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Avispa Midia

(Español) Honduras sigue los pasos de El Salvador y declara estado de excepción

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El gobierno de Xiomara Castro, en Honduras, decretó estado de excepción en el país a partir del día 6 de diciembre, extendiendo por 30 días. La decisión fue justificada por las autoridades hondureñas como una medida para enfrentar la situación de inseguridad actual que vive el pueblo hondureño.

Por medio de un decreto, la presidenta de Honduras suspende seis derechos garantizados en la Constitución del país, entre ellos la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio.

El estado de excepción rige sobre los municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde 89 y 73 barrios respectivamente están siendo intervenidos. En un primer momento 600 policías fueron desplegados. A lo largo de los días, la cantidad de efectivos involucrados en los operativos, incluidos oficiales de la policía militar, ascenderá a 20 mil, organizados en turnos rotativos.

Diversas organizaciones en Honduras han manifestado su rechazo a la decisión presidencial.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) sostuvo que un estado de excepción en manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras, “ejes fundamentales del golpismo y el régimen de Juan Orlando Hernández (expresidente del Honduras), y que no han sido reformados ni refundados, otorga más poder a instituciones que han demostrado su captura por estructuras mafiosas y criminales y que pone en riesgo la protección y seguridad del pueblo hondureño”.

De acuerdo con la organización, la lucha contra la inseguridad debe pasar por desestructurar las finanzas de grupos criminales que pasan por los bancos nacionales, así como sus vínculos con terratenientes y grupos de poder, así como con las mismas fuerzas de seguridad del Estado. “La historia nos ha demostrado que las políticas de seguridad con un enfoque represivo generan graves violaciones a los derechos de las comunidades pobres en manos de estructuras mafiosas y criminales de la Policía y el Ejército”, señala Copinh en un comunicado.

Recuerdan que la estructura criminal que realizó el operativo de asesinato de Berta Cáceres surgió desde el interior de las Fuerzas Armadas de Honduras, en especial el 15to batallón del ejército y estas estructuras siguen impunes.

Para la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, el estado de excepción “es una respuesta racista que discrimina y estigmatiza la pobreza, que afecta directamente a las mujeres, niñez y grupos más vulnerables de los barrios y colonias a los que han aplicado esta medida”.

La asamblea sostiene que el estado de excepción no es un plan integral para los problemas de las Maras en Honduras ni en otro país de Centroamérica. “Nosotras sabemos que las maras no se crearon en nuestra región fueron importadas desde Estados Unidos resultado de la exclusión social, crecimiento urbano rápido y sin planificación, inmigración desordenada, extrema pobreza y falta de oportunidades, a las que se añaden xenofobia y racismo”.

La demanda de Copinh es que el Gobierno de Castro genere una política integral de seguridad ciudadana, que garantice el respeto de los derechos humanos y la eliminación de las estructuras criminales económicas y empresariales que sostienen los fenómenos de los grupos ilegales armados que azotan al pueblo de Honduras.

El Salvador

La Oficina en Washington para Asunto Latinoamericanos (Wola) hizo un llamado público para que Honduras no siga los pasos de Guatemala y El Salvador, quienes han gobernado bajo estados de emergencia o regímenes de excepción nacionales o focalizados sin velar por el respeto a los derechos humanos, especialmente de la población más vulnerable como las mujeres y los pueblos garífunas e indígenas.

La decisión de Honduras sigue a la deEl Salvador, donde este marzo el presidente Nayib Bukele dispuso la misma medida a fin de reducir los crímenes de las pandillas.
Desde entonces, ya se han aplicado ocho extensiones del decreto y se ha capturado a más de 58 mil personas.

Organizaciones y familiares de los detenidos han denunciado diversas violaciones de derechos humanos y arrestos sin fundamentos.

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UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERÍA EN MORELOS

(Español) Toda nuestra solidaridad a los pueblos Nahuas de Xochimilco y Milpa Alta

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AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA UAN REBELDIA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS
A LOS PUEBLOS DE MORELOS
A TODOS LOS PUEBLOS DE MÉXICO

Viernes 09 de diciembre de 2022.

Nosotras y nosotros los pueblos originarios de las comunidades nahuas del Estado de Morelos, descendientes de los Xochicalcas y los Tlahuicas, que formamos parte de UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERIA EN MORELOS, NOS PRONUNCIAMOS EN CONTRA DE LA REPRESIÓN que están padeciendo nuestras hermanas y hermanos que luchan por la vida, por el agua y por el territorio.

Nosotros los pueblos indígenas, originarios de este territorio llamado México, somos quienes hemos cuidado a la madre tierra para que siga existiendo el agua, la fauna y la flora en nuestros territorios, nosotras y nosotros amamos y veneramos la madre tierra para que siga existiendo la vida.

Nuestra lucha por nuestra existencia a lo largo de estos más de 500 años ha sido de resistencia, y hoy en día no es la excepción, exigimos a los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y Federal que cese el hostigamiento y represión hacia nuestras hermanas y hermanos nahuas, que los gobiernos respeten las leyes nacionales como es el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes internacionales como el Convenio 196 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas, donde señalan los derechos colectivos a la autonomía y a la libre determinación de pueblos indígenas, porque solo nosotras y nosotras los pueblos originarios tenemos derecho a decidir sobre nuestros territorios ancestrales.

Los pueblos originarios e indígenas decimos ¡NO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO BARRIAL!, QUE PRETENDE DESPOJAR EL AGUA A LOS PUEBLOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA, ¡NO A LA MODIFICACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO DE CONSERVACIÓN A SUELO RURAL HABITACIONAL!, lo que amenaza la continuidad de su vida colectiva comunitaria como pueblos originarios.

POR ESTO, NOS SUMAMOS A LA EXIGENCIA PARA QUE SE CANCELE EL PLAN DE DE SARROLLO Y ORDENAMIENTO BARRIAL Y QUE CESE LA REPRESIÓN EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA.

¡UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERÍA EN MORELOS!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA Y EL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO CIG!
¡FUERA MILITARES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA!
¡FUERA EJÉRCITO REPRESOR DEL PUEBLO EN NUESTROS TERRITORIOS!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTRAS Y NOSOTROS!
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Avispa Midia

(Español) México: Anuncian grupo de élite de la Guardia Nacional para operaciones de alto impacto

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Este lunes (5), mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el comandante de la Guardia Nacional (GN), Luis Rodríguez Bucio, anunció la entrada en operaciones de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI).

Según argumenta Bucio en el acuerdo, el establecimiento de la FERI responde a la necesidad de mejorar el funcionamiento de la GN para ejecutar operaciones de alto impacto en funciones de seguridad pública, destacando su responsabilidad de “garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social en el territorio nacional”.

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La unidad de élite de la GN está compuesta por 500 elementos y su mando operativo lo ejercerá el Comandante de la Guardia Nacional a través de la Jefatura General de Coordinación Policial, órgano técnico quien realiza la coordinación operativa, logística y administrativa de las unidades de dicha institución.

Entre las facultades de la FERI destaca el resolver situaciones de alto riesgo; traslado de reos de alta peligrosidad y proporcionar seguridad en eventos especiales (reuniones de alto nivel, eventos diplomáticos, culturales y/o deportivos de carácter internacional) y a altos funcionarios.

Otras de sus atribuciones son las de brindar apoyo a las autoridades ministeriales para la cumplimentación de órdenes de detención y técnicas de investigación (cateos); así como llevar a cabo operaciones sorpresivas y de corta duración en zonas urbanas de alta incidencia delictiva.

Según ha documentado este medio, organizaciones sociales y civiles, así como expertos en materia de seguridad, han alertado sobre la profundización de la militarización de la seguridad pública en México.

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Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), remarca que el poder de las Fuerzas Armadas en México se ha incrementado a niveles hasta hace poco impensables. “Más de 10 cambios legales recientes otorgan mayor poder al Ejército sin que a la par se estén diseñando controles civiles externos robustos para la rendición de cuentas y sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación priorice la resolución de los asuntos pendientes que están bajo su análisis respecto de este tema. En este 2022 que acaba se añadieron dos reformas adicionales, de muy hondo calado: la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena y la ampliación hasta 2028 de la intervención de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública”, sostiene para medios nacionales.

La reacción ante estas reformas repercutió incluso en organismos supranacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien envió una carta para solicitar al gobierno mexicano frenar los cambios legislativos por considerarlos “inconstitucionales”.

“El avance de estas iniciativas significa un ataque en contra del principio de supremacía constitucional”, sostuvieron los expertos de Naciones Unidas, quienes también acusaron que las reformas recién aprobadas autorizan “abiertamente” a las Fuerzas Armadas a desobedecer la constitución.

Contradicciones

Por otra parte, el mismo lunes (5) se difundió el decreto por el cual se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) para el periodo 2022-2024.

En el documento se establece como eje principal de la estrategia, “cambiar el paradigma de seguridad que ha imperado en sexenios anteriores”, pues considera que necesita incorporar enfoques transversales para dirigirse a la raíz de la “aguda crisis que enfrenta el país en esta materia y a la plena incorporación de la perspectiva de respeto a las libertades y a los derechos humanos”.

En el análisis de la situación de seguridad actual, el PNSP argumenta que la llamada “guerra contra el crimen organizado” de administraciones pasadas no mejoró las condiciones de paz en el país y, al contrario, resultó en más de 240 mil víctimas de homicidios dolosos y otros fenómenos como la desaparición forzada de personas.

Pese a este escenario, el mismo PNSP establece que una de las metas para lograr la “pacificación” del país es la necesidad de “contar con la presencia de la GN en todo el territorio para coadyuvar en acciones de seguridad que impacten en la contención de la delincuencia y la violencia en las regiones del país”.

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Más aún, en el recién PNSP aprobado, se suman otras atribuciones a los elementos de la GN. Es el caso de la coordinación entre esta corporación policiaca-militar con otras instituciones de seguridad para reforzar la vigilancia dentro y fuera de los centros penitenciarios federales.

El PNSP también promueve la consolidación de la Unidad Policial Especializada en la Investigación del lavado de dinero (Guardia Financiera), la cual se argumenta en el documento que permitirá “debilitar los esquemas financieros de las organizaciones criminales”.

Cabe destacar que, a pesar de su creación en 2019, el PNSP reconoce que la GN aún mantiene pendiente la implementación de “mecanismos de supervisión de la actuación policial para evitar actos de corrupción y garantizar su desempeño con respeto a los derechos humanos”.

Entre las acciones aún por concretar que se desprenden de esta estrategia se encuentran la implementación de mecanismos de denuncia ciudadana para reportar actos de corrupción en la Guardia Nacional, así como atender las recomendaciones y sentencias emitidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

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De acuerdo a registros de la GN, a diciembre del 2020 sus elementos se encontraban desplegados en 200 regiones del país. Conforme a lo establecido en el PNSP 2022-2024, “como parte de la estrategia para la pacificación del país”, la meta es que sean desplegadas unidades en 66 regiones adicionales de mayor incidencia delictiva, en las cuales se establecerán unidades de la GN, y serán las áreas geográficas que servirán de base para su despliegue en el territorio nacional.

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(Español) Guatemala | Mayas en resistencia contra palma africana son atacados por fuerza policial

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Fuente: Avispa Midia

Las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala realizan este martes (6), un desalojo en la comunidad de Chapín Abajo, El Estor, Izabal, en donde se reporta una persona fallecida por arma de fuego, se trata de Lisbin Neftalĺ Quileb Pec, de 16 años, maya Q’eqchi.

Autoridades indígenas reportaron que las fuerzas de seguridad portaban armas y fusiles, además del equipo antimotines que rodeaba el lugar.

El medio Prensa Comunitaria dio a conocer que la comunidad fue sitiada por elementos de la PNC y el ejército, desde la madrugada con 25 órdenes de allanamiento en contra de las Autoridades Ancestrales Q’eqchi’.

Además, confirma un saldo de varias mujeres detenidas, dos heridas, una de ellas en el hospital, y una persona desaparecida. Según relatos de los comunitarios, entre los detenidos están Alba María Choc, esposa de una autoridad ancestral, y su hijo de 9 años de edad.

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La operación es promovida por la empresa aceitera NaturAceites, denuncian autoridades ancestrales. Los moradores defienden su territorio del monocultivo de palma de aceite, en tanto el gobierno de Guatemala insiste en que se trató de un operativo para recuperar armas robadas hace un año.

Apenas en octubre pasado, hubo otro operativo en el cual la Policia Nacional intentó ejecutar tres allanamientos y 20 detenciones en la comunidad de Chapín Abajo. En aquella ocasión intentaron detener a comunitarios que participaron en la resistencia antiminera en la región, mientras otros son acusados por la empresa NaturAceites del delito de usurpación agravada.

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Naturaceites, la productora de palma africana que comercializa el aceite Capullo, figura como denunciada en nueve expedientes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. La corporación ha sido acusada de ocasionar la muerte de centenas de peces con los desechos que producen sus monocultivos. También ha sido señalada de empezar proyectos sin contar con instrumentos de evaluación del impacto ambiental.

La empresa opera en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Escuintla; distribuye sus productos en México, Estados Unidos y República Dominicana y ha sido proveedora de empresas como Nestlé y Unilever.

A finales de 2021 fue impuesto un estado de sitio en El Estor, luego de que las autoridades reprimieran violentamente protestas de comunidades maya Q’eqchi’ para impedir el paso de vehículos cargados de carbón de la empresa minera Fénix, pese a que su operación fue declarada inconstitucional.

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CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

(Español) Solidaridad total con los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta: Consejo Supremo Indígena de Michoacán

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El agua es vida, y la vida se defiende Solidaridad total con los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta: Consejo Supremo Indígena de Michoacán

SOLIDARIDAD TOTAL CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA

AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades P’urhépecha a 6 de diciembre de 2022.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM; Consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas; Asamblea general autoridades indígenas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, manifestamos colectivamente lo siguiente:

El #CSIM se pronuncia en apoyo a los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, que hoy defienden su derecho al territorio y a decidir sobre el uso y aprovechamiento de los bienes comunales. Están ejerciendo su derecho fundamentado en los tratados internacionales y el artículo 1ro de nuestra carta magna.

El llamado “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Barrial», pretende despojar del agua a los pueblos de Xochimilco y Milpa Alta, además de modificar el cambio de uso de suelo de conservación a suelo rural habitacional. Lo anterior, amenaza la continuidad de su vida colectiva como pueblos y la desarticulación como sujetos de derechos.

Nos sumamos a la exigencia de la cancelación de dicho plan y cese la represión por parte de los cuerpos de seguridad capitalina. Exigimos respeto al pueblo de San Gregorio Atlapulco. Respeto al territorio, a la vida comunitaria, a los bienes comunes y a la libre autodeterminación y autonomía.

Solidaridad total con los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta.

 

¡VIVA JUCHÁRI UINÁPEKUA!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

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Radio Zapote

(Español) Comunicado de la comunidad originaria de Milpa Alta contra la imposición del Programa general de ordenamiento territorial y el Plan de desarrollo de la CDMX

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A las mujeres y hombres que luchan
A lxs ciudadanxs conscientes de la Ciudad de México
A los medios de comunicación

Ante el capricho del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum y la política partidista de despojo, destrucción y violencia con la que pretenden imponer el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo de la CDMX, NOSOTRXS NAHUAS, COMUNERXS, VECINXS Y RESIDENTES DE LOS DOCE PUEBLOS DE MILPA ALTA RECHAZAMOS Y DESCONOCEMOS LA SIMULACIÓN DE CONSULTA QUE PRETENDEN REALIZAR EN NUESTROS PUEBLOS, EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2022 Y LA IMPOSICIÓN QUE PRETENDE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD.

Denunciamos las prácticas corruptas y rapaces que el Instituto de Planeación, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de los PILARES y a la Alcaldía Milpa Alta han realizado en nuestras comunidades, engañando, intimidando y condicionando la permanencia en los Programas Sociales a cambio de aprobar un Ordenamiento Territorial que no ha sido debidamente informado y construido con quienes habitamos Milpa Alta y la ciudad toda.

Los doce pueblos de Milpa Alta: Atocpan, Miacatlán, Ohtenco, Tepenahuac, Tecoxpa, Tlacotenco, Tlacoyucan, Oztotepec, Villa Milpa Alta, Xicomulco, Cuauhtenco y Tecomitl decimos NO al Programa General de Ordenamiento Territorial y Plan General de Desarrollo, porque sabemos que nos condena al despojo de nuestra Tierra y Territorios. Decimos NO a la destrucción de nuestras vidas. Decimos NO al saqueo de nuestros recursos. Decimos claro y fuerte que ¡A nuestra Madre Tierra con sangre la vamos a defender!

Decidamos la ciudad que queremos, con información oportuna, precisa y consensuada en todos y cada uno de nuestros pueblos. Decidamos desde nuestra experiencia cotidiana cómo queremos ordenar nuestros territorios, decidamos desde el caos que vivimos todos los días para dónde podemos crecer, decidamos entre todxs hasta dónde nos alcanzan nuestros recursos, particularmente el agua. Decidamos todxs por una vida digna para todxs. Para decidir la ciudad que queremos, EXIGIMOS AL GOBIERNO DE LA CIUDAD RESPETO A LA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, CON APEGO A LOS LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS E INDÍGENAS.

Invitamos a todos los pueblos y barrios originarios de la Cuenca del Anáhuac a manifestarse CONTRA EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL en los centros donde se llevará a cabo la supuesta consulta, el día de mañana sábado 3 de diciembre, a partir de las 09:30 horas, y RECHAZAMOS LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS EN LOS PILARES DE MIACATLAN, XICOMULCO, TLACOYUCAN Y TECOMITL, PORQUE SE REALIZARON A LOS USUARIOS MENORES DE EDAD SIN PREVIO AVISO, SIN INFORMACIÓN Y DE FORMA AMAÑADA.

Los pueblos de Milpa Alta nos solidarizamos y repudiamos la represión que sufren nuestrxs hermanxs de San Gregorio Atlapulco, a manos de granaderos y grupos de choque del alcalde José Carlos Acosta.

Desde Milpa Alta apoyamos la lucha legítima del pueblo originario de Atlapulco y demandamos que la alcaldía de Xochimilco, SacMex y el Gobierno de la Ciudad cesen la represión y salgan de San Gregorio las fuerzas represoras del Gobierno de la CDMX.

PUEBLOS HERMANOS DEL SUR: SI TOCAN A UNO NOS LEVANTAMOS TODOS🔥🔥🔥

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Avispa Midia

(Español) Periodistas salvadoreños demandan a fabricante del programa espía Pegasus

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Entre junio de 2020 y noviembre de 2021, periodistas de El Faro fueron víctimas de espionaje telefónico a través del software espía Pegasus, desarrollado por NSO Group.

El pasado miércoles (30), un grupo de 15 periodistas miembros de El Faro, periódico digital salvadoreño, presentó una demanda ante un tribunal federal de los EEUU contra NSO Group, empresa israelí creadora del programa de vigilancia malicioso conocido como Pegasus.

Representados por el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, los periodistas señalan que, durante junio del 2020 y noviembre del 2021, mediante dicho programa se realizaron infiltraciones a sus dispositivos móviles con el objetivo de rastrear sus conversaciones y movimientos de forma secreta.

Mediante comunicado de prensa, el instituto destacó que este caso es el primero presentado por periodistas contra NSO Group en los tribunales de Estados Unidos. En su comunicación, también detallan que, en los últimos años, el programa espía de la empresa israelí se ha utilizado en regímenes autoritarios y de vulneración de derechos de todo el mundo para atacar a periodistas, activistas de derechos humanos y disidentes políticos.

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Para Carlos Dada, cofundador y director de El Faro, estos ataques fueron un intento para disuadirlos de realizar sus labores periodísticas. “Presentamos esta demanda para defender nuestro derecho a investigar e informar, y para proteger a los periodistas de todo el mundo en su búsqueda de la verdad”, declaró el periodista salvadoreño.

Pegasus es capaz de infiltrarse en teléfonos inteligentes sin ser detectado y tras ello brinda información a los operadores del programa espía sobre las listas de contactos, información de calendario, mensajes de texto, correos electrónicos, historiales de búsqueda, geolocalización, etc.

El 24 de septiembre del 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dedicó parte de su conferencia para descalificar a El Faro e indicó que Hacienda investigaba al periódico por evasión de impuestos y lavado de dinero.

Acorde a la demanda, los ataques con el programa espía contra El Faro son parte de una acción mayor en contra de otros medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en la que se contabilizan, al menos, infiltraciones a los dispositivos de 35 personas y nueve organizaciones.

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El periódico digital, con sede en El Salvador, destaca por su trabajo de periodismo de investigación sobre temas de derechos humanos, desigualdad, violencia y corrupción gubernamental. Por su parte, NSO Group, con sede en Israel, desarrolla programas espía que comercializa con gobiernos a nivel mundial, incluidos aquellos que han estado implicados en graves abusos de derechos humanos.

La demanda argumenta que, con sus acciones, NSO Group violó diferentes leyes estadounidenses como la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley Integral de Fraude y Acceso a Datos Informáticos de California.

En la demanda se detalla que, para que NSO Group pudiera desarrollar Pegasus, sus miembros accedieron a servidores propiedad de empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Apple Inc, ubicada en Cupertino, California. “Los acusados accedieron a los servidores de Apple para identificar y explotar vulnerabilidades en el software y los servicios de Apple, para permitir la entrega de Pegasus a los iPhones de los objetivos”, se lee en la documentación que integra la demanda.

Cabe recordar que, en noviembre de 2021, Apple demandó a los desarrolladores de Pegasus desde EEUU, afirmando que, a través del desarrollo y despliegue del software espía, habían explotado el software y los servicios de Apple, dañado su negocio y buena voluntad, y perjudicado a sus usuarios.

“El uso de programas espía para vigilar e intimidar a periodistas representa una amenaza en verdad urgente para la libertad de prensa”, sostuvo la abogada Carrie DeCell. La litigante del Knight First Amendment Institute también exigió a los tribunales estadounidenses cumplir con su deber en garantizar que los desarrolladores de programas espía rindan cuentas de sus acciones cuando estas violen la legislación de los Estados Unidos, como argumenta que ocurrió en las infiltraciones contra los miembros de El Faro.

La demanda presentada por los periodistas exige que NSO Group identifique, devuelva y borre toda la información obtenida mediante estos ataques; la prohibición a la empresa israelí para utilizar Pegasus de nuevo contra los demandantes, así como la identificación del cliente que ordenó las infiltraciones contra el medio digital.

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“NSO Group y otros desarrolladores mercenarios de programas espía están suministrando a los gobiernos autoritarios las herramientas para sofocar la disidencia y aplastar la libertad de prensa”, señaló Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight Institute.

Por su parte, Ron Deibert, profesor de Ciencias Políticas y director del Citizen Lab, organismo que identificó 226 infecciones de Pegasus en los dispositivos utilizados por los empleados de El Faro, declaró que este tipo de litigio puede contribuir a “disuadir este desprecio insensible por los derechos humanos tanto por parte de NSO Group como de todas las empresas de la industria mercenaria de programas espía”.

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Avispa Midia

(Español) EEUU rechaza decisión de México que prohíbe maíz transgénico y glifosato

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Este lunes (28), el secretario de Agricultura de EEUU, Tom Vilsack, se reunió con funcionarios mexicanos para conversar sobre la intención de este país para poner fin a las exportaciones estadounidenses de maíz transgénico para consumo humano.

En declaración para medios, Vilsack compartió que su país no descarta la posibilidad de acudir al Tratado México, EEUU y Canadá (TMEC) para resolver el desacuerdo. La controversia data de finales del 2020, cuando un decreto ejecutivo colocó la eliminación gradual del maíz transgénico y el uso del glifosato para el año 2024.

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En la reunión también estuvieron presentes el embajador de EEUU, Ken Salazar, así como los titulares de las dependencias mexicanas encargadas de Relaciones Exteriores, Agricultura, Economía y Medio Ambiente.

Marcelo Ebrard, titular de la política exterior mexicana, anunció que se abordaron temas relativos a la seguridad alimentaria de ambos países. Por su parte, Víctor Villalobos, responsable de Agricultura, indicó que en próximas semanas se realizará otra reunión bilateral para abordar el tema del comercio de productos transgénicos entre las dos naciones.

Presiones

El pasado 15 de noviembre, los senadores norteamericanos Joni K. Ernst y Charles E. Grassley hicieron un llamado a Katherine Tai, representante comercial de EEUU, para activar un proceso de consultas contra México en el marco del T-MEC respecto a la política del gobierno mexicano para prohibir las importaciones de maíz transgénico y el uso del glifosato.

Mediante una carta, los congresistas estadounidenses argumentaron pérdidas multimillonarias para los agricultores de EEUU si se concreta la prohibición de México. En respuesta, la representante comercial norteamericana difundió un comunicado en el cual se posiciona sobre “la importancia de evitar una interrupción de las exportaciones de maíz de EEUU y de volver a un proceso regulatorio basado en ciencia para todos los productos biotecnológicos agrícolas en México”.

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Según datos de la Secretaría de Economía mexicana, para el año 2021 este país importó más de 16 millones de toneladas de maíz amarillo transgénico. Además, para el año en curso, de acuerdo a cifras del Departamento de Agricultura de EEUU, México es el principal comprador de maíz amarillo pues ha importado más de 5 millones de toneladas métricas.

Acorde a datos de la Oficina del Censo de EEUU, las exportaciones a México equivalen a más de cinco millones de dólares, cifra que se vería afectada por la prohibición del comercio de transgénicos.

Otros actores también se han pronunciado contra la medida de México. En octubre pasado, la Asociación Nacional de Agricultores de Maíz de EEEUU difundió un comunicado para exigir al representante comercial norteamericano que inicie una disputa en el marco del T-MEC para permitir la exportación de maíz transgénico a México, así como permitir el uso del glifosato.

En su argumentación, los agricultores estadounidenses afirman que, de acuerdo a la firma del T-MEC en 2018 , no se contempla estas prohibiciones que afectarán gravemente a la economía de EEUU.

A su vez, la Organización de Innovación Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés), donde confluyen empresas como Bayer, también se han sumado a la presión hacia los funcionarios norteamericanos para que, en caso de que fallen las negociaciones en el marco del T-MEC, se trabaje en crear un tratado de biotecnología agrícola el cual permita la continuación del comercio con transgénicos con México.

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Hasta ahora México acepta la introducción de maíz amarillo transgénico para alimentar ganado, pero de cumplirse el decreto emitido en 2020, la prohibición sería para cualquier tipo de transgénico. Por otra parte, durante la semana pasada el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que por el momento su gobierno ha frenado la prohibición del uso del glifosato. El mandatario detalló que no se puede eliminar de manera tajante el uso de este herbicida debido a que no se cuenta con otra alternativa para la limpieza de plantas y árboles.

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Avispa Midia

(Español) Congreso mexicano busca catalogar ciberataques como amenazas a seguridad nacional

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La infodemia y lawfare en internet y redes sociales no son palabras nuevas. Surgieron hace más de 10 años por la digitalización y algunos medios de comunicación. En el Senado de la República y la Cámara de Diputados, el partido Morena propuso combatir estos delitos argumentando una amenaza de Seguridad Nacional.

Hace unos días, la multinacional de ciberseguridad Kaspersky Lab informó que Brasil se destaca como el mercado con más ataques de malware, con 1,554 intentos por minuto o el 65% de todos los bloqueos de la región. Le siguen México con 298 intentos por minuto, Perú con 123 ataques bloqueados por minuto, Colombia y Ecuador con 84, respectivamente, Argentina con 30 y Chile con 28 intentos/minuto.

Mientras, FortiGuard Labs, el laboratorio de inteligencia de amenazas de Fortinet, tiene registro de 85,000 millones de intentos de ataques cibernéticos en México, entre enero y junio del 2022. En 2021, fue el país que encabezó la lista con 156,000 millones; seguido de Brasil con 88,000 mil millones, Perú con 11,000 millones y Colombia 11,000 millones.

En México, el senador José Narro Céspedes, planteó establecer una ruta para construir marcos jurídicos para evitar la difamación que se da en Internet y redes sociales. Por su parte, desde agosto pasado, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, también del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

Crímenes sofisticados

La iniciativa presentada expone que los ataques cibernéticos se consideren amenaza a la seguridad nacional y se busque la cooperación internacional para la ciberseguridad, en torno a los artículos 5, 6 y 13 de la Ley de Seguridad Nacional.

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De adicionar una fracción XIV al artículo 5, “todo acto, conducta, incidente o amenaza ofensiva o maliciosa con la capacidad de provocar un efecto adverso, una falla, un acceso no autorizado, una vulnerabilidad, pérdida, daño o un delito desde el ámbito digital o ciberespacio en contra de las personas, activos, información, infraestructuras de información, tecnologías de operación o instancias e instituciones del Estado Mexicano (sic)” será considerado una amenaza para la seguridad nacional.

Manuel de Jesús Robles González, CEO de una empresa de desarrollo de software en Chiapas, consideró que es una tarea compleja, pues el gobierno es parte del control de la información y puede reconocer directamente de dónde vienen los ataques, pero en lo que realizan una investigación se podría caer en la detención de chivos expiatorios.

“Vendrán arrestos siniestros de personas que quizá no tengan que ver, pero que desde sus computadoras se lanza el ataque. No habrá un control”, preveé el experto.

Comparó las acciones actuales de la Guardia Nacional que, en algunas entidades, entra a las viviendas sin orden de cateo, en busca de armas y drogas, “ocurrirá lo mismo en lo digital, cualquiera tendrá acceso a los equipos y el gobierno dirá que está combatiendo”.

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La mejor recomendación para no ser parte de estas problemáticas, dijo el experto en tecnologías, es siempre poner la máxima seguridad y ser cuidadosos en la información que se publica. Recordó que los grandes creadores de antivirus, evitan dispositivos móviles y no tienen identidad digital porque conocen lo que hay detrás.

Pero ¿qué es la infodemia y lawfare? y ¿se puede combatir? González ejemplificó como infodemia el exceso de información que se compartió de manera masiva durante la pandemia del Covid-19, sin la certeza de su veracidad. Mientras lawfare es una guerra jurídica: se toman documentos, incluso falsos, para atacar u ofender a cualquier individuo.

Todo es parte de la llamada guerra blanda, porque no se utilizan armas de fuego; y que México –también– padecerá mucho porque no tiene cultura tecnológica ni de seguridad, dijo el tecnólogo. “Se está gestando una guerra cibernética, como dijeron que sería la tercera guerra mundial”.

Somos un número

El experto partió de la explicación de que para el sistema cada usuario representa un número. Facebook ubica el perfil de una persona con un algoritmo que se crea por las preferencias; y no es otra cosa que un número.

“Quienes controlan la información son Google, Amazon, etcétera; en el caso de México es el INE (Instituto Nacional Electoral) o el SAT (Servicio de Administración Tributaria). Con las nuevas reformas, el SAT puede saber todo de ti. En general, todas las personas que disponemos de un dispositivo móvil, ya estamos dando nuestros datos al sistema, a la big data”.

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Estos registros vuelven a los usuarios vulnerables a cualquier tipo de ataque, ya sea por una guerra jurídica o un complot. Los Estados Unidos y la Unión Europea manipulan los datos de algunas redes sociales como Whatsapp que recientemente sufrió un hackeo. Si es Telegram o Tik tok, son los rusos y los chinos en un capa de primer nivel, “pero hay más cosas turbias”, sostiene González.

En primer plano están las conocidas redes sociales y abajo la venta de drogas, armas, órganos, personas, sicarios, entre otros ilícitos, lo que se conoce como Deep Web.

¿En quién creer?

En la actualidad, incluso los sistemas de gobierno han sido corrompidos, “en estos momentos no tenemos ninguna seguridad digital; si el presidente no puede tener una certeza jurídica legal digital, un simple mortal como nosotros, menos”.

Como Guacamaya Leaks que hizo públicos miles de documentos y la filtración hecha contra la máxima autoridad digital del país, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aunado a esto, México es el primer lugar en ataques de puerta trasera (backdoor) a nivel mundial, pues además de la nula cultura de seguridad, es donde más existe la piratería.

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“Los que saben de ese negocio no lo van hacer desde su computadora”, dijo el CEO. Según FortiGuard Labs, Argentina, Chile, México, Perú y Panamá han sido objeto de distribuciones de malware y troyanos centradas en aplicaciones de Microsoft Office, usualmente utilizadas para trabajo y educación a distancia.

“El Office es crackeado”, es decir, el individuo crea una licencia simulada del producto y otros la instalan en los equipos a bajo costo, pero “deja una puerta abierta” y a eso se le conoce como backdoor.

De esta manera, la persona que creó el ‘crack’ puede acceder y trabajar desde uno o más equipos para procesos ilícitos, “hasta para minar bitcoins o crear ataques cibernéticos; y quienes están atrás son los turcos, los chinos, los rusos, los brasileños, que son buenísimos en esto de la guerra digital”.

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Avispa Midia

(Español) Se pospone fallo final de imputados en la desaparición de Claudia Uruchurtu

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

 

Una vez más los funcionarios de la Justicia que llevan el caso de la activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca, pospusieron la audiencia de lectura de sentencia que se realizaría el jueves, 1º de diciembre. El proceso penal inició hace más de un año.

Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno de la ex presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por el partido Morena.

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Ahora la audiencia para el fallo final del caso fue postergada para el próximo miércoles, 7 de diciembre a las 11am.

El martes, 29 de noviembre, el juez ya había aplazado la audiencia para el 1º de diciembre, día en que Salomón Jara Cruz asumió la gubernatura de Oaxaca. La hermana de Claudia, Elizabeth Uruchurtu, ha declarado que espera que no exista ningún tipo de injerencia en el proceso judicial por parte de las nuevas autoridades gubernamentales que encabezan el gobierno de Morena en Oaxaca.

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El argumento para posponer las audiencias fue que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca no contaba con elementos ni patrullas suficientes para realizar el traslado de dos imputados en el caso a los juzgados de la Colonia Reforma de la Ciudad de Oaxaca, entre ellos, la ex edil de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta y varios de sus colaboradores cercanos.

Además, se argumentó que la audiencia no pudo llevarse a cabo de manera remota por problemas de conectividad en el juzgado.

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El juicio se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según reveló Avispa Midia, a partir de un oficio obtenido por transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.

Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.

De resultar favorable para la familia de Claudia Uruchurtu, sería el primer caso en Oaxaca y en el país en que funcionarios públicos serían juzgados por el delito de desaparición forzada.

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