará los cambios climáticos de la zona y esto provocará el desplazamiento de las especies, lo cual cambiará el entorno, porque esta selva es un reservorio único que concentra una gran diversidad de vida. En la Selva de los Chimalapas se ha identificado que una sola hectárea de vegetación virgen alberga hasta 900 especies vegetales y más de 200 especies animales, añade Mora.

La investigadora Silvia Salas Morales, de la Sociedad para Estudios de los Recursos Bióticos de Oaxaca, ha registrado siete especies de cícadas (plantas) en los Chimalapas, especies que se diversificaron en el Jurásico (hace 210 a 140 millones de años). Estas especies solo han sido identificadas en Sudáfrica, Australia y México.

Tras una modificación de los ecosistemas, “comenzará un proceso de desertificación, que hará vulnerable a la selva Zoque y en, especial, a los Chimalapas. De tal forma que también se verán afectadas las zonas marinas a donde llegarán las embarcaciones con los miles de contenedores que cruzarán diariamente. Estos escenarios agudizarán los impactos del cambio climático”, advierte la bióloga Mora.

Mora agrega que, en el pasado, “ya hubo registro de mucho daño con las escolleras y dragados en el puerto de Salina Cruz y, en el puerto de Coatzacoalcos, hace tiempo que se viene impactando fuertemente a lo que resta de flora y fauna en las costas. Los daños serán de una magnitud inimaginable y esto no lo contemplan en los estudios de impacto ambiental”.

Ceceña alerta que el riesgo ambiental es de gran dimensión, “porque lo que queda de selva en México es muy mínimo”, de facto, una extensión de cerca del 9.2% de selvas en el territorio mexicano se ha reducido a 4.7% (91, 566 km²), según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

De una superficie de 594 mil hectáreas que conforman los Chimalapas, el 78.3% se mantiene bien conservada, con 48% cubierta por la selva alta perennifolia y, seguida por la selva mediana subperennifolia, con 14.4% y bosque mesófilo de montaña 13.5%. “En el Istmo es una manchita de selva, muy importante, más en este momento en que el planeta se encuentra en una situación muy crítica en términos de la sexta extinción y la aceleración del aumento de la temperatura”, agrega la investigadora Ceceña.

La propia Auditoría Superior de la Federación ha documentado que en la MIA de la modernización del tren, “no se incluyeron indicadores específicos de cada tema por entidad federativa y municipio, ni datos cuantitativos y cualitativos en materia de manejo sustentable del medio ambiente: caudal tratado de aguas residuales; pérdida de superficie cubierta por árboles; volumen de residuos sólidos generados; disposición adecuada de residuos sólidos; certificados de “industria limpia” emitidos; reforestación; empresas socialmente responsables; productividad agrícola por uso de agua; intensidad del uso agua; contaminación del aire; riesgo ambiental”.

Juan Carlos Sánchez Antonio, profesor originario de San Pedro Comitancillo, observa que “el desequilibrio ambiental ya se ha sentido con la instalación de los parques eólicos”, de los cuales no se realizaron las consultas correspondientes. “Aunque no lo percibamos directamente, sí ha generado cambios en las cadenas de reproducción de los seres vivos. Cada vez llueve menos, hace más calor, las lluvias son impredecibles. Lo que se avecina en los próximos 30 años es un colapso ambiental en la región”.

Un estudio encabezado por Robert Vautard, especialista en simulaciones climáticas en el Laboratorio de Ciencias Climáticas y del Medioambiente (LSCE por sus siglas en francés), asegura que “cerca de los parques eólicos se registra un aumento significativo de las temperaturas, especialmente en la noche. Este escenario es una de las afectaciones en el Istmo, donde actualmente se han instalado más de cinco mil aerogeneradores.

Diversidad de la zona costera del Istmo de Tehuantepec. Foto: Santiago Navarro F

El profesor Sánchez, también zapoteca, asevera que, en unos 20 años, “aunque se tengan los trenes y carreteras más modernos, será con el costo de un desastre ecológico irreversible” y avizora que “si no atendemos a resarcir los efectos de las políticas neoliberales, nos vamos a encontrar en un mundo colapsado en términos ambientales y eso, desencadena crisis a nivel global: alimentaria, hídrica…, un desmantelamiento de la madre tierra”.

Los riesgos de la reconfiguración del Istmo.

 

Este reportaje fue producido con el apoyo de la Earth Journalism Network de Internews.

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Radio Kurruf

(Español) Continúan manifestaciones por el asesinato de Yordan Llempi y en contra de la militarización del Wallmapu

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Durante la jornada de éste lunes se llevó a cabo una concentración en memoria de Yordan Llempi, y rechazo al decreto de estado de excepción para comunas de la región del Biobío y de la Araucanía, medida que ha significado permanente presencia militar en caminos y accesos a comunidades mapuche, procedimientos considerados como irregulares por parte de las familias mapuche como controles excesivos y dirigidos a personas mapuche en vías y rutas públicas, e incluso la muerte del joven Yordan en el sector de Huentelolen.

Cerca de las 15 horas comenzó la manifestación en la plaza Camilo Catrillanca (ex plaza Dagoberto Godoy). En el lugar se reunieron decenas de personas con el fin de visibilizar la realidad que se vive en las comunidades mapuche del Wallmapu

Sin embargo, ésta acción no ha sido la única; a pesar de encontrarse muchas zonas del territorio mapuche bajo la militarización del estado chileno, las manifestaciones por la muerte de Yordan a manos de un miembro de infantería de marina se han multiplicado y diversificado en distintos territorios. Desde cortes de ruta, recuperaciones territoriales, concentraciones y marchas, hasta acciones de sabotaje, han sido algunas de las formas en que se ha expresado el descontento ante éste nuevo episodio donde un mapuche muere en manos de las fuerzas de orden durante el gobierno de Sebastán Piñera.

Compartimos registros de algunas de las acciones llevadas a cabo estos días, y declaraciones de familiares de Yordan donde desmienten la versión oficial entregada por fiscalía e incluso gran parte de representantes del gobierno en Tv abierta, donde afirman la hipótesis de enfrentamiento

Cárcel de Temuco 07 de noviembre: Comunicado del machi Celestino Córdova

Panguipulli 07 de novimbre: Inicio de reuperación territorial » la comunidad José Miguel Velásquez Aillapan y las comunidades en resistencia del territorio de Panguipulli Mapu, honramos a través de la recuperación territorial a nuestro peñi Jordán llempi caído en la defensa de nuestro territorio por las balas asesinas del Estado chileno.Creemos que la recuperación territorial es una de las mejores formas de honrar a todos los weichafe que han entregado su vida por la defensa y recuperación de nuestro territorio que fue usurpado y robado a través del genocidio de nuestro pueblo por parte del Estado chileno…», señalan en una declaración pública.

Puede ser una imagen de naturaleza y césped
Puede ser una imagen de 3 personas, naturaleza y césped

Osorno 05 de noviembre:

Temuco 05 de noviembre: Jóven del hogar mapuche Pelontuwe resulta lesionado por fuerza policial en manifestación por Yordan Llempi:

Puede ser una imagen en blanco y negro de 1 persona

05 de noviembre 07:42 AM: En estos momentos las comunidades Kilape López y Liempi Colipi están realizando una acción en conjunto en un camino local que conecta con la ruta internacional, en las afueras de Curacautín. El corte de camino que se está concretando, es en respuesta al asesinato de Jordan Lliempi Machacan y en contra de la militarización del Wall Mapu . Información en curso.07-42 AM.»

Puede ser una imagen de de pie, fuego y al aire libre

Concepción, 04 noviembre 2021- Conversamos con Danitza Herrera, pareja de Yordan Llempi Machacán, desde el Servicio Médico Legal donde estuvimos a la espera que entregasen el cuerpo del joven mapuche asesinado por la armada. Relata que Yordan fue baleado al interior de su hogar, que los militares impidieron que lo trasladaran aún consciente hacia el hospital más cercano en Cañete, teniendo que ir hacia Tirúa perdiendo tiempo valioso en lo que pudo quizás ser reanimado. Describe como disparaban a mansalva hacia las personas que transitaban por la ruta.

Ercilla, 04 novimebre 2021: Fuerte represión de fuerzas policiales y ejército a comunidades mapuche que se manifestaron por el asesinato de Jordan Llempi Machacán. Registro de Werken Noticias

Villarrica, 4 de noviembre del 2021 20:30 hrs: Se realiza una concentración en el frontis de la municipalidad de Villarica, en memoria de Yordan Llempi.

Puede ser una imagen de al aire libre y texto que dice "AM NINNRL A DEFENDER LA INFANCIA y LA TIERRA DE LA MILITARIZACION WALIMAPU EN"

Éstas son solo algunas de las manifestaciones y expresiones que se han dado desde que cae Yordan Llempi, en un estado de excepción que desde el primer día fue motivo de cuestionamiento por parte de autoridades tradicionales del pueblo mapuche y las comunidades en general.

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Avispa Midia

(Español) COP26: Mercado de carbono y expolio territorial se consolidan en nombre del clima

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Por Ñanì Pinto

En portada: Indígenas Pataxó forman barricadas en carretera de la región Monte Pascoal, Bahía, lugar donde ONGs conservacionistas promueven proyectos de compensanción de carbono mediante la plataforma REDD+. Brasil, 2014. Foto Santiago Navarro F.

En vísperas de la realización de la 26a Conferencia de las Partes (COP26), evento convocado por las Naciones Unidas para discutir estrategias contra el cambio climático, más de 80 organizaciones brasileñas alertaron sobre la falsa solución a la crisis ambiental mundial que representa el llamado mercado de créditos de carbono.

La consolidación de este mercado a escala mundial forma parte medular de las negociaciones que se realizan a partir de este domingo (31) en Glasgow, Escocia. Este mecanismo permite comercializar licencias de contaminación, es decir, con ello una empresa europea puede adquirir créditos de carbono en otro país, como Brasil, para que de esta manera dicha industria pueda registrar la transacción como sinónimo de reducción de sus emisiones contaminantes.

En contraste, organizaciones como El Grupo de la Carta de Belem y la Comisión Pastoral de la Tierra denuncian las consecuencias negativas de este mercado. “Entre los efectos de su aplicación se encuentra la expansión de las actividades destructivas en los ámbitos de la minería, el extractivismo a escala industrial y la quema de combustibles fósiles (que pueden compensarse/neutralizarse en otro lugar)”.

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Esta denuncia enfatiza que el mercado de carbono no toma en cuenta soluciones efectivas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), tales como la demarcación y defensa de las tierras indígenas, quilombolas y colectivas, así como el fortalecimiento de las prácticas agroecológicas que contribuyen a la conservación de la sociobiodiversidad y a la soberanía alimentaria.

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La Voz del Pueblo de Magdalena Aldama

(Español) Comunicado del Pueblo de Magdalena Aldama, Chiapas

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MAGDALENA ALDAMA, CHIAPAS. OCTUBRE DE 2021.

A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA AMNISTÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS INDEPENDIENTES.
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL.
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA CNI.
AL CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO CIG.
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDIA.
A LAS MUJERES QUE LUCHAN.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES NO GUBERNAMENTALES.
A LAS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIONES LOCALES, NACIONALES, INTERNACIONALES E INDEPENDIENTES.
AL PUEBLO DE MÈXICO Y AL MUNDO.

Presente.

Somos la Voz del Pueblo.

Somos un pueblo que vive bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalho, somos un pueblo de lucha y de resistencia. Somos la semilla de nuestros antepasados Mayas. Somos pueblo. Que hoy en día corre la sangre en nuestras venas. Somos bats`i vinik-antsetik. Somos Tsotsiles.

El problema no es nuevo, a la comunidad de Santa Martha (Manuel Utrilla) en los años 70s en una resolución presidencial de José Portillo le entregaron 60 hectáreas las cuales le pertenecían al municipio de Santa María Magdalena Aldama después se reconoció que los dueños eran los de Aldama y acordaron en el convenio de 1977 respetar el derecho de posesión de Aldama y también que las cooperaciones y cargos hacerlas en Aldama pero los acuerdos no se respetaron y Santa Martha en 1997 exige la devolución de 30 hectáreas y en el año 2009, el tribunal unitario agrario resuelve la posesión a favor de los 115 comuneros de Aldama.

En el año de 2016 las problemáticas recrudecieron con el despojo de las tierras durante en el gobierno de Manuel Velazco Cuello y ahora en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Por disputa de tierras de 60 hectáreas que fuimos despojados por personas del poblado de Manuel Utrilla (Sector Santa Martha) del municipio de Chenalho. Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente. Dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojados y amenazados a puntas de armas de fuego y fueron refugiados en las diferentes comunidades del municipio de Aldama. En este año de 2016, se activó el grupo armado paramilitar que operan en Chenalho.

Somos 115 Comuneros afectados, despojados, amenazados y desplazados en nuestros hogares, en nuestras tierras; que ancestralmente nuestros abuelos, padres nos los han heredado y está certificada ante el Tribunal Unitario Agraria y nos reconoce como dueños legítimos de nuestra madre tierra.

En el año 2018 las agresiones de armas de fuego de altos calibres intensificaron y fueron desplazados forzados internos 2036 personas en ese tiempo, hacia las montañas por este grupo armado, lo cual nos atacan en los diferentes puntos de ataques que ellos tienen, desde las localidades de Yok Ventana, Saclum hasta Sector Santa Martha nos rodean de disparos afectando a 10 localidades.

14 de marzo de 2020, nuestro compañero Cristóbal Santiz Jiménez fue detenido y fue recluido en el penal de el “Amate“ del municipio de Cintalapa, Chiapas. En la hora de su aprehensión fueron violados sus derechos humanos, así como; recibió agresiones físicas y verbales y fue amenazado por los elementos cuando fue trasladado de San Cristóbal al CRSS No 14 el Amate.

El motivo de la detención de nuestro compañero Cristóbal Santiz Jiménez, es por ser uno de los representantes de los 115 Comuneros afectados y desplazados de las 60 hectáreas de tierras, por parte del poblado de Sector Santa Martha, Chenalho.

Cristóbal Santiz, es uno de los rehenes del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas e Ismael Brito Mazariegos (Secretario de Gobierno), de la Fiscalía del Estado Jorge Luis Llaven Abarca y de la Fiscalía Indígena de la Zona Altos de Chiapas.

Desde el inicio del año 2020 y 2021 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad hacia nuestras comunidades afectando a 12 comunidades y entre 5000 personas; mujeres, niñ@s, ancian@s y hombres, que han sido afectados y victimas de estas agresiones.

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Avispa Midia

(Español) En medio de pandemia, asesinatos de indígenas en Brasil aumentan 37%

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En portada: En las tierras indígenas de Comexatibá, en Bahía, el pueblo Pataxó -al igual que muchos otros pueblos en todo el país- ha levantado sus propias barreras sanitarias para restringir la circulación de personas y del coronavirus en su territorio. Foto: Ingrid Ãgohó Pataxó

En 2020, primer año de la pandemia de coronavirus, 182 indígenas fueron asesinados en Brasil, un aumento de 37% en comparación a 2019. Los conflictos registrados relacionados a derechos territoriales más que duplicaron, pasando de 35 casos en 2019 a 96 en 2020, un aumento de 174%. Los datos fueron revelados en el Informe Violencia Contra los Pueblos Indígenas de Brasil, publicado por el Conselho Indigenista Missionario (Cimi).

“La grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, al contrario de lo que se podría esperar, no impidió que grileiros [invasores de tierras], garimpeiros [minería ilegal], madereros y otros invasores intensificasen aun más sus ataques sobre las tierras indígenas”, aclara el relatorio.

Además de la violencia, la devastación del medio ambiente y la contaminación de los principales cursos de agua con mercurio, también existe una coincidencia entre la presencia de los mineros y el empeoramiento de la situación sanitaria de la población yanomami. Imagen registrada en el Territorio Indígena Yanomami en mayo de 2020Foto: Chico Batata

En 2020, los casos de invasión de tierras, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio de los pueblos también se incrementaron, aún relación con el ya alarmante número que se había registrado en 2019, primer año de gobierno de Jair Bolsonaro. Fueron registrados 263 casos, un aumento de 141% en relación a 2018, afectando a por lo menos 201 tierras indígenas, de 145 pueblos, en 19 estados brasileños.

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Los agresores invaden las tierras indígenas para apropiarse ilegalmente de la madera, devastar ríos enteros en búsqueda de oro y otros minerales, además de deforestar y quemar anchas áreas para la apertura de pasto para ganado. En muchos casos, los invasores dividen la tierra para ser comercializada, inclusivo en territorios indígenas habitados por pueblos aislados.

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Festivales Solidarios

(Español) Una mina de níquel y la militarización en El Estor, Guatemala

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Fotografías: Diego Alvarado y Festivales Solidarios.

Foto: Diego Alvarado.

Este es un breve relato, de los miles de sucesos que existen y de cómo se conecta la historia de despojo y terror que la empresa minera en los alrededores del lago de Izabal, hoy la CGN-PRONICO y su origen en la EXMIBAL, han provocado durante los últimos 60 años en Guatemala y que ahora, siguen siendo los responsables intelectuales y materiales de criminalizar y perseguir a las y los defensores de la naturaleza que se oponen rotundamente a la destrucción del lago de Izabal y su entorno y también de cómo, las empresas extranjeras que han sido dueñas a lo largo del tiempo de la mina de níquel, han utilizado a las fuerzas represivas del Estado como guardias privadas para garantizar que sigan con el saqueo del recurso mineral que existe en la región.

Los orígenes

Esta mina empezó a funcionar en 1970, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio, conocido como el “Chacal del oriente” (mote otorgado por la ciudadanía por ser un dictador militar sanguinario) otorgó una concesión para explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO).

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Avispa Midia

A 26 meses, y sin justificación legal, defensores del río Guapinol son retenidos en prisión

Por Vanessa

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Prensa Comunitaria

Solicitan medidas cautelares urgentes ante la CIDH a favor de la población Q’eqchi’ de El Estor

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“Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno” 

Por Luis Ovalle

Organizaciones defensoras de los pueblos indígenas y de derechos humanos, presentarán este viernes una solicitud de medidas cautelares, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), por la situación que se vive en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, con la imposición de un estado de sitio, en el que participan miles de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, en contra de población civil, que únicamente exige sus derechos, informó la abogada Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas.

López dio a conocer que las entidades solicitantes son: el Bufete para Pueblos Indígenas, la Defensoría Q’eqchi’, la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Prensa Comunitaria y la Fundación Guillermo Toriello. “Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno, cuando desaparecían a la gente, en la que las fuerzas de seguridad estaban al servicio de los gobiernos autoritarios”.

Ya no hay a dónde acudir en Guatemala, no hay jueces imparciales, no hay órganos nacionales a dónde acudir, es por eso que buscamos la vía internacional y solicitamos a la CIDH que pueda escuchar esta petición y brindar las medidas cautelares a favor de la vida, de la seguridad y de la paz en el municipio de El Estor, Izabal”, anotó López.

¿Qué son las medidas cautelares?

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas, identificados o identificables, que se encuentren en una situación de riesgo. Es importante contar con el consentimiento de la persona a cuyo favor se interpone la solicitud, o en su defecto que se justifique razonablemente la imposibilidad de obtenerlo.

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

Por su parte, Eddy Aspuac, asesor jurídico del Bufete para Pueblos Indígenas, señaló que son tres los aspectos fundamentales que consideraron para presentar esta solicitud ante la CIDH; primero: hay un proceso de preconsulta y consulta, porque se está inobservando el principio de buena fe que éste debe llevar, ya que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) lo ha llevado de manera acelerada y ha vulnerado el derecho de participación a las comunidades.

Segundo, hay una exclusión sistemática de las comunidades legítimas que se sienten afectadas en sus derechos en este proceso, que ven vulnerados sus derechos. El argumento del MEM ha sido que no están dentro del área de influencia, sin embargo la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), indica que debe considerarse todo el contexto social y cultural “¿en qué momento lo hizo el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y la empresa? no lo sabemos, pero, que obedezca solo a los 6.29 kilómetros cuadrados que establece el polígono de la licencia ambiental constituye una violación a los derechos de los pueblos indígenas, indicó.

Tercero, y lo más grave, es que ahora se establece un estado de sitio en el territorio, lo que además es totalmente incoherente, ilógico y antijurídico, porque ¿cómo es posible que el Estado pretenda desarrollar un proceso de diálogo pero a la vez imponga un estadio de sitio?; en un estado democrático como el que tenemos, esto es insostenible, destacó Aspuac.

Es por eso que pedimos a la CIDH que ordene las medidas cautelares en favor de las comunidades, que en este momento corren grave riesgo; hay persecución política, muchas autoridades indígenas se han escondido para resguardar sus vidas, agregó.

El papel de los medios periodísticos alternativos

En tanto, el diputado Aldo Dávila se refirió a la importancia del trabajo hecho por los medios alternativos en El Estor, que han dado a conocer lo que acontece, de forma permanente “no de ahora, sino desde que se dio la sentencia de la CC en contra de la minera, que ahora opera de forma ilegal”.

Es importante que quede claro eso, la licencia minera y extractiva fue cancelada por medio de una sentencia de la CC, sin embargo a pesar de ello vemos los camiones custodiados por cientos de agentes de la PNC cargados con ferroniquel. Esto evidencia un irrespeto total a las leyes guatemaltecas; las medidas cautelares son urgentes, mencionó el legislador.

Dávila destacó que la crisis está bien armada, ya que el ministro de Gobernación fue quien solicitó al ejército el apoyo, cuando en El Estor lo que hay son personas civiles, mujeres y adultos mayores. Debió ser la PNC la que continuara acompañando esta situación tan crítica.

Para López, llama la atención que se haya pretendido censurar a la prensa, en relación a lo que estaba sucediendo en El Estor ¿por qué?, porque obviamente la prensa da a conocer al mundo qué es lo que está pasando. Entonces, si se vulnera o se censura a la prensa no existiría esa posibilidad, no habría conocimiento nacional e internacional, si no fuera por la prensa. “No sabríamos qué es lo que está sucediendo”, dijo.

Momentos difíciles se viven en El Estor

Wendy López destacó que en El Estor, además de coartar la libertad de expresión, se está violando el derecho a la salud y a la educación ¿Qué niño va a estar en paz si están persiguiendo a su familia? ¿Cómo un padre o una madre va a dar de comer a su familia si están siendo perseguidos? y lo que vemos es a un Estado que protege más a una minera que otorga el 1 por ciento de regalías ¿Qué beneficio es eso para el Estado?, se preguntó.

Acabamos de recibir información de niños que están enfermos de COVID-19 y no están siendo atendidos; los centros de atención están prácticamente cerrados, a disposición de las fuerzas de seguridad. Hay desproporcionalidad, abuso de autoridad y de fuerza; además, tenemos conocimiento que otro contingente de 540 elementos de la PNC y del ejército se dirigen a El Estor.

Lin Valenzuela, de la Fundación Guillermo Toriello, lamentó que en el marco del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz se esté violentando de esta manera al pueblo Q’eqchi’ ubicado en el área de influencia donde se instaló de facto la minera.

Valenzuela hizo un llamado a que el embajador de Suiza y las autoridades centrales de la empresa minera en ese país y que aglutina a otras naciones  -ya que en Guatemala solo son visibles los rusos-, para que asuman su responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos, personales, individuales y colectivos. “Criticamos fuertemente la colusión, el dejar pasar, pero también de actuar, por parte del Estado de Guatemala”, indicó.

Dávila también hizo referencia al hecho de que el presidente Alejandro Giammattei desapareciera la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el año en el que se cumple el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz; “no hay instancias que deberían atender de manera más clara y objetiva, sin violencia, porque la Comisión Presidencial de Derechos Humanos no tiene las capacidades para atender la problemática”.

“No podemos callarnos; tenemos que alzar la voz ante los Estados, ante la visión de los ojos internacionales, porque no podemos permitir nuevamente un conflicto armado interno… esperaríamos que la CIDH atienda esta solicitud y ordene que la misma sea atendida por el Estado guatemalteco, demande verificación y protección a sus ciudadanos y no a los intereses mineros”, concluyó Wendy López.

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Avispa Midia

(Español) Brad Will, el periodista neoyorquino que cayó en la revuelta popular de Oaxaca

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Por Ñanì Pinto

William Bradley Roland, mejor​ conocido como Brad Will, fue un periodista independiente, camarógrafo, documentalista y militante anarquista. Formó parte de la plataforma Indymedia en Nueva York, Bolivia y Brasil. Él viajó hacia el estado de Oaxaca a principios de octubre del año 2006. Su objetivo era documentar una de las principales revueltas con las que se inauguraba el nuevo milenio en Latinoamérica. Aunque este sería el último viaje de Brad.

Habían pasado casi cinco meses desde que inció el estallido de la revuelta popular en el estado de Oaxaca cuando Brad llegó con su cámara recién adquirida. Este escenario comenzó con una orden de desalojo, emitida por el entonces gobernador de esta entidad, Ulises Ruiz Ortiz, hacia profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se mantenían en huelga en la plaza central y las principales calles de la turística ciudad de Oaxaca. Tras una fuerte represión hacia los profesores, cientos de vecinos y organizaciones sociales salieron a las calles a respaldar a los docentes, hasta que la revuelta se generalizó y la sociedad salió a las calles, pero para exigir la destitución del gobernador.

Es en medio de esta situación en la que Brad llegó a la ciudad y -después de acompañar a una parte de La Otra Campaña del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que recorría el país- comenzó a explorar, en una motocicleta que había rentado con su chofer, los diversos puntos en los que se había extendido la edificación de barricadas. Estas barreras fueron creadas como un acto de defensa contra grupos de choque que portaban armas exclusivas del ejército, así como de policías vestidos de civil que disparaban hacia hombres, mujeres, niños y ancianos que se habían sumado a esta llamada “insurrección popular”.

Con más de 20 días en Oaxaca, al periodista estadounidense ya lo comenzaban a identificar como el “güero” y, entonces, la población le daba acceso a cada rincón de Oaxaca en donde hubiese un control para circular, principalmente, en las noches. Esta ciudad estaba completamente paralizada y pocos eran los automóviles que podían circular intentando esquivar palos, piedras, llantas y otros obstáculos esparcidos por las calles. Brad llegó a contabilizar hasta 3 mil barricadas levantadas en los cuatro puntos cardinales, no solo de la ciudad, sino de las colonias populares y de las comunidades con más cercanía a la ciudad.

El último día de Brad

El 27 de octubre, las personas que se mantenían en las barricadas tenían por objetivo la paralización completa de la ciudad, por lo menos, por 24 horas. Así amaneció la barricada conocida como “Calicanto”, en el municipio conurbado de Santa Lucia del Camino. Junto a los palos, llantas y otros objetos, atravesaron camiones de mercancía, los cuales fueron interceptados mientras circulaban por las calles.

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Prensa Comunitaria

(Español) El fin de semana que el Estado de Guatemala se tomó por la fuerza El Estor para mantener funcionando la mina rusa

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Créditos: Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera

Prensa Comunitaria ha estado en el municipio lacustre de Izabal desde el 4 de octubre, cuando la resistencia Q’eqchi inició una protesta pacífica contra la operación ilegal del proyecto minero Fénix de la compañía suiza de capital ruso Solway. Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ Kawa Siyab’, San Baals, Oxlaju Aj, y Qana Tomasa reclaman no haber sido tomadas en cuenta en la preconsulta que dirige el Ministerio de Energía y Minas acerca de la operación de la mina y porque en el proyecto Fénix se sigue extrayendo níquel y tierras raras. Esto pese a que en 2019 la Corte de Constitucionalidad declaró que esa operación es ilegal, precisamente por falta de consulta, y por falta de los estudios ambientales pertinentes.

Los Cuatro Consejos nunca cerraron el paso de la carretera, ni afectaron el comercio, como ha insistido el gobierno de Alejandro Giammattei y la gran empresa privada guatemalteca; solo impedían la entrada de suministro de carbón a la mina y la salida de ferroníquel hacia Puerto Barrios. Este es el relato de lo ocurrido entre el viernes 22 y el lunes 24 de octubre en El Estor.

Prensa Comunitaria*

Viernes 22 de octubre. Primeras horas de la tarde.

Los primeros disparos de bombas lacrimógenas se escucharon poco antes de las dos de la tarde. Al menos dos centenares de policías antimotines se habían formado sobre la calle principal del municipio, a unos 100 metros del terreno en que los líderes de la resistencia pacífica Q’eqchi’ se habían instalado desde el 4 de octubre a un costado de la carretera. Sonó un impacto seco. Luego otro. Y otro. El humo acre, que oprime la garganta, seca la boca y se ensaña como miles de punzadas sobre el rostro y los ojos, llenó el aire de El Estor.

Muy pronto, tras la línea de policías, surgió la mole metálica azul, un cabezal que jalaba la primera plataforma cargada del carbón a la que los policías querían abrir paso para llevarla hasta la mina extractora de níquel del proyecto Fénix a unos siete kilómetros al oeste, sobre el camino a Panzós. Más camiones esperaban a prudente distancia, uno detrás del otro.

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