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COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Pronunciamiento por la desaparición forzada de Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, miembro de la Guardia Comunal

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

El día 1 de agosto de 2023, 3 habitantes de la comunidad de Santa María Ostula se encontraban en la cabecera municipal de Coalcomán resolviendo asuntos comerciales personales. Dos de ellos en camioneta y otro en su motocicleta. Al salir Lorenzo Froylán de la moto, fue detenido por un retén del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los otros dos habitantes de Ostula al no saber nada de su compañero, regresaron a ver qué había sucedido y también fueron retenidos.

Los tres permanecieron varios días retenidos por el grupo criminal hasta que al ser interrogados dos de ellos fueron liberados y sólo el que es miembro de la Guardia Comunal, Lorenzo Froylán, quedó retenido por el CJNG hasta este momento.

Las autoridades comunales, guiadas por las personas secuestradas y luego liberadas, harán efectivo su derecho y pondrán la denuncia correspondiente, esperando que las autoridades de seguridad estatales cumplan con su trabajo e investiguen el paradero de nuestro guardia, así como garanticen su liberación.

Cabe destacar que en la región existen diversas instalaciones de cuerpos castrenses, como el cuartel del 65 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano y un cuartel de la Guardia Nacional, sin embargo el CJNG actúa con total impunidad.

Esté cartel criminal está compuesto, entre otras, por algunas personas que anteriormente eran habitantes de nuestra comunidad, quienes luego de traicionarla, decidieron seguir una carrera como delincuentes: Cemeí Verdía Zepeda, Leonardo Bravo Manjares, alias Gorraprieta, Vicente Villanueva Ramírez, Silvano Mercado Cervantes, alias Quirrin, Guillermo Francisco Cruz, alias Picolin, y Refugio Alcalá Alcalá, alias Cubano.

Nuestra comunidad se encuentra organizada y unida para enfrentar estos ataques, tenemos a nuestra Guardia Comunal y a nuestras instituciones; estamos acompañando a las familias de nuestros compañeros liberados y a la de nuestro guardia retenido.

Señalamos que esta desaparición forzada se suma a los crímenes que ha cometido el CJNG no sólo en contra de nuestra comunidad, sino en contra de otras comunidades de la región, como San Miguel Aquila y Huitzontla.

Este grupo criminal busca, a toda costa, expandir las actividades de la empresa minera Ternium, y de esta forma lograr una gran ganancia económica, mayor protección en Michoacán y Colima y ampliar sus redes políticas dentro de los gobiernos de estos dos estados.

Igualmente recordamos que entre los años 2009 y 2014 nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Secretaría de Marina y el cartel de los Caballeros Templarios; situación que provocó 35 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales, incluyendo el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65º batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Y tan sólo este año, el 12 de enero, 3 de nuestros guardias comunales Isau Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano fueron asesinados por este grupo denominado CJNG.

El 15 de enero, el abogado Ricardo Lagunes y el comunero Antonio Díaz, de la comunidad indígena de San Migue Aquila, fueron desaparecidos también por este grupo.

El 1 de abril, el comunero Eustaquio Alcalá Díaz, de la comunidad indígena de Huitzontla, fue asesinado a manos de miembros de este CJNG y el 14 del mismo mes, nuestro ex jefe de Tenencia, Juan Medina fue también asesinado por un criminal ligado a este grupo.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo – 8 de Agosto 2023

(Descarga aquí)  

ROMPIENDO FRONTERAS

  • CHILE: Segundo informativo sobre el juicio contra los compañerxs anarquistas, Mónica Caballero y Francisco Solar. La Zarzamora Radio
  • ARGENTINA: El Tercer Malón de la Paz conformado por diferentes comunidades indígenas, realizo, llega a Buenos Aires. Demanda a la corte suprema y el congreso de la nación la inconstitucionalidad de la reforma “exprés” perpetrada por Gerardo Morales
  • GLOBAL: Convocatoria a la Semana Internacional de Solidaridad con lxs Prisionerxs Anarquistas  2023 // 23 – 30 agosto
  • PERÚ: Toma de Lima entrevistas durante el 19 de julio en la revuelta contra la dictadura de Dina Boluarte. Entrevista de La China.

DESDE ESTA REGIÓN LLAMADA MÉXICO:

  • QUERÉTARO: Tres integrantes de la comunidad de Escolásticas, Querétaro, se encuentran privados de su libertad por defender el manantial comunitario llamado Los Sabinos y son algunas de las víctimas de la represión institucional del 13 de junio pasado. Memoria y Libertad
  • MEXICO CDMX: Convocatoria a la 3ra Asamblea Nacional por el Agua y la Vida 12 y 13 de agosto 2023. En San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX. Asamblea por el agua y la vida.
  • OAXACA: JUSTICIA Y LIBERTAD para PUENTE MADERA Llaman a estar alertas por la audiencia de nuestro compañero David Hernández Salazar el 15 de agosto por las recientes intimidaciones y amenazas
  • MORELOS: Exigen la atracción del caso de Samir Flores por un juzgado federal ante corrupción en juzgado local.
  • MEDICINA LIBRE: Píldora de la salud por Mar con el tema INFECCIONES EN VÍAS URINARIAS

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Avispa Midia

Tres líderes comunitarios presos por oponerse a la construcción del Aeropuerto del Pacífico

Fuente: Avispa Midia

Por MalaYerba*
En portada: Familiares exigen la liberación de uno de los defensores capturados bajo el régimen de excepción

En la comunidad Nuevo Amanecer, de La Unión, tres líderes comunitarios han sido capturados durante el régimen de excepción y enfrentan un proceso sin garantías legales. Los vecinos denuncian que estas detenciones se deben a que los defensores se opusieron a la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, una promesa de campaña del gobierno de Nayib Bukele que se ejecuta entre irregularidades y a costa de dejar sin casas y tierras a los habitantes de dos comunidades.


Es 17 de junio, Día del Padre, en Nuevo Amanecer, una comunidad de casas de láminas entre milpas y árboles en el municipio de Conchagua, en La Unión, al oriente de El Salvador.  Y, desde temprano, uno de los vecinos enciende su altavoz y reproduce, repetidas veces y a todo volumen, la canción “Es un buen tipo mi viejo”.

La música llega hasta esta casa con piso de tierra. Lindsay la escucha, pero no hace mucho caso: está ocupada buscando una manta para limpiarle los mocos a su hermano de un año. Lindsay, tres años mayor que su hermano, no sabe que hoy es el Día del Padre. Aunque lo supiera, no podría celebrar a su papá, Óscar René Martínez Iglesias, ya que está preso.

“A ella le decimos que su papá anda trabajando, que está pintando un gran edificio y no puede regresar ahorita”, cuenta Johanna, la madre de los dos niños, sentada en una hamaca.

Lindsay y su hermano en la comunidad Nuevo Amanecer. Foto: Carolina Amaya.

Lindsay comienza a dudar de lo que le dicen, porque acompaña seguido a su mamá a hacer trámites a la delegación en La Unión de Policía Nacional Civil (PNC), y en su casa, recibe la visita de vecinos que preguntan por su padre. También la niña ya le preguntó una vez a Johanna si Óscar está preso y ella volvió a contarle la misma historia del edificio.

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Encuentro de Mujeres Congreso Nacional Indígena | Concejo Indígena de Gobierno

Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno

A 30 años de que las compañeras zapatistas lograron la aprobación de su Ley Revolucionaria de mujeres que les ha permitido llevar a la práctica cotidiana un mundo libre de machismo y de violencia y junto con los compañeros, en la autonomía, participar en la construcción de una vida digna, que es fuente de inspiración para nuestro caminar de lucha en nuestros territorios, los días 5 y 6 de agosto 2023, nos reunimos, en el Primer Encuentro Interno de Mujeres del Congreso Nacional Indígena, en el edificio recuperado por la Comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México y convertido en la “Casa de los Pueblos y comunidades indígenas Samir Flores Soberanes” 181 mujeres delegadas y concejalas del CIG-CNI, 27 niñas y niños de 1 a 12 años, 14 compañeras y 7 compañeros de apoyo.

Participamos de los pueblos afromestizo, afroamexicano, binni zaa, chol, chontal, coca, kora, guarijío, kumiai, maya, mazahua, mazateca, mepha, mestizo, na savi, nahua, nayerí, nuntajiyi, ñhañhu, odame, otomi, purépecha, rarámuri, tojolabal, totonaco, tzotzil, tzeltal, wixárika, yaqui y yoreme de los estados de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Somos las mujeres que luchamos que nos organizamos, que aprendemos a decir NO al maltrato, NO al silencio, NO a la guerra; aprendemos a cuidarnos, a respetarnos entre mujeres, a motivarnos; nos invitamos a participar en la lucha por la defensa del territorio y de la vida toda. Nos nombramos esperanza porque tomamos como responsabilidad asegurar un mañana para las futuras generaciones.

Ofrendamos nuestras energías a los cuatro puntos cósmicos, recordamos nuestra historia como mujeres del CNI y reconocimos el sistema de poder patriarcal capitalista, racista y colonial en los megaproyectos, en las concesiones mineras, en la tala de árboles, en la represión, en la sobreexplotación del agua, en la contaminación, en la persecución. Cuando llegan los militares, los cárteles, las empresas de los megaproyectos como el corredor interoceánico, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos que vienen acompañados de múltiples formas de despojo de ejidos y bienes comunales, destrucción de la vida y los territorios con parques industriales, polos de desarrollo, basureros toxicos y proyectos energéticos como gasoductos; explotación de hidrocarburos a nuestros territorios. Con ello perdemos la paz,  aumenta la violencia contra nosotras, contra nuestras hijas y nuestros hijos, contra las personas de la diversidad sexual y contra nuestros compañeros; nos convierten en objeto sexual, nos faltan al respeto, nos secuestran, nos venden, nos violan, nos golpean, nos matan. A las defensoras de la madre naturaleza y de los derechos de nuestros pueblos que nos enfrentamos a estos megaproyectos, nos criminalizan, nos hostigan, nos desprestigian, nos calumnian, nos encarcelan, nos torturan, nos asesinan.

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Grieta.org.mx

Foro nacional “Del horror de la guerra a la resistencia por la vida”

Por Colectivo Grieta

Ciudad de México, 2 de agosto de 2023.- Convocadas por la Coordinación Nacional “Alto ala guerra contra los pueblos zapatistas”, más de cien de personas acudieron al Foro Nacional “Del horror a la guerra a la resistencia por la vida”, en el que se denunciaron diversas agresiones que han sufrido las comunidades indígenas zapatistas por parte los tres niveles de gobierno. Reunidos en el Centro de Derechos Humanos Pro Juarez, en Serapio Rendón #57, en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México escucharon testimonios y reflexiones desde el México de abajo.

El foro estuvo organizado en cuatro mesas que abordaron los temas de Violencia (mesa 1), Justicia (mesa 2), Paz (mesa 3) y Arte (Mesa 4). En ellas participaron concejales del Concejo Indígena de Gobierno, delegados del Congreso Nacional Indígena, defensores de derechos humanos, profesoras, buscadoras de desaparecidos, y artistas que practican diferentes artes.

En la primera mesa, con el tema de “Violencia” Jesús Plácido del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata habló sobre la lucha de las comunidades Ñuu Savi por la construcción de la autonomía en la región de la Montaña en Guerrero y explicó la forma en la que los grupos del crimen organizado, coludidos con los tres diferentes niveles de gobierno y con la protección por parte del ejército, agreden las comunidades mediante desapariciones, asesinatos y ataques con drones. Pero inisistió en que no van a dejar de construir autonomía. Gilberto López y Rivas del colectivo “Llegó la hora de los pueblos” denunció la estrategia de guerra irregular del gobierno federal mediante grupos paramilitares por parte del ejército mexicano contra las comunidades zapatistas de Chiapas y la continuidad de esas agresiones desde 1999 hasta la fecha, mientras el actual ejecutivo federal insiste en una defensa a ultranza del ejército represor. En su oportunidad, Carlos Ogaz, del Centro de Derechos Humanos Fray Batolomé de las Casas documentó el proceso de violencia reciente contra las comunidades zapatistas en Chiapas y como la violencia en este caso está marcada por el racismo y la desigualdad estructural y a partir del gobierno de la 4T está asociada al saqueo de recursos naturales y a los objetivos capitalistas del desarrollo industrial. Por último Volga de Pina del Observatorio sobre desaparición e impunidad comentó sobre las continuidades y discontinuidades en la violencia contra los pueblos así como en la resistencia de lo mismos.

En la segunda mesa, con el tema de “Justicia”, la compañera Myrna Valencia, concejala del CIG por el pueblo Mayo-Yoreme habló de cómo los pueblos indígenas de México han vivido en la pelea por justicia y en defena de sus tierras y de cómo esa historia ha persistido a través la narración oral. Posteriormente Juan Carlos Flores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y parte de la Comisión Jurídica del CNI, reflexionó sobre las formas de resistir y luchar por la justicia durante la IV Guerra mundial, en la que el capital busca conquistar los territorios de los pueblos, especialmente en la escalada del despojo violento por parte de la política de la llamada Cuarta transformación. María Herrera, de la Brigada Nacional de Búsqueda de desaparecidos habló de cómo frente la injusticia por parte del Estado es necesaria la unión y la organización como sociedad para poder vivir en paz, pues de otro modo desde del Estado solo llega injusticia, que intenta esconderse tras las migajas de los programas sociales. Finalmente, Giovanna Gasparello, del INAH, hizo un comentario sobre las intervenciones y el hecho de que el despojo y los ataques contra el territorio, si bien se originaron hace mucho, en la actualidad, presentan una forma brutal en la acción coordinada del Estado y el crimen organizado; de ahí que el Estado ha dejado de ser un espacio para buscar justicia.

En la tercera mesa cuyo tema era “Paz”, Carlos González, del Congreso Nacional Indígena, reflexionó sobre cómo lamentablemente no podemos pensar la paz sin hablar sobre la guerra que recorre nuestro país además de apuntar cómo hay un nuevo tipo de mezcla entre organizaciones paramilitares y cárteles de crimen organizado que se está generalizando en nuestro territorio; Araceli Osorio, madre de Lesby, afirmó lo importante que era hablar sobre la paz que queremos y no tenemos, porque solo a partir de imaginarla y discutirla podremos empezar a construirla; Dolores González de SERAPAZ, reflexionó sobre lo específico del momento de acumulación del capital y del muy particular lugar que ocupa México en la geopolítica global, así como el fenómeno actual de la economía criminal.

Durante la cuarta mesa, dedicada al “Arte” como una otra forma de resistencia y lucha, una otra mirada y experiencia sobre lo que acontece, Hugo Molina bailarín, presentó una coreografía inspirada en el texto En (auto)defensa de las jirafas; la compañera Libertad Hernández, nos presentó una coreografía de Argelia Guerrero sobre la pieza “La ‘Esperanza’ es zapatista” con música de Víctor Jara; Arturo Torres cantó canciones rebeldes con su guitarra y armónica; Jesús Peredo platicó y cantó corridos revolucionarios; y el grupo La revuelta de las Semillas nos invitó a bailar con sus ritmos fusión.

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Avispa Midia

En una semana se agota tiempo para que Justicia Federal atraiga el caso de Samir Flores

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Familiares, organizaciones y abogados informaron que a cuatro años del asesinato de Samir Flores Soberanes, la Fiscalía de Morelos sigue operando de manera omisa para resolver el caso.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTA-MPT) lanzó una petición en la cual exige que el caso del asesinato del indígena nahua, Samir Flores Soberanes, sea atraído por la justicia federal. Exige que la Fiscalía Especial en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) investigue el caso.

El 20 de febrero del 2019, Samir Flores, defensor del territorio y comunicador comunitario de la radio comunitaria Amiltizinko, fue asesinado en la puerta de su casa, en la comunidad de Amilcingo, Morelos, México. Samir tenía 7 años luchando junto a su comunidad y el Frente de Pueblos contra el megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos. Después de 4 años y 6 meses, su asesinato sigue impune.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos que, durante estos años, “no ha investigado con seriedad las diferentes líneas de investigación, principalmente las relacionadas con sus actividades como defensor del territorio y comunicador comunitario, tratando de minimizar su asesinato a una acción aislada de la delincuencia organizada”, señala el Frente de Pueblos.

Sostiene además que la Fiscalía Estatal ha generado una “dinámica de obstrucción de la justicia,anunciado como avances en el acceso a la justicia la detención de una persona que ya estaba detenida desde hacía un año atrás sin tener los suficientes sustentos jurídicos para sostener su acusación, ha construido una explicación de los hechos concentrándose sólo en los autores materiales más no los intelectuales,desligando la relación entre el asesinato de Samir y el evidente contexto de conflicto social en el que se desarrolló”.

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El 30 de marzo de 2023, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera señaló qué el caso de Samir sería atraído por la Fiscalía General de la República, sin embargo esto no ha acontecido.

La Feadle ya ha determinado la facultad de atracción del caso de Samir Flores por su calidad de comunicador indígena. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Morelos se ha negado a que el caso sea atraído por la Federación y esto llevó a la Feadle a solicitar una audiencia, en la que un juez de control federal decidirá conocer o no el caso atraído por la Feadle.

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Desde el 4 de julio se está esperando que se designe al juez de control federal y la fecha para que se lleve a cabo la audiencia. Sin embargo, esto no ha sucedido. De no ocurrir en próximos días, el 11 de agosto del 2023 se celebrará audiencia por parte del Poder Judicial del estado de Morelos para iniciar el juicio contra el presunto homicida, “lo que complica las condiciones jurídicas en que pueda investigarse y llegar a la verdad sobre los verdaderos homicidas”, advierte el Frente de Pueblos.

Es por ello que “estamos solicitando que se realice la audiencia en la prontitud posible y que se resuelva el proceso de atracción por parte de la justicia federal del caso del comunicador indígena y defensor del territorio Samir Flores”.

 

 

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Avispa Midia

México paga los efectos del fin de la política del Título 42 de los Estados Unidos

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: En primer bimestre de 2023 aumentó 54.6% llegada de migrantes a México. Foto: Christian Torres.

Mujeres, niños, familias enteras entran diariamente por la frontera entre México y Guatemala. Como un enjambre, se concentran en los puestos del Instituto Nacional de Migración (INM) a la espera de un permiso para solicitar asilo y poder llegar a la frontera con Estados Unidos (EEUU). Aunque el documento no necesariamente les facilita la circulación por territorio mexicano, ya se comienza a notar la concentración de migrantes en el transcurso de las carreteras y en las principales ciudades del país.

Sofocado, con mareos y náuseas, un migrante se doblega a merced de la sombra de un árbol en la carretera 190, que conecta al Istmo de Tehuantepec con la ciudad de Oaxaca. Un golpe de calor debilita a Fabián Gómez, un joven de 28 años que lleva casi mes y medio viajando desde Barranquilla, Colombia, junto a otros tres jóvenes que cruzaron la selva del Darién hasta llegar a Tapachula donde solicitaron el permiso que emite el Instituto Nacional de Migración (INM), pero no lograron. Así que decidieron avanzar hacia ciudad de México para solicitarlo, pero al avanzar aproximadamente 100 kilómetros en un transporte público, los regresaron nuevamente hasta Tapachula.

Al igual que el resto de migrantes, decidieron continuar nuevamente por trechos, en moto taxis, en taxis colectivos, pero principalmente caminando. Gómez ya llevaba dos días caminando por la ruta 190 esperanzado a encontrar una población con atención médica, pero se desvaneció. Así que su hermana de 22 años, que viaja con él y otros dos amigos suyos, se alertaron y decidieron pedir ayuda a los vehículos que por ahí cruzaban, pero sin respuesta alguna. Al final alguien los acercó al poblado más próximo.

Gómez ha corrido con suerte esta vez, pero su historia se repite cientos de veces por estas rutas.  El 9 de julio, en el kilómetro 33 de la carretera Panamericana, nueve personas originarias de Burkina Faso y Guinea, quienes tampoco obtuvieron el permiso, circulaban en dos mototaxis y fueron embestidos por una camioneta.

Personal de Grupos Beta Ixtepec llegaron al sitio de accidente, quienes brindaron atención a los heridos y posteriormente fueron trasladados a un hospital, en coordinación con la Guardia Nacional, fiscalía y policía municipal. Tras estos acontecimientos el INM en su comunicado 59/23, anunció que se les emitiría la tarjeta de visitante por razones humanitarias a este grupo de personas heridas.

Como ellos, cientos de personas avanzan sin saber a ciencia cierta cuál es su destino final; se han enfrentado a estafadores, asaltantes, a las olas de calor, a la trata y trabajo esclavo, y a los riesgos de viajar en aventón en camiones que deciden echarles una mano.

Los efectos del fin del Título 42

En marzo pasado, EEUU dio fin al llamado Título 42 que, entre otras implicaciones, impide el derecho de solicitar asilo y fue reemplazada por el Título 8, que autoriza una expulsión acelerada de los migrantes y una prohibición de regreso de al menos cinco años con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo a Estados Unidos.

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Posterior a la finalización de la política del Título 42, se registró un menor ingreso de migrantes a EEUU, no obstante, en México se formó un efecto de cuello de botella reteniendo, sin capacidad de atención humanitaria, a miles de migrantes. La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, anunció que sólo durante el mes de junio detuvieron a 58 mil 97 personas migrantes, las cuales fueron deportadas. Desde el primer mes del fin del Título 42 el aumento fue del 45 por ciento.

El 32 por ciento de las personas detenidas en el mes de junio provienen de Venezuela, seguida de ciudadanos de Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Kirguistán y Uzbekistán de donde aumentó más del doble su flujo, mientras que Nicaragua aumentó más del triple, según el Boletín mensual de estadísticas migratorias presentadas por el INM.

Asilo a 1,250 personas

Bajo presión de distintas organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de EEUU anunció que aceptará peticiones de asilo sólo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense.

El anuncio ha provocado una desesperación de los migrantes que aún se encuentran en el sur de México y se apresuran para llegar a la frontera norte.

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El anuncio es fruto de un acuerdo con el gobierno mexicano y EEUU, indicó en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Aunque la única vía para solicitar el asilo en EEUU es a través de una aplicación móvil llamada “CBP One”, que aparte de que sólo permite acceso a quienes acrediten que ya están en México, la aplicación solo ofrece 1,250 citas diarias, un anuncio que está agudizando un mayor flujo de migrantes por México.

Tras el nuevo convenio migratorio, el gobierno de México, aseguró Sullivan, va crear un “espacio internacional multipropósito” en el sur de México para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables que se encuentran en territorio mexicano, pero no detalla de que se trata este espacio.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pueblo Creyente de San Juan Cancuc exige la libertad de sus compañeros

San Juan Cancuc, Chiapas, México, A 03 de agosto de 2023

Mateo 5, 12 “DICHOSOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED JUSTICIA, POR QUE SERÁN SACIADOS DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, POR QUE SE LES LLAMARA  HIJOS DE DIOS

DENUNCIA PUBLICA

a los 14 meses de detención, encarcelamiento y condena de 15 años de cárcel, el dia  01 de agosto de 2023 se llevaría a cabo la audiencia de apelación de los compañeros: Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar la cual se canceló porque alguno de los magistrados no estaba presente.

Como pueblo creyente, derechos humanos y modevite nos unimos a las familias de los compañeros mencionados anteriormente, para denunciar a la fiscalía y la jueza Maria Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados: por ejemplo la contradicción de los testigos acusatorios, la necropsia, del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, alteración de acta de defunción corregida a mano, y con corrector, ni tampoco investigaron la patrulla en la que murió, no realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos, la policía recogió con vida al señor Antonio Aguilar Pérez a las 5 am y hasta las 10 de la mañana lo entregaron a su familia ya muerto.

Esta muerte es responsabilidad de la policía municipal, por que habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal.

Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos.

Exigimos a los magistrados la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la conclusión con los jueces.

Pueblo Creyente de San Juan Cancuc

Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite)

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Carta de los defensores de San Juan Cancuc injustamente presos en el CERSS No. 5

1 de agosto del 2023

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Al publico en general

A los medios de comunicación

Al grupo de trabajo sobre la defensa arbitraria

Al pueblo creyente

Somos los presos de San Juan Cancuc estamos detenidos injustamente 15 meses preso estamos sentenciados 25 años de prisión injustamente estamos detenidos injustamente:

Por la guardia nacional, ejercito mexicano, y la fabrico el delito de portación de droga y después el homicidio calificado aquí seguimos resistiendo la injusticia y vamos a seguir luchando la libertad.

A la diosis de San Cristóbal

A los derechos humanos

Pueblos creyentes – caritas

y nuestros familiares,

Que no nos dejan solo que siguen luchando por nosotros

Por todo exigimos nuestra inmediata libertad

Respetuosamente

Agustín Pérez Domínguez

Agustín Pérez Velásquez

Juan Velasco Aguilar

Martín Pérez Domínguez

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Frayba denuncia ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fabricación de culpables contra defensores indígenas en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

3 de agosto de 2023

Boletín No. 17

Denunciamos ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fábrica de culpables contra defensores indígenas de derechos humanos

  • Presentamos ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias los casos de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del EZLN y los 5 defensores del territorio de San Juan Cancuc.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que posicionamos dos casos que ejemplifican que en Chiapas existe un patrón de fabricación de culpables para criminalizar a defensores de derechos humanos de pueblos originarios.

El primero de ellos es el de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quien permanece Privado Arbitrariamente de la Libertad (PAL) desde diciembre de 2020. Manuel fue acusado falsamente de un delito que no cometió, sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada, y después procesado penalmente.

De acuerdo con una investigación de la Junta de Buen Gobierno “El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios” en Nueva Jerusalén (JBG Nueva Jerusalén), la acusación en su contra fue un acto de criminalización a su adherencia zapatista. A más de dos años y medio de su detención es mantenido en reclusión de manera arbitraria bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir sin haber recibido una sentencia, aún cuando la Constitución mexicana establezca un límite de dos años.

El segundo caso presentado son las detenciones de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, cinco indígenas tseltales del municipio de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, que fueron sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, se inventó un informe de detención con hechos falsos acusándolos de una supuesta detención por portación de drogas en otro municipio. Los detenidos fueron después procesados y sentenciados por un homicidio que no cometieron. El objetivo de esta criminalización fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización.

La documentación del Frayba confirma el patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por el gobierno de Chiapas entre cuyas características se encuentra: participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación como pueblos originarios, acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL), detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN), un Poder Judicial cómplice sin acción judicial en su conjunto son detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.

Para el Frayba, la criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia  intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.

Llamamos la atención hacia el Estado mexicano a través de la denuncia presentada ante el Grupo de Trabajo de la ONU, con el objetivo de censen las patrones de criminalización y represión hacia los pueblos originarios, en específico hacia las personas vulneradas en sus derechos por estos mecanismos de violencia institucional, además de que se han resarcidos los derechos humanos bajo los ms altos estándares internacionales incluidos el de la libertad absoluta.

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