Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Los siete principales minoristas en España – Carrefour, Mercadona, Alcampo, Lidl Supermercados, El Corte Inglés, Grupo Dia y Aldi – tienen “compromisos inadecuados” para detener la deforestación vinculada a la soja en la Amazonía y el Cerrado brasileños. Eso porque la soja que se produce en estos biomas, fruto de la deforestación, es utilizada como alimento de ganado con el cual se produce alimentos procesados, como embutidos, jamón, tocino y mortadela, vendidos en las estanterías de sus supermercados en España. 

Los datos fueron revelados por una investigación realizada por la organización Mighty Earth, publicada en julio de 2024. 

Sólo Aldi, Carrefour y Lidl tienen una política que, según las propias cadenas de supermercados, buscan no tener una relación con la deforestación. “Aunque se encontraron pocas pruebas de medidas o esfuerzos prácticos para abordar este riesgo de deforestación”, dice el estudio.

Además, ninguno de las siete empresas publica sus datos sobre su huella global de soja, “a pesar de que los supermercados representan casi el 50% de las ventas de carne procesada en el país”.

España es uno de los principales productores de carne de la Unión Europea, con una cuota de mercado del 18% y una producción total de 7,55 millones de toneladas el año pasado. 

De acuerdo con el estudio, 5 millones de toneladas de soja fueron importadas a España en 2023, con un 74% procedente de Brasil. Tanto el bioma de la Amazonía como el del Cerrado son la fuente de prácticamente toda la soja brasileña utilizada por la industria española de alimentos para ganado, según Trase.

Brasil se convirtió, en 2023, en el mayor exportador de soja a España (58%), cuando tradicionalmente procedía de Argentina. En comparación, en 2022, el 53% de soja importada por España procedía de Argentina y el 39% de Brasil. 

La Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia, en un informe sobre Brasil, señala que en 2021 la soja representaba el 46% de la producción agrícola total del país sudamericano.

Deforestación

En un estudio publicado en marzo de 2024, Mighty Earth, con base en la combinación de alertas de deforestación con imágenes de satélite e investigaciones en el terreno, alertaba sobre la relación entre el cultivo de soja y la deforestación, alcanzando 30 mil hectáreas en la Amazonia y casi 27 mil hectáreas en el Cerrado.

Este estudio relacionó las explotaciones agrícolas que produjeron soja en la cosecha de 2022 con los principales comerciantes mundiales de soja: Amaggi, ADM, ALZ Grãos, Bung, Cargill, COFCO y LDC. 

En un informe anterior publicado en junio de 2023, Mighty Earth descubrió que solamente Bunge estaba directamente vinculada a la deforestación de 11,351 hectáreas en el Cerrado brasileño.

Carne: un alto costo para el planeta

El 90% de la soja del mundo se utiliza para producir alimento para ganado, menciona el estudio, y su expansión está provocando la deforestación de biomas vírgenes en toda América Latina. 

Alerta que la producción de la carne representa el 14% de los Gases de Efecto Invernadero en el mundo. “Una reducción significativa de nuestro consumo de carne será necesaria para cumplir los compromisos climáticos y evitar los peores impactos del cambio climático”. Además, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado la carne procesada como “cancerígena para el ser humano”. 

En el caso de España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) estima que el consumo ideal de carne en un máximo de tres raciones semanales (una ración equivale a 100-125g), o unos 15 kg al año, mientras que el consumo medio español supera actualmente los 32 kg por habitante y año. “Para lograr un sistema alimentario sostenible y saludable, parece necesario un cambio hacia una dieta proteica de origen vegetal”, sostiene.

Fuente: Avispa Midia

Por Omar Arach

En portada: El embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, el día de la firma del convenio en aguas del río Paraná. Foto: Argentina.gob.ar

El Gobierno firmó un acuerdo con Estados Unidos para que el “Cuerpo de Ingenieros” del Ejército tenga injerencia en el Paraná, río troncal de Argentina y principal vía navegable del modelo agropecuario. Pasado y presente de un grupo de élite muy poderoso, comparado con la CIA y el FBI, que tuvo rol protagónico en guerras, invasiones y desastres humanitarios.

El gobierno nacional dio a conocer, en marzo de 2024, la firma de un memorándum de entendimiento con la embajada de Estados Unidos para que el Cuerpo de Ingenieros del ejército norteamericano colabore con la Administración General de Puertos (AGP) de la Argentina en la gestión del Río Paraná como vía navegable. El comunicado de prensa oficial no dijo mucho, pero sí podemos comentar acerca de quién es el firmante al que se está invitando a la “gestión” del río.

El Cuerpo de Ingenieros es un brazo técnico del ejército estadounidense que acompañó la gesta expansiva del Estado norteamericano desde su fundación. Fue creado oficialmente en 1802, pero su embrión data de 1775, cuando George Washington constituyó su ejército con un ingeniero jefe, que luego sería el ingeniero jefe de su gobierno.

Desde entonces fue una pieza clave en la conquista del Estado norteamericano sobre el territorio autoasignado como propio y también allí donde sus aventuras militares internacionales lo llevaran. Jugó un rol fundamental en el despojo de las poblaciones originarias durante la muy televisiva conquista del oeste y en la guerra contra México, que resultó en la apropiación de la mitad norte de este país, en la franja que hoy comprende los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado. 

Las tareas en estos casos estuvieron centradas en trabajos de reconocimiento topográfico, pero también en la construcción de puentes, pontones y puertos para facilitar el despliegue de las tropas. Más ampliamente, el cuerpo de ingenieros fue protagonista principal para la construcción del tendido ferroviario en el país, así como de represas y acueductos, que viabilizó el colonialismo de asentamiento característico de su historia.

En el siglo XX sus incursiones guerreras lo llevaron a participar en las dos guerras mundiales, así como en Corea y Vietnam y, más recientemente, en Iraq, Afganistán y Siria. Con ese conjunto de experiencias también fue ampliando y diversificando sus capacidades en el desarrollo de infraestructura para facilitar procesos de destrucción. Luego de la Primera Guerra Mundial, constituyó el Servicio Químico de Guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial participó activamente en el proyecto Manhattan, para la producción de la bomba atómica, el cual es celebrado como uno de los más grandes logros del cuerpo. También participó en la carrera espacial, realizando la plataforma de lanzamiento del Apolo, el cohete espacial que alunizó en 1969.

Así mismo, se ha especializado en la “reconstrucción” de áreas destruidas por la guerra, con proyectos en Iraq, Kuwait, Siria, Libia. Con el tiempo, fue incorporando tareas de conservación y restauración ambiental y, también, de asistencia humanitaria. 

Actualmente se encuentra realizando un puerto flotante en las costas de Gaza, para hacer llegar ayuda a una población civil devastada por el bombardeo del ejército israelí, convenientemente pertrechado con explosivos y municiones provistos por el gobierno norteamericano.

Una de las áreas en las que se ha especializado, en términos de trabajos civiles, ha sido en grandes obras hidráulicas: diques, canales, represas, pólderes. Gran parte de los ríos de Estados Unidos han sido intervenidos por la acción del Cuerpo de Ingenieros. Ha sido también clave en el asesoramiento para la construcción del Canal de Panamá, que habría de transformar la cartografía del comercio internacional en el siglo XX.

El Cuerpo de Ingenieros suele ser presentado como la “elite combatiente de la nación”, y también como una “aristocracia militar” con un gran poder de lobby en el Congreso estadounidense a fin de capturar millonarios contratos asociados a grandes proyectos. El periodista Gene Marine lo definió como “extravagante, destructivo, ebrio de poder, antidemocrático, el Cuerpo de Ingenieros es el imperio más intocable en Estados Unidos, tan poderoso en su campo como el FBI o la CIA”.

Las transformaciones de gran escala que son capaces de pergeñar los ingenieros de este cuerpo va a tono con una monumentalidad característica de la épica norteamericana, que ha contagiado el horizonte civilizatorio de nuestra contemporaneidad. Como señala el historiador Todd Shallat: “El tamaño se convirtió en un estándar de grandeza en el Cuerpo de Ingenieros que fundó Jefferson. Comprometido con lo masivo y monumental, el Cuerpo —una autoridad de planificación, un pionero de las ecuaciones costo-beneficio que justificaban grandes presupuestos— defendió con éxito el vínculo entre un gobierno vigoroso y el crecimiento industrial.

La historia del Cuerpo se lee como un orgulloso cuadro de honor de los logros de la ingeniería. La mayor fortificación costera independiente del mundo. El arco de mampostería más largo del mundo. El faro más alto del país. El Monumento a Washington. La cúpula del Capitolio. El Proyecto Pick-Sloan a lo largo del río Misuri. La presa de Bonneville. La plataforma de lanzamiento Apolo en Cabo Cañaveral. La vía de carga petroquímica a lo largo del río Arkansas hasta Tulsa. La esclusa de 1.200 pies en Sault Ste. Marie”.

El Cuerpo de Ingenieros se constituyó en un modelo de organización para la realización de grandes obras, con su capacidad para movilizar una gran fuerza de trabajo y cuantiosos volúmenes de capital y de materia, así como para cartografiar un territorio a fin de intervenirlo en forma de conquista.

Consecuentemente, también han proliferado voces de protestas levantadas por los innumerables afectados de sus trabajos civiles (las víctimas de sus trabajos militares comparecen en otros espacios). A modo de ejemplo, sin pretensión de exhaustividad, y centrándose sólo en la cuenca del Missisipi, se puede mencionar a los pueblos Arikara, Mandam, Hidatsa y Lakota inundados por la serie de represas sobre el río Misuri. O las víctimas del huracán Katrina, en Nueva Orleans, en el 2007, cuando la ciudad fue inundada debido al colapso del sistema de diques construidos por el Cuerpo de Ingenieros, que costó la vida a 1400 personas.

El proceso de responsabilidades por lo que fue calificado como la catástrofe de ingeniería más grande de las historia de Estados Unidos ha enfrentado al Cuerpo de Ingenieros (quien culpó a la naturaleza y a la imprevisión de los habitantes locales) con un robusto movimiento ciudadano, que documentó tramas de complicidad y corrupción detrás de las fallas de las obras. El proceso judicial aún se encuentra abierto.

Significativamente, es el carácter de administrador de la Hidrovía del Missisipi lo que justifica para el gobierno argentino su inclusión en el acuerdo: “El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América administra la hidrovía del río Misisipi, que comparte muchas características con la vía navegable troncal argentina: son columnas centrales para el comercio internacional, así como para el transporte de las cosechas agroindustriales, y están entre las vías navegables de mayor extensión del planeta”.

El memorándum de entendimiento surge en medio de un “impasse” derivado de la concesión de las obras de dragado y balizamiento a la empresa belga Jan de Nul, que concluyó hace dos años y cuya renovación es motivo de disputa entre distintos grupos de presión político-empresarial de nivel internacional, pero también de movimientos políticos y ambientales que han planteado el problema en términos de soberanía sobre el río. Bueno es entonces remontarse al momento en que se asignaron las obras a la empresa belga.

En 1991 los cinco gobiernos de la cuenca del plata lanzaron el plan de hacer una hidrovía industrial, promocionada como “la Hidrovía del Mercosur”. Financiado por el BID, y administrado por un Comité Interjurisdiccional. Este megaproyecto pretendía convertir el eje Paraguay-Paraná en una vía de navegación que pudiera funcionar las 24 horas de los 365 días del año. Entre las obras previstas se consideraban la rectificación de meandros y la voladura del lecho rocoso en el río Paraguay, aguas arriba de Asunción, algo que habría de afectar a los humedales, especialmente el Pantanal, considerado el humedal más grande del mundo.

Ese proyecto fue resistido por múltiples organizaciones, entre las que se destaca una coalición de organizaciones, la Coalición Ríos Vivos, de los cinco países. Aunque la obra se desactivó en términos de megaproyecto de los cinco países, continuó desarrollándose en los tramos nacionales, como obras propias de cada nación, pero articuladas en un mismo plan. En los años 2000, la Hidrovía Paraguay-Paraná pasaría a ser definida como un eje de integración y desarrollo de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (Iirsa), ahora llamado Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan) y su área de influencia como parte de las “repúblicas unidas de la soja”, según rezaba una muy comentada publicidad de la empresa Syngenta.

El estado argentino avanzó en la desregulación de la actividad portuaria, con la disolución de la Junta Nacional de Granos y el desarrollo de puertos de exportación privados. Comenzó una nueva etapa, con la expansión de un nuevo complejo agroportuario, esta vez en manos de corporaciones multinacionales ligadas al comercio de granos, en el marco de una profunda metamorfosis ambiental en la cuenca derivada de la difusión del nuevo modelo de agronegocios. Actualmente, en el Gran Rosario se encuentran 29 terminales portuarias que conforman el complejo oleaginoso más importante a nivel mundial, si se considera el grado de concentración de fábricas y terminales portuarias en una región determinada. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario saluda que en el año 2016 se superó en volumen exportado al puerto de Nueva Orleans.

Las elites celebran la proyección del aumento del tonelaje transportado por la Hidrovía. En términos de profundidad media se pasó de 22 a 34 pies entre 1993 y 2017, esperando llegar a los 36 pies en 2027 (medida en Puerto San Martín). Para el mismo período se aumentó de 16 a 64 millones de toneladas embarcadas, esperando alcanzar los 90 millones en 2027.

El movimiento que se opuso a la Hidrovía en los años 90 articuló una respuesta que implicó también una contraposición de representaciones, que prefiguran horizontes de acción contrapuestos, entre una hidrovía industrial y un corredor de humedales (el corredor de humedales más grande del mundo) que nace en el Pantanal y termina en el estuario del Río de La Plata. El eje Paraguay-Paraná es entendido como el “valle central de la cuenca del plata”, un gran colector de agua de una cuenca transnacional, que es espacio de vida de múltiples pueblos y comunidades.

En ese marco surgió la consigna que todavía tiene una gran actualidad: adaptar los barcos al río, y no al revés. Un presupuesto sencillo y que, sin embargo, parece utópico, a juzgar por el entusiasmo con que las elites celebran su esfuerzo por convertirlo en una canaleta para que circulen embarcaciones de ultramar. Para estas elites, nada mejor que un cuerpo de ingenieros que encarna aquello que el filósofo Ernst Bloch definió como el ethos característico de la técnica moderna: estar en la naturaleza como un ejército en territorio enemigo.

^{*Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Publicado originariamente en El zorro y el erizo de la UNR con el título “Un cuerpo en territorio enemigo”.}

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Ednilson Silva, 18 años, es miembro del Quilombo de Cumbe, en el estado de Ceará, comunidad que resiste a la presión de la empresa CPFL Renováveis que hace 15 años instaló un parque eólico con 67 aerogeneradores. Foto: Galba Nogueira/BrasildoFato}

El hidrógeno verde es propagandeado por los órganos internacionales, empresas y Estados en el proceso llamado de “transición energética” como el combustible del futuro, una fuente energética para sustituir los combustibles de origen fósil, por ejemplo, en los automóviles.

Alemania ocupa un papel central en la política de expansión de la producción de este combustible a nivel mundial, de acuerdo con el estudio En nombre del clima, mapeo crítico: transición energética y financerización de la naturaleza, realizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, de Brasil, y el Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

La demanda de hidrógeno verde para la “transición energética” de Alemania es estimada en 20 millones de toneladas, de los cuales 10 millones deberán ser producidas internamente y las demás serán importadas, acorde a una de las investigadoras que hicieron parte del estudio, Karin Pecis Valenti.

Alemania, por ser uno de los actores centrales en la definición de la agenda de la Unión Europea (UE), presiona los otros miembros, advierte la investigadora, principalmente Francia, Italia, España y Portugal, a destinar parte de sus fondos para desarrollar este tipo de combustible.

Solo en 2024, la UE planea invertir 3,8 billones de euros en la industria del hidrógeno verde. El objetivo es que el hidrógeno represente “al menos 5,7% de los combustibles hasta 2030, año en que 50% de la industria debe adoptarlo, subiendo para 70% en 2035”, sostiene Valenti en el estudio.

Lo que se busca es “construir una agenda de política externa que garantice la consolidación de una producción mundial del hidrógeno verde”. De esta manera, se busca firmar acuerdos con países donde existan buenas condiciones para la producción del combustible, es decir “países en desarrollo, ricos en sol y viento”.

Están en esta agenda, según la investigadora, principalmente el sur del Cáucaso, países del Golfo Pérsico, Marruecos y Namibia. En América Latina, Chile, Argentina Colombia, Uruguay, México y Brasil.

Brasil, en la mira

El mercado de hidrogeno verde lanza una mirada especial al territorio brasileño, afirma Valenti. La intención de la UE, anunciada en 2023, es invertir 2 billones de euros, en 2024, en la producción de dicho combustible en el país.

De acuerdo con una de las organizadoras del estudio, Elisangela Soldateli Paim, de la Fundación Rosa Luxemburgo, en el estado de Rio Grande del Sur, sur del país, ya fueron firmados nueve memorandos de intención de producción de hidrógeno verde. En el estado de Ceará, nordeste de Brasil, ya son más de 30 memorandos firmados entre empresas y gobierno del Estado. “Las empresas europeas tiene un papel importante”, sostiene Paim durante la presentación del estudio.

Uno de los motivos para el interés europeo es que el país posee un gran potencial de producción energética a partir de fuentes consideradas renovables, lo que hoy representa 85% de su matriz.

La llamada energía verde es un punto fundamental para la industria del hidrógeno verde. Eso porque el hidrógeno puede ser obtenido por medio del proceso de electrólisis del agua – se rompe la molécula del agua (H2O) en hidrógeno (H2) y oxígeno (O) –, y se garantiza que sea un combustible verde porque la energía utilizada para la división de la molécula del agua se da a partir de fuentes consideradas renovables.

Justamente para sostener las plantas de producción de este tipo de combustible se está llevando a cabo una oleada de proyectos de producción de energía eólica, principalmente con complejos en altar mar en los estados de Ceará y Rio Grande del Sul.

En julio de 2023, constaba en las bases de datos del gobierno de Brasil, 78 proyectos de producción de energía eólica en alta mar en proceso de licenciamiento junto a los órganos ambientales, según datos averiguados por Júlio Holanda, uno de los investigadores que hizo parte del estudio, siendo que 24 de ellos están localizados en el Rio Grande del Sur, y 23 en el Ceará.

Hoy existen alrededor de mil centrales eólicas onshore (en tierra firme) instaladas en el país, sumando más de 10 mil aerogeneradores en operación. Alrededor de 90% de ellos están localizados en la región nordeste de Brasil, acorde a Holanda. Otras 491 centrales están proyectadas, pero todavía no se ha iniciado la construcción, y 145 complejos ya están en proceso de construcción.

Brasil ocupa, según Paim, el sexto lugar en el ranking de capacidad instalada de energía eólica en el mundo. En 2012, ocupaba la posición 15. “Las eólicas son la segunda fuente de participación en la matriz eléctrica de Brasil, atrás solamente de las hidroeléctricas”, informa.

La integrante de Rosa Luxemburgo en Brasil sostiene que estos proyectos están siendo presentados, incluso por los medios de comunicación hegemónicos, como parte de la llamada “transición energética”, pero alerta el hecho de que “estos proyectos están siendo pautados básicamente por el sector privado, poco espacio ha habido para discutir lo qué está pasando en los territorios frente a toda la expansión de estos proyectos”.

“Transición energética”, mayor extractivismo

Brasil está jugando el papel de “proveedor de recursos naturales, en un marco de profundización de extractivismo”, afirma.

Además, sostiene, una central eólica en tierra requiere nueve veces mas recursos minerales que una termoeléctrica a gas, mientras un carro eléctrico requiere seis veces mas minerales que un carro convencional. Eso significa la expansión del extractivismo mineral.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la demanda por litio, esencial para la construcción de baterías responsables por el almacenamiento de energía, se triplicó entre 2017 y 2022. Se estima que la extracción aumentará mundialmente en mas de 8,000% en los próximos años. Entre 2022 y 2050, esta demanda está directamente asociada con los vehículos eléctricos.

En Brasil, durante el primer semestre de 2023, se registró un aumento de 11,5% del consumo del aluminio por el sector eléctrico brasileño, demandado, sobretodo, por instalaciones eólicas y solares. El país es el cuarto productor mundial de aluminio.

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Además del aumento del extractivismo, estos proyectos considerados parte de la “transición energética” han implicado a las comunidades tradicionales que viven, por ejemplo, del mar en el estado de Ceará, la pérdida de sus territorios.

“Pérdida de sus territorios para la reproducción tradicional de sus vidas, de sus trabajos, de la agricultura comunitaria, de los espacios de convivencia, de religiosidad. Los territorios están siendo privatizados. En Ceará, comunidades quilombolas tienen que pedir permiso a la empresa para llegar hasta el mar. Sin hablar de los cambios ambientales y los riesgos que implican la instalación de estos proyectos”, señala Fabrina Pontes Furtado, profesora del CPDA y también organizadora del estudio.

Todas estas informaciones “nos llevan a cuestionar esta ‘transición energética’ tan pautada en diferentes espacios; de ninguna manera defendemos que la producción de energía sea a través de fuentes fósiles, pero es necesario desmitificar lo que es que está por detrás de este proceso que se ha llamado ‘transición energética”, alerta Paim, y que se está llevando a cabo en todo el mundo.

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“El sur global continúa a ser considerado como frontera a ser explotada, pero ahora alrededor de un consenso: la “salvación” de la humanidad a través de la ‘descarbonización’, legitimando proyectos de biocombustibles, hidrógeno verde, complejos eólicos y extractivismo minero en una lógica de capitalización de la naturaleza y explotación de los bienes naturales”, sostienen las organizadoras en la presentación del estudio.

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Migrantes que entraron a Estados Unidos desde México hacen fila para ser procesados ​​por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU.}

Los abusos de la Patrulla Fronteriza y su involucramiento en el fallecimiento de migrantes que intentan cruzar la frontera entre México y EEUU son temas de un reciente informe que revela cómo las políticas migratorias norteamericanas minimizan y subregistran el número de muertes causadas por el abuso del poder y las leyes que criminalizan a las personas en movilidad.

Sólo en una década, entre los años 2012 y 2022, la base de datos recopilada por la organización norteamericana No más muertes demuestra un mayor número de fallecimientos que los datos proveídos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés).

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Fuente: Avispa Midia

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Pobladores maya Q’eqchi’ de Santa Elena, en el departamento del Petén, son criminalizados por la empresa de palma aceitera Industria Chiquibul. Foto: Luis Hub / Prensa Comunitaria}

Santa Elena es una comunidad maya Q’eqchi’ ubicada en el municipio de Sayaxché, departamento de Petén, enclavada al norte de Guatemala, cerca del Río Salinas. En esta región el calor es intenso. Antes el agua acostumbraba fluir con abundancia y había un frondoso paisaje pintado por el bosque, hoy yace en cenizas bajo una inmensa plantación de palma africana.

La comunidad ha sido acorralada por la palma. En las escasas tierras que aún conservan los indígenas, cultivan maíz, frijol, chile, yuca. Pocas son las familias que crían animales. Por si fuera poco, a la sobrevivencia le acompaña la agonía de sus ríos y nacientes, ya que la contaminación del agua es un nuevo vecino que llegó con el monocultivo.

Con la escasez de la tierra y sin trabajo, una parte de la población, principalmente los hombres, migró a los Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Otros más se vieron obligados a someterse a condiciones degradantes de trabajo en las plantaciones de palma.

La Industria Chiquibul, filial de la empresa Unisource Holding, dedicada a la exportación de diversos commodities agrícolas como semilla de ajonjolí, aceite crudo de palma y cardamomo; y a la importación, comercialización y distribución de fertilizantes en los mercados latinoamericanos, hoy posee alrededor de 70 caballerías (aproximadamente 3 mil hectáreas) de plantaciones de palma aceitera que rodean esta comunidad Maya.

Este cultivo llegó a estas tierras en 2012, cuando empezó a comprar las tierras de las familias mayas Q’eqchi’. “Nos decían que nuestras tierras iban a quedar inundadas por el agua, porque iban a construir una hidroeléctrica sobre el Río Usumacinta”, recuerda el indígena maya Q’eqchi’, Mario Pop Tux, uno de los líderes comunitarios, durante una entrevista que dio para Avispa Mídia.

Este cultivo industrial también llegó con un destacamento militar que fue construido cerca de la comunidad. La presencia de militares, de la Policía Nacional Civil (PNC) y de elementos de la seguridad armada brindan seguridad a la empresa. “Hacen rondines durante el día, traen sus rostros tapados, como si fueran delincuentes”, comenta Pop Tux. El patrullaje también se da por aire. Los comunitarios acusan vuelos de drones, principalmente por las noches.

Las órdenes de captura son una amenaza constante. Según el maya Q’eqchi’, existen cinco órdenes de captura hacia miembros de Santa Elena, ex trabajadores de la empresa que han luchado por los derechos laborales. “Estamos conscientes de que pueden hacer lo mismo que hicieron en otro momento. Invadir a la comunidad, poner el terror en mujeres, niños, ancianos, bajo la justificación de que están buscando a nuestros compañeros criminalizados”, dijo.

En una asamblea, la máxima autoridad de la comunidad, realizada en febrero de este año, las autoridades locales, ancianos y miembros de la comunidad dejaron registrados en un acta distintos “incidentes” ocurridos en los últimos dos meses, que evidencian la intensificación de la violencia hacia Santa Elena.

Uno de estos hechos fue el intento de secuestro, el 31 de enero, de un miembro de la comunidad por parte de agentes de seguridad privada de la empresa, donde se ubica una garita de los guardias de seguridad.

Más tarde, el 2 de febrero, una camioneta sin placa, llevando a bordo a siete personas, estuvieron vigilando la casa de uno de los miembros de la comunidad. Después se dirigieron a las parcelas de la comunidad. Abordaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, haciéndole preguntas y se negaron a identificarse.

Persecución por exigir derechos

La persecución de pobladores de Santa Elena no es de hoy. Después que Chiquibul compró las tierras, empezó a contratar mano de obra de distintas comunidades para derribar el bosque y sembrar la palma. Las condiciones de trabajo ofrecidas por la empresa fueron clasificadas como “esclavitud moderna”, por el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro. Trabajaban más de 12 horas por día por un pago de 35 quetzales (4.4 dólares).

La situación se volvió insostenible para los indígenas y explotó en 2019. La empresa contrató a 300 personas, sin embargo, cuando había finalizado el contrato de un año, Chiquibul no había pagado las prestaciones laborales acordadas. El comité de trabajadores, creado en 2016, visitó el Ministerio de Trabajo y se calculó que cada trabajador debería recibir – sumando indemnizaciones, salario, aguinaldo – 12 mil quetzales (1,500 dólares), pero la empresa había pagado 4,800 quetzales (615 dólares), es decir, menos de la mitad.

Fue entonces que estalló un paro general de los trabajadores. Los indígenas de Santa Elena y la propia comunidad hicieron una serie de acciones y denuncias contra la empresa. Aún así, la empresa no pagó a los trabajadores y, por el contrario, inició una serie de medidas para criminalizar a los miembros de la comunidad.

La empresa denunció en los órganos de justicia de Guatemala a los líderes de los trabajadores, lo que tuvo como consecuencia la emisión de seis órdenes de captura contra personas de la comunidad. En noviembre de 2020 fueron capturados y detenidos cuatro indígenas, incluyendo a Mario Pop Tux, acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. “Estuvimos 73 días en la cárcel”, señala Pop Tux.

En febrero de 2021, la justicia guatemalteca dictó sentencia condenatoria contra los cuatro miembros de Santa Elena. “Vemos como el Estado a través de esta sentencia se consuma como un cómplice de estas formas de explotación moderna. Consideramos que no comprenden el contexto en el que se está dando el acaparamiento de tierras y la explotación de personas indígenas”, dijo el abogado que acompaña a los trabajadores miembros de esta comunidad, Juan Castro.

Fueron cuatro años de condena, con suspensión condicional de la pena, es decir, tendrán que presentarse mensualmente al Ministerio Público, en la cabecera municipal de Sayaxché para firmar. “Se considera que los responsables son los pueblos indígenas y no las empresas que están haciendo perjuicio al medio ambiente y a la vida humana de muchas comunidades”, abunda el abogado Juan Castro.

Había una expectativa que después de la condena de los indígenas maya Q’eqchi’ y el fin de los paros laborales – desde entonces es política de la empresa traer trabajadores de afuera –, se reduciría la persecución hacia a Santa Elena. Pero no fue eso lo que pasó. “Hasta hoy no nos dejan tranquilos. Hasta hoy nos están asustando, vigilando, controlando, no dejan de causarnos miedo”, sostiene Pop Tux.

Certificar los cultivos usando a los indígenas

A las 7 de la mañana del día 25 de enero de 2024, Carlos Cú, encargado de la empresa Chiquibul, acompañado de otras dos personas, buscaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, en su casa. No estaba, había ido a su parcela a trabajar la tierra. Los enviados de la empresa decidieron irse. Alrededor de las 12h, Caal Pop regresa a su casa. Poco tiempo después, los tres señores vuelven a buscarlo.

Le presentan un documento para que el presidente del Cocode lo firmara. “Me estaban citando a una reunión para tratar sobre temas relacionados con la certificación de la empresa. Así me dijeron. Y querían que yo firmara el documento de la cita”.

Según el indígena maya Q’eqchi’, los trabajadores de Chiquibul quisieron minimizar los conflictos entre empresa y la comunidad. “Carlos Cú [uno de los firmantes del documento] me dijo: venimos a hablar personalmente, queremos que nos den la oportunidad. Nosotros sabemos que ya no hay problema [con la comunidad]. Queremos que nos firme este documento. Porque ya no hay problema”.

Caal Pop no se calló. “Les dije, ¿cómo no hay problema?, si estamos siendo vigilados todo el tiempo. No les gustó lo que dije y se fueron”, cuenta el maya Q’eqchi’.

La empresa inició en julio de 2023 el proceso para la certificación de su plantación de palma por la principal certificadora de palma del mundo, la RSPO (La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible). El objetivo es obtener la certificación en este año 2024.

La certificación servirá para que la empresa amplíe sus ventas en los mercados norteamericano y europeo. El aceite de palma de Chiquibul ya hace parte de la cadena de suministros de las empresas europeas Dreyfus Company (LDC), Nestlé S.A., Upfield Holdings B.V., Henkel AG & Co. KGaA, PepsiCo, Inc., Vandemoortele. Dichas cadenas fueron rastreadas por la organización alemana Iniciativa Cristiana Romero (ICR) y publicadas recientemente en el informe Im Schatten der Ölpalme.

La empresa española Lipsa, la británica Unilever, la alemana Basf, las holandesas Lowis Dreyfus y Marie Olie y la francesa ADM-SIO también fueron rastreadas como compradoras del aceite producido por Chiquibul, en una investigación todavía inédita realizada por el proyecto holandés SOMO The Counter, encargada por la ICR.

De acuerdo con un reporte de Industria Chiquibul, el proceso de certificación ya está ocurriendo. “Un grupo de asesores externos visitaron nuestras plantaciones y juntos, con nuestro equipo de sostenibilidad, ha establecido un plan de acción centrado en personas, planeta y prosperidad para lograr nuestra sustentabilidad”, menciona la empresa en su documento.

Uno de los puntos obligatorios para la certificación es la realización de una consulta a los pueblos afectados por la palma, que se inició el 14 de febrero.

El documento presentado a Caal Pop para que lo firmara, al cual tuvo acceso el equipo de Avispa Mídia, se explicaba que es un proceso de “Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)”, que busca “establecer una relación de confianza entre la empresa y sus comunidades de influencia, en donde las comunidades pueden conocer la empresa, y a la vez tengan claros sus derechos, y puedan manifestar sus preocupaciones e inquietudes en relación a las operaciones de la empresa”.

En su explicación no menciona que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los pueblos tienen el derecho de decir “no” a un proyecto que se pretende implementar en su territorio. En términos reales es un proceso que pasaron por alto, porque ya han deforestado y actualmente cultivan grandes extensiones de palma. “No participamos de la reunión y no vamos a participar de las próximas convocatorias. Lo que buscan es nuestra firma para tener la certificación, y no la va obtener, porque la consulta no existe”, dijo Mario Pop Tux.

De acuerdo con el indígena, alrededor de 18 aldeas son impactadas por las plantaciones de palma de Chiquibul en la región. Además de Santa Elena, por lo menos otras 10 aldeas no están de acuerdo con la presencia de la empresa, con las cuales implementó los mismos mecanismos. “Para esta primera reunión invitaron a todas las comunidades, muchas no fueron, también sufren persecuciones y tienen órdenes de captura”, dijo.

La empresa también llevará a cabo otros dos procesos. La Evaluación de Alto Valor de Conservación, que busca “identificar los valores ambientales y sociales de mayor relevancia tanto dentro de las áreas en donde la empresa desarrolla sus operaciones, como en sus áreas de influencia”, dice el documento. En realidad, van mapear los bosques que no pudieron deforestar, incluyendo bosques que no están en sus tierras, para establecer programas de conservación, fundamentales para la obtención de la certificación.

Además de ello, deben realizar el Estudio de Impacto Socioambiental (EISA), con el cual identificarán “aquellos impactos sociales y ambientales que la empresa pudiera estar generando, y a la vez generar un plan de gestión para controlar, mitigar o compensar estos impactos”, según el documento de Chiquibul.

Bio Terra Consultores Ambientales, contratada por Chiquibul, será la empresa responsable de llevar a cabo estos estudios.

Mientras tanto, la certificadora RSPO ha sido criticada por pueblos y organizaciones en todo el mundo por certificar empresas que han generado conflictos socioambientales. Al etiquetar los productos de aceite de palma como “sostenibles”, se rehabilita el aceite de palma dando la impresión de que el cultivo industrial de la palma aceitera es compatible con los exigentes principios ecológicos y de derechos humanos y ofrece una solución sostenible a largo plazo para el uso de la tierra. “Sin embargo, no es así”, señala ICR.

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De acuerdo con la organización alemana, la RSPO permite, por ejemplo, el uso parcial de plaguicidas que figuran en la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la Red de Acción sobre Plaguicidas. Además, las auditorias para la certificación son contratadas por las propias empresas, como es el caso de la Bio Terra Consultores Ambientales, “lo que puede dar lugar a conflictos de intereses en la práctica. Existe riesgo de corrupción”.

La comunidad Santa Elena reiteró en asamblea el rechazo a la certificación: “Dichas certificaciones las rechazamos profundamente por las violaciones a nuestros derechos humanos. Amenazas, intimidaciones, contaminación al medioambiente, deforestación de bosques, ríos, riachuelos donde la comunidad toma agua para beber”.

Acta secuestrada

El presidente del Cocode también denuncia que el Ministerio Público tiene secuestrada el acta comunitaria de Santa Elena. “Este documento es muy importante para una comunidad maya Q’eqchi’. En él plasmamos los acuerdos, las normas, los compromisos de la comunidad, los resultados de las asambleas. Estas actas tienen un valor muy importante para cada una de las comunidades de nuestro pueblo Q’eqchi’”, explica Caal Pop para Avispa Mídia.

El 6 de mayo de 2021, cuenta Mario Pop Tux, fueron citadas las autoridades locales – el alcalde auxiliar y el representante del Cocode de Santa Elena – por parte del alcalde municipal. El día 7 de mayo ellos se presentaron al despacho del alcalde municipal. El alcalde no se encontraba y el que se presentó fue un fiscal del Ministerio Público. “Dicho fiscal secuestro el acta sin explicación”, sostiene.

De acuerdo con el presidente del Cocode, en el documento estaba registrado el compromiso asumido por el alcalde municipal, en asamblea de la comunidad, de que recuperaría siete caballerías, hoy en posesión de la empresa Chiquibul, a las familias de Santa Elena.

“Creemos que este acuerdo fue la razón por la cual secuestraron el acta. El valor de la palabra que está plasmado en este documento, tiene mucho valor para nosotros. Exigimos que nos entregue el acta en paz. Y que la cumpla el alcalde municipal”, dijo Caal Pop.

Petición

El Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, la Coordinación de la ONG y Cooperativas (CONGCOOP) y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) lanzaron una petición exigiendo a las autoridades de Guatemala que tomen medidas urgentes contra los acosos y violaciones por parte de Industria Chiquibul contra la comunidad Santa Elena.

De acuerdo con las organizaciones, este patrón de violencia es intrínseco a la industria de la palma. En la última década, sostienen, la empresa Industria Chiquibul ha acumulado un rastro de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, incluyendo la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina, contaminación del rio San Román, criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación.

Exigen un “basta de órdenes de captura contra miembros de la comunidad basadas en falsas acusaciones y que se detenga el proceso de certificación de Industria Chiquibul ante la RSPO”.

Palma en el Petén

En el departamento de Petén, donde está el municipio de Sayaxché y la comunidad Santa Elena, el cultivo de palma se ha incrementado exponencialmente. De acuerdo con el informe Dinámicas productivas en torno al cambio de uso del suelo y sus repercusiones en la Reserva de Biósfera Maya (RBM), del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), de 2021, en 2000 había 320 hectáreas y ha llegado en el 2020 a 78,921 hectáreas, 46% del área establecida a nivel nacional.

La tasa de crecimiento a nivel nacional entre 2005 y 2010 fue del 20%; en Petén, 192.4%.

La producción de palma en el municipio de Sayaxché representa el 87% de la producción a nivel del departamento Petén, según datos para 2018-2019 generados por la Gremial de Palma.

Indonesia, India, China y Unión Europea son los que más consumen aceite de palma, de acuerdo con el Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con datos de julio de 2023. El consumo mundial ha aumentado más de un 80 % en los últimos 15 años.

“Como resultado, el cultivo en Centroamérica se está expandiendo, con consecuencias negativas para las comunidades locales y la naturaleza”, resume ICR.

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Informe de organizaciones de la sociedad civil en Chiapas sobre la violencia en la región frontera.

 Descarga el informe aquí

La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde aproximadamente 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local. Esta zona, conocida como región frontera, comprende los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Escuintla, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.

Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales. Cabe resaltar que la región, cuya población es ampliamente indígena, es históricamente abandonada por el Estado. La zona fronteriza, epicentro de la crisis de violencia actual, alberga a población indígena del pueblo Mam, población mestiza, así como comunidades Jacaltecas, Q’anjoba’les, Akatecas y Quichés, algunas de ellas descendientes del exilio guatemalteco de los años 80.

El punto de inflexión que destapa la disputa entre grupos criminales en el estado son los hechos ocurridos el 7 de julio de 2021. Ese día fue asesinado Gilberto Rivera, “El Junior”, hijo del operador de uno de los grupos de la delincuencia organizada que mantenía el control en el estado, y cuyo homicidio fue reivindicado por el grupo criminal antagónico.El año 2023 ha tenido varios picos importantes de violencia. Destaca la violencia ocurrida en el mes de mayo, cuando se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, impactando a comunidades vecinas, todas del municipio de Frontera Comalapa. Esto provocó que alrededor de 3,500 personas se desplazaran de manera forzada de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad personal.

A lo largo del año y hasta la fecha, la población civil ha sido tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa. Se cortaron suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas, manteniendo a la población en vilo y zozobra, incomunicada, bajo escasez de alimentos e incluso con la imposibilidad de desplazarse. Además, resulta de gran preocupación el fenómeno de la desaparición. Es difícil documentar en la región fronteriza debido a la escasez de denuncias que deriva tanto de la falta de confianza en las autoridades como del miedo al que está sometida la población. Sin embargo, incluso las cifras oficiales revelan un alza.De acuerdo a la documentación que sirve de fundamento al presente informe, los grupos criminales desarrollan varias estrategias para conseguir el control del territorio. Se documentaron enfrentamientos generalizados y recurrentes, vigilancia permanente, ocupación física de parcelas privadas que incluso vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras; entre otras. De igual manera, los grupos se abocan al control de la población : a través de acciones que buscan fomentar la aceptación social, con estrategias de persuasión, pero también con violencia por ejemplo el reclutamiento forzado.

La “economía del conflicto” que se ha instalado en la zona incluye el despojo de la población, el aumento de las extorsiones, el cierre de negocios, la explotación sexual de niñas y mujeres; con impactos económicos, sociales y psicológicos importantes. De manera general, las personas que viven en la zona ven su vida cotidiana afectadas en casi todos sus aspectos, sin que siempre sea fácil identificar los motivos de los grupos presentes.

A nivel institucional, aparece que la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles, entre otras. El control de estas instituciones es no obstante ambivalente, y según el grupo y el estado del conflicto en la zona puede pasar de cooptación y financiación a casos donde las instituciones deban permanecer cerradas o abiertas a pesar de que haya enfrentamientos.

Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas

Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos.

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Las consecuencias del terror, del control de los cuerpos, mentes y territorios son terribles para la población. Miles de personas se han visto obligados a desplazarse, sin que sea posible documentar con precisión cuantas y con que destino. Sin embargo, podemos afirmar que la combinación de las violencias físicas, económicas, psicológicas y sexuales han arrojado al desplazamiento forzado interno a al menos 7,500 personas en la región entre el mes de junio del año 2021 y noviembre del 2023. En algunas comunidades se habla del 15% de su población total desplazada de manera forzada. Estas formas de control y de infiltración también debilitan y fragmentan a las organizaciones sociales y campesinas, destruyendo y manipulando las dinámicas de toma de decisiones y de sanciones internas y, en última instancia, erosionando el sentido profundo de la vida comunitaria.

Las prácticas de los grupos de la delincuencia organizada en la región frontera de Chiapas producen una situación generalizada de violaciones graves de derechos humanos cuyas implicaciones atentan contra el sentido más básico de protección humanitaria. La evaluación de estos impactos puede ser problemática a primera vista en la medida en que no son agentes estatales quienes están violentando directamente los derechos humanos. A su vez, de momento no hay un reconocimiento oficial de la existencia de un conflicto armado interno (o Conflicto Armado no Internacional) en la zona. Sin embargo, sí existen grupos armados con la capacidad para generar graves impactos a la vida, la dignidad y la integridad personal de todos sus habitantes, quienes no forman parte del conflicto y cuya protección sí es responsabilidad del Estado.

Ante este panorama, las formas de intervención estatal han sido ante todo de omisión, aquiescencia y en algunos casos de colaboración. Ante la indefensión generalizada derivada de la disputa territorial entre los grupos de la delincuencia organizada, la población en repetidas ocasiones ha reclamado la urgente intervención del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. En contraste, ha sido a su vez la inacción y connivencia por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad del estado lo que ha llevado a que haya demandas por parte de la población civil exigiendo su retirada de ciertos lugares.

De hecho, en toda la región fronteriza asolada por el conflicto armado, la delincuencia organizada interactúa con funcionarios del gobierno conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que “todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”.